Ahora que la inflación se estabiliza alrededor del 3% mensual y daña aún más los ingresos, vuelve a cobrar sentido preguntarse quiénes ganan mientras otros pierden. Una manera de medirlo, pero no la única, radica en observar quiénes pudieron remarcar más los precios de sus bienes y servicios en estos casi dos años y medio de gobierno de Javier Milei. La que suele calcular estas variables, siempre a partir de los datos del Instituo de Estadística (Indec) es la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggetto. Y los ganadores son -como dirían en los Oscar- los valores de la electricidad, el gas y otros combustibles, el transporte público y el alquiler. Claro que la actual crisis de los colectivos demuestra que, por más que aumente el boleto, no siempre se cubren los costos en ascenso.

El rubro electricidad, gas y otros combustibles aumentó desde diciembre de 2023 hasta febrero pasado -el dato de marzo se conocerá el martes- un 110% en términos reales (es decir, limpiando el efecto de la inflación). Los tarifazos después de un gobierno anterior que retrasó las tarifas explican el incremento, para felicidad de las empresas proveedoras, desde las generadoras eléctricas y las petroleras hasta las transportistas y distribuidoras de luz y gas.

Celebran las YPF, Pan American Energy (PAE, que controlan la británica BP y los Bulgheroni), Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), Edenor (de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti), Tecpetrol (del grupo Techint, de Paolo Rocca), Transportadora Gas del Sur (TGS, de Pampa y los Sielecki), la estatal eléctrica cordobesa EPEC, Edesur (de la italiana ENEL) y Central Puerto (el grupo generador de Guillermo Reca, Carlos Miguens Bemberg y Eduardo Escasany), entre otros.

En cambio, los que más perdieron subsidios han sido las clases media y baja, ya que la alta en general ya se había quedado sin subvenciones, más allá de algunos casos polémicos que dejo sin resolver la gestión anterior y debió solucionar la actual.

El transporte público, que incluye colectivos, trenes -aún en manos estatales- y subte -concesionado a Emova, del grupo Roggio-, se encareció 76% en los primeros dos años y tres meses de administración libertaria. Entre las principales empresas de un negocio atomizado como el de ómnibus figuran La Nueva Metropol, Sargento Cabral, DOTA, ERSA, Moqsa, Grupo Autobuses Buenos Aires, Nudo, Unión Platense, Rosario Bus y La Perlita, entre entras. En este caso los tarifazos surtieron efecto, para desgracia de los usuarios, que en general se sitúan de la mitad para abajo de la pirámide social.

Un 67% subieron los alquileres, un sector que se desreguló el primer mes de gobierno de Milei y que fue exhibido por su elenco de gestión, incluido el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como ejemplo. Quitar toda norma para regular la relación entre propietarios e inquilinos terminó inclinando la balanza hacia los primeros, según queda demostrado en el alza del valor. La anterior ley había resultado perjudicial en parte porque, al permitir sólo un aumento por año en un país con 12% de inflación mensual, muchos propietarios retiraron sus inmuebles del mercado. La desregulación los impulsó a volver a ofrecerlos, pero la mayor oferta no se tradujo en menores precios, como supone la teoría capitalista. Sucedió todo lo contrario, dado el poder que tienen los dueños para fijar no sólo los precios sino también los plazos y los mecanismos de actualización.

La asignación universal por hijo (AUH) aumentó 88% real, aunque en paralelo se eliminaron o licuaron otras ayudas sociales. La tarifa de agua subió 47% -el Gobierno planea privatizar AySA-; los servicios en general, 33%; las prepagas, 28% -para felicidad de OSDE, Swiss Medical, Galeno y otras compañías de menor tamaño, como Hominis, donde antes se desempeñaba el ministro de Salud, Mario Lugones-; los servicios de telefonía e Internet, 27% -nada mal a pesar de la pelea por la que el Gobierno analiza obligar a Telecom, propiedad de Héctor Magnetto, los Noble Herrera y demás dueños del Grupo Clarín, a desinvertir en parte de lo que le ha comprado a Telefónica-; los combustibles, el 20% -bien por YPF, Axion, de PAE, y Raízen, de Shell; la educación, el 16%; los aceites, grasas y mantecas, 15%; los restaurantes, 10% y las carnes, otro 10% -no por nada la bobina está en el menor nivel de consumo en dos décadas-.

Por el contrario, se abarataron un 9% los salarios registrados privados; las bebidas el 10%, es uno de los rubros en los que la población recorta con más rapidez; los medicamentos, el 10%; los autos, el 10% -es uno de los ítems en los que impacta la apertura importadora tras años de extrema cerrazón-; los servicios recreativos, el 10%; los bienes en general, el 11%; la mano de obra de la construcción, el 13%; lo mismo que el pan y los cereales; el tabaco, el 15%; la jubilación mínima con bono, el 15% -los de de haberes medios y altos, que no cobraban este extra están empatados con la inflación-; los salarios estatales, el 22%; las frutas y verduras, el 24%; el azúcar y las golosinas, el 26%; los materiales de la construcción, el 29%; la ropa, el 35%; el dólar oficial, el 41%; el paralelo (Eco Go mide el contado con liqui, que es legal, no el blue), el 58% y los electrodomésticos, el 52%.

