El presidente Javier Milei fue ovacionado en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia durante la ceremonia de asunción del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira.

El mandatario argentino arribó este sábado por la mañana al Aeropuerto de El Alto tras participar el viernes de una reunión con empresarios en Nueva York.

Acompañando por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, Javier Milei recibió los honores del país vecino, luego ingresó al recinto del parlamento boliviano y generó un furor inmediato entre los legisladores bolivianos.

La presencia de Javier Milei en el acto de investidura, que fue comunicada oficialmente por el Gobierno argentino se convirtió en el principal foco de interés dentro del Congreso.

Su importancia en la ceremonia fue subrayada al ser el primer presidente mencionado y agradecido por Edman Lara, vicepresidente de Bolivia, al conducir la jura.

Una vez en el palco de mandatarios, Javier Milei protagonizó saludos disímiles: con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se mostró sonriente y mantuvieron una breve conversación, mientras que se abrazó con el paraguayo Santiago Peña.

En contraste, el saludo con el presidente chileno, Gabriel Boric, fue notablemente distante y frío: Boric “no se paró para saludarlo”, extendiendo la mano desde su butaca.

Finalmente, el mandatario argentino tuvo un “fuerte abrazo” con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La derecha sigue de fiesta en Bolivia. A dos días de la toma de posesión del nuevo presidente, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira, la expresidenta Jeanine Áñez Chávez (2019-2020), de la derecha conservadora, salió este jueves de prisión por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al cabo de casi cinco años recluida por su participación en el golpe que derivó en su llegada al cargo tras la caída del izquierdista Evo Morales.

La absolución de Áñez deriva de una revisión extraordinaria de la sentencia condenatoria, según la cual la exmandataria no debió ser juzgada por la vía ordinaria, sino mediante un juicio parlamentario de responsabilidades. La decisión volvió a dividir las aguas de la política boliviana entre los que celebran la resolución judicial, por considerarla una forma de reparación del castigo infligido a la exmandataria, y quienes creen que su libertad consolida la impunidad de su gobierno transitorio, implicado en al menos 37 muertes extrajudiciales durante sus primeros días de mandato.

El gobierno saliente de Luis Arce, de la formación Movimiento al Socialismo (MAS), detuvo a la también exsenadora por Beni, en el noreste del país, en marzo de 2021. Áñez estaba presa desde entonces, primero de forma preventiva y luego con sentencia. Su condena no se debió a las muertes violentas registradas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, ejecutadas por fuerzas militares bajo su mando, sino por un proceso que observó su actuación “contraria a la ley” al asumir la primera magistratura boliviana el 12 de noviembre de 2019.

La orden de libertad también volvió a poner en debate el supuesto oportunismo político de los actores del sistema judicial boliviano, a los que distintos sectores acusan de dictaminar la excarcelación de la expresidenta para estar a tono con los gobernantes electos y las principales fuerzas políticas emergentes de las elecciones de agosto y octubre de 2025, de derecha y centroderecha.

A través de su cuenta de Facebook, la expresidenta, encerrada en el penal paceño de Miraflores, expresó su gratitud al TSJ: “Por haber escuchado mi verdad, la verdad que es pública y de todos”, escribió. Horas antes, a través de la misma red social, había escrito: “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”.

Antes que a Áñez, a finales de agosto, el mismo TSJ resolvió liberar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, quienes también habían sido apresados por su supuesta implicación en las protestas que desencadenaron en la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Mientras la exoneración de los dos primeros se produjo unos días después de la primera vuelta electoral, en la que la izquierda fue prácticamente barrida del mapa político boliviano, la de Áñez se ejecutó a dos días de que asuma el cargo el nuevo presidente, Rodrigo Paz, y con la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de mayoría derechista ya en funcionamiento. La exmandataria fue invitada al acto.

