En la Casa Rosada siguieron con atención el fracaso de la sesión especial en Diputados, donde la oposición no consiguió reunir el quórum necesario para avanzar contra el DNU 70/2023. El resultado fue recibido como un alivio por el oficialismo, que había dedicado buena parte de sus esfuerzos de los últimos días a desactivar la convocatoria. Pero la tranquilidad parlamentaria contrastó con las imágenes que empezaban a llegar desde las calles del centro porteño, donde estudiantes, docentes y organizaciones sindicales se preparaban para protagonizar la quinta Marcha Federal Universitaria.

Con epicentro en la Plaza de los Dos Congresos, de la movilización —que terminó con incidentes— participaron estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, rectores y organizaciones sindicales, entre ellas la CGT, las dos CTA y ATE. La protesta se replicó en distintas ciudades del país y volvió a poner en discusión el deterioro de los salarios universitarios, el funcionamiento de las instituciones y la ejecución de los fondos previstos por ley.

En el entorno de Javier Milei sostienen que la discusión por el financiamiento de las casas de altos estudios debe encuadrarse dentro de las restricciones presupuestarias que establece el programa económico y rechazan cualquier iniciativa que, según su interpretación, comprometa el equilibrio fiscal. La movilización, en ese sentido, no parece destinada a alterar la estrategia oficial. La prioridad sigue siendo preservar las cuentas públicas, incluso a costa de prolongar un enfrentamiento que ya atravesó vetos presidenciales, insistencias parlamentarias y resoluciones judiciales adversas.

La marcha encontró a Milei fuera del país, durante un nuevo viaje a Estados Unidos, y a su equipo político concentrado en las negociaciones legislativas. En los despachos oficiales consideran que el Gobierno tiene argumentos para defender su política universitaria y cuestionan que las organizaciones que encabezan el reclamo presenten el conflicto exclusivamente como una discusión por los recursos educativos.

La posición del Ejecutivo quedó expuesta durante la conferencia de prensa que Adrián Ravier ofreció el martes pasado, cuando faltaban apenas 48 horas para la movilización. El vocero presidencial buscó relativizar el alcance del reclamo y puso en duda las motivaciones de quienes convocaron a la protesta. “¿Es una marcha política o es una marcha por la educación?”, preguntó, después de cuestionar que las mismas organizaciones no se hubieran movilizado durante los gobiernos kirchneristas.

Ravier fue más allá y apuntó contra el tratamiento periodístico del conflicto. Les pidió a los medios que ayudaran a desmentir lo que consideró una versión equivocada sobre la política universitaria del Gobierno y sostuvo que el Ejecutivo había realizado esfuerzos para recomponer los ingresos docentes. Mencionó un aumento del 24% y otro posterior del 3%, y defendió las negociaciones encabezadas por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Pero dejó en claro que cualquier mejora tendrá un límite infranqueable: el equilibrio fiscal.

En la Casa Rosada buscan restarle dramatismo a la convocatoria de este jueves y separar el reclamo universitario de lo que consideran una ofensiva política contra el Gobierno. La lectura que transmiten es que la movilización no modificará la posición del Ejecutivo sobre el financiamiento y que cualquier recomposición deberá ajustarse a las metas fiscales. “Pueden llenar la plaza todas las veces que quieran, pero no vamos a romper el equilibrio fiscal”, sentenció un funcionario ante la consulta de elDiarioAR.

La convocatoria llega, además, en un momento particularmente incómodo para el Ejecutivo. En las últimas horas, el juez federal Martín Cormick dispuso una multa diaria de $100.000 contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución obliga al Gobierno a actualizar los salarios del sector y garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles, dos de los puntos centrales del reclamo que vuelve a expresarse en las calles.

La disputa judicial mereció una explicación particular durante la conferencia del martes. Frente a los cuestionamientos por la falta de aplicación de la ley, Ravier ensayó una distinción: “No es cierto que no se esté cumpliendo con esa ley. Es una ley que está interrumpida”. El funcionario sostuvo que todavía no estaba definida la respuesta del Ejecutivo frente al fallo judicial y volvió a cuestionar al Congreso que había sancionado la norma por no establecer, según su interpretación, las fuentes de financiamiento necesarias.

El conflicto judicial representa un problema adicional para la Casa Rosada, porque reduce el margen para administrar los tiempos de una discusión que el oficialismo preferiría trasladar al debate del Presupuesto 2027. El Gobierno había vetado la ley sancionada por el Congreso con el argumento de que no contemplaba fuentes de financiamiento suficientes, pero ambas cámaras insistieron en su aprobación. Desde entonces, la disputa dejó de limitarse al terreno legislativo y se trasladó también a los tribunales, donde las universidades buscan obligar al Ejecutivo a cumplir con la norma.

En el entorno presidencial mantienen la defensa del veto y del programa fiscal como argumentos centrales. La posición oficial parte de una premisa que Milei convirtió en una de las principales banderas de su administración: ninguna demanda sectorial, por extendido que sea su respaldo social, puede justificar un incremento del gasto que el Gobierno considere incompatible con sus metas económicas. Esa lógica explica por qué, pese a la sucesión de movilizaciones, el Ejecutivo no dio señales de estar dispuesto a conceder una recomposición presupuestaria en los términos exigidos por las universidades.

La discusión, de todos modos, está lejos de agotarse. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla alrededor de $7,35 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama partidas superiores a los $11 billones. La distancia entre ambas cifras anticipa una negociación compleja en el Congreso, donde La Libertad Avanza necesita construir mayorías para aprobar una de las iniciativas que el Presidente considera prioritarias para consolidar su programa económico.

En ese escenario, la protesta universitaria aparece como una dificultad que el Gobierno deberá administrar en paralelo con otras negociaciones. La mesa política, que volvió a reunirse esta semana después de un paréntesis de siete días, tiene entre sus principales objetivos asegurar los votos necesarios para el Presupuesto y avanzar con una serie de reformas que incluyen cambios en el sistema electoral y nuevas iniciativas económicas. La relación con los gobernadores resulta decisiva para esa estrategia.

La sesión frustrada de este jueves ofreció una muestra de esa capacidad de negociación. La oposición no consiguió reunir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto y tratar el rechazo al DNU 70, una iniciativa que había cobrado impulso después de los fallos de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. En los días previos, el oficialismo había avanzado con una propuesta para restituir los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros mediante modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La concesión buscó quitarle argumentos a quienes pretendían rechazar el megadecreto completo y preservar una herramienta central de la gestión libertaria.

La evaluación política de la jornada, sin embargo, es más compleja. En el oficialismo distinguen entre el impacto de una movilización y la capacidad de la oposición para convertir ese descontento en una derrota legislativa. “La oposición puede juntar gente en la calle, pero las leyes se votan en el Congreso, no en la plaza”, sentenciaron.

PL/CRM

La quinta Marcha Federal Universitaria estuvo marcada este jueves por incidentes frente al Congreso de la Nación, donde las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y utilizaron camiones hidrantes contra un grupo de manifestantes, minutos antes del acto central de la movilización convocada para exigir al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los enfrentamientos se registraron durante la tarde, cuando algunos manifestantes arrojaron piedras y cascotes contra el vallado dispuesto alrededor del Palacio Legislativo e intentaron derribar las estructuras. Los efectivos de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, lo que provocó corridas y momentos de tensión en las inmediaciones de la avenida Entre Ríos.

Los incidentes se produjeron mientras miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias y representantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales se concentraban en la Plaza del Congreso para reclamar mayores recursos para las universidades nacionales.

