Clase pública universitaria en la puerta de la casa de Manuel Adorni y con un fuerte operativo policial. Ese escenario marcaba este lunes por la tarde el barrio porteño de Caballito, en el marco de un nuevo paro docente en las casas de altos estudios por el recorte presupuestario y la falta de aumentos por parte del Gobierno. 

Estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA decidieron llevar adelante una clase pública en Pedro Goyena y Miró, a metros del departamento del jefe de Gabinete, para cuestionar el ajuste mileísta y protestar contra el funcionario, ahora imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. Adorni está en el ojo de la tormenta desde hace dos semanas, cuando se supo que subió a su esposa –Bettina Angeletti– al avión presidencial para ir a Nueva York, viajó en un jet privado junto a su familia a Punta del Este y tiene a su nombre propiedades que no aparecen en su última declaración jurada.

La protesta provocó un inédito despliegue policial en el barrio. Efectivos de la Policía Federal cortaron el tránsito en la esquina del domicilio de Adorni y también movilizó al menos cinco patrulleros y un camión. A su vez la Policía de la Ciudad desplegó unas diez camionetas con agentes “para observación”, según supo elDiarioAR de fuentes oficiales.

“Le tienen miedo a los docentes, porque acá la manifestación es pacífica”, apuntó Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, y dirigente del PTS. 

La clase pública de este lunes tenía como eje “la universidad y la lógica de mercado” y era seguida por unas cien personas. La actividad de hecho tuvo eco entre los vecinos: algunos se plegaron a cacerolear contra Adorni desde sus balcones.

La protesta continuará este martes con una clase agendada desde las 10. Estará dictada por Guillermo Folguera, biólogo, filósofo y referente socioambiental, quien compartirá exposición con el docente Juan Duarte. Será una clase sobre el extractivismo y la reforma de la Ley de Glaciares, que se debate por estos días en la Cámara de Diputados.

El domicilio de Adorni fue señalado públicamente desde que él mismo admitió la semana pasada que vivía ahí, pese a que no figura en su DDJJ. El diario La Nación consignó este lunes que la propiedad fue registrada por el propio Adorni en noviembre pasado por un valor de US$230.000, que saldó a través de una hipoteca con dos particulares.

Se trata de una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados, a la que se suma el proporcional de la cochera. Adorni figura como dueño del 50 por ciento de la propiedad desde el 18 de noviembre pasado, dos semanas después de que se confirmó su ascenso a la Jefatura de Gabinete. Su esposa, Bettina Angeletti, es la otra cotitular.

“Mientras se profundiza el vaciamiento de la universidad pública, seguimos viendo denuncias públicas sobre el enriquecimiento de funcionarios como Adorni que contrastan con la crisis que vivimos estudiantes y docentes. Exigimos que se deje de ajustar sobre la educación y que se aplique de manera inmediata la ley de presupuesto universitario ya aprobada”, sostuvo Bonfante.

Los docentes nucleados en el gremio ADG-UBA convocaron a 48 horas de paro en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, votada en cuatro ocasiones por el Congreso –y con fallo judicial favorable a su aplicación–, fija un aumento salarial equivalente a la inflación. Desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, ese monto ascendería al 49%.

En respuesta al reclamo docente, el Gobierno anunció aumentos del 2,5% para enero, 2,2% para febrero y 2% para marzo. Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), declaró: “De pagarse este 6,7%, que aún no cobramos, el Gobierno quedaría a años luz del 49% necesario para equiparar la inflación, tal como establece la ley que no está aplicando”.

MC

El inicio del ciclo lectivo universitario quedó atravesado por un paro nacional y por escenas que empiezan a repetirse entre docentes: renuncias, pluriempleo y dificultades para sostener la actividad académica. Juan Materola, profesor de Historia de la Universidad de Moreno y General Sarmieno, combina su trabajo con la conducción en Uber desde 2024. “El desafío era llegar a fin de mes”, resumió.

Nahuel Vega, doctor en Física, directamente dejó la docencia en la Universidad de San Martín: “Terminaba gastando todo el sueldo en transporte y comida”. Por su parte, Haydée Pizarro, bióloga, investigadora principal del CONICET y docente jubilada de Exactas (UBA), describió casos de profesionales altamente formados que buscan ingresos fuera del sistema.

“Conozco biólogas que hicieron cursos de plomería y hoy son plomeras; están trabajando de eso”, señaló. Se trata, según explicó, de una salida para sostenerse económicamente ante ingresos que no alcanzan para cubrir gastos básicos, incluso en cargos con dedicación exclusiva.

La medida de fuerza, convocada por las federaciones Conadu Histórica y Conadu, se desarrolla en dos tramos –del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30– y afecta a más de 60 universidades públicas. En la UBA, los docentes resolvieron un paro “por tiempo indeterminado” hasta que se aplique la recomposición salarial del 55,4% prevista por ley.

El trasfondo del conflicto remite al financiamiento: pese a la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por el Congreso y su ratificación tras la caída del veto presidencial, el Gobierno nacional no la aplica. Un fallo judicial ordenó recomponer los salarios docentes en torno al 51% de pérdida frente a la inflación, pero tampoco fue ejecutado.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa un nuevo proyecto que reduce esa recomposición a un 12% en tres tramos. “Desconoce a dos poderes de la República: al Congreso y al Poder Judicial”, señaló el rector Germán Pinazo. “El mensaje es que no cumple la ley porque no quiere”.

Salarios de pobreza

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la pérdida salarial acumulada equivale a 11,4 sueldos actuales, según el Observatorio del Salario y Presupuesto Universitario. En términos reales, el índice cayó a 64 puntos, con una baja del 36% del poder adquisitivo.

Según un informe gremial de la UBA, el salario real se ubica en su mínimo histórico, con una caída del 35,6% respecto de noviembre de 2023 y por debajo de los niveles de 2004. Para recuperar ese poder de compra sería necesaria una recomposición cercana al 60%, y de más del 120% para volver a valores de hace una década.

“Desde diciembre de 2023 perdimos entre un 35% y un 40% del salario real”, señaló Patricio Santagapita, secretario de investigació de Exactas (UBA) y profesor de Migrobiología de Alimentos. “Eso se siente directamente en la vida cotidiana”.

Docencia y abandono de la actividad

El deterioro salarial impacta en la continuidad de las trayectorias docentes. En el caso de Vega, el ingreso por su cargo –alrededor de $240.000 mensuales por 10 horas semanales en 2025– no alcanzaba a cubrir los costos básicos. “Se te va el sueldo ahí”, resumió. “No se me ocurre volver a la docencia en estas condiciones”.

En paralelo, Materola sostiene jornadas nocturnas como conductor para complementar un salario universitario de $250.000. “Lo que empezó como algo transitorio se volvió permanente”, explicó. Los casos se multiplican en distintas facultades y niveles de dedicación, con docentes que suman cargos, clases particulares u otros trabajos fuera del ámbito académico.

