Históricamente considerada un pilar de prestigio nacional, la educación pública atraviesa un ajuste sin precedentes y se convirtió en el sector más afectado del Estado, según un informe de ejecución presupuestaria de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

“Hay una política deliberada para que el Estado deje de hacerse responsable de la educación, tanto en escuelas como en universidades”, advierte Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.

El informe identifica desmantelamiento de programas, prórroga del presupuesto por segundo año consecutivo, licuación de partidas por inflación y salarios docentes atrasados sin convocatoria a paritarias.

Mientras el ajuste promedio en todas las partidas estatales fue del 31,1% real respecto de 2023, en Educación y Cultura alcanzó el 46%, solo superado por la obra pública paralizada. Además, la inversión proyectada para 2025 será apenas del 0,77% del PBI (en 2023 fue del 1,44% y en 2024 del 0,85%).

El golpe es más duro en áreas sensibles: los programas de educación obligatoria caen casi 70% y la infraestructura escolar 72,3%. “Estamos viviendo una desintegración paulatina del sistema educativo”, resume Javier Curcio, economista de la UBA y referente de Argentinos por la Educación.

Docentes y estudiantes sin horizonte

El deterioro repercute también en la formación docente. La matrícula en profesorados cayó un 50% desde 2023. “Disminuyó a la mitad el número de personas que estudian para ser docentes, desplazados por bajos salarios, estrés laboral y pérdida de prestigio”, señala Alesso. 

El desmantelamiento del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), que ofrecía cursos y posgrados, profundizó el retroceso. “Además de la explotación, ajuste y deslegitimación, desmantelaron el INFOD”, agrega la gremialista.

Los estudiantes también perciben un futuro cada vez más condicionado. Según Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa, los resultados de la prueba PISA reflejan baja expectativa de los adolescentes sobre su porvenir, con un pesimismo más marcado en Argentina. “Muchos creen que estarán peor que sus padres, rompiendo el antiguo paradigma de progreso intergeneracional”, advierte.

A esta visión se suma la cultura del éxito inmediato promovida por influencers y traders, que desalienta la idea de esfuerzo sostenido. “Sin un Estado que actúe como contrapeso, crecen prácticas como las apuestas y el juego online”, señala Buccino.

El discurso oficial y la escuela

La crisis económica se complementa con un clima social crispado que se traslada al ambiente escolar. Para Alejandro Castro, director del Observatorio de Convivencia Escolar de la UCA, el discurso oficial también impacta: “Cuando el discurso cargado de odio o discriminación proviene desde lo más alto del poder, impacta directamente en las escuelas. Funciona como un aprendizaje social: los chicos ven cómo se insultan en el Congreso, en la televisión o incluso desde la presidencia, y terminan naturalizando esa violencia”.

Los datos confirman esa tendencia: 6 de cada 10 alumnos dicen sufrir agresiones y 4 de cada 10 discriminación, aunque el 90% afirma que en la escuela “se está bien”. Para Castro, esto refleja una naturalización preocupante: “Se ha instalado la idea de que la violencia es parte de la cultura escolar, cuando en realidad el clima de convivencia es el factor más determinante de la calidad educativa”.

Metas incumplidas y mínimos históricos

La Ley de Financiamiento Educativo fija un piso del 6% del PBI para garantizar igualdad de condiciones, pero esa meta se abandonó hace años. En 2023 la inversión llegó al 5,2%; con el esquema actual caerá al 4,4% en 2025, un mínimo histórico.

“No hay paritaria y se incumple con el FONID, que actualizado significaría $114.000 por cargo. Desde que asumió Milei no se pagó en todo el año, lo que implica una deuda de un año y medio y una caída salarial superior al 20%”, explica Alesso. Según la gremialista, los sueldos docentes no alcanzan la canasta alimentaria.

Las consecuencias son concretas: obras paralizadas, jardines inconclusos y edificios precarios. “Mientras el mundo discute inteligencia artificial, en Argentina no tenemos recursos ni para construir escuelas”, opina Alesso.

