“Al gobierno de la ciudad: no se pasen de la raya”, arrancaba un reciente video del Equipo de Sacerdotes de Villas porteñas, con la voz de Lorenzo “Toto” de Vedia, párroco en Barracas, el pasado 26 de junio. “Luego de las cartas que enviamos al jefe de Gobierno de la ciudad (Jorge Macri) y que no fueron respondidas, expresamos repudio al hostigamiento a vecinos de nuestras villas: a cartoneros, vendedores ambultantes, personas que viven en la calle y a los que se organizan para ayudarlos. Pedimos que dejen de humillar a los pobres”, proclamaban una semana después de que la Legislatura de la capital aprobara una ley que pena con hasta dos meses de cárcel a los trapitos y limpiavidrios. Pero no se trata sólo de las tierras de Macri. Este tipo de política se va extendiendo por buena parte del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno no sólo impulsó esta nueva ley sino que viene desalojando desde inicios de su gestión a los vendedores ambulantes y manteros en todos los barrios, desde Once y la Villa 31 hasta Parque Centenario y Chacarita, con el secuestro de las mercancías ofrecidas. También desde el arranque de su administración con su operativo Orden y Limpieza manda personal a conminar a las personas de situación de calle para que se vayan a los paradores o al conurbano, pero no dan abasto ante un número creciente de sin techo. Los procedimientos también incluyen incautación de pertenencias como colchones.

En cuanto a los cartoneros, la capital endureció el registro de los habilitados y el control de los que están fuera de ese listado, a quienes les sacan sus carros. Quitó subvenciones al transporte, cerró una de sus plantas de reciclado, planea mudarlas todas fuera de su territorio y creó multas para quienes desarodenan la basura fuera de los tachos. A eso se suma que el precio que se paga por materiales para reciclado ha descendido, en parte por la apertura de la importación de residuos y la recesión de las industrias que los compran. Esta merma y el congelamiento del salario complementario que cobran los cartoneros desincentiva la actividad en todo el país. En ese contexto cerró la fábrica de reciclado de plástico pet de las botellas de Ecopek, de capitales mexicanos, en marzo pasado. Ya no era más negocio.

“Están destruyendo el tejido social”, comenta De Vedia. Advierten que algunos caen en la delincuencia o en las adicciones ante la falta de alternativas para conseguir trabajo. En el Bajo Flores, Nicolás Torres, referente del colectivo Popurrí, comenta que “la gente trabaja lo mismo, pero corriendo, escondiéndose, como si fueran delincuentes”. “La gente que trabaja en la calle, trapitos, vendedor ambulante, trabaja hoy para comer hoy. Sigue trabajando, pero con miedo de que la persigan, de que le saquen la mercadería. Cuando vos le sacás la mercadería, la gente arranca al otro día menos diez y encima se tiene que andar escondiendo porque es un trabajo digno para ellos. Hoy viven asustados y perseguidos por la Policía que debería darles seguridad”, agrega Torres.

Ariel Rivero, referente de la Unión de Vendedores Ambulantes de Once, cuenta que ya no quedaron manteros en Once, incluidos los senegaleses. “Se fueron a ferias del conurbano”, explica. Él y otros 50 vendedores siguen pero deambulando, sin detenerse ni ocupar la vereda, pero igual son perseguidos por la Policía Metropolitana, que les confisca la mercadería. “Hay una ley de vendedores ambulantes (de 2003), es mera subsistencia, no es delito. Antes, con (Horacio Rodríguez) Larreta nos sacaban, pero nos daban predios para vender o nos habilitaban puestos en la calle. A mí me habilitaron garrapiñadas, pero nos lo sacaron porque vendí golosinas... pero es que garrapiñadas no se venden todo el año... Dicen que nos pongamos un local, pero con una docena de guantés no podés.. Dicen que no pagamos impuestos, pero muchos locales tampoco pagan...”

“Es todo una persecución a la clase obrera, a los de abajo”, concluye Rivero. Pero advierte que tampoco les van mejor a quienes se emplean en los comercios formales de Once. “Vienen pibes a trabajar por $25.000 por día, pero entre pasaje y comida llegan a su casa con $10.000. Por eso a veces no comen ni toman un café”, ejemplifica. Lamenta que los policías persigan a vendedores ambulantes en lugar de concentrarse en el robo de celulares o la venta de objetos prohibidos.

En La Plata, se prohíbieron en 2024 los manteros y la venta ambulante en el centro y les propusieron sumarse a cooperativas de barridos o vender en otros lugares más alejados del centro. Este 26 de junio los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera el diputado Juan Grabois, protestaron frente a la municipalidad e incluso provocaron un principio de incendio porque el intendente peronista Julio Alak quiere licitar el servicio de recolección para reciclaje y dejar de contratarlos. A cambio, les ofreció una tarjeta para comprar alimentos, pero los cartoneros la rechazaron. Mientras, se controlan a cuidacoches y limpiavidrios.