Renuncias y dificultades para sostener las cátedras

La salida de docentes se consolida como tendencia. En la Facultad de Agronomía de la UBA se registraron 83 renuncias desde comienzos de 2024, junto con jubilaciones anticipadas. “Empezaron a renunciar muchos docentes, especialmente los más jóvenes”, indicó la decana Adriana Rodríguez. “El proceso se aceleró en los últimos meses”.

Los cargos iniciales, incluso con dedicación exclusiva y doctorado, se ubican en torno al millón de pesos, por debajo de otros sectores. “El motivo principal es salarial”, sostuvo Rodríguez. “Se van a empresas o a universidades de países vecinos, donde ganan entre tres y cuatro veces más. Estamos cubriendo los baches con más trabajo de quienes se quedan”, agregó. “Pero es una situación que en el corto plazo va a ser insostenible”.

El deterioro salarial se combina con la caída del financiamiento. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 5.750 puestos en el sistema científico público. “Se están desarmando equipos de investigación”, advirtió Santagapita.

En su grupo, dos investigadores dejaron sus posiciones: uno emigró y otro no aceptó continuar su carrera en estas condiciones. “Ya estamos viendo una fuga de recursos humanos”, señaló. A la vez, los subsidios nacionales están prácticamente congelados. “Muchos investigadores están poniendo dinero de su bolsillo para sostener experimentos”, agregó. “Es una doble presión”.

Infraestructura, insumos y funcionamiento cotidiano

El impacto también se traslada al funcionamiento cotidiano de la universidad. Según Pizarro, la falta de financiamiento afecta tanto la infraestructura como los insumos necesarios para sostener la actividad académica y de investigación. “Los equipos se rompen y no se pueden reparar, no hay fondos para insumos ni para trabajo de campo”, explicó.

En laboratorios que dependen de equipamiento complejo –como freezers a -80 grados–, la falta de mantenimiento implica la paralización de tareas. En ese contexto, materias que no comienzan, subsidios interrumpidos y limitaciones operativas configuran un escenario de funcionamiento restringido.

Menos ingreso a la carrera científica

El deterioro impacta en la formación de nuevos investigadores. Las becas doctorales rondan los $1,2 millones y el ingreso a la carrera científica pierde atractivo. “Muchos jóvenes directamente no quieren iniciar un doctorado”, indicó Santagapita. “Se perdieron 5.750 puestos en el sistema público en dos años”, agregó.

Las consecuencias alcanzan también a la cursada. La reducción de docentes se traduce en menos horarios y cupos en algunas carreras. “Las renuncias dejaron de ser un hecho aislado”, afirmó Tatiana, del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Según datos estudiantiles, se registran más de 10.000 renuncias en el país. “Hay facultades con pérdidas del 30% de su planta docente”, concluyó.

LN/CRM

Luego de la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno se prepara para avanzar, en la primera semana de marzo y ya bajo el período de sesiones ordinarias, con el tratamiento de una nueva ley de financiamiento universitario. El proyecto ingresó a la Cámara baja el jueves pasado y propone modificar la Ley 27.795 —que había sido sostenida por la oposición— incorporando un esquema de actualización por inflación para los gastos, una recomposición salarial escalonada y un refuerzo presupuestario para los hospitales universitarios.

De acuerdo con lo consignado por la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa fue elaborada en Balcarce 50 con la participación de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez.

Álvarez —referente de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo— estuvo en la Casa Rosada el día previo a la presentación formal del texto en el Congreso.

Expectativas oficiales

En el entorno de Javier Milei se muestran confiados en que el proyecto obtendrá respaldo de los bloques aliados cuando el Congreso retome su actividad habitual, una vez finalizado el período de sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada también apuestan a avanzar con otras iniciativas consideradas prioritarias, entre ellas la reforma tributaria, que —según sostienen— permitirá “ordenar el sistema de impuestos”.

En cambio, el Ejecutivo descarta discutir este año modificaciones en el sistema previsional. Argumentan que antes es necesario consolidar un mercado laboral con mayor formalidad y aportes sostenidos, escenario que —confían— podría fortalecerse tras la reciente sanción de la reforma laboral.

Los principales puntos del proyecto

El artículo 3° de la propuesta —que reemplaza al artículo 3° de la Ley 27.795— establece que la actualización de los gastos de funcionamiento deberá ajustarse según la inflación observada por el IPC del Indec cuando esta supere el 14,3%, porcentaje utilizado como promedio anual para la elaboración del Presupuesto 2026.

En caso de que la inflación efectiva exceda ese nivel, se actualizarán las partidas correspondientes a las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26, con el objetivo de preservar el incremento real del crédito asignado.

Por su parte, el artículo 4° contempla un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: incrementa en $80.072.460.000 el presupuesto de la Actividad 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, destinado a garantizar su funcionamiento.

En materia salarial, el artículo 5° fija una recomposición correspondiente a 2025 que se abonará en 2026 para docentes y no docentes. Se prevén tres aumentos del 4,1% cada uno —en marzo, julio y septiembre— calculados sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, lo que totaliza un 12,3%. Además, la norma obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias dentro del mes posterior a la sanción de la ley, con una periodicidad máxima de tres meses, abarcando tanto al personal docente como no docente.

Primeras reacciones

Desde el ámbito gremial no tardaron en llegar cuestionamientos. Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, afirmó que el proyecto oficial “consolida el ajuste sobre nuestros salarios” y reclamó el cumplimiento pleno de la ley de financiamiento universitario vigente.

En ese sentido, sostuvo que la norma fue respaldada por el Congreso y por la movilización ciudadana, y recordó que también fue ratificada por el juez Martín Cormick. Además, anticipó medidas de fuerza: “Lanzaremos paros que impidan la naturalización de una situación que es, a todas luces, injusta e ilegal”, advirtió.

JIB

La Justicia federal le ordenó este martes al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según fuentes judiciales.

El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.

Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución. 

El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, “no admitiría, a priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma.

La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.

El fallo

En sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado. 

Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.

El juez también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.

Asimismo, la resolución cuestionó la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior.

El fallo aclaró que la medida se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley. 

Con información de la agencia NA

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que el ciclo lectivo 2026 no comenzará si el Gobierno no implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, votada recientemente por el Congreso. La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, con la participación de 30 gremios de base de todo el país.

“La situación de la universidad es sumamente crítica y si el Gobierno no ofrece una solución, las consecuencias de este desfinanciamiento histórico llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, sostuvo el secretario general Carlos De Feo. Según la federación, la norma fue elaborada de forma conjunta por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la FUA.

El plenario evaluó también el deterioro salarial del sector y las medidas implementadas durante el año para resistir el ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades públicas. CONADU participó de jornadas de visibilización, paros y movilizaciones en reclamo de mejoras salariales, estabilidad laboral y presupuesto educativo.

