Una de cal y otra de arena. Así podría resumirse la semana legislativa del oficialismo, marcada por el frenesí de los debates parlamentarios. Javier Milei festejó el miércoles la ratificación del veto al aumento de las jubilaciones por la Cámara de Diputados. Sin embargo, se encontró con una pared infranqueable cuando esta madrugada el Senado votó el rechazo al polémico DNU que incrementó en $100.000 millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), comandada en las sombras por el asesor presidencial Santiago Caputo. Con 49 votos negativos, 11 afirmativos y 2 abstenciones, se trató de un hecho inédito para el Congreso: es el primer decreto resistido por ambas cámaras desde 2006, año en que se reglamentó el trámite legislativo para ese tipo de instrumentos.

Hasta último momento, la Casa Rosada intentó evitar el revés en el recinto. Lo hizo incluso echando mano a una estrategia peculiar: convocar a una “sesión secreta especial” para que el director de la SIDE, Sergio Neiffert, y los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente, concurrieran al recinto de la Cámara alta a brindar explicaciones sobre el destino del dinero asignado a través de un decreto del pasado 23 de julio. La propuesta del Ejecutivo llevaba la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, e ingresó al Senado antes de que se celebrara una convulsionada reunión de jefes de bloque en la que el kirchnerismo manifestó su enérgico rechazo a postergar el tratamiento.

Según pudo saber elDiarioAR, la jugada fallida del Gobierno se había gestado en la Casa Rosada, durante el encuentro que el Presidente y Bullrich mantuvieron el miércoles por la mañana con la vicepresidenta Victoria Villarruel y un grupo de senadores, entre los que se encontraron el oficialista Ezequiel Atauche, el amarillo Luis Juez, el radical Eduardo Vischi, y los peronistas Juan Carlos Romero y Carlos Espínola. Una vez en el Senado, los mismos protagonistas, sin Milei y la ministra de Seguridad, terminaron de acordar la postura que horas después sostendrían en la reunión de labor parlamentaria.

Sin embargo, más allá de lo determinado en ese encuentro, los líderes de Unión por la Patria anunciaron que insistirían con discutir el rechazo del DNU. Desde La Libertad Avanza les contestaron que, al no estar contemplado en el plan de labor de la sesión, iban a tener reunir el voto de los dos tercios de los presentes para poder tratarlo sobre tablas, algo que finalmente ocurrió con la ayuda del bloque de la UCR. Finalmente, lo que se intuía como un triunfo que le permitiría ganar tiempo por segunda semana consecutiva, terminó convirtiéndose para el oficialismo en una frustración.

Con el traspié legislativo consumado, el decreto presidencial queda sin efecto, aunque las medidas adoptadas mientras estuvo vigente son consideradas legales. Por esa razón, la comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por Martín Lousteau, no tendría impedimento para posar la lupa sobre la utilización que hasta ahora se había hecho de esos “necesarios y urgentes” miles de millones de pesos. La oposición denuncia que cerca del 80% de ese dinero ya habría sido gastado. En el Gobierno aseguran, en cambio, que ese dato es engañoso: explican que cuando el Ministerio de Economía transfiere fondos que son de carácter reservado, estos figuran en el Presupuesto Abierto como “devengados” aunque no hayan sido todavía empleados, debido a que no requieren rendición de cuentas ante la Secretaría de Hacienda.

En el DNU publicado hace casi dos meses en el Boletín Oficial se especificaba que la decisión de girar $100.000 millones —monto que fue calificado de “razonable” por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su reciente informe de gestión ante el Congreso— respondía a “garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, con el fin de acceder a nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia. Pero otra versión recorre como un fantasma los despachos oficiales: que parte de esos fondos fueron utilizados, entre otros fines espurios, para financiar los “tanques” digitales de Milei.

Rosca alla mileísta

Este jueves, en el oficialismo valoraban la actitud de los radicales durante la sesión en Diputados, que evitó que avanzara en Diputados la revisión del veto de Milei al aumento jubilatorio. Sin embargo, también negaban supuestos acuerdos en las sombras con la UCR. “El veto por jubilaciones no se cambia por el presupuesto universitario”, se atajaban, en referencia a la iniciativa que se acaba de aprobar en el Senado y que Milei prometió que vetará, como ya lo hizo con la recomposición a los jubilados.

“No hay canje ni toma y daca”, insistían en Casa Rosada. En esa línea incluso también se negaban que hayan habido negociaciones durante el encuentro que el miércoles mantuvo el Presidente con senadores de la oposición dialoguista. Y aclaraban que el hecho de que Milei encabece reuniones con legisladores, algo que no había hecho prácticamente hasta ahora, tiene que ver con “un proceso de trabajo que se viene haciendo” y que comenzó con los contactos del ministro coordinador, Guillermo Francos.