En Mar del Plata, otro intendente del PRO, Guillermo Montenegro, arrancó 2025 persiguiendo a ambos al tacharlos de “delincuentes”, desalojando los “acampes” en la vía pública la gente sin techo y terminando con las ferias ilegales en plazas. “Van a terminar puliendo los barrotes de la celda”, prometió.

En la provincia de Córdoba, donde gobierna el peronista local Martín Llaryora, se aprobó este año una norma para arrestar por seis días a los limpiavidrios, a los que prohibió, y a los “naranjitas” (como les llaman a los cuidacoches), a los que reguló y les impidió el cobro compulsivo. La gestión Llaryora prometió capacitación e inclusión laboral para estos individuos. Después la ley fue ratificada por la ciudad de Córdoba, que gobierna Daniel Passerini. Entonces el arzobispo cordobés, Ángel Rossi, recibió a los naranjitas, se solidarizó con ellos y pidió que se le dé otras tareas urbanas: “Si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”, advirtió Rossi. En la ciudad se reiteran los operativos contra la venta callejera, con decomisos de mercancías.

En la provincia de Santa Fe, del radical Maximiliano Pullaro, el Senado dio por ahora media sanción a un proyecto para prohibir cuidacoches y limpiavidrios. El intendente Pablo Javkin, de la misma coalición, apoya la medida y ha ordenado demorar a cientos de trapitos por presunta extorsión. En la ciudad de Santa Fe se vetaron a quienes limpian parabrisas en las esquinas desde 2024.

En la ciudad Mendoza, en 2018, el entonces alcalde, el radical Rodolfo Suárez, prohibió trapitos y limpiavidrios, con la promesa de reinsertarlos en el mundo del trabajo. Fue pionera e imitada después por otras localidades. La capital mendocina también combate los “acampes”. En San Miguel de Tucumán, la peronista Rossana Chahla, quiere regular a los cuidadoches. Entre 2024 y 2025, había combatido los puestos informales en las veredas.

Bariloche prohibió en marzo pasado los limpiavidrios, trapitos, vendedores ambulantes y artistas callejeros sin autorización. Al mismo tiempo, Comodoro Rivadavia vedaba a los que limpian parabrisas. En 2025, la ciudad de San Luis desalojó a los vendedores ambulantes y manteros de la peatonal, pero los reubicó en otras zonas de la ciudad. Desde marzo pasado, San Fernando del Valle de Catamarca impide a los ambulantes y mendigos entrar a bares y restaurantes a ofrecer productos o pedir dinero, respectivamente.

En el conurbano, Vicente López y San Isidro aplican la tolerancia cero a los que limpiavidrios. San Miguel y Tres de Febrero desalojan puestos callejeros. En diciembre pasado, en Quilmes se reguló a los cuidacoches al adoptar un sistema de estacionamiento medido al que debían incorporarse estos trabajadores informales. El MTE rechazó la reforma con una violenta protesta que enfrentó a Grabois con la intendenta quilmeña, Mayra Mendoza.

La idea de controlar todos estos trabajos formales es liderada por la derecha, pero también se enarbola en el peronismo. El desafío radica en qué harán aquellos que se quedan sin fuentes de ingresos, si quedarán a merced del mercado, de la delincuencia o de políticas públicas que aporten soluciones.

AR/MG

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves, por mayoría con 36 votos positivos, una reforma clave al Código Contravencional propuesta por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que tiene como fin seguir estableciendo el orden público en las calles de Buenos Aires con fuertes penas; una de ellas es que establece días de detención de manera efectiva contra los trapitos (cuidacoches) y limpiavidrios.

“Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”, posteó en redes sociales el alcalde porteño junto a un video.

La nueva norma (6961) también prevé sanciones para los clubes u organizaciones que promuevan o participen de esta actividad.

Acordada con legisladores de otras fuerzas políticas, desde esta modificación se amplía la capacidad de los controles del Gobierno de la Ciudad y se extienden los horarios de prohibición en eventos masivos; además, se le brinda facultad a la policía porteña para detener a los trapitos que se apropian del espacio público y extorsionan a vecinos y turistas.

Además, se aprobaron leyes de financiamiento de la Línea F de Subte; el Programa de Desendeudamiento Familiar que establece una línea exclusiva de créditos a través del Banco Ciudad, orientada a la cancelación y refinanciación de deudas personales previas, bajo condiciones más favorables que las vigentes en el mercado; la desregulación de la VTV, que incluye talleres mecánicos privados y concesionarias para hacer el control vehicular y modifica los plazos para hacerlo; y la regulación del vapeo y productos emergentes de tabaco y/o nicotina, entre otras normativas.

Una promesa de campaña: “Los trapitos son una mafia”

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, desde el día de su asunción al cargo instruyó a la Policía de la Ciudad con el objetivo de intensificar los operativos contra trapitos tanto en los espectáculos como en los eventos deportivos.

Al respecto, Macri dijo: “Lo dije desde el primer día: los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos. Con los delincuentes, tolerancia cero”. Y agregó: “Ya no hay más advertencia, te meto preso”.