El documento emitido por la federación gremial ratificó además el rechazo a la censura en la Universidad Nacional de San Luis, donde se eliminaron contenidos sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y los derechos humanos en una materia de Biología Molecular.

Finalmente, CONADU expresó sus condolencias por la muerte de dos militantes del campo popular y solidaridad con las personas heridas en un siniestro vial ocurrido cuando se dirigían al 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular.

JJD

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió recurrir a la justicia para exigir al Poder Ejecutivo Nacional la plena implementación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición salarial, aprobada por el Congreso y promulgada por decreto, pero cuya aplicación fue suspendida por el Gobierno.

La medida fue adoptada de forma unánime por su Consejo Superior en su sesión de este miércoles En su resolución, la UBA afirmó que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.

El Consejo advierte que “el sistema universitario, y la UBA en particular, enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes” y señala que las prórrogas del Presupuesto 2023 “quedaron rápidamente desfasadas” frente a la inflación. Esta situación se vio reflejada en una pérdida del poder adquisitivo de más del 40% para los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes de la Universidad . Pero, este año, la situación tampoco varió: la recomposición salarial fue“ mucho menor que la inflación oficial medida por el INDEC, profundizando aún más dicha pérdida”.

La universidad señala que la suspensión de la ley vulnera derechos constitucionales al impedir que la comunidad universitaria acceda al financiamiento previsto y a la recomposición salarial que la ley garantiza.  Según el texto, “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”. 

La ley sancionada tiene por objeto garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio, además de la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Sin embargo, el Ejecutivo nacional promulgó la normativa pero aplazó su ejecución con el argumento de que debe definirse previamente la fuente de financiamiento en el Presupuesto Nacional.

Con este panorama, la resolución de la UBA instruyó al rector de la institución a iniciar las acciones judiciales pertinentes, y a comunicar la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes.

Este paso se suma a la movilización de sectores universitarios que habían advertido la crítica situación derivada del veto o suspensión al reglamento de la ley por parte del Ejecutivo; ya en septiembre la UBA había anunciado un “plan de restricción” presupuestaria y convocado a movilizaciones en rechazo al veto presidencial.

El conflicto pone en tensión el funcionamiento del sistema universitario público y plantea un desafío institucional sobre la relación entre el Poder Legislativo, que sancionó la ley, y el Poder Ejecutivo, que decidió postergar su puesta en marcha. La UBA reclama que se asignen de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales vigentes.

“Hace más de 30 años fui bienvenido en la Argentina, donde fui a estudiar medicina. Me formé y me recibí de médico neurocirujano...”. Con ese recuerdo el presidente del Congreso de Paraguay buscó congraciarse con Javier Milei durante su visita al vecino país, pero el ejemplo no cayó en la mejor ocasión para el libertario: la Casa Rosada enfrenta este miércoles una fuerte marcha contra el veto presidencial al financiamiento universitario y una posible derrota ante la oposición en la Cámara de Diputados.

El anfitrión de Milei en el Congreso paraguayo fue Basilio “Bachi” Núñez, quien habló antes del mandatario en su última exposición de su gira de dos días en Paraguay. Núñez estudió en la Universidad Nacional del Nordeste, situada en la provincia de Chaco, hacia fines de los 80 y principios de los 90.

El pergamino de Núñez generó un escándalo en Paraguay años atrás porque se puso en duda la veracidad de sus estudios. Según la Dirección de Registros y Control de Profesionales del Ministerio de Salud y Bienestar Social paraguayo, el parlamentario se encuentra registrado con el título de médico cirujano, con registro profesional número 5.566 otorgado por la Universidad Nacional del Nordeste e inscripto el 2 de diciembre de 1996, según publicó el diario ABC.

El año pasado, Núñez tuvo que volver a defenderse de las críticas y ante medios locales buscó aclarar: “No soy un chamán. Soy médico neurocirujano. Estudié 7 años en la universidad y después en Argentina. Hice 5 años neurocirugía. Fui jefe de residentes, de sala. Operé en Emergencias Médicas, en Itauguá, en Clínicas, en IPS y conozco la vida médica”.

Milei cierra su gira paraguaya

En su disertación en una sesión especial organizada por el Congreso, Milei destacó la posibilidad de dar lugar a la “apertura comercial” en un mensaje al Mercosur.

“No tengo dudas de que será de provecho para ambos pueblos y será de inspiración a todos los países de la región que encuentren en la apertura comercial y la cooperación voluntaria el camino hacia un futuro mejor para todo el continente”, expresó desde el Palacio Legislativo en un mensaje al bloque regional que se muestra reacio a los acuerdos comerciales por fuera de la estructura de la región, aunque en el último tiempo ha aplicado flexibilizaciones.

Ante los diputados y senadores y los miembros de la Corte Suprema paraguaya, el mandatario elogió las políticas económicas y sociales del vecino país al sostener que la Argentina tiene mucho que “aprender”.

La participación de la sesión en el Congreso completó la visita de dos días: ayer Milei participó de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y se reunió con Santiago Peña

MC

Tras la dura derrota electoral del domingo frente al peronismo, Javier Milei tiene el desafío de aferrarse a su modelo de ajuste o de pegar un volantazo con dos medidas inminentes y con fuerte impacto social: los vetos a la emergencia pediátrica en el hospital Garrahan y el presupuesto para las universidades nacionales. También está a tiro el veto a la coparticipación de los Aportes Nacionales del Tesoro (ATN), que sancionó el Congreso a instancias de las provincias, justo cuando el Gobierno busca convocar a los gobernadores a un “diálogo federal”.

El Presidente tiene plazo formal para vetar esas leyes hasta este jueves próximo, cuando se cumple el plazo de 10 días hábiles desde que se informó oficialmente la sanción de las normas.

En ese marco es que los trabajadores del hospital pediátrico y los universitarios ya están en alerta. Una asamblea de médicos en el Garrahan convocó a un paro para el próximo viernes si Milei veta la ley, y hubo una fuerte declaración del rectorado de la UBA. Por el lado de las provincias, los mandatarios locales aún esperan el llamado concreto de Guillermo Francos para una cumbre federal.

Pese a reconocer la derrota y admitir que tendrá que hacer cambios en su gobierno, Milei ratificó el domingo por la noche la política de ajuste económico. Lo mismo aventuró el ministro de Economía, Luis Caputo. Para los libertarios es un mantra el déficit cero y las tres leyes mencionadas afectarían gravemente la billetera de la Nación, según entiende el oficialismo, aunque el costo fiscal no parece significativo.

Si Milei finalmente avanza con los vetos, se abre el juego al Congreso para impulsar la insistencia, todo en medio de la campaña electoral para las elecciones del 26 de octubre. En el Senado se aventura un escenario favorable para volver a aprobar las leyes -como pasó la semana pasada con la emergencia en discapacidad- pero en la Cámara de Diputados la disputa aún está abierta.