“Argentina atravesó una reconfiguración en sus precios relativos: mientras que los servicios lideraron las subas, los bienes durables fueron los que se abarataron en términos reales”, analiza Fiorella Scalise, economista de Eco Go. “Los rubros que más aumentaron son los servicios públicos y esto se explica básicamente porque el Gobierno redujo los subsidios y eso se trasladó directamente al usuario.”

En la otra punta, la ropa ahora cuesta un tercio que antes y los electrodomésticos, la mitad. “En parte se explica por la apertura de las importaciones, que generó una competencia que antes no había y obligó a las marcas locales a bajar sus precios para poder vender. Y además hay una caída del consumo que obligó a los comercios a absorber costos para no perder clientes”, cuenta Scalise.

AR/MC

La economía apenas está recuperando la actividad de 2022, después de dos años de caída y con sectores a los que todavía les falta repuntar, como industria, construcción y comercio. La inflación bajó del 12% mensual al 2,5%, al menos el 40% de los votantes lo valoró, pero sigue siendo todavía de las más altas del mundo y los salarios registrados continúan por debajo del poder de compra que en 2023. Sin embargo, en esta economía del libre mercado pero también con empresarios amigos se cuentan ganadores en estos dos primeros años de gobierno de Javier Milei.

Para identificar quienes ganaron, se pueden adoptar varios criterios. Por un lado, analizar qué empresas cotizantes en bolsa se valorizaron más desde noviembre de 2023, cuando Milei ganó el balotaje, teniendo en cuenta que muchas otros emitieron acciones en el mercado de capitales o son multinacionales cuya valuación no depende sólo de lo que pasa en la Argentina. Por otra parte, si se identifican qué empresarios adquirieron grandes compañías en el país, qué firmas recibirán los extraordinarios beneficios del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) o cuáles ganaron las primeras privatizaciones o concesiones de la administración libertaria, podemos sumar otros winners.

Si se toma en cuenta la evolución de las acciones en la bolsa porteña, en pesos, el Banco Hipotecario, del grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, amigo de Milei, mejoró 1.706% su cotización, seguida por Metrogas (la distribuidora porteña de YPF), 1.078%; Banco Patagonia, del Banco do Brasil, 1.010%; el Supervielle, 1.007%; el Macro, de Jorge Brito, el 883%; la transportadora eléctrica Transener, de Marcelo Mindlin, el 805%: el Grupo Financiero Galicia, de los Escasany, Braun y Ayerza, 756%; la filial argentina del banco español BBVA, 644%; la harinera Morixe, de Sociedad Comercial del Plata (SCP), que dirige Ignacio Noel; e YPF, estatal en un 51% y privada en el restante 49%, que bajo la conducción de Horacio Marín se concentró en Vaca Muerta, la exportación de su gas y se desprendió de áreas en el resto del país. Este es el top ten elaborado por Alejandro Pagliero, asesor financiero de la sociedad Nasini.

Completan del puesto 11 al 20, Transportadora Gas del Sur (TGS), otra firma de Mindlin, con 469%; Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), que preside Carlos Zuchovicki, 444%; Central Puerto, la eléctrica de Guillermo Reca, los Miguens Bemberg y Eduardo Escasany, con el 445%; la firma de los shoppings y los desarrollos inmobiliarios IRSA, con el 423%; Pampa Energía, de Mindlin, con el 342%; A3, otra empresa de mercados financieros, que encabeza Roberto Olson, con el 348%; la fabricante e importadora de calzado Grimoldi, con el 370%; Grupo Clarín, cuyos accionistas –Héctor Magnetto y los Noble Herrera– y dueños de Telecom compraron Telefónica en una operación aún bajo revisión del Gobierno, el 298%; la cementera Loma Negra, que la brasileña Camârgo Corrêa acaba de vender a Mindlin; 261% y Distribuidora de Gas del Centro, que opera en Córdoba, Catamarca y La Rioja y pertenece a Federico Tomasevich, Nicolás Caputo -primo de Luis, ministro de Economía, y tío de Santiago, asesor presidencial- y Reca, el 184%.

En cuanto a las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, la que más se apreció fue Supervielle, un 472% en dólares; seguida por Macro, 412%; BBVA, 373%; Galicia, 370%; YPF, 253%; IRSA, 248%; Edenor, de José Luis Manzano –que supo reconvertirse de massista a libertario–, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, un 218%; TGS, 213%; Central Puerto, 212%; Pampa, 153%; Telecom, 145%; Loma Negra, 105%; y Cresud, el holding de Elsztain que incluye el negocio agrícola y el de IRSA, un 104%, según los datos recopilados por Pagliero, de Nasini.

“El sector bancario apuntaló el crecimiento de los índices argentinos”, observa Pagliero. “Al tratarse de entidades financieras cuyo valor fundamental recae, sobre todo, en activos intangibles, como la valuación de sus títulos en cartera y la estabilidad para el crédito a mediano y largo plazo, la victoria de Milei en 2023 supuso un cambio de expectativas que revalorizó fuertemente sus activos, empezando a dejar atrás el riesgo de default”, agrega.

“El sector energético acompañó el crecimiento que venía mostrando desde 2022, ya que el mercado venía priceando (poniendo precio) que, en mayor o menor medida, cualquier cambio de gobierno traería consigo la pauta de explotar los recursos en Vaca Muerta”, señala el analista de Nasini. También se agrega el impacto de los tarifazos en el rubro.

