La causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ingresa en una fase clave con la apertura del servidor informático secuestrado en la Droguería Suizo Argentina, empresa propiedad de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. Para el fiscal federal Franco Picardi, el análisis de ese material puede resultar determinante para profundizar la hipótesis sobre el “rol preponderante” que habría tenido la firma dentro del organismo.

El expediente ya derivó en el procesamiento de 18 personas por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. El juez federal Sebastián Casanello sostuvo que funcionarios de la ANDIS y empresarios del sector salud habrían integrado una organización destinada a direccionar contrataciones y obtener beneficios económicos indebidos.

Si bien la Droguería Suizo Argentina no fue incluida en la primera tanda de procesamientos, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de nulidad presentado por los Kovalivker, lo que confirmó que la empresa continuará bajo investigación. La resolución señaló que la firma aparece mencionada en múltiples comunicaciones y registros incorporados a la causa.

Según la fiscalía, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS habría operado como una “ventanilla de pagos millonarios” con procedimientos que no garantizaban principios de transparencia y competencia. En ese contexto, la droguería fue beneficiada en un año con compras por aproximadamente 55.000 millones de pesos, volumen que ahora se encuentra bajo análisis.

En el expediente figuran conversaciones en las que se alude a la necesidad de “tener gente con la bandera correcta”, junto al emoji de la bandera suiza, así como referencias a “el helvético”. De acuerdo con la hipótesis fiscal, a través de ex funcionarios procesados como Pablo Atchabahian y Matías Garbellini, la empresa habría tenido influencia en decisiones administrativas internas, incluso en despidos de personal.

El comportamiento de los empresarios durante los allanamientos también quedó bajo escrutinio. Jonathan Kovalivker estuvo cuatro días sin presentarse ante la Justicia tras un procedimiento en su domicilio y entregó posteriormente un teléfono celular reseteado de fábrica. En el vehículo de Emmanuel Kovalivker, interceptado en Nordelta, las fuerzas de seguridad hallaron 266.000 dólares distribuidos en sobres y siete millones de pesos en efectivo. En la vivienda allanada se encontró una caja fuerte abierta con escaso dinero en su interior.

Los investigadores consideran que el análisis técnico del servidor permitirá reconstruir movimientos económicos, comunicaciones y eventuales directivas impartidas desde la empresa hacia el organismo estatal. Con esta nueva instancia probatoria, la causa ANDIS suma un elemento que podría resultar decisivo para determinar el grado de participación de la Droguería Suizo Argentina y de los hermanos Kovalivker en el presunto entramado de corrupción público-privado vinculado a la compra de medicamentos de alto costo.

La fortaleza del dueño de la Suizo Argentina

El edificio vidriado en la esquina de Ramsay y Monroe, en el barrio de Belgrano, es la sede de la droguería Suizo Argentina, empresa cuyo nombre empezó a ser conocido tras el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El edificio, una construcción moderna que contrasta con la fisonomía más clásica de la avenida Monroe, tiene continuidad en la esquina de Ramsay y Figueroa Alcorta, donde se encuentra uno de los estudios de diseño más prestigiosos del país.

De alrededor de 20 metros por lado, la sede de la Suizo Argentina, sobre la planta baja con dispositivos electrónicos para el ingreso, suma tres pisos de oficinas con vistas a la calle y en cuyo interior puede apreciarse el movimiento de los empleados, que para las 8 ya están en sus puestos de trabajo. Iluminación uniforme y muebles funcionales, sin demasiados lujos, es lo que puede verse a través de los cristales que, llamativamente, carecen de cortinas que den un poco de privacidad a las más expuestas.

La construcción tiene dos ingresos vehiculares, uno sobre cada arteria, que se comunican por el centro y funcionan, en algunos casos, como entrada y salida. Así, pudo apreciarse ingresar un Volvo de última generación por el portón de Monroe y retirarse, diez minutos más tarde, por la salida de Ramsay.

Esto parece funcionar de manera selectiva, ya que los vehículos que ingresaron por Ramsay estacionaron y volvieron a salir por el mismo portón, siempre asistidos por un efectivo de la Policía de la Ciudad. Una SUV BMW, también de última generación, ingresó por ese lugar y allí permaneció hasta horas de la tarde.

La seguridad es algo que la familia Kovalivker se toma muy en serio: lo primero que se aprecia al llegar por Monroe es la presencia de un móvil, rojo y con al menos dos personas, de la empresa San Miguel; son quienes custodian el ingreso por esa puerta y asisten, también, a quienes deben dejar o retirar mercadería, movimiento más bien escaso durante la jornada.