El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, salió del recinto tras los enfrentamientos y cuestionó el accionar policial. “Hubo una provocación”, afirmó ante la prensa.

“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, sostuvo el legislador.

La movilización había sido convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles, con el respaldo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Bajo las consignas “Educación, soberanía y democracia” y “Milei, cumplí la ley”, los manifestantes volvieron a reclamar la ejecución de la norma aprobada por el Congreso.

La columna de la UBA partió desde Plaza Houssay y avanzó por las avenidas Córdoba y Corrientes hasta llegar a la zona del Congreso. La convocatoria tuvo réplicas en distintas provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Jujuy y La Pampa.

El operativo de seguridad había comenzado horas antes, con vallados y cortes de tránsito alrededor del Palacio Legislativo. Participaron efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal, mientras que también se registró la intervención de personal de Gendarmería durante los incidentes.

El reclamo por el financiamiento universitario

La quinta movilización federal se realizó en medio de un conflicto que continúa abierto por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025. La norma establece mecanismos de actualización presupuestaria para las universidades nacionales y de recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes.

El presidente Javier Milei vetó la ley en septiembre del año pasado, pero el Congreso rechazó el veto. Posteriormente, el Poder Ejecutivo suspendió su ejecución mediante un decreto, lo que dio lugar a una disputa judicial.

En ese contexto, el juez federal Martín Cormick dispuso una multa de 100.000 pesos diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y las becas estudiantiles.

El deterioro presupuestario es uno de los principales motivos de la protesta. Según un relevamiento publicado por Chequeado, el gasto previsto para educación superior en 2026 se encuentra un 25,3% por debajo del registrado en 2023, en términos reales. En tanto, los salarios docentes acumulan una pérdida del poder adquisitivo del 24,2% respecto de noviembre de ese año.

El informe señala además que, para cumplir con la actualización salarial establecida en la ley, el Gobierno debería otorgar un incremento adicional del 32% sobre los haberes de septiembre.

La movilización coincidió también con una jornada de protestas de organizaciones sociales, sindicales y políticas que reclamaron la derogación del DNU 70/2023 y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En ese escenario de reclamos simultáneos, la intervención de las fuerzas de seguridad volvió a generar cuestionamientos por el desarrollo de los operativos policiales durante las manifestaciones frente al Congreso.

El juez federal Martín Cormick resolvió este miércoles aplicar una multa de 100.000 pesos por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, después de constatar que el Gobierno no cumplió con la medida cautelar que lo obliga a implementar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción económica comenzará a regir por la persistencia del incumplimiento y podrá aumentar si el Poder Ejecutivo continúa sin acatar la resolución.

La decisión del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 responde a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había denunciado que el Gobierno dejó vencer los plazos judiciales sin concretar las actualizaciones salariales y de las becas previstas por la legislación.

En su resolución, Cormick dispuso hacer efectivo el apercibimiento que había formulado el 30 de septiembre y estableció una primera multa diaria de 100.000 pesos. También dejó abierta la posibilidad de revisar tanto la cifra como los funcionarios alcanzados por la sanción.

Las multas, conocidas jurídicamente como astreintes, son medidas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial. En este caso, el magistrado las dirigió al titular de la Jefatura de Gabinete, aunque podrían extenderse a otros integrantes del Ejecutivo si persiste la desobediencia. Entre los funcionarios que podrían quedar alcanzados se encuentran la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Una medida judicial que el Gobierno sigue sin cumplir

El conflicto se originó en la decisión del Ejecutivo de condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso determinara de dónde saldrían los recursos necesarios para financiarla.

La norma, aprobada por el Parlamento y posteriormente ratificada tras el veto presidencial, contempla la recomposición de los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas, la actualización de las becas estudiantiles y el incremento de los recursos destinados al funcionamiento del sistema universitario.

Sin embargo, mediante el decreto 759/2025, la administración de Javier Milei supeditó su implementación a la identificación de las fuentes de financiamiento. Esa disposición fue cuestionada judicialmente por las universidades, que consideraron que el Ejecutivo estaba desconociendo una ley cuya vigencia había sido reafirmada por el Congreso.

En el marco de ese litigio, Cormick dictó una medida cautelar que ordenó avanzar con la actualización de las remuneraciones del personal universitario y las becas. La resolución fue confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio de este año.

Ante la falta de cumplimiento, el magistrado intimó al Estado a ejecutar las medidas en un plazo de cinco días. El vencimiento de ese término, seguido de una nueva prórroga sin que se concretaran los pagos reclamados, llevó al CIN a solicitar la aplicación de sanciones económicas.

El juez ya había señalado que la documentación presentada por el Ejecutivo no demostraba que los incrementos salariales otorgados hubieran permitido recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. En relación con las becas, reconoció avances respecto de la Manuel Belgrano, pero consideró que seguían pendientes otras obligaciones establecidas por la ley.

Los argumentos del Gobierno

La administración nacional rechaza la interpretación judicial sobre el alcance de las recomposiciones exigidas y sostiene que realizó aumentos suficientes para cumplir con sus obligaciones.

En su presentación ante la Justicia, el Ejecutivo aseguró que los incrementos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,80%, porcentaje que, según sus cálculos, supera levemente la inflación correspondiente al período que tomó como referencia.

También destacó la convocatoria a negociaciones paritarias y una propuesta de mejora salarial del 3% para septiembre de 2026, que se sumaría a otro incremento del mismo porcentaje acordado en junio.

Para el Gobierno, esas medidas representan una respuesta a las exigencias de actualización de los haberes universitarios. En cambio, cuestionó el criterio que implicaría aplicar una recomposición acumulada del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de este año.

El Ejecutivo argumentó que una actualización de esa magnitud no cuenta con partidas específicas en el Presupuesto 2026 y advirtió que la medida cautelar lo obliga a afrontar compromisos económicos cuyo monto, a su entender, no está suficientemente determinado.

Por ese motivo, solicitó que su apelación suspendiera los efectos de la decisión judicial. No obstante, Cormick rechazó esa pretensión respecto de la cautelar, que continúa vigente mientras se tramita la revisión del expediente principal.

El decreto que frenó la aplicación de la ley

La controversia tuvo otro capítulo el 6 de octubre, cuando Cormick declaró inconstitucional la disposición del decreto 759/2025 que subordinaba la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de recursos presupuestarios.

El magistrado consideró que esa condición desconocía las atribuciones del Congreso, que había insistido con la sanción de la norma después del veto presidencial. Además, señaló que la propia ley contempla mecanismos para afrontar los gastos, entre ellos la reasignación de partidas y la utilización de ingresos excedentes.

El Gobierno apeló ese pronunciamiento y la cuestión deberá ser examinada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, esa discusión no elimina la obligación de respetar la medida cautelar que ordena las actualizaciones.

La multa contra Santilli se inscribe precisamente en ese escenario: mientras continúa la disputa judicial sobre el decreto, el Ejecutivo debe cumplir con una orden que permanece vigente.

Una nueva Marcha Federal Universitaria

La resolución se conoció un día antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en distintos puntos del país.

Docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y organizaciones sindicales volverán a movilizarse para reclamar la aplicación efectiva de la ley y denunciar el deterioro presupuestario de las universidades públicas. En la Ciudad de Buenos Aires está prevista una concentración frente al Congreso desde las 10.30.

La protesta se desarrollará en una jornada que incluirá otras movilizaciones frente al Parlamento, en coincidencia con el tratamiento legislativo del DNU 70/2023.

La Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que, si persiste el incumplimiento, comenzará a imponer multas diarias.

La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien consideró que el Poder Ejecutivo no dio todavía “cumplimiento total” a la cautelar que se encuentra vigente y firme.

“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, sostuvo Cormick en su resolución.

Las astreintes son multas económicas que puede imponer un juez con el objetivo de lograr el cumplimiento de una orden judicial y, en este caso, podrían aplicarse por cada día que transcurra una vez vencido el plazo otorgado al Ejecutivo.

La medida alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

La intimación había sido reclamada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sostiene que el Gobierno no cumplió integralmente con lo dispuesto por la Justicia.

La decisión constituye un nuevo capítulo de una disputa judicial que comenzó a fines del año pasado. En diciembre de 2025, Cormick dictó la cautelar a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del CIN y distintas universidades nacionales. El planteo busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó posteriormente la medida. El 25 de junio pasado, la Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno por considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, con lo que la cautelar quedó firme.

En medio de ese recorrido judicial, el 10 de junio la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes habían firmado un acta por la cual el Estado se comprometió a transferir fondos para incrementar en un 24,33% la masa salarial, aumentar un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar en $50.000 millones las partidas destinadas a hospitales universitarios.

El acuerdo contempló también una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio y estableció un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias. Para el Gobierno, esas medidas satisfacían “en lo sustancial” los artículos 5 y 6 de la ley. El CIN, en cambio, sostuvo que el convenio no cubría la totalidad de las obligaciones establecidas por la norma.

El Ejecutivo pidió entonces que se levantara la cautelar, pero el 1 de septiembre Cormick rechazó el planteo al considerar que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados eliminaran los perjuicios que habían dado origen a la medida judicial.

El magistrado sostuvo que “el Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” de esos acuerdos respecto de los “perjuicios graves de imposible reparación ulterior” y señaló que tampoco existía “una definición efectiva y final” sobre el deterioro de los ingresos y la pérdida salarial.

La nueva resolución judicial se conoció, además, en medio de una escalada del conflicto salarial universitario. El 17 de septiembre fracasó una nueva reunión paritaria en la que la Secretaría de Educación ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por los sindicatos.

Según las estimaciones difundidas por las universidades nacionales y los gremios del sector, la recomposición salarial pendiente ronda el 31%, aunque existen diferencias entre las organizaciones respecto del cálculo exacto de la pérdida acumulada.

Tras el fracaso de la negociación, los gremios profundizaron las medidas de fuerza. ADUBA y APUBA iniciaron un esquema escalonado de paros y actividades de visibilización que comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre.

“Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir”, afirmó el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.

El conflicto tendrá otro punto de confluencia el próximo 15 de octubre, cuando se realice frente al Palacio de Tribunales una nueva Marcha Federal Universitaria, la segunda de este año, en reclamo del cumplimiento de la ley y de una recomposición de los salarios docentes y no docentes.

El Gobierno nacional salió este lunes al cruce del paro universitario convocado para este miércoles 12 de agosto y calificó la medida de fuerza como una protesta de “carácter político”. A través del Ministerio de Capital Humano, además, ratificó la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales para el próximo 1° de septiembre.

La respuesta oficial llegó luego de que distintas organizaciones sindicales confirmaran una jornada de paro nacional por 24 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo, en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de distintos puntos de la Ley de Financiamiento Universitario.

En un comunicado difundido este lunes, la cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que la reunión paritaria fue acordada “conforme al cronograma oportunamente establecido” y buscó rechazar los cuestionamientos de los gremios por la falta de una discusión salarial.

“Desde el Ministerio de Capital Humano se ratifica la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes para el 1° de septiembre”, señaló el Gobierno.

A su vez, desde la cartera educativa defendieron el accionar de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y aseguraron que el organismo actuó “en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia”.

Con ese argumento, el Ejecutivo cuestionó la medida de fuerza que se llevará adelante este miércoles y sostuvo que no responde a una situación de incumplimiento por parte del Estado.

“El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional”, afirmó el Ministerio de Capital Humano en el comunicado.

El reclamo de los gremios universitarios

La medida de fuerza fue confirmada la semana pasada por distintas organizaciones sindicales y se realizará durante 24 horas. Docentes y no docentes reclaman una recomposición de sus salarios y sostienen que existe una pérdida acumulada que, según sus estimaciones, alcanza el 28,5% hasta junio.

El reclamo también incluye la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y la transferencia de recursos contemplados en esa normativa.

Entre los planteos de los sindicatos figura además el envío de fondos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Las organizaciones cuestionan particularmente la falta de transferencia de un incremento del 20% previsto para ese concepto.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió adherir al paro de este miércoles, mientras que Conadu Histórica anunció una nueva jornada de protesta de mayor extensión. Según anticipó esa organización, realizará un paro nacional desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.

Los gremios también reclaman el envío de una partida extraordinaria de $50.000 millones destinada a los hospitales universitarios y la implementación de distintos componentes previstos en la Ley de Financiamiento Universitario que, según sostienen, permanecen sin ejecución.

En paralelo, las organizaciones sindicales analizan la posibilidad de convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria. La eventual movilización buscaría reunir nuevamente a docentes, trabajadores no docentes, estudiantes, investigadores y representantes de distintos sectores vinculados con el sistema científico y educativo.

De esta manera, el paro de este miércoles se inscribe en un conflicto que excede la discusión salarial y que tiene como uno de sus ejes centrales la aplicación de la normativa de financiamiento universitario.

Con información de la agencia NA

Tras semanas de negociaciones y un clima de creciente tensión en el sistema universitario, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un acuerdo para actualizar los salarios de docentes y no docentes y garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.

El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos y fue respaldado por los gremios del sector, aunque no implica el cierre definitivo del conflicto entre las universidades y la Casa Rosada.

De acuerdo con lo acordado, los trabajadores universitarios recibirán un aumento del 21,33% en julio y otro 3% en octubre. La mejora salarial incluye siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y una compensación por la pérdida de poder adquisitivo acumulada hasta mayo de este año.

Además de la cuestión salarial, las conversaciones permitieron avanzar sobre otros reclamos planteados por las universidades. Entre ellos, un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos destinada a hospitales universitarios, un pedido impulsado especialmente por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el oficialismo interpretaron el acuerdo como una señal de éxito de su estrategia negociadora. Cerca del Gobierno sostienen que lograron mantener la disciplina fiscal sin modificar sustancialmente la oferta que habían llevado a la mesa de diálogo y destacan que los rectores terminaron aceptando una propuesta que semanas atrás consideraban insuficiente.

Sin embargo, el acuerdo no desactiva todos los frentes de conflicto. Las autoridades universitarias confirmaron que continuarán con las acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue vetada por el presidente Javier Milei y cuya validez se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el sector sindical también valoraron el resultado de la negociación, aunque remarcaron que el proceso de recuperación salarial está lejos de concluir.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) destacó que el entendimiento llegó luego de “dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales” y consideró que representa un avance en el reclamo que mantienen desde el inicio de la gestión libertaria.

“Logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente”, señaló la organización en un comunicado.

No obstante, la federación advirtió que el objetivo sigue siendo recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido en los últimos años y sostuvo que las medidas de reclamo continuarán mientras persista esa brecha.

De este modo, aunque el acuerdo descomprime la situación financiera de las universidades y evita nuevas medidas de fuerza en lo inmediato, la discusión de fondo sobre el financiamiento del sistema universitario público permanece abierta y tendrá uno de sus capítulos decisivos en la Corte Suprema.