Después de la estrepitosa derrota de la izquierda boliviana en las elecciones generales, la derecha fue imponiendo su agenda en la vida institucional del país. Además de las señaladas resoluciones judiciales, el presidente electo Paz se acercó al gobierno de Estados Unidos y se reunió con su secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante los gobiernos del MAS liderados por Morales y Arce, Bolivia y EE.UU. redujeron sus relaciones a la mínima expresión. En cambio, Paz expresó su voluntad de restablecer plenamente la colaboración entre ambas naciones. Al mismo tiempo, el ganador de las elecciones, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, polemizó públicamente con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, otrora aliado incondicional de las administraciones izquierdistas bolivianas.

Otra muestra de la derechización de la política boliviana fue la reciente reposición de la Biblia y el crucifijo cristiano como símbolos para presidir los actos de juramento en la Cámara de Diputados, una disposición que contradice a la propia Constitución vigente, en la que Bolivia se asume un país laico. Fue Áñez la última gobernante boliviana que asumió el poder blandiendo la Biblia, y en su trayectoria en redes acumula un historial de exacerbadas afirmaciones ultracatólicas.

Justicia politizada

Jeanine Áñez había sido sentenciada a 10 años de prisión en 2022 por asumir “inconstitucionalmente” la presidencia de Bolivia en 2019, un caso conocido como “Golpe 2”. La nueva resolución, tras un recurso extraordinario de revisión de sentencia, señala que no debió ser sometida a un juicio ordinario, sino a un procedimiento parlamentario. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, exclamó en X tras anunciar la decisión: “¡Por una justicia independiente!”.

Al margen de los criterios técnicos, persiste la sospecha de que los altos magistrados bolivianos operan movidos por impulsos más políticos que jurídicos. La socióloga Luciana Jáuregui interpreta que las resoluciones para liberar a Camacho y Áñez están directamente influenciadas por los cambios recientes en la política boliviana. “La justicia, lejos de resarcir sus déficits, lo que hace es poner de manifiesto la falta de independencia del Órgano Judicial”, dice la académica, formada en la Universidad Mayor San Simón de Bolivia y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador.

La investigadora duda de la cualidad reparadora del proceder del TSJ y cree, por el contrario, que “erosiona más la legitimidad del órgano judicial y refuerza la percepción de parcialidad y descomposición estructural del sistema, dado que los tribunales actúan como instrumentos de presión y legitimación política”. Es más, la investigadora apunta que, con sus decisiones políticas, la justicia boliviana está contraviniendo “las recomendaciones internacionales”.

Masacres e impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la violencia que, ya con Áñez en el Gobierno boliviano, se saldó con muertes, heridos y torturas principalmente perpetrados por tropas militares. En su “Primer informe - Seguimiento a las recomendaciones del GIEI”, publicado en 2023, la CIDH precisó que el grupo “identificó que al menos 37 personas habrían perdido la vida en distintos lugares del país y que centenares de personas habrían resultado heridas, tanto física como psicológicamente”.

Más de 20 de las 37 bajas perecieron en las masacres de Sacaba (Cochabamba), del 15 de noviembre de 2019, y de Senkata (El Alto-La Paz), del 19 de noviembre del mismo año, donde afines al expresidente Evo Morales y contrarios al gobierno transitorio fueron reprimidos con armamento letal.

Áñez siempre defendió su derecho a un juicio parlamentario de responsabilidades por tratarse de delitos presuntamente cometidos durante el ejercicio de altas funciones. El gobierno de Arce no disponía de mayoría para activar el procedimiento, por lo que promovió juicios ordinarios como el que acabó sentenciándola a 10 años de cárcel en 2022.

Mientras la expresidenta, la derecha y sus acólitos celebran el dictamen de la justicia boliviana, las víctimas, familias y la izquierda denuncian el agravamiento del clima de impunidad en el país. Rodrigo Pacheco, experto en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, considera que la conducta judicial está lejos de resolver las tensiones políticas reinantes. “La sensación de que la impunidad se ha impuesto sobre la justicia por los hechos de violencia del 2019 va a adherirse a la memoria histórica de los sectores populares que apoyaron los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari, y va a generar una reacción de descontento hacia el Estado y sus nuevos operadores”, advierte.