Además del puesto fijo, la seguridad se ve reforzada por un efectivo de la Comunal 13A —de ronda por la cuadrícula, no fijo— y la presencia alternativa de las diferentes divisiones de la Policía Federal que custodian el Monumento a los caídos, emplazado en el Parque de las Américas. La presencia del cronista fue rápidamente alertada y se hizo saber dentro del edificio, en el que no se apreció la llegada de las principales autoridades en el transcurso de la jornada.

Cámaras fijas apuntando en diferentes direcciones sobre los muros y un domo 360° sobre el poste que se encuentra justo delante del ingreso de Ramsay 2500 completan la seguridad del lugar, donde nada parece librado al azar: desde la primera pregunta del personal privado de guardia hasta los múltiples controles, que incluyen acceso por huella o llaves electrónicas incluidas en los celulares de los empleados para abrir el molinete que, finalmente, da acceso al resto del edificio.

Con información de la agencia Noticias Argentinas.

La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez este jueves en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia que se llevará a cabo para revisar los planteos de nulidad del caso. Después de una reprogramación la semana última, la audiencia tendrá lugar el 6 de noviembre (en principio iba a ser este martes, pero fue postergada por 48 horas) a las 10.30 en Comodoro Py.

Los recursos que había presentado la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello, por lo que el expediente llegará en apelación a la Sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo.

El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi había pedido realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS.

Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron “errados” y “contradictorios” y tuvieron como fin “entorpecer una pesquisa incipiente”.

Ante la Cámara, esa postura deberá ser respaldada por la fiscalía en la instancia de apelación.

El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

En esas grabaciones el ex funcionario mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”.

La imagen de lujo y exclusividad de Nordelta se rompió el 22 de agosto de 2025 con la irrupción judicial en los domicilios de Jonathan y Emanuel Kovalivker, herederos del emporio farmacéutico Suizo Argentina. El operativo, en el marco de la causa por los “audios de Spagnuolo”, puso en el centro de la escena a un clan que ahora enfrenta una grave acusación: ser presuntos recaudadores de coimas para Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem desde la Secretaría General de la Presidencia.

Jonathan Simón Kovalivker no es solo accionista principal de la Droguería Suizo Argentina, sino también el nodo central de una vasta red societaria certificada en Nosis y registros oficiales de la IGJ. Esta telaraña, compuesta por 49 conexiones entre sucursales, directores, socios y sociedades pantalla, es ahora el principal foco de la investigación judicial.

El mapa de las sociedades de Jonathan Kovalivker

El folleto registral histórico en poder de esta redacción y los registros de la IGJ consignan a Jonathan como autoridad en el directorio (presidente) de diversas firmas, evidenciando una consolidación patrimonial sostenida en el tiempo. Entre las sociedades vinculadas aparecen:

La ficha registral exhibe la constitución del capital, múltiples aumentos y suscripciones, y un objeto social amplio (importación, exportación, comercio y venta de especialidades farmacéuticas). Estos asientos, si bien no prueban delito, son el mapa del poder formal que la fiscalía debe cruzar con movimientos bancarios y documentación contractual para reconstruir la ruta del dinero.

La hipótesis de triangulación

El informe documenta un endeudamiento de Jonathan por $34.735.000 y compromisos mensuales por $2.411.300, además de un intenso volumen de consultas a su ficha (134 en 3 meses, 384 en 12 meses). Estos indicadores, combinados con los aumentos de capital en IGJ, obligan a la investigación a pedir cruces bancarios y órdenes de compra para determinar si hubo triangulaciones.

El árbol societario, una telaraña con 49 conexiones, permite explicar cómo “dinero procedente de contratos públicos pudo transitar por empresas de logística, eventos y concesionarias hasta volver en efectivo a las manos que hoy declara la justicia”. La investigación también rastrea pistas internacionales, como RKN GROUP LLC (Florida), vinculada a Néstor Osvaldo Kovalivker, que encaja con la hipótesis de triangulación de fondos.

La causa, bajo secreto de sumario, está en etapa investigativa. El juez Sebastián Casanello y la fiscalía de Franco Picardi solicitaron pericias forenses sobre celulares y respaldos de seguridad. La ONG Poder Ciudadano fue aceptada como querellante. Las defensas plantearon nulidad por el presunto origen ilícito de los audios, mientras la fiscalía secuestró telefonía, pasaportes y documentación contable para reconstruir la ruta del dinero.

Con información de NA.

