Amontonar, acumular, juntar sin orden. Así define el Diccionario de la Real Academia Española al verbo hacinar, en su segunda acepción. Y así, hacinada, es como vive alrededor de la mitad de las personas que residen en villas, con entre dos y tres convivientes por pieza.

Los datos se desprenden del informe Condiciones de vida en barrios populares, elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el colectivo villero La Poderosa, a partir de un relevamiento realizado en nueve barrios de seis provincias, que alcanzó a 1.485 hogares y más de 5.000 personas.

En promedio, el 50,2% de las viviendas de estos barrios presenta hacinamiento —entre dos y tres personas por cuarto—, y un 10,7% directamente supera ese umbral, según los parámetros del Indec para lo que denomina hacinamiento crítico. Los barrios con mayor hacinamiento crítico son Isla Maciel, Los Álamos y Complejo Yapeyú, con tasas de entre el 17% y el 23%. En todos los casos, los valores duplican —y a veces triplican— al promedio nacional, que ronda el 5%. Pero ademas, el 90 % de los hogares “enfrenta un alto riesgo ambiental” ya que viven ante la presencia de plagas, acumulación de basuras y cercanos a fuentes contaminantes.

Vivir amontonados y sin plan de vivienda porque el Gobierno que no lo cree necesario

Esta convivencia forzada en espacios reducidos tiene consecuencias directas en el bienestar físico y emocional de las familias. Limita la intimidad, impide la concentración para estudiar o trabajar, y eleva los niveles de estrés, sobre todo cuando el entorno de la vivienda también presenta fallas estructurales.

Durante la última campaña presidencial, un video filmado con un celular recorrió las redes: Javier Milei, de pie frente a una pizarra blanca, arrancaba uno por uno los nombres de los ministerios que pensaba eliminar. “¡Afuera!”, gritaba al arrojar los stickers por el aire. Entre ellos, estaba el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Pero la motosierra no se quedó en la línea ministerial. En febrero de este año, el Gobierno nacional disolvió la Secretaría de Vivienda, a través del Decreto 70/2025. En los fundamentos de la medida se explicita que la política habitacional debe quedar en manos de las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado nacional.

Junto con esa decisión, se cerraron o pusieron en proceso de disolución tres fondos fiduciarios clave: el del programa Procrear, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). En el caso de este último, fue el instrumento principal para canalizar obras de urbanización en barrios populares, financiadas con parte de lo recaudado por el impuesto PAIS. Con la eliminación de estos organismos, el Gobierno ratificó su decisión de retirar al Estado nacional de la ejecución de obras de vivienda e integración urbana, incluso en los sectores con mayor déficit estructural.

Sin embargo, a pesar de la decisión del Ejecutivo, en mayo la justicia resolvió frenar la eliminación del FISU y le ordenó al Gobierno que solo podrá disponer de los fondos para garantizar la continuidad de las obras y las políticas de integración urbana, y no para otros fines como pretendía.

Hogares sin agua caliente, humedad en contacto con instalaciones eléctricas y sin acceso a servicios básicos

El artículo 14 bis de la Constitución nacional dice en su tercer párrafo: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Sin embargo, según el informe de ACIJ y La Poderosa, apenas el 15% de las viviendas de las villas alcanza una calidad constructiva suficiente, mientras que el 81% es considerada parcialmente insuficiente. La mayoría tiene filtraciones, grietas, humedad y techos precarios. Entre el 20% y el 45% carece de agua caliente o lavamanos en el baño. En barrios como Villa 21-24-Zavaleta, más del 50% de los hogares tiene humedad en contacto con instalaciones eléctricas, lo que representa un riesgo latente.

El acceso a servicios básicos también muestra cifras alarmantes. Solo el 15,9% de los hogares accede a ellos de forma adecuada. Un 10,9% directamente no cuenta con ninguno. La mayoría (73,2%) vive con conexiones informales o deficitarias, tanto a la red eléctrica como al agua.

El 63% de las viviendas tiene una conexión precaria a la red eléctrica. Como consecuencia, el 20% sufre cortes de luz al menos una vez por mes, y en barrios como Isla Maciel, Mirador o Villa 21-24-Zavaleta, más del 70% de los hogares perdió electrodomésticos por fallas. En ese mismo barrio porteño, el 10% de las viviendas sufrió incendios vinculados a la electricidad en el último año.

En cuanto al agua, el 50% de las familias accede mediante conexiones informales, y el 75% detectó olor, color o sabor extraño en el suministro. Como resultado, el 60% compra agua embotellada, un gasto significativo para hogares con ingresos inestables.

La brecha digital es otro de los ejes del informe. El 76% de los hogares no tiene computadora, y el 18% solo accede a internet a través del celular. En algunos barrios, como Mendoza Sur e Isla Maciel, más de una cuarta parte de las casas no tiene ninguna conexión a internet.

Las infancias atraviesan todos estos déficits. Según el relevamiento, entre el 20% y el 30% de la población de los barrios populares tiene 14 años o menos, por encima del 22% de promedio nacional, de acuerdo al Censo 2022. Este dato refuerza la idea de una sobrerrepresentación infantil en contextos de precariedad, donde se vulneran derechos básicos desde los primeros años.

En el mismo sentido, señalan que “la mayoría de las jefas de hogar son mujeres, con más del 60 por ciento, y entre el 50 y el 60 por ciento de los hogares cuenta con al menos un menor a cargo”. Esto, da cuenta de una “marcada feminización” que representa “una doble vulnerabilidad: las mujeres deben asumir simultáneamente tareas de cuidado y la generación de ingresos”.

Finalmente, el informe da cuenta de un entorno urbano degradado. El 60% de las viviendas no tiene árboles en la calle, y el 80% de los vecinos considera insuficientes los espacios verdes. En muchos barrios, la cercanía a basurales o cursos de agua contaminados es la norma. Con un índice propio, ACIJ y La Poderosa determinaron que el 90% de los hogares enfrenta un riesgo ambiental alto.

El problema, sin embargo, excede a los nueve barrios analizados. Según datos de ACIJ, en la Argentina existen más de 4.000 asentamientos, donde viven más de 3.000.000 de personas, lo que equivale a 800.000 familias. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, casi el 15% de su población reside en villas. En los últimos años se impulsaron procesos de integración sociourbana en algunos barrios porteños y en la provincia de Buenos Aires, e incluso se sancionó la Ley de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana. Pero los avances fueron escasos en relación a la magnitud de la problemática, los estándares de intervención no siempre se ajustaron a una perspectiva de derechos, y los mecanismos de participación no habilitaron un rol activo de las comunidades en la toma de decisiones más relevantes.

Frente a este panorama, el informe de ACIJ y La Poderosa advierte sobre el impacto de la regresión de políticas de integración durante 2024 y reclama una respuesta estatal integral que garantice el acceso a servicios, infraestructura básica, conectividad y un entorno saludable para el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes.

JJD/MG