Curcio agrega: “Un recorte del 10 o 15% ya sería grave; hoy hablamos de caídas salariales superiores al 30% y de un ajuste global arriba del 40%. Aunque las instituciones siguen funcionando, porque la sociedad y las clases medias aún sostienen ciertos resortes, este esquema es prácticamente insostenible y el riesgo de decadencia crece día a día”.

Programas en retroceso

La reducción alcanzó a todos los programas nacionales, desde Conectar Igualdad hasta capacitación docente y construcción de escuelas. La única excepción parcial es el Plan Nacional de Alfabetización, que tampoco logra efectividad: “No hubo entrega de libros el primer año y aun con licitación muchos no llegaron a tiempo. Llegarán tarde y mal, cuando ya se cubrió gran parte del calendario escolar”, critica Buccino.

En este contexto, Curcio concluye: “Muchos docentes abandonan la profesión o soportan sobrecarga de tareas, mientras que los jóvenes ya no ven atractivo apostar a una carrera sin futuro. Lo poco que quedaba de movilidad social ascendente se está desmoronando. Y el costo de no invertir en educación es mayor que el de hacerlo, porque está probado que la desinversión multiplica la pobreza”.

Tras los preocupantes resultados obtenidos en las pruebas Aprender 2024, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, adjudicó un contrato por 295 millones de pesos para ejecutar el próximo operativo nacional de evaluación de aprendizajes en escuelas primarias de todo el país.

La medida se oficializó esta semana mediante una disposición de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Educación, y forma parte del Plan Nacional de Evaluación Educativa, que contempla la implementación de las pruebas Aprender Primario y un nuevo dispositivo denominado AMPL 2025 (Assessment for Minimum Proficiency Levels), una herramienta internacional desarrollada por ACER (Australian Council for Educational Research) para medir niveles mínimos de competencia en los estudiantes.

La licitación pública nacional, tramitada bajo el expediente EX-2025-37914790-APN-CCYCE#MCH, fue adjudicada a Boldt Impresores S.A., que resultó ganadora tras la evaluación técnica y económica de las tres ofertas presentadas. Las firmas Oportunidades S.A. y Lakaut S.A. fueron desestimadas por incumplimientos técnicos y criterios de conveniencia económica.

Un operativo clave para un sistema educativo en crisis

La contratación contempla el diseño, impresión, distribución, recolección, escaneo y procesamiento de las evaluaciones. El servicio, de ejecución integral, se desarrollará durante un plazo de 130 días corridos y apunta a relevar información sobre el nivel de aprendizajes en lengua y matemáticas de alumnos de sexto grado.

El dispositivo AMPL 2025 se aplicará en paralelo a Aprender y busca complementar la información tradicional con nuevas herramientas estadísticas y logísticas.

Desde la Secretaría de Educación se lo define como un paso hacia la “modernización de la evaluación”.

El objetivo es obtener información que permita diagnosticar los aprendizajes alcanzados por los alumnos y las condiciones en que se desarrollan los procesos educativos.

La decisión de avanzar con un nuevo operativo llega en un contexto preocupante.Los resultados de la última edición de Aprender mostraron un retroceso significativo en el desempeño de los estudiantes en lengua, con más del 33% de los alumnos por debajo del nivel esperado, y una persistente debilidad en matemática, donde cerca del 50% no alcanza niveles satisfactorios.

Estas cifras generaron la preocupación en sectores educativos y pusieron en agenda el rol del Estado como garante de la calidad educativa. La gestión de Pettovello -que absorbió la antigua cartera de Educación dentro del Ministerio de Capital Humano- debe sostener las políticas de evaluación y, al mismo tiempo, delinear acciones concretas para revertir el deterioro pedagógico.

Boldt Impresores fue la única empresa cuyas condiciones técnicas y administrativas cumplieron con los requisitos del pliego. La compañía, conocida por su rol en la impresión de documentos electorales y pruebas educativas, presentó una mejora de su propuesta inicial, lo que permitió ajustar el costo final a $295.100.000.

