Este viernes el presidente Javier Milei tuvo una agenda de alto impacto en la Casa Rosada: recibió al millonario inglés Maurice Ostro, que busca apalancar el Súper RIGI, también al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y un nutrido grupo de legisladores republicanos, y cerró la mañana con los representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), la entidad que agrupa a los laboratorios multinacionales con operaciones en la Argentina. La reunión, encabezada por su titular Gastón Domingues Caetano, ocurre mientras el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) está sin fecha para ir al recinto en la Cámara de Diputados: tiene dictamen favorable de comisión, pero el oficialismo no logra cerrar cuándo lo lleva al recinto.

La visita de CAEMe no fue un trámite de cortesía. La cámara sostuvo durante todo el debate la misma posición: que el PCT se vote sin modificaciones, tal como llegó del Senado con media sanción de 1998. Esa postura choca con el giro que el propio Gobierno aceptó hace pocos días: incorporar una reserva al Capítulo II del tratado, una concesión a los laboratorios nacionales nucleados en CILFA que las multinacionales rechazaron desde el primer momento. La reunión de hoy sucedió en ese contexto de fuerte presión de un acuerdo que involucra negociados por unos US$3,3 mil millones.

Como señal de distención, la CAEMe anunció ante Milei un compromiso de inversión de US$8.000 millones en investigación clínica para los próximos seis años. Del encuentro participaron los gerentes generales de MSD, Roche, Bristol Myers Squibb, Novartis, GSK, Sanofi y Pfizer, encabezados por Caetano. Junto al Presidente estuvo el ministro de Salud, Mario Lugones.

Según el comunicado de CAEMe, los laboratorios asociados se comprometen a realizar una inversión total acumulada de US$8.000 millones en investigación clínica durante los próximos seis años, en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Salud. La Argentina tiene actualmente más de 50.000 pacientes participando en 1.000 estudios clínicos; solo en 2025 se aprobaron 290 nuevos ensayos, un 8% más que el año anterior. “Este acuerdo es un hito para la salud y la ciencia en Argentina”, dijo Domingues Caetano en el comunicado. “No solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo.”

El cambio en el PCT

Más allá de las fotos y compromisos públicos, en el trasfondo de discusión está el PCT, en particular la reserva al Capítulo II que trabó todo en el Congreso semanas atrás. Ese capítulo del PCT establece un procedimiento de examen internacional preliminar y opcional para las solicitudes de patentes: permite que un solicitante pida, antes de ingresar a las fases nacionales, una opinión técnica sobre si su invención cumple con los criterios de patentabilidad. Para las multinacionales, ese mecanismo acelera y fortalece la protección internacional de sus desarrollos. Para los laboratorios nacionales, representa una amenaza: facilita que grandes corporaciones consoliden patentes en mercados como el argentino con mayor velocidad y solidez jurídica, reduciendo el margen de los genéricos.

CILFA venía reclamando que Argentina se reservara la aplicación de ese capítulo al adherirse. La cámara que agrupa a los laboratorios de capital nacional puso sobre la mesa un número concreto: si el PCT se aprueba sin esa reserva, el perjuicio para el sector podría estimarse en más de US$3.321 millones, según cálculos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). En el otro extremo, CAEMe y la AmCham —la cámara de comercio Argentina-EE.UU.— enviaron cartas a la diputada Juliana Santillán y Martín Menem oponiéndose a cualquier cambio en la letra del tratado.

Hace apenas días, el Gobierno cedió. Una fuente oficial involucrada directamente en la negociación lo confirmó a elDiarioAR sin eufemismos: “Estamos haciendo lo que los laboratorios piden”, dijo al ser consultada específicamente sobre las demandas de CILFA. El cambio aceptado —incorporar la reserva al Capítulo II— implica que el texto que vote Diputados sea distinto al que aprobó el Senado en 1998, lo que obliga a que la Cámara alta vuelva a pronunciarse. De los más de 150 países miembros del PCT, solo Uruguay tiene esa reserva adoptada, desde enero de 2025.

La cadena de presiones

El lobby farmacéutico en torno al PCT fue intenso desde el arranque. Fuentes libertarias lo describían semanas atrás como “en diez sobre diez” en una escala de intensidad. El cruce de intereses incluyó cartas enviadas a los diputados, frenadas de último momento en el Congreso y hasta una cena reservada que expuso la disputa interna entre los dos sectores de la industria.