Adcap Grupo Financiero añade otras acciones en Wall Street que también subieron: Corporación América, de Eduardo Eurnekian, exempleador de Milei, 102%, en parte por su petrolera CGC; Vista Energy, de Miguel Galuccio, 70%; y Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperin, que pasó de macrista a libertario y cuya cotización del resto de Latinoamérica aunque también de los negocios que le habilitó la ola desreguladora, 38%.

“Desde el balotaje de noviembre de 2023, las acciones argentinas muestran subas muy significativas en dólares, en torno al 100% en promedio, aunque ese desempeño es el resultado de un recorrido muy volátil”, analiza Matías Cattaruzzi, analista senior de acciones de Adcap. “Tras el shock inicial del cambio de gobierno, el mercado marcó máximos muy altos entre diciembre de 2024 y enero de 2025, apoyado en la fuerte corrección de tasas, un contado con liquidación relativamente estable y la expectativa de normalización macro. Esa euforia se fue desinflando durante 2025, con una toma de ganancias, volatilidad electoral y dificultad del Gobierno para encontrar el camino con la salida de las LEFI (Letras de Liquidez), etc., que llevó a mínimos en la previa de las elecciones de medio término. Luego, el resultado disparó un nuevo rally que explica buena parte de las ganancias acumuladas a hoy, aunque los precios permanecen levemente por debajo de los picos de enero 2025”, aclara Cattaruzzi.

“Muchas veces el flujo de inversiones va a los papeles más líquidos, de donde es más fácil salir”, aclaran en un banco. “Los grandes ganadores fueron bancos y energéticas. Bancos, por el crecimiento del crédito y la perspectiva hacia adelante. Energéticas, por Vaca Muerta y el ajuste de tarifas”, añaden.

Si se considera ganadores a los dueños de proyectos RIGI, dado que pagarán menos impuestos y aranceles a la importación, no deberán liquidar divisas de la exportación y podrán demandar en tribunales internacionales, podemos mencionar siete iniciativas ya aprobadas: un parque solar de YPF Luz, la división eléctrica de la petrolera; el nuevo oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), de YPF, Pan American Energy (PAE, la empresa de los Bulgheroni, incluida Bettina, designada embajadora de la marca país, la británica BP y la china CNOOC-, Vista, Pampa, Pluspetrol –de las familias Rey y Poli–, la norteamericana Chevron y la angloholandesa Shell; un proyecto de exportación de gas del consorcio Southern Energy, que incluye a PAE, YPF, Pampa, la estadounidense Harbour y la noruega Gola; una siderúrgica de Sidersa, de la familia Spoto; un parque eólico de PCR –de los Brandi y los Cavallo– y la luxemburguesa ArcelorMittal; una mina de litio de la australiana Minera Galán Lithium; otra de cobre de la canadiense McEwen Copper, de la que participa la automotriz europea Stellantis; y un puerto de Terminal Timbúes SA, de Juan Manuel Ondarcuhu.

Las privatizaciones apenas se movieron hasta ahora. El Gobierno vendió la metalúrgica Impsa a la norteamericana ARC Energy, prorrogó por siete años la concesión del ferrocarril Nuevo Central Argentino (NCA) a Aceitera General Deheza (ADG, de Roberto Urquía) y. licitó y adjudicó la Ruta del Mercosur a la constructora mendocina Cartellone el tramo principal y al consorcio de las firmas Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, el secundario. También subastó las cuatros centrales hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue: dos fueron ganadas por Edison, la empresa de Juan y Patricio Neuss, Rubén Cherñajovsky, Luis Galli –el dueño y el CEO de Newsan, grupo de productos electrónicos y de higiene– y el fondo Inverlat –de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai–, otra por Central Puerto y la restante por BML, firma del sojero y energético Manuel Santos Uribelarrea.

En cuanto a las principales compras de empresas en estos dos años, se pueden señalar:

Ramiro Isaac, director de asesoramiento de este tipo de operaciones y estrategias de la consultora KPMG, opina que “Argentina está generando las condiciones para un crecimiento exponencial de las transacciones de M&A (siglas en inglés de las fusiones y adquisiciones) en el país a partir de la consolidación del programa de estabilización macroeconómica impulsado por Milei”. “En este contexto, la actividad de fusiones y adquisiciones en el país se viene desarrollando al ritmo de esta transformación de la economía, la cual presenta nuevas oportunidades de crecimiento para algunos sectores competitivos como el petróleo, gas, minería y agronegocios, así como desafíos para otros como la manufactura de productos de consumo masivo y el comercio minorista que deben afrontar una desregulación creciente de la economía”, agrega Isaac.

El experto ratifica “un proceso de consolidación de una burguesía nacional que toma el control de activos en ciertos sectores de la economía argentina”. Durante estos dos años, se registraron más de 200 transacciones de M&A en el país por US$16.000 millones.

Todavía quedan por delante más privatizaciones de empresas, concesiones de servicios al sector privado y nuevas aprobaciones de proyectos del RIGI.

