La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La nueva norma, que anuló la ley 1341 que rigió desde octubre de 2020, fue previamente aprobada en el Senado y ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario, lo que no supone que se dicte automáticamente el “estado de excepción”.

La sesión, que duró más de cinco horas, se efectuó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país.

El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es “criminal” y que tuvo el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía” en medio de las protestas sociales.

Según Alarcón, esa norma resguardaba a los “grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo”, por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.

El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”.

Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace tres semanas impulsados por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”.

También limitaba a 60 días la duración de la medida.

La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.

El Gobierno de Paz asegura que la declaración del estado de excepción es la “última opción” a la que recurrirá si el diálogo no prospera. La Paz y la ciudad vecina de El Alto concentran las protestas callejeras y bloqueos de carreteras que realizan los sectores que exigen la renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el Gobierno.

Algunas manifestaciones ocurridas la semana pasada derivaron en disturbios y saqueos de oficinas públicas y privadas, además de pequeños negocios, agresiones a periodistas y a personas que cuestionaron las protestas.

Los bloqueos, que se extendieron a las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, están ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.

La Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre por un disparo en medio de un operativo y disturbios registrados el sábado para despejar una carretera troncal, mientras que las autoridades denuncian que los cortes de rutas han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.

EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros como parte de un “esfuerzo y compromiso” con el país, cuando se cumplen cuatro semanas de conflictos y bloqueos de carreteras liderados por sindicatos campesinos que exigen su renuncia.

“Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50 %”, aseguró Paz durante la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial en el sur del país.

Hasta antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía un salario de 24.978 bolivianos (3.617 dólares) y ningún otro funcionario puede ganar más que el presidente. Con la reducción, la remuneración presidencial quedará en unos 12.489 bolivianos (1.808 dólares).

Paz mencionó que esa decisión no afectará a “otras áreas ni a profesionales”, puesto que la intención no es “perjudicar” a esos trabajadores, sino buscar que “los mejores” permanezcan en el servicio público.

Algunos sectores que protestan actualmente cuestionaron inicialmente el nivel salarial del presidente y los parlamentarios, a quienes plantearon que reduzcan sus sueldos a la mitad como una señal de cercanía con la población ante la crisis económica que vive el país desde 2023.

Sin embargo, esa exigencia pasó a un segundo plano y ahora las organizaciones que lideran las protestas y bloqueos de carreteras, como los campesinos del altiplano de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia del mandatario.

Asimismo, Paz anunció que en estos días el Ejecutivo presentará al Parlamento el proyecto de ley del “perdonazo tributario” que, según enfatizó, “no es para los ricos” sino para sectores como comerciantes, transportistas y artesanos, entre otros, para que puedan “reactivar” su economía.

Paz indicó que la norma favorecerá a quienes, desde 2017, fueron acumulando multas en el sistema tributario, para que puedan utilizar esos recursos para dar un impulso a sus negocios.

El presidente asistió a la efemérides libertaria en Sucre, después de permanecer las últimas semanas en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, atendiendo las reuniones con los sectores sociales que tienen demandas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y desde la semana pasada, los bloqueos se extendieron a otras de las nueve regiones de Bolivia como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por la crisis, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a esas urbes, a lo que se suma el apoyo logísitico y donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El fin de semana fracasó un nuevo intento del Gobierno de abrir un “corredor humanitario” en una carretera estratégica entre La Paz y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el centro del territorio boliviano.

EFE

 El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que hará respetar la Constitución frente a los sectores que piden su renuncia con bloqueos de carreteras iniciados hace 20 días y aseguró que “una minoría” no puede gobernar ni “abusar” del país.

“Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar (...) Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir esa Constitución”, afirmó Paz durante el aniversario 217 de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional y sede del poder Judicial en el sur del país.

Las organizaciones que lideran las protestas y bloqueos de carreteras son los sindicatos de campesinos aimaras de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia del mandatario.

Paz dijo que Bolivia “no necesita el conflicto” y que hay que dialogar, “pero no bajo la presión del hambre de los ciudadanos como escudo o la falta de combustible y medicina”, problemas que están afectando sobre todo a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y la vecina El Alto.

“No voy a dialogar con los que no dialogan, porque esos no entienden de la libertad. Hemos apostado por el diálogo por más de 11 días y estamos apostando por los resultados”, añadió.

El presidente, que lleva seis meses de Gobierno, ratificó la convocatoria para que este miércoles, en La Paz, se desarrolle la primera sesión del Consejo Económico y Social, instancia que tratará las diversas demandas regionales, además de abordar la implementación de 2.000 proyectos de desarrollo.

Paz ratificó a los sectores movilizados que su Gobierno no aplicará una “privatización” de las empresas bolivianas y que tampoco habrá incrementos en los costos de los servicios de electricidad, educación o salud, como señalan algunos dirigentes.

“Si tienen alguna duda, vengan donde el presidente y hablaremos de esas dudas”, fue la invitación de Paz a los grupos que mantienen sus protestas.

El mandatario también ofreció una disculpa por no haber podido reunirse anteriormente con las organizaciones que hoy piden su renuncia y aseguró que abrirá un espacio para que eso ocurra.

Paz asistió a la efeméride libertaria en Sucre, después de permanecer las últimas semanas en La Paz, atendiendo reuniones con los sectores sociales que tienen demandas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y, desde la semana pasada, los bloqueos se extendieron a otras regiones de Bolivia, como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por la crisis, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a esas urbes, a lo que se suma el apoyo logístico y las donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El Gobierno llamó a dialogar el domingo a los sindicatos campesinos de La Paz, pero finalmente no hubo reunión, ya que en la víspera fracasó un nuevo intento de habilitar un “corredor humanitario”, que derivó en enfrentamientos entre policías y militares con los manifestantes, además de disturbios.

EFE

Mientras Bolivia ingresó este lunes a la cuarta semana de protestas de campesinos que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, pese a los intentos fallidos del Gobierno para dialogar, el vicepresidente Edmand Lara y el opositor Evo Morales apuntaron contra el asesor personal del mandatario, Fernando Cerimedo, por “pretender influir en la agenda política nacional y opinar sobre el destino de nuestro país como si Bolivia fuera un espacio de experimentación ideológica”.

Cerimedo fue asesor de Javier Milei, de Jair Bolsonaro en Brasil y de Nasry Asfura en Honduras. De acuerdo a Lara, “las declaraciones de Fernando Cerimedo constituyen una clara intromisión en asuntos internos del Estado boliviano y reflejan una visión ajena a nuestra historia, a nuestros pueblos y a la soberanía nacional. Nadie que desprecie a los sectores populares, indígenas y trabajadores puede influir en las decisiones de un Gobierno elegido democráticamente”, remarcó el vice de Paz en un comunicado difundido en las últimas horas, mientras se suceden las manifestaciones, sobre todo en El Alto y La Paz, centro del poder político boliviano, que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.

