Agobiado y solo, Spagnuolo mide un silencio que pende sobre los Milei

Diego Spagnuolo siente que lo abandonaron. Aquellas noches en Olivos —38 visitas en los primeros 16 meses de gobierno— son un recuerdo surrealista bajo este frío otoño. Todo un abismo que va del privilegio de arreglar sobre la marcha una cena con su íntimo amigo Javier Milei, con menú comprado en La Farola de la avenida Maipú, a cinco cuadras de la Quinta, a este presente del teléfono callado y un procesamiento como jefe de una asociación ilícita y fraude al Estado.

“McBain” —como lo llamaban en el mundo Milei-Espert-Villarruel antes de llegar a la cumbre— se siente protagonista de una pesadilla que comenzó a vivir apenas echó a andar el gobierno ultra. Al constatar que la “traición” provino de personas en las que confió y lo elevaron adonde nunca creyó llegar, y verse ahora indagado de hecho por la cronista Mercedes Ninci en un ascensor de Comodoro Py, se asume como chivo expiatorio de un latrocinio perpetrado por otros. No concibe una salida aceptable. Tiene que rearmar su vida y necesita despejar el horizonte de la cárcel.

Con tiempo libre infinito que pasa en la galería reformada de su casa en un barrio cerrado de Pilar, Spagnuolo observa cómo “los Menem” —a quienes se ocupó de describir en infinidad de diálogos como jefes de una gavilla que copó la Agencia de Discapacidad (ANDIS)— se pasan la gran vida y administran poder.

Para colmo, la Justicia mantiene incautados los USD 82.000 hallados en una caja de seguridad de la casa de Pilar. Spagnuolo dice que puede justificar ese tesoro y piensa que es poco y nada para acusarlo de recibir coimas. Al fin y al cabo, no le alcanzaría ni para comprar medio departamento de esos baratos que consiguen Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Ni las viejas relaciones pueden dar la cara por él. José Luis Espert, a quien alguna vez Spagnuolo creyó su mejor amigo, también cayó en desgracia y transcurre sus días a la sombra de otra galería reformada. Otra amiga, Victoria Villarruel, esa mujer chispeante que hacía bromas homofóbicas y tomaba de punto a “McBain” —por un personaje de los Simpsons que resolvía todo a los tiros—, quedó raleada del mundo Milei. Cuando se dividieron las aguas entre la fórmula presidencial, el contertulio de las noches de Olivos quedó del lado del Soez. ¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte? ¿Habrá insistido la vicepresidenta en la humillación de Spagnuolo como su caniche toy?

A la filtración de los audios que se le atribuyen al extitular de ANDIS y titularon una era, “el 3% de Karina”, le siguió un cúmulo de pruebas documentales, mails, cientos de miles de dólares en efectivo apilados en cajones y mochilas, y whatsapps indiscretos.

Las noticias de que los Menem y Karina habían instalado una burocracia proveniente del macrismo “para afanar” de los fondos de discapacitados dispararon una investigación que, entre agosto de 2025 y febrero pasado, llevaron al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a revelar una red de corrupción sistemática. La pregunta de fondo: ¿Se trató de una célula autónoma compuesta por decenas de personas para robar uno de los presupuestos más diezmados por la motosierra, o fue otra de las terminales para satisfacer la avidez por el dinero de los Hermanos Milei?

¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte?

El turno de Lijo

El trayecto desde esa trama a la mentada voracidad de Karina y los Menem requiere ser probado en el expediente. Antes de dejar la causa en manos de Ariel Lijo, en febrero, Casanello procesó a 19 personas: empresarios, ejecutivos de droguerías, lobistas y exfuncionarios de segundas líneas. Esta semana comenzó un nuevo capítulo con la nueva ronda de 35 indagatorias y el horizonte de decenas de nuevos procesamientos relacionados a sobreprecios en insumos de alto costo por un valor estimado en $75.400 millones, con beneficio en las firmas Indecomm; Laboratorio Ortopédico Sagues; Probock; Prolite Orthopedics y Resposane Salud. Ese monto se suma otros $43.000 millones detectados en otra instancia del expediente, con sobreprecios estimados en 1.900%.

Las citaciones a indagatoria fueron el primer paso de Lijo en la trama ANDIS. Significativo, porque había expectativa sobre la actitud que adoptaría el excandidato a juez de la Corte Suprema que congregó las causas más sensibles para Ejecutivo en el último bimestre, a excepción de la más grave, la estafa $LIBRA, que la mantiene secuestrada el fiscal Eduardo Taiano.