 AR/MG

La Cámara de Diputados votó en la madrugada de este jueves en el recinto el primer presupuesto de Javier Milei, el de 2026, después de dos años de gobernar prorrogando el de 2023, el último del peronismo y aprobado por el Congreso, claro que modificado según el parecer de su motosierra para muchos y de sus rebajas tributarias para algunos. Pero “para obtener una perspectiva completa”, la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ) y otras otras organizaciones recomiendan comparar las erogaciones del año próximo con las de hace tres años y el resultado es una disminución del 24,6%, es decir, un cuarto menos que implica amputar directamente determinadas tareas que antes cumplía bien o mal el Estado.

“El proyecto establece un aumento interanual del gasto del 6,4% en términos reales en servicios sociales frente a 2025, pero este incremento resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en años anteriores, arrojando una disminución acumulada de 15,9% entre 2023 y 2026”, continúa ACIJ. Las partidas que más se recuperan son la de Seguridad Social, es decir jubilaciones y pensiones, dado que aumentan por inflación, pero el bono para la mínima se mantiene congelado en $70.000, con lo que se reduce 2,8% respecto de hace tres años.

También las de salud suben fuerte, 26,5%, porque se expande 47% el programa de los 1.000 Días, para acompañar los primeros tres años de vida de los niños, y 22% la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, de modo de contrarrestar la expansión de sífilis del 71% entre 2020 y 2024. Aunque se hará con menos reparto de preservativos: 15 millones de unidades, en lugar de 54 millones, según observó la Fundación para el Desarrollo Humano Integral y su Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), que asisten a los diputados de Unión por la Patria (UP) Itai Hagman y Natalia Zaracho.

A pesar de la intención del Gobierno de derogar las leyes que durante este año aprobó el Congreso para recuperar los presupuestos de discapacidad, universidades y hospitales pediátricos como el Garrahan, la votación en particular finalmente rechazó el Capítulo XI donde de incluían estos ítems, y que también planteaba acotar las zonas frías que reciben subsidios al gas y la electricidad, al tiempo que se prevén más aumentos de tarifas y del impuesto a los combustibles. En cambio, se establece un mecanismo de compensación para las distribuidoras eléctricas que se hayan visto perjudicadas por las leyes de emergencia económica, aquellas que congelaron tarifas tras la crisis de 2001.

En el proyecto, la asignación universal por hijo, que reciben desempleados y trabajadores informales, y las asignaciones familiares, que cobran los empleados formales, dejaban de actualizarse por inflación y aumentaban según el criterio y los tiempos que se le antojen al Gobierno.

En el presupuesto 2026 los gastos tributarios, es decir, las rebajas impositivas para algunos sectores, aumentan 2% en términos reales, lo que representa el 24,1% de toda la recaudación proyectada, según ACIJ. Es decir, de todo los impuestos que se recolectan, un cuarto se escurren para beneficiar a determinadas actividades. “Mientras el gasto total del Estado nacional cayó entre 2023 y 2026 casi un 25% y el gasto social lo hizo en un 16%, los gastos tributarios se redujeron apenas un 10%”, insiste la ACIJ.

Los beneficios impositivos representan el 3,4% del PBI. Más que todo lo recaudado por el IVA, equivalente al 3,2% de la economía. La rebaja de Ganancias a jueces y demás empleados del Poder Judicial suponen 0,09% del PBI; el descuento a la educación privada, 0,1%; a las prepagas, 0,05%; al impuesto a los bienes personales para quienes tienen depósitos bancarios, 0,01%; la minería, 0,06%; la electrónica de Tierra del Fuego, 0,17% y la economía del conocimiento, que beneficia a empresas tecnológicas como Mercado Libre, Globant o Despegar, 0,5%. Estas últimas dos empresas y otras 19 fueron denunciadas por el sindicato informático ante el Ministerio de Economía por recibir el beneficio pese a presuntamente incumplir la contraprestación de mantener el personal.

La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) apuntó que el Gobierno determina, a su vez, un cupo fiscal o límite máximo de beneficios que el Estado puede otorgar en un período determinado. Y en este sentido señala que el cupo de la educación técnica se reduce 5,1%, el del fomento de las inversiones automotrices, 12,5%, pero el de la economía del conocimiento se eleva 39,1%, mientras se elimina el correspondiente a la promoción de energías renovables.

La ASAP, al igual que otras entidades, menciona que el presupuesto basa sus números en proyecciones macroeconómicas optimistas respecto a lo previsto por el consenso de los economistas de consultoras, bancos, universidades y think tanks relevados por el Banco Central. El proyecto prevé que la economía crezca 5,4% en 2025 y 5% en 2026, con la consiguiente expansión de la recaudación. Pero el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Central marca un 4,4% para este año y un 3,4% para el próximo.

La inflación acabaría 2025 en 31,3% y 2026, en 18,2%, según el REM, lejos del 24,5% y del 10,1% soñados por el Gobierno para ambos periodos, respectivamente. Y el dólar mayorista ya está en $1.449 y el minorista, en $1.480. El presupuesto delira pensando que a fin de año bajará a $1.325 y para dentro de un año, a $1.423. El REM lo pronostica a 1.473 este 31 de diciembre y a 1.668 en noviembre próximo, y eso que esas predicciones se elaboraron antes de que esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, se rindiera ante la evidencia y ampliara la actualización de las bandas cambiarias del 1% mensual a un ritmo igual a la inflación, que el último mes fue del 2,5%.