El fin de semana pasado, Francos debió ser internado por una gastroenteritis aguda, pero fue dado alta a última hora del lunes. Por instrucción médica, sin embargo, debió tomarse unos días de descanso. Fue a partir de eso que Milei se puso al frente de la negociación política, algo que detesta pero con lo que se vio empujado a lidiar. El punto de inflexión tuvo lugar el viernes 30 de agosto, cuando el Presidente sorprendió al sentarse en la mesa con diputados propios y aliados en Casa Rosada, en un intento por volver a tender puentes con el PRO y aplacar la polémica que cruzó en el último tiempo a los bloques de La Libertad Avanza en el Congreso.

La presencia del Presidente en los encuentros era reclamada por parte de la dirigencia dialoguista. Pero el motivo, en realidad, estuvo lejos de ser ese: el Gobierno necesitaba volver a tomar la iniciativa luego de las tres derrotas al hilo que había recibido la semana anterior a esa primera reunión, cuando Diputados rechazó el DNU de fondos reservados, Lousteau se quedó con la titularidad de la Comisión Bicameral de Inteligencia y la movilidad jubilatoria, luego vetada, había sido aprobada por el Senado. La extrema debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza no hace más que augurarle nuevas derrotas.

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Entre gallos y medianoche el Senado se acerca a definir la suerte del DNU que dispuso $100.000 millones en fondos reservados para la SIDE. Si para la madrugada de este viernes se mantiene abroquelada la mayoría que mostró bien temprano este jueves a las 14 el peronismo y el radicalismo para volver a incluir el tema en la sesión, sería la primera vez en la historia democrática que el Congreso rechaza un decreto de necesidad y urgencia presidencial. Pero a medida que el reloj se acercaba a la medianoche se aceleraron los contactos desde el Gobierno para quebrar algunas voluntades. La moneda está en el aire.

La oposición tendría los números para voltear el decreto porque a los 33 senadores de Unión por la Patria se sumarían al menos 9 de los 13 de la UCR. Sería una mayoría contundente ante el hemiciclo de 72 bancas, que podría también arrastrar a algunos espacios minoritarios provinciales y al libertario Francisco Paoltroni (Formosa), que ya expulsado de La Libertad Avanza armó un monobloque y fue muy crítico de los movimientos de Santiago Caputo sobre la SIDE. ¿Qué hará el PRO en su nueva faceta mileísta, si en Diputados rechazó el DNU?

Más allá de la furia que podría desatar en Javier Milei, que ya llamó “nido de ratas” varias veces al Parlamento, aún son inciertas las consecuencias políticas concretas. Es que la declaración que se apresta a votar la Cámara alta es declarar “nulo de nulidad absoluta” el DNU 656/24, por lo que tendrían que retrotraerse esas partidas presupuestarias. La pregunta latente es cómo devolvería el Ejecutivo esos fondos, que ya se gastaron de manera secreta en un 80%, según datos públicos. 

Pero entre los opositores no quieren adelantar ningún resultado y reconocen que la Casa Rosada está operando para presionar algunas voluntades. “Hay que mirar que no se lleven senadores para que se caiga el quórum o que compren a alguno”, recogió elDiarioAR en una fuente parlamentaria al tanto de las conversaciones. “Es posible que se dilate una semana. Están conversando para ponerse de acuerdo y posponerlo”, aseguró un senador sentado en su banca en el recinto. En el peronismo admitieron la operación oficialista pero buscaron echar por la borda cualquier giro inesperado: “No vamos a votar patear otra vez el debate”.

La incertidumbre también está alimentada por la extensión de la sesión: es que antes de debatir el DNU, el Senado tuvo una agenda muy variopinta con la Boleta Única de Papel –que aprobó cerca de las 21– y el financiamiento universitario –que tenía un horario estimado para la medianoche–. La expectativa en la Cámara alta es que los fondos para los espías se discutirían cerca de las 3 de la mañana de este viernes. 

El cruce de intereses es otro elemento para las especulaciones parlamentarias. Como el radicalismo necesita el apoyo de UP para aprobar el financiamiento a las universidades, la UCR luego devolvería el gesto acompañando el rechazo a los fondos para los espías. Significaría además la cristalización del acuerdo que hubo en la bicameral de Inteligencia, donde quedó al frente el radical Martín Lousteau (CABA), con apoyo del peronismo.