El segundo paso del juez a cargo de ANDIS fue ordenar, el jueves, un peritaje sobre los audios atribuidos a Spagnuolo. La dirección de Criminalística de Gendarmería deberá dilucidar si esos archivos fueron adulterados mediante inteligencia artificial. Esa fuerza, sometida a injerencias de Patricia Bullrich, se transforma en una usina sórdida que puede llegar a cualquier conclusión —como se demostró en el caso Nisman—. El peritaje asoma como una herramienta de negociación entre la polifacética senadora y su amiga/enemiga Karina. Probablemente, la candidatura de la ultraderecha en la Ciudad para 2027 se jugará en el dictamen de un grupo de gendarmes.

Spagnuolo se aferró a la impugnación de los audios como su tabla de salvación. La estrategia le sirve a él, al resto de los procesados y a los hermanos Milei, aunque sus objetivos finales sean divergentes. Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua.

La llegada del abogado Mauricio D’Alessandro a la defensa de Spagnuolo, en noviembre de 2025, tres meses después de iniciada la causa y con la victoria legislativa de La Libertad Avanza de por medio, apuntó a que los audios del “3% de Karina” eran creaciones de inteligencia artificial. En paralelo, los Kovalivker —los supuestos “helvéticos” de la Droguería Suizo-Argentina en los diálogos de la banda que pactaba licitaciones y coimas— habían avanzado en una estrategia similar. Los helvéticos denunciaron tempranamente que los audios difundidos por el sitio Carnaval y el portal Data Clave obedecían a una operación de inteligencia y, por lo tanto, toda la investigación debería caer como fruto del árbol prohibido.

Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua

En la línea sostenida por Casanello y Picardi, los audios fueron apenas un indicio que disparó una noticia periodística y luego una denuncia judicial, y así comenzó la investigación, como ocurrió decenas de veces en Comodoro Py. Para no pisar el palito del “árbol prohibido”, el juez y el fiscal se ocuparon de evitar cualquier mención al contenido de los audios en sus resoluciones. Ambos situaron el componente de verosimilitud de la sospecha en el hecho de que el Ejecutivo licenció a Spagnuolo de su puesto en ANDIS en cuanto se conocieron los audios. ¿No eran artificiales?

Lo malo y lo peor

La apuesta a anular la causa tendría un altísimo costo político para un gobierno anegado por casos de corrupción, desde las pequeñas a las grandes estafas, pero no deja de ser el mal menor para los Hermanos Milei. Confirmar la percepción generalizada de que el Presidente y su hermana manejan los hilos del poder para garantizar impunidad a ellos mismos y sus elegidos es una mala opción. Dar lugar a que se investigue una sospecha de que coparon el Estado para succionar fondos de los más vulnerables de la sociedad es peor.

Con los expedientes Adorni, préstamos del Banco Nación al equipo de Luis Caputo y ANDIS en un mismo juzgado, la dupla que comanda el Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, trata por todos los medios de incidir en la voluntad de Lijo. En un territorio —Comodoro Py— en el que inciden estamentos del macrismo, una corporación judicial a la defensiva, tentáculos de Inteligencia y los grupos Clarín y La Nación, el engranaje ya no funciona como antes.  

Spagnuolo mide su silencio. En las dos indagatorias que enfrentó —la última, el miércoles—, eligió hacer uso de su derecho a no declarar. Lo mismo hizo el jueves Daniel Garbellini, un hombre del riñón del PRO que reingresó a ANDIS con Milei para —según Spagnuolo— manejar la caja. Con intereses enfrentados, a ambos les conviene el paso del tiempo, con la mira en la invalidación de las grabaciones.

A poco de ingresar al expediente, el defensor D’Alessandro presentó un peritaje privado a cargo del experto español Miguel Ángel de la Torre. El estudio indica que la parte del audio en la que Spagnuolo aparece hablando en un bar tiene una probabilidad “baja” de ser una creación de inteligencia artificial, pero otro segmento de una conversación telefónica tendría chances “razonables” de contener “trazos de voz sintetizada”. El contenido más grave de los dichos atribuidos a Spagnuolo —incluido el 3% de Karina (8% de coimas totales sobre el precio de venta de medicamentos e insumos) y el comentario de que puso al tanto a Javier Milei de la situación— está en la parte del diálogo en el bar.

D’Alessandro afirma que los audios fueron editados, y que se incorporó ruido ambiente de una confitería para enmascarar la voz artificial. Tanto Mauro Federico e Ivy Cángaro, los periodistas que difundieron las grabaciones en Data Clave, como fuentes de la fiscalía de Picardi dan por sentado que los audios fueron editados, pero no adulterados. El fin de la edición fue borrar al interlocutor de Spagnuolo, que sería quien registró y divulgó la grabación.

Hay que prestar atención a dónde llega la explicación del extitular de ANDIS. Su desmentida es sobre haber denunciado el 3% de Karina, pero no sobre el papel de los Menem. Según fuentes que escucharon sus argumentos, tampoco niega haber transmitido a Milei el desfalco que estaban cometiendo Garbellini y el exfuncionario del PRO y exempleado del laboratorio Roche Pablo Atchabahian, a quienes definió como “delincuentes”. A partir de su aviso al Presidente, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a elegir comida en el menú de La Farola de Olivos.