El gasto será imputado al presupuesto de la Secretaría de Educación, dentro del Programa 32, y se ejecutará a través del sistema digital COMPR.AR. Según los documentos oficiales, no se presentaron impugnaciones al proceso licitatorio y se confirmó la disponibilidad presupuestaria para avanzar con el pago.

MP con información de NA

En medio del conflicto con las universidades, el Gobierno defendió en el Congreso el presupuesto educativo para 2025. Con fuertes declaraciones polémicas, el equipo comandando por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, admitió ante la Comisión de Presupuesto de Diputados que los salarios de los docentes y no-docentes perdieron ante la inflación mileísta y acusó a los rectores de las casas de altos estudios de hacer lobby para recibir más fondos. Con todo, los funcionarios de la cartera degradada negaron que haya recortes e insistieron que los fondos previstos para Educación el año próximo superarán en porcentaje al de los últimos doce años –a excepción de 2023–.

“La población voto lo que hemos marcado, un deficit cero”, dijo Torrendell en lo que parece ser el mantra que dirige todas las respuestas en torno al dinero que el gobierno de Javier Milei tiene pensado invertir en Educación. Es decir, Torrendell dejó en claro que el presupuesto educativo también se rige por esos parámetros.

“No se trata de sumar recursos, sino de invertirlos para que sean equitativos y lograr que los chicos aprendan”, aseguró el secretario durante la cuarta reunión informativa de la Comisión de Presupuesto.

Torrendell estuvo acompañado por María Inés Brogin, subsecretaria de Gestión Administrativa, y Alejandro Álvarez, subsecretario de Politicas Universitarias. Fue este último quien protagonizó los cruces más fuertes con los diputados de la oposición quienes reclamaron respuestas concretas sobre cómo y cuánto recibirán las universidades públicas.

“El criterio de actualización que se ha aplicado es un indice interno del Estado”, dijo Álvarez sin más detalles al responder porqué el presupuesto universitario incluía un índice de actualización muy por debajo de la inflación proyectada para el año próximo. Y sobre ese punto insistió: “No hubo recorte de salarios, sino una actualizacion salarial que no siguió la pauta inflacionaria”.

Álvarez criticó los reclamos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todo el país y aseguró que “antes el presupuesto se discutía por el lobby que se hacía en esta casa”, dijo, en referencia al Congreso. Retomó la narrativa oficialista de que ahora el Ejecutivo auditará las universidades, pese a que ya existen los controles de la Auditoría General de la Nación y que era el propio presidente Milei el que demoraba una medida para que también la Sigen ponga su lupa sobre las casas de altos estudios. “No hay fuerza sobre la Tierra que impida que nosotros auditemos”, desafió.

Los funcionarios fueron inflexibles ante el reclamo del CIN para que los fondos del año que viene estén más cerca de sus gastos estimados en $7,2 billones y no los $3,8 billones que les destina el Presupuesto 2025. “Si quieren asignar más a educación, pueden redireccionar partidas de otros ámbitos”, le endilgó Torrendell a los legisladores.

Ante el contexto de que el total de los fondos que reciben las universidades el 90% va a los sueldos y apenas el 10% se destina a gastos de funcionamiento, Álvarez contraatacó: “Hoy las universidades en lo que respecta a gastos de funcionamiento están asistiendo a un aumento en la capacidad de compra; no tengo ninguna nota de los rectores pidiendo más fondos para funcionamiento”. En otro tramo, Alvarez apuntó contra los docentes al sostener que “hay mucho crecimiento de la planta que no está frente a cursos y que tenemos que revisar”.

La actitud de Álvarez pareció chocar con las señales que en las últimas horas dio el propio Gobierno al aceptar acordar con la UCR cambiar la redacción del artículo 17 del proyecto de Presupuesto que habla sobre el financiamiento universitario, como publicó hoy elDiarioAR. La modificación puntual sería sobre el apartado que versa sobre las transferencias, que estipula que el ministerio de Capital Humano “podrá interrumpir las transferencias de fondos” en caso de que las universidades no presenten ante la subsecretaría de Políticas Universitarias información oficial “para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”. Sobre esas negociaciones más reservadas hubo pocos guiños en la comisión.

