La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) junto a 2000 científicos y científicas firmaron la presentación frente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de un documento que da cuenta del incumplimiento por parte del Estado de la ejecución de los fondos para financiar los proyectos científicos. Hoy científicos y científicas se movilizaron al Polo Científico de Conicet, en defensa de la ciencia pública y sus trabajadores. 

Valeria Levi, Vicedecana de la Facultad de Exactas de la UBA y miembro de RAICyT contó sobre la presentación al organismo multilateral: “Hemos tratado de hablar numerosas veces y hemos hecho llegar nuestros reclamos en numerosas instancias al gobierno nacional y no tuvimos respuesta, entonces apelamos al BID que es uno de los organismos financiadores” y agregó: “Pero hay interrogantes: ¿cuántos fondos quedan?, ¿en dónde están?, ¿se han girado al país y no se han usado?”.

Según Levi, el organismo respondió que “inmediatamente después de presentar la denuncia”, les llegó un email diciendo que se va a revisar todo el material y “que en caso de ser necesario nos van a contactar”. Y agregó que el envío de la documentación con la firma de los 2000 científicos, es un hecho sin precedentes en la historia del país: “hay gente de todo el arco político, gente hiper importante del ámbito científico. Creo que es la primera vez en la historia que al BID le llega un reclamo a la propia comunidad científica y eso nos parece también un hecho importante, que marca la crisis absoluta que estamos viviendo”.

Las 2000 avales que acompañaron el petitorio tienen firmas de científicos de renombre como el biólogo y divulgador científico argentino, especialista en cronobiología, Diego Golombek; la viróloga argentina, Andrea Gamarnik, científica conocida por sus investigaciones relacionadas con el VIH, la hepatitis B, y el virus del dengue y Jorge Geffner, doctor en Bioquímica, investigador superior del CONICET y director del Departamento de Microbiología de Facultad de Medicina de la UBA.

En septiembre pasado, una investigación de elDiarioAR reveló que la Agencia I+D+I que financia la ciencia argentina anunció a finales de agosto que no hay plata para los científicos pero retenía al menos US$53 millones provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos. La investigación informó que por cada dólar ejecutado hasta ese momento durante 2024, US$3,93 permanecían en las cuentas bancarias engrosando el Tesoro Nacional, mientras los científicos viven una parálisis del sistema desde fines de diciembre de 2023. La situación desde entonces no hizo más que empeorar.

La investigación periodística desarmó el argumento de “no hay plata”, evidenciando que el financiamiento existe y está disponible para su uso. Además, se expuso que si el organismo cumpliera con los pagos a los científicos y a los proyectos acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) podrían habilitarse nuevos desembolsos para seguir impulsando el desarrollo científico. Sin embargo, la convocatoria a los Proyectos de Investigación Científica (PICTs) de 2023, el instrumento que permitía recibir financiamiento para cada una de las investigaciones, se prorrogó por 5° vez. 

Levi sostiene que: “además del tema de la plata en sí, hay otras cosas que marcan que se está obstruyendo con la agenda de la financiación de las ciencias, en particular el no nombramiento de los miembros del directorio” y agregó que “eso en sí frena, paraliza un montón de tareas rutinarias que necesitan del directorio [de la Agencia I+D+I] para ser realizadas, que no se pueden realizar porque no está nombrado”.

Los becarios y becarias de la Agencia I+D+I organizados en asamblea, comenzaron hace algunas semanas una campaña focalizada en cuestionar “¿Dónde están los 53 millones de dólares?”. En un video que circuló por redes sociales plantearon la situación asfixiante que viven los investigadores: “Los salarios de los investigadores están congelados hace casi un año y ahora incluso suspenden becas ya otorgadas”, sostuvieron y agregaron: “Si los organismos internacionales ya enviaron la plata: ¿Dónde están los fondos?, ¿Se están usando para lo que corresponde?, ¿Por qué el gobierno nacional no da respuestas?”

En un comunicado de prensa con motivo de la marcha a realizarse hoy, los becarios y científicos apuntaron contra el Gobierno: “con la publicación de los resultados de la última convocatoria de becas de finalización en Conicet y como consecuencia de una escasez en los cupos otorgados, quedan en la calle al menos 166 investigadorxs en formación que venían desarrollando sus doctorados como becarixs de la Agencia I+D+i o distintas universidades nacionales y que normalmente los habrían concluido como becarixs de Conicet”. Además agregaron: “una decena de becarixs de la Agencia I+D+i fueron despedidxs por decisión burocrática de ese organismo, excusándose en criterios contradictorios en sus propios reglamentos internos”.

Ya a principios de diciembre, Raicyt había enviado un pedido de acceso a la información pública al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos para consultar, entre otras cosas, sobre la asignación y ejecución presupuestaria de la Agencia I+D+I y los programas y proyectos ejecutados por el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según detalló Levi, las respuestas fueron insuficientes, por lo que el equipo de abogados de la Red, reafirmó el pedido de la información solicitada.

Este miércoles, científicos y científicas marcharon hacia el Polo Científico donde se encuentra el predio de Conicet y la Agencia I+D+I en el marco de la primera reunión de directorio de Conicet. 

Victoria García, delegada de ATE Conicet, sostuvo en diálogo con este medio que ya presentaron un pedido de reunión con el directorio de la institución: “tenemos una serie de problemáticas pendientes como la situación de las becas de finalización de doctorado donde los cupos resultaron totalmente insuficientes este año: Hay más de 50 becarios que quedaron afuera y que ya vienen desarrollando tareas como investigadores en formación”. Además, mencionó “la situación gravísima de los ingresos a la carrera de investigador y a la carrera del personal de apoyo, que son aproximadamente 1000 personas que están en un limbo total después de los concursos que aprobaron”.

La situación de la ciencia argentina se agrava mes a mes. Valeria Levi sostiene que, a pesar de los desafíos que enfrenta el sector científico, los grupos de investigación y desarrollo continúan haciendo “malabares para sobrevivir” y concluyó: “Igual lo vamos a seguir haciendo porque creemos en lo que hacemos y creemos que es importante para el desarrollo del país, pero ahora más que nada nos estamos respaldando en en la ayuda y colaboración de grupos que existen en el exterior, de colaboradores externos, pero ningún país del mundo vive de eso”.

La familia, por supuesto, y esa atadura afiebrada, irracional –justo ella– con el club Lanús; la carne y su liturgia de brasas y mesas largas (¡un aplauso para la asadora!) y leer, más vale, y también la novedad de un proyecto que combina las artes visuales y la ciencia (porque tampoco irse tan lejos de uno). Los gustos confesables son esos, y algunos pocos más, pero la pasión –esa que no necesariamente se vive todo el tiempo con alegría sino más como una fatalidad– de Andrea Gamarnik es entender la biología molecular del virus del dengue y del Zika. El problema –habrá tenido varios en su carrera, aunque este se adivina particularmente doloroso– es nada más ni nada menos que el presidente Javier Milei.

“Es muy triste –dice– presenciar la destrucción de algo tan valioso para los argentinos como el CONICET y otras instituciones científicas de altísimo nivel. La construcción de estas instituciones demandó décadas de esfuerzo, dedicación e inversión. No tengo dudas de que nuestra sociedad comprende la importancia de contar con un sistema científico capaz de resolver problemas locales; el dengue es un ejemplo muy claro de ello. Por más que el Presidente afirme que los científicos somos una ´casta´, nuestra sociedad sabe que eso no es cierto. Lo que quizás muchos no saben es que lo que este Gobierno está destruyendo en un año no podrá recuperarse únicamente con dinero. Formar investigadores especializados en áreas como la virología requiere años de entrenamiento y experiencia. Si los jóvenes más preparados deciden emigrar debido al ataque sistemático del Gobierno, será extremadamente difícil reconstruir los equipos de trabajo. Esto no se logrará solo con inversión económica, sino que demandará algo invaluable y que no se compra con dinero: tiempo de formación”.

Frente al ataque del Gobierno, los investigadores jóvenes y brillantes deciden irse del país

En lo suyo, Gamarnik es Messi. Para no abrumar, vamos a resumir que es investigadora superior del CONICET y que dirige el Instituto de Investigaciones Bioquímicas IIBBA del CONICET de la Fundación Instituto Leloir. Sus aportes científicos ayudaron a que el resto entienda mejor los mecanismos de replicación de los virus del dengue y del Zika, y desarrolló en tiempo récord los primeros kits argentinos de análisis de anticuerpos para detectar la presencia del SARS-CoV-2 (COVIDAR). En 2014 fue incorporada a la Academia Estadounidense de Microbiología; en 2021, la prestigiosa Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias la sumó entre sus miembros; en 2022 fue distinguida como Investigadora de la Nación, el mayor reconocimiento que entrega el sistema científico nacional y en noviembre de 2023 recibió el premio Konex de Platino por su labor destacada en el área de “Desarrollo Tecnológico”.