Y agrega: “Bolivia no se gobierna desde operadores extranjeros ni desde estrategias de marketing político. Bolivia se gobierna escuchando a su pueblo, atendiendo la crisis social y defendiendo los intereses nacionales por encima de cualquier influencia externa”.

De acuerdo a Lara, “la prioridad del país debe ser el diálogo, la paz social y la solución de los problemas que vive el pueblo boliviano, no abrir espacios a discursos de confrontación, polarización y desinformación”.

Evo Morales dice que a Paz “solo le queda” militarizar Bolivia o llamar a elecciones

El exmandatario de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), sostuvo este domingo que el presidente Rodrigo Paz tiene solo “dos caminos” ante los conflictos con sectores que piden su renuncia, “militarizar” el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días, algo que pidieron los seguidores del también líder cocalero.

“A Rodrigo Paz solo le queda dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos”, escribió Morales en X.

El exgobernante consideró que la supuesta “intromisión” de EE.UU. en asuntos internos de Bolivia “a través del secretario de Estado, Marco Rubio”, y de Fernando Cerimedo, exasesor de políticos como el gobernante argentino, Javier Milei, están “llevando al fracaso” a Paz, quien, según dijo, llegó a la Presidencia de Bolivia “por accidente”.

Cerimedo le respondió en redes sociales: “Mentir sobre recursos naturales, privatizaciones que no existen, y esas estupideces, no va a servir para seguir manipulando a las masas. El cuento del imperialismo se acabó cuando tus principales socios terminan haciendo negocios 'con los gringos' y parte de tu plata esta en 'washingtons'. Ya no te cree nadie”, posteó el asesor de Paz en respuesta al exmandatario.

Evo Morales también cuestionó las convocatorias al diálogo del Gobierno frente a las denuncias penales iniciadas contra algunos dirigentes de las protestas que desde principios de mes piden la renuncia de Paz con manifestaciones callejeras en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y bloqueos de carreteras en la zona andina desde hace 19 días.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera en el centro del país que es su bastión sindical y político, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra dentro de un proceso por presunta trata agravada de personas.

El pasado 11 de mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró en rebeldía al exgobernante y emitió una nueva orden de captura en su contra porque no se presentó al inicio del juicio en el que se lo acusa por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

El juicio quedó suspendido y solo seguirá su curso cuando Morales se presente ante las autoridades judiciales o la Policía ejecute la orden de captura.

El mismo 11 de mayo, desde el altiplano partió hacia La Paz una marcha de seguidores del expresidente para unirse una semana después a las protestas de los campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) que piden la renuncia de Paz.

El Gobierno de Paz acusó a Morales de promover las protestas para “esquivar” el juicio en su contra.

Los bloqueos de carreteras cortaron principalmente la carretera estratégica entre las ciudades de La Paz y El Alto y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el interior del país, dejando desabastecidas de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno medicinal a ambas urbes.

En la víspera, el Gobierno de Paz fracasó en un nuevo intento por liberar esa ruta mediante un “corredor humanitario” que fue resistido por los manifestantes con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas, a lo que los agentes que acompañaban el convoy respondieron con gases lacrimógenos.

Máxima tensión en Bolivia

Las organizaciones que lideran las protestas, como los campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales, volvieron a marchar este lunes desde la ciudad vecina de El Alto hacia el centro de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

También hubo otras marchas que llegaron desde el sur y el norte de la ciudad, que pasaron por las calles aledañas a la plaza Murillo, el centro del poder político boliviano que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.

Grupos de manifestantes intentaron forzar su ingreso a la plaza Murillo, por lo que la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.

El dirigente minero Nelson Álvarez cuestionó que en el Parlamento esté en análisis un proyecto de ley que elimina restricciones legales vigentes desde 2020 para que el Gobierno declare un estado de excepción que le permita ampliar el despliegue de fuerzas de seguridad ante las protestas.

Los líderes ciudadanos de Santa Cruz (este), la región más poblada del país, agrupados en el Comité Cívico de ese departamento, llamaron a la población a concentrarse el martes para tomar acciones ante los bloqueos de carreteras.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, alertó que está en marcha un “golpe de Estado” e instó a la población a proveerse de víveres y a defender el derecho al “libre tránsito” en esa región, considerada el motor económico de Bolivia.

En paralelo, en La Paz también hubo bloqueos callejeros de algunos sindicatos de transportistas por la escasez de combustibles, consecuencia de los bloqueos de carreteras, mientras que un grupo de manifestantes impide el ingreso y salida de pasajeros y encomiendas en las puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto, que sirve a La Paz.

Paz estuvo este lunes en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del poder Judicial, para conmemorar los 217 años de la gesta libertaria de esa ciudad sureña, desde donde anunció la reducción de su salario y el de sus ministros a la mitad y mencionó que hará cumplir la Constitución ante las protestas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz, quien lleva poco más de seis meses en la Presidencia, mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y, desde la semana pasada, los bloqueos de carreteras se extendieron a otras regiones de Bolivia, como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en La Paz y El Alto, las más afectadas por las protestas, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a ambas ciudades, a lo que se suma el apoyo logístico y las donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El Gobierno llamó a dialogar el domingo a los sindicatos campesinos de La Paz, pero finalmente no hubo reunión, ya que en la víspera fracasó un nuevo intento de habilitar un “corredor humanitario”, que derivó en enfrentamientos entre policías y militares con los manifestantes, además de disturbios. 

Con información de agencias.

La “luna de miel” entre el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira y Bolivia duró menos de seis meses. El presidente de centroderecha elegido en octubre soporta desde el primero de mayo un cerco de organizaciones sociales que paralizaron parcialmente La Paz, la capital política del país andino, con demandas que, lejos de aplacarse, se elevaron: pasaron de pedir un aumento salarial del 20% a demandar la renuncia del mandatario.

La crisis política agravó la ya deteriorada economía boliviana, que desde hace más de un año sobrevive a duras penas frente a una severa escasez de combustibles, la falta de dólares en el mercado financiero y una inflación galopante.

Las protestas las abandera la Central Obrera Boliviana (COB), la más grande organización sindical del país. Respaldada por campesinos y maestros, la COB puso entre la espada y la pared al Gobierno de Paz e instaló un clima de convulsión en el que no faltaron excesos de vandalismo contra la población urbana de La Paz, donde se concentran las manifestaciones. También en la vecina El Alto, esta última de mayoritaria población indígena aimara e históricamente combativa.

El Gobierno desestimó las reivindicaciones de la COB, de entrada. Adujo falta de liquidez fiscal y protestó por lo que calificó de tentativa sediciosa para forzar la salida del presidente. La acusación cobró fuerza en los últimos días, una vez que las demandas salariales derivaron en exigir la renuncia del jefe de Estado, a quien el sindicato acusa de gobernar en alianza con sectores empresariales del oriente del país.