Entre las chicas del subsecretario de Políticas Universitarias, se llevó una mención la Universidad de las Artes (UNA) que ayer realizó una performance en la estación de Once con el tema de Lali, Fanático. “Es una de las administraciones mas desastrosas”, dijo sobre esa universidad y agregó con ironía: “Me parece bien lo que hicieron en Once, no cabe duda que no son oficialistas”.

Y no faltó tampoco un cruce con el diputado del FIT Christian Castillo, quien le reprochó que el presupuesto universitario del año próximo será el más bajo desde 1996 y utilizó la frase de las marchas estudiantiles “universidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode”. Sin precisiones sobre a qué se refería, Alvarez le respondió: “Creemos que hay que retirar a la univeridad de cierto control de la burocracia y devolvérsela a los trabajadores”.

La exposión de Torrendell, en cambio, se destacó por la parsimonia. A pesar de los cuestionamientos que recibió, el secretario no se movió de su eje y repitió que el presupuesto 2025 incluye un 5% de fondos para educación y que ese porcentaje lo convierte en el más elevado desde 2012, con excepción de 2023, cuando llegó a 6%.

“Todos los programas tienen una reducción de entre el 9 y el 51 %, ¿cuál es el criterio que establecieron para la asignación de recursos?”, comenzó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, al abrir la ronda de preguntas de los diputados. “Estamos frente a un presupuesto que nos averguenza que pone a la educación frente a un desbarranque notable”, siguió la diputada de Unión por la Patria, Blanca Osuna. “Se comieron el 80% del prespuesto destinado a escuelas técnicas. Están haciendo un brutal desfinanciamiento de la escuela tecnica, se comieron”, advirtió su compañero de bloque Germán Martínez.

Ante cada pregunta, Torrendell argumentó que el presupuesto 2025 implica un “manejo eficiente” de los recursos. “El uso inteligente de la inversión, con un cambio de paradigma, de manera de pasar de distribuir recursos de forma atrasada a hacerlo al finalizar cada mes, o los primeros 2 o 3 días hábiles del mes que sigue”, dijo.

Mucho más picante que su jefe político, Álvarez siempre fue con los tapones de punta para responderle a los diputados. Aseguró que el conflicto universitario lleva una “campaña del miedo” y aseveró: “No vamos a cerrar ninguna universidad. No queremos desfinanciar la universidad”.

MC

En la antesala de la marcha federal en rechazo al veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno decidió salir al cruce de los gremios universitarios en pie de lucha. Mientras que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el veto será total y repitió el argumento del equilibrio fiscal, el mismo que utilizan para todas las iniciativas que impactan en el presupuesto del Estado, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez, planteó este lunes que “hay que ser responsables” ya que “los recursos son finitos” y aseguró que “se vienen dando aumentos todos los meses, incluso por arriba de la pauta general del Estado”.

La Casa Rosada se prepara para una semana clave en su pulseada con las universidades. Alumnos, docentes y rectores se alistan para la movilización que tendrá lugar este miércoles 2 de octubre, una demostración de fuerza que inquieta al oficialismo, pero sobre todo a Sandra Pettovello: la ministra de Capital Humano teme que el conflicto escale al punto de repetir la foto de la masiva marcha federal del 23 de abril. Esta vez, la chispa que encendió la pradera fue el anuncio del veto presidencial al proyecto de ley, que el Senado aprobó el pasado 13 de septiembre y que Milei ya anticipó que dejará sin efecto, al igual que hizo con el aumento de las jubilaciones.

Desde que la notificación llegó a Balcarce 50 proveniente del Senado, comenzó la cuenta regresiva de 10 días hábiles que tiene el Presidente para definir su postura, la cual fue reafirmada este lunes por el jefe de Gabinete. “El Gobierno tiene una función definida, no va a hacer nada que afecte al equilibrio fiscal. Quienes sostienen lo contrario deben decir de dónde salen los recursos”, apuntó Francos durante una entrevista con Radio Mitre. 