Esta científica de 60 años no es menos que su reputación: a finales de octubre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la comercialización del kit Detect-AR Dengue, el primer test de antígeno nacional para el diagnóstico de la enfermedad que durante el verano 2023/2024 causó en el país el mayor brote desde que se tiene registro: 583.297 casos confirmados y 419 muertos. El kit, desarrollado en el laboratorio que dirige Gamarnik, permitirá “reemplazar importaciones y garantizar el acceso a herramientas fundamentales en momentos de brotes epidémicos”.

Este desarrollo científico alcanzaría para que cualquier funcionario corra a sacarse una foto con ella. Pero el país (y el mundo) está raro: el mes pasado se instaló el rumor que desde la Jefatura de Gabinete de la Nación se había prohibido su difusión por “diferencias ideológicas”. El silencio de Gamarnik sobre el tema recién se quebró con esta nota.

Por más que el presidente diga que somos una casta, la sociedad sabe que no es cierto

“Cuando la ANMAT aprobó el kit nacional para diagnóstico de dengue desarrollado en nuestro laboratorio, la noticia se difundió ampliamente en diversos medios: diarios, radios y noticieros de televisión. Sin embargo, en su momento esta información no fue publicada en el portal oficial del CONICET, lo que generó cierto malestar entre los miembros del Directorio del organismo que pidieron que se publique. Finalmente, la noticia apareció en el portal del CONICET dos semanas después. Desconozco el motivo por el cual no se publicó inicialmente. Los rumores sugieren que podría haber sido una forma de escarmiento debido a mi postura política contraria a las acciones que está llevando adelante el gobierno de Milei. Aunque no tengo certezas sobre cómo ni de dónde surgió esta prohibición, lo que sí sé con seguridad es que el sistema científico argentino está siendo desmantelado y destruido. Por ello, seguiré alertando a nuestra sociedad sobre esto y sobre la importancia de preservar una institución como el CONICET”.

“Es una vergüenza” 

Los entusiastas de la administración mileista hicieron banderas y remeras con aquello de “No hay plata”, aun cuando el recorte alcanzó áreas sensibles para el desarrollo del país como la ciencia y la tecnología (esos “ñoquis” del CONICET). Una investigación de elDiarioAR reveló que la plata –mucha– estaba, solo que el Gobierno había decidió retenerla: US$53 millones provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos. El escándalo propició la renuncia de la economista Alicia Caballero a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), que es el organismo que debió cumplir la honorable misión de financiar a los científicos argentinos. Insistimos: no con la nuestra, sino con la de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). 

“El dinero ingresó –dice Gamarnik antes de volver al laboratorio y dedicarse a algo que nos mejore la vida a todos–, pero no se distribuyó entre los proyectos que fueron seleccionados después de un año de evaluación. Cada proyecto fue evaluado por tres revisores expertos en el tema, en función a esto se definió un orden de mérito, pero los fondos no se distribuyeron a pesar de tener los 53 millones de dólares del préstamo del BID para ese fin. No es una cuestión de falta de dinero porque el dinero está. Es una vergüenza lo que están haciendo con la Agencia. Alicia Caballero se fue porque se dio cuenta que desde las autoridades no tenía apoyo para que el organismo funcione. Están destruyendo equipos enteros de trabajo porque no tienen insumos. Veo que hay investigadores jóvenes, brillantes, que habían elegido hacer una carrera en nuestro país, pero frente al ataque sistemático del gobierno de Milei a las instituciones científicas decidieron irse de la Argentina”.

GR/MG

La extensión del conflicto universitario con paros, tomas y clases públicas parece haber hecho mella en el corazón del Gobierno. En la Casa Rosada tomaron nota sobre el reclamo educativo y en las últimas horas se comenzaron a ver movimientos oficiales buscando ceder, pese a la intransigencia política que quieren demostrar los libertarios. Sin embargo la disputa aún está lejos de zanjarse porque para las próximas horas hay en agenda nuevas acciones para visibilizar la problemática.

Una primera señal del nuevo rumbo que Javier Milei quiere impregnarle al conflicto ocurrió ayer en la reunión de la mesa política ampliada entre funcionarios y los bloques aliados de Diputados, no solo el PRO y el MID de Oscar Zago, sino también la UCR, con Rodrigo de Loredo a la cabeza. El Gobierno aceptó cambiar parte de la redacción del artículo del Presupuesto 2025 que destina $3,8 billones para las universidades. Por ahora se trata de un cambio cosmético, sin aceptar el reclamo de los rectores de $7,2 billones para que las casas de altos estudios funcionen el año que viene. 

Desde el oficialismo además juraron que no se suspenderán las leyes de financiamiento educativo y de investigaciones científicas, ítems que representan el 6% y el 1% del PBI, respectivamente. No trascendieron sobre qué partidas resignará Milei esos montos, ya que el proyecto de Ley de Leyes contempla una regla de déficit cero en las arcas del Estado. La oposición menos blanda salió con los tapones de punta sobre ese giro oficialista.

Pero el Gobierno está obligado a incorporar cambios al proyecto ante la necesidad de blindar el apoyo de los opositores blandos, como son los radicales y las fuerzas provinciales. Hay un apuro oficial porque la intención es sancionar la ley antes de fin de año. En ese marco es que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, expone este jueves en la comisión de Presupuesto de Diputados, donde está en tratamiento el Presupuesto 2025. 

La presencia de Torrendell en el Congreso se confirmó ayer temprano, quebrando la lógica autoimpuesta por La Libertad Avanza de que los funcionarios del Ejecutivo se presenten en la Cámara baja los días martes. Anteayer la protesta universitaria llegó a las puertas de Balcarce 50, cuando docentes y alumnos que estaban en clases públicas en la Plaza de Mayo increparon duramente a Milei al salir al balcón para saludar a algunos simpatizantes por su cumpleaños.

En paralelo a la exposición del funcionario, los estudiantes preparaban una clase pública en frente del Congreso. Por la tarde tenían pensado reunirse con la mesa de transporte y la UTEP para confluir en el paro del sector el próximo 30.

Educación y Ciencia

El radicalismo buscó hacerse con un triunfo el hecho de que el Gobierno aceptara cambios en materia educativa. La comitiva que encabezó De Loredo en la Rosada –en medio de la ruptura del bloque tras la conversión de cuatro de sus diputados que acompañaron el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario– ratificó un “semáforo” legislativo del bloque donde remarcaron en rojo que no se suspenda la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Ciencia y Técnica. 

Los libertarios aceptaron la sugerencia, según dejó trascender públicamente el propio De Loredo. Comandaron el cónclave por el Ejecutivo el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Pero ex socios de la UCR en Juntos por el Cambio salieron duramente a cruzarlos.

“El ‘supuesto acuerdo’ para no suspender las metas de inversión no tiene ninguna consecuencia real ni material. Son metas que se incumplen desde la sanción de la ley, que solo se respetó en 2015”, afirmó desde la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que le endilgó a De Loredo: “Rodrigo, es hora que termines con la farsa, el transfuguismo, el circo y la mentira política. No engañen a la sociedad para justificar sus actos de cinismo, que distorsionan la representación política que los ciudadanos nos confiaron”. 

Según el lilito, las metas de la Ley de Financiamiento Educativo (6% del PBI) y la Ley de Ciencia y Técnica (1%) se incumplen desde por lo menos 2016. “Será el presupuesto en educación más bajo en relación al PBI desde 2013”, apuntó Ferraro. Según el Observatorio de Argentinos por la Educación (OAE) calculó que las partidas nacionales serán del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y en 2023 (1,48%). 

El conflicto universitario

Fuentes parlamentarias aseguraron a elDiarioAR que la Casa Rosada también habría aceptado cambiar la redacción del artículo 17 del proyecto de Presupuesto que habla sobre el financiamiento universitario. La modificación puntual sería sobre el apartado que versa sobre las transferencias, que estipula que el ministerio de Capital Humano “podrá interrumpir las transferencias de fondos” en caso de que las universidades no presenten ante la subsecretaría de Políticas Universitarias información oficial “para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”.

