“Gusti me llamó el día que jugó Central y me mandó a hacer el hecho de calle Flammarión, el del primer taxista”, relató el adolescente de 15 años, del que solo conocemos sus iniciales: DMG. “Me dijeron que tenía que hacerlo en el entretiempo, cuando están todos los policías en la cancha”, continuó.

Hace dos años, los crímenes de Héctor Figueroa, taxista de 43 años; Diego Alejandro Celentano, taxista de 33 años; Marcos Daloia, colectivero de 39 años; y Bruno Bussanich, playero de estación de servicio de 25 años dejaron a Rosario paralizada. Sus asesinatos, a manos de sicarios, sumaron uno uno de los capítulos más oscuros de la guerra contra el narcotráfico.

Las declaraciones se conocieron en el marco de una audiencia judicial, en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Pero el menor declaró mediante Cámara Gesell, fuera de la provincia de Santa Fe, en la órbita del programa nacional de protección de testigos. Desde Fiscalía explicaron que, al confirmarse que era un menor no punible al momento de los hechos, DMG pasó a ser un testigo para la causa. Su testimonio reconstruye al detalle cómo se gestaron los crímenes de los cuatro trabajadores. Él mató a tres.  

 El relato es cronológico. Cuenta que a través de su cuñado conoció a un joven de 16 años que les presentó a quienes le encomendaron el hecho: Macarena Muñoz, de 29 años, y su pareja, Gustavo Márquez, de 28. Al igual que él, otros dos menores fueron reclutados para cometer el crimen: uno de 16 y otro de 15 años. 

La orden era matar a alguien. Entonces, ese martes 5 de marzo urdieron un plan: tomarse un taxi, esperarlo en un destino determinado, disparar. “Cuando llegó el taxi me acerqué a la calle y le tiré al tachero como me dijeron”, recordó. Uno de los disparos rozó en la panza del pasajero, que era uno de los dos menores reclutados. Mientras huía, perdió una zapatilla. Por el hecho, cobraron 300 mil pesos. La víctima, Héctor Figueroa, taxista de 43 años.

Al día siguiente usaron la misma estrategia. También en la huida, uno perdió una zapatilla. Dos taxistas asesinados de forma consecutiva bajo una misma modalidad, con dos zapatillas en la escena del crimen. Los investigadores comenzaban a preguntarse si eso significaba algo y las crónicas policiales enfatizaban el detalle. En su declaración, DMG contó que se reían de esa casualidad: el dinero que cobraron por ese asesinato se fue la tarde siguiente en zapatillas. 

Durante la audiencia, DMG brindó los detalles que lo llevaron a cometer aquel hecho. Contó que esa semana se movía en una moto prestada que sería de Márquez, y que el viernes del temporal un control policial intentó detenerlo en zona sur. Para evitarlo tiró la moto y corrió por los pasillos de barrio Tablada. Al día siguiente sonó su celular. “Ya sabemos cómo vas a pagar la moto”, le dijeron. Un Uber lo trasladó desde el sur rosarino hasta una casa del barrio Santa Lucía, al oeste de la ciudad. Allí lo esperaba Axel Uriel Rodríguez, que pagó el viaje. Le dieron una Taurus 9 milímetros y una nota amenazante para dejar en la escena del crimen. Una persona lo transportó en un Fiat Duna a la estación. En el baúl viajaban unos bidones de combustible. El joven dijo que en el lugar dudó.  

“Me bajé, caminé y me quedé pensando un ratito si hacía o no el hecho. Estaban cargando gasoil. Pensé que podía explotar todo. La nota se me cayó cuando saqué el arma. Fui, tiré y me volví al auto”, relató. A unas diez cuadras de la estación prendieron fuego el Fiat Duna. Luego, DMG caminó hasta la casa de Rodríguez, donde le dijeron que se saque la ropa y la quemaron. Ahí cargó un rato el celular hasta que lo llevaron a una casa abandonada. Le dijeron que se guarde unos días, hasta que la espuma baje.

Según el fiscal Patricio Saldutti, las primeras averiguaciones derivaron en allanamientos que permitieron avanzar en la investigación. Pero la difusión del video del asesinato a sangre fría del playero Bruno Busanich aceleró el proceso. El gobierno santafesino le puso precio: $10 millones para quien aporte alguna información. Lo capturaron un mes después. 