Por su parte, el subsecretario Álvarez señaló que algunos gremios no reconocen los aumentos otorgados y que utilizan como referencia un sistema de empleo público (SINEP) que representa “una porción muy chica del Estado”. Además, en diálogo con Futurock, aclaró que los recientes incrementos salariales no están relacionados con la marcha, sino que se dieron “incluso sin haber llegado a un acuerdo”. “En julio, en la administración pública fue del 3,5%, mientras que en empleados de universidades fue de 7,5%”, indicó el funcionario al frente de la relación con las universidades.

Álvarez también criticó el proyecto de financiamiento porque, a su entender, introduce al Poder Legislativo en una discusión que debería permanecer en el ámbito de las paritarias. “Tenemos la única paritaria de todo el país con actualización por proyecto de ley. El Congreso abusa de su autoridad”, apuntó, para después denunciar que la UCR y otros sectores opositores “usan algo que es real, como el atraso de salarios en universidades, para tratar de sobrevivir políticamente y poner al gobierno en problemas”. 

En tanto, en relación a la polémica sobre la cantidad de alumnos no registrados que abrió el secretario de Educación, Carlos Torrendell, al decir que las universidades “inventan” alumnos para cobrar fondos, Álvarez señaló que una revisión de los datos del sistema de información universitaria reveló que alrededor de 600.000 alumnos no tienen registros de materias cursadas. “Son alumnos que figuran como alumnos, pero cuando pedís datos de la materia, tienen cero datos cargados”, precisó.

“En los últimos 10 años viene creciendo la matricula, pero la cantidad de graduados se mantiene igual. Incluso hay universidades que tienen menos graduados, como la de San Luis. Llama la atención que tengan más recursos, personal, presupuesto y misma cantidad de graduados”, sumó, sin rehuirle a la confrontación.

En los últimos días, Torrendell y Álvarez fueron quienes más preocupados se mostraron internamente por lo que puede llegar a suceder este miércoles. Ambos se reunieron el martes de la semana pasada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de analizar la situación y delinear una estrategia de cara al conflicto, sobre todo en el plano salarial. Sin embargo, las tratativas fueron infructuosas.

El Presidente tiene tiempo hasta el jueves para vetar la norma sancionada por el Congreso. Ese día vence el plazo legal para tomar esa medida. Una vez que sea firmado por Milei, La Libertad Avanza se deberá enfrentar nuevamente al resto de los bloques de la oposición, para defender la decisión y evitar que se insista con la norma. Por eso, en el ámbito universitario ven a la marcha de este miércoles 2, que esta vez tendrá como epicentro a la Plaza de los Dos Congresos, como una acción de presión al Poder Legislativo para que junte nuevamente los dos tercios y rechace el veto.

PL/JJD

En la madrugada de hoy, el Senado de la Nación convirtió en Ley la iniciativa que apunta a garantizar el financiamiento para las Universidades Nacionales de todo el país. Sin embargo, es una posibilidad que el presidente Javier Milei ejerza el veto, del mismo modo que lo hizo con la mejora en los haberes jubilatorios.

Esta Ley se enmarca en una situación excepcional del 2024: no se sancionó el presupuesto correspondiente sino que el nuevo gobierno decidió prorrogar el vigente en 2023, para poder disponer discrecionalmente de los recursos públicos. Como parte de esa discrecionalidad, el Poder Ejecutivo decidió desfinanciar significativamente a las universidades: en los primeros siete meses de 2024, las casas de estudio recibieron 34% menos de recursos en términos reales que en el mismo período de 2023.

Ese ajuste se basó principalmente en la licuación de los salarios docentes y no docentes: en lo que va de 2024, el poder adquisitivo de los sueldos se derrumbó 25% con respecto a noviembre de 2023. Es decir, perdieron un cuarto de su capacidad de compra. 

En peor situación se encuentran quienes poseen categorías más bajas: desde diciembre no se actualiza la garantía salarial docente, ese piso mínimo para quien ingresa a dictar clases, que continúa en $125.000 netos en la dedicación simple, $250.000 en la semi exclusiva y $500.000 en la exclusiva.