Aún está en debate qué cantidad de recursos finalmente le asignará Milei a las universidades, porque las estimaciones del Ejecutivo distan mucho de lo que calculan los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los titulares de las casas de altos estudios reclaman que los $3,8 billones que les destina el Presupuesto 2025 deje de ser un límite infranqueable y se convierta en una base para discutir más fondos, que en su gran mayoría se destinan a los salarios de los trabajadores, tanto docentes como no docentes. 

La diferencia en porqué los rectores estimaron gastos de $7,2 billones para su funcionamiento el año que viene tiene que ver con que los sueldos que estipulan le ganan a la inflación, mientras el Gobierno hizo sus cálculos con los salarios correspondientes a este año, muy por debajo del índice de precios. Para el 2025 Milei estipula una inflación de apenas 18,3% interanual, una caída estrepitosa al índice de precios 2024, que bancos y consultoras nacionales e internacionales prevén que estará en el próximo diciembre en 141%.

“Que el techo del 3,8 sea un piso y no un techo me parece bueno. Lo más cercano que estemos al siete por ciento va a ayudar a destrabar el conflicto”, dijo a elDiarioAR el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, presidente del CIN y de extracción radical, una de las patas principales del frente armado con los gremios y los estudiantes nucleados en la FUA.

El rector analizó que el conflicto en las facultades “ya tuvo su peor momento”, y anticipó que irá decreciendo en los próximos días. “La lógica de las tomas no conduce a una solución en el corto plazo”, apuntó Moriñigo contra las bases de estudiantes más radicalizados, que en muchos casos superaron el deseo de los centros de estudiantes –en su mayoría controlados por la Franja Morada– para llevar adelante las tomas. Para hoy hay en agenda en facultades de universidades de todo el país nuevas asambleas de alumnos.

El académico reconoció que la expectativa de las universidades está en cómo se desarrolle el debate dentro de Diputados, aunque no hubo un diálogo formal con el Gobierno desde la última marcha federal del 2 de octubre. “Todavía estamos lejos de llegar a un acuerdo, pero estamos confiados de que en el presupuesto consigamos algún aumento”, señaló Moriñigo. Y admitió que el horizonte del conflicto es 2025, ya que con el veto Milei obturó cualquier posibilidad de que los actuales sueldos de los docentes y no-docentes le empaten a la inflación luego de otorgarles unilateralmente un aumento de 6,8%, lo que fue rechazado por los gremios. En ese marco, Moriñigo afirmó: “Lamentablemente los salarios este año no se van a poder recomponer; le hicimos pagar el ajuste a los trabajadores universitarios”.

MC/JJD

Ante el desfinanciamiento por parte del gobierno de Javier Milei, Argentina incumple acuerdos de cooperación científica con Francia. Así pudo determinarlo la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR tras las consultas a fuentes directamente vinculadas a la problemática. 

Los acuerdos en tensión se enmarcan en un programa denominado ECOS-Sud, que funciona ininterrumpidamente desde hace más de 25 años y permitió avances científicos, patentamiento de hallazgos, el intercambio de más de 3.800 investigadores y la formación de jóvenes científicos. 

La continuidad del programa, en riesgo ante la falta de desembolsos del Estado argentino, depende directamente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Darío Genua. El incumplimiento argentino se da en un contexto de desfinanciamiento de la ciencia, como viene informando este medio, que reveló que la Agencia I+D+I, principal organismo de financiamiento de los científicos en el país, retiene al menos US$53 millones de préstamos internacionales. Tras la investigación de elDiarioAR, la entonces presidenta de la Agencia, Alicia Caballero, presentó su renuncia. 

El programa ECOS-Sud se financia gracias al aporte de los ministerios de Europa y Asuntos Exteriores (MEAE) y de Educación Superior, Investigación e Innovación (MESRI) de Francia; mientras que del lado argentino, depende del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT), ahora Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El incumplimiento de los acuerdos por parte de Argentina dejó a muchos científicos sin financiamiento para continuar las investigaciones en conjunto, lo que los obligó a cancelar sus viajes y puso en riesgo la finalización de tesis doctorales de estudiantes de ambos países. Como paliativo, surgió una iniciativa de algunos investigadores franceses, quienes propusieron resignar uno de los dos intercambios de cada proyecto para que al menos un argentino pudiera viajar.

Antoine Rabatel es científico francés de la Universidad Grenoble Alpes y del Instituto de Geociencias del Ambiente y está de intercambio en Mendoza, en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales de Conicet. Allí, fue recibido por Lucas Ruiz, glaciólogo e investigador adjunto del Conicet para desarrollar un proyecto que busca comprender el impacto del cambio climático sobre los glaciares y el funcionamiento hídrico de la cuenca del río Santa Cruz.

Los directores de los proyectos del programa ECOS-Sud contactaron al embajador francés en Buenos Aires, Romain Nadal: “Le pedimos que intercediera con las autoridades en la Argentina, en este caso con el secretario del área, Geuna”, explicó a la UDI de elDiarioAR el científico Eduardo Barrio, director de un proyecto y miembro de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT).

Este año, dos científicos franceses debían trabajar en Argentina y dos argentinos debían viajar a Francia a avanzar con las investigaciones. “Era un viaje de 15 días para un investigador del grupo y otro viaje de un mes para un estudiante de doctorado”, explicó el investigador argentino a elDiarioAR. Sin embargo, Ruiz aclaró que “como no hay financiamiento del lado argentino, los viajes no se podían realizar”. Por eso, explicó, la contraparte francesa ofreció una alternativa: que uno de los viajes de los franceses sea realizado por uno de los científicos argentinos.

Ante la consulta, el investigador francés reconoció que la falta de fondos para el programa es “una limitación muy importante porque efectivamente el hecho de que los colegas de Argentina no se puedan beneficiar de estos financiamientos obviamente limita los intercambios que podemos tener y va a tener impacto sobre los resultados esperados en este proyecto”.

Cuestión de números

Barrio, doctor en filosofía e investigador del Conicet, dirige un proyecto del programa ECOS-Sud basado en lógica matemática que busca avanzar en el desarrollo de sistemas de pruebas automáticos para fórmulas y teoremas. El científico relató a este medio que a pesar de haber presentado las rendiciones de cuentas y tener la aprobación del proyecto, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología no desembolsó los fondos correspondientes. 

“Mi proyecto se aprobó en 2022 y empezamos a trabajar en 2023. Durante 2023 tuvimos diversas expediciones de argentinos a París. Mi proyecto es con un centro de investigación que está en París y nosotros viajamos. Yo estuve un mes trabajando allá con la gente en Francia y vino gente de Francia a trabajar a mi instituto”, dijo.

Este año el proyecto debía continuar con el intercambio de investigadores de ambos países, pero Argentina estuvo en falta. Así lo describe Barrio: “En este momento, el segundo año, nosotros tenemos a un investigador trabajando en nuestro instituto con dinero francés, porque Francia sigue sus compromisos y sus contratos, pero lamentablemente no tenemos a ninguno de nuestros científicos trabajando en París, ya que el gobierno argentino decidió no cumplir el contrato firmado con Francia”, sostuvo el científico.

Según fuentes con conocimiento del programa ECOS-Sud, el monto de los proyectos del programa ECOS-Sud iban entre los €6.000 y €12.000 dependiendo de las áreas de trabajo y el tipo de insumos necesarios, y abarcaban desde inteligencia artificial y matemática hasta lógica y humanidades.

Se seleccionaban diez proyectos por año que recibían €10.000 para solventar gastos de traslado y estadía. Al durar cuatro años cada proyecto, en 2023 existían cuatro cohortes vigentes, por lo que el aporte de Argentina para sostener el proyecto ECOS-Sud, ascendía a €400.000. 

Barrio sostiene que la decisión de discontinuar la colaboración con el país europeo es política: “Si Argentina no tiene €400.000 para mantener cooperación con Francia, es que no les interesa políticamente hacerlo”.

La incertidumbre

Por primera vez en 25 años el incumplimiento del acuerdo bilateral por parte de Argentina obligó a los investigadores de ambos países a buscar estrategias para mantener la continuidad del programa. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro y el agotamiento de recursos obligan a los científicos a hacerse la pregunta: ¿Cuánto más se puede sostener?

Rabatel intentó una respuesta: “Si la situación continúa de esta forma, veremos para 2025 si hacemos el mismo pedido del lado francés para tratar de financiar un viaje de un colega de Argentina o no. Y veremos si Francia sigue aceptando esto”, agregó. 

El secretario Genua asumió el 6 de junio pasado con un recorrido como jefe de gabinete del Enacom durante la gestión de Mauricio Macri y como Secretario de Economía y Hacienda en el municipio de Pilar durante 2023, bajo la gestión del intendente del PJ Federico Achaval. El licenciado en Administración de Empresas desembarcó en la Secretaría luego de la salida de Alejandro Cosentino, quien estuvo al frente del organismo por cinco meses hasta la renuncia temprana del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse, quien lo había designado.