El ganador de las elecciones presidenciales en Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, enfrentará la crisis económica del país con un nuevo modelo económico basado en la liberación de exportaciones y el apoyo de “países amigos” para superar la escasez de combustibles, en un contexto de inflación acumulada del 16,92 %.

Paz plantea para su gobierno un nuevo modelo económico denominado “50/50”, basado en la redistribución fiscal, entre el nivel central de Estado, las entidades territoriales autonómicas y las universidades públicas, y busca descentralizar el manejo de los recursos públicos.

“Hoy el Estado central se queda con el 80 % de los recursos y manda el 20 % a más de 339 municipios, gobernaciones, universidades y entidades descentralizadas. Es una miseria (...) La estructura federal va a ser la solución del país, y dentro de la propuesta planteamos el 50/50, que busca descentralizar los recursos del Estado”, dijo Paz durante la campaña.

El centrista también prevé liberar las exportaciones y reconfigurar el sistema impositivo mediante un nuevo ordenamiento jurídico tributario.

Otra de las iniciativas es el “capitalismo para todos”, que consiste en fomentar los créditos baratos para la producción y el comercio, un solo impuesto por debajo del 10 % y que los aranceles se reduzcan a lo mínimo.

Crisis de combustible

Paz, quien durante la campaña se comprometió a resolver la crisis de combustibles que afecta al país desde comienzos de este año, informó este lunes que ha mantenido acercamientos con “países amigos” como EE.UU., Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para buscar su apoyo en la solución de este problema una vez asuma la Presidencia el próximo 8 de noviembre.

Sobre la escasez de dólares, Paz ya había planteado junto a su compañero de fórmula, Edman Lara, un plan para estabilizar la divisa mediante la creación de un fondo especial.

“Lo que vamos a hacer con el dólar es jugar con el mercado. El Banco Central tendrá un rol preponderante como vigilante y dejará de emitir moneda, primero, porque el 80 % de la subvención indirecta o directa al Estado pasa por el Banco Central. La emisión de moneda nos está generando un golpe a la inflación”, explicó.

En su primera conferencia de prensa tras su victoria en la víspera, Paz también anunció este lunes que retomará la relación diplomática con EE.UU. y buscará abrir una nueva etapa de diálogo con Chile, al tiempo que prometió transparentar los acuerdos firmados por el Gobierno saliente con Rusia y China en materia de litio.

El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ganó la inédita segunda vuelta presidencial al imponerse al exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 %, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 97,86 % de las actas procesadas.

El resultado marca el fin de un ciclo político de ideología de izquierda iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la Presidencia.

Por Daniela Romero, para la agencia EFE.

Rodrigo Paz Pereira, el presidente que Bolivia eligió en la segunda vuelta de este domingo, no es boliviano de nacimiento. Nació en Santiago de Compostela (Galicia), en 1967, durante uno de los exilios políticos de su padre, el expresidente de Bolivia Jaime Paz Zamora (1989-1993), histórico líder de izquierda que fue perseguido por las dictaduras militares de los años 60 y 70, con uno de cuyos líderes acabaría pactando para gobernar el país andino. El militar Hugo Banzer Suárez (1926-2002), mandatario de facto entre 1971 y 1978 y otrora verdugo de los compañeros de lucha de Paz Zamora, lo apoyó para que presidiera Bolivia pese a resultar tercero en las elecciones presidenciales de 1989.