Ciudad en trauma

La saga de crímenes que conmocionó a Rosario, donde mataron a cinco trabajadores en cuatro días, comenzó el 5 de marzo de 2024. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad provincial identifican otro hecho como antecedente directo: el sábado previo, dos colectivos del servicio penitenciario provincial salieron de la cárcel de Piñero con destino a Santa Fe, cuando un auto se puso a la par y disparó nueve veces. Adentro viajaban guardiacárceles, quienes sufrieron heridas leves. El auto huyó del lugar y dejó una nota amenazante, dirigida al gobierno.   

Para ese entonces, el gobernador Maximiliano Pullaro llevaba apenas tres meses en el cargo y había ordenado restituir los pabellones de alto perfil para narcos y sicarios en la cárcel de Piñero, endureciendo las condiciones de encarcelamiento. Eso también implicó volver a armar el grupo de requisas que, según el gobierno, había sido desmantelado por la anterior gestión.  

 —¿Ahí vino la foto a lo Bukele?  

—Sí. La foto es el aseguramiento. Hoy las requisas se hacen así...  

El que habla es el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni. Para llegar a su oficina, primero un efectivo de la policía provincial debe autorizar el ingreso a la sede de Gobierno de Rosario, un edificio imponente en el corazón de la ciudad, que arrastra una carga tan grande como sus dimensiones: allí funcionó el Servicio de Inteligencia que, durante la última dictadura cívico militar, tuvo el centro clandestino de detención más grande del sur santafesino.  

Su oficina es grande y mira a la plaza San Martín. En una de las paredes, cuatro pantallas monitorean en tiempo real la cantidad de patrulleros que circulan por Rosario. Cococcioni se para, señala y dice que cuando asumieron había 19. Hoy se ven 214 puntos azules merodeando las calles rosarinas.  

—Fuimos recibiendo la información a cuentagotas. Hasta la muerte del primer taxista había dudas respecto a la motivación. El segundo crimen nos sorprendió en una reunión con legisladores en Santa Fe, justamente discutiendo reformas al código procesal penal. Les decíamos que estábamos en una situación excepcional donde en Rosario podían matar a cualquier persona. Cuando pasó lo del colectivero ya estaba claro que era algo organizado.   

Para ese entonces, desde el Ministerio se habían ordenado una serie de procedimientos de control y vigilancia, pero que no alcanzaron a prevenir la muerte de Bruno Busanich. En el vértigo de esos días un hecho pasó desapercibido: la policía provincial logró frenar un quinto ataque. Esa semana, los agentes identificaron a un joven con actitud sospechosa en inmediaciones de otra estación de servicio. Le encontraron un arma y una nota con una amenaza escrita. Tenía 16 años y quedó detenido por portación de armas.  

Para muchos sectores de la vida institucional santafesina, los crímenes fueron una respuesta del crimen organizado a la foto “a lo Bukele” difundida por el gobierno provincial, apenas unos días antes. El 5 de marzo, las redes oficiales del gobierno santafesino publicaron imágenes de una requisa en la cárcel de Piñero donde se veía a un grupo de internos con el torso desnudo, esposados y sentados en el piso, custodiados por policías portando armas largas. La modalidad replicaba la política de mano dura contra las pandillas que popularizó al presidente salvadoreño Nayib Bukele. “Cada vez la van a pasar peor”, decía el mensaje del gobierno santafesino. 

Pero en la Casa Gris (la casa de la gobernación santafesina) descartan una relación directa entre la difusión de las fotos y los ataques. Para Cococcioni, los crímenes responden a las decisiones políticas tomadas desde el inicio de la gestión: la restitución de los pabellones de alto perfil, la realización de requisas sostenidas y la limitación del régimen de visitas para los presos más peligrosos.   

 —Esto es lo que más les dolió. Tenían visitas igual que el resto y entraban changuitos de supermercados con mercaderías y objetos electrónicos. Pasaron de esas libertades a tener una visita de 30 minutos, cada 15 días, con solo dos familiares y blindex de por medio. 