Barrio relató que durante este año los directores de los proyectos seleccionados comenzaron a contactarse cuando empezaron los recortes. El científico rescató que durante la gestión de Cosentino recibían respuesta a sus preguntas de por qué no se ejecutaban las partidas, aunque dilatorias, como la ya conocida “vamos a hacer una auditoría” o “vamos a ver cómo se rindieron los proyectos”. 

El científico sostiene que la auditoría sobre los proyectos no podría haber durado más de una semana: “Tenían que revisar las facturas y ver que se correspondían a los euros que se habían adjudicado, si es que no creía lo que habían hecho las anteriores autoridades. En el caso de estos proyectos con Francia hay ocho proyectos por año. La magnitud de la revisión es bastante pequeña porque tenía que revisar alrededor de 32 proyectos”.

Laurence Vignollet, agregada a la cooperación científica, tecnológica y descentralizada del Institut français d’Argentine respondió a elDiarioAR que en una reunión con el Embajador francés y el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, mostraron la voluntad de Francia de continuar con el programa ECOS-Sud. Según la funcionaria, la respuesta de los representantes de Argentina fue que la ciencia, la tecnología y la innovación son muy importantes y que están reflexionando sobre cómo van a financiar las acciones. Asímismo, la representante francesa aseguró que para Francia fue importante escuchar aquella afirmación y que es optimista al respecto. Sin embargo, aseguró: “Pero por el momento, esa es toda la información que tengo”.

Vignollet confirmó estar al tanto de la decisión de algunos grupos franceses de resignar uno de los dos viajes de un científico francés en pos de que la contraparte argentina pueda cumplir con el intercambio, aunque aclaró que no es sistemática la decisión de la parte francesa y que no está escrito en el programa. Según Vignollet, la decisión se aceptó para ayudar a algunos proyectos a que pudieran viajar en ciertos momentos importantes, como eventos particulares en Francia o algunas experimentaciones ya pautadas. Asimismo manifestó incertidumbre sobre la devolución de esos aportes por parte de Argentina en el momento en que se reactiven los desembolsos correspondientes. La justificación de este aporte se debe a que desde Francia están intentando que los programas avancen: “Estamos siendo ágiles, flexibles”, agregó la funcionaria.

Al preguntarle sobre cómo evaluaban el incumplimiento por parte de Argentina, Vignollet respondió que se mantiene optimista y que considera que el país va a apoyar los proyectos de 2022 y 2023 aunque admitió que es difícil de evaluar.  

La funcionaria sostuvo que sabe que los científicos argentinos atraviesan un período en el que no pueden saber si van a recibir financiamiento o no, pero que continúan trabajando en todos sus proyectos. Además, agregó que cree que con el apoyo puntual que los franceses hacen a los argentinos, los proyectos están desarrollándose. “Es lo que importa para nosotros, es lo que miramos, es que la ciencia pueda continuar, es que el trabajo pueda continuar aunque con más dificultades”.

Habló, además, de las expectativas para las próximas convocatorias del programa: “Esperamos mucho de la próxima respuesta del secretario para decir que en el 2025 podremos lanzar la próxima convocatoria para 2026”, dijo. “Pero no podemos decir nada porque es decisión de la Argentina. Pero Francia está lista”, concluyó.

La UDI de elDiarioAR se contactó con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para consultar por el estado del programa ECOS-Sud. Desde el organismo confirmaron que hay 37 proyectos bajo auditoría. Se están observando “gastos que no tendrían que haber salido” y “determinadas rendiciones que no se cumplieron”.

Barrio sostuvo que luego del desembarco de Genua la poca información oficial que recibían los científicos por parte de la institución se terminó: “En la actualidad no tenemos respuestas, la política comunicacional de las autoridades cambió”.

Es lo que importa para nosotros, es lo que miramos, es que la ciencia pueda continuar, es que el trabajo pueda continuar aunque con más dificultades

Laurence Vignollet — Agregada a la cooperación científica, tecnológica y descentralizada del Institut français d’Argentine.

Entre los científicos empezaron a crecer las dudas sobre la continuidad del programa: “Nosotros presentamos notas formales por TAD (Sistema de Trámites A Distancia) y diversos reclamos. En ninguno de los casos los reclamos fueron respondidos”, afirmó Barrio.

Sin insumos

Mauricio Sica es investigador adjunto de Conicet y está a cargo del laboratorio de inmunología molecular en el Centro Atómico de Bariloche. El científico explicó a este medio el estudio que realizan con su equipo: “Nosotros estudiamos unas proteínas que se llaman receptores de factores de necrosis tumoral que regulan la función del sistema inmune en relación con otras células en procesos que pueden ir desde el cáncer hasta la inflamación”.

El laboratorio tiene adjudicados dos proyectos cuyos fondos están frizados, por lo que también se ven afectados por la falta de insumos que no se pueden comprar para avanzar en las construcciones genéticas necesarias. “Ya se nos están acabando los reactivos y no tenemos dinero para comprarlos y reemplazarlos” sostuvo Sica. Además comentó que la contraparte francesa, entendiendo la situación económica, mandó a hacer la construcción genética a Europa, lo que les hubiera llevado meses hacerlo de manera artesanal en el laboratorio, aún teniendo los reactivos: “Ellos saben la situación en la que nos encontramos nosotros y dijeron ‘No te preocupes, Mauricio, yo te la mando a hacer, y ya en dos o tres días de trabajo nos mandan a hacer cinco construcciones genéticas. Es una suerte tenerlos”, sostuvo el investigador.

Mientras los centros de investigación y laboratorios se quedan sin insumos y recortan expectativas en los proyectos, desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología respondieron a este medio que existiría voluntad para reactivar el programa ECOS-Sud: “Se le dio la palabra al embajador (de Francia) de continuar con eso y se va a activar”, sostuvieron.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Este martes fue otro día agitado en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), principal organismo de financiamiento de la ciencia. Tras el desembarco de Natalia Avendaño, alfil del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, unos 1.200 becarios de posgrado vieron retrasado el cobro de sus estipendios y la Directora de Financiamiento Internacional de la Agencia, Silvia Oliver, fue desplazada de su cargo. 

La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló que, a pesar de la crisis financiera que vive el organismo y del discurso oficial de “no hay plata”, la Agencia retiene al menos US$53 millones de préstamos multilaterales. Horas después de la publicación de la investigación, la presidenta del organismo, Alicia Caballero, renunció a su cargo, dejando como saldo 80 despidos y un directorio sin conformar, tras la renuncia en masa de los directores del organismo en marzo.

Luego de la renuncia de Caballero, la alfil de Francos que manejaba “la caja” de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, desembarcó en el organismo. elDiarioAR contó este lunes que los investigadores creen que la subordinada del jefe de Gabinete llega a la Agencia para aplicar de lleno el modelo libertario, tras casi diez meses de parálisis y fondos millonarios pisados por el poder político. Durante la tarde del lunes, se conocieron los primeros efectos de la nueva presidencia en el organismo: alrededor de 1.200 becarios vieron paralizado el cobro de sus estipendios.

“La verdad es que ya no tenemos ninguna certidumbre, sinceramente han sido muchos los ataques a la Agencia. Desde los no aumentos a las becas, la parálisis de subsidios, los cambios de autoridades, es muy difícil tener alguna garantía de que haya alguna solución pronta”, sostuvo Francisco Gelman Constantin, becario de postdoctorado de Agencia y delegado de ATE-Conicet.

El delegado relató que los más de mil afectados no reciben actualización salarial desde mayo, por lo que quedaron debajo de los becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). En su mayoría, los afectados recibían una beca inicial para concretar un doctorado y debían cobrar el pasado 5 de octubre $786.000 mientras que los postdoctorales debían recibir $950.000.

Las áreas que abarcan los becarios de la Agencia van desde ingeniería, ciencias médicas, naturales y sociales, hasta humanidades. Según Gelman Constantin, “son becas que se aplican en todas las universidades y los centros propios del Conicet y también en el Instituto Antártico y en hospitales”.

Los cobros debían realizarse el día 5 de cada mes, con posibilidad de corrimiento de uno o dos días máximo. Al ver que pasaban las horas y los pagos no se concretaban, los becarios se contactaron con la presidencia de la Agencia y con FONCyT, el fondo de la Agencia que financia las becas. 

