Lo prometió para antes del 30 de abril

Bajo la sombra de los Menem de 1998, Milei no consigue darle a Trump un multimillonario tratado de patentes

“Éste es el progreso más grande realizado en materia de cooperación internacional en el campo de patentes desde el Convenio de París de 1833. En pocas palabras, se refiere a un tratado que hace a la cooperación internacional en materia de aprobación de patentes de invención”. Era la noche del 16 de septiembre de 1998 cuando el senador Eduardo Menem impulsaba la aprobación de un Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en la Cámara alta. La votación finalmente fue favorable y unió al peronismo con la UCR –encabezada en el Senado por José Genoud–, y así el gobierno del entonces presidente Carlos Menem rindió tributo a su obsecuencia con Estados Unidos. 

Casi 30 años después, la sanción definitiva del tratado sigue pendiente, en medio de fuertes presiones e intereses sectoriales. Ahora otro Menem –Martín, presidente de la Cámara de Diputados y sobrino de aquel Eduardo– busca darle a Javier Milei –también alineado automáticamente a Washington– el tan ansiado PCT. Pero la discusión está al rojo vivo y en los últimos días escaló en un cruce de cartas e involucramiento de organizaciones de empresas norteamericanas y farmacéuticas nacionales, según pudo reconstruir elDiarioAR. En el aire del debate hay un reclamo por más de US$3,3 mil millones en juego.

El calendario en los despachos de Menem, Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tienen un círculo rojo en el próximo miércoles 30 de abril. Es el deadline en el que Estados Unidos publica su Informe 301, el ranking de la Oficina del Representante Comercial (USTR) de países que no protegen adecuadamente los inventos de sus empresas. La Argentina es abonado a la “lista de vigilancia prioritaria” o “lista de chicos malos”, como planeó una fuente de la Casa Rosada. El apuro de Milei es que en el acuerdo comercial que se pactó con Trump en noviembre pasado incluía el compromiso argentino de la aprobación del PCT antes de fin de abril. Pero la coyuntura local tiene otros planes.

No hay a la vista de la semana que comienza este lunes una sesión en la Cámara de Diputados para discutir el tratado de patentes, ni siquiera un avance en la comisión de Relaciones Exteriores, que domina La Libertad Avanza y tiene el tema entre sus pendientes. La aprobación del Senado de 1998 no perdió estado parlamentario porque así corresponde con los tratados internacionales. Según dos fuentes parlamentarias consultadas por elDiarioAR, no hay registro de otro pacto multilateral que tenga semejante demora. Sin embargo, cerca de Sturzenegger la expectativa es positiva: “El PCT se va a aprobar. Sea un mes más tarde o temprano, se va a aprobar”. Otra versión indica que el Gobierno ya no tiene apuro porque el acuerdo Trump-Milei quedó en el aire desde que la Corte Suprema de EE.UU. anuló la mayor parte de los aranceles del republicano, el septiembre pasado.

La guerra de las cartas

Ese “mes más tarde” es la ventana que logró abrir el lobby de los laboratorios nacionales (CILFA), que en el 13 de abril envió a la Cámara de Diputados un mail con argumentos técnicos para patear el debate. En un texto firmado por su director ejecutivo, Eduardo Franciosi, y su gerente de Asuntos Jurídicos y de la Propiedad Intelectual, Mariano Genovesi, la cámara pidió que Argentina adhiera al PCT, pero con una “reserva” en el Capítulo II. Sostienen que ese capítulo –el corazón del examen internacional de patentes– facilitaría el evergreening, la trampa legal para estirar el monopolio de medicamentos viejos con retoques cosméticos.

El Capítulo II habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar opiniones técnicas preliminares emitidas por oficinas de patentes de primer nivel como la USPTO americana o la EPO europea. De los 158 países que integran el PCT, solo Uruguay formuló esa reserva al momento de adherirse, en enero de 2025. Pero la evaluación libertaria es que, a esta altura, la reserva tiene más valor simbólico que sustantivo y como la media sanción del Senado de 1998 no la incorporó, incluirla ahora sería complejo. La propuesta de CILFA, entonces, exigiría devolver el proyecto al Senado, lo que postergaría todo.