La emergencia pediátrica

Los trabajadores del Garrahan, tanto médicos como residentes y administrativos están en alerta si Milei veta la emergencia pediátrica, por lo que ya propusieron para el viernes 12 un paro con posible movilización.

La ley que sancionó el Senado el pasado 21 de agosto propone un freno al vaciamiento por parte de Nación, la recomposición salarial de todos los trabajadores, la actualización de los residentes y el refuerzo del presupuesto. En el Garrahan hay aproximadamente 4.500 trabajadores de planta y 420 residentes. La ley plantea en el artículo 3 la recomposición salarial llevando la grilla a los niveles de noviembre de 2023: implica un 70% de aumento, clave porque es para todos los trabajadores.

La ley también deroga la resolución ministerial de Mario Lugones que degrada las residencias y las convierte en becas, precarizando ese plan laboral. La ley plantea además garantizar insumos, equipamiento y condiciones críticas para la pediatría. Y también la eximición del impuesto a las Ganancias a los trabajadores en pediatría porque hay quienes entran a la cuarta categoría por cobrar apenas unos pesos.

Los universitarios

El rector y los decanos de las 13 facultades de la UBA le reclamaron a Milei que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y pidieron que no la vete porque es “imprescindible” para sostener la educación superior pública y de calidad.

Las autoridades de la UBA grabaron un video de poco más de un minuto de duración que se publicó en redes sociales, en el que recalcan: “Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones”.

La ley de Financimiento es la segunda que se aprueba tras la sanción y posterior veto blindado del año pasado. En su versión 2025, los puntos clave de la ley son el aumento de las becas Progresar —congeladas en 35 mil pesos— y Manuel Belgrano —en 81 mil pesos—; la paritaria docente, con una pérdida salarial del 38% cuando el Gobierno no convocó a paritarias y dio solo un 5% de aumento; y las partidas para funcionamiento e investigación, que siguen congeladas.

Los fondos de las provincias

Milei también tiene un desafío institucional con los gobernadores porque el Congreso sancionó recientemente la coparticipación de los ATN, que actualmente se reparten a discreción. Aunque el costo fiscal de la medida equivaldría al 0,03% del PBI ($253.000 millones), para la Casa Rosada sería un golpe político ceder ante las provincias.

La ley dispone que a la Nación le corresponderá el 41,2% de ese fondo, mientras que el 58,8% restante se repartirá entre las provincias según los coeficientes de coparticipación.

En ese contexto es que Francos quiere apurar una convocatoria federal, que se anunció este lunes junto a la conformación de una mesa política mileísta. Pero aún nada se concretó y los gobernadores ya alzaron su voz.

Tras un Zoom, los gobernadores de Provincias Unidas ya levantaron su voz: “La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado”, se quejó Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. El grupo de mandatarios prepara para el viernes una reunión Río Cuarto, Córdoba, como una foto desafiante para Milei.

MC

Los universitarios buscan que las protestas por el ajuste del Gobierno no queden acotadas a la negociación parlamentaria por el Presupuesto 2025 y se vuelquen otra vez en las calles. Luego de sumarse al paro de transporte de este miércoles, los gremios de docentes y no docentes junto con el grueso del estudiantado trabajan en la arquitectura de una nueva marcha federal para diciembre, pero que exceda las consignas propias del sector, como fueron las del 23 de abril y la del 2 de octubre.

La fecha que se baraja para una tercera acción callejera es el 5 de diciembre, con el objetivo de que sea una movilización multisectorial. La consigna fue lanzada por las dos CTA –que están en proceso de unificación– y podría también estar capitaneada por parte de la CGT, supo elDiarioAR de fuentes al tanto de la disputa estudiantil con la Casa Rosada.

Para definir el posicionamiento universitario este viernes está en agenda una cumbre entre las dos centrales gremiales de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy con el estudiantado y los sindicatos. Llamativo no es que solo participarán las agrupaciones universitarias más peronistas y que abarcan a aproximadamente un tercio de los alumnos –nucleadas en el llamado frente Malvinas Argentinas–, sino también a la mayoritaria Federación Universitaria Argentina (FUA), que conduce históricamente el radicalismo a través de la Franja Morada, personificada en Piera Fernández. 

Esa marcha federal y multisectorial sería por varias consignas: contra el hambre, por trabajo, producción, salud y educación. “Se está trabajando para que confluyan distintos sectores”, dijo una fuente que forma parte de las conversaciones. Seguramente se sumarán los movimientos sociales y piqueteros, además de la izquierda.

Pero en esa reunión con las dos CTA de este viernes no serán de la partida las expresiones más combativas de la izquierda estudiantil, que este mismo viernes harán una manifestación: a las 17 se concentran en el Obelisco para luego movilizar a Plaza de Mayo y posteriormente a la sede de la CGT, en reclamo al llamado a un paro general. Las agrupaciones ligadas al trotskismo propusieron hacer una tercera marcha federal el 12 de noviembre, pero no tuvieron apoyo de sus pares.

Este viernes, a su vez, el frente sindical que reúne a los docentes y no docentes comenzará una serie de reuniones federales para sumar volumen hacia el 5 de diciembre. La jornada de este viernes será en la regional de La Plata y para los próximos días habrá acciones –con fechas a definir– en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Comahue, Misiones, Patagonia San Juan Bosco, Tucumán Córdoba, Conurbano Sur y Conurbano Noroeste. El 22 de noviembre habrá un cierre con un Festival de la Gratuidad Universitaria. “El Gobierno sigue sin escuchar las legítimas demandas por salarios dignos, presupuesto universitario que permita el sostenimiento de las actividades sustantivas, bienestar estudiantil e infraestructura para las actividades académicas”, cuestionó el frente sindical a través de un comunicado de las últimas horas.

El conflicto seguirá latente con clases públicas en las universidades, con la acción simbólica de que se instalarán pupitres frente al Congreso desde el martes próximo, mientras se discute el Presupuesto 2025. La intención es “educar a los legisladores”. El desafío del sector es mantener vigente el reclamo ante la cercanía del fin del cuatrimestre.

Hasta ahora el Gobierno no se movió un punto de su propuesta de $3,8 billones para las universidades, cuando el CIN calculó que necesitan $7,2 billones para funcionar todo el año que viene sin ningún inconveniente –incluyendo pagar salarios por encima de la inflación–. Este miércoles el oficialismo pisó en falso cuando canceló a último momento una conferencia de prensa de La Libertad Avanza en Diputados para hacer un “importante anuncio” sobre el presupuesto. 

Según pudo reconstruir elDiarioAR, la idea era reasignar partidas de las provincias hacia las universidades. Se dio de baja porque iba a generar un conflicto con los gobernadores. La discusión parlamentaria es el ámbito en el que los rectores del CIN están invirtiendo para conseguir que el Gobierno abra más la billetera. Esta semana se reunieron con el nuevo bloque disidente de la UCR y con los federales de Miguel Pichetto y la semana que viene tienen pensado verse con Unión por la Patria. 