Según Gelman Constantín, la primera respuesta que recibieron los becarios el día lunes fueron dilatorias: “Al principio lo que decían era ‘escríbanle a tal sector de agencia’ o ‘escriban a las instituciones que gestionan las becas dentro de cada universidad’, como buscando otros destinatarios”, y agregó: “Al final del día, a las 7 de la tarde, nos responden desde la Unidad de Becas que estaban al tanto de la demora y que era por el cambio de autoridades en la Agencia”.

Durante el mediodía del martes, una comitiva de becarios y referentes de ATE-Conicet entregaron una carta formal en las puertas de la Agencia, pidiendo el pago inmediato de los estipendios que se paralizaron. “Exigimos el pago de nuestros estipendios en tiempo y forma, debiendo ser este el día 5 (cinco) de cada mes, como lo anuncia la web oficial de Agencia”, sostuvieron en el escrito.

Asimismo, pidieron por la “actualización de los estipendios de acuerdo a los aumentos establecidos para la Administración Pública Nacional, en iguales condiciones” que a los becarios del Conicet, “que realizan el mismo trabajo y tienen las mismas obligaciones”.  

Por último, los becarios sostienen en el escrito que “resulta insuficiente una respuesta compuesta sólo de expresiones de buenas intenciones”. “Necesitamos acciones comprometidas a respetar los acuerdos y normas establecidos que nos vinculan mutuamente”.

Cerca del mediodía del martes los becarios comenzaron a recibir sus estipendios, aunque sin la actualización solicitada. Mientras tanto, los Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología (PICTs) que debían comenzar este año siguen sin recibir financiamiento. 

La UDI de elDiarioAR pudo establecer que por cada dólar que la Agencia I+D+I ejecutó durante 2024, hay US$3,93 que retiene en las cuentas bancarias.

Un rol clave, sin firma

Este martes elDiarioAR se comunicó con la Secretaría de Ciencia y Tecnología para consultar la situación de Silvia Oliver, quien tiene más de 25 años de trabajo en la Agencia a cargo de la Dirección de Financiamiento Internacional. Oliver era la encargada de firmar los pagos a los becarios. La respuesta de la Secretaría fue que Oliver está en planta permanente, pero que “no tiene más el cargo ahora”. 

La dirección que tenía a cargo Oliver cumple con el objetivo de combinar diversos reglamentos de aplicación de fondos, fuentes de financiamiento y su distribución a más de 100 instituciones. En síntesis, es la columna vertebral de la gestión financiera y operativa de cobros y pagos.

Una fuente con conocimiento del organismo sostuvo que Oliver era el último eslabón en la cadena de firmas, motor y cuidadora del cumplimiento sistemático con los becarios. 

ED

Desfinanciamiento estructural, científicos que ponen plata de sus bolsillos para sostener laboratorios, investigaciones en riesgo y un organismo clave en crisis. Así es el contexto en el que los investigadores intentan seguir haciendo ciencia en el Estado que gobierna Javier Milei, muy lejos del ideario del Presidente, que cree que las arcas públicas financian la “vocación” de los científicos. En el país de “no hay plata”, la plata para financiar ciencia está y ni siquiera proviene de las arcas públicas nacionales. Aun así, no se ejecuta. Existen al menos US$53.050.938.64 aportados por organismos internacionales para financiar programas científicos que están paralizados desde diciembre de 2023, según pudo establecer la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, con apoyo de CAPIR.

Al contexto de becas canceladas, despidos, universidades que no llegaban a pagar la electricidad y un Presidente que niega el cambio climático, denosta a la ciencia y al ambientalismo, se sumó en las últimas semanas la confirmación oficial de que los científicos dejarán de recibir financiamiento de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I). Sin embargo, por cada dólar invertido en ciencia por la Agencia durante 2024, hay otros US$3,93 que permanecen en los bancos sin aportar al desarrollo científico y tecnológico argentino.

El organismo estatal, que en su mayoría se nutre de préstamos de organismos multilaterales, se dedica a financiar y auditar proyectos de investigación científica y tecnológica estratégicos para el país. Con uno de sus instrumentos estrella, los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICTs), los científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) podían presentarse a concursos para impulsar líneas de investigación. También contemplaban la compra de insumos, equipos y becas doctorales para profundizar investigaciones. La Agencia I+D+I impulsó, además, programas de desarrollo productivo y de crecimiento tecnológico mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA).

En 2024, la Agencia I+D+i tuvo una reducción drástica de su presupuesto anual real, que cayó un 65,1%, según el Análisis Presupuestario del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Agosto de 2024, realizado por el Centro de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, los fondos que le corresponden están, pero no aparecen. 

El monto de US$53.050.938,64 surge de las cuentas bancarias de dos programas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) al 31 de diciembre de 2023 (US$14.396.855,68 y US$36.251.203,96, respectivamente). A esos números, se sumaron los últimos desembolsos recibidos por esos programas (US$15.900.000). Luego, se restó lo ejecutado durante 2024, US$13.497.121. Las cifras fueron obtenidas de las consultas a la Agencia I+D+I y los informes de auditorías a los programas efectuados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la empresa auditora Crowe.

“No hay plata”

Tras nueve meses de incertidumbre ante la falta de información sobre el desembolso de fondos, el 20 de agosto último, Alicia Caballero, ex presidenta de la Agencia I+D+I – renunció luego de la publicación de esta investigación–, se presentó en una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Interuniversitario Nacional. La funcionaria terminaría presentando su renuncia horas después de la publicación de esta investigación periodística, el 30 de septiembre de 2024.

Antes de responder las preguntas de los presentes, Caballero expuso durante 20 minutos —PowerPoint mediante— sobre la historia de la Agencia, el crecimiento logrado a lo largo de los años y las publicaciones en redes internacionales alcanzadas gracias al apoyo institucional. Los miembros de la comisión ya conocían estos hechos y esperaban respuestas concretas ante la asfixiante situación que atraviesa el sistema científico argentino.

Sebastián Civallero, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), lo describió en diálogo con la UDI de elDiarioAR: “De todas las preguntas que teníamos, no quedó respondida ninguna”. Los integrantes de la comisión enumeraron sus preocupaciones. “Cuando le preguntamos (a Caballero) si iban a cerrar la convocatoria (a nuevos proyectos de investigación) que hoy está abierta y si la someterían a evaluación, nos dijo que no. Cuando le consultamos si iban a financiar la convocatoria del año pasado, que ya fue evaluada y con proyectos seleccionados, nos dijo que no”. 

Ante las respuestas negativas, las consultas continuaron: “Cuando le preguntamos si respetarían la actualización del presupuesto que figura en los contratos firmados con las universidades, nos dijo que sabía que había una cláusula de actualización de presupuesto, pero que no la cumplirán porque no hay plata. Y cuando le preguntamos qué convocatoria abrirán, nos dijo que todavía están evaluando la situación”, concluyó.

La reunión finalizó y una frase de Caballero resonó entre los presentes. Así lo relató Civallero: “Ella termina diciendo que lo que están buscando es que la ciencia esté al servicio del desarrollo productivo”.

La decisión de no financiar a los científicos es política, no financiera o económica. “El desembolso de los fondos se encuentra en un proceso de auditoría”, respondió la Agencia ante la consulta de la UDI de elDiarioAR. “Durante los últimos años se había ampliado la cantidad de proyectos financiados, lo que resultaba ineficiente para los fines del desarrollo de la ciencia y tecnología nacional. Por ese motivo se encuentra en análisis la modalidad de financiamiento para que esta sea de mejor calidad y más eficiente para el desarrollo de nuestro país. Una vez finalizado este proceso se comunicarán las determinaciones que tomará la cartera”, sostuvo el organismo.

Hay plata

La Agencia I+D+I se nutre mayormente de préstamos de organismos multilaterales. Actualmente, se encuentra ejecutando fondos de tres programas.

¿Cuál es el objetivo del préstamo? Según la página oficial del Banco Mundial, el programa “busca fortalecer el sistema nacional de innovación y fomentar el crecimiento del sector privado hacia una frontera más productiva” y para ello busca generar “alianzas público-privadas” y financiar “el desarrollo, la transferencia y la adopción de tecnología para las pequeñas y medianas empresas, y el apoyo a emprendedores”. Sin embargo, tampoco habrá más financiamiento para este objetivo cercano a las ideas del Gobierno.

La UDI de elDiarioAR consultó al BIRF-Banco Mundial acerca de la evaluación del desempeño de la Agencia y la respuesta fue que el organismo ha actuado de manera “satisfactoria”. También confirmaron que ya desembolsaron US$40,5 millones (20%) durante 2023, “superando las proyecciones iniciales”. Además sostuvieron: “Los equipos de la Agencia I+D+i continúan preparando propuestas, términos de referencia y otros documentos del proyecto para acelerar la implementación”.