Del gasolinazo a la ‘gasolina basura’

El economista Gonzalo Colque afirma, en un reciente texto de análisis, que el mandatario “llegó al poder a hombros del sector popular”, al que una vez instalado en el cargo “dio la espalda”. Primero, sostiene el también investigador de la ONG Fundación Tierra, se distanció del vicepresidente Edmand Lara, un expolicía muy seguido en redes al que muchos atribuyen buena parte del éxito electoral. Lara fustigó abiertamente a Paz por conformar un gabinete de ministros cercanos al millonario empresario Samuel Doria Medina, que lo apoyó en la segunda vuelta electoral.

Después eliminó el impuesto a las grandes fortunas, y antes de que terminara el año, retiró por decreto la subvención a los combustibles que se aplicaba desde los primeros años del siglo. En la práctica, la decisión supuso un incremento del 86% en el precio de la gasolina y del 163% para el diésel. El grueso de la población aceptó el recorte a cambio de un compromiso de mantener el abastecimiento, deficiente de 2024.

El decreto incluía, no obstante, disposiciones que abrían la puerta a la simplificación burocrática, social y ambiental para las inversiones extranjeras. Esto movilizó a la COB que, tras jornadas de paro y manifestaciones en La Paz, dobló el brazo a Paz y lo obligó a anularlas.

Otro escándalo siguió enrareciendo el ambiente: suministros de gasolina de mala calidad provocaron daños en gran parte del parque móvil. El malestar por la “gasolina basura” hizo caer al ministro del ramo y forzó al Gobierno a anunciar compensaciones económicas.

Con este telón de fondo, el presidente promulgó en abril una ley, la 1720, que preveía, para acceder el acceso a créditos bancarios, la conversión de pequeñas propiedades de tierra en medianas, lo que ponía en riesgo el control de campesinos e indígenas de los pequeños chacos de tierra con los que sobreviven al día. Los potenciales afectados iniciaron una marcha pacífica desde el norte del país (en las fronteras con Brasil y Perú) hasta La Paz. El arribo de los movilizados coincidió con el paro de la COB por el incremento salarial, lo que llevó a Paz a ceder nuevamente y derogar la ley.

De la crisis económica a la ingobernabilidad

La concatenación de crisis puso en un aprieto a Paz, a pesar de sus cesiones. Las reformas normativas beneficiaron a los sectores privilegiados del este del país en detrimento de sus bases electorales y la COB y otros sectores radicalizados piden que dimita. El presidente intentó sumar el apoyo de las otras fuerzas parlamentarias y de alcaldes y gobernadores, pero no negocia con los líderes del cerco a La Paz, a los que acusa de supuesto terrorismo. Este lunes, grupos movilizados se enfrentaron con dinamita a policías, atacaron instalaciones públicas y privadas, y agredieron a agentes y ciudadanos de a pie.

El atrincheramiento de los bandos puso al país en un entuerto de imprevisible resolución, dice la socióloga Luciana Jáuregui. La analista observa que la protesta es “una movilización multisectorial, que adopta una posición abiertamente destituyente, que ya no se reduce a la satisfacción de demandas concretas, sino al pedido de renuncia del presidente, cuestionando su legitimidad y autoridad para gobernar a través del control efectivo del territorio”.

En respuesta, el Gobierno asegura que no piensa negociar con “vándalos” como el líder de la COB, Mario Argollo, contra quien rige una orden de captura. “El problema es que ningún sector tiene fuerza suficiente para imponerse plenamente: las movilizaciones son masivas y radicales, pero no se expanden a otras capas sociales, mientras que el Gobierno representa únicamente a las elites y clases medias tradicionales y se sostiene a través de una administración coercitiva del conflicto”, analiza Jáuregui.

La investigadora no cree que la crisis actual desemboque en una renuncia inmediata de Paz, debido a los candados constitucionales y al respaldo de sectores de clase media y alta que, aun sin avalar plenamente el accionar del Gobierno, reclaman el respeto a la elección democrática y rechazan el eventual retorno de la izquierda de la mano de liderazgos en declive como el del expresidente Evo Morales, autoconfinado en la región del Chapare (Cochabamba). “En perspectiva, la renuncia de Rodrigo Paz es una posibilidad, pero no es el escenario inmediato, depende de la escalada de la violencia”, precisa Jáuregui.

Ningún sector tiene fuerza suficiente para imponerse plenamente: las movilizaciones son masivas y radicales, pero no se expanden a otras capas sociales, mientras que el Gobierno representa únicamente a las elites y clases medias tradicionales

Luciana Jáuregui — Socióloga

Una escalada que podría emerger de la fragilidad económica. En su más reciente informe de perspectivas económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó que la economía boliviana reportará en 2026 un crecimiento negativo del -3.3% y una inflación del 20,7%, porcentajes más adversos que los heredados por la gestión del predecesor en la presidencia, Luis Arce.

Mientras los opositores más frontales —como Evo Morales— insisten en pedir su renuncia y la convocatoria de elecciones anticipadas, hay sectores más conservadores que demandan “mano dura” y hasta la puesta en vigencia del “estado de sitio” para pacificar por la fuerza al país. En paralelo, se organizan manifestaciones urbanas en contra del cerco a La Paz que despertaron el temor ante un eventual enfrentamiento civil.

Paz llamó al diálogo y abogó por abrir “corredores humanitarios” para facilitar el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno hospitalario para La Paz. Tras casi una semana fuera del foco público, el presidente ofreció este miércoles una conferencia de prensa para anunciar un “reordenamiento” de su gabinete y la creación de un consejo social y económico para atender con más eficiencia las demandas de los sectores del occidente del país que se dicen traicionados por su gestión.

Los anuncios del mandatario dejaron sabor a poco a muchos actores políticos, empresariales y sociales. De cara a las protestas aún vigentes en La Paz, Jáuregui advierte que el “Gobierno busca desplazar parcialmente la crisis desde el terreno destituyente hacia el terreno institucional”, en una suerte de “admisión implícita de la legitimidad de las demandas” y con el objetivo de “recuperar la capacidad de iniciativa y dividir a la movilización”.

Repercusión internacional

Mientras el clima interno no ofrece mayores visos de solución más allá del desgaste de las protestas sociales, la crisis boliviana ya se volvió un asunto de preocupación regional. El presidente colombiano, Gustavo Petro, desató una controversia diplomática al insinuar en X que el régimen de Paz no estaría sabiendo canalizar las demandas de la “insurrección popular” boliviana.

En respuesta, el Gobierno boliviano expulsó a la embajadora colombiana en La Paz. En reciprocidad, el Ejecutivo de Petro cesó este miércoles las funciones del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá.