En el tablero habrá que ver finalmente quiénes están de un lado y del otro, porque el radicalismo aparece dividido –cuándo no– sobre qué hacer con la SIDE. elDiarioAR publicó este jueves que el jefe de bloque, Eduardo Vischi (Corrientes), propuso votar dentro del espacio si acompañaban el pedido del Gobierno del miércoles de que haya una sesión secreta para discutir ese tema. 

La zanahoria de la Casa Rosada era que iban a exponer ante todo el hemiciclo –a condición de que sea a puertas cerradas y con el compromiso de todos los legisladores de que no se iba a poder filtrar nada de lo que allí se hablase– los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri y el “Señor 5”, Sergio Neiffert, hombre del asesor Caputo. Al jefe de la SIDE ya lo esperaban desde hacía días en la bicameral de Inteligencia, luego de haberle enviado un listado con preguntas acerca del rumbo tomado por la agencia. Pero en el órgano parlamentario esperaban respuestas que nunca llegaron.

La paritaria radical quedó 9 a 3 en contra de la sesión secreta. A Vischi lo acompañó su coterráneo Victor Zimmermann, que integra además la bicameral de Tratamiento Legislativo que no discutió el DNU en el plazo reglamentario de los diez primeros días tras su publicación, y la mendocina Mariana Juri. A Lousteau ni siquiera le hizo falta tomar la palabra para que tenga más músculo el rechazo.

Sin aval partidario, el jefe de la bancada no tuvo otra alternativa que darse vuelta y terminar acompañando al kirchnerismo cuando José Mayans propuso este jueves apenas se inició la sesión a las 14 de que vuelva a incorporarse el DNU en el temario. El centenario partido está en una posición muy incómoda si vuelve a fragmentarse para aliarse al Gobierno, luego de la sangría en Diputados contra una de sus históricas banderas: las jubilaciones. “Si votaron para tratarlo el DNU, y ahora votan para postergarlo, ya sería para psiquiátricos”, consideró un vocero opositor. La transversalidad opositora UP-UCR, si se mantiene hasta las 3 de la madrugada, haría caer definitivamente el decreto.

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La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso tenía previsto recibir esta semana al jefe de los espías, Sergio Neiffert, con el fin de brindar explicaciones acerca de su plan de gestión al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Sin embargo, con el DNU de los $100.000 millones en fondos reservados pendiendo de un hilo, la convulsionada agenda legislativa parece haber puesto en suspenso esa visita. Así se lo aseguraron fuentes parlamentarias a elDiarioAR, que hicieron hincapié en el “secretismo” que rodea a esas reuniones, comandadas por el senador radical Martín Lousteau.

El 27 de agosto pasado, por mayoría, la comisión había votado enviarle a Neiffert —que ya tuvo una reunión informal y reservada con Lousteau— un listado con preguntas acerca del rumbo tomado por la SIDE desde su oficialización como director, en julio pasado. En el órgano esperaban sus respuestas para luego invitarlo formalmente a exponer acerca de uno de los temas que más desveló a la opinión pública en los últimos meses: el polémico aumento presupuestario otorgado al organismo de inteligencia, que este jueves, si el Senado finalmente sesiona, puede convertirse en el primer decreto rechazado por ambas cámaras del Congreso desde, al menos, el regreso de la democracia en 1983.

Según pudo saber elDiarioAR, más allá de que la oposición en la Cámara alta avance o no con esa decisión, la bicameral no tendría impedimento para posar la lupa sobre la utilización que hasta el momento se hizo de esos “necesarios y urgentes” miles de millones de pesos, asignados a la SIDE el pasado 23 de julio. La oposición denuncia que cerca del 80% de ese dinero ya habría sido gastado. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que ese dato es engañoso: explican que cuando el Ministerio de Economía transfiere fondos que son de carácter reservado, estos figuran en el Presupuesto Abierto como “devengados” aunque no hayan sido todavía empleados, debido a que no requieren rendición de cuentas ante la Secretaría de Hacienda.

En el el decreto publicado hace casi dos meses en el Boletín Oficial se especifica que la decisión de girar $100.000 millones —monto calificado de “razonable” por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su reciente informe de gestión ante el Congreso— responde a “garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, con el fin de acceder a nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia. Pero la versión recorre como un fantasma los despachos oficiales es otra: que parte de esos fondos serían utilizados, entre otros fines espurios, para financiar los “tanques” digitales de Milei.

“Cuando se piden fondos reservados es porque necesitamos tecnología que este más avanzada que la tecnología que tienen los terroristas en Argentina”, explicó el domingo Patricia Bullrich en una entrevista que concedió a LN+. Las palabras de la ministra de Seguridad se dieron en el marco de la conmoción por el atentado perpetrado contra el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, cuya secretaria se vio afectada por la explosión de un paquete-bomba. “Hay que tener mecanismos para evaluar quienes son los que pueden cometer este tipo de delitos”, sostuvo Bullrich, que además subrayó que hechos como el sufrido por Pino “ha tenido episodios similares anteriormente” por lo que alertó que “la Argentina necesita protegerse”.