El oficialismo está obligado a negociar porque sin el apoyo de los bloques del centro no tendrán los votos para darle media sanción al Presupuesto. Luego de un mes de tratamiento, los libertarios quieren ir al recinto hacia fin de noviembre, para que el Senado sancione la Ley de Leyes a más tardar en diciembre. En paralelo a esa discusión más palaciega, los universitarios quieren presionar en las calles. “Lo del Presupuesto va a ser lo que vaya organizando más actividades”, apuntaron a este medio. La idea que circula en los distintos actores universitarios es que haya una vigilia para el día en que Diputados se proponga votar el Presupuesto 2025 de Milei.

MC/JJD

En un nuevo hito de la ola de protestas que viene atravesando a facultades de todo el país, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó hoy a un paro de 24 horas en contra del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación pública.

La medida comenzó formalmente ayer por la noche con una marcha de velas en la ciudad de Buenos Aires, entre la Plaza Houssay y el Palacio Pizzurno, y se repetirá el lunes y martes de la semana que viene, con otro paro nacional de 48 horas.

A una semana de que el Congreso avalara el veto de Javier Milei, el conflicto está lejos de remitir, tanto por la combatividad que están demostrando docentes y estudiantes como por la decisión del Gobierno de escalar la confrontación, utilizando el debate sobre las auditorias como arma para restar legitimidad a los reclamos.

“El Frente Sindical ha resuelto la profundización del plan de lucha con un horizonte de disputa con el Gobierno nacional, que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario”, afirma el comunicado del frente que reúne a las principales organizaciones y gremios del ámbito universitario.

El paro es la cristalización de acciones y medidas que se están llevando a cabo en casas de altos estudios de todo el país durante la última semana, que van desde tomas de facultades y cortes de calles hasta clases públicas y multitudinarias asambleas.

Centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) habían anunciado que seguirán en plan de lucha y ayer votaron tomas de entre 24 y 72 horas se iban a llevar a cabo en las facultades de Ciencias Exactas, Derecho, Medicina, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Ingeniería, Sociales, Psicología y Filosofía y Letras.

Además de la UBA, durante los últimos días se registraron acciones de lucha en más de 60 facultades de todo el país, en las universidades nacionales de Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Cuyo, de Jujuy, Salta, Jujuy, Tucumán, Quilmes, Tres de Febrero, La Matanza, Lomas de Zamora y José C. Paz, entre otras. 

El efecto contagio de las protestas alcanzó inclusive a casas de estudios habitualmente refractarias a este tipo de reclamos. Una de ellas es la Facultad de Derecho de la UBA, tomada tras una asamblea de más de 400 estudiantes, que no estaba atravesada por una protesta de esas características desde los años noventa. El jueves pasado, tras el veto, fue tomada la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, otro hecho histórico.

La estrategia del Gobierno: auditorias y provocaciones

Ante la efervescencia de las protestas de docentes y estudiantes, el Gobierno parece haber tomado la decisión de no ceder en la disputa, utilizando como principal ariete el tema de las auditorias.

Tras las constantes diatribas de Milei contra los “curros” de las universidades, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales. 

Hasta ahora, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorias.

Inmediatamente después del anuncio, el director de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Miguel Blanco, reveló que las auditorías comenzarán la semana próxima “con algunos casos como la Universidad de La Matanza”.

Otro aspecto que está sumando tensión al conflicto son los enfrentamientos que han comenzado a tener lugar en varias facultades. En la Universidad de Quilmes, hubo incidentes el lunes a partir de la provocación por parte de simpatizantes libertarios. Una situación similar ocurrió la semana pasada en La Matanza, donde las autoridades cerraron la puerta del rectorado para evitar que alumnos ingresen al edificio para hacer una asamblea y terminaron siendo agredidos.

Por otra parte, ayer la Policía de la Ciudad hizo operativos de custodia en algunas de las sedes de la UBA. El lunes se vieron móviles de la Infantería en las inmediaciones de Económicas –que no tiene toma, pero sí clases públicas– y ayer se alertaron en Psicología y Sociales. 

En este mismo sentido, la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (Conadu) denunció ayer la intervención de la policía en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

DM/JJD

Centros de estudiantes y organizaciones gremiales docentes culminaron un miércoles marcado por diversas acciones de protesta con marchas de velas y antorchas en distintos puntos del país.

En la ciudad de Buenos Aires, la manifestación fue convocada en Plaza Houssay, desde donde la “marcha de las velas” se dirigió hasta el Palacio Pizzurno, sede de la actual Secretaría de Educación (ex Ministerio de Educación).

El Frente Sindical de docentes universitarios y la Federación Universitaria Argentina (FUA) dedicieron la convocatoria de estas manifestaciones, como antesala del paro nacional que se realizará mañana y se repetirá el lunes y martes de la semana que viene.

Como se está volviendo habitual en las protestas universitarias, hubo momentos de tensión entre manifestantes y un influencer libertario que concurrió a Plaza Houssay. Se trata del conocido youtuber mileísta Mariano Pérez, que fue escoltado por la policía mientras escuchada gritos de “fuera facho, fuera”, sin que se reportaran agresiones de otro tipo.

Fuera de CABA, se destacó la masividad de la Marcha de Antorchas que está teniendo lugar en la ciudad de La Plata, que se convocó frente al Rectorado de la UNLP.

Noticia en desarrollo...

Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento educativo y mientras se debate el Presupuesto 2025 en el Congreso, se vuelve cada vez más grande la ola de protestas contra las políticas del Ejecutivo en relación con las casas de altos estudios.

En este momento, son casi 30 las facultades de distintas universidades permanecen tomadas, y los estudiantes continúan escalando las protestas en todo el país.

Hoy por la tarde, en un hecho histórico, la asamblea de la Facultad Derecho de la Universidad de Buenos Aires decidió que la toma la facultad por el financiamiento universitario, y se espera que en las próximas jornadas la lista se siga incrementando.

Los estudiantes de Derecho decidieron llevar adelante esta medida por 24 horas y mañana cortarán la avenida Figueroa Alcorta y para luego marchar a Plaza de Mayo a las 18.30. Tras la marcha volverán reunirse en asamblea para debatir si continúa o se levanta la toma, según acordaron esta tarde en una asamblea de la que tomaron parte más de 300 alumnos.

DM

El ex ministro de Economía Martín Guzmán reaccionó en sus redes sociales al anuncio de la reforma en la política de cargos y sobrecargos del FMI, que reducirá significativamente el costo de los préstamos para sus países miembros. Entre los principales beneficiarios se encuentra la Argentina, cuya deuda con el organismo ha sido fuertemente gravada por sobrecargos desde que el país recurrió al FMI en 2018.