A su vez, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, expresó, también a través de X, su respaldo al Gobierno de Paz y advirtió: “No dejaremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.

Aunque el espaldarazo de EE.UU. puede otorgarle aire en el plano internacional, el Ejecutivo de Paz aún no dio con la fórmula para desinflar la presión social. Y aun de conseguirlo en esta coyuntura, está dejando expuesta una debilidad política que, en criterio de políticos y analistas, puede llevar a su administración a un estado de ingobernabilidad crónica de cara a los más de cuatro años que le restan para cumplir su mandato.

Así lo prevé Jáuregui, para quien la respuesta de Paz a la situación “puede generar una descompresión parcial y temporal del conflicto, pero no resuelve la disputa profunda de distribución de poder y de orientación de la política estatal. De hecho, lo más probable es que la demanda de renuncia no desaparezca, sino que siga funcionando como un horizonte simbólico y mecanismo de presión a lo largo de toda la gestión”.

El expresidente boliviano Evo Morales volvió a arremeter este martes contra el Gobierno de Rodrigo Paz y denunció la existencia de un supuesto “Plan Cóndor 2026” impulsado por Donald Trump y ejecutado, según afirmó, por gobiernos de derecha de la región, entre ellos el de Javier Milei.

A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales y en entrevistas radiales concedidas a AM750 y Futurock, el exmandatario boliviano sostuvo que en Bolivia existe una “sublevación del pueblo” contra el programa de reformas impulsado por Paz y acusó al oficialismo de intentar imponer un “Estado neoliberal y neocolonial”.

“Es una sublevación del pueblo de elemento popular”, aseguró Morales en diálogo con AM750. “El pueblo se subleva, a la cabeza el movimiento indígena, para defender la Constitución, los recursos naturales y los servicios básicos”, agregó.

El líder del MAS cuestionó especialmente el paquete de reformas anunciado por el presidente boliviano el pasado 9 de mayo, que incluye modificaciones parciales a la Constitución y proyectos vinculados a hidrocarburos, minería, electricidad e inversiones para intentar atraer capitales en medio de la crisis económica que atraviesa Bolivia.

En paralelo, Morales endureció sus críticas contra la administración argentina. En su publicación, denunció que el gobierno de Milei participa “activamente” de la gestión de Paz y acusó al asesor digital Fernando Cerimedo de impulsar campañas de “guerra sucia” y “criminalización” de dirigentes sociales e indígenas en Bolivia.

También apuntó contra el ministro argentino Federico Sturzenegger, a quien acusó de viajar a La Paz para promover reformas destinadas a “destruir el Estado Plurinacional y reemplazarlo por un Estado neoliberal y neocolonial”.

Uno de los focos centrales de sus denuncias estuvo puesto en los dos aviones Hércules enviados por Argentina a Bolivia durante los últimos días. Mientras el Gobierno boliviano aseguró que los vuelos trasladaban alimentos y ayuda humanitaria hacia ciudades afectadas por bloqueos, Morales afirmó que las aeronaves transportaban “gases lacrimógenos y balines”.

“Los están usando para trasladar militares y policías a La Paz”, sostuvo el expresidente en declaraciones a Futurock. Y añadió: “Rechazo que Argentina, mediante su presidente, ayude a reprimir al pueblo boliviano”.

En su mensaje, Morales comparó la situación actual con el histórico Plan Cóndor implementado durante las dictaduras militares sudamericanas en los años 70 y afirmó que existe una coordinación regional para “perseguir y reprimir” movimientos populares.

Además, vinculó a gobiernos conservadores de América Latina y España, así como al empresario estadounidense Erik Prince —fundador de la firma militar privada Blackwater— con un supuesto operativo internacional para intervenir en Bolivia.

Las protestas contra el gobierno de Paz se mantienen desde hace dos semanas y combinan reclamos salariales, denuncias por desabastecimiento de combustibles y rechazo a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. En los últimos días, las manifestaciones derivaron en saqueos y ataques contra edificios públicos e instituciones en La Paz y otras regiones del país.

El oficialismo boliviano acusa a Morales de promover las movilizaciones en un intento de desestabilizar al Gobierno y recuperar centralidad política a seis meses de la asunción de Paz.

CRM

La crisis política y social en Bolivia sumó este lunes un nuevo capítulo de tensión luego de que miles de manifestantes afines al expresidente Evo Morales marcharan hacia el centro de La Paz para exigir la renuncia del mandatario Rodrigo Paz. La movilización derivó en enfrentamientos con la policía y en una fuerte denuncia del Gobierno, que aseguró haber detectado grupos armados infiltrados entre los manifestantes.

La protesta llegó a la capital boliviana tras seis días de caminata desde distintas regiones del altiplano. La denominada “Marcha por la Vida para salvar Bolivia” reunió a sectores campesinos, indígenas y obreros cercanos a Morales y contó además con el respaldo de la Central Obrera Boliviana y de organizaciones sociales de El Alto.

Los manifestantes avanzaron desde la ciudad vecina de El Alto hacia la plaza Murillo, donde se encuentran la sede presidencial y el Parlamento, mientras efectivos policiales y militares desplegaban un amplio operativo de seguridad con carros hidrantes, barricadas y cordones de contención.

“¡Patria o muerte, venceremos!” y “¡Que renuncie!” fueron algunas de las consignas que se escucharon durante la movilización. En paralelo, continúan los bloqueos de rutas que ya llevan casi dos semanas y que provocaron desabastecimiento de alimentos, falta de combustible y problemas de suministro en hospitales.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció este lunes que se identificaron “grupos que han pasado al uso de armas” dentro de las protestas. Según explicó, las autoridades detectaron la participación de integrantes de los llamados “Ponchos Rojos”, una facción campesina aimara considerada radical y conocida por exhibir armamento antiguo durante sus manifestaciones.

El funcionario mostró además un video difundido en redes sociales en el que un grupo de hombres armados gritaba “ahora sí, guerra civil” en una ruta andina. El Gobierno apuntó particularmente contra Bernabé G.P., un exfuncionario del Ministerio de Defensa que actualmente integraría el comité de conflicto de los Ponchos Rojos.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, calificó la movilización como “un intento conspirativo” impulsado por Morales para desestabilizar al Ejecutivo y advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán contra quienes provoquen daños a edificios públicos o instituciones estatales. “Es una movilización con fines conspirativos, en el límite de la legalidad”, sostuvo el funcionario, quien calculó en más de diez mil personas la cantidad de manifestantes que ingresaron a La Paz.

Mientras tanto, el presidente Paz llegó este lunes por la mañana a la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno boliviano, en medio de un fuerte operativo de seguridad. La plaza Murillo amaneció completamente vallada y bajo custodia policial y militar.