IG

La Justicia federal avanza en la investigación de más de 600 contratos firmados entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA, vinculada a la familia Kovalivker, durante la actual gestión de Javier Milei.

El fiscal Franco Picardi analiza si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, concentra su tarea en reconstruir la posible ruta de coimas.

Los contratos bajo sospecha

Según fuentes judiciales, desde comienzos de 2024 hasta la fecha se firmaron centenares de contratos para la provisión de medicamentos, que en total representarían más de 55.000 millones de pesos. La documentación secuestrada incluye facturas, correos electrónicos corporativos y expedientes licitatorios que habrían beneficiado de manera recurrente a la droguería Suizo Argentina, controlada históricamente por Eduardo Kovalivker y actualmente manejada por sus hijos, Emmanuel y Jonathan.

Los investigadores sospechan que la empresa fue favorecida mediante mecanismos internos de contratación directa que rigen desde 2017, lo que habría facilitado la concentración de compras de la ANDIS en manos de la firma.

La hipótesis judicial

El fiscal Picardi trabaja en dos líneas:

Si se corroborara que las contrataciones fueron parte de un entramado de corrupción, ambas hipótesis quedarían directamente vinculadas.

Denuncias y nombres en la causa

La denuncia penal apunta contra Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Diego Spagnuolo (ex titular de la ANDIS) y Eduardo Kovalivker, señalado como facilitador de las operaciones sospechadas. Todos ellos fueron acusados de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.

En el expediente constan además los audios filtrados de Spagnuolo que originaron la causa, en los que se mencionan directamente a Lule Menem y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La familia Kovalivker, principal accionista de Suizo Argentina, con Eduardo Jorge Kovalivker al frente con el 64,5% del capital social, ha visto a sus herederos, Jonathan y Emmanuel, bajo el escrutinio público no solo por la investigación de la ANDIS, sino también por su fastuoso estilo de vida, que incluye residencias en Nordelta y una colección de Porsches deportivos.

Con información de NA.

IG

Los dueños de la droguería Suizo Argentina reclamaron la “nulidad absoluta” de la investigación por supuesto pago de sobornos abierta en base a audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, denunciaron una “caza de brujas” y que las grabaciones están adulteradas y se obtuvieron de manera ilegal.

Además, en un escrito presentado por su abogado Martín Magram reclamaron que se dicte una nulidad “de carácter absoluto” por violación al derecho a defensa en un proceso“ que ha causado un ”inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problema legal alguno y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional“, según el escrito al que tuvo acceso Noticias Argentinas.

El defensor de los dos hermanos Emannuel y Jonathan y del padre de ambos Eduardo Kovalivker reclamó al juez federal Sebastián Casanello que declare la nulidad de la causa .

Magram presentó el escrito en la tarde del viernes último, en la misma jornada en la cual el fiscal del caso Franco Picardi llevó adelante otro allanamiento a la sede de la empresa en el barrio porteño de Belgrano y se encontró con resistencias para la entrega de lo solicitado, acceso a correos electrónicos y claves de acceso a sistemas informáticos.

“Vengo a impetrar esta nulidad absoluta en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”, consignó el abogado.

Magram aludió a que la causa se lleva con “oscurantismo” porque “ la desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho ha sido la fórmula imperante, consitando con cierto estupor, el recuerdo de épocas superadas donde la delación e infundada sospecha eran material suficiente para encarcelar y suprimir cualquier derecho reconocido en un estado democrático”.

El abogado sostuvo que los investigadores “iniciaron una verdadera caza de brujas mediante una insólita expedición de pesca que se ha manifestado en múltiples allanamientos, secuestros de objetos personales, requisas, extracción de información de dispositivos móviles privados (…) en suma, un verdadero proceso que recuerda más bien a etapas de la historia argentina que quisiéramos considerar superadas”.

Sobre los audios atribuidos a Spagnuolo, el abogado advirtió que “no es posible” conceder “ningún valor a semejante prueba, salvo que el respeto a la Constitución no importe, o no sea tomado en serio; o salvo que queramos incitar a todo el mundo a convertirse en una especie de detective privado buscando pruebas para cargarse a su enemigo político, empresarial o simplemente personal”.

Con información de NA.

IG

El juez federal Sebastián Casanello procesó al jefe de Seguridad de Nordelta Ariel De Vicentis por presunta obstrucción de la justicia, acusado de haber obstaculizado el procedimiento en el cual se ordenó secuestrar el celular de Jonathan Kovalivker, uno de los accionistas de la droguería Suizo Argentina investigado por los audios del ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo.