“El FMI redujo la tasa de interés que cobra sobre sus préstamos, lo que implica un alivio para Argentina de casi USD 450 millones por año”, comienza el mensaje que publicó Guzmán en su cuenta de la red social X. “Es más de lo que cuesta la Ley de Financiamiento Universitario que vetó el gobierno de Javier Milei”, agregó.

“Aquí hay un financiamiento para el que hay que definir un uso”, continuó el ex ministro de Econmomía. “La plata está, ¿y si esta vez la usan para financiar la educación pública?”, se preguntó.

“Fue una cruzada mundial de 4 años. Desde nuestro planteo inicial en el G-20 en Arabia Saudita en 2020, se construyeron apoyos del G-20, legisladores del Congreso de Estados Unidos, las Naciones Unidas, el Vaticano, muchísimas instituciones académicas y de la sociedad civil. Se trabajó sin pausa política y técnicamente para reformar una política absurda y especialmente dañina para Argentina por el enorme monto de la deuda con el FMI tomada en 2018-2019”, afirmó Guzmán, visibilizando el rol que habría jugado su gestión en esta decisión del FMI.

“Gracias a todas las figuras mundiales y de nuestro país que trabajaron para un poco de alivio a los países en crisis. Sabemos de qué lado estamos: del lado de la Nación y de la justicia en nuestra sociedad. Hay que seguir trabajando para resolver esta deuda con el FMI”, concluyó.

DM

Al menos siete persosonas fueron detenidas y 16 resultaron lastimadas con gas pimienta –entre ellas el fotógrafo Matías Baglietto quien cubría una nota para elDiarioAR–, durante incidentes frente al Congreso luego de la votación en la que Diputados ratificó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Los convocantes a la manifestación afirmaron que estas situaciones se dieron luego de que, una vez finalizada la votación en la Cámara de Diputados, youtubers libertarios ingresaron a la concentración a provocar a los manifestantes. Policías que estaban de civil, haciendo tareas de inteligencia ilegal, entre a las y los manifestantes, intervinieron para resguardar a en un local y luego arrojaron gas pimienta.

Con el correr de la tarde-noche, uno de los detenidos fue identificado como Roberto de la Cruz Gómez, el último de los 33 detenidos por protestar en junio contra la ley Bases que fue liberado el pasado 5 de septiembre, tras permancecer casi tres meses en una celda.

44 años, empleado en una panadería, Roberto había recuperado su libertad hace poco más de un mes, horas después de que la Sala II de la Cámara Federal dispusiera su excarcelación bajo condición de que utilice un dispositivo de rastreo. Su detención se extendió tanto porque la jueza María Servini de Cubría entendía que podía entorpecer la causa en lo que se lo investiga –supuesto atentado a la autoridad agravado y daño agravado– debido que él tiene antecedentes penales, aunque son condenas ya cumplidas. La Justicia no le encontró pruebas de ser un supuesto terrorista y planear un golpe de Estado, así como tampoco al resto de las 32 personas presas en aquella manifestación y como el Gobierno intentó rápidamente instalar.

Hasta el día 70 de su detención no fue notificado de su situación judicial. Tres veces el juzgado le negó su excarcelación. “No soy ningún terrorista, jamás cometí un golpe de Estado. Más que un detenido era un secuestrado”, sostuvo Roberto en una entrevista con elDiarioAR, realizada tras su liberación.

Soportó la detención con buen ánimo hasta que quedó como el único detenido por la protesta contra la Ley Bases, luego de que fuera liberada Daniela Calarco Arredondo. La crisis anímica lo llevó a iniciar una huelga de hambre, a la vez que presentó ante la jueza Servini de Cubría una carta para denunciar su situación judicial, sin motivos comprobados para extender su prisión preventiva. Hasta que el jueves pasado los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico decidieron que recupere su libertad. La Justicia dispuso la excarcelación bajo la condición del uso de un dispositivo de rastreo electrónico o de ubicación física, además de que tiene prohibido salir del país y debe presentarse al inicio de cada mes en Tribunales. 

Tras aquel oscuro periplo, Roberto volvió ayer a participar de una protesta contra las medidas de Javier Mieli. Y hoy está detenido nuevamente.

DM/MC

Con el apoyo del PRO, parte del radicalismo y varios gobernadores de raigambre peronista, el Gobierno obtuvo un simbólico triunfo esta tarde al lograr mantener el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

En el recinto del Congreso hubo cruces fortísimos entre las bancadas y en la calle se vivieron varios momentos de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Ese clima de enfrentamiento se trasladó a las redes sociales apenas terminada la votación. Figuras representativas de los sectores que votaron a favor y en contra de mantener el veto volcaron por esa vía sus opiniones.

“El Gobierno, con la complicidad de algunos legisladores aliados y opositores, y utilizando recursos de todo tipo, provocó que la Cámara de Diputados termine dándole la espalda a una sociedad que, a lo largo y a lo ancho del país, dejó en claro que está a favor de la educación pública universitaria”, sostuvo el senador y presidente del Comité Nacional del radicalismo, Martín Lousteau. “No alcanza con llenarse la boca hablando de educación durante la campaña electoral. La gente nos pone en las bancas para defender con nuestros votos sus ideas. Seguiremos presentando propuestas, reclamando e insistiendo para que cuidemos lo que funciona bien. Universidad pública, siempre”, sentenció.

Por su parte, la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, afirmó: “Que los libertarios viajan en patrullero, ya lo sabemos. Ahora, sigamos con los nombres de quienes apoyaron el veto y cómo organizar la lucha en todas las universidades del país”

Por el lado del oficialismo, uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro de Economía Luis Caputo, quien en su cuenta de la red social X sostuvo: “Hoy es un día histórico. Se votó terminar con el ostracismo de la vieja política, y se reforzó el rumbo de la transparencia y el orden económico que nos va a sacar de la decadencia populista”.

Casi al mismo tiempo y por el mismo medio, la canciller Diana Mondino afirmó: “Apoyo absoluto al veto y al Presidente en su titánica tarea de mantener el equilibrio fiscal. Hice primario, secundario y universitario gracias a la educación pública. Hoy, tras años de evitar controles, buscando esconder gastos en militancia política y curros para algunos a costa de sueldos para nuestros profesores, la universidad corre peligro de ser destruida. La forma de defender el futuro de nuestros hijos y su educación, es auditando”.

Por su parte, la ministra del Interior, Patricia Bullrich, celebró “este triunfo heroico de los diputados que preservaron el equilibrio fiscal y trabajan por una universidad con libertad”. Luego agregó: “¿Qué pasó estos años? La universidad se convirtió en un burdo local partidario donde castas políticas la privatizaron y se la apropiaron. Liberar a la universidad es luchar por la calidad y la accesibilidad. Hay muchos que lo saben y callaron. ¡No nos callamos! Este es el cambio cultural que lidera el Presidente Milei”.

