Denuncian a Guillermo Montenegro por sus violentos operativos para desalojar a personas en situación de calle

Menos represión y más escucha. Políticas públicas en lugar de “una mirada excluyente y violenta”. Ese fue el reclamo emitido desde la Iglesia de Mar del Plata hacia el intendente local, Guillermo Montenegro, por los operativos desplegados en la ciudad para desalojar a personas en situación de calle en plena temporada de verano. A este planteo se sumó en las últimas horas un documento de juezas y jueces de todo el país referenciados con el Papa Francisco, en el que cuestionaron a quienes “promueven como solución ‘barrer’ a estas personas a fin de que no ‘molesten’ en la vía pública”.
En medio de la polémica por estos procedimientos y por los posteos del propio Montenegro en redes para amplificar su difusión, el jefe comunal del partido de General Pueyrredón fue denunciado además penalmente este viernes por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la socióloga e historiadora Dora Barrancos, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
En un mensaje conjunto, Cáritas, los centros del Hogar de Cristo y la Pastoral de las Adicciones de la diócesis marplatense, conducida desde diciembre por el obispo Ernesto Giobando, expresaron días atrás que “preocupa profundamente que las respuestas” institucionales hacia sectores vulnerables y personas en situación de calle “sean insuficientes” y que “muchas veces adopten un enfoque que prioriza la represión y el desalojo por encima de la escucha, el cuidado y la dignidad”.
Cuestionaron que se aplique “una mirada excluyente y violenta” y reclamaron “políticas públicas que verdaderamente promuevan la inclusión y reconozcan a cada persona como sujeto de derechos”.
“Desde el Evangelio de Jesús, reafirmamos que las personas en situación de calle no son un ´problema´ que deba resolverse, sino hermanos y hermanas que merecen respeto, reconocimiento en su dignidad y acompañamiento”, señaló el comunicado. Exigió en ese sentido “un pacto social que coloque a los más vulnerables en el centro de las prioridades, desplazando la indiferencia y rechazando la violencia institucional como respuesta a la pobreza”.
“La calle no es un lugar para vivir”
En la misma línea, magistrados y magistradas que integran el capítulo argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) advirtieron sobre las expresiones de funcionarios “particularmente de las ciudades de Mar del Plata y de Buenos Aires” sobre las personas en situación de vulnerabilidad habitacional.
A través de un documento titulado “La calle no es un lugar para vivir”, estos jueces y juezas referenciados con el pensamiento del Papa Francisco señalaron que si bien “la población comparte que la calle no es un lugar para vivir, ni para pernoctar, ni alimentarse, ni criar a los hijos”, existen “diferencias en los ‘métodos’ para solucionar el problema como parecería surgir a raíz de las declaraciones de diversos funcionarios locales con responsabilidad en la materia”.
Aseguraron en ese sentido que “quienes promueven como solución ‘barrer’ a estas personas a fin de que no ‘molesten’ en la vía pública se desentienden de su destino final”, y que “si bien se alega que existe asistencia móvil en las calles y refugios, lo cierto es que muchas veces estos dispositivos son insuficientes o inadecuados al punto que las personas en situación de calle prefieren la degradante condición de permanecer en las calles antes que utilizarlos”.
Los jueces señalaron que “es necesario pensar mejor cómo asistirlos en la inmediatez y cómo abordar su situación en forma integral para revertirla”. Subrayaron además “la falta de atención a su salud” en los casos de personas con padecimientos mentales o con consumos problemáticos, y exigieron a los funcionarios responsables “que presenten propuestas realistas, conducentes, de calidad y que respeten las normas vigentes, fundamentalmente los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional”.
Nueva denuncia
Además de apilar estos cuestionamientos en los últimos días, Montenegro fue denunciado este viernes por apología del delito, omisión de denunciar, racismo y discriminación. La presentación judicial fue realizada por la CPM y la regional marplatense de la APDH, que pidieron que se investiguen posibles violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia institucional en los procedimientos desplegados por personal de la Secretaría de Seguridad municipal contra gente en situación de vulnerabilidad, así como personas que realizan actividades informales en la vía pública como limpiar vidrios en los semáforos y cuidar autos estacionados.
De acuerdo a la denuncia de casi 20 páginas presentada ante la Fiscalía General del Departamento Judicial Mar del Plata, en los últimos días “diversos funcionarios municipales ejercieron violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento contra decenas de personas” en esta situación y esos hechos “fueron convalidados y reivindicados por las autoridades” e “incluso el intendente omitió denunciar agresiones físicas ejercidas por sus funcionarios y realizó manifestaciones raciales y discriminatorias en sus redes sociales”.
Los organismos señalaron que “funcionarios municipales han golpeado, amenazado y hostigado a personas en situación de calle, en condiciones de vulnerabilidad e indigencia”, y acompañaron su presentación con publicaciones y posteos de distintos procedimientos realizados y difundidos por la comuna y por Montenegro desde el inicio de 2025.
La denuncia señala que “dichos operativos se desarrollan con violencia física y verbal que resulta injustificada y desproporcionada”. Subraya en ese sentido un video difundido y “festejado” por el intendente en su perfil de “X” en los últimos días, en el que “se puede apreciar cómo un agente municipal golpea” tras una discusión a un hombre que dormía en la vereda: “El intendente omitió realizar la denuncia penal correspondiente al ver que agentes municipales golpeaban a una persona en situación de calle. Por el contrario lo reivindicó y los apoyó haciendo apología de una conducta claramente delictiva”.
La denuncia destacó además que el ex juez federal utiliza habitualmente en sus posteos en redes sociales “el mismo estilo, con expresiones xenófobas y discriminatorias” y un “tono desafiante” ante distintas presentaciones judiciales realizadas para detener este tipo de accionar.
La CPM y la APDH denunciaron a su vez que los funcionarios que intervienen en estos procedimientos “se arrogan facultades propias de las fuerzas de seguridad provinciales”. Subrayaron en ese sentido que “el mismo intendente las difundió en redes sociales y realizó manifestaciones raciales y discriminatorias, haciendo incluso apología de la comisión de delitos”.
“Consideramos que las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar de funcionarios estatales (efectivos policiales y agentes municipales), que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas”, señaló la presentación.
Los organismos consideraron que “la exaltación” por parte del intendente del PRO “de este tipo de accionar” que implica “la comisión de delitos y faltas respecto a los deberes de funcionarios públicos municipales”, es una “provocación fundada en el odio y desprecio” a las personas en situación de vulnerabilidad.
La presentación va en línea un pedido de habeas corpus preventivo presentado días atrás ante el Juzgado de Garantías 5 del Departamento Judicial Mar del Plata, por parte del abogado Julio Hikkilo –representante de la Casa de Trabajador marplatense–, y otro presentado por el titular de la Defensoría Pública 10 local, Mauro Giacomaso, ante el Juzgado de Garantías 2.
DTC
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