En el presupuesto no se prevé rebajas tributarias. La reforma prometida a los empresarios deberá esperar a las sesiones ordinarias, que comienzan en marzo. Por ahora se mantienen las retenciones a la exportación, que representa el 7% de lo recaudado, y el impuesto a las transferencias financieras, que son el 18%. Nada se habla de crear un superIVA para reemplazar a los Ingresos Brutos de las provincias.

Por lo pronto, sólo habrá algunos recortes en el proyecto de flexibilización laboral: una merma de la alícuota de Ganancias para empresas, del 35% al 31,5% para las grandes y del 30% al 27% para las pymes; a las entradas de cine y el streaming, los objetos de lujos, los autos, las motos, los barcos y los aviones, los seguros y la telefonía, curiosas rebajas para supuestamente fomentar el empleo, teniendo en cuenta que varios de esos artículos son importados y de que ciertos gravámenes financian el trabajo local. En el presupuesto sí se elimina la exención tributaria a la compra de diarios y revistas.

El diputado de UP Guillermo Michel advirtió que las rebajas impositivas de la reforma laboral no están previstas en el presupuesto. Calculó que la merma de Ganancias para compañías supone el 0,3% del PBI. Nada se dice sobre cómo se compensarán estos jubileos tributarios para algunos.

ASAP señala el incremento del 5,5% del gasto en intereses de la deuda. Eso incluyo los vencimientos por más de US$4.000 millones en enero. Caputo ya dijo que cuenta para ello con 1.000 millones que obtuvo en la colocación de un bono local, otros 7.000 millones que le ofrecen bancos y los swaps (canjes de moneda) con EE UU y China, por 20.000 millones y 18.000 millones, respectivamente.

Pero para el resto del año, Caputo buscará volver a los mercados internacionales de deuda, para refinanciar los bonos de bajísimos intereses que había renegociado en 2020 el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. Teniendo en cuenta eso, el proyecto de presupuesto elimina un artículo de la ley de administración financiera que obliga a que los canjes o reestructuraciones de deuda cumplan con mejoras objetivas para el Estado en términos de baja del capital, extensión de plazos, o reducción de tasa de interés. Se nota que prevé empeorarlas.

El gasto de capital, o inversión pública, caerá 11,8% respecto de 2025, con lo que consolidará una poda del 74,7% en relación a 2023, según ASAP. Entre lo poco que se hará figuran la compra de cuatro helicópteros para la Base Naval Puerto Belgrano; la construcción de un acueducto y dos plantas potabilizadoras en Catamarca y Santiago del Estero, la del sistema de provisión de agua potable en la de Tucumán, todas provincias peronistas pero que el gobierno libertario busca seducir; algunas obras de mantenimiento de la Dirección Nacional de Vialidad -sólo se prevé privatizar un cuarto de la red vial y persisten las críticas opositoras al estado de las rutas- y otras en la Corte Suprema. En el proyecto de 2026 se registra un fuerte aumento (35%), aunque de todas formas la inversión pública sigue quedando en un nivel históricamente bajo, 76% inferior al de 2023, según ACIJ.

En relación a 2025 se ajustan algunas partidas en general: la de inteligencia, una de las pocas que había crecido con Milei, el 3,1%; la de acciones para fomentar el trabajo, 1,3; la de vivienda, 6,9%; la de agua potable, 0,9%; la de agro, que incluye desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) hasta la agricultura familiar, el 6,2%; la de ecología, 5,4% y la de comercio y turismo, el 6,1%, ambas áreas bajo control del secretario de Turismo y Ambiente (le quitaron Deportes), Daniel Scioli.

Sin embargo, en comparación con 2023, todos los rubros caen. Así se puede apreciar en el siguiente gráfico:

La ASAP señala que se ponen límites a la hora de incorporar empleados públicos en áreas como ciencia, orquestas, coros y ballet nacionales o Vialidad, pero hay una excepción: la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Es la dependencia que privatizará la hidrovía del río Paraná. También se da de baja las normas que obligaban a invertir el 6% del PBI en educación, entre la Nación y las provincias; el 1% en ciencia a partir de 2032 y el 0,2% de los ingresos corrientes en escuelas técnicas.

En educación se prevé un aumento del 4% en comparación con 2025 empujado por el Plan Nacional de Alfabetización, pero la retracción contra 2023 es del 49%, destacándose la caída del gasto en universidades (-31%), las becas Progresar (-76%), infraestructura y equipamiento (-84%, incluía la construcción de jardines de infante) y formación tecnológica (-88%, contemplaba el plan de reparto de computadoras), según el OCEPP. Continúa el ajuste en el complejo científico y tecnológico al comparar con 2023: el Consejo de Investigaciones, Conicet (-38%), el Banco Nacional de Datos Genéticos, BNDG, clave para recuperar la identidad de los bebes robados por la última dictadura (-55%), el Instituto de Tecnología Industrial, INTI (-48%), el INTA (-46%), la Comisión de Energía Atómica, CNEA (-65%) o la de Actividades Espaciales, CONAE (-95%).