La decisión se tomó sin prisión preventiva, luego de encontrar evidencia como mensajes vinculados a un “protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad” en caso de allanamientos.

El juez procesó a De Vicentis por “desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento” con un embargo de dos millones de pesos.

De Vicentis es jefe de Seguridad de Nordelta desde hace once años y según reconstruyó la Justicia el día del operativo estaba de vacaciones pero un guardia de seguridad lo llamó delante de efectivos de la Policía de la Ciudad que habían llegado al ingreso del barrio La Isla, en el complejo privado.

En ese marco, habría desplegado “maniobras dirigidas a crear un escenario de confusión y resistencia para obstaculizar la orden judicial” y así logró frustrar “una parte crucial del procedimiento: la requisa personal (y el secuestro del teléfono de Jonathan Simón Kovalivker)”.

Como prueba se tomaron los mensajes encontrados en su teléfono celular que revelaron “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad, cualquiera fuera”, remarcó el juez.

En uno de esos mensajes de WhatsApp, De Vicentis instruía a uno de los guardias: “Reitero sea la fuerza de seguridad que fuere, nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno” , destaca el fallo.

Al ser indagado en los tribunales de Retiro, De Vicentis no logró justificar por qué intervino en lo que pasaba si estaba de vacaciones.

Según reconstruyeron los investigadores, el jefe de Seguridad comenzó a llamar a todos los guardias, a quienes se les había advertido que no podían usar sus celulares hasta finalizado el operativo.

Los llamó “insistentemente” y “desobedeció ” así la orden dada a sus subalternos de no usar los teléfonos hasta “lograr ser atendido” por uno de ellos, de quien obtuvo “la información sensible que pretendía: que la policía estaba buscando a Jonathan y Emmanuel Kovalivker”.

Con información de NA.

IG

Cada empleado ingresante a la Droguería Suizo Argentina debe firmar un código de ética. Se trata de un texto sobreabundante, destinado más a proteger los intereses de la familia Kovalivker que a sentar un marco de conducta de una empresa que lucra en el sensible negocio de la salud.

Entre los trabajadores de la droguería, la renovación anual de ese compromiso y la asistencia a capacitaciones éticas son tomadas con obediente resignación. Ningún texto evita los típicos comentarios de oficina sobre los Kovalivker, sus autos, sus mansiones, sus canchereadas, sus amistades y sus monsergas moralizantes.

“Suizo Argentina mantiene una política de tolerancia cero con respecto a los actos de soborno y corrupción… no sólo porque es nuestro deber legal hacerlo, sino también porque apoyamos el compromiso que asumimos para llevar a cabo nuestro negocio con ética y honestamente”, reza el texto que mandaron a redactar Eduardo Kovalivker y sus hijos, Emmanuel y Jonathan.

Esos papeles terminaron de quemarse el viernes por la tarde.

“Todos quietos”, dijeron los policías de la Ciudad y funcionarios del Ministerio Público Fiscal que ingresaron pasado el mediodía a la sede de Droguería Suizo Argentino en el barrio de Belgrano, bajo las órdenes del fiscal Franco Picardi.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó un nuevo allanamiento en la droguería y en la Agencia Nacional de Discapacidad, en busca de mails, archivos digitales y documentación que probaran el circuito de coimas que partiría desde la industria farmacéutica, con los Kovalivker como probables pagadores y canalizadores, y terminaría en cuentas de Karina Milei y los Menem, según la versión atribuida a Diego Spagnuolo, examigo íntimo y abogado del Presidente.

Ante una orden de allanamiento, lo usual es que empresas y oficinas públicas den curso a los pedidos de los policías y los fiscales. Hacer difícil la tarea puede costar caro a la hora de evaluar prisiones preventivas en virtud del riesgo de entorpecimiento de la causa. “Digamos que normalmente nadie entrega lo que el que allana no se aviva de pedir, pero nunca ocurre que bloqueen el acceso. Pueden pagar un alto precio si les sale mal”, dice una fuente de los tribunales de Comodoro Py con decenas de allanamientos a empresas y organismos públicos en su haber.

El procedimiento marchaba desde las primeras horas de la tarde. Picardi, a cargo de la instrucción de la causa de las coimas, buscaba contenidos digitales tanto en las computadoras como en la nube informática de la empresa.

Cerca de las 16, el abogado penalista Alejandro Freeland llegó a la sede de la firma en la calle Monroe. Con más de trescientos empleados como testigos, sin chances de acceder a sus computadoras ni de transitar por las oficinas, el ambiente se tensó a un extremo.