Al igual que ocurre con el congelamiento del bono de $70.000 para los haberes previsionales, la garantía salarial docente se encuentra totalmente licuada desde diciembre a esta parte. Como consecuencia, quienes estaban alcanzados por este piso, sufrieron un recorte mayor de sus salarios. Por caso, un Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple sin antigüedad, perdió desde noviembre a esta parte un 34% de su poder adquisitivo.

Es en este marco, el Poder Legislativo sanciona un proyecto para revertir esa situación de manera temporal. Es decir, su alcance se limita al año 2024 en el cual no hay presupuesto sancionado sino que el Ejecutivo dispuso una prórroga del año anterior. En este punto, hay que recordar que la propia Constitución Nacional establece en su artículo 75 inciso 8 que es atribución del Congreso de la Nación fijar el presupuesto de gastos de la administración nacional. Es en uso de esa atribución que este proyecto se convirtió en Ley.

¿En qué consiste la Ley? Establece una actualización de las partidas presupuestarias para las universidades. En lo que refiere a los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios, incentivos a la ciencia y a la técnica y actividades de extensión, el aumento toma en consideración la inflación de 2023, y luego actualiza bimestralmente, también por inflación (descontando los incrementos que ya se hayan efectivizado de manera discrecional por el Ejecutivo).

En el caso de los salarios, tanto docentes como no docentes, la recomposición se debe calcular en función de la inflación acumulada desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la Ley. Según los datos publicados por Indec, hasta agosto inclusive, el IPC fue de 144%. Los aumentos otorgados hasta septiembre ascienden a 89,5% (incluyendo septiembre), por ende, los salarios deberían incrementarse 29% si Milei no veta la ley sancionada. A su vez, hacia adelante, debieran aumentarse de manera mensual en función del índice de inflación de dos meses atrás (de igual manera que el Decreto dictado por el presidente para actualizar las jubilaciones). 

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el gasto correspondiente (considerando que la Ley se sancionaba en agosto) en 0,14% del PBI, unos $739.000 millones. Este monto resulta muy inferior al que el Estado dejará de recaudar por reducir la alícuota del impuesto PAIS (que el propio gobierno había aumentado al asumir en diciembre). En septiembre representará una pérdida de recaudación de $400.000 millones. Es decir, con dos meses de recaudación, alcanzaría y sobraría para abonar la recomposición a las universidades. 

Una vez más, se trata de prioridades. Plata hay, lo que no hay es una decisión de impulsar la educación pública, gratuita y de calidad.

En medio de la agudización del conflicto de la educación superior, con paros docentes en todo el país, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley propuesto por la UCR para ampliar las partidas para universidades públicas nacionales. Obtuvo 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. La iniciativa pudo ser aprobada tras un acuerdo entre los radicales, EF, y UxP, donde se estableció el mecanismo salarial que tendrá el personal universitario, que será de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor.

Tras 17 horas de sesión, a las 4.30 comenzó la discusión del proyecto. El tema que se metió por la ventana en el temario a través de un acuerdo de último momento entre el oficialismo y el bloque de la UCR. Sin ese acuerdo, el oficialismo no habría logrado el quórum para siquiera iniciar la sesión.

La cuestión del financiamiento universitario ya lleva varios meses de arrastre y tuvo como punto clímax de conflictividad el 23 de abril pasado en la masiva Marcha Nacional Universitaria para reclamar por la urgente recomposición de las partidas para gastos de funcionamiento y pago de salarios.

El primer proyecto puesto en consideración, que tenía dictamen de mayoría, de Unión por la Patria, fue rechazado en la votación. Este proyecto incluía la actualización bimestral de las partidas presupuestarias como el anterior, incorporaba ítems adicionales con un costo fiscal mayor, como la ampliación de beneficiarios y montos de las becas Progresar, y obligaba a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios. La propuesta también contemplaba la actualización presupuestaria para ciencia y técnica y el desarrollo de proyectos especiales, institutos tecnológicos y la extensión universitaria.

Por otra parte, el dictamen de minoría que finalmente fue aprobado en general con 143 votos afirmativos y 77 negativos, está firmado por la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal. Con la diputada bonaerense Danya Tavela como autora principal, propone una actualización del presupuesto universitario basada en la inflación del año pasado, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC.