De su infancia y juventud errante se acordó Paz Pereira en su primer discurso tras la publicación de los resultados que lo dieron por ganador la noche del domingo. El economista evocó con nostalgia los años en que vivió en casi todos los países de Sudamérica, mientras sus padres, Jaime Paz y Carmen Pereira, escapaban de la persecución de las dictaduras. De vuelta en Bolivia, finalizó su educación secundaria para luego titularse en Economía y Relaciones Internacionales, además de completar un máster en Gestión Política en la American University de Estados Unidos. Se casó con María Elena Urquidi, con la que tiene cuatro hijos. Afincado en la región de su familia paterna, comenzó su vida política en 2002, convirtiéndose en diputado por Tarija hasta 2010. Desde ese año hasta 2015 fue presidente del Concejo Municipal de esa misma ciudad y, a partir de 2015, su alcalde. Al finalizar ese periodo fue elegido senador de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Y en 2025 se lanzó a la presidencia sin generar en principio demasiadas expectativas.

Con la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y un programa de centroderecha, se apresta a jurar a la presidencia boliviana el 8 de noviembre, tras vencer en la segunda vuelta con más del 54% de votación. Pero, si bien Paz Pereira se impuso en seis de los nueve departamentos de Bolivia, perdió en tres, uno de ellos Tarija, el departamento del que es representante y de cuya ciudad capital fue alcalde. Su contrincante, el conservador de derecha Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre, le ganó en su propio feudo.

Otra paradoja es que el político de 58 años asumirá la presidencia de Bolivia pese a no haber sido favorito ni en la primera ni en la segunda vuelta. En las elecciones del 17 de agosto fue primero aun cuando en las encuestas previas figuraba entre el tercer y quinto lugar. Y en la segunda vuelta del 19 de octubre salió victorioso a pesar de que los sondeos lo daban por perdedor.

Su candidato a la vicepresidencia, el expolicía y abogado Edmand Lara, quien se sumó a la fórmula a última hora, después de que el acompañante inicialmente elegido por Paz, el empresario Sebastián Careaga, se alejara del PDC para unirse a la Alianza Unidad, de Samuel Doria Medina. Popular en redes sociales por videos de TikTok en los que denunciaba hechos de corrupción en la Policía boliviana, Lara fue un actor decisivo en la recta final de la campaña para la primera vuelta, sacando provecho de su condición de outsider de la política tradicional y cautivando a sectores más populares.

Más allá de la adhesión circunstancial de sectores populares al proyecto político liderado por Paz, su programa económico y político se inscribe en un paradigma más bien liberal

Aunque ha tomado distancia de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), que retuvieron el poder en Bolivia por casi 20 años de la mano de Evo Morales y el aún presidente Luis Arce, Paz Pereira acabó favoreciéndose de bolsones electorales tradicionalmente identificados con ese partido de izquierda. Hay consenso entre los analistas políticos en sentido de que los votantes leales al masismo fueron determinantes para darle la victoria al PDC. Si en la primera vuelta ganaron con el 32%, en la segunda alcanzaron el 54,6%, creciendo en un porcentaje similar al del voto nulo que instruyó Morales a sus militantes para las elecciones del 17 de agosto, pero no así para la de este 19 de octubre. El propio dirigente cocalero, inhabilitado para busca la presidencia en 2025, se atribuyó el triunfo de Paz-Lara en una conferencia posterior a la difusión de los resultados.

‘Capitalismo’ que mira a EEUU

Más allá de la adhesión circunstancial de sectores populares al proyecto político liderado por Paz, su programa económico y político se inscribe en un paradigma más bien liberal, asociado a la centroderecha. No en vano, el equipo técnico del PDC sumó en las últimas semanas a Gabriel Espinoza y José Luis Lupo, dos economistas que fueron parte del entorno cercano de Doria Medina, el candidato que abanderó el programa de derecha en las elecciones del 17 de agosto. Mientras Espinoza fue jefe del equipo económico de la Alianza Unidad, Lupo, de amplia trayectoria en organismos internacionales (BID, CAF), fue candidato a la presidencia del binomio que acabó tercero en la primera vuelta.