El encuentro fue el martes 21 de abril, en la casa de una periodista. El menú fueron empanadas; el tenor, reservado. La reunión se organizó bajo la regla de Chatham House —se puede contar qué se discutió, pero no quiénes hablaron— con motivo de la visita al país de Ken Shadlen, profesor de Development Studies en la London School of Economics y experto en regímenes globales de propiedad intelectual, quien días antes había disertado en la UNSAM. Entre los comensales hubo un alto funcionario del ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, y representantes de empresas norteamericanas.

En esa cena ya quedó claro que el Gobierno no cumpliría con su promesa a Trump: el PCT no se sancionaría antes del 30 de abril, como Milei se había comprometido al firmar el acuerdo comercial bilateral. También flotó la posibilidad de que hubiera cambios en la letra del texto, algo que después se confirmó con la aceptación de la reserva al Capítulo II. La sorpresa llegó el propio 30 de abril, cuando la administración Trump retiró a la Argentina de la categoría más crítica de su Informe 301, el ranking anual de propiedad intelectual. “Hace años y años que estábamos en la Priority Watch List. Éramos parte del club de los chicos malos del mundo”, reconoció una fuente libertaria.

Por qué no avanza

El PCT tiene dictamen favorable en Diputados —el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mano derecha de Sturzenegger, fue al plenario de comisiones a defenderlo— pero no tiene fecha de sesión. En el Gobierno explican la demora por factores externos: Estados Unidos tuvo dos reveses judiciales con su propio cuadro arancelario y todavía tiene que terminar de implementar el acuerdo bilateral con la Argentina. La expectativa oficial es que a fines de junio o mediados de julio se publiquen los nuevos aranceles estadounidenses y recién entonces se despeje el horizonte para el tratado.

Desde el Congreso, la lectura tiene otro matiz. Una diputada que sigue de cerca el expediente reconoció a elDiarioAR ayer que el PCT directamente no daba para incluirlo en la sesión de la semana pasada, que tuvo como eje el debate de Zonas Frías y resultó complicada de por sí. “Tampoco podemos abrir varios conflictos a la vez”, graficó. El PCT lleva casi 30 años esperando. La visita de hoy a Casa Rosada agrega un capítulo más a esa historia.

El Gobierno acordó finalmente con las farmacéuticas y el oficialismo logró este martes en la Cámara de Diputados la firma del dictamen de mayoría del proyecto de adhesión al tratado de cooperación internacional en patentes (PCT) que Donald Trump le pidió a Javier Milei. La sesión en la Cámara baja está prevista para el 20 de mayo.

En el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General, el oficialismo y bloques aliados avalaron con 57 firmas (cinco en disidencia del PRO) la adhesión al tratado internacional de patentes con la reserva del capítulo 2, producto del exitoso lobby que ejecutaron las cámaras del sector farmacéutico local. Ese cambio significará que el PCT vuelva a debatirse en el Senado, donde obtuvo media sanción en 1998.

Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo con el argumento de que la adhesión al tratado es parte de un compromiso asumido con Estados Unidos, y que no surgen elementos beneficiosos para el país. Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un dictamen de minoría ya que estaba en desacuerdo poner en reserva el capítulo 2, lo que catalogó como una “señal totalmente negativa para nuestros socios comerciales”.

De acuerdo a CILFA y Cooperala, el capítulo II (que se mantuvo bajo reserva) desprotegía a la industria nacional de medicamentos frente a la competencia de multinacionales, especialmente de origen estadounidense, ya que les facilitaría el patentamiento en el mercado local perjudicando la producción de genéricos por parte de los laboratorios nacionales. Las cámaras de medicamentos argentinos habían anticipado un perjuicio de US$3,3 mil millones para el mercado local si se firmaba el PCT con su texto original.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes pero manteniendo el control local pleno sobre los criterios de evaluación técnica y patentamiento, del mismo modo que Uruguay. El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

El debate

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, destacó que el PCT “facilita el acceso de los investigadores, universidades, emprendedores y empresas en los mecanismos de protección internacional promoviendo mayores oportunidades de transferencia tecnológica e inserción competitiva en los mercados globales”. También la diputada libertaria Mercedes Llano defendió el proyecto: “Esta herramienta permitirá al país integrarse al comercio internacional, incentivar la innovación y generar reglas más simples para quienes invierten, producen y desarrollan conocimiento”.

Por su parte, el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, recordó que Argentina había firmado este tratado en 1970 y recién en 1998, 28 años después, logró la media sanción del Senado. Después de un intento infructuoso en el 2019 durante el Gobierno de Cambiemos para retomar la media sanción en la Cámara de Diputados (que no perdió estado parlamentario por tratarse de un tratado internacional), el Gobierno de Javier Milei se propuso completar la tarea.