Con información de la agencia NA

Javier Milei apareció esta mañana en un aula de la Universidad San Andrés para dar una “clase” a un grupo de estudiantes de la casa de altos estudios privada. La exposición del mandatario ocurre una semana después de la multitudinaria cuarta marcha federal para exigirle que cumpla con la Ley de Financimiento para las universidades públicas.

La disertación de Milei no se transmitió públicamente, sino que fue una clase cerrada. El cineasta Santiago Oría, que filma todos los movimientos del libertario, subió una foto a sus redes mostrando al mandatario dentro de una de las aulas de la San Andrés. La universidad amaneció esta mañana de lunes con una fuerte custodia de seguridad.

En la previa el Gobierno había dicho que Milei buscaba “sorprender a los estudiantes” con una charla de economía. Milei disertó ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Univ de San Andrés Estuvo junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el rector de la universidad, Lucas Grosman.

En tanto, este martes 19 a las 11.30 el mandatario participará de otro coloquio en el Malba. Allí disertará, según trascendió, sobre “la inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo de nuestro país”.

Milei se niega a cumplir la ley que fue votada e insistida en el Congreso el año pasado. El argumento libertario es que que la aplicación de la norma implicaría un gasto adicional de $1,9 billones y advirtió que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal, lo que se traduciría en “más inflación y más pobreza”.

La situación está judicializada y ahora tiene que definir la Corte Suprema.  Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6%: en ese período la inflación fue del 293%, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160%.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), solicitó de manera formal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “se expida a la mayor brevedad” en la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento y le exija al Gobierno Nacional su “inmediata aplicación”.

Esta ley, votada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso, impacta de manera directa, no sólo en el presupuesto universitario, sino también en la recomposición salarial docente.

Las autoridades universitarias pidieron, una vez más, la “implementación inmediata” de la norma porque argumentan que el Gobierno Nacional carece de un “fallo definitivo a su favor” que lo habilite continuar sin aplicar la Ley 27.795.

Asimismo, manifestaron que los fondos transferidos registran una caída real acumulada del 45,6% entre los años 2023 y 2026, coincidentes con el inicio del mandato del presidente Javier Milei. Esta situación también impacta negativamente en las becas estudiantiles, en la investigación científica y en el funcionamiento de hospitales escuela como es el caso, por ejemplo, del Hospital de Clínicas, entre otros.

Previamente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario al Poder Ejecutivo Nacional y suspendió la medida cautelar que obligaba al Gobierno Nacional a pagar los fondos; por ese motivo, el caso se trasladó formalmente al máximo tribunal de Justicia.

Este pedido institucional a la Corte Suprema se lleva adelante un día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, que tuvo su cuarta edición durante la gestión libertaria. La movilización colmó no sólo la Plaza de Mayo, sino las principales capitales provinciales del país

Con información de la agencia NA

El Gobierno informó este jueves que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo en la causa vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario y dispuso suspender una medida cautelar vigente hasta que intervenga la Corte Suprema de Justicia.

La decisión judicial fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que precisó que el recurso fue presentado en el expediente “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”, iniciado a raíz de cuestionamientos sobre la aplicación de la Ley N° 27.775.

Según indicó la cartera nacional, el planteo del Gobierno estuvo dirigido contra la resolución dictada el pasado 31 de marzo por la Sala III de la Cámara y fue acompañado por un pedido de efecto suspensivo, que finalmente fue aceptado por el tribunal.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida implica que la cautelar quedará suspendida hasta que la Corte Suprema se pronuncie de manera definitiva sobre el caso.

El Ejecutivo recordó además que la Ley de Financiamiento Universitario había sido promulgada mediante el Decreto 759/25, aunque su ejecución quedó paralizada bajo el argumento de que el Congreso no determinó las fuentes específicas para solventarla.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la implementación de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”, uno de los principales ejes de la política económica de la administración nacional.

Por último, el Ministerio de Capital Humano ratificó el compromiso oficial con “el derecho de enseñar y aprender”, aunque subrayó que ese objetivo debe sostenerse dentro de un esquema de “sostenibilidad fiscal” y de uso “eficiente” de los recursos del Estado.

La novedad judicial se conoció además en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para este martes. La movilización, impulsada por rectores, gremios docentes y centros de estudiantes, buscará volver a visibilizar el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y cuestionar la decisión del Gobierno de llevar el conflicto al terreno judicial mientras continúan las disputas por la asignación de fondos.

Con información de la agencia NA

Clase pública universitaria en la puerta de la casa de Manuel Adorni y con un fuerte operativo policial. Ese escenario marcaba este lunes por la tarde el barrio porteño de Caballito, en el marco de un nuevo paro docente en las casas de altos estudios por el recorte presupuestario y la falta de aumentos por parte del Gobierno. 

Estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA decidieron llevar adelante una clase pública en Pedro Goyena y Miró, a metros del departamento del jefe de Gabinete, para cuestionar el ajuste mileísta y protestar contra el funcionario, ahora imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. Adorni está en el ojo de la tormenta desde hace dos semanas, cuando se supo que subió a su esposa –Bettina Angeletti– al avión presidencial para ir a Nueva York, viajó en un jet privado junto a su familia a Punta del Este y tiene a su nombre propiedades que no aparecen en su última declaración jurada.

La protesta provocó un inédito despliegue policial en el barrio. Efectivos de la Policía Federal cortaron el tránsito en la esquina del domicilio de Adorni y también movilizó al menos cinco patrulleros y un camión. A su vez la Policía de la Ciudad desplegó unas diez camionetas con agentes “para observación”, según supo elDiarioAR de fuentes oficiales.

“Le tienen miedo a los docentes, porque acá la manifestación es pacífica”, apuntó Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, y dirigente del PTS. 

La clase pública de este lunes tenía como eje “la universidad y la lógica de mercado” y era seguida por unas cien personas. La actividad de hecho tuvo eco entre los vecinos: algunos se plegaron a cacerolear contra Adorni desde sus balcones.

La protesta continuará este martes con una clase agendada desde las 10. Estará dictada por Guillermo Folguera, biólogo, filósofo y referente socioambiental, quien compartirá exposición con el docente Juan Duarte. Será una clase sobre el extractivismo y la reforma de la Ley de Glaciares, que se debate por estos días en la Cámara de Diputados.

El domicilio de Adorni fue señalado públicamente desde que él mismo admitió la semana pasada que vivía ahí, pese a que no figura en su DDJJ. El diario La Nación consignó este lunes que la propiedad fue registrada por el propio Adorni en noviembre pasado por un valor de US$230.000, que saldó a través de una hipoteca con dos particulares.

Se trata de una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados, a la que se suma el proporcional de la cochera. Adorni figura como dueño del 50 por ciento de la propiedad desde el 18 de noviembre pasado, dos semanas después de que se confirmó su ascenso a la Jefatura de Gabinete. Su esposa, Bettina Angeletti, es la otra cotitular.

“Mientras se profundiza el vaciamiento de la universidad pública, seguimos viendo denuncias públicas sobre el enriquecimiento de funcionarios como Adorni que contrastan con la crisis que vivimos estudiantes y docentes. Exigimos que se deje de ajustar sobre la educación y que se aplique de manera inmediata la ley de presupuesto universitario ya aprobada”, sostuvo Bonfante.

