Una cena reservada e informal –el menú fueron empanadas– marcó el tono de las conversaciones reservadas y con fuerte interés empresarial y diplomático que hay por el tratado de patentes conocido como PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), donde están en juego unos US$3,3 mil millones. El encuentro reunió a funcionarios del gobierno de Javier Milei, representantes de compañías de Estados Unidos y hasta un experto británico en el tema, y fue en la casa de una periodista, según pudo reconstruir elDiarioAR de dos fuentes que estuvieron en la comida.

El cónclave ocurrió el martes 21 de abril a la noche, una semana después de que se suspendiera a último momento un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados donde se iba a comenzar a discutir el PCT. El tratado es clave porque fue una promesa que Milei le hizo a Donald Trump cuando firmó el acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos a fines del año pasado, y que tuvo rúbrica final en febrero pasado. El libertario prometió que iba a ser sancionado antes del 30 de abril –es decir, el jueves pasado– pero no llegó a cumplir su palabra.

El paso en falso de Milei se debió al fuerte lobby por parte de la industria farmacéutica para que se pateé el debate y se incorporen cambios en la letra del tratado. El PCT ya tiene media sanción del Senado desde septiembre de 1998 –nunca perdió estado parlamentario porque es un acuerdo internacional– y el apuro del Gobierno para sancionarlo antes de mayo se debía a que este 30 de abril era el día en que Washington publicaba su Informe 301, el ranking anual donde clasifica a los países según el nivel de protección a la propiedad intelectual (al cierre de esta nota aún no estaba publicado).

Este miércoles, en una decisión sorpresiva para el Gobierno, EE.UU. retiró a la Argentina de la categoría más crítica en su informe de propiedad intelectual. “Hace años y años que estábamos en la Priority Watch List. Éramos parte del club de chicos malos del muundo”, admitió una fuente libertaria ayer.

“Veníamos observados hace 30 años en su reporte anual de comercio como que provocábamos distorsiones por la falta de respeto a la propiedad intelectual”, agregó el funcionario consultado. En el mundo empresarial también celebraron, aunque también remarcaron que sigue siendo un pendiente la sanción del PCT “para la innovación en general”.

En marzo pasado, también para sorpresa de los empresarios, el gobierno de Milei firmó la Resolución Conjunta 1/2026 que derogó la normativa vigente desde el año 2012 que restringía el otorgamiento de patentes farmacéuticas en Argentina. Fue otro guiño para el negocio de las multinacionales. El eslabón que falta es el del PCT.

Rosca de empanadas

Entre los comensales de la cena informal hubo, entre otros, un alto funcionario del ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, y de empresas norteamericanas. El encuentro se organizó con motivo de la visita al país de Ken Shadlen, profesor de Development Studies en la London School of Economic, experto en los regímenes globales de propiedad intelectual y quien el lunes pasado disertó en la UNSAM. Shadlen fue parte de la comida pero las fuentes consultadas por este medio evitaron precisiones ya que el encuentro se basó en la regla de Chatham House: se puede decir qué se habló, pero no quiénes hablaron.

Algo que sí quedó claro en la conversación fue que el Gobierno no iba a cumplir con la meta de la sanción del PCT para el 30 de abril. También flotó en el aire la posibilidad de que haya cambios en la letra chica del acuerdo en Diputados. Esa eventualidad fue confirmada luego a elDiarioAR por una fuente libertaria involucrada en la rosca parlamentaria y que estuvo en la comida.

Cualquier modificación en el PCT a instancia de la votación en la Cámara baja obligaría a una revisión en el Senado, una situación que impulsan los laboratorios nacionales (nucleados en la cámara CILFA) y que rechazan las multinacionales (vinculadas a la cámara farmacéutica CAEMe y a la AmCham, la cámara de comercio Argentina-EE.UU.).

La adhesión al PCT supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, pero el punto de mayor discusión es el Capítulo II, que –según los involucrados– facilitaría el evergreening, una “trampa legal” para estirar el monopolio de medicamentos viejos con retoques cosméticos. CILFA impulsa que en el texto a la adhesión haya una explícita “reserva” al Capítulo II, pero AmCham y CAEMe se niegan. Uruguay es un país que tiene esa posición ya adoptada, y fue uno de los puntos debatidos con el británico Shadlen en la cena. El Capítulo II también habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar opiniones técnicas preliminares emitidas por oficinas de patentes de primer nivel como la USPTO americana o la EPO europea.

El PCT también alcanza a las semillas y agroquímicos. El tratado impide la copia de fórmula por parte de terceros y protegería la innovación, aunque los laboratorios nacionales –así como la oposición en el Congreso– contraargumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios. Los críticos del tratado estiman que sin restricción de patentes hay un ahorro de 3.321 millones de dólares que, entienden, beneficia al Estado, las obras sociales, las prepagas y, en última instancia, a los pacientes.

“Lo importante para nosotros es que el PCT se trate. Es una exigencia del sector de innovación y las tecnológicas, no solo de las farmacéuticas. Y lo ideal sería que no haya modificaciones para que el trámite parlamentario sea mucho más ágil”, planteó uno de los voceros empresariales que estuvo en la cena reservada. 

La puja por incorporar o no cambios en el PCT se materializó días atrás con una serie de notas escritas de CILFA, AmCham y CAEMe que llegaron a los despachos de los diputados para explicitar su posicionamiento. En especial se enviaron a Martín Menem –presidente de la cámara– y a Juliana Santillán –titular de la comisión de Relaciones Exteriores–, como dio cuenta elDiarioAR el domingo pasado.

Lo que quedó flotando entre los comensales es que el PCT tiene todos los ingredientes de un conflicto que el Gobierno no termina de resolver: es una promesa diplomática con Washington, una batalla entre corporaciones con miles de millones en juego y, en el fondo, una discusión sobre quién paga los medicamentos en Argentina.

MC