“Esto está en el contexto de una política deliberada del Gobierno de integrar a la Argentina en el comercio internacional”, apuntó el funcionario del ministerio que conduce Federico Sturzenegger. Aclaró que la adhesión al tratado de cooperación no implica de modo alguno que Argentina “resigna la soberanía en materia de patentes”, “ni altera los criterios de patentabilidad locales”, y que el objetivo es “darle simplicidad a los inventores” para registrar sus invenciones.

“Va a seguir siendo el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) el que decida sobre patentamientos”, señaló Cacace. Al respecto, explicó que lo que introduce el PCT es una suerte de “mesa de entrada común” para todos los países adherentes, con un formulario único. Hasta ahora, un emprendedor o startup, si quería patentar mediante PCT tenía que asociarse a un inventor extranjero.

“Lo que le estamos dando a los inventores argentinos es que en lugar de que tengan que estar peregrinando por el mundo puedan presentar una sola solicitud en el INPI, y esa solicitud valerá para los 159 países”, remarcó el ex diputado nacional.

A su turno, Ferraro denunció que “estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido”. A su entender, al poner en reserva el capítulo II, se está “cometiendo un error” porque “va a reducir los beneficios prácticos” del sistema internacional de patentes.

Según dijo, dicho capítulo no altera “las condiciones de patentabilidad”, no condiciona “la capacidad regulatoria de la Argentina”, “no modifica criterios sustantivos para poder inscribir las patentes” y solamente busca “facilitar la presentación de solicitudes de patentes de invención”. “La adhesión parcial representaría una señal totalmente negativa para nuestros socios comerciales”, sostuvo Ferraro, que presentó su propio dictamen de minoría. “No saquemos una media sanción con una reserva del capitulo 2 que no es escalable con la República Oriental del Uruguay”, reclamó, infructuosamente.

Por su parte, Santiago Cafiero (Unión por la Patria) explicó que el rechazo del bloque peronista está “fundado principalmente en la urgencia con la que se trató este proyecto, que no tienen otra cosa que ver con el acuerdo comercial que hizo Argentina con Estados Unidos”. “Es un acuerdo que ya se cayó porque la Suprema Corte de Estados Unidos le dijo a Donald Trump que no podía negociar sobre las bases que había negociado”, apuntó.

“Ese acuerdo había sido muy celebrado por el presidente de la Nación y todos sus funcionarios. Uno de los compromisos era terminar de suscribir a este tratado de patentes. Para nosotros no es ni más ni menos que hacer pasar por el Congreso un acuerdo con Estados Unidos sin beneficios aparentes para la Argentina”, resaltó. Para el ex canciller, no se le puede exigir al Congreso que trate el acuerdo con Estados Unidos “de a pedazos porque se les cayó el acuerdo marco”.

“Hoy las universidades e investigadores no están presentando patentes. Están en la plaza reclamando por presupuesto que ustedes les chorean. Les pasaron la motosierra y se cagan de la risa como recién. Les divierte la destrucción de la capacidad científica y tecnológica de la Argentina y que las universidades se queden sin recursos”, lamentó. “Las concesiones con Estados Unidos la hicieron ustedes a titulo personal sin ningún tipo de beneficio para la Argentina”, concluyó Cafiero.

MC

Una cena reservada e informal –el menú fueron empanadas– marcó el tono de las conversaciones reservadas y con fuerte interés empresarial y diplomático que hay por el tratado de patentes conocido como PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), donde están en juego unos US$3,3 mil millones. El encuentro reunió a funcionarios del gobierno de Javier Milei, representantes de compañías de Estados Unidos y hasta un experto británico en el tema, y fue en la casa de una periodista, según pudo reconstruir elDiarioAR de dos fuentes que estuvieron en la comida.

El cónclave ocurrió el martes 21 de abril a la noche, una semana después de que se suspendiera a último momento un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados donde se iba a comenzar a discutir el PCT. El tratado es clave porque fue una promesa que Milei le hizo a Donald Trump cuando firmó el acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos a fines del año pasado, y que tuvo rúbrica final en febrero pasado. El libertario prometió que iba a ser sancionado antes del 30 de abril –es decir, el jueves pasado– pero no llegó a cumplir su palabra.

El paso en falso de Milei se debió al fuerte lobby por parte de la industria farmacéutica para que se pateé el debate y se incorporen cambios en la letra del tratado. El PCT ya tiene media sanción del Senado desde septiembre de 1998 –nunca perdió estado parlamentario porque es un acuerdo internacional– y el apuro del Gobierno para sancionarlo antes de mayo se debía a que este 30 de abril era el día en que Washington publicaba su Informe 301, el ranking anual donde clasifica a los países según el nivel de protección a la propiedad intelectual (al cierre de esta nota aún no estaba publicado).