De acuerdo al relato de personas presentes, el abogado corporativo, autor del libro El estado de necesidad agresivo justificante, volcó toda su presión sobre el jefe de sistemas de la droguería que estaba a punto de facilitarles las claves de acceso al servidor informático a los expertos de la Policía de la Ciudad —que en este caso suple a las fuerzas federales que dirige Patricia Bullrich, por obvias razones—, la fiscalía y el Ministerio Público Fiscal.

En medio de lo que testigos describieron como un “griterío escandaloso”, el jefe de sistemas quedó entre la espada y la pared. U obedecía al abogado de la empresa, que blandía amenazas altisonantes, o arriesgaba su propia responsabilidad penal, al desobedecer la orden de un fiscal federal.

Freeland, que lleva la defensa de la empresa junto a su colega Santiago Kent, disipa la responsabilidad de los gritos: “Hubo presión fuerte de todos lados. Duele leer que la empresa no colaboró”.

Los empleados de la fiscalía trasladaron al jefe de sistemas, Raúl Luccioni, a un espacio aislado de presiones y le explicaron sus obligaciones como testigo. El responsable de sistemas mantuvo su negativa.

En la mirada de Freeland, el procedimiento de Picardi fue “absolutamente excesivo”. “Más de catorce horas, trescientas personas encerradas. Nunca vi nada parecido”.

¿Por qué no entregaron las claves, lo que habría acortado el procedimiento y liberados a los empleados?

“Llegaron dispuestos a llevarse el servidor de la empresa completo. Si nos dejaban sin servidor por horas o acaso días, hasta que pudiéramos hacer que el back up funcionara como principal, podía haber muertos en los hospitales y clínicas de aquellos enfermos que esperaban sus medicinas. No podíamos consentir que se llevarán las claves de mails de gente que no estaba allí. Hay un principio o garantía en derecho procesal penal muy importante: el nemo tenetur, prohibición de obligarte a declarar o a entregar voluntariamente cosas que no querés entregar por secreto industrial, por ejemplo”, amplía Freeland ante este diario. Se mete en el rubro: “Vinieron por un blister de Ibupirac y se llevaron la farmacia entera”.

“Es tan absurdo el argumento de que el allanado puede elegir qué entregar y qué no, que no merece mayor análisis. No tiene nada que ver con nemo tenetur”, sostiene una fuente próxima al expediente.

Mientras esta batahola ocurría en Belgrano, Martín Magram, uno de los abogados personales de los Kovalivker, presentaba un escrito solicitando la nulidad de la causa.

Necesidad y urgencia

Magram puso negro sobre blanco la estrategia central de los empresarios y el Gobierno desde el primer minuto: parar en seco la investigación mientras se intenta sacar a Casanello y a Picardi del medio, como paso previo de la meta mayor, que es enterrar el caso. Se trata de un juez y un fiscal que no obedecen al predominante sistema de inteligencia, periodístico y político que manejó los hilos de Comodoro Py en los últimos años.

“Sáquennos de ahí”, fue el pedido central —según otra fuente con acceso al expediente— tanto de los Kovalivker como de Daniel Garbellini, el funcionario que, según la historia relatada por Spagnuolo, fue puesto en la Andis para canalizar el presunto robo. El clamor para postergar la investigación, con una llama encendida en que las elecciones ayuden a cambiar el clima, no queda en esos nombres de poca monta. Los apellidos Menem y Milei aguardan con ansiedad el cajoneo, principal instituto jurídico de Comodoro Py. No será fácil. La profusión de testimonios que apuntan a esos apellidos como supuestos gestores de aportes extorsivos de parte de funcionarios públicos y contratistas en todo el país requerirá de una operación de impunidad a escala superlativa.

La nulidad solicitada por los Kovalivker se basa en la teoría del fruto del árbol prohibido, que indica que, si la prueba inicial está viciada porque fue obtenida ilegalmente, toda la investigación lo está; por lo tanto, la causa cae. El argumento de los empresarios es que el audio de Spagnuolo fue obtenido de forma ilegal.

Freeland, en nombre de la defensa legal de Suizo Argentina, pasible en sí misma de penas por la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, coincide con el argumento: “No se pueden usar esos audios, vengan de donde vengan. No tienen ningún valor”.