“El Capítulo II del PCT establece la posibilidad de que los solicitantes peticionen la realización un examen preliminar internacional. Este examen constituye una opinión sobre la patentabilidad de la supuesta invención. Existen razones suficientes para justificar la decisión de Argentina de obligarse únicamente al Capítulo I del PCT, haciendo uso de la reserva respecto del Capítulo II prevista en el art. 64 1 a) del PCT, pues reduce el impacto sobre la capacidad de aplicar criterios de patentabilidad orientados a evitar el evergreening, ya que limita el peso de los informes internacionales en la evaluación nacional y, en consecuencia, las restricciones a la competencia que se derivarán de la expansión del número de patentes de evergreening”, se lee en el texto de CILFA.

Según la cámara de laboratorios farmacéuticos nacionales, los consumidores –las obras sociales, las prepagas y, en última instancia, a los pacientes– se ahorran un total de 3.321 millones de dólares por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares, según un estudio para 2025 de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Ese ahorro, argumentan, beneficia al Estado.

En la otra vereda, la presión también es fuerte. La U.S. Chamber of Commerce (USABC) le escribió a Martín Menem una nota pidiendo que se apruebe el texto “tal como vino del Senado” en 1998. La misiva del 22 de abril argumenta “innovación, inversión, acceso a terapias, y el aislamiento de Argentina como único país del G20 fuera del PCT”. 

Hubo también tres documentos más. El 16 de abril la Universidad Austral hizo un informe técnico donde intentó rebatir “cinco mitos” que circulan en el debate parlamentario: que la reserva es práctica habitual (dice que todos los que la tuvieron la retiraron), que no afecta a solicitantes argentinos (contraargumenta que les genera costos adicionales), que los compromisos internacionales son solo formales (afirma que el acuerdo Mercosur-UE es de obligaciones concretas), que hay un problema jurídico con la enmienda de 2001 (dice que ya está resuelto), y que la adhesión colapsaría al INPI (da un argumento a favor de implementarla bien, no de no hacerla). Defiende la adhesión plena como la opción técnicamente correcta y como la que beneficia al tejido productivo local: PyMEs, universidades, CONICET, inventores individuales. 

El 20 de abril la cámara de multinacionales farmacéuticas (CAEMe), a través de Carlos Escobar Herrán, su director ejecutivo, envió una carta a la Cámara baja donde describe al Capítulo II como una herramienta que beneficia a los solicitantes para mejorar sus solicitudes antes de entrar en fase nacional. Señala explícitamente el doble estándar: hay empresas argentinas que usan el PCT desde el exterior para proteger sus inventos mientras se oponen a la adhesión local, un argumento ya usado por el Gobierno. 

Y el 22 de abril pasado también hubo una misiva de AmCham, la cámara de comercio argentina-estadounidense, firmada por su CEO, Alejandro Diaz, y enviada directamente a la diputada libertaria Juliana Santillán, titular de la comisión de Relaciones Exteriores. El texto –conocido apenas una semana después de la presencia de Milei en el foro de AmCham– defiende la adhesión plena con Capítulo II, advierte que excluirlo perjudica a los solicitantes nacionales, y señala sobre la falta de adhesión al Capítulo II: “Puede ser interpretado como de no cumplimiento pleno, por la importancia al establecer reglas internacionales que protejan los derechos de la propiedad intelectual”. Usa un tono más diplomático que el USABC pero en la misma línea.

Hace dos semanas Menem tenía “todo listo” en Diputados para que avance el tratado. Se había agendado una reunión de comisiones que a última hora se levantó. Según trascendió, hubo un pedido especial de Cancillería, que maneja Pablo Quirno, para suspender el debate y demorarlo sin horizonte. “Es un tema de Cancillería que tiene que avisar cuando lo tenga cerrado”, dijo una fuente anónima consultada entonces por la agencia NA.

En los últimos días un grupo de legisladores de distintos colores políticos viajó a Washington, justamente invitados por AmCham (la semana anterior otro grupo había ido a Boston vía la Red de Acción Política). Aceptaron el convite miembros de la comisión de RREE, que conduce Santillán. “Son viajes de lobby full”, comentó un diputado nacional de la comisión que no se subió al avión. El rumor que circula en los pasillos parlmentarios es que el Gobierno estaría evaluando la posibilidad de aceptar cambios en el acuerdo, lo que obligaría a que vuelva a discutirse en el Senado. Así, podría darse otra vez la votación en la Cámara alta que un Menem –Eduardo, no Martín– encabezó aquel 16 de septiembre de 1998.

MC