Este miércoles, en una decisión sorpresiva para el Gobierno, EE.UU. retiró a la Argentina de la categoría más crítica en su informe de propiedad intelectual. “Hace años y años que estábamos en la Priority Watch List. Éramos parte del club de chicos malos del muundo”, admitió una fuente libertaria ayer.

“Veníamos observados hace 30 años en su reporte anual de comercio como que provocábamos distorsiones por la falta de respeto a la propiedad intelectual”, agregó el funcionario consultado. En el mundo empresarial también celebraron, aunque también remarcaron que sigue siendo un pendiente la sanción del PCT “para la innovación en general”.

En marzo pasado, también para sorpresa de los empresarios, el gobierno de Milei firmó la Resolución Conjunta 1/2026 que derogó la normativa vigente desde el año 2012 que restringía el otorgamiento de patentes farmacéuticas en Argentina. Fue otro guiño para el negocio de las multinacionales. El eslabón que falta es el del PCT.

Rosca de empanadas

Entre los comensales de la cena informal hubo, entre otros, un alto funcionario del ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, y de empresas norteamericanas. El encuentro se organizó con motivo de la visita al país de Ken Shadlen, profesor de Development Studies en la London School of Economic, experto en los regímenes globales de propiedad intelectual y quien el lunes pasado disertó en la UNSAM. Shadlen fue parte de la comida pero las fuentes consultadas por este medio evitaron precisiones ya que el encuentro se basó en la regla de Chatham House: se puede decir qué se habló, pero no quiénes hablaron.

Algo que sí quedó claro en la conversación fue que el Gobierno no iba a cumplir con la meta de la sanción del PCT para el 30 de abril. También flotó en el aire la posibilidad de que haya cambios en la letra chica del acuerdo en Diputados. Esa eventualidad fue confirmada luego a elDiarioAR por una fuente libertaria involucrada en la rosca parlamentaria y que estuvo en la comida.

Cualquier modificación en el PCT a instancia de la votación en la Cámara baja obligaría a una revisión en el Senado, una situación que impulsan los laboratorios nacionales (nucleados en la cámara CILFA) y que rechazan las multinacionales (vinculadas a la cámara farmacéutica CAEMe y a la AmCham, la cámara de comercio Argentina-EE.UU.).

La adhesión al PCT supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, pero el punto de mayor discusión es el Capítulo II, que –según los involucrados– facilitaría el evergreening, una “trampa legal” para estirar el monopolio de medicamentos viejos con retoques cosméticos. CILFA impulsa que en el texto a la adhesión haya una explícita “reserva” al Capítulo II, pero AmCham y CAEMe se niegan. Uruguay es un país que tiene esa posición ya adoptada, y fue uno de los puntos debatidos con el británico Shadlen en la cena. El Capítulo II también habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar opiniones técnicas preliminares emitidas por oficinas de patentes de primer nivel como la USPTO americana o la EPO europea.

El PCT también alcanza a las semillas y agroquímicos. El tratado impide la copia de fórmula por parte de terceros y protegería la innovación, aunque los laboratorios nacionales –así como la oposición en el Congreso– contraargumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios. Los críticos del tratado estiman que sin restricción de patentes hay un ahorro de 3.321 millones de dólares que, entienden, beneficia al Estado, las obras sociales, las prepagas y, en última instancia, a los pacientes.

“Lo importante para nosotros es que el PCT se trate. Es una exigencia del sector de innovación y las tecnológicas, no solo de las farmacéuticas. Y lo ideal sería que no haya modificaciones para que el trámite parlamentario sea mucho más ágil”, planteó uno de los voceros empresariales que estuvo en la cena reservada. 

La puja por incorporar o no cambios en el PCT se materializó días atrás con una serie de notas escritas de CILFA, AmCham y CAEMe que llegaron a los despachos de los diputados para explicitar su posicionamiento. En especial se enviaron a Martín Menem –presidente de la cámara– y a Juliana Santillán –titular de la comisión de Relaciones Exteriores–, como dio cuenta elDiarioAR el domingo pasado.

Lo que quedó flotando entre los comensales es que el PCT tiene todos los ingredientes de un conflicto que el Gobierno no termina de resolver: es una promesa diplomática con Washington, una batalla entre corporaciones con miles de millones en juego y, en el fondo, una discusión sobre quién paga los medicamentos en Argentina.

MC