El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) presentó una denuncia por casos de tortura y vejaciones contra internos de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. La denuncia remite a “prácticas de tortura” mencionadas por la población carcelaria el 2 de marzo, el mismo día en que se produjo el ataque a los micros del servicio penitenciario. Tras una investigación de seis meses, la fiscal de Violencia Institucional de Rosario, Karina Bartocci, imputó en libertad a diez agentes del servicio penitenciario por apremios ilegales. A finales de 2025, la situación llegó al Comité contra la Tortura de la ONU, donde se advirtieron “conductas objetivamente idóneas” para investigar como torturas a prácticas como “simulacros de ahogamiento en tanques de agua, o al seco con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales”.

 La conmoción generada por la saga de crímenes puso al gobierno en una encrucijada. Por lo bajo, algunas voces comenzaban a exigir un cambio de rumbo con pedidos de renuncias. Nada de eso pasó. Dos años después, en la Casa Gris no solo entienden que fue la decisión correcta, sino que decidieron profundizar: a fines de 2026 se prevé la inauguración de una cárcel de máxima seguridad en la localidad de Piñero, con capacidad para alojar 1.150 internos, con una inversión que supera los 109.000 millones de pesos. Será el primer penal para presos de alto perfil de la Argentina. El gobierno ya la bautizó: El Infierno. 

—Hubiera sido algo irreversible. Si las organizaciones criminales están desafiando al Estado y se actúa de manera timorata, puede leerse como una muestra de debilidad. Cuando se instala esa idea, después es muy difícil extirparla, señala Cococcioni

 Pese a los crímenes de marzo, el 2024 finalizó con 90 crímenes en Rosario, lo que representa una disminución del 65,5% de muertes violentas, el registro más bajo de la última década.

Cococcioni lo resume así: “Una baja del 65,5% interanual en los homicidios es difícil de explicar porque no pasó nunca en ningún lugar del mundo. Hubo una terapia de shock muy fuerte, donde se tomaron muchas medidas al mismo tiempo. No tenemos una explicación definitiva, será algo pendiente para los estudios en materia de seguridad poder explicar este fenómeno”.

Este artículo fue elaborado en el Taller de crónica de El Cuaderno Azul 2025 que coordina Alejandro Seselovsky.

—Si a mí se me hubiese ocurrido levantar la voz, esta ciudad se daba vuelta.  

En la casa no hay nadie, pero Daniela Romero habla bajito. Como si el rebote de su voz sobre las paredes pudiera alterar el descanso en paz de las cenizas de Bruno, su hijo, que reposan sobre un aparador en el living. Dice que algunos se inquietan cuando ven la urna, pero a ella ya no le importa. Tampoco que el asesinato se haya reproducido una semana entera por todos los noticieros del país, o que permanezca colgado en la web. Como arrastrando una culpa dice que quiso, pero nunca pudo terminar de verlo.  

El 9 de marzo de 2024, Bruno Busanich salió apurado de su casa, porque llegaba tarde a cubrir el turno noche en la estación de servicio Puma de Mendoza al 7600, en el oeste de la ciudad de Rosario. Hasta hace un mes, había trabajado desde su casa para un call center que ofrecía préstamos bancarios. No le gustaba. La puteada de los clientes, la soledad del home office. Quería cambiar de trabajo y la decisión se precipitó los primeros días de enero, cuando llegó un aviso de despido. Su madre creyó que se tomaría el verano para descansar, pero unas semanas después lo vio partir de casa con su uniforme de playero. En la mochila le puso un termo con café y dos bananas, para que comiera cuando no lo vieran los jefes. Con el tiempo reconstruirá esa imagen en su memoria: es la última que tiene de él con vida.  

Aquel sábado fue la segunda noche consecutiva de Bruno cubriendo la franja que va de las diez de la noche a las seis de la mañana. La estación de servicio está prácticamente debajo de Circunvalación, la autopista en altura que bordea a Rosario. El frente mira a calle Mendoza, iluminada y siempre transitada por ambas manos; un espasmo de continuación de lo urbano, como si la ciudad hubiese estornudado unas cuadras más allá de sus fronteras. Pero sus inmediaciones no. El alrededor es barrio. Es techo de chapa, es música fuerte, es parrillero en la vereda y cartel de chori por mil quinientos pesos. Durante la noche andan pocos.