Con el eslogan “capitalismo para todos”, el plan de gobierno del PDC lleva por nombre “Agenda 50/50: Política al servicio de la gente”. Con esa denominación ofrece, en términos generales, que el Estado central administre solo el 50% del presupuesto general del país, mientras que el restante 50 estaría en manos de los gobiernos subnacionales (departamentos y municipios) y las universidades.

Otro de sus planteamientos centrales en materia económica es el congelamiento de las actividades de las empresas públicas deficitarias y la reasignación de recursos ahorrados hacia gobiernos subnacionales. Sin embargo, no precisa cuáles serían las empresas a ser congeladas. Durante la campaña, Paz insistió que esa definición dependerá de las auditorías que se ejecuten en las reparticiones estatales.

Entre sus tareas más urgentes asoma la promesa de importar mayores volúmenes de combustibles procedentes de EEUU y de otras naciones a fin de normalizar el abastecimiento de gasolina y diésel, que desde hace un año es irregular y ha reducido la capacidad productiva del sector privado.

El acercamiento a EEUU es un gesto que rompe abiertamente con el patrón de los gobiernos de Morales y Arce. “Sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es la propiedad privada, la certidumbre”, afirmó Paz en su primer discurso tras la segunda vuelta, en el que también se mostró abierto a reconducir las relaciones con Washington y recordó su compromiso para facilitar la importación de combustibles. “Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional”, anunció, al tiempo de cuestionar que, durante los años del MAS, el país perdió “geopolítica y geoeconómicamente”.

El guiño a EEUU tuvo una respuesta casi inmediata de la administración de Donald Trump. El secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, felicitó al “presidente electo Rodrigo Paz”, saludó que su llegada al poder “inaugura una oportunidad transformativa para ambas naciones” y ofreció “poner fin a la migración ilegal, mejorar el acceso al mercado para la inversión bilateral y combatir las organizaciones transnacionales para fortalecer la seguridad regional”

El senador centrista Rodrigo Paz Pereira agradeció este domingo el apoyo recibido para ganar la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia y prometió volver a “abrir” el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para “salir adelante” de la crisis en que se encuentra su nación.

Luego de conocer los resultados preliminares que le dieron el triunfo en el segunda vuelta, Paz agradeció a los presidentes que le felicitaron hasta el momento y sostuvo que “Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional”, tras haber perdido “geopolíticamente y geoeconómicamente” ese espacio en las dos últimas décadas.

El político sostuvo que “la nueva dimensión” que busca construir “será con las manos extendidas al interior de la patria para trabajar con todos, hombres y mujeres desde el Parlamento, desde las organizaciones sociales” y otros sectores con el objetivo de “salir adelante”.

“Pero, a la vez, también hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol”, destacó Paz y agradeció el respaldo ofrecido por Estados Unidos a través del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, “para poder llevar adelante una relación estrecha con uno de los Gobiernos más importantes del ámbito mundial”.

El aún senador agradeció, además, a su rival en la segunda vuelta, el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y a su compañero de fórmula Juan Pablo Velasco, quienes reconocieron el triunfo de Paz en el balotaje, y consideró que “no es un mensaje” para Rodrigo Paz, sino “al voto nacional”.

“Porque no es Rodrigo el que gana o el que pierde, es Bolivia la que gana a través del ejercicio democrático. Por eso, en democracia, si bien pareciera en principio que unos pierden y otros ganan, hoy día Bolivia ganó”, expresó.

Paz afirmó que el “pueblo” también eligió en estos comicios a parlamentarios de otras organizaciones políticas “que han hecho parte de una gran transformación luego de 20 años” de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga, según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del organismo electoral, con el 97,86 % de las actas computadas.

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran “una tendencia” que “parece ser irreversible” y prevé concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre.

La segunda vuelta se realizó en un contexto de crisis económica reflejado en la persistente falta de dólares, escasez de combustibles y encarecimiento de productos básicos.

EFE