Las protestas se profundizaron durante las últimas semanas por el rechazo de sindicatos y organizaciones sociales a las medidas económicas impulsadas por el Gobierno, entre ellas proyectos de privatización y reformas laborales. El oficialismo acusa a Morales de promover un escenario de caos para forzar una ruptura institucional, algo que el exmandatario niega.

En paralelo, el Ejecutivo intentó abrir una instancia de diálogo con algunos sectores campesinos y organizaciones vecinales, aunque el principal sindicato agrario no participó de la convocatoria oficial.

La Administradora Boliviana de Carreteras informó que continúan activos más de veinte puntos de bloqueo, principalmente en el departamento de La Paz, aunque también persisten cortes en Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.

El conflicto atraviesa así su tercera semana consecutiva y amenaza con profundizar aún más la crisis política en Bolivia, en un contexto marcado por la polarización entre el gobierno de Rodrigo Paz y el sector liderado por Evo Morales.

Con información de la agencia EFE

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia iniciaron este sábado una operación conjunta para despejar las principales rutas que permanecían bloqueadas en la zona andina desde hace 11 días por sectores campesinos de La Paz que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, según informaron medios internacionales.

La operación, llamada “Corredor humanitario”, movilizaba desde esta madrugada a unos 2.500 agentes policiales y 1.000 militares, informaron por separado a los medios los comandantes de la Policía, Mirko Sokol, y de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, quienes acompañan el desplazamiento.

Sokol sostuvo que el operativo tiene “la única finalidad de liberar” las rutas “y que los alimentos, los medicamentos, las ambulancias, el oxígeno (medicinal) puedan ingresar” a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo nacional, permitiendo además “que los turistas que están varados en diferentes sectores (…) puedan retornar a sus países”.

El jefe policial instó a los movilizados en las rutas a que posibiliten que, “de manera pacífica puedan desbloquear” las rutas.

“No estamos yendo a enfrentar, de ninguna manera, simplemente a hacer el trabajo que nos corresponde de desbloquear las vías, garantizar la libre circulación y velar por los valores más fundamentales que están establecidos en la Constitución”, manifestó.

Entre las rutas bloqueadas están la que va hacia la región andina de Oruro y conecta con el centro y el oriente boliviano, una de las rutas hacia Perú a través de la localidad turística de Copacabana, a orillas del lago Titicaca que comparten ambos países, y una vía en el sur de la sede de Gobierno, precisó.

Por su parte, Balderrama señaló que la Policía va “en primera línea” y que los militares acuden al operativo “como un elemento de apoyo para cualquier situación”.

Las protestas

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ piden con protestas callejeras y bloqueos de rutas la renuncia de Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.

Además, una marcha de centenares de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) se acerca a la sede de Gobierno, a donde prevé llegar el lunes para demandar la renuncia del mandatario.

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica pidieron el viernes que se abran “corredores humanitarios” para “garantizar el paso irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible” e instaron a las autoridades a generar “espacios de diálogo efectivo” con los movilizados.

El Gobierno denunció un “plan macabro” supuestamente diseñado por Morales para “romper el orden constitucional” y que presuntamente está “financiado” por el narcotráfico, lo que el exmandatario rechazó.

Preocupación por la situación humanitaria en Bolivia

Ocho países de América Latina expresaron su preocupación por la situación humanitaria en Bolivia.

Mediante un comunicado conjunto, la Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron de forma unánime cualquier intento de desestabilización institucional de Bolivia.

“Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025”, señala el comunicado. Los ocho países reiteraron su firme “solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos”, indica la nota.

Exhortaron a todos los actores políticos y sociales de ese país “a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La crisis política y social en Bolivia sumó este viernes un nuevo capítulo de extrema tensión luego de que el expresidente Evo Morales denunciara que existe un operativo conjunto entre la DEA estadounidense y el Ejército boliviano para detenerlo en las próximas horas. “Entre hoy y mañana el CIE, con la DEA, que llega de Paraguay, va a detener a Evo Morales”, afirmó el exmandatario en declaraciones a la radio cocalera Kawsachun Coca.

Sus declaraciones se producen apenas un día después de que el Gobierno de Rodrigo Paz anunciara el regreso de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) al país, con una oficina en La Paz dedicada al intercambio de inteligencia, aunque sin participación en operativos conjuntos.

La tensión escaló luego de que el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunciara la existencia de un “plan macabro” destinado a “romper el orden constitucional” mediante protestas, bloqueos y movilizaciones sociales que desde hace más de diez días exigen la renuncia de Paz.

Según el funcionario, el supuesto plan fue “pensado, financiado y operado” desde el Trópico de Cochabamba, principal bastión político y sindical de Morales y una de las regiones productoras de hoja de coca más importantes del país.

Gálvez sostuvo que detrás de las movilizaciones existe un “financiamiento oscuro” vinculado al narcotráfico y aseguró que esas redes buscan “hacerse del poder por la fuerza”. “Bolivia enfrenta uno de sus más grandes desafíos históricos: eliminar definitivamente los tentáculos del narcotráfico y sus redes criminales internacionales”, afirmó el vocero.

Morales rechazó las acusaciones y aseguró que el Gobierno deberá “demostrar las mentiras”. Además, cuestionó que se vincule a todos los sectores movilizados con el narcotráfico. El exmandatario también denunció que el Ejecutivo pretende declarar un estado de excepción, militarizar el país y trasladar tropas al Trópico de Cochabamba bajo el argumento de una supuesta amenaza contra la democracia.

Desde octubre de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba protegido por cientos de seguidores que buscan evitar su detención en el marco de una causa penal por trata agravada de personas. La Fiscalía boliviana lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija durante su presidencia.

Bloqueos y protestas en todo el país

Mientras tanto, distintos sectores sociales mantienen protestas y cortes de rutas en varias regiones del país. Campesinos del altiplano paceño sostienen bloqueos desde hace diez días para exigir la salida de Rodrigo Paz, en rechazo a sus medidas económicas. La protesta cuenta con el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB), que inicialmente reclamaba un aumento salarial del 20 %.

El principal dirigente de la COB, Mario Argollo, aseguró el jueves que “el pedido único” de la central sindical es ahora “la renuncia del presidente por la falta de capacidad para solucionar los problemas estructurales del país”.

La COB y los sindicatos campesinos e indígenas fueron históricamente aliados políticos de los gobiernos de Morales y posteriormente de Luis Arce.

La conflictividad también se trasladó a las calles de La Paz. Miles de mineros cooperativistas marcharon este jueves desde El Alto hacia la capital para reclamar combustible, explosivos y nuevas áreas de trabajo.

La protesta derivó en violentos enfrentamientos con fuerzas antidisturbios cerca de la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano. Los manifestantes intentaron derribar barricadas metálicas colocadas por la Policía y utilizaron cargas de dinamita, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos. Los choques duraron más de dos horas y dejaron al menos dos detenidos.