DM

Javier Milei logró que la Cámara de Diputados confirme este miércoles su veto a la ley de Financiamiento Universitario. La oposición había pedido una sesión para este miércoles, con el fin de rechazar ese veto, lo que requería la aprobación del expediente de al menos los dos tercios de los legisladores presentes en el recinto. Pero ese número no se consiguió y la Casa Rosada, de esta manera, obtuvo una segunda victoria parlamentaria consecutiva después del veto presidencial a otra ley sancionada que otorgaba una mejora a las jubilaciones.

Con 249 diputados presentes en el recinto, la Cámara baja confirmó este miércoles la decisión del Presidente de rechazar la ley de Financimiento Universitario, con 159 legisladores a favor de la norma, 85 en contra (es decir en apoyo al Gobierno) y 5 abstenciones. Para insistir en la sanción de la ley se necesitaban Al menos 166 voluntades. Ocho diputados estuvieron ausentes.

Al continuación, la planilla oficial de la votación, con los nombres de cada diputado y sus respectivas provincias y bloques que integran, con una aclaración: la diputada María Fernanda Araujo, de La Libertad Avanza, figura con voto afirmativo —es decir a favor de la ley y en contra del veto— pero en la sesión consignó a viva voz que su voto en contra —es decir rechanzando la ley y apoyando el veto—. Por eso el resultado del documento oficial figura 160 a favor y 84 en contra, cuando debería ser 159 a favor y 85 en contra.

JJD

La sesión en la Cámara de Diputados sobre el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario entró en terreno de máxima tensión a poco de comenzar. Si en la previa el oficialismo llegaba más holgado para blindar la medida presidencial con un tercio de los votos, en los primeros discursos en el recinto hubo señales más favorables a la oposición que quiere insistir con la norma y que necesita juntar dos tercios de las voluntades presentes.

Esos guiños los dieron la libertaria Lourdes Arrieta, que tiene un monobloque, y las dos diputadas sanjuaninas referenciadas en el gobernador Marcelo Orrego. Eran votos que parecían más proclives a la ausencia o la abstención, por lo que no estaban en los cálculos del arco opositor. Para el bando oficialista hubo una jugada de último momento del gobernador de Chubut, Nacho Torres, ya que ordenó que la diputada Ana Clara Romero de Torres vote junto al Gobierno y logró que Jorge Ávila, jefe del sindicato de petroleros y parte del espacio Encuentro Federal que está en contra del veto, se ausente.

Fuentes parlamentarias que siguen la lupa del poroteo estiman que la votación al mediodía estaba en 162 votos a favor de la ley y 83 en contra, con una leve ventaja aún del Gobierno. 

La incertidumbre se trasladó entonces rápidamente a los tres diputados tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, un gobernador peronista que apenas asumió Javier Milei se acercó a la Casa Rosada. Son votos que están en duda y que podrían inclinar la balanza para cualquiera de los dos lados. También es una incógnita cómo votará la tucumana de Creo, Paula Omodeo, que suele acompañar al oficialismo. Restan aún un par de horas para la definición, que se espera para poco después de las 14 de hoy.

El giro de los tucumanos podría echar por la borda el esfuerzo que hizo el Gobierno para abroquelar al PRO y sumar otra vez a los flamantes radicales libertarios. El oficialismo cuenta con al menos dos amarillos que votarían en contra del veto –Álvaro González y Héctor Baldassi– y la ausencia de Oscar Zago, jefe del bloque del MID, que está de viaje.

En la oposición aspiran a superar el piso de los 160 votos a partir del grueso de los peronistas –Unión por la Patria tiene 99 diputados– y los radicales –27 voluntades–. En el espacio de Miguel Pichetto estiman tener a 13 de sus 16 miembros, pero es una duda el entrerriano Francisco Morchio, que depende del gobernador del PRO Rogelio Frigerio. 

A su vez, en el bloque de Innovación Federal, que representa a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, votarían contra el Gobierno 7 de sus 8 miembros, pero cuentas de último momento aseguraban que los referentes de Carlos Rovira se iban a abstener. Es decir que si los gobernadores se mueven en favor de la ley, el veto de Milei tiene la suerte echada en Diputados. Bloques enteros en contra son la Coalición Cívica –tiene seis votos– y la Izquierda –con cinco–. También estarían a favor de la ley los 2 diputados santacruceños y el monobloque del Movimiento Popular Neuquino.

Al menos en la lista de oradores no están anotados los tucumanos, el entrerriano y los misioneros para hablar, por lo que su postura recién se conocerá en el preciso momento de la votación. Quizás los motive a cambiar su voluntad lo que planteó la sanjuanina Nancy Picón para adelantar el apoyo a la ley de las dos diputadas que tiene el gobernador Orrego: “Sabemos que hay que hacer un ajuste, que es necesario, pero el ajuste no podemos hacerlo con la educación, que es el futuro del país”, fue crítica sobre la gestión de Milei.

Antes había adelantado su cambio de voto –en la sesión de la media sanción había votado en contra de la ley– Arrieta, quien dijo: “Quiero reafirmar mi compromiso hacia los estudiantes, hacia los argentinos de bien que nunca van a poder estudiar en la universidad pública. Con el IVA de la polenta que compran financian la universidad pública, pero también la SIDE y los trolls”.

MC/MG

La mendocina Lourdes Arrieta, ex LLA y ahora del bloque Fuerzas del Cielo, y las dos diputadas nacionales sanjuaninas del bloque Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno, sembraron más dudas en el oficialismo y confirmaron que votarán por la insistencia a la ley de financiamiento universitario, en una decisión que le da esperanzas a la oposición en relación a poder revertir el veto presidencial a la norma sancionada por ambas cámaras del Congreso.

Lourdes Arrieta confirmó al tomar la palabra en la sesión que arrancó pasadas las 11 que votará en contra del veto. “No es un discurso para oídos sensibles”, anticipó la legisladora que protagonizó meses atrás la crisis en el bloque de LLA tras la visita a represores en la cárcel de Ezeiza y que terminó con su salida obligada de las huestes libertarias. “Lo público no es tan público cuando tenés que trabajar en McDonalds o Rappi para pagar tus estudios”, argumentó la diputada del bloque liberal Fuerzas del Cielo. Y agregó: “Acá no se trata de financiar las universidades públicas, si no de si la plata va realmente va al estudiante, que estudia en el piso o que va a baños hacinados. ¿Va para ellos o para los rectores que son amigos del poder?”, se preguntó.

“Quiero reafirmar mi compromiso hacia los estudiantes, hacia los argentinos de bien que nunca van a poder estudiar en la universidad pública. Con la polenta que compran financian la universidad pública, pero también la SIDE y los trolls”, apuntó Arrieta a sus excompañeros del oficialismo. La legisladora, expulsada del bloque de la Libertad Avanza, les pidió “perdón a los argentinos porque el dinero no está siendo bien administrado” y que haya un debate sobre las auditorías.