Picardi tomó recaudos al respecto desde el primer momento. El impulso a la denuncia dado por el fiscal parte de la presentación del abogado cristinista Gregorio Dalbón, quien citó el informe de los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro en el sitio Data Clave, basado en el audio de Spagnuolo. La investigación evitó específicamente tomar el audio del abogado y examigo de los Milei como prueba. Por el contrario, el fiscal asumió que la denuncia de Dalbón tenía indicios de verosimilitud, como comienza un gran porcentaje de causas en Comodoro Py, y a partir de allí intenta hallar evidencias legales con documentación, celulares, computadoras y testimonios. Por ahora, no está tipificado el presunto delito, ni hay indagatorias programadas.

Sobre la veracidad de los audios, ya se expidió el Gobierno, al despedir de Andis a Spagnuolo y al “delincuente que venía del macrismo y puso Lule (Eduardo Menem) para afanar (presuntamente, Garbellini)”.

Milei es capaz de enfurecer e insultar a la madre de un niño autista, un científico o un receptor de un plan social, pero trata con guantes de seda a estafadores que llegaron al despacho presidencial y traicionaron su confianza

A su vez, Milei ratificó el miércoles la validez del registro al anunciar en su desorbitado paso por el centro de Lomas de Zamora que querellará al abogado que lo representó en varias causas iniciadas por o contra el propio Presidente en tribunales federales.

Habrá que ver. Como ocurrió en la presunta critpoestafa $LIBRA, una fuerza misteriosa lleva a Milei a parecer sometido a quienes lo acusan de robar. El Presidente es capaz de enfurecer e insultar a la madre de un niño autista, un científico, un familiar de un desaparecido o un receptor de un plan social, pero trata con guantes de seda a estafadores que llegaron al despacho presidencial y, supuestamente, traicionaron su confianza.

De lo que no hay siquiera indicios es de que los audios de Spagnuolo sean fruto de espionaje estatal ilegal, arbol prohibido por excelencia. Parecen, más bien, producto de intereses contrapuestos entre facciones del Gobierno y sus terminales de negocios.

Todavía no está descartada la hipótesis de que sea el propio Spagnuolo el artífice de la difusión. Ello se dilucidará en parte cuando el extitular de Andis muestre sus cartas, sobre las que hay un grado de incertidumbre tal, que va desde la declaración como imputado colaborador, extremo pesadillesco para el tándem Milei-Menem-Kovalivker, a plegarse a la estrategia de sus exjefes.

Trasnoche en la oficina

El allanamiento en Andis transcurrió de acuerdo a lo previsto y terminó a las 4am de ayer con todos los archivos y las claves requeridos. En la Suizo Argentina, no hubo forma de que el empleado informático allanara el acceso pleno a la nube de la empresa.

Ante la negativa, Picardi ordenó incautar las computadoras y servidores físicos, algo que no estaba en los planes porque significaba complicar la operatoria de la firma. Recién cerca de la medianoche, la droguería facilitó algunas claves. “Acabamos de terminar”, whatsappeó uno de los funcionarios judiciales a las 0.58 de ayer, todavía impactado por la trifulca planteada por el abogado de Suizo Argentina.

“Protestamos, nos opusimos, pero la presión fue enorme, y el cansancio también”, es el balance de Freeland. “Se llevaron el back up”, concede.

Por ahora, la fiscalía tiene en su poder un celular Samsung de última generación, incautado a Emmanuel Kovalivker en la madrugada del 21 de agosto, en Nordelta. El empresario no facilitó la clave y ya se estableció que el acceso es por ahora imposible. Jonathan, el accionista y directivo más importante de la droguería, y su padre, Eduardo, entregaron sus smartphones varios días más tarde. Los peritos oficiales todavía no intentaron ingresar, pero no hay muchas expectativas sobre su contenido, que ya pudo haber sido borrado luego de eludir el primer allanamiento, en otro antecedente que podría complicar la libertad de los Kovalivker cuando la causa transite mayores certezas.

El celular de Spagnuolo tampoco es considerado una fuente de intercambios reveladores, porque parte de su contenido fue eliminado antes del allanamiento, como sus conversaciones con Javier y Karina Milei. Incluso se sospecha que usaba otro aparato que no fue secuestrado en la requisa en el barrio privado que habita en Pilar.

Hay pistas fructíferas. Una de ellas es la eventual comprobación de sobreprecios cobrados por las droguerías a la Agencia de Discapacidad y la reconstrucción de la ruta del dinero, más el contenido de los mails y servidores incautados, los testimonios y las indagatorias por venir y los nuevos informes periodísticos que podrían ratificar lo que pasó a ser un convencimiento para una mayoría de la población: 3% extra o hasta unos US$ 800.000 mensuales en concepto de coimas para el eje Milei-Menem.