La investigación por el ataque contra el dirigente agropecuario, llevada adelante por el juez Daniel Rafecas, sacó por primera vez a la cancha a Alejandro Cecati, titular de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una de las cuatro áreas en las que se dividió la SIDE a partir de su reestructuración. La semana pasada, en Casa Rosada aseguraban que el funcionario, un excomisario que en el pasado se desempeñó como jefe de la custodia de Mauricio Macri, daría una mano con la recolección de la información y el monitoreo general de lo sucedido.

Sospechas amarillas

La Bicameral de Inteligencia cuenta con algunas peculiaridades: a diferencia del resto, sus miembros sesionan en secreto, en una oficina del quinto piso del edificio anexo del Senado, donde reciben a los agentes y estudian la documentación enviada por los funcionarios. Durante los cuatro años del gobierno del Frente de Todos, el órgano estuvo presidido por Moreau, que hoy conserva su silla, al igual que sus compañeros de bancada Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.

Durante aquel primer encuentro de la comisión que preside Lousteau, además del cuestionario enviado a Neiffert y su citación, se aprobó también un pedido de informes sobre el accionar de abogados de la SIDE de Milei en causas judiciales que involucran al expresidente Macri. Quienes lo motorizaron fueron los representantes del PRO, que sospechan de una maniobra en contra de su jefe político pergeñada por el asesor presidencial Santiago Caputo.

Cristian Ritondo, integrante de la comisión y jefe de la bancada amarilla en Diputados, fue el encargado de solicitarle al jefe de la central de inteligencia que brinde explicaciones y envíe documentación acerca del tema. “¿Quién le encomendó la presentación en el expediente? ¿Y en qué carácter fue que se presentó? ¿Qué pidió respecto del expediente? ¿Con qué fundamento?”, inquirieron los legisladores a través de un escrito, en el que se pone énfasis en la “gravedad de los hechos trascendidos”. 

Las consultas de letrados de los servicios de inteligencia en los tribunales trascendieron a la prensa a finales de agosto. Curiosamente, coincidieron con la participación del PRO en los dos reveses legislativos al hilo que sufrió el oficialismo aquella semana: además del rechazo de la Cámara baja al decreto de fondos reservados, los senadores que responden a Macri también habían votado a favor de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Al día siguiente, sin embargo, el propio exmandatario apoyó el veto de Milei, que este miércoles será tratado en el recinto de Diputados.

Luego de la polémica, con el objetivo de bajar la tensión con el PRO, Neiffert no solo le transmitió al expresidente sus disculpas, sino que también admitió que los dos abogados involucrados trabajaban en su área. De hecho, tampoco faltaron quienes aseguraron que los letrados habían sido desplazados de su labor. Fuentes de la SIDE, sin embargo, negaron abiertamente esa afirmación. “Eso no es cierto”, respondieron, tajantes. En el partido amarillo esperan la visita del “Señor 5” al Congreso para terminar de sacarse la duda.

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Tras la conformación de la estratégica Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso, su flamante presidente, el senador radical Martín Lousteau, mantuvo este miércoles una reunión con el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, según confirmaron fuentes oficiales a elDiarioAR. El “Señor 5” acaba de ser citado por el órgano encargado de auditar el accionar de los espías. Deberá dar explicaciones acerca de los $100.000 millones en fondos reservados que le fueron otorgados al organismo recientemente reestructurado a mediados de julio, a través de un DNU firmado por Javier Milei. Un monto que, según denuncian desde la oposición, ya habría sido gastado en un 80%.

El martes, por mayoría, la comisión votó avanzar con un plan basado en dos instancias. En primer lugar, enviarle a Neiffert un cuestionario acerca de su plan de gestión al frente de la SIDE. Y, recién después de eso, invitarlo a exponer sobre el aumento presupuestario. El funcionario debería presentarse recién en dos semanas. Además, durante el primer encuentro de la comisión, también se aprobó un pedido de informes sobre una presentación como querellantes de abogados del organismo en una causa por supuesto espionaje ilegal en la que Mauricio Macri fue sobreseído. Quienes lo motorizaron fueron los representantes del PRO, que sospechan de una maniobra en contra de su jefe político pergeñada por el asesor presidencial Santiago Caputo.

