Las declaraciones del presidente Javier Milei contra parte del empresariado argentino durante la apertura del Argentina Week en Nueva York generaron repercusiones políticas y económicas, con reacciones de gobernadores que integran la comitiva oficial, dirigentes opositores y también comentarios reservados de empresarios presentes en el encuentro. El mandatario calificó como “empresarios prebendarios” a Paolo Rocca, del grupo Techint, y a Javier Madanes Quintanilla, titular de Aluar y de Fate, en un foro que tenía como objetivo principal promover inversiones en el país.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el gobernador de Mendoza, el radical aliado Alfredo Cornejo, quien buscó bajar el tono a la polémica y diferenció su postura de las críticas del Presidente. “No comparto las generalizaciones”, afirmó el mandatario provincial al ser consultado por las declaraciones de Milei contra empresarios argentinos, aunque al mismo tiempo defendió la necesidad de avanzar en reformas económicas para mejorar la competitividad del país.

Cornejo sostuvo además que el principal desafío sigue siendo generar condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan atraer inversiones y consolidar el crecimiento. En ese marco, planteó que el país necesita reglas claras y previsibilidad para fortalecer la relación con el sector privado.

También se expresó desde Estados Unidos el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, quien interpretó la presencia conjunta de mandatarios provinciales con el Presidente como una señal institucional hacia el exterior. Según sostuvo, la visita muestra “madurez dirigencial” y busca exhibir ante inversores internacionales el potencial productivo del país. Además de Cornejo y Torres, Milei estuvo acompañado este martes por los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) .

“Hay un gesto de madurez dirigencial, donde las provincias junto con la Nación nos ponemos de acuerdo para hacer vidriera de todo el potencial que tiene la Argentina en materia de hidrocarburos, gas, energías renovables, pesca, seguridad alimenticia, logística, minería y vitivinicultura”, afirmó Torres en declaraciones radiales desde Nueva York. El gobernador también planteó que la Argentina necesita “más calidad institucional y más previsibilidad” para consolidar la llegada de inversiones y consideró que hoy el país vuelve a ser visto como una oportunidad en el escenario internacional.

Las reacciones también llegaron desde el ámbito financiero internacional. El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, elogió la orientación económica del Gobierno y destacó el perfil de Milei. “Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”, sostuvo el ejecutivo durante su intervención en el encuentro con empresarios e inversores. El banco fue de los socios principales de la Casa Rosada para organizar el llamado Argentina Week. De hecho, el mandatario habló en la sede de la entidad financiera.

Mariana Schoua, presidente de AmCham, la cámara de comercio Argentina-EE.UU., también se desligó de la polémica y apuntó al objetivo que tiene la plataforma de atracción de inversiones: “Lo más importante es generar confianza, sobre todo con la historia que tenemos. Los inversores pretenden estabilidad, previsibilidad y reglas claras”.

En la política local, en cambio, las críticas no tardaron en aparecer. El diputado nacional massista Sebastián Galmarini cuestionó las palabras del Presidente y señaló la contradicción entre buscar inversiones extranjeras y confrontar públicamente con empresarios argentinos durante un evento destinado justamente a promover oportunidades de negocios en el país.

Mientras tanto, entre los asistentes al foro también circularon evaluaciones más matizadas. Según reconstrucciones periodísticas del encuentro, varios empresarios comentaron en conversaciones reservadas que el discurso generó sorpresa por el contexto en el que fue pronunciado. “Decir que defender la industria nacional es ser 'chorro' justo cuando cierran fábricas y sobran despidos no es solo una provocación, es una definición de gobierno. Para Milei, producir parece ser el problema”, sentenció.

En voz baja algunos ejecutivos consideraron que el discurso en Nueva York se trató de un planteo “impropio para el ámbito” de un foro internacional de inversiones. El episodio volvió a poner en evidencia una de las tensiones que atraviesan el discurso económico del Gobierno: la búsqueda de atraer capitales internacionales mientras el Presidente mantiene una fuerte confrontación retórica con parte del sector empresario que, según su visión, creció al amparo del Estado.

MC

El Gobierno nacional anunció este jueves una nueva medida que busca flexibilizar las condiciones para los extranjeros que realicen una inversion "relevante" en el país y que a cambio puedan obtener la ciudadanía argentina.

Mediante el Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno dejó oficializada la medida que busca atraer capitales e inversiones.

La decisión del Ejecutivo se conoce el mismo día en que la cotización del dólar oficial minorista se acelera y en la apertura de los mecados se ubica por encima de los $1.325,63 para la venta. Estas subidas obligaron al Gobierno a subir la tasa arriba del 60%.

El decreto establece que el trámite estará a cargo de la flamante Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Se trata de un organismo descentralizado que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía que hoy anunció la nueva norma.