El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), Ladislao Prado, aseguró que las demandas del sector son “justas y necesarias” y aclaró que su protesta es independiente de la impulsada por la COB.

En paralelo, maestros rurales realizaron otra masiva movilización frente al Ministerio de Educación para reclamar aumentos salariales y rechazar la descentralización educativa. La protesta terminó con incidentes, destrozos en el edificio público y nuevos enfrentamientos con la Policía, que volvió a dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos.

Muertes y advertencias del Gobierno

El Gobierno informó además que ya son tres las personas fallecidas por no haber podido recibir atención médica a tiempo debido a los bloqueos de carreteras. Las autoridades responsabilizaron directamente a Morales y a los sectores movilizados por esas muertes y exigieron el levantamiento inmediato de los cortes.

A pesar de la escalada, el Ejecutivo insistió este viernes en que seguirá abierto al diálogo “con los sectores que quieran construir soluciones”, aunque advirtió que quienes “conspiren contra la democracia” deberán enfrentar consecuencias judiciales.

Con información de la agencia EFE

El presidente Javier Milei fue ovacionado en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia durante la ceremonia de asunción del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira.

El mandatario argentino arribó este sábado por la mañana al Aeropuerto de El Alto tras participar el viernes de una reunión con empresarios en Nueva York.

Acompañando por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, Javier Milei recibió los honores del país vecino, luego ingresó al recinto del parlamento boliviano y generó un furor inmediato entre los legisladores bolivianos.

La presencia de Javier Milei en el acto de investidura, que fue comunicada oficialmente por el Gobierno argentino se convirtió en el principal foco de interés dentro del Congreso.

Su importancia en la ceremonia fue subrayada al ser el primer presidente mencionado y agradecido por Edman Lara, vicepresidente de Bolivia, al conducir la jura.

Una vez en el palco de mandatarios, Javier Milei protagonizó saludos disímiles: con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se mostró sonriente y mantuvieron una breve conversación, mientras que se abrazó con el paraguayo Santiago Peña.

En contraste, el saludo con el presidente chileno, Gabriel Boric, fue notablemente distante y frío: Boric “no se paró para saludarlo”, extendiendo la mano desde su butaca.

Finalmente, el mandatario argentino tuvo un “fuerte abrazo” con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La derecha sigue de fiesta en Bolivia. A dos días de la toma de posesión del nuevo presidente, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira, la expresidenta Jeanine Áñez Chávez (2019-2020), de la derecha conservadora, salió este jueves de prisión por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al cabo de casi cinco años recluida por su participación en el golpe que derivó en su llegada al cargo tras la caída del izquierdista Evo Morales.

La absolución de Áñez deriva de una revisión extraordinaria de la sentencia condenatoria, según la cual la exmandataria no debió ser juzgada por la vía ordinaria, sino mediante un juicio parlamentario de responsabilidades. La decisión volvió a dividir las aguas de la política boliviana entre los que celebran la resolución judicial, por considerarla una forma de reparación del castigo infligido a la exmandataria, y quienes creen que su libertad consolida la impunidad de su gobierno transitorio, implicado en al menos 37 muertes extrajudiciales durante sus primeros días de mandato.

El gobierno saliente de Luis Arce, de la formación Movimiento al Socialismo (MAS), detuvo a la también exsenadora por Beni, en el noreste del país, en marzo de 2021. Áñez estaba presa desde entonces, primero de forma preventiva y luego con sentencia. Su condena no se debió a las muertes violentas registradas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, ejecutadas por fuerzas militares bajo su mando, sino por un proceso que observó su actuación “contraria a la ley” al asumir la primera magistratura boliviana el 12 de noviembre de 2019.

La orden de libertad también volvió a poner en debate el supuesto oportunismo político de los actores del sistema judicial boliviano, a los que distintos sectores acusan de dictaminar la excarcelación de la expresidenta para estar a tono con los gobernantes electos y las principales fuerzas políticas emergentes de las elecciones de agosto y octubre de 2025, de derecha y centroderecha.

A través de su cuenta de Facebook, la expresidenta, encerrada en el penal paceño de Miraflores, expresó su gratitud al TSJ: “Por haber escuchado mi verdad, la verdad que es pública y de todos”, escribió. Horas antes, a través de la misma red social, había escrito: “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”.

Antes que a Áñez, a finales de agosto, el mismo TSJ resolvió liberar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, quienes también habían sido apresados por su supuesta implicación en las protestas que desencadenaron en la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Mientras la exoneración de los dos primeros se produjo unos días después de la primera vuelta electoral, en la que la izquierda fue prácticamente barrida del mapa político boliviano, la de Áñez se ejecutó a dos días de que asuma el cargo el nuevo presidente, Rodrigo Paz, y con la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de mayoría derechista ya en funcionamiento. La exmandataria fue invitada al acto.

Después de la estrepitosa derrota de la izquierda boliviana en las elecciones generales, la derecha fue imponiendo su agenda en la vida institucional del país. Además de las señaladas resoluciones judiciales, el presidente electo Paz se acercó al gobierno de Estados Unidos y se reunió con su secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante los gobiernos del MAS liderados por Morales y Arce, Bolivia y EE.UU. redujeron sus relaciones a la mínima expresión. En cambio, Paz expresó su voluntad de restablecer plenamente la colaboración entre ambas naciones. Al mismo tiempo, el ganador de las elecciones, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, polemizó públicamente con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, otrora aliado incondicional de las administraciones izquierdistas bolivianas.

Otra muestra de la derechización de la política boliviana fue la reciente reposición de la Biblia y el crucifijo cristiano como símbolos para presidir los actos de juramento en la Cámara de Diputados, una disposición que contradice a la propia Constitución vigente, en la que Bolivia se asume un país laico. Fue Áñez la última gobernante boliviana que asumió el poder blandiendo la Biblia, y en su trayectoria en redes acumula un historial de exacerbadas afirmaciones ultracatólicas.

Justicia politizada

Jeanine Áñez había sido sentenciada a 10 años de prisión en 2022 por asumir “inconstitucionalmente” la presidencia de Bolivia en 2019, un caso conocido como “Golpe 2”. La nueva resolución, tras un recurso extraordinario de revisión de sentencia, señala que no debió ser sometida a un juicio ordinario, sino a un procedimiento parlamentario. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, exclamó en X tras anunciar la decisión: “¡Por una justicia independiente!”.

Al margen de los criterios técnicos, persiste la sospecha de que los altos magistrados bolivianos operan movidos por impulsos más políticos que jurídicos. La socióloga Luciana Jáuregui interpreta que las resoluciones para liberar a Camacho y Áñez están directamente influenciadas por los cambios recientes en la política boliviana. “La justicia, lejos de resarcir sus déficits, lo que hace es poner de manifiesto la falta de independencia del Órgano Judicial”, dice la académica, formada en la Universidad Mayor San Simón de Bolivia y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador.