A su turno, la sanjuanina Nancy Picón Martínez, dijo saber “que hay que hacer un ajuste, que es necesario y que este presidente le dijo a cada uno de los argentinos en campaña. Pero el ajuste no podemos hacerlo con la educación. Podemos hacerlo desde cualquier otro sector, pero no desde la educación que es el futuro del país”, argumentó la legisladora sanjuanina.

“El voto de San Juan va a ser a favor de la educación pública y las universidades”, ratificó Picón Martínez, incluyendo también a su compañera de bloque María de los Ángeles Moreno.

Según expresó, no se puede “haber votado la esencialidad educativa y ahora dejar sin fondos a esa esencialidad”.

“Soy alumna e hija de la Universidad Nacional de San Juan. Fui docente de esa universidad y puedo decir que soy madre del doctor que se recibió en la universidad pública”, finalizó.

La Cámara de Diputados sesiona para tratar el veto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional a la ley de financiamiento de las universidades públicas nacionales, que la mayoría de los bloques opositores rechazan y buscan alcanzar los dos tercios de los votos para poder insistir con la norma aprobada por el Congreso Nacional.

La sesión especial impulsada por Unión por la Patria, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica se inició a las 11.18 con la presencia de 144 legisladores, y se estima que se prolongará por tres o cuatro horas.

Para blindar el veto presidencial, el oficialismo y otros bloques afines como el PRO deben superar el tercio de los votos.

Con información de agencias.

IG

Doce universidades de todo el país fueron tomadas en repudio al veto por la ley de Financiamiento Universitario. Esta medida fue tomada en el marco de la sesión en el Congreso donde Diputados va a tratar el rechazo de la prohibición del presidente Javier Milei.

Desde hace horas, estudiantes de toda la Argentina realizan diversas acciones en sus universidades en contra del veto por el financiamiento. Entre las más destacadas fueron las clases públicas en la calle, vigilias, asambleas y tomas.

A la espera de saber el dictamen de Diputados, los estudiantes también marcharán al Congreso a las 11.00 para escuchar desde afuera del plenario la votación y “meter presión”.

En este marco, hay cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dos en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), dos en la Universidad de San Martín (Unsam), en la Universidad de José C. Paz (Unpaz), en la Universidad de Tres de Febrero (Untref), dos en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dos en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en Unju de Jujuy, Santa Cruz en la UNPa, UNLPam en La Pampa, UNT en Tucumán, en el Litoral la UNL y en Mendoza la UNCuyo.

Sobre el Colegio Nacional Buenos Aires, que depende de la UBA, decidieron sumarse a la medida y de esta forma también fueron tomadas las instalaciones.

Para que el veto dictado por Milei quede sin efecto, tanto la Cámara de Diputados y el Senado deberán ratificar la ley de Financiamiento Universitario con al menos dos tercios de los votos.

Aun así, el PRO anunció que votará a favor del veto y los números no alcanzarían para que los estudiantes de las universidades obtengan un resultado favorable.

Se multiplicaron las protestas

La posibilidad de que el Gobierno pueda obtener los votos necesarios en el Congreso para ratificar el veto -gracias al apoyo recientemente anunciado del bloque del PRO- provocó que esta medida comenzara a replicarse durante las últimas jornadas en otros centros universitarios de diversas partes del país.

En CABA, este martes por la tarde la asamblea de la Facultad de Ciencias Sociales se sumó a las tomas, mientras que, casi al mismo tiempo, hacian lo propio los estudiantes Veterinaria y de las facultades de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Jujuy.

Mientras por las redes sociales se iban sucediendo las imágenes de nuevas universidades que se iban plegando a la marea de tomas, por estas horas se conoció que en Mendoza los estudiantes están tomando el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo y lo mismo ocurre en la Universidad Nacional de La Plata.

DM

El Gobierno realizó una jugada de último momento en su afán de lograr que el Congreso no rechace el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario. La Cámara de Diputados realizará este miércoles una sesión y es probable que la oposición —a diferencia de la sesión convocada para rechazar el veto a la ley de Reforma Previsional— esta vez sí consiga el número para cumplir su cometido.

En la Casa Rosada hay una preocupación real por la posibilidad de que Diputados rechace el veto porque, en el caso de que eso ocurra, en el Senado los números son aún más adversos y podría quedar institucionalizada por ley una manera automática de financiar a las universidades públicas, contra la obsesión de Milei de reducir el Estado, inclusive en sus funciones esenciales, en el afán de mostrar superávit fiscal.

En la noche de este martes, el Ministerio de Capital Humano, que conduce la amiga del Presidente, Sandra Pettovello, difundió un comunicado en X (Twitter) en el que anunció que “actualizará la garantia salarial docente del sistema universitario con retroactividad a abril de 2024, para asegurar un salario de bolsillo mínimo por cada cargo docente, luego de descontar los aportes obligatorios”. Es decir que hará retroactivo a abril el aumento del 6,8% ya rechazado por los gremios.

“Esto significa que, si un docente tiene dos cargos, percibirá el salario minimo por cada uno de ellos”, dice el comunicado oficial. Además, señala que “frente a las consultas recibidas”, la intención del Gobierno es “hacer extensivo el pago de la garantía salarial retroactiva al convenio no docente”.

El anuncio de Pettovello, que tiene a cargo el área de Educación, degradada por Milei de Ministerio a Secretaría de Estado, se produjo esta noche, a horas de la sesión de Diputados y un día después de que los gremios universitarios volvieran a rechazar el aumento del 6,8% para el personal docente y no docente que había ofrecido el Gobierno, que finalmente impondrá ese incremento por decreto, luego de que fracasara la reunión realizada entre funcionarios de Capital Humano y representantes de esos sindicatos.

“El Ministerio de Capital Humano ofrecerá un aumento del 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para el mes de octubre. Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas”, señaló Capital Humano, en otro comunicado, tras el encuentro con los líderes sindicales universitarios.

Este aumento, a su vez, fue dispuesto después del cimbronazo que le generó al gobierno de La Libertad Avanza la marcha federal contra el desfinanciamiento universitario y contra el veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario.

A la salida del encuentro, los gremios remarcaron que lo que exigen “no es un incremento salarial, sino converger los salarios y la inflación para no seguir perdiendo más poder adquisitivo”. “Como ya lo hemos dicho reiteradas veces, tenemos el salario en dólares más bajo de América Latina y el salario en pesos más bajo desde el retorno de la democracia”, precisaron.

Y añadieron: “Por todo esto, es que volvemos a instar a los diputados y diputadas de la nación a que el día miércoles rechacen el veto de Milei con los dos tercios, respetando el pedido del pueblo argentino, que ya se expresó en la Marcha Federal Universitaria del pasado miércoles”.

JJD