Por parte del oficialismo, en el debut de la bicameral estuvieron presentes Gabriel Bornoroni y César Treffinger, mientras que el partido amarillo contó con sus dos integrantes Cristian Ritondo y la senadora Carmen Álvarez Rivero, quien reemplazó a su colega Martín Goerling, uno de los que durante semanas sonaron para ocupar la presidencia de la bicameral. El otro era el entrerriano Edgardo Kueider. Ambos contaban con el auspicio de La Libertad Avanza, algo que no fue suficientes: la titularidad de ese órgano clave quedó finalmente en manos de Lousteau, que se vendió ante los legisladores kirchneristas —con Leopoldo Moreau a la cabeza, con quien terminó acordando— como una garantía de oposición al Gobierno.

La novela había comenzado en julio, pocos días antes del lanzamiento del nuevo organigrama de la SIDE, cuando desde Balcarce 50 le bajaron la orden al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que ponga en marcha la conformación de la comisión. La Bicameral de Inteligencia cuenta con algunas peculiaridades: a diferencia del resto, sus miembros sesionan en secreto, en una oficina del quinto piso del edificio anexo del Senado, donde reciben a los agentes y estudian la documentación enviada por los funcionarios. Durante los cuatro años del gobierno del Frente de Todos, el órgano estuvo presidido por Moreau, que hoy conserva su silla, al igual que sus compañeros de bancada Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.

Polémico aumento

La flamante SIDE no deja de dar que hablar en la opinión pública, y no precisamente por sus logros. El rearme de un área siempre delicada como es el espionaje, encabezada hoy por el inexperto Neiffert, pero comandada en las sombras por el poderoso asesor presidencial Santiago Caputo, abrió una incógnita alrededor de un tema que siempre generó polémica: el carácter secreto de esas partidas presupuestarias, cuyos gastos únicamente pueden ser controlados por una comisión bicameral del Congreso. Exceptuando esa instancia, prima la total discrecionalidad.

El inminente rechazo legislativo al DNU de Javier Milei que le asignó $100.000 millones en materia de fondos reservados a la central de espías logró poner en el centro de la escena otro dato que, paradójicamente, suma mayor incertidumbre al asunto: cerca del 80% de ese dinero, girado al organismo el pasado 23 de julio, ya habría sido gastado. En el Gobierno aseguran que eso es falso. Y explican que cuando el Ministerio de Economía transfiere fondos que son de carácter reservado, estos figuran en el Presupuesto Abierto como “devengados” aunque no hayan sido gastados, debido a que no requieren rendición de cuentas.

Según datos oficiales, desde la llegada de La Libertad Avanza a Balcarce 50, los gastos reservados de la ahora ex AFI (Agencia Federal de Inteligencia, el nombre con que la SIDE fue rebautizada durante el kirchnerismo) se incrementaron en un 778%. Su presupuesto general, en tanto, también tuvo un aumento exponencial y al mes de julio contaba con una partida de $136.741 millones, mientras que el gasto total que se destinaba al sistema nacional de inteligencia en su conjunto era de $168.490 millones.

En el Gobierno lo que abunda es el hermetismo. Y pese a que en el decreto de julio se especifica que la decisión de tal excepcional incremento presupuestario es para “garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, con el fin de acceder a nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia, una versión recorre como un fantasma los despachos oficiales: que esos fondos son utilizados, entre otros fines espurios, para financiar los “tanques” digitales de Milei.

Desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, el Congreso no pudo estudiar los informes de gastos que cada mes envió la ahora SIDE comandada hasta mayo por el abogado Silvestre Sívori, mano derecha del malhadado exjefe de Gabinete, Nicolás Posse. La salida de quien fuera uno de los funcionarios más cercanos a Milei estuvo signada por los rumores de supuesto espionaje ilegal hacia importantes figuras del propio oficialismo, una versión emanada de las usinas gubernamentales. La comisión bicameral, puesta en marcha esta semana, podría desmentir esas sospechas que salpican al mundo del espionaje libertario. O, por el contrario, terminar de confirmarlas.

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La impericia política de la Casa Rosada en una cuestión tan sensible como es la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) llevó al oficialismo hacia una derrota política de consecuencias todavía insondables. El contundente rechazo de la Cámara de Diputados al DNU que incrementó en $100.000 millones los fondos reservados para el flamante nuevo-viejo organismo no solo expuso, de manera descarnada, la debilidad legislativa de Javier Milei. Por sobre todo, le demostró a Santiago Caputo, el todopoderoso asesor presidencial, que a veces no todo marcha acorde con el plan.