La investigadora duda de la cualidad reparadora del proceder del TSJ y cree, por el contrario, que “erosiona más la legitimidad del órgano judicial y refuerza la percepción de parcialidad y descomposición estructural del sistema, dado que los tribunales actúan como instrumentos de presión y legitimación política”. Es más, la investigadora apunta que, con sus decisiones políticas, la justicia boliviana está contraviniendo “las recomendaciones internacionales”.

Masacres e impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la violencia que, ya con Áñez en el Gobierno boliviano, se saldó con muertes, heridos y torturas principalmente perpetrados por tropas militares. En su “Primer informe - Seguimiento a las recomendaciones del GIEI”, publicado en 2023, la CIDH precisó que el grupo “identificó que al menos 37 personas habrían perdido la vida en distintos lugares del país y que centenares de personas habrían resultado heridas, tanto física como psicológicamente”.

Más de 20 de las 37 bajas perecieron en las masacres de Sacaba (Cochabamba), del 15 de noviembre de 2019, y de Senkata (El Alto-La Paz), del 19 de noviembre del mismo año, donde afines al expresidente Evo Morales y contrarios al gobierno transitorio fueron reprimidos con armamento letal.

Áñez siempre defendió su derecho a un juicio parlamentario de responsabilidades por tratarse de delitos presuntamente cometidos durante el ejercicio de altas funciones. El gobierno de Arce no disponía de mayoría para activar el procedimiento, por lo que promovió juicios ordinarios como el que acabó sentenciándola a 10 años de cárcel en 2022.

Mientras la expresidenta, la derecha y sus acólitos celebran el dictamen de la justicia boliviana, las víctimas, familias y la izquierda denuncian el agravamiento del clima de impunidad en el país. Rodrigo Pacheco, experto en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, considera que la conducta judicial está lejos de resolver las tensiones políticas reinantes. “La sensación de que la impunidad se ha impuesto sobre la justicia por los hechos de violencia del 2019 va a adherirse a la memoria histórica de los sectores populares que apoyaron los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari, y va a generar una reacción de descontento hacia el Estado y sus nuevos operadores”, advierte.

El ganador de las elecciones presidenciales en Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, enfrentará la crisis económica del país con un nuevo modelo económico basado en la liberación de exportaciones y el apoyo de “países amigos” para superar la escasez de combustibles, en un contexto de inflación acumulada del 16,92 %.

Paz plantea para su gobierno un nuevo modelo económico denominado “50/50”, basado en la redistribución fiscal, entre el nivel central de Estado, las entidades territoriales autonómicas y las universidades públicas, y busca descentralizar el manejo de los recursos públicos.

“Hoy el Estado central se queda con el 80 % de los recursos y manda el 20 % a más de 339 municipios, gobernaciones, universidades y entidades descentralizadas. Es una miseria (...) La estructura federal va a ser la solución del país, y dentro de la propuesta planteamos el 50/50, que busca descentralizar los recursos del Estado”, dijo Paz durante la campaña.

El centrista también prevé liberar las exportaciones y reconfigurar el sistema impositivo mediante un nuevo ordenamiento jurídico tributario.

Otra de las iniciativas es el “capitalismo para todos”, que consiste en fomentar los créditos baratos para la producción y el comercio, un solo impuesto por debajo del 10 % y que los aranceles se reduzcan a lo mínimo.

Crisis de combustible

Paz, quien durante la campaña se comprometió a resolver la crisis de combustibles que afecta al país desde comienzos de este año, informó este lunes que ha mantenido acercamientos con “países amigos” como EE.UU., Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para buscar su apoyo en la solución de este problema una vez asuma la Presidencia el próximo 8 de noviembre.

Sobre la escasez de dólares, Paz ya había planteado junto a su compañero de fórmula, Edman Lara, un plan para estabilizar la divisa mediante la creación de un fondo especial.

“Lo que vamos a hacer con el dólar es jugar con el mercado. El Banco Central tendrá un rol preponderante como vigilante y dejará de emitir moneda, primero, porque el 80 % de la subvención indirecta o directa al Estado pasa por el Banco Central. La emisión de moneda nos está generando un golpe a la inflación”, explicó.

En su primera conferencia de prensa tras su victoria en la víspera, Paz también anunció este lunes que retomará la relación diplomática con EE.UU. y buscará abrir una nueva etapa de diálogo con Chile, al tiempo que prometió transparentar los acuerdos firmados por el Gobierno saliente con Rusia y China en materia de litio.

El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ganó la inédita segunda vuelta presidencial al imponerse al exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 %, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 97,86 % de las actas procesadas.

El resultado marca el fin de un ciclo político de ideología de izquierda iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la Presidencia.

Por Daniela Romero, para la agencia EFE.

Rodrigo Paz Pereira, el presidente que Bolivia eligió en la segunda vuelta de este domingo, no es boliviano de nacimiento. Nació en Santiago de Compostela (Galicia), en 1967, durante uno de los exilios políticos de su padre, el expresidente de Bolivia Jaime Paz Zamora (1989-1993), histórico líder de izquierda que fue perseguido por las dictaduras militares de los años 60 y 70, con uno de cuyos líderes acabaría pactando para gobernar el país andino. El militar Hugo Banzer Suárez (1926-2002), mandatario de facto entre 1971 y 1978 y otrora verdugo de los compañeros de lucha de Paz Zamora, lo apoyó para que presidiera Bolivia pese a resultar tercero en las elecciones presidenciales de 1989.

De su infancia y juventud errante se acordó Paz Pereira en su primer discurso tras la publicación de los resultados que lo dieron por ganador la noche del domingo. El economista evocó con nostalgia los años en que vivió en casi todos los países de Sudamérica, mientras sus padres, Jaime Paz y Carmen Pereira, escapaban de la persecución de las dictaduras. De vuelta en Bolivia, finalizó su educación secundaria para luego titularse en Economía y Relaciones Internacionales, además de completar un máster en Gestión Política en la American University de Estados Unidos. Se casó con María Elena Urquidi, con la que tiene cuatro hijos. Afincado en la región de su familia paterna, comenzó su vida política en 2002, convirtiéndose en diputado por Tarija hasta 2010. Desde ese año hasta 2015 fue presidente del Concejo Municipal de esa misma ciudad y, a partir de 2015, su alcalde. Al finalizar ese periodo fue elegido senador de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Y en 2025 se lanzó a la presidencia sin generar en principio demasiadas expectativas.