Los docentes nucleados en el gremio ADG-UBA convocaron a 48 horas de paro en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, votada en cuatro ocasiones por el Congreso –y con fallo judicial favorable a su aplicación–, fija un aumento salarial equivalente a la inflación. Desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, ese monto ascendería al 49%.

En respuesta al reclamo docente, el Gobierno anunció aumentos del 2,5% para enero, 2,2% para febrero y 2% para marzo. Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), declaró: “De pagarse este 6,7%, que aún no cobramos, el Gobierno quedaría a años luz del 49% necesario para equiparar la inflación, tal como establece la ley que no está aplicando”.

MC

El inicio del ciclo lectivo universitario quedó atravesado por un paro nacional y por escenas que empiezan a repetirse entre docentes: renuncias, pluriempleo y dificultades para sostener la actividad académica. Juan Materola, profesor de Historia de la Universidad de Moreno y General Sarmieno, combina su trabajo con la conducción en Uber desde 2024. “El desafío era llegar a fin de mes”, resumió.

Nahuel Vega, doctor en Física, directamente dejó la docencia en la Universidad de San Martín: “Terminaba gastando todo el sueldo en transporte y comida”. Por su parte, Haydée Pizarro, bióloga, investigadora principal del CONICET y docente jubilada de Exactas (UBA), describió casos de profesionales altamente formados que buscan ingresos fuera del sistema.

“Conozco biólogas que hicieron cursos de plomería y hoy son plomeras; están trabajando de eso”, señaló. Se trata, según explicó, de una salida para sostenerse económicamente ante ingresos que no alcanzan para cubrir gastos básicos, incluso en cargos con dedicación exclusiva.

La medida de fuerza, convocada por las federaciones Conadu Histórica y Conadu, se desarrolla en dos tramos –del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30– y afecta a más de 60 universidades públicas. En la UBA, los docentes resolvieron un paro “por tiempo indeterminado” hasta que se aplique la recomposición salarial del 55,4% prevista por ley.

El trasfondo del conflicto remite al financiamiento: pese a la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por el Congreso y su ratificación tras la caída del veto presidencial, el Gobierno nacional no la aplica. Un fallo judicial ordenó recomponer los salarios docentes en torno al 51% de pérdida frente a la inflación, pero tampoco fue ejecutado.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa un nuevo proyecto que reduce esa recomposición a un 12% en tres tramos. “Desconoce a dos poderes de la República: al Congreso y al Poder Judicial”, señaló el rector Germán Pinazo. “El mensaje es que no cumple la ley porque no quiere”.

Salarios de pobreza

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la pérdida salarial acumulada equivale a 11,4 sueldos actuales, según el Observatorio del Salario y Presupuesto Universitario. En términos reales, el índice cayó a 64 puntos, con una baja del 36% del poder adquisitivo.

Según un informe gremial de la UBA, el salario real se ubica en su mínimo histórico, con una caída del 35,6% respecto de noviembre de 2023 y por debajo de los niveles de 2004. Para recuperar ese poder de compra sería necesaria una recomposición cercana al 60%, y de más del 120% para volver a valores de hace una década.

“Desde diciembre de 2023 perdimos entre un 35% y un 40% del salario real”, señaló Patricio Santagapita, secretario de investigació de Exactas (UBA) y profesor de Migrobiología de Alimentos. “Eso se siente directamente en la vida cotidiana”.

Docencia y abandono de la actividad

El deterioro salarial impacta en la continuidad de las trayectorias docentes. En el caso de Vega, el ingreso por su cargo –alrededor de $240.000 mensuales por 10 horas semanales en 2025– no alcanzaba a cubrir los costos básicos. “Se te va el sueldo ahí”, resumió. “No se me ocurre volver a la docencia en estas condiciones”.

En paralelo, Materola sostiene jornadas nocturnas como conductor para complementar un salario universitario de $250.000. “Lo que empezó como algo transitorio se volvió permanente”, explicó. Los casos se multiplican en distintas facultades y niveles de dedicación, con docentes que suman cargos, clases particulares u otros trabajos fuera del ámbito académico.

Renuncias y dificultades para sostener las cátedras

La salida de docentes se consolida como tendencia. En la Facultad de Agronomía de la UBA se registraron 83 renuncias desde comienzos de 2024, junto con jubilaciones anticipadas. “Empezaron a renunciar muchos docentes, especialmente los más jóvenes”, indicó la decana Adriana Rodríguez. “El proceso se aceleró en los últimos meses”.

Los cargos iniciales, incluso con dedicación exclusiva y doctorado, se ubican en torno al millón de pesos, por debajo de otros sectores. “El motivo principal es salarial”, sostuvo Rodríguez. “Se van a empresas o a universidades de países vecinos, donde ganan entre tres y cuatro veces más. Estamos cubriendo los baches con más trabajo de quienes se quedan”, agregó. “Pero es una situación que en el corto plazo va a ser insostenible”.

El deterioro salarial se combina con la caída del financiamiento. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 5.750 puestos en el sistema científico público. “Se están desarmando equipos de investigación”, advirtió Santagapita.

En su grupo, dos investigadores dejaron sus posiciones: uno emigró y otro no aceptó continuar su carrera en estas condiciones. “Ya estamos viendo una fuga de recursos humanos”, señaló. A la vez, los subsidios nacionales están prácticamente congelados. “Muchos investigadores están poniendo dinero de su bolsillo para sostener experimentos”, agregó. “Es una doble presión”.

Infraestructura, insumos y funcionamiento cotidiano

El impacto también se traslada al funcionamiento cotidiano de la universidad. Según Pizarro, la falta de financiamiento afecta tanto la infraestructura como los insumos necesarios para sostener la actividad académica y de investigación. “Los equipos se rompen y no se pueden reparar, no hay fondos para insumos ni para trabajo de campo”, explicó.

En laboratorios que dependen de equipamiento complejo –como freezers a -80 grados–, la falta de mantenimiento implica la paralización de tareas. En ese contexto, materias que no comienzan, subsidios interrumpidos y limitaciones operativas configuran un escenario de funcionamiento restringido.

Menos ingreso a la carrera científica

El deterioro impacta en la formación de nuevos investigadores. Las becas doctorales rondan los $1,2 millones y el ingreso a la carrera científica pierde atractivo. “Muchos jóvenes directamente no quieren iniciar un doctorado”, indicó Santagapita. “Se perdieron 5.750 puestos en el sistema público en dos años”, agregó.

Las consecuencias alcanzan también a la cursada. La reducción de docentes se traduce en menos horarios y cupos en algunas carreras. “Las renuncias dejaron de ser un hecho aislado”, afirmó Tatiana, del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Según datos estudiantiles, se registran más de 10.000 renuncias en el país. “Hay facultades con pérdidas del 30% de su planta docente”, concluyó.

LN/CRM

Luego de la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno se prepara para avanzar, en la primera semana de marzo y ya bajo el período de sesiones ordinarias, con el tratamiento de una nueva ley de financiamiento universitario. El proyecto ingresó a la Cámara baja el jueves pasado y propone modificar la Ley 27.795 —que había sido sostenida por la oposición— incorporando un esquema de actualización por inflación para los gastos, una recomposición salarial escalonada y un refuerzo presupuestario para los hospitales universitarios.

De acuerdo con lo consignado por la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa fue elaborada en Balcarce 50 con la participación de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez.

Álvarez —referente de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo— estuvo en la Casa Rosada el día previo a la presentación formal del texto en el Congreso.