En este contexto, entre mayo de 2025 y mayo de 2026 la Ciudad realizó un total de 13.149 contravenciones, pero fueron insuficientes. En tal sentido, Macri agregó luego de presentar el proyecto que la Legislatura convirtió hoy en ley: “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”.

Por eso, lo que hasta ahora era cuidar coches o limpiar parabrisas de manera ilegal y que se penaba con multas que resultaban incobrables, desde ahora, con estos cambios, si bien seguirá siendo una contravención, tendrá penas más severas.

¿Qué dice la Ley “Anti Trapitos” sobre las sanciones?

Respecto de las sanciones, estas varían según el contexto y el nivel de organización. Por eso, tanto trapitos como limpiavidrios serán detenidos en el marco de eventos masivos o bien cuando se los encuentre en las calles de la Ciudad en lugares como, por ejemplo:

En eventos masivos

Cuidacoches en las calles

Jefes, organizadores o promotores

Contra los aprietes

Trabajo comunitario y multas

Quita de planes sociales

¿Cómo será el control sobre los eventos masivos?

Serán más rigurosos y tendrán estas características:

Alcance

Radio extendido

Mayor cobertura horaria

Sanciones para clubes e instituciones

Se duplican las multas

Clausuras prolongadas

A pocas horas de haberse confirmado como primer candidato a senador provincial por la lista de unidad entre La Libertad Avanza y el PRO en la Quinta Sección electoral, Guillermo Montenegro, intendente de General Pueryrredón, volvió a agitar sus redes con un mensaje directo contra los cuidacoches. Este domingo publicó un nuevo video de la Patrulla Municipal en acción, en el que se observa a un agente increpando a un “trapito” por presunta extorsión a vecinos.

En las imágenes aparece Daniel Omar Martínez, subsecretario de Articulación en Seguridad y también candidato a concejal por el espacio libertario, mostrando una botella de plástico que, según afirma, contenía combustible. “Nafta súper”, dice frente a cámara, antes de interpelar al cuidacoches que portaba el envase: “¿Usted, caballero, de dónde es?”.

El hombre apenas alcanza a mostrar sus documentos cuando lo increpan: “Esta situación no se debe realizar en el marco de nuestra ciudad. Con su mano agarre el trapo y tírelo al piso, por favor”. “Yo estoy trabajando”, responde el cuidacoches. La réplica es automática: “No, esto no es un trabajo”.

Montenegro difundió el material con una leyenda tajante: “¿Qué puede estar haciendo un trapito con una botella de nafta más que extorsionar a la gente?”.

El episodio se suma a una seguidilla de intervenciones públicas del jefe comunal marplatense en tono de campaña, y al endurecimiento del discurso de seguridad que su gestión promueve desde hace meses. En esa línea, el sábado por la noche, el propio intendente había dejado claro que no piensa asumir su candidatura como un mero gesto simbólico: “Podría jugarme a la cómoda y ser testimonial, sin mover un dedo y quedarme tranquilo en la banca de intendente hasta 2027. Pero voy a estar donde me lo demandan las circunstancias, donde más me necesiten y donde más pueda empujar con tal de que todos los que bancan delincuentes sean, por fin, destruidos”.

Una política sostenida

No es la primera vez que Montenegro apunta contra los cuidacoches o las personas en situación de calle. Desde el inicio de su segundo mandato, su gobierno implementó una serie de operativos coordinados por la Patrulla Municipal para “ordenar el espacio público”, especialmente en zonas céntricas y costeras. En enero, en plena temporada de verano, circularon numerosos videos donde funcionarios municipales increpaban a cuidacoches con un discurso casi calcado al de las últimas intervenciones: “esto no es un trabajo” y “no está permitido en nuestra ciudad”.

En paralelo, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionaron el carácter estigmatizante de estos procedimientos, señalando que criminalizan la pobreza y no ofrecen alternativas reales de inclusión. Desde el Colectivo Faro de la Memoria, por ejemplo, se denunció públicamente que “la gestión de Montenegro viene desplegando una política de limpieza social que lejos está de resolver el problema del trabajo informal o la situación de calle, y que más bien lo desplaza y lo invisibiliza”.

Uno de los episodios más polémicos se dio en febrero pasado, cuando inspectores de la Patrulla Municipal desarmaron una precaria carpa en la que dormía un hombre sin techo cerca del centro. La situación fue registrada en video por vecinos y generó un fuerte repudio en redes sociales, aunque desde el Ejecutivo municipal defendieron el procedimiento como parte de los operativos de “recuperación del espacio público”.

Con el respaldo creciente de sectores alineados con Javier Milei, Montenegro parece haber endurecido su discurso y sus políticas, con un enfoque centrado en el “orden” como bandera. La inclusión de funcionarios como Daniel Martínez en la lista de candidatos a concejales de La Libertad Avanza va en esa misma línea: mostrar una continuidad entre la gestión municipal y la estrategia electoral libertaria.

CRM