Con la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y un programa de centroderecha, se apresta a jurar a la presidencia boliviana el 8 de noviembre, tras vencer en la segunda vuelta con más del 54% de votación. Pero, si bien Paz Pereira se impuso en seis de los nueve departamentos de Bolivia, perdió en tres, uno de ellos Tarija, el departamento del que es representante y de cuya ciudad capital fue alcalde. Su contrincante, el conservador de derecha Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre, le ganó en su propio feudo.

Otra paradoja es que el político de 58 años asumirá la presidencia de Bolivia pese a no haber sido favorito ni en la primera ni en la segunda vuelta. En las elecciones del 17 de agosto fue primero aun cuando en las encuestas previas figuraba entre el tercer y quinto lugar. Y en la segunda vuelta del 19 de octubre salió victorioso a pesar de que los sondeos lo daban por perdedor.

Su candidato a la vicepresidencia, el expolicía y abogado Edmand Lara, quien se sumó a la fórmula a última hora, después de que el acompañante inicialmente elegido por Paz, el empresario Sebastián Careaga, se alejara del PDC para unirse a la Alianza Unidad, de Samuel Doria Medina. Popular en redes sociales por videos de TikTok en los que denunciaba hechos de corrupción en la Policía boliviana, Lara fue un actor decisivo en la recta final de la campaña para la primera vuelta, sacando provecho de su condición de outsider de la política tradicional y cautivando a sectores más populares.

Más allá de la adhesión circunstancial de sectores populares al proyecto político liderado por Paz, su programa económico y político se inscribe en un paradigma más bien liberal

Aunque ha tomado distancia de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), que retuvieron el poder en Bolivia por casi 20 años de la mano de Evo Morales y el aún presidente Luis Arce, Paz Pereira acabó favoreciéndose de bolsones electorales tradicionalmente identificados con ese partido de izquierda. Hay consenso entre los analistas políticos en sentido de que los votantes leales al masismo fueron determinantes para darle la victoria al PDC. Si en la primera vuelta ganaron con el 32%, en la segunda alcanzaron el 54,6%, creciendo en un porcentaje similar al del voto nulo que instruyó Morales a sus militantes para las elecciones del 17 de agosto, pero no así para la de este 19 de octubre. El propio dirigente cocalero, inhabilitado para busca la presidencia en 2025, se atribuyó el triunfo de Paz-Lara en una conferencia posterior a la difusión de los resultados.

‘Capitalismo’ que mira a EEUU

Más allá de la adhesión circunstancial de sectores populares al proyecto político liderado por Paz, su programa económico y político se inscribe en un paradigma más bien liberal, asociado a la centroderecha. No en vano, el equipo técnico del PDC sumó en las últimas semanas a Gabriel Espinoza y José Luis Lupo, dos economistas que fueron parte del entorno cercano de Doria Medina, el candidato que abanderó el programa de derecha en las elecciones del 17 de agosto. Mientras Espinoza fue jefe del equipo económico de la Alianza Unidad, Lupo, de amplia trayectoria en organismos internacionales (BID, CAF), fue candidato a la presidencia del binomio que acabó tercero en la primera vuelta.

Con el eslogan “capitalismo para todos”, el plan de gobierno del PDC lleva por nombre “Agenda 50/50: Política al servicio de la gente”. Con esa denominación ofrece, en términos generales, que el Estado central administre solo el 50% del presupuesto general del país, mientras que el restante 50 estaría en manos de los gobiernos subnacionales (departamentos y municipios) y las universidades.

Otro de sus planteamientos centrales en materia económica es el congelamiento de las actividades de las empresas públicas deficitarias y la reasignación de recursos ahorrados hacia gobiernos subnacionales. Sin embargo, no precisa cuáles serían las empresas a ser congeladas. Durante la campaña, Paz insistió que esa definición dependerá de las auditorías que se ejecuten en las reparticiones estatales.

Entre sus tareas más urgentes asoma la promesa de importar mayores volúmenes de combustibles procedentes de EEUU y de otras naciones a fin de normalizar el abastecimiento de gasolina y diésel, que desde hace un año es irregular y ha reducido la capacidad productiva del sector privado.

El acercamiento a EEUU es un gesto que rompe abiertamente con el patrón de los gobiernos de Morales y Arce. “Sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es la propiedad privada, la certidumbre”, afirmó Paz en su primer discurso tras la segunda vuelta, en el que también se mostró abierto a reconducir las relaciones con Washington y recordó su compromiso para facilitar la importación de combustibles. “Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional”, anunció, al tiempo de cuestionar que, durante los años del MAS, el país perdió “geopolítica y geoeconómicamente”.

El guiño a EEUU tuvo una respuesta casi inmediata de la administración de Donald Trump. El secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, felicitó al “presidente electo Rodrigo Paz”, saludó que su llegada al poder “inaugura una oportunidad transformativa para ambas naciones” y ofreció “poner fin a la migración ilegal, mejorar el acceso al mercado para la inversión bilateral y combatir las organizaciones transnacionales para fortalecer la seguridad regional”

El senador centrista Rodrigo Paz Pereira agradeció este domingo el apoyo recibido para ganar la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia y prometió volver a “abrir” el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para “salir adelante” de la crisis en que se encuentra su nación.

Luego de conocer los resultados preliminares que le dieron el triunfo en el segunda vuelta, Paz agradeció a los presidentes que le felicitaron hasta el momento y sostuvo que “Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional”, tras haber perdido “geopolíticamente y geoeconómicamente” ese espacio en las dos últimas décadas.

El político sostuvo que “la nueva dimensión” que busca construir “será con las manos extendidas al interior de la patria para trabajar con todos, hombres y mujeres desde el Parlamento, desde las organizaciones sociales” y otros sectores con el objetivo de “salir adelante”.

“Pero, a la vez, también hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol”, destacó Paz y agradeció el respaldo ofrecido por Estados Unidos a través del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, “para poder llevar adelante una relación estrecha con uno de los Gobiernos más importantes del ámbito mundial”.

El aún senador agradeció, además, a su rival en la segunda vuelta, el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y a su compañero de fórmula Juan Pablo Velasco, quienes reconocieron el triunfo de Paz en el balotaje, y consideró que “no es un mensaje” para Rodrigo Paz, sino “al voto nacional”.

“Porque no es Rodrigo el que gana o el que pierde, es Bolivia la que gana a través del ejercicio democrático. Por eso, en democracia, si bien pareciera en principio que unos pierden y otros ganan, hoy día Bolivia ganó”, expresó.

Paz afirmó que el “pueblo” también eligió en estos comicios a parlamentarios de otras organizaciones políticas “que han hecho parte de una gran transformación luego de 20 años” de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga, según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del organismo electoral, con el 97,86 % de las actas computadas.

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran “una tendencia” que “parece ser irreversible” y prevé concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre.

La segunda vuelta se realizó en un contexto de crisis económica reflejado en la persistente falta de dólares, escasez de combustibles y encarecimiento de productos básicos.

EFE