Expectativas oficiales

En el entorno de Javier Milei se muestran confiados en que el proyecto obtendrá respaldo de los bloques aliados cuando el Congreso retome su actividad habitual, una vez finalizado el período de sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada también apuestan a avanzar con otras iniciativas consideradas prioritarias, entre ellas la reforma tributaria, que —según sostienen— permitirá “ordenar el sistema de impuestos”.

En cambio, el Ejecutivo descarta discutir este año modificaciones en el sistema previsional. Argumentan que antes es necesario consolidar un mercado laboral con mayor formalidad y aportes sostenidos, escenario que —confían— podría fortalecerse tras la reciente sanción de la reforma laboral.

Los principales puntos del proyecto

El artículo 3° de la propuesta —que reemplaza al artículo 3° de la Ley 27.795— establece que la actualización de los gastos de funcionamiento deberá ajustarse según la inflación observada por el IPC del Indec cuando esta supere el 14,3%, porcentaje utilizado como promedio anual para la elaboración del Presupuesto 2026.

En caso de que la inflación efectiva exceda ese nivel, se actualizarán las partidas correspondientes a las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26, con el objetivo de preservar el incremento real del crédito asignado.

Por su parte, el artículo 4° contempla un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: incrementa en $80.072.460.000 el presupuesto de la Actividad 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, destinado a garantizar su funcionamiento.

En materia salarial, el artículo 5° fija una recomposición correspondiente a 2025 que se abonará en 2026 para docentes y no docentes. Se prevén tres aumentos del 4,1% cada uno —en marzo, julio y septiembre— calculados sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, lo que totaliza un 12,3%. Además, la norma obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias dentro del mes posterior a la sanción de la ley, con una periodicidad máxima de tres meses, abarcando tanto al personal docente como no docente.

Primeras reacciones

Desde el ámbito gremial no tardaron en llegar cuestionamientos. Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, afirmó que el proyecto oficial “consolida el ajuste sobre nuestros salarios” y reclamó el cumplimiento pleno de la ley de financiamiento universitario vigente.

En ese sentido, sostuvo que la norma fue respaldada por el Congreso y por la movilización ciudadana, y recordó que también fue ratificada por el juez Martín Cormick. Además, anticipó medidas de fuerza: “Lanzaremos paros que impidan la naturalización de una situación que es, a todas luces, injusta e ilegal”, advirtió.

JIB

La Justicia federal le ordenó este martes al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según fuentes judiciales.

El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.

Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución. 

El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, “no admitiría, a priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma.

La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.

El fallo

En sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado. 

Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.

El juez también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.

Asimismo, la resolución cuestionó la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior.

El fallo aclaró que la medida se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley. 

Con información de la agencia NA

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que el ciclo lectivo 2026 no comenzará si el Gobierno no implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, votada recientemente por el Congreso. La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, con la participación de 30 gremios de base de todo el país.

“La situación de la universidad es sumamente crítica y si el Gobierno no ofrece una solución, las consecuencias de este desfinanciamiento histórico llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, sostuvo el secretario general Carlos De Feo. Según la federación, la norma fue elaborada de forma conjunta por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la FUA.

El plenario evaluó también el deterioro salarial del sector y las medidas implementadas durante el año para resistir el ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades públicas. CONADU participó de jornadas de visibilización, paros y movilizaciones en reclamo de mejoras salariales, estabilidad laboral y presupuesto educativo.

El documento emitido por la federación gremial ratificó además el rechazo a la censura en la Universidad Nacional de San Luis, donde se eliminaron contenidos sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y los derechos humanos en una materia de Biología Molecular.

Finalmente, CONADU expresó sus condolencias por la muerte de dos militantes del campo popular y solidaridad con las personas heridas en un siniestro vial ocurrido cuando se dirigían al 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular.

JJD

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió recurrir a la justicia para exigir al Poder Ejecutivo Nacional la plena implementación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición salarial, aprobada por el Congreso y promulgada por decreto, pero cuya aplicación fue suspendida por el Gobierno.

La medida fue adoptada de forma unánime por su Consejo Superior en su sesión de este miércoles En su resolución, la UBA afirmó que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.

El Consejo advierte que “el sistema universitario, y la UBA en particular, enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes” y señala que las prórrogas del Presupuesto 2023 “quedaron rápidamente desfasadas” frente a la inflación. Esta situación se vio reflejada en una pérdida del poder adquisitivo de más del 40% para los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes de la Universidad . Pero, este año, la situación tampoco varió: la recomposición salarial fue“ mucho menor que la inflación oficial medida por el INDEC, profundizando aún más dicha pérdida”.

La universidad señala que la suspensión de la ley vulnera derechos constitucionales al impedir que la comunidad universitaria acceda al financiamiento previsto y a la recomposición salarial que la ley garantiza.  Según el texto, “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”. 

La ley sancionada tiene por objeto garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio, además de la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Sin embargo, el Ejecutivo nacional promulgó la normativa pero aplazó su ejecución con el argumento de que debe definirse previamente la fuente de financiamiento en el Presupuesto Nacional.

Con este panorama, la resolución de la UBA instruyó al rector de la institución a iniciar las acciones judiciales pertinentes, y a comunicar la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes.

Este paso se suma a la movilización de sectores universitarios que habían advertido la crítica situación derivada del veto o suspensión al reglamento de la ley por parte del Ejecutivo; ya en septiembre la UBA había anunciado un “plan de restricción” presupuestaria y convocado a movilizaciones en rechazo al veto presidencial.

El conflicto pone en tensión el funcionamiento del sistema universitario público y plantea un desafío institucional sobre la relación entre el Poder Legislativo, que sancionó la ley, y el Poder Ejecutivo, que decidió postergar su puesta en marcha. La UBA reclama que se asignen de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales vigentes.

“Hace más de 30 años fui bienvenido en la Argentina, donde fui a estudiar medicina. Me formé y me recibí de médico neurocirujano...”. Con ese recuerdo el presidente del Congreso de Paraguay buscó congraciarse con Javier Milei durante su visita al vecino país, pero el ejemplo no cayó en la mejor ocasión para el libertario: la Casa Rosada enfrenta este miércoles una fuerte marcha contra el veto presidencial al financiamiento universitario y una posible derrota ante la oposición en la Cámara de Diputados.

El anfitrión de Milei en el Congreso paraguayo fue Basilio “Bachi” Núñez, quien habló antes del mandatario en su última exposición de su gira de dos días en Paraguay. Núñez estudió en la Universidad Nacional del Nordeste, situada en la provincia de Chaco, hacia fines de los 80 y principios de los 90.

El pergamino de Núñez generó un escándalo en Paraguay años atrás porque se puso en duda la veracidad de sus estudios. Según la Dirección de Registros y Control de Profesionales del Ministerio de Salud y Bienestar Social paraguayo, el parlamentario se encuentra registrado con el título de médico cirujano, con registro profesional número 5.566 otorgado por la Universidad Nacional del Nordeste e inscripto el 2 de diciembre de 1996, según publicó el diario ABC.

El año pasado, Núñez tuvo que volver a defenderse de las críticas y ante medios locales buscó aclarar: “No soy un chamán. Soy médico neurocirujano. Estudié 7 años en la universidad y después en Argentina. Hice 5 años neurocirugía. Fui jefe de residentes, de sala. Operé en Emergencias Médicas, en Itauguá, en Clínicas, en IPS y conozco la vida médica”.

Milei cierra su gira paraguaya

En su disertación en una sesión especial organizada por el Congreso, Milei destacó la posibilidad de dar lugar a la “apertura comercial” en un mensaje al Mercosur.