Una muerte en loop

El video se estructura en tres planos, tomados por distintas cámaras de seguridad, que en simultáneo reconstruyen la secuencia. 

23 horas, 41 minutos, 55 segundos. La cámara 16, que está adentro del cubículo, muestra a Bruno parado, se lo escucha silbar mientras maniobra algo con sus manos. En el lugar no entra una silla.   

23 horas, 42 minutos, 01 segundo. La cámara 13, que registra las afueras de la estación, detecta movimiento del otro lado de la calle. De entre dos autos sale alguien que camina con las manos metidas en un buzo canguro. Va encapuchado, con media cara cubierta.  

23 horas, 42 minutos, 06 segundos. La cámara 5, que toma al cubículo desde afuera, es la primera que pone a los dos en la misma escena. Bruno sigue parado con la cabeza gacha, mientras la otra persona se acerca a paso sigiloso. Cuando llega a la vereda de la estación, acelera con un sprint final: uno, dos, tres pasos y desenfunda.   

23 horas, 42 minutos, 08 segundos. El cuadro final. Desde adentro, la cámara 16 muestra dos movimientos en uno: un revólver que sale, un papel que se cae. Bruno lo ve cuando lo tiene encima, pero ya es tarde. Los tres disparos retumban en el cuarto. El cuerpo de Bruno queda tendido en el piso, blureado bajo un alerta de imágenes sensibles.

Toda la escena dura 46 segundos, pero ocupó horas de aire en los canales de televisión. Durante semanas, las imágenes también circulan por celulares y redes sociales. Tres planos, tres pasos, tres disparos, miles de reproducciones. Un asesinato que se repite todo el tiempo. Una muerte en loop. La muerte del playero ejecutado por el narco rosarino. 

Dos días después, el móvil de La Nación+ recorre el barrio del asesinato. El medio es porteño, pero la noticia está acá. El título es narcoterrorismo en Rosario. El periodista busca hablar con los vecinos en una zona oscura, alumbrada apenas por el foco de la cámara. En esa búsqueda, un hombre irrumpe en la escena sin pedir permiso. Agarra el micrófono y deja un mensaje: pide que dejen de pasar el video donde asesinaron a su sobrino. El tío paterno de Bruno no vive cerca, pero llegó hasta el lugar a transmitir el mensaje. Desde el estudio, impostando solemnidad, se comprometen con el pedido.  

Al igual que el video, también se filtrará a la prensa el papel tirado en el suelo durante el asesinato. Tiene un mensaje: dice que la guerra no es por el territorio, sino contra la política carcelaria del nuevo gobierno que limitó visitas y aisló a los presos de alto perfil. También deja una advertencia: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”. Las cifras refieren a 2023, cuando Rosario cerró el año con una tasa de homicidios cinco veces mayor que el promedio del país. La nota está firmada: zona norte, zona sur y zona oeste unidos.  

La muerte de Bruno coronó una saga de crímenes que conmocionó a Rosario. Comenzó el martes 5 de marzo, cuando Héctor Raúl Figueroa manejaba su taxi por las calles del barrio Las Delicias, en el sur de la ciudad. Ni bien llegó a destino con su pasajero a bordo una persona se paró frente al Fiat Cronos y disparó. El conductor recibió nueve balazos y murió en el instante. Tenía 43 años, dos hijos y una esposa, también taxista. Se casaban en dos días. Los vecinos del lugar vieron al pasajero huyendo junto al asesino. En la escena del crimen quedó una zapatilla blanca como prueba. 

Al día siguiente, Diego Alejandro Celentano, de 32 años, fue atacado en el barrio Saladillo, cerca del Parque Regional Sur. También era taxista, también fue a eso de las once de la noche, también fue una emboscada, también el pasajero huyó corriendo, también quedó una zapatilla en el lugar. Las vainas encontradas en los dos asesinatos pertenecían a la Policía de Santa Fe.  