En salud el gobierno se derrumban versus 2023 la atención a consumos problemáticos de la Sedronar (-30%), el control de alimentos y remedios de la Anmat (-31%), el Garrahan (-6%) y otros hospitales como el Carrillo (-28%), el Posadas (-30%) o el Bonaparte (-43%), según la OCEPP. Se observa una reducción del 8% del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el mismo organismo donde se cobraban coimas por la compra de medicamentos. El proyecto supone un 17% menos de pensiones por discapacidad.

La Tarjeta Alimentar dejó de mejorar en 2025 y junto con las partidas de niñez y adolescencia caen 44% respecto de 2023, al tiempo que se eliminó por completo el programa Economía Social. En infraestructura se quitaron partidas dirigidas a la preservación del medio ambiente; el desfinanciamiento casi total de asistencia a municipios y obras vinculadas al sistema de salud, educativas y de cuidado, se reducen lo destinado a infraestructura hídrica. Desaparecieron programas de vivienda como el Procrear y el Casa Propia, mientras que virtualmente corre la misma suerte de integración sociourbana, o urbanización de villas, así como el de mudanza de los vecinos afectados por la contaminación del Riachuelo. De las 1.365 obras registradas por la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU), sólo el 37% se completó, mientras que el 63% restante se encuentra paralizado o suspendido. 

En Seguridad, “a pesar de la retórica del gobierno nacional, se destacan menor presupuesto dirigido a formación y capacitación de las fuerzas, con descensos de entre 37% y 43% respecto de 2023; una desinversión en patrullaje de fronteras o en la prevención de delitos complejos como el narcotráfico, que cae entre un 20% y un 40%”, advierte el OCEPP. Considerando el presupuesto de las cuatro principales partidas vinculadas a la prevención y atención de la violencia de género (Acompañar, Línea 144, Protección de Víctimas de Violencia y ESI), se registra una caída del 89 % entre 2023 y 2026, según ACIJ. La educación sexual integral (ESI) representa apenas el 2% de lo ejecutado en 2023. Se desfinancia la promoción de la salud mental. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) se reduce 85% respecto a 2025, que ya había sido ínfimo, según ACIJ.

AR/MG

A Javier Milei le encanta que lo llamen doctor. Pero nunca hizo un doctorado. Recibió un doctor honoris causa de la Escuela de Economía y Administración de Empresas (Eseade), el instituto universitario que fundó Alberto Benegas Lynch (h), apodado “Prócer” por el presidente y padre del diputado libertario del mismo nombre, al que llaman Bertie. Pues el doctor Milei, el mismo que considera que merecerá el Nobel de economía si le sale bien, ha puesto en marcha un experimento poco visto en el mundo de motosierra fiscal y monetaria –incluidos jubilados con sus haberes y acceso a remedios, empleados públicos e informales, docentes, obreros de la construcción, científicos y artistas–, desregulaciones –menos del cepo cambiario, que sigue firme– y rebaja de impuesto a los ricos que dejaron ganadores y perdedores. Varios economistas elaboraron su análisis al respecto.

“Una aproximación a esa suerte de mapa de ganadores y perdedores es la que resulta de evaluar qué sectores (y actores) aumentaron su participación en la estructura económica y cuáles la vieron mermar entre 2023 y 2024”, sostienen en un reciente paper los investigadores económicos Lucía Ortega y Martín Schorr.

“Los rubros ganadores representan el 32% del PBI total. Esto expresa que el modelo Milei es regresivo para los trabajadores y otros perceptores de ingresos fijos, y también para un sector mayoritario del capital. El podio de ganadores es ocupado por la intermediación financiera”, se refieren a los bancos, las fintech y el mundillo bursátil, y continúan: “Un conjunto de producciones primarias de exportación ligadas a grandes capitales transnacionales (agricultura, petróleo y gas, minería, pesca), actividades con precios regulados por el Estado que resultaron muy favorecidas por la convalidación de subas de tarifas despiadadas (transporte y comunicaciones, electricidad, gas y agua), y sectores que se desregularon en favor de grandes empresas (servicios sociales y de salud, donde se observan comportamientos contrapuestos: aumenta el gravitación de la salud privada y decrece la de la pública)”.

A la hora de observar los perdedores, Ortega y Schorr identifican lo que ellos llaman dos realidades. “Por un lado, un grupo de actividades perjudicadas por el drástico recorte del gasto público que se ha instrumentado sobre prácticamente todas las partidas (empleo y sueldos estatales, obras e inversiones, transferencias a provincias, programas asistenciales, etc.), con excepción de las ligadas a los pagos de la deuda estatal. Es el caso de los renglones correspondientes a enseñanza, construcción, y administración pública y seguridad social.

Por otro lado, sobresalen muchos sectores afectados sobre todo por la retracción del consumo interno ante la caída del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, las pensiones, etc. Se destacan aquí algunas actividades asociadas al esparcimiento y la recreación de la población (hoteles y restaurantes), la producción fabril y el comercio mayorista y minorista.“

Pero dentro del sector manufacturero el impacto no es homogéneo, advierten Ortega y Schorr. “Ua reestructuración sectorial regresiva se refleja en una mayor ponderación dentro del espectro productivo de unas pocas ramas más bien orientadas al mercado mundial (alimentos y bebidas, industria petrolera y algunos segmentos de la química), y un retroceso en la incidencia de las demás (en manufacturas de lo más variadas como, por ejemplo, equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, artículos de marroquinería, prendas de vestir, productos textiles, muebles y colchones, vehículos automotores, maquinarias y equipos, minerales no metálicos, y derivados de caucho y plástico)”.