“No tengo dudas de que será de provecho para ambos pueblos y será de inspiración a todos los países de la región que encuentren en la apertura comercial y la cooperación voluntaria el camino hacia un futuro mejor para todo el continente”, expresó desde el Palacio Legislativo en un mensaje al bloque regional que se muestra reacio a los acuerdos comerciales por fuera de la estructura de la región, aunque en el último tiempo ha aplicado flexibilizaciones.

Ante los diputados y senadores y los miembros de la Corte Suprema paraguaya, el mandatario elogió las políticas económicas y sociales del vecino país al sostener que la Argentina tiene mucho que “aprender”.

La participación de la sesión en el Congreso completó la visita de dos días: ayer Milei participó de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y se reunió con Santiago Peña

MC

Tras la dura derrota electoral del domingo frente al peronismo, Javier Milei tiene el desafío de aferrarse a su modelo de ajuste o de pegar un volantazo con dos medidas inminentes y con fuerte impacto social: los vetos a la emergencia pediátrica en el hospital Garrahan y el presupuesto para las universidades nacionales. También está a tiro el veto a la coparticipación de los Aportes Nacionales del Tesoro (ATN), que sancionó el Congreso a instancias de las provincias, justo cuando el Gobierno busca convocar a los gobernadores a un “diálogo federal”.

El Presidente tiene plazo formal para vetar esas leyes hasta este jueves próximo, cuando se cumple el plazo de 10 días hábiles desde que se informó oficialmente la sanción de las normas.

En ese marco es que los trabajadores del hospital pediátrico y los universitarios ya están en alerta. Una asamblea de médicos en el Garrahan convocó a un paro para el próximo viernes si Milei veta la ley, y hubo una fuerte declaración del rectorado de la UBA. Por el lado de las provincias, los mandatarios locales aún esperan el llamado concreto de Guillermo Francos para una cumbre federal.

Pese a reconocer la derrota y admitir que tendrá que hacer cambios en su gobierno, Milei ratificó el domingo por la noche la política de ajuste económico. Lo mismo aventuró el ministro de Economía, Luis Caputo. Para los libertarios es un mantra el déficit cero y las tres leyes mencionadas afectarían gravemente la billetera de la Nación, según entiende el oficialismo, aunque el costo fiscal no parece significativo.

Si Milei finalmente avanza con los vetos, se abre el juego al Congreso para impulsar la insistencia, todo en medio de la campaña electoral para las elecciones del 26 de octubre. En el Senado se aventura un escenario favorable para volver a aprobar las leyes -como pasó la semana pasada con la emergencia en discapacidad- pero en la Cámara de Diputados la disputa aún está abierta.

La emergencia pediátrica

Los trabajadores del Garrahan, tanto médicos como residentes y administrativos están en alerta si Milei veta la emergencia pediátrica, por lo que ya propusieron para el viernes 12 un paro con posible movilización.

La ley que sancionó el Senado el pasado 21 de agosto propone un freno al vaciamiento por parte de Nación, la recomposición salarial de todos los trabajadores, la actualización de los residentes y el refuerzo del presupuesto. En el Garrahan hay aproximadamente 4.500 trabajadores de planta y 420 residentes. La ley plantea en el artículo 3 la recomposición salarial llevando la grilla a los niveles de noviembre de 2023: implica un 70% de aumento, clave porque es para todos los trabajadores.

La ley también deroga la resolución ministerial de Mario Lugones que degrada las residencias y las convierte en becas, precarizando ese plan laboral. La ley plantea además garantizar insumos, equipamiento y condiciones críticas para la pediatría. Y también la eximición del impuesto a las Ganancias a los trabajadores en pediatría porque hay quienes entran a la cuarta categoría por cobrar apenas unos pesos.

Los universitarios

El rector y los decanos de las 13 facultades de la UBA le reclamaron a Milei que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y pidieron que no la vete porque es “imprescindible” para sostener la educación superior pública y de calidad.

Las autoridades de la UBA grabaron un video de poco más de un minuto de duración que se publicó en redes sociales, en el que recalcan: “Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones”.

La ley de Financimiento es la segunda que se aprueba tras la sanción y posterior veto blindado del año pasado. En su versión 2025, los puntos clave de la ley son el aumento de las becas Progresar —congeladas en 35 mil pesos— y Manuel Belgrano —en 81 mil pesos—; la paritaria docente, con una pérdida salarial del 38% cuando el Gobierno no convocó a paritarias y dio solo un 5% de aumento; y las partidas para funcionamiento e investigación, que siguen congeladas.

Los fondos de las provincias

Milei también tiene un desafío institucional con los gobernadores porque el Congreso sancionó recientemente la coparticipación de los ATN, que actualmente se reparten a discreción. Aunque el costo fiscal de la medida equivaldría al 0,03% del PBI ($253.000 millones), para la Casa Rosada sería un golpe político ceder ante las provincias.

La ley dispone que a la Nación le corresponderá el 41,2% de ese fondo, mientras que el 58,8% restante se repartirá entre las provincias según los coeficientes de coparticipación.

En ese contexto es que Francos quiere apurar una convocatoria federal, que se anunció este lunes junto a la conformación de una mesa política mileísta. Pero aún nada se concretó y los gobernadores ya alzaron su voz.

Tras un Zoom, los gobernadores de Provincias Unidas ya levantaron su voz: “La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado”, se quejó Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. El grupo de mandatarios prepara para el viernes una reunión Río Cuarto, Córdoba, como una foto desafiante para Milei.

MC

Los universitarios buscan que las protestas por el ajuste del Gobierno no queden acotadas a la negociación parlamentaria por el Presupuesto 2025 y se vuelquen otra vez en las calles. Luego de sumarse al paro de transporte de este miércoles, los gremios de docentes y no docentes junto con el grueso del estudiantado trabajan en la arquitectura de una nueva marcha federal para diciembre, pero que exceda las consignas propias del sector, como fueron las del 23 de abril y la del 2 de octubre.

La fecha que se baraja para una tercera acción callejera es el 5 de diciembre, con el objetivo de que sea una movilización multisectorial. La consigna fue lanzada por las dos CTA –que están en proceso de unificación– y podría también estar capitaneada por parte de la CGT, supo elDiarioAR de fuentes al tanto de la disputa estudiantil con la Casa Rosada.

Para definir el posicionamiento universitario este viernes está en agenda una cumbre entre las dos centrales gremiales de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy con el estudiantado y los sindicatos. Llamativo no es que solo participarán las agrupaciones universitarias más peronistas y que abarcan a aproximadamente un tercio de los alumnos –nucleadas en el llamado frente Malvinas Argentinas–, sino también a la mayoritaria Federación Universitaria Argentina (FUA), que conduce históricamente el radicalismo a través de la Franja Morada, personificada en Piera Fernández. 

Esa marcha federal y multisectorial sería por varias consignas: contra el hambre, por trabajo, producción, salud y educación. “Se está trabajando para que confluyan distintos sectores”, dijo una fuente que forma parte de las conversaciones. Seguramente se sumarán los movimientos sociales y piqueteros, además de la izquierda.

Pero en esa reunión con las dos CTA de este viernes no serán de la partida las expresiones más combativas de la izquierda estudiantil, que este mismo viernes harán una manifestación: a las 17 se concentran en el Obelisco para luego movilizar a Plaza de Mayo y posteriormente a la sede de la CGT, en reclamo al llamado a un paro general. Las agrupaciones ligadas al trotskismo propusieron hacer una tercera marcha federal el 12 de noviembre, pero no tuvieron apoyo de sus pares.