Dos taxistas muertos en dos días, cuatro en los primeros siete días del mes. El gremio tachero se declaró en estado de alerta y cortó el servicio esa misma madrugada. Por la tarde del jueves concentraron frente al Concejo Municipal de Rosario, donde la plana política local se preparaba para dar inicio al año legislativo. No pudo ser. Los trabajadores pedían ser recibidos, pero solo les abrían la puerta a los concejales, asesores, dirigentes y funcionarios que llegaban vestidos de gala para la ocasión. Los ánimos estaban caldeados y quisieron tirar la puerta abajo. Los concejales que buscaron calmar las aguas enardecieron aún más el reclamo. Iban unos pocos meses del gobierno de Javier Milei y la idea de “casta” estaba más vigente que nunca. Se oyó un grito de guerra: que se vayan todos.

El acto de inauguración quedó suspendido, pero el día no terminaba. A las siete de la tarde, un pasajero encapuchado frenó la línea K en México y Mendoza. Cuando se abrió la puerta, disparó contra el conductor. Marcos Daloia, de 39 años, llegó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con dos heridas de armas de fuego en la cabeza. Murió cinco días después. En el lugar de los hechos también encontraron una nota amenazante. 

Fueron cuatro asesinatos en cinco días. Todos trabajadores de servicios esenciales: dos taxistas, un colectivero, un playero. Por eso, el lunes siguiente a la muerte de Bruno la ciudad funcionó como un feriado: las escuelas no abrieron, los recolectores de residuos no pasaron, taxistas y colectiveros limitaron su actividad, las estaciones no cargaron nafta de noche, los centros de salud cerraron, los hospitales públicos hicieron guardias mínimas. Los fiscales hablaban de una nueva modalidad delictiva en la ciudad. Muertes al azar, muertes al voleo. Los medios nacionales informaban desde Rosario, porque la noticia está acá y parecía que le podía tocar a cualquiera. 

Daniela

La casa de Daniela está en el último barrio del oeste rosarino, a unas pocas cuadras del Estadio Mundialista de Hockey. Dieciséis años atrás, en esa misma barriada, Las Leonas conquistaron su segundo mundial, capitaneadas por quien le da nombre al estadio: Luciana Aymar. El lugar es una suerte de zona en disputa, entre las franquicias que responden al capo narco Esteban Lindor Alvarado y a Guille Cantero, el líder de la banda de Los Monos. El primero está detenido en Ezeiza, sentenciado a 15 años de prisión. El segundo, acumula condenas por 113 años, que cumple en el penal de Marcos Paz. Sin embargo, en los últimos meses las fronteras del mapa del delito parecen más desdibujadas.

Daniela vive en una esquina. Cuenta que algunas cuadras a la redonda, la cosa está tranquila, pero que más al norte se pone bravo. Tiene el vidrio de su puerta roto, pero cree que solo es una maldad de los pibitos que corretean por el barrio. “Ni ganas de gastar plata en eso ahora”, dice justificando la postergación del arreglo. Señala que desde que no está Bruno, la casa se vino abajo. Las paredes descascaradas por la humedad, una puerta que rechina, el televisor, el lavarropas y la heladera que dejaron de funcionar. “Capaz es una señal de que me tengo que ir”, suspira.  

La noche que mataron a Bruno estaba mirando la tele. Intuyó un mal augurio cuando sonó el teléfono fijo, ya nadie llama por el teléfono fijo. Primero, una voz joven que se presentó como un compañero de trabajo, le dijo que vaya a la estación, que le había pasado algo a su hijo. Pensó que era una broma. Cuando le pasaron con una mujer que se presentó como la encargada creyó un poco más. Nadie le decía qué había pasado. Era un sábado a la madrugada y no tenía en qué ir. Le tocó la puerta a su vecino, pero no estaba. Entonces, golpeó en la casa siguiente: el hombre ya sabía que habían matado a un playero, en una estación de servicio. La noticia viajaba por los celulares con emojis de alerta.  

—Yo no grité, no pataleé, no me enloquecí, no quise matar a nadie. Estaba como en otro mundo. Me quedé tiesa. Sentada. Me acerqué hasta donde me dejaron. Pero ya no había más nada por hacer. 