El organismo internacional agregó que la Agencia I+D+I “ha logrado avances significativos en la adjudicación de proyectos dentro de los programas de consorcios público-privados”, incluyendo “la inauguración de la primera Tecnoteca dentro del complejo Tecnópolis”. 

Según una fuente cercana a la Agencia I+D+I, los dólares de los préstamos se desembolsan en etapas a partir del cumplimiento de los objetivos de la etapa anterior. Para poder utilizarlos, los dólares se venden al valor oficial y el Banco Central envía pesos a una cuenta bancaria del país. 

A partir de ese momento, los dólares pasan a formar parte de las reservas nacionales. Si bien el presupuesto disponible de cada organismo estatal es aprobado por el Congreso cuando se aprueba el Presupuesto Nacional, hay dos actores fundamentales que intervienen luego en la administración de ese presupuesto disponible: el ministro de Economía, Luis Caputo, quien decide el ritmo en el que se administra el dinero; y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien interviene en la reasignación de las partidas presupuestarias. 

Por tanto, la Agencia I+D+I solo puede usar el dinero de los desembolsos de los organismos multilaterales según habilite el ministro de Economía. Mientras tanto, el dinero en las cuentas bancarias sigue engrosando el Tesoro Nacional. 

3. Préstamo BID 5293, aprobado en 2021 con finalización en 2026. Se deben ejecutar US$128.200.000 del BID y US$32.125.000 de aporte local. Según un informe de la AGN, los saldos encontrados en las cuentas al 31 de diciembre de 2023 ascendían a US$14.396.855. La Agencia I+D+I confirmó haber ejecutado durante 2024 US$11.901.618.

Sin embargo, un informe de la agencia Crowe sobre el préstamo, disponible en la página oficial del BID advirtió en sus hallazgos un problema con una solicitud de desembolso por US$15.900.000 realizada el 6 de diciembre de 2023 y enviada por el BID al día siguiente. Según relata la empresa auditora, los dólares se encontrarían en el Banco Central, pero aclara que “no tienen ninguna documentación de respaldo que asegure dicha información”. El efecto que advierte Crowe es el “devengamiento y pago de intereses sobre fondos que no están a disposición del programa para su utilización”.

Ese desembolso es el mismo que declara la Agencia I+D+I como el último recibido en diciembre del año pasado. Sin embargo, al ser consultados por el auditor, la respuesta del programa fue la siguiente: los fondos se solicitaron recién el 24 de mayo último a Economía, “debido al cambio de gestión producido el 10 de diciembre y la consecuente reestructuración de la Administración Pública Nacional, la cual trajo aparejada la designación de nuevos funcionarios y/o firmantes”.

Según una fuente cercana a la Agencia, los reglamentos de los organismos multilaterales son muy estrictos e impiden el desvío de los fondos a otras partes del Estado. Por tanto, el dinero sólo puede utilizarse para los fines del proyecto o mantenerse en las cuentas del Banco Central.

En conclusión, al saldo reportado por la AGN en las cuentas bancarias de US$14.396.855, deben sumarse los US$15.900.000 recibidos en mayo de 2024, y a eso restarle la ejecución comunicada por la Agencia I+D+I de US$11.901.618. Lo cual da un total disponible en las cuentas bancarias del programa de US$18.395.237.68.

Si la Agencia cumpliera con los hitos estipulados en el contrato del préstamo, para lo cual deberían pagar los contratos y proyectos científicos, se habilitaría la posibilidad de solicitar un nuevo desembolso por US$9.375.000 más, explicó a la UDI una fuente vinculada al organismo.

Otro préstamo

Existe, además, un cuarto préstamo todavía no ejecutado del programa BID 5759/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$35 millones para el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) y sin necesidad de aporte local. Según su página oficial, el objetivo del programa es contribuir “al aumento de las exportaciones de los sectores de la Economía del Conocimiento (EDC) a través de la provisión de capital humano especializado, el desarrollo y la adopción de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA), y la promoción de su inserción internacional”. 

La Agencia I+D+I afirmó que el programa “está declarado elegible para recibir el primer desembolso”. El proyecto, informó el organismo en su sitio, ya se encuentra en etapa de implementación y fue aprobado en junio de 2023. La UDI de elDiarioAR se contactó con un representante del BID, pero al cierre de esta nota, no ha recibido respuestas a los interrogantes enviados. 

Además, el organismo obtuvo fondos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en la actualidad ejecutados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, aunque no se especificó el monto. 

El argumento del gobierno de Milei de un Estado que no tiene dinero para el desarrollo científico y la innovación se desmorona con los desembolsos de los organismos multilaterales paralizados en las cuentas. Si la plata existe, ¿cuál es el verdadero proyecto del Gobierno para la ciencia? ¿Qué sucederá con los proyectos que llevan años de desarrollo? ¿A qué llama el Ejecutivo “estar al servicio del sistema productivo”? Son algunas de las incógnitas que se plantea el sistema científico mientras el Estado libertario hace borrón y cuenta nueva.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Nota: este artículo se actualizó el 30 de septiembre de 2024 a las 19:41 para informar la renuncia presentada por Alicia Caballero a la presidencia de la Agencia I+D+I horas después de la publicación de esta investigación.

LG/ED

La Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I) ha financiado numerosos proyectos de investigación con fondos de los organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde la asunción de Javier Milei el flujo de fondos se paralizó con la excusa de que “no hay plata”. Sin embargo, la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR pudo establecer que la plata está –existen al menos US$53 millones paralizados en las cuentas bancarias del organismo– pero no se ejecuta, mientras los científicos financian de su bolsillo los costos de la ciencia para no paralizar investigaciones ni truncar avances en sus proyectos. En el peor de los casos, no pueden afrontar los costos y deben renunciar al trabajo de meses y años.

El objetivo de la Agencia I+D+I, que en su mayoría se nutre de préstamos de organismos multilaterales, es financiar y auditar proyectos de investigación científica y tecnológica estratégicos para el país. Con uno de sus instrumentos estrella, los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICTs), los científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) podían presentarse a concursos cada año para impulsar líneas de investigación. 

También contemplaban la compra de insumos y equipos y el apoyo a empresas de base tecnológica. El organismo impulsó, además, la creación de programas de desarrollo productivo y de crecimiento tecnológico mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). Las pérdidas por falta de financiamiento abarcan desde el mantenimiento de maquinaria hasta cultivos de células y organismos que llevaron años de desarrollo.

La Agencia es responsable de financiar un objeto de uso recurrente durante la pandemia: los “Neokit” o kits de testeo rápido para confirmar la presencia del virus de Covid-19. Este dispositivo pudo llegar a las provincias del país a las pocas semanas de comenzada la pandemia, gracias a que los científicos que lo desarrollaron contaron con dos puntos clave: financiamiento y experiencia previa desarrollando kits de testeos rápidos para la enfermedad de Chagas.

Carolina Carrillo, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein contó a elDiarioAR el proceso de desarrollo: “En 2012 nos salió un subsidio y para 2017 ya teníamos un kit para Chagas. Además, como la plataforma era muy poderosa, ya la planteamos para que se pudiera replicar para distintas infecciones”. 

Carrillo afirmó que varios miembros del equipo empezaron a trabajar con distintas enfermedades o infecciones. Cuando llegó la pandemia de Covid-19, el camino estaba allanado. “En marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria y en mayo ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) ya aprobó nuestro kit. Para mí es importante resaltar esto porque respondimos en dos meses, pero porque veníamos hace años trabajando en el tema”, aseguró la científica.

La investigadora está convencida de que sin ese tiempo de prueba y error, la respuesta nunca hubiera sido posible en tan poco tiempo: “Fueron muchos años trabajando en eso, probando una cosa que no funcionaba, ajustando y probando otra que andaba más o menos. Todos estos años de ciencia y aprendizaje fueron los que hicieron que tan rápidamente resolviéramos ese problema”. 

El desfinanciamiento de la Agencia ahora marca un antes y un después para los científicos argentinos. Carrillo habla de un “recorte a mansalva en la ciencia y tecnología”. Con los recortes queda en evidencia “todo lo que no estamos pudiendo hacer, desarrollar y aprender para situaciones futuras: lo que no aprendemos hoy es lo que no vamos a aprender para mañana”, dijo a elDiarioAR.