Finalmente, ni Edgardo Kueider ni Martín Goerling, los dos candidatos opositores que auspiciaba La Libertad Avanza, lograron alcanzar los votos necesarios para alzarse con la presidencia de la estratégica comisión bicameral de Inteligencia, conformada este martes y que se erige como contralor de la SIDE ya que cuenta con la potestad de auditar lo que haga el Poder Ejecutivo con sus partidas presupuestarias secretas. La titularidad de ese órgano clave quedó en manos del senador radical Martín Lousteau, que se vendió ante los legisladores kirchneristas —con Leopoldo Moreau a la cabeza, con quien terminó acordando— como una garantía de oposición al Gobierno.

“Me gustaría ver un bloque radical que mañana baje, que dé el debate y vote en contra de este DNU”, lanzó el martes el actual titular de la UCR apenas salió de la reunión de comisión en la que fue entronado con el voto de siete de los 14 legisladores que conforman la bicameral. Las declaraciones de Lousteau, y el posterior aporte del radicalismo al rechazo del decreto en Diputados, ahuyentaron las sospechas, que comenzaron a circular la semana pasada, acerca de un supuesto pacto subterráneo entre Santiago Caputo y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, con el fin de dilatar el debate a cambio de conformar la bicameral y colocar en su presidencia al exministro de Economía.

Lousteau comparte la hipótesis, extendida en gran parte de la opinión pública y en la oposición, de que el incremento de los fondos reservados de la SIDE está directamente vinculado a una estrategia de hostigamiento por parte del Gobierno. “Hay indicios lo suficientemente fuertes de que están siendo utilizados para perseguir periodistas, para hacer campaña, para perseguir opositores y entonces me parece importante controlar eso”, apuntó, sin mayores vueltas.

Mientras tanto, en Balcarce 50 acusan de “irresponsables” a quienes acompañaron la moción impulsada originalmente por el diputado Nicolás Massot de Encuentro Federal, la bancada encabezada por Miguel Ángel Pichetto, entre los que figuró el grueso del bloque PRO que responde a Mauricio Macri. “Lo que hicieron atenta contra la seguridad de todos los argentinos”, sostenían este miércoles fuentes oficiales, sin disimular la indignación por el inédito 156 a 52 en contra. Repetían, además, que tal aumento presupuestario tiene como fin adquirir nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia. “¡Los narcoterroristas festejan!”, tituló, por su parte, un comunicado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el oficialismo, por lo bajo, tampoco dudan en echar mano a una justificación un tanto más inquietante. Es la que da cuenta, según pudo saber elDiarioAR, de una advertencia de los servicios de inteligencia de Israel, ocurrida a mediados de julio, acerca de la inclusión de la Argentina entre los potenciales objetivos de ataque de Hamas. Milei agregó esa organización al listado de entidades terroristas el 12 de julio. Durante la semana posterior a esa fecha, en la que tuvo lugar el acto por los 30 años del atentado a la AMIA, pudo vérselo al Presidente rodeado de una custodia reforzada. El polémico DNU 656/24 de los $100.000 millones se publicó pocos días más tarde, el 23 de julio.

A algunos miembros en la oposición aliada no deja de llamarles la atención un dato: la decisión del Gobierno de girar tamaña cantidad de fondos a través de un decreto público y no mediante mecanismos que preserven el secreto, algo que el Estado garantiza para casos de extrema gravedad como el que se denuncia. Otros, en tanto, cargan las tintas contra Santiago Caputo, el hombre fuerte detrás de la reestructuración de la SIDE, al que acusan de haber puesto “el carro por delante del caballo”. “Firmar un decreto que asigna miles de millones de pesos en fondos reservados sin previamente garantizarte el control de la bicameral es un error de principiante”, señalan, pedagógicos.

La Coalición Cívica asegura que la SIDE, comandada en los papeles por Sergio Neiffert, ya dilapidó el 80% del dinero que se le asignó hace tan solo menos un mes. En La Libertad Avanza aseguran que eso es falso. Y explican que cuando el Ministerio de Economía transfiere fondos que son de carácter reservado, estos figuran en el Presupuesto Abierto como “devengados” aunque no hayan sido gastados, debido a que no requieren rendición de cuentas. ¿Contará realmente Lousteau, de nexos innegables con el histórico operador radical Enrique “Coti” Nosiglia, con la voluntad política para auditar esas partidas? ¿O primará, una vez más, la defensa de los contubernios opacos que hace décadas cruzan transversalmente al submundo del espionaje criollo? Más allá de la suerte que corra el DNU de Milei en el Senado, estas incógnitas tarde o temprano se despejarán.

PL/JJD

La flamante Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) no deja de dar que hablar en la opinión pública, y no precisamente por sus logros. El fallido intento de algunos bloques opositores de tratar en el Congreso el DNU de Javier Milei que le asignó $100.000 millones en materia de fondos reservados a la central de espías logró poner en el centro de la escena un dato que, paradójicamente, suma mayor incertidumbre al asunto: cerca del 80% de ese dinero, girado al organismo el pasado 23 de julio, ya habría sido “devengado”.