El pedido de nulidad presentado por los Kovalivker significa un giro en la estrategia judicial inicial. Esa misma parte, lejos de cuestionar el origen del expediente, solicitó en un primer momento peritar el audio, para determinar si era fiel o producto de inteligencia artificial. Casanello probablemente deniegue la nulidad en las próximas semanas y el cuestionamiento pase a la Cámara Federal.

Vía oblicua

El riesgo de que el expediente quede anegado en segunda instancia es alto. Allí militan jueces trasladados a dedo por Mauricio Macri (amigo de Kovalivker), el influyente aliado del hasta hace poco mileísta Ricardo Lorenzetti y autor de la doctrina Irúrzun creada para perseguir a kirchneristas y salvar a antikirchneristas, y otros con buena relación con la Secretaría de Inteligencia. No todos los camaristas caben en esas categorías, pero sí una porción decisiva.

De todas formas, un problema para el intento de anular la causa por la teoría del fruto del árbol prohibido son los profusos antecedentes de Comodoro Py. Al menos en la última década larga, las salas de la Cámara validaron denuncias probadamente originadas en sistemas ilegales de espionaje, versiones absurdas de personas que dijeron haber escuchado revelaciones impactantes en un bar, pruebas que Luis Majul se encontró mientras corría por Palermo y sospechosas intervenciones telefónicas fraguadas para otras causas. El estatus legal de todas ellas es claramente inferior al nacimiento del expediente de las coimas que terminarían en los hermanos Milei.

Esa segunda Argentina subterránea, a veces más poderosa que la que está a la vista, provee nexos inagotables. El despacho de Martín Menem está lleno de familiares Menem, pero uno de empleados, de creciente importancia en los últimos meses, se apellida Robles. Matías es hijo de Silvio, encargado de la operación política dentro del staff del juez de la Corte Horacio Rosatti.

Al menos en la última década larga, la Cámara validó denuncias originadas en sistemas ilegales de espionaje, pruebas que Luis Majul se encontró mientras corría por Palermo y sospechosas intervenciones telefónicas

Este joven sería, según dos fuentes parlamentarias, el community manager de las redes del presidente de la Cámara de Diputados. Desde ese puesto, manejaría tanto la cuenta oficial de Martín Menem como la paralela, Praetor del León, desde la cual se dedica a hostigar a su archirrival en la interna gubernamental, Santiago Caputo, a quien menoscaba por las supuestas cirugías estéticas. Martín Menem negó tener vinculación con la cuenta Praetor que tiende a alabarlo cuando no rivaliza con Las Fuerzas del Cielo.

Una vía más oblicua de correr a Casanello del caso es a través del abogado Santiago Viola. Este letrado, apoderado nacional de La Libertad Avanza y nombre permanente para ocupar la Secretaría Legal y Técnica o la Procuración del Tesoro, tuvo una destacada participación en la falsa denuncia que intentó demostrar que Casanello se había reunido con Cristina Fernández de Kirchner en Olivos, en los comienzos de la investigación que terminó en una condena por lavado contra Lázaro Báez, en 2015 y 2016. Ahora, Viola vuelve a sonar para la asistencia legal de algunos de los involucrados en la causa de las coimas, actuales o futuros.

Abogado de Báez en ese expediente, Viola motorizó la denuncia mendaz sobre la parcialidad de Casanello. Se valió —seguramente sin querer— de dos testigos falsos, un exchofer de Presidencia y un presunto militante de La Cámpora, que dijeron haber visto al juez en Olivos y terminaron condenados a penas menores en un juicio abreviado. Viola, en cambio, terminaría sobreseído por Casación Federal.

La introducción de este abogado en el expediente Spagnuolo como defensor de un imputado no supondría el apartamiento de Casanello. Pero una fuente de una facción gubernamental crítica de los Menem apunta una hipótesis alternativa. “Si la causa escala, pueden forzar el ingreso de Viola como imputado, y en ese caso Casanello se tiene que apartar, porque fue querellante en la denuncia por los testigos falsos”.

Aquella denuncia contra Casanello tuvo un intenso recorrido mediático. En Clarín, se publicaron falsas primicias, elucubraciones, notas de opinión y entrevistas que daban crédito a la versión. Lo mismo ocurrió en canales de noticias y radios.