La UDI de elDiarioAR se contactó con dos representantes de Conicet en reiteradas oportunidades pero al cierre de la nota no obtuvo respuesta.

Investigar sin plata

¿Cuánto más se puede investigar sin financiamiento? La pregunta circula por los pasillos de los laboratorios. Los costos no se están cubriendo y los PICTs financiados por la Agencia, que debían desarrollarse desde principios de año, ni siquiera pudieron comenzar. Este es el caso del grupo de la científica Haydée Pizarro, del Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Su laboratorio demostró que el glifosato no es inocuo para el agua dulce, sino todo lo contrario. “La calidad del agua de los sistemas acuáticos empeora muchísimo: se aceleran los procesos de eutrofización, las aguas se ponen más verdes, se vuelven un hábitat más propicio para el desarrollo de ciertas poblaciones de algas y cianobacterias que pueden ser tóxicas, y cambia enormemente el balance de oxígeno en el agua”, sostuvo Pizarro en diálogo con este medio.

Para lograr estos hallazgos, los científicos recrean hábitats naturales para asegurar la rigurosidad de los resultados. “Esto lo pudimos determinar porque hacemos ensayos no sólo con organismos individuales, sino que simulamos verdaderas lagunas y ensayamos al aire libre con comunidades desarrolladas. Hemos visto varias aristas de esta problemática a lo largo del tiempo”, afirma la científica, quien investiga el tema desde hace más de 20 años gracias al financiamiento de la Agencia I+D+I, mediante los PICTs y subsidios de la UBA.

Sin embargo, el equipo de Pizarro no pudo continuar con la línea de estudio del impacto de agroquímicos en la calidad del agua dulce. El grupo proyectaba realizar experimentos al aire libre en el campo experimental para evaluar el impacto de herbicidas, como el glifosato y el 24-D (ácido 24-diclorofenoxiacético), en la dinámica del oxígeno disuelto del agua.

“Dejamos de recibir cuotas de todos los subsidios que teníamos aprobados y en funcionamiento. Nos empezaron a decir que las cuotas que debían entregar se empezaron a ralear y, finalmente, dejaron de entregarse”, explicó Pizarro a elDiarioAR, y recordó una de las últimas cuotas de un PICT que recibió el laboratorio: “Recibimos una cuota de $350.000, lo que equivale a 350 dólares. Para que te des una idea, acaba de salir publicado un trabajo que envié hace un año y medio a una revista internacional. Para que sea de acceso abierto, hay que pagar US$4.000 más impuestos”, sostiene la científica y comenta que gracias a que abona una cuota como socia de la sociedad internacional de tecnología pudo publicar sin tener que pagar ese monto, aunque el artículo será de acceso restringido. “Publicar un paper cuesta eso, y nos dan una cuota para trabajar durante cuatro, cinco o seis meses con 350 dólares. Es imposible”, concluyó.

Pizarro señaló que otro punto de conflicto es la compra de materiales con los que trabajan los científicos: “Hacemos determinaciones químicas y biología molecular con insumos que hoy no se pueden comprar. Está todo parado, incluso el proyecto que fue evaluado y aprobado para un nuevo experimento en el campo experimental”, sostuvo respecto al proyecto que buscaba evaluar si una de las causas de la mortandad de peces podría relacionarse con agroquímicos en el agua, lo cual disminuye el balance de oxígeno.

Para ilustrar los gastos, la científica detalla que los kits que usan en el laboratorio para detectar sustancias como nitratos, amonio y fosfatos en el agua cuestan entre US$250 y US$300. Cada uno sirve para medir 100 muestras y se necesita un paquete para cada sustancia. Pizarro comenta: “Eso nos sirve, por ejemplo, para medir las muestras que tomamos para una campaña”, algo básico para el desarrollo de las investigaciones.

Ciencia en emergencia

En otros casos, las medidas son de emergencia y el riesgo es alto. Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UBA y directora del Laboratorio de Dinámica Intracelular, afirmó que escasean insumos indispensables para la conservación de células y que estas pueden perderse por falta de material de refrigeración. “Las células se conservan en tanques de nitrógeno líquido. Todo este material biológico lo tenemos guardado como en un banco de células. Si no podemos pagar el nitrógeno líquido, entonces corremos el riesgo de perder estas líneas celulares que demoran años en desarrollarse. Es un material irrecuperable”, concluyó la investigadora.

Las estrategias para sortear estas dificultades implican riesgos. La científica sostuvo que para obtener nitrógeno líquido, “antes venía una empresa y cargaba los tanques cada vez que hacía falta”. “Ahora conseguimos una opción un poco más barata, pero tenemos que ir a buscarlo, y en esas desincronizaciones corremos el riesgo de quedarnos sin él”. Los precios del nitrógeno líquido de las empresas proveedoras rondan entre los $2.500 y los $2.800 por litro. En un año se realizan aproximadamente 36,5 cargas de tanques, lo cual implica 730 litros al año. En total, el costo de un año de mantenimiento de las células en los tanques es de $2.044.000.  

“Estamos con una opción más barata, pero tiene un riesgo tan grande que estamos todos asustados”, agrega Levi, quien asegura que ya hay científicos que están poniendo plata de su bolsillo para mantener los laboratorios funcionando. La opción más económica es comprar el nitrógeno líquido producido en la FCEN de la UBA, que cuesta $800 por litro. Sin embargo, la disponibilidad del material es limitada e implica un trabajo más para los científicos que deben adoptar protocolos para minimizar los riesgos en materia de Seguridad e Higiene al movilizar el nitrógeno líquido desde el pabellón 1 de la FCEN - UBA hasta el Laboratorio de Dinámica Intracelular.

El mismo material también se utiliza en un equipo llamado Calorímetro Diferencial de Barrido utilizado en experimentos de caracterización fisicoquímica, estudios de interacciones y estabilidad de nuevos ingredientes, alimentos y biomateriales que se desarrollan para la industria alimentaria y farmacéutica. En la FCEN de la UBA es usado por varios grupos de investigación del Departamento de Industrias, pero también da soporte a investigadores de otros cinco departamentos de química. Cuando se llena el equipo se gastan unos 35 litros. Eso alcanza para un día y medio o dos de trabajo.

Levi enumera algunas estrategias que son habituales dentro de los laboratorios de la FCEN de la UBA, aunque hoy no son una alternativa sino la única opción para mantener las investigaciones: “En vez de comprar un reactivo, mandamos un mail a toda la facultad a ver si alguien lo tiene, usamos el reactivo vencido con el riesgo de que el experimento no nos salga, reutilizamos material que no habría que reutilizar, hay numerosas tretas que tienden a ser de peor calidad”, y concluye: “Lo otro que todos estamos haciendo es limitar el alcance de los proyectos, o sea, achicamos las expectativas”.

Romina Gamberale es directora del Instituto de Medicina Experimental, de Conicet- Academia Nacional de Medicina. Es una de las profesionales que conforman la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT). La red tiene tan sólo 9 meses y comenzó con una cadena de emails entre directores de distintos institutos y universidades ante la preocupación por el entonces candidato Javier Milei y su lema: “Conicet, ¡afuera!”.

La directora relató a la UDI de elDiarioAR el origen de la red: “Ante la incertidumbre, ya con Milei presidente, queríamos saber cuál era el plan de Ciencia y Técnica para nuestro país y qué era lo que iba a pasar con Conicet, con la Agencia, con el Ministerio, empezamos a comunicarnos entre las autoridades de los institutos”. 

El primer gran paso de la Red fue en febrero cuando se entregó un petitorio con 12.000 firmas de personas del sector, científicos que migraron al exterior y personas de la comunidad para conseguir la certeza acerca de que se iba a seguir recibiendo el apoyo del Gobierno para el desarrollo de la ciencia y tecnología nacional.

Durante la entrega en el Polo Científico, Gamberale sostiene que fue la primera vez que Daniel Salamone, presidente del Conicet, recibió a un comité de RAICyT. “Esa fue la primera y la única vez que nos recibió”, concluyó. La red está conformada por alrededor de 400 autoridades de distintos lugares del país.

Las reuniones de la red con las autoridades de la Agencia I+D+I tampoco fueron fructíferas. La científica sostiene que desde RAICyT se solicitaron infinidad de reuniones con Darío Genua, director de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para consultar sobre PICTs adeudados y que sus secretarias argumentaron falta de disponibilidad por temas de agenda y han sido derivados a la subsecretaria Paula Nahirñak, quien tampoco a podido dar respuestas ya que debe remitirse a Secretaría. 