En el aparador hay varias fotos de Bruno. En todas se lo ve sonriente y con los ojos achinados. La mira y, con ojos de madre, lo describe como un buen hijo, un buen hermano, un buen nieto, un buen ahijado, un buen novio, un buen amigo y un buen compañero. Recuerda, también, que en su graduación de quinto año lo coronaron “Mister Risa”.

Daniela reconoce que la difusión del video de la muerte de Bruno le hizo mal a toda su familia. A ella también, pero hoy se inclina por la positiva: piensa que, quizás, pueda servir para tener presente lo que le pasó a un chico que estaba trabajando y que lo mataron de la nada. Sí le molesta que en los medios lo recuerden como el playero. “Era una persona. Era mucho más que su trabajo”, sostiene.

Durante la charla se muestra entera. Solo se levanta a buscar un pañuelo cuando recuerda la escena. Pero no llora, ni se le entrecorta la voz. Apenas los ojos rojos humedecidos, que contrastan con su tez morena. En un respiro, toma un mate dulce y se recoge los pelos negros y largos que le cuelgan sobre la cara. Y suelta:  

—Todas las muertes tenían mensajes para el gobernador. Lo que no entiendo es cómo nadie previó que esto podía pasar. No es algo partidario contra nadie. Diría lo mismo de cualquier gobernador, del partido que sea. 

Los familiares y amigos de los trabajadores asesinados al azar esa primera semana de marzo de 2024, decidieron mantener el perfil bajo. Casi no hubo diálogo con la prensa, mucho menos una marcha en reclamo de Justicia. Dice que esquiva dar notas, porque le ganan el dolor y la bronca. Algunos coincidieron en la audiencia imputativa: el asesino de Bruno también ejecutó a otras tres de las cuatro víctimas de esa semana. Tenía 15 años.  

 —En ese momento había otra mirada de la situación. Nos vendieron que eran las superbandas narcos y terminaron siendo chicos menores de edad. Nosotros somos personas calmas y lógicamente había miedo. Por nuestras familias, por los que quedaban. 

 Cada tanto, Daniela rememora algunas discusiones con su hijo. Discutían por política. Bruno era un seguidor de Javier Milei desde que era un fenómeno de redes sociales. Fiscalizó para La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales y el 10 de diciembre de 2023 viajó al acto de asunción. Su madre piensa distinto. Se acuerda de un almuerzo, cuando en el noticiero hablaban de un proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Ella se indignó, pero su hijo le retrucó: “Cuando a vos te pase vas a ver”. A ella ahora le pasó, pero asegura que sigue pensando lo mismo. A finales de febrero, el Senado sancionó la Ley Penal Juvenil que el gobierno incorporó en el temario de sesiones extraordinarias. La iniciativa establece la imputabilidad desde los 14 años. 

 Dos años después, Daniela casi no sale de su casa. No sabe si la ciudad está más segura, pero sí cree que se habla menos del tema. Dice que se ven más policías, pero también cree que eso tendría que haber pasado antes. Casos como el de Bruno no se vieron más. Antes las bandas se enfrentaban entre ellas, pero a su hijo lo mataron para enviar un mensaje. 

 —Yo no considero que Rosario fuera la culpable de lo que pasó. Todos los medios venían a hablar mal de Rosario, pero a mí no me gusta que digan esas cosas de la ciudad donde vivo. En ese momento, si a mí se me hubiese ocurrido levantar la voz esta ciudad se daba vuelta. Yo no quería hacer una marcha, ni involucrar a la ciudad en eso. Además, también era peligroso para nosotros.  

 De aquellas jornadas frenéticas de marzo de 2024, aún conserva la tristeza y el enojo por la muerte absurda, sin sentido. La vida que se apaga de un momento para otro, silbando una canción en un cubículo de una playa de estacionamiento. 

 —Como madre, una siempre está preocupada porque le pueda pasar algo a su hijo, pero nunca imaginé esto. No fue un robo, no le sacaron nada, no chocó con el auto. Solo estaba trabajando. Eso es lo que más bronca me da.  

Este artículo fue elaborado en el Taller de crónica de El Cuaderno Azul 2025 que coordina Alejandro Seselovsky.