La información, negada tímidamente por fuentes oficiales a elDiarioAR y dada a conocer por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro a través de su cuenta de X, surge en realidad de un análisis detallado de los datos del sitio Presupuesto Abierto, que da cuenta de todos los ítems en los que se gastan los fondos públicos. Allí se muestra cómo el presupuesto de gastos reservados de la SIDE pasó de $650 millones iniciales a $103.000 millones, de los cuales casi 81.000 millones figuran en el rubro “comprometido/devengado”. Se trata del 78,29% del total.

“La SIDE pasó de tener un presupuesto donde los gastos reservados eran el 8.6% del total, a un presupuesto con 75% de gastos reservados, discrecionales y sin control. Para algunas cosas ‘sí hay plata’”, había apuntado en su momento Ferraro, legislador cercano a Elisa Carrió, quien el miércoles, con los números sobre la mesa, calculó que la Casa Rosada gasta “tres millones de dólares por día en espionaje”.

Según datos oficiales, desde la llegada de Milei a Balcarce 50, los gastos reservados de la ahora ex AFI (Agencia Federal de Inteligencia, el nombre con que la SIDE fue rebautizada durante el kirchnerismo) se incrementaron en un 778%. Su presupuesto general, en tanto, también tuvo un aumento exponencial y al mes de julio contaba con una partida de $136.741 millones, mientras que el gasto total que se destinaba al sistema nacional de inteligencia en su conjunto era de $168.490 millones.

El rearme de un área siempre delicada como es el espionaje, encabezada hoy por el inexperto Sergio Neiffert, pero comandada en las sombras por el cada vez más poderoso asesor presidencial Santiago Caputo, abrió una incógnita alrededor de un tema que siempre generó polémica: el carácter secreto de esas partidas presupuestarias, cuyos gastos únicamente pueden ser controlados por una comisión bicameral del Congreso. Exceptuando esa instancia, prima la total discrecionalidad.

En el Gobierno lo que abunda es el hermetismo. Pese a que en el decreto de julio se especifica que la decisión de tal excepcional incremento presupuestario es para “garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, con el fin de acceder a nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia, una versión recorre como un fantasma los despachos oficiales: que esos fondos son utilizados, entre otros fines espurios, para financiar los “tanques” digitales de Milei.

“La plata ya la están gastando para el ejército de trolls”, llegó a afirmar el senador kirchnerista Oscar Parrilli durante la discusión que tuvo lugar la semana pasada en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, en medio la conmoción por la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra Alberto Fernández.

Otro legislador que se puso al frente de las críticas a las usinas comunicacionales del Gobierno fue el diputado nacional Nicolás Massot del flamante bloque Encuentro Federal que encabeza Miguel Ángel Pichetto. Quien fuera jefe de bloque PRO durante la presidencia de Mauricio Macri no se contuvo y salió a cruzarse en redes con un soldado clave en la escudería digital de Santiago Caputo: Daniel Parisini, mejor conocido en X como @GordoDan_, quien había apuntado contra él por acompañar una moción del kirchnerismo en contra del DNU debido a que incrementó la partidaria presupuestaria para el espionaje sin pasar por el Poder Legislativo.

El miércoles, tanto Massot como Ferraro fueron quienes intentaron impulsar ese debate en el recinto de la Cámara de Diputados, pero se encontraron con los votos negativos de La Libertad Avanza, el PRO y algunos radicales. Es que, según indicaron fuentes del Congreso, para bajar la sesión que hubiera tenido lugar ayer, un sector de la UCR negoció con el oficialismo constituir finalmente la estratégica Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, el único órgano autorizado para controlar en qué se gastan los fondos reservados de la SIDE. La fecha elegida es el próximo martes 20.

¿Está entre los puntos de ese acuerdo entre el Gobierno y el radicalismo que sea Martín Lousteau quien asuma al frente de la presidencia de la bicameral? El rumor comenzó a correr en las últimas horas. Había sorprendido, hace un mes, el repentino deseo del exministro de Economía de Cristina Kirchner de formar parte de ese cuerpo. No faltaron por entonces quienes vieron en ese movimiento un gesto más de buena sintonía entre la Casa Rosada y el referente del radicalismo porteño, Emiliano Yacobitti. El hombre fuerte de la UBA tiene línea directa con Caputo, quien en la única entrevista que concedió se dio el lujo de mencionar, no por casualidad, a un funcionario: José Luis Vila. Se trata del actual secretario de Estrategia Nacional, cargo dedicado a coordinar las áreas de seguridad, defensa e inteligencia del Estado. Y, al igual que Yacobitti y Lousteau, una figura cercana al histórico operador radical Enrique “Coti” Nosiglia. 