Tras el desconcierto inicial ante una información sobre el probable 3% de Karina que dio en la línea de flotación del Gobierno, el sistema mediático que orbita en la Casa Rosada y/o el macrismo hizo propia la teoría del árbol prohibido. Voces de los principales grupos mediáticos pasaron a la ofensiva este viernes, casi en simultáneo con la presentación de los abogados de Kovalivker para reclamar la nulidad.

Hojarasca

Este episodio encuentra al Gobierno en medio de una inestabilidad económica que toma formas muy parecidas a aquella de 2018-2019, que selló la no reelección de Macri: deuda inconmensurable con el FMI, devaluación latente, Banco Central vacío y motosierra cruel. El cóctel incluye internas despiadadas en Casa Rosada y una cita electoral muy desafiante el domingo próximo, en la renovación de la Legislatura Bonaerense.

De buenas a primeras, la pulsión escatológica del Presidente quedó en el lugar de la hojarasca que nunca debió perder. El insulto como único texto político, una Hermana Temible y Poderosa que no habla, balbucea; los matones en las redes; el lanzallamas de los canales de noticias y la lisonja del empresariado y de opositores amigables muestran su insuficiencia para encarar la mayor crisis gubernamental.

Los Milei encaran las cruciales elecciones con el policía Maximiliano Bondarenko, Cristian Ritondo y José Luis Espert como principales espadas. Macristas, sciolistas, exmassistas y excamporistas amenizan la propuesta oficialista. Radicales, peronistas y provinciales que estaban dispuestos a darlo todo fueron empujados al lugar de la oposición, aunque sea circunstancial.

En el plano económico sucedió algo insólito. Un equipo que debería proveer templanza técnica ante un elenco político tan singular se dedicó en el último año y medio a replicar las provocaciones violentas y a difundir terraplanismos sobre la base monetaria y la inflación de 17.000%. “No te la pierdas, campeón”, corre el riesgo de titular el año. Los críticos, disidentes y despechados del mundo de la ortodoxia promercado también son legión.

Casa Rosada resitúa el momento. “Es normal que pasen cosas previo a elecciones. Siempre pasan. Hay operaciones de todo tipo y mucho ruido”, dice una fuente con llegada a Milei. “Son dos meses y ya estaba todo previsto”, explica.

Encuestadores que reportaron una adhesión a Milei superior a 50% desde diciembre de 2023 corrigieron los números a la baja en las últimas semanas. En algunos casos, son pronósticos genuinos con los riesgo que conlleva medir en esta era. En otros, la crisis de las coimas podría servir como atajo para salvar la ropa si los resultados electorales terminan siendo demasiado incongruentes con sondeos informados durante 20 meses.

Nada está dicho. El surgimiento de Milei en 2021 y la victoria de 2023 se edificaron sobre la base de un voto más bien silencioso, orgullosamente resentido, informado por canales de noticias y tik tok. La llama de la bronca contra el peronismo, el progresismo y la izquierda no parece extinguida.

La fuente oficial contradice las alertas (¿tácticas?) emitidas por medios pro-Milei en los últimos días sobre una derrota inminente en la provincia de Buenos Aires. “No tenemos miedo y estamos muy bien y confiados. En octubre vamos a ganar y cómodos. En septiembre sólo se va a ver nuestro piso. De ahí, es todo para arriba”.

Es probable. Para ese objetivo, habría sido mejor que Karina y los Menem fueran más discretos. Acaso surja una prueba todavía más contudente que corrobore que la secretaria general de la Presidencia y su segundo son funcionarios voraces que se dedican a recaudar como tarea principal.

SL

slacunza@eldiarioar.com

La nota fue actualizada a las 13.08 del 31 de agosto, para corregir el apellido Robles, inicialmente escrito como Rosatti.

La investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este martes con allanamientos en dos barrios del exclusivo complejo Nordelta. El operativo se centró en la búsqueda de información sobre los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

La orden del juez federal Sebastián Casanello fue clara: los investigadores buscaron secuestrar los registros de ingreso y salida de los empresarios acusados de pagar retornos y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos.

Operativos en La Isla y El Golf

Los procedimientos, a cargo de la Policía de la Ciudad, se desarrollaron en los barrios La Isla y El Golf, donde residen los hermanos Kovalivker. La medida se produjo un día después de que el jefe de Seguridad del complejo prestara declaración indagatoria ante la Justicia.

Durante la tarde de este martes, varios móviles de la Policía de la Ciudad se desplegaron en la zona para llevar adelante las medidas ordenadas por el juez Casanello, en el marco de la causa que investiga el escándalo de los audios que salpica a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Con información de NA.

IG