Para la economista y el sociólogo especializado en economía, “hay empresas, en particular de grandes dimensiones, que han establecido mecanismos compensatorios que les han posibilitado mantener o incluso mejorar su ciclo de negocios. Por caso, al comenzar la gestión, luego del shock devaluatorio que se habilitó, muchas corporaciones (más que) compensaron el declive en la actividad con aumentos de precios. Finalmente, no se puede soslayar que muchas grandes compañías han canalizado porciones más o menos relevantes del excedente generado en el proceso productivo a la esfera especulativa a instancias del festival financiero que ha estimulado la política económica”.

En el Instituto de Pensamiento y Política Pública (IPyPP), Agustina Haimovich, Claudio Lozano, Javier Rameri y Ana Rameri publicaron en octubre pasado un informe sobre ganadores y perdedores y para ello analizaron los resultados operativos y netos (después de operaciones financieras y pago de impuestos) de las 26 empresas del panel general de la bolsa porteña. “Los resultados operativos como los netos se quintuplicaron en el año considerando la información correspondiente a los primeros semestres 2024 versus 2023. Algunos sectores se despegaron de la media del panel. Sobresalen los resultados operativos del sector de hidrocarburos (+709,6%) y el sector bancario (+450,6%). Al considerar otros conceptos de ganancia, los resultados netos se vieron especialmente engrosados nuevamente en el sector del petróleo y gas (+740%) y se suma el sector productor de alimentos (+683%)”, señalan Haimovich, Lozano y los Rameri.

“También algunas empresas se diferenciaron notablemente del ya extraordinario comportamiento de las empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Comercio”, aclaran. “El selecto grupo cuenta con firmas como Molinos Agro, la cerealera de Pérez Companc, que expandió el resultado operativo en +7.543%, Metrogas lo hizo en un 2.581% y Mirgor, de la familia Caputo, con una ampliación de 1.097%”, identifican. Las ganancias netas volvieron a tener como protagonista a la compañía de electrónica de los Caputo con un aumento del 2.788%.

“Otras empresas que multiplicaron sus beneficios finales por 20 en tan solo un año fueron: Telecom (+2.080%), que aprovechó la desregulación de los precios de todos sus servicios de internet y telefonía móvil; Mastellone Hermanos (controlada por Arcor) engrosó el volumen de sus ganancias en un 2.050% a pesar de que en ese mismo período el consumo de lácteos en el país cayó un 17,6%; Tecpetrol (del grupo Techint) se expandió en un 1.860,4% y Laboratorio Richmond en un 1.325%.”

Los investigadores del IPyPP ya están actualizando los números con los resultados del tercer trimestre de 2024 y a partir de ello elaboraron el siguiente cuadro que evidencia los mayores beneficios de aquellas firmas que ganaron en pesos más que la inflación interanual. Aquí se destacan la estatal YPF y Tecpetrol, en la ganancia operativa Mirgor y en la neta Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), la eléctrica Central Puerto (de Carlos Miguens Bemberg, la familia Escasany, Guillermo Reca y los hermanos Ruete Aguirre), Arcor (de los Pagani), Loma Negra (que el grupo brasileño Camargo Corrêa busca vender) y el banco español Santander.

Entre los perdedores, Haimovich, Lozano y los Rameri mencionan a los asalariados, tanto los del sector privado, que redujeron 2,6% de poder adquisitivo desde que Milei asumió el gobierno en diciembre pasado con la frase “no hay plata”, hasta los públicos, que retrocedieron 16,8%. Los que cobran el salario mínimo, que influye sobre el trabajo informal, perdieron 26,5%, según estos economistas. El millón de beneficiarios del desaparecido plan Potenciar Trabajo, que gestionaban organizaciones sociales pero también provincias, municipios y hasta Cáritas, vio recortado en un 56% su poder de compra. Los jubilados que cobran la mínima, que son la mayoría, perdieron 2,9% por la falta de actualización del bono.

El Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz (CESO), que dirige Andrés Asiain, también elaboró su informe por el primer aniversario de Milei en el poder. Comparó también evolución del peso de cada actividad económica, sus precios, los salarios, el empleo, los resultados de empresas y los rubros de ajuste presupuestario. “Se observan grandes diferencias en el andar de los distintos sectores económicos, en particular, entre quienes destinan su producción al mercado doméstico en competencia con importaciones o son proveedores del Estado, por un lado, y los sectores primarios exportadores tradicionales (agro, minería e hidrocarburos), la banca (valorización de activos financieros), empresas de servicios regulados (aumentos de tarifas), y otros sectores beneficiados por cambios (des)regulatorios”.

De acuerdo al documento, los perdedores se ven muy afectados por la caída de los ingresos, el ajuste en el gasto público y el proceso de apreciación cambiaria en combinación con una creciente apertura importadora. Los sectores beneficiados van desde el primario exportador favorecido por condiciones climáticas (fin de la sequía), maduración de inversiones (gasoducto Néstor Kirchner), una legislación favorable (RIGI, Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) y una competitividad por condiciones naturales que le permiten sostener su expansión aún cuando el tipo de cambio se fue apreciando.