En La Libertad Avanza saben que cuentan con un obstáculo propio de su debilidad legislativa: la titularidad de la comisión, por reglamento, le corresponde a un integrante de la Cámara alta, pero no hay senadores libertarios que vayan a formar parte de ella, sino solo diputados. Por ese motivo, están particularmente interesados en que la bicameral cuente con una mayoría de legisladores lo más afines posible que frenen cualquier decisión incómoda para la Casa Rosada.

Hasta la aparición de Lousteau, la presidencia de la comisión se la disputaban el dirigente misionero del PRO Martín Goerling y el peronista entrerriano Edgardo Kueider. El principal impulsor de la candidatura del senador del PJ es ni más ni menos que Caputo. Ambos estrecharon lazos a partir de un gesto concreto: el acompañamiento de Kueider a la ley Bases. “Muy peronista”, acotan cerca de la titular del Senado, Victoria Villarruel, que se inclinaría, en cambio, por Goerling.

Un hecho, sin embargo, marcó un antes y un después en la dinámica interna de la bicameral: a mediados de julio, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, decidió quitarle a Emilio Monzó el lugar que le había prometido para dárselo a un diputado libertario, una jugada que detonó varios de los puentes construidos con el bloque comandado por Pichetto. En la mesa chica del Presidente no había caído bien la ausencia del diputado al Pacto de Mayo en Tucumán. “Sabían que era un evento importante para el Gobierno y aún así no fueron”, deslizan, no sin cierto rencor, desde el entorno de Milei.

A diferencia del resto de las comisiones, la bicameral de Inteligencia cuenta con algunas peculiaridades: sus miembros sesionan en secreto, en una oficina del quinto piso del edificio anexo del Senado, donde reciben a los agentes y estudian la documentación enviada por los funcionarios. Durante los cuatro años del gobierno del Frente de Todos, el órgano estuvo presidido por el diputado Leopoldo Moreau, que conservaría su silla, al igual que sus compañeros de bancada Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.

Desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, el Congreso no pudo estudiar los informes de gastos que cada mes envió la ex AFI, comandada hasta mayo por el abogado Silvestre Sívori, mano derecha del malhadado exjefe de Gabinete, Nicolás Posse. La salida quien fuera uno de los funcionarios más cercanos a Milei estuvo signada por los rumores de supuesto espionaje ilegal hacia importantes figuras del propio oficialismo, una versión emanada de las usinas gubernamentales. La inminente conformación de la comisión bicameral podría desmentir las sospechas que salpican al mundo del espionaje libertario. O, por el contrario, terminar de confirmarlas.

PL/JJD

 El Gobierno Nacional envió hoy al Congreso Nacional el DNU que asigna 100 mil millones de pesos a la nueva estructura de la SIDE.   

La norma deberá ser tratado en la Comisión Bicameral Permanente que monitorea los Decretos de Necesidad y Urgencia, que está convocada para el próximo jueves, pero para tratar otros dictados por el gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri.   

La asignación de 100 mil millones de pesos de fondos reservados a la nueva estructura de la SIDE es rechazada por los bloques dialoguistas, además de Unión por la Patria y la izquierda.

Las razones del rechazo opositor

El pasado 25 de julio, La diputada nacional de Hacemos Coalición Federal (HCF) Margarita Stolbizer presentó un proyecto para anular el decreto del presidente Javier Milei que destina 100.000 millones de pesos a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para gastos de carácter reservado. El proyecto de Stolbizer llevó también las firmas de los diputados Mónica Fein, Esteban Paulón, Emilio Monzó, Alejandra Torres, Natalia de la Sota y Nicolás Massot.

Por su parte, desde la Coalición Cívica pidieron la nulidad del decreto la nulidad por “falta de adecuación a los requisitos sustanciales y formales para su dictado de conformidad con el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”. El proyecto de rechazo llevó la firma de los seis integrantes de la bancada, la del jefe de bloque, Juan Manuel López, y los diputados Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego.

El propio Ferraro publicó el texto en X, donde además tituló que se trata de un “innecesario aumento del 3.131% en el presupuesto para espionaje”. De igual manera, aseveró que “no hay motivos que justifiquen esa decisión”. Mencionó, además, a “Telleldín en AMIA, las coimas en el Senado, los sobresueldos de Menem y Cavallo, las operaciones de Milani, entre muchas otras”, como los casos más resonantes encuadrados en las acusaciones que realizó en la publicación.

DM con información de agencia NA