La red también intentó tener reuniones con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien tampoco ha respondido a la solicitud, incluso enviando cartas formales a la jefatura. Gamberale confirmó que RAICyT convocará a la marcha universitaria del próximo 2 de octubre “porque muchos de nuestros becarios se forman en universidades públicas y los institutos funcionan allí también. Por eso tenemos que aunar fuerzas y vamos a apoyar activamente esta marcha”. Además, la comisión de Asuntos Parlamentarios de la red está trabajando en generar una mesa redonda sobre ciencia, desarrollo y consensos para el presente y futuro donde se reúnan diputados y senadores de todo el espectro político.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

LG/ED

El presidente Javier Milei se refirió a los científicos en su discurso del Foro Madrid, el 5 de septiembre último, como uno de los sectores de la sociedad que forman parte de “la casta”. Son, dijo, “los supuestos científicos e intelectuales -dijo-, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores, y, por ende, todos debemos subsidiarles la vocación”. “Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado, como cualquier hijo del vecino. Investiguen, publiquen un libro y vean si a la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado”, agregó.

El hashtag #Ñoquicet corre como reguero de pólvora cada vez que los sectores libertarios buscan atacar a los científicos en redes sociales. Sin embargo, el proceso de selección de cada proyecto de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I) es un sistema con estándares internacionales, explicaron los científicos consultados por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.

Marisa Censabella dirigió el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), el principal fondo de apoyo a la ciencia dentro de la Agencia I+D+I, desde octubre de 2022 hasta marzo de este año, cuando la gestión actual decidió no renovarle el contrato. 

Para otorgar fondos de los préstamos internacionales que recibe la Agencia, se abrían concursos todos los años. “Lleva un año evaluar cualquier proyecto de cualquier disciplina que llega, donde prima la excelencia y el mérito de quienes conforman esa propuesta de investigación”, dijo Censabella, y recordó: “En 2022 se presentaron aproximadamente 3.200 postulaciones, que luego pasaron por un mecanismo muy estricto de distintas capas de evaluación. Primero, se hace una admisibilidad, en la que el personal de FONCyT revisa y acredita que las condiciones formales de la presentación sean correctas”. Además, se revisa que una persona no tenga asignados más de dos proyectos. “Eso no corresponde, tiene que poder repartirse de manera equitativa para todo el sistema”, sostuvo la ex directora del FONCyT.

La evaluación llega hasta los directores del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT): “Los responsables máximos de ese proyecto necesitan pasar un piso de producción de los últimos cinco años, es decir, deben tener la formación adecuada para llevarlo adelante y acreditar una productividad en publicaciones y patentes, lo cual también limita mucho”, afirmó Censabella. Finalmente, los profesionales que superan ese tamiz se someten a un complejo sistema de evaluación, detallado en las casi 30 páginas de las bases que se abren cada año, donde se explican los pasos del proceso de evaluación.

Además, detalla que el proceso implica una evaluación de pares: “Si te dedicás a la lingüística, como me dedico yo, te van a evaluar lingüistas de prestigio de Argentina, que luego enviarán tu proyecto a otros lingüistas nacionales o internacionales. A su vez, estas personas van a evaluar toda tu trayectoria y tus publicaciones”. Así se hace un orden de mérito y, luego, otra comisión, que no será ninguna de las anteriores, controlará lo que hizo la primera comisión. La lingüista concluye que luego “decidirán dónde queda la línea de corte, es decir, quiénes pasan y quiénes no”.

Censabella sostiene que este proceso complejo tiene un alto prestigio en el país y asegura una optimización de los recursos: “Permite que un país como Argentina, que no es de los que más invierte en ciencia y tecnología, asegure que el poco dinero disponible se utilice bien. Por eso los científicos argentinos son tan bien vistos en el resto del mundo”.

La figura del “ñoquicet”, en referencia a científicos que gozaban de preferencias políticas en la asignación de temas o proyectos de investigación, no sólo fue difundida por usuarios anónimos en redes sociales. Al anunciarse el desfinanciamiento, Ámbito Financiero consultó a la Agencia sobre las razones del mismo y la respuesta fue que “la parálisis no tiene que ver con la falta de fondos, sino con que se está llevando adelante un cambio estratégico que consiste en el financiamiento específico para los proyectos de Ciencia que son fundamentales en el desarrollo de la Nación”, buscando “mecanismos de adjudicación transparentes, sin favoritismos políticos”, abonando la imagen de una institución que favorece por conveniencia política la entrada discrecional de personal al sistema.

Lleva un año evaluar cualquier proyecto de cualquier disciplina que llega, donde prima la excelencia y el mérito de quienes conforman esa propuesta de investigación

Marisa Censabella — ex directora del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT).

Censabella habla de la impotencia que siente al escuchar a la gestión actual desprestigiar el organismo del que fue parte: “Cuando estos funcionarios dicen que (los proyectos) se asignaban políticamente, el enojo es brutal porque si hay dos concursos en los que no inciden las preferencias políticas son este concurso y el de Conicet. Es realmente una calumnia”.

Censabella explicó las consecuencias de no continuar con la apuesta que hace el Estado en la formación de científicos: “El Estado pagó una formación doctoral, pagó una buena parte de una formación postdoctoral, y después esa persona se tiene que ir del país o abandonar su carrera científica para dedicarse a otra cosa. Entonces, la inversión que hiciste en esa persona para tener un profesional adecuado para los desafíos que se necesitaban abordar también la perdés”, y agregó: “Es una pérdida de dinero terrible y eso vale años. Dentro de uno, dos o tres años tenés que empezar de nuevo. ¿En qué condiciones se va a empezar? Ahí comienzan esos ciclos que venimos teniendo con la ciencia: en un gobierno hay inversión, entonces todo empieza a mejorar, pero al siguiente gobierno hay un brutal desfinanciamiento”.

No es la primera vez que se desfinancia el sistema científico nacional. La exdirectora del FONCyT recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una baja de inversión muy marcada. Sin embargo, sostuvo que “la de ahora es mucho peor porque además hay una especie de ninguneo al sector científico, un desfinanciamiento total. No está dirigido, no es un achique del sistema que podría seguir funcionando, sino que es un ataque brutal”.

Censabella no está segura de cuál será el rumbo de la Agencia I+D+I: “Quizás sea un desgaste y un achique brutal para reconfigurarla. Por lo menos, esas eran las ideas en diciembre del año pasado de esta nueva gestión. Ahora lo desconozco porque en este momento hay un silencio tremendo. Tendrían que involucrarse personas de la comunidad científica en esta nueva propuesta y te puedo asegurar que no hay nadie de la comunidad científica que quiera cargar sobre sus hombros la destrucción del sistema como está sucediendo ahora”.

Matías Mastrángelo, doctor en conservación de la biología del grupo de estudio de agroecosistemas y paisajes rurales, estudia la región chaqueña. El investigador y su grupo trabajan en evidenciar el impacto del avance de la deforestación sobre el monte chaqueño. A través de estadísticas que sirvan a la sociedad y a los gobiernos, el grupo genera insumos que permitan tomar decisiones conscientes del daño sobre los bienes públicos por parte de la actividad privada.

Sin este estudio, Mastrángelo cree que “no estaríamos visibilizando todos los bienes públicos que se pierden, el patrimonio público que tenemos los argentinos y argentinas no sólo en los ecosistemas, sino también en la cultura y en el capital humano. Eso se pierde cuando la actividad privada no tiene ningún tipo de regulación”. 

Mastrángelo aseguró que sin el financiamiento para el sistema científico “todo eso va a seguir perdiéndose, pero en forma invisible. Y sobre lo que no se ve, no se puede actuar, no se va a tomar ninguna decisión para tratar de evitar que se siga perdiendo”.

Por su parte, Haydeé Pizarro, investigadora responsable Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, se opuso a la idea de la “resiliencia”, palabra que está de moda en los últimos tiempos y que cree que puede jugar en contra en este contexto: “No hay que adaptarse, hay que salir a manifestarnos y hacer que la sociedad sepa de qué se trata”.

Censabella cree que el futuro necesita de mayor innovación científica y tecnológica. “Van a haber cambios muy grandes en las formas en que se trabaja y en el tipo de personal que se necesita. Habrá sectores que necesitarán menos recursos humanos y otros que van a necesitar muchos más. Esas transformaciones no las podemos hacer pidiéndole a una empresa internacional que venga a hacerlo o a una consultora internacional que venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer nosotros desde nuestras propias capacidades. No veo futuro sin eso; ningún país tiene futuro sin esa innovación”. Horas más tarde, enviará un mensaje: “Un país sin ciencia y tecnología es un país con menos oportunidades”.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

LG/ED