Este viernes, a su vez, el frente sindical que reúne a los docentes y no docentes comenzará una serie de reuniones federales para sumar volumen hacia el 5 de diciembre. La jornada de este viernes será en la regional de La Plata y para los próximos días habrá acciones –con fechas a definir– en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Comahue, Misiones, Patagonia San Juan Bosco, Tucumán Córdoba, Conurbano Sur y Conurbano Noroeste. El 22 de noviembre habrá un cierre con un Festival de la Gratuidad Universitaria. “El Gobierno sigue sin escuchar las legítimas demandas por salarios dignos, presupuesto universitario que permita el sostenimiento de las actividades sustantivas, bienestar estudiantil e infraestructura para las actividades académicas”, cuestionó el frente sindical a través de un comunicado de las últimas horas.

El conflicto seguirá latente con clases públicas en las universidades, con la acción simbólica de que se instalarán pupitres frente al Congreso desde el martes próximo, mientras se discute el Presupuesto 2025. La intención es “educar a los legisladores”. El desafío del sector es mantener vigente el reclamo ante la cercanía del fin del cuatrimestre.

Hasta ahora el Gobierno no se movió un punto de su propuesta de $3,8 billones para las universidades, cuando el CIN calculó que necesitan $7,2 billones para funcionar todo el año que viene sin ningún inconveniente –incluyendo pagar salarios por encima de la inflación–. Este miércoles el oficialismo pisó en falso cuando canceló a último momento una conferencia de prensa de La Libertad Avanza en Diputados para hacer un “importante anuncio” sobre el presupuesto. 

Según pudo reconstruir elDiarioAR, la idea era reasignar partidas de las provincias hacia las universidades. Se dio de baja porque iba a generar un conflicto con los gobernadores. La discusión parlamentaria es el ámbito en el que los rectores del CIN están invirtiendo para conseguir que el Gobierno abra más la billetera. Esta semana se reunieron con el nuevo bloque disidente de la UCR y con los federales de Miguel Pichetto y la semana que viene tienen pensado verse con Unión por la Patria. 

El oficialismo está obligado a negociar porque sin el apoyo de los bloques del centro no tendrán los votos para darle media sanción al Presupuesto. Luego de un mes de tratamiento, los libertarios quieren ir al recinto hacia fin de noviembre, para que el Senado sancione la Ley de Leyes a más tardar en diciembre. En paralelo a esa discusión más palaciega, los universitarios quieren presionar en las calles. “Lo del Presupuesto va a ser lo que vaya organizando más actividades”, apuntaron a este medio. La idea que circula en los distintos actores universitarios es que haya una vigilia para el día en que Diputados se proponga votar el Presupuesto 2025 de Milei.

MC/JJD

En un nuevo hito de la ola de protestas que viene atravesando a facultades de todo el país, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó hoy a un paro de 24 horas en contra del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación pública.

La medida comenzó formalmente ayer por la noche con una marcha de velas en la ciudad de Buenos Aires, entre la Plaza Houssay y el Palacio Pizzurno, y se repetirá el lunes y martes de la semana que viene, con otro paro nacional de 48 horas.

A una semana de que el Congreso avalara el veto de Javier Milei, el conflicto está lejos de remitir, tanto por la combatividad que están demostrando docentes y estudiantes como por la decisión del Gobierno de escalar la confrontación, utilizando el debate sobre las auditorias como arma para restar legitimidad a los reclamos.

“El Frente Sindical ha resuelto la profundización del plan de lucha con un horizonte de disputa con el Gobierno nacional, que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario”, afirma el comunicado del frente que reúne a las principales organizaciones y gremios del ámbito universitario.

El paro es la cristalización de acciones y medidas que se están llevando a cabo en casas de altos estudios de todo el país durante la última semana, que van desde tomas de facultades y cortes de calles hasta clases públicas y multitudinarias asambleas.

Centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) habían anunciado que seguirán en plan de lucha y ayer votaron tomas de entre 24 y 72 horas se iban a llevar a cabo en las facultades de Ciencias Exactas, Derecho, Medicina, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Ingeniería, Sociales, Psicología y Filosofía y Letras.

Además de la UBA, durante los últimos días se registraron acciones de lucha en más de 60 facultades de todo el país, en las universidades nacionales de Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Cuyo, de Jujuy, Salta, Jujuy, Tucumán, Quilmes, Tres de Febrero, La Matanza, Lomas de Zamora y José C. Paz, entre otras. 

El efecto contagio de las protestas alcanzó inclusive a casas de estudios habitualmente refractarias a este tipo de reclamos. Una de ellas es la Facultad de Derecho de la UBA, tomada tras una asamblea de más de 400 estudiantes, que no estaba atravesada por una protesta de esas características desde los años noventa. El jueves pasado, tras el veto, fue tomada la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, otro hecho histórico.

La estrategia del Gobierno: auditorias y provocaciones

Ante la efervescencia de las protestas de docentes y estudiantes, el Gobierno parece haber tomado la decisión de no ceder en la disputa, utilizando como principal ariete el tema de las auditorias.

Tras las constantes diatribas de Milei contra los “curros” de las universidades, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales. 

Hasta ahora, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorias.

Inmediatamente después del anuncio, el director de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Miguel Blanco, reveló que las auditorías comenzarán la semana próxima “con algunos casos como la Universidad de La Matanza”.

Otro aspecto que está sumando tensión al conflicto son los enfrentamientos que han comenzado a tener lugar en varias facultades. En la Universidad de Quilmes, hubo incidentes el lunes a partir de la provocación por parte de simpatizantes libertarios. Una situación similar ocurrió la semana pasada en La Matanza, donde las autoridades cerraron la puerta del rectorado para evitar que alumnos ingresen al edificio para hacer una asamblea y terminaron siendo agredidos.

Por otra parte, ayer la Policía de la Ciudad hizo operativos de custodia en algunas de las sedes de la UBA. El lunes se vieron móviles de la Infantería en las inmediaciones de Económicas –que no tiene toma, pero sí clases públicas– y ayer se alertaron en Psicología y Sociales. 

En este mismo sentido, la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (Conadu) denunció ayer la intervención de la policía en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

DM/JJD

Centros de estudiantes y organizaciones gremiales docentes culminaron un miércoles marcado por diversas acciones de protesta con marchas de velas y antorchas en distintos puntos del país.

En la ciudad de Buenos Aires, la manifestación fue convocada en Plaza Houssay, desde donde la “marcha de las velas” se dirigió hasta el Palacio Pizzurno, sede de la actual Secretaría de Educación (ex Ministerio de Educación).

El Frente Sindical de docentes universitarios y la Federación Universitaria Argentina (FUA) dedicieron la convocatoria de estas manifestaciones, como antesala del paro nacional que se realizará mañana y se repetirá el lunes y martes de la semana que viene.

Como se está volviendo habitual en las protestas universitarias, hubo momentos de tensión entre manifestantes y un influencer libertario que concurrió a Plaza Houssay. Se trata del conocido youtuber mileísta Mariano Pérez, que fue escoltado por la policía mientras escuchada gritos de “fuera facho, fuera”, sin que se reportaran agresiones de otro tipo.

Fuera de CABA, se destacó la masividad de la Marcha de Antorchas que está teniendo lugar en la ciudad de La Plata, que se convocó frente al Rectorado de la UNLP.

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