Esta agencia, según el decreto, se ocupará de evaluar las solicitudes de los aspirantes y determinar si las inversiones ofrecidas son o no “relevantes” como para poder llevarse la ciudadanía argentina. La palabra final la tendrá la Dirección Nacional de Migraciones después de evaluar informes de distintos organismos del Estado y tendrá 30 días para emitir un dictamen,

Esta nueva medida es parte de la política migratoria del gobierno de Javier Milei que busca poner más barreras para la llegada de inmigrantes al país. Así, en mayo de este año, el Ejecutivo publicó otro decreto, el 366/2025, en el que, al contrario de este, se endurecían los requisitos para conseguir la ciudanía. Entre los cambios se destacan que la administración nacional endurece las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, mientras que habilita el arancelamiento del sistema sanitario y señala que, si las universidades lo desean, pueden cobrar por el servicio a los extranjeros.

Con este nuevo decreto, cualquier persona extranjera está en condiciones de iniciar el trámite, sin importar su tiempo de residencia en el país, siempre que demuestre haber realizado una inversión que para los criterios del Ministerio de Economía sea “significativa”.

A poco de asumir Milei, el Gobierno había amenazado con un proyecto para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que asistan a universidades públicas. La iniciativa fue oficializada un día después de la multitudinaria marcha federal que reclamó mayores fondos para las universidades y ya había sido contemplada en la Ley Bases, pero fue retirada durante las negociaciones en el Congreso. Sin embargo, en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes.

Los cambios en la politica migratoria había sido anunciados por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en diciembre del año pasado. Entonces, Adorni habia dicho: “Se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan por o hacen el trámite migratorio. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”.

A principios de este año, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que había pedido a la Administración Nacional del Seguro Social (Anses) que realice un relevamiento para saber cuántos extranjeros no residentes en el país reciben algún plan social en Argentina. El pedido se sumó a la decisión del gobierno salteño de cobrar a extranjeros la atención médica en hospitales públicos de la provincia.

“No hay que olvidar que acá se hace una cuadra y ya se cruzó el país. Y podemos ver en los cajeros de las fronteras las filas de extranjeros cobrando estos beneficios cuando tenemos jubilados que cobran la mínima, están pasando hambre y no tienen para comprarse los remedios”, había dicho entonces Sáenz sobre el pedido a la Anses.

Además, a lo largo de 2024, cuatro provincias (Salta, Mendoza, Jujuy y Santa Cruz) decidieron comenzar a cobrar la atención médica a extranjeros no residentes. En marzo de este año también se sumó la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente en el Senado se está discutiendo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones o más conocido en los pasillos como “Sr. RIGI”. En el proyecto Ley Bases que envió Javier Milei al Congreso, y que cuenta con media sanción en Diputados, este capítulo ofrece un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios con el objetivo del oficialismo de atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares y generar un ambiente de seguridad jurídica que fomente la llegada de capital extranjero y nacional. Es fuertemente cuestionado en la discusión de comisiones en el Senado.

Beneficios del RIGI

El Régimen ofrece un conjunto de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para que las grandes inversiones encuentren en Argentina un destino atractivo:

1. Beneficios impositivos:

 - Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).

 - Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.

 - Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.

 - Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses.

 - Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.

 - Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.

2. Beneficios aduaneros:

- Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.

- Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.

3. Beneficios cambiarios:

- Libre disponibilidad de divisas para exportaciones:

 - 20% el primer año.

 - 40% el segundo año.

 - 100% a partir del tercer año.

- Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.

4. Estabilidad normativa:

- Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años.

- Garantía de no afectación por normativas más gravosas.

Requisitos para adherirse al RIGI

Para aplicar al régimen, los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos:

A. Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU):

B. Monto de Inversión Mínima:

C. Sectores incluidos:

D. Detalle del plan de inversión:

Críticas y polémicas en torno al RIGI

A pesar de los incentivos ofrecidos, el régimen ha suscitado críticas y controversias entre algunos sectores:

Competencia desleal

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advierte que los beneficios pueden generar competencia desleal con la industria local, al permitir importaciones sin aranceles.

Otros sectores opositores argumentan que el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares deja fuera a las Pymes, que generan la mayor cantidad de empleo en el país.

Invalidez de normativas preexistentes

El artículo 162 de la Ley Bases anularía cualquier normativa previa que limite los beneficios del RIGI, lo que podría vulnerar la autonomía de provincias y municipios, según abogados constitucionalistas.

Reclaman falta de desarrollo de proveedores locales

Los críticos señalan que el régimen no incluye ítems para priorizar el desarrollo de proveedores locales ni especifica sectores a impulsar.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) propone un marco legal “sólido” para atraer inversiones de gran envergadura a Argentina, con la intención de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. No obstante, será fundamental abordar las preocupaciones planteadas por diversos sectores para que el régimen sea efectivo e inclusivo.

¿Qué pasó en Diputados?

En una sesión maratónica que ya superó las 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en la votación en particular.

El Título 7 del RIGI tiene varios capítulos. El primero en ser aprobado fue el que dispone la “creación de ese régimen y el ámbito de aplicación”, con 134 votos positivos, 109 rechazos y seis abstenciones.

El capítulo 2 de “plazos y sujetos” recibió 136 afirmativos, 109 negativos y cinco abstenciones, mientras que el capítulo 3 sobre “Requisitos” cosechó 136 votos a favor, 110 rechazos y cinco abstenciones.