También la banca, que se benefició de la desregulación de las tasas y la fuerte valorización de los títulos públicos; empresas de servicios públicos regulados que incrementaron sus tarifas y otros sectores específicos beneficiados por la liberación de precios en combinación con demandas inelásticas (medicamentos y algunos alimentos como lácteos) o la ampliación de los negocios en esferas antes controladas desde el Estado (por ejemplo, la gestión de los pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, por Mercado Pago, antes realizada exclusivamente vía el sistema bancario tradicional). “El crecimiento exponencial de la rentabilidad de las grandes corporaciones de estos sectores y la valorización financiera de sus acciones son la confirmación de que fueron los grandes ganadores”, concluyen en el CESO.

Por otra parte, se observan diferencias en la evolución del empleo registrado, tanto entre sectores económicos como entre las provincias. “Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba, son las que más puestos de trabajo registrado han perdido”, puntualiza el centro que dirige Asiain. “También observamos una gran disparidad en las funciones del gasto público en donde recae el ajuste; siendo la obra pública (24%) y las propias jubilaciones (22%) las que más contribuyeron al equilibrio fiscal”, calcula.

En el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) están confeccionando también un reporte sobre el primer año libertario. En esta entidad en la que investigan Hernán Letcher y la diputada Julia Strada, calcularon ya cuáles fueron los sectores que más expandieron su valor agregado bruto entre el segundo trimestre de 2023 y el de 2024 e identificaron al financiero, al energético y al minero. El problema es que representan el 4% del empleo formal, unos 250 puestos de trabajo. En cambio, el incremento del valor agregado bruto fue menor al promedio en construcción, industria y comercio, que emplean al 44,5% de los registrados, unos 2,8 millones.

En el Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), los economistas Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti no discriminaron ganadores y perdedores, pero identificaron fenómenos del gobierno anarcocapitalista que pueden ayudar a situar a unos y otros. “Se advirtieron dos burbujas financieras en el primer año de gobierno de Milei que se sustentaron en tasas de interés en moneda local que superan la tasa de devaluación de los dólares financieros, generando altas tasas de retorno en moneda dura. Así, la primera de ellas duró apenas tres meses y alcanzó rendimientos en dólares en torno al 35% para quienes entraron en febrero y salieron a fines de abril, cuando se interrumpió la burbuja por la reducción del interés y la suba de los dólares financieros en el marco del estancamiento en la acumulación de reservas. La segunda burbuja, en cambio, se puso en marcha a partir de agosto y su principal financiamiento externo fue el blanqueo extraordinario que implicó el ingreso de 23.300 millones de dólares”.

“Esta situación excepcional permitió la convergencia de la reducción del dólar financiero con tasas de interés en pesos en torno al 4% mensual que se reflejaron en rendimientos en dólares de 30,1% para quienes ingresaron en agosto y salieron en noviembre”, señalan Manzanelli y Amoretti. “Se trata del veranito financiero que aún no finalizó pero que ya empezó a exponer las contradicciones propias de los ciclos de valorización financiera que históricamente se estrangulan por el lado del sector externo”, se refieren a la falta de dólares del país. A su vez, el blanqueo permitió “un verdadero festival de obligaciones negociables en moneda extranjera por parte de grandes empresas, cuyos montos superan a los del primer bienio de la valorización financiera de Cambiemos (US$7.619 millones versus US$4.000 millones). Sus vencimientos son de corto plazo y van a requerir divisas para cancelarlos si no logran retroalimentar la valorización financiera con endeudamiento.”

Manzanelli y Amoretti también apuntan a los que perdieron el trabajo. La actividad que registró una mayor pérdida de empleo fue la construcción. Aunque en una magnitud menor, el empleo industrial también experimentó una contracción superior hasta junio (-2,4%) y luego se tendió a recomponer en niveles inferiores a los de noviembre de 2023 (en este caso -2,1%). “El agregado del sector de comercio y servicios muestra una dinámica del empleo, si bien a la baja, más estable que en los otros rubros. La destrucción del empleo en este caso fue del 1% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024”, detallan. También alertan sobre el cierre de compañías a partir de datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): “Se constata una reducción de la cantidad de empleadores durante el gobierno de la Libertad Avanza: 11.178 empresas menos entre noviembre de 2023 y junio de 2024, lo que equivale a una reducción de 2,1% de la cantidad de empresas”.

Y pese a todos estos números, la popularidad de Milei crece, según una última encuesta de los consultores políticos Julio Burdman y Viviana Isasi. Su imagen positiva es del 53%, frente al 44% que a esta altura de su gobierno tenían Mauricio Macri y Alberto Fernández. El 40% dice que este año le fue mejor que en 2023 y el 39%, peor. El 51% confía en que 2025 mejorará y sólo el 28% teme que empeore. El 68% anticipa inflación menor o igual que ahora. Entre los principales problemas del país, el mayor ahora es la pobreza (27%), le sigue la corrupción (19%, lo que refleja el impacto del discurso anticasta, aunque habrá que ver si no se convierte en bumerán con el caso Kueider), la inflación quedó relegada al tercer lugar (16%), escoltada por dos fenómenos que objetivamente crecieron este año, la inseguridad (14%) y el desempleo (11%).

AR/DTC