Spagnuolo afirma que lo único que lo vincula a los delitos investigados son los audios. Le interesa salir del foco de la causa, pero se desentiende de la suerte de “los delincuentes” y los Menem. En la fiscalía de Picardi leen eso y no entierran la posibilidad de lograr la adhesión a la figura del arrepentido. Es por ello que el silencio del extitular de ANDIS es tanto una estrategia que agradecen los Milei, como una bomba de tiempo. Aunque “McBain” parezca disimular el papel de Karina y guarde mayor encono con los Menem, dos más dos es cuatro. Por lo pronto, Spagnuolo dejó una frase sugestiva el miércoles, durante la indagatoria informal ante la periodista Ninci en un pasillo de Comodoro Py: “No es la única oportunidad en que se puede declarar”.

Una mano estuvo detrás del abismo que se creó entre Spagnuolo y quienes le manejaban la caja en ANDIS: Santiago Caputo.

El poderoso asesor tiene bajo su órbita al ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, padre de su socio, Rodrigo Lugones. Esa cartera, aun diezmada por la motosierra, es una fuente inagotable de negocios. Por el reparto inicial de responsabilidades en el gobierno ultraderechista, los medicamentos y tratamientos para discapacitados fueron capturados por los Menem. Se desató entonces una sórdida batalla por esa caja. Spagnuolo, un abogado sagaz, con poca experiencia política, débil de carácter y nulo conocimiento del mercado de la salud, fue la vía a través de la cual intentó penetrar Santiago Caputo.

En sus extensas tardes en Pilar, frente a la pantalla en negro de su celular, Spagnuolo también piensa en la impunidad del asesor que imita a los personajes de Peaky Blinders.

Cuentas pendientes en la Cámara Federal

En la fiscalía de Picardi surgen datos incesantes sobre el desfalco al Estado. Emanuel y Jonathan Kovalivker, Atchabahian, el lobista Miguel Calvete, Laboratorios Roche y Garbellini tienen motivos para preocuparse, pero la pelota está en la Cámara Federal. Se bifurca otro capítulo.

A partir de su aviso a Milei, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a Olivos a elegir comida en el menú de La Farola de la avenida Maipú

La sala de la Cámara Federal que trata el expediente está compuesta por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. El primero —exabogado de Cristina— y el segundo —veterano del fuero penal federal, vinculado a la UCR— impusieron su voto mayoritario para hacer lugar al reclamo de los Kovalivker y ordenaron a Casanello que investigara el origen de esas grabaciones. Casanello tiró la pelota afuera con medidas procesales, Boico e Irurzun insistieron y ahora Lijo hizo lugar al peritaje.

Los movimientos de Boico, una de las pocas designaciones en el Poder Judicial que pudo concretar Alberto Fernández, vienen provocando desconcierto en estamentos de Comodoro Py que esperaban romper el statu quo que se había instalado. Si la mirada se detiene en Irurzun —el autor de la doctrina de la influencia de los exfuncionarios que sirvió para mantener a kirchneristas en la cárcel durante años—, la historia se vuelve más compleja. Cumple 75 años el próximo 18 de julio, por lo que debería cesar su función de camarista. El juez bregó para que se enviara al Senado la prórroga de su designación por otros cinco años, como ocurrió con colegas muy allegados al Ejecutivo, pero hasta ahora no tuvo suerte y es probable que no la tenga.

Boico e Irurzun tienen en sus manos reproducir la mayoría contra Farah para cortar la causa ANDIS de raíz, con la teoría del fruto del árbol prohibido, y satisfacer así los múltiples intereses cruzados de los imputados y de quienes miran de afuera, por ejemplo, desde varios despachos de Balcarce 50. No sería una decisión fácil para ambos camaristas, que no están entre lo más desprestigiado de Comodoro Py. De todas maneras, quedaría la instancia de Casación, donde la conformación de la sala que intervendría no sería la más oficialista posible.

En la exposición de argumentos frente a la Cámara Federal, Picardi citó jurisprudencia asentada en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento, un fraude millonario que abarca los gobiernos de los Kirchner y Macri e involucra al gigante brasileño Odebrecht. Allí los imputados también plantearon que la acusación debía desmerecerse porque provenía de filtraciones de celulares de lobistas asociados al Lava Jato de Brasil.

En esa instancia, la Cámara Federal sostuvo que el planteo de nulidad debía fundarse en la “verificación fehaciente” de que la prueba había sido originada de forma ilegal, y no una mera suposición. Uno de los jueces firmantes de aquella resolución fue Irurzun, el 11 de marzo de 2019.

SL

slacunza@eldiarioar.com