El capítulo cuarto sobre “incentivos tributarios y aduaneros” finalizó con 134 votos positivos, 11 negativos y cinco abstenciones, en tanto que el capítulo quinto sobre “incentivos cambiarios” totalizó 134 afirmativos, 107 negativos y cinco abstenciones.

Ahora la pelea de fondo por la aprobación de ley está en el Senado, donde el kirchnerismo dice contar con al menos 33 votos y necesitaría 4 para bloquear la norma. Por otra parte, el gobierno negociar con los gobernadores para revisar puntos y generar consenso. Si hay cambios, debería volver a diputados. 

El capítulo sexto sobre “Estabilidad” dejó 132 votos a favor, 11 en contra y cinco abstenciones, mientras que el capítulo séptimo sobre “Terminación” tuvo 136 votos positivos, 110 negativos y seis abstenciones.

El capítulo 8 sobre “Inversiones” recibió 136 apoyos, 110 rechazos y cuatro abstenciones, mientras el capítulo 9 sobre “autoridad de aplicación” tuvo votos 137 positivos, 110 negativos y cinco abstenciones.

El siguiente capítulo sobre “Jurisdicción y arbitraje” plasmó un resultado de 135 votos a favor, 112 en contra y cuatro abstenciones, en tanto que el capítulo 10 tuvo 136 afirmativos, 11 negativos y cinco abstenciones, y el capítulo 12 recibió 136 apoyos, 111 rechazos y cinco abstenciones.

Cuestionamientos en el Senado

El Senado de la Nación inició este martes el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal en el plenario de comisiones con un clima de tensión por las maniobras kirchneristas para obturar el recorrido de los proyectos e incertidumbre por la celeridad que urge al oficialismo por conseguir el dictamen el próximo jueves -hoy lejano- que le permita desembarcar en el recinto senatorial una semana más tarde, el 16, a pocos días del Pacto de Mayo. 

Tras las exposiciones del ministro del interior, Guillermo Francos, José Rolandi (vicejefe de Gabinete) y María Ibarzábal Murphy (secretaria de Planeamiento Estratégico), una de las voces más sólidas a la hora de responder por parte del oficialismo, Maximiliano Abdala (UCR), abrió la ronda de preguntas, acción que acapara la mayor parte del encuentro y que se extendió hasta casi las 19.30.

El capítulo dedicado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue foco de críticas e interrogantes transversales de senadores de todos los bloques. 

Con el RIGI, La Libertad Avanza se propone habilitar un programa de beneficios a inversiones mayores a los 200 millones de dólares para acelerar la toma de decisiones de inversión brindando un marco de seguridad jurídica. El radical Martín Lousteau (CABA) fue uno de los más rigurosos a la hora de posar la lupa sobre el RIGI puntualizando en cuestiones técnicas arancelarias. 

A su cuestionamiento se plegó Guadalupe Tagliaferri (CABA), del PRO, y la kirchnerista Fernández Sagasti, quizás, la más pirotécnica contra el régimen que tuvo la luz de Diputados. La mendocina dejó entrever que el capítulo habría “salido de una oficina oscura” de la ciudad de Buenos Aires. En esa línea, afirmó que quien lo redactó no sabe de “federalismo”. 

Un senador de JxC, en contra del RIGI

El senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, adelantó que votará a favor de la Ley de Bases en general, pero al mismo tiempo señaló que se opondrá a la eliminación del régimen de promoción que beneficia a su provincia y reclamará cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

También se pronunció en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas porque la consideró esencial para la conectividad del distrito austral.

Blanco pertenece al bloque de Juntos por el Cambio en el Senado y su definición ante la Ley de Bases despeja algunos interrogantes sobre cómo iba a comportarse al momento de la votación.

En declaraciones a Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia, el fueguino precisó que votará a favor de la ley en general “porque el Gobierno necesita la herramienta”, pero que se opondrá en particular en algunos capítulos.

Acerca del capítulo del impuesto a las Ganancias, evitó pronunciarse y reconoció que hay conversaciones con sus colegas patagónicos pero aclaró que aún no hay una posición unificada sobre este tema.

El senador fueguino conjeturó que en virtud de la discusión que se está dando en la Cámara Alta, la Ley de Bases será aprobada pero con cambios y deberá volver a ser tratada en Diputados.

“El Artículo 111 de sub regímenes de promoción, aunque no tiene nombre y apellido es un artículo dirigido a Tierra del Fuego. Hay muchas opiniones por desconocimiento. Me voy a oponer y voy a trabajar para que sea rechazado”, afirmó Blanco.

Sobre el RIGI sostuvo que “es necesario hacerle modificaciones porque hay avance sobre facultades y derechos provinciales. Además hay errores de redacción, que después pueden ser interpretados de forma incorrecta”.

En referencia a la privatización de Aerolíneas Argentinas sostuvo que para su provincia es esencial porque es “aerodependiente y cuando fue privatizada hubo problemas de conectividad”.

“El servicio de Aerolíneas, más allá de la restructuración que hay que hacer, debe mantenerse en manos del Estado”, concluyó.

Con información de agencias.

IG