Puntos clave del proyecto

Qué dice la UCR

Instantes después de aprobarse el proyecto del radicalismo, el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace, dio a través de un hilo de X un punteo sobre lo aprobado este jueves en Diputados tras más de 20 horas de sesión.

De acuerdo al dirigente radical, “el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades. ¡No más recortes! Este es un compromiso con el futuro de nuestros jóvenes. Cada dos meses, el gobierno deberá ajustar los presupuestos de acuerdo a la inflación. ¡Nada de excusas! La educación no puede esperar mientras la inflación se come los recursos”, detalla Cacace.

Según el exdiputado, “se protegerán los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones mensuales según la inflación. ¡Basta de sueldos que no alcanzan! La calidad educativa se sostiene con salarios dignos”, reclamó desde la red social.

Asimismo, Cacace explicó que la ley “también establece una expansión de las becas estudiantiles. Más estudiantes tendrán acceso a apoyo económico para poder estudiar. ¡Nadie se queda afuera!”

Y concluye: “¡Este proyecto no es solo un presupuesto, es una declaración de principios! La educación pública es intocable, y no permitiremos que la destruyan con excusas de austeridad. ¡Seguimos luchando!”.

Meses de cruces, protestas y debates

El pasado 24 de abril, Unión por la Patria convocó a una sesión especial para tratar este asunto junto con la restitución del FONID, pero el radicalismo dejó el recinto sin quórum, pese a haber participado de la marcha del día anterior.

En el medio el Gobierno nacional acordó algunos desembolsos parciales por 270 millones de pesos que servían para financiar gastos administrativos de funcionamiento por algunos meses del año, pero sin dar respuesta a los reclamos salariales.

El 21 de mayo, se desarrolló una sesión en la que la oposición logró emplazar a las comisiones para dictaminar sobre estos dos proyectos educativos.

Con los dictámenes en la mano, comenzó un derrotero sinuoso para el radicalismo, que prometió llevar el tema al recinto en varias ocasiones, incluso pidiendo una sesión especial para comienzos de julio, que luego retractó.

Con la reactivación del conflicto universitario como telón de fondo, la UCR volvió a insistir con el proyecto de presupuesto universitario y presionó con un pedido de sesión para ayer, que se superponía con la convocatoria al recinto que había hecho el oficialismo.

El acuerdo para unificar temarios resolvió ese primer obstáculo, pero después, tras más de tres horas de discusión, se definió qué dictamen prevalecía, habiendo dos opciones con posibilidades.

Los dictámenes sobre Presupuesto Universitario

El dictamen de minoría firmado con 21 firmas de la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, que tiene como autora principal a la radical Danya Tavela, propone actualizar el presupuesto universitario tomando como criterio la inflación del año pasado medida por INDEC, y a partir de esa base empezar a indexarlo de forma bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del IPC, 25% la variación del dólar y otro 25% la variación de las tarifas de servicios públicos.

Además, establece una modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior y dicta la obligatoriedad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de realizar auditorías en el Congreso nacional sobre las erogaciones de las universidades nacionales.

El dictamen de mayoría de Unión por la Patria, que cosechó 34 firmas, también proponía actualizar bimestralmente las partidas presupuestarias, pero incorpora otros ítems que generan mayor costo fiscal como la ampliación de los beneficiarios y de los montos de las becas Progresar.

Además, el proyecto del kirchnerismo incorporaba un artículo que explícitamente obliga a recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios.

“El Poder Ejecutivo dispondrá una inmediata actualización de las partidas presupuestarias relativas a los salarios docentes y no docentes universitarios a los efectos de recomponer el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y actualizar la garantía salarial docente del sector”, señalaba el texto.

En tanto, la iniciativa preveía la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria.

Al abrir el debate, la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna advirtió que la caída del salario docente en universidades “oscila entre el 30 y el 40%”, y dijo que “no es casualidad” que se haya desarrollado la multitudinaria Marcha Nacional del pasado 23 de abril.

Con información de agencias.

IG