Lobby farmacéutico, presión de EE.UU. y miles de millones en juego: la pelea detrás del tratado de patentes que apura Milei

La Cámara de Diputados desactivó a última hora este lunes, sin nueva fecha, el plenario de comisiones que debía debatir este martes la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). El freno llegó en medio de una presión que en el Gobierno ya no disimulan: del uno al diez, el lobby farmacéutico está en diez, graficó una fuente libertaria al tanto de la discusión. En juego hay miles de millones de dólares.

El tratado lleva casi tres décadas esperando. El Senado lo aprobó en 1998 y la media sanción nunca llegó a votarse en Diputados –como es un tratado internacional, no pierde estado parlamentario ante cada renovación legislativa–. Pero ahora hay un reloj que corre: el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos el 5 de febrero –el ARTI– incluye el compromiso de remitirlo al Congreso antes del 30 de abril. Y el 30 de abril no es una fecha cualquiera. Es el día en que Washington publica su Informe 301, el ranking anual donde clasifica a los países según el nivel de protección a la propiedad intelectual. “Hace años y años estamos en la Priority Watch List”, admitió la misma fuente oficial, que tradujo sin eufemismos: “Es la categoría de los chicos malos del mundo”. Las conversaciones con Estados Unidos sobre la implementación del acuerdo son permanentes, agregó, y eso incluye también los compromisos recíprocos de la contraparte.

En la práctica, la adhesión supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, con impacto directo en la industria farmacéutica por los costos de investigación y desarrollo. También alcanza a las semillas y agroquímicos. La medida impide la copia de fórmula por parte de terceros y protegería la innovación, aunque los laboratorios nacionales –así como la oposición– contraargumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios.

Qué hay en juego

El PCT no es un tratado exclusivamente farmacéutico –abarca todo tipo de patentes– pero es en esa industria donde el choque de intereses es más concreto y más visible. La cámara CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentino), que agrupa a los laboratorios nacionales, puso sobre la mesa los números que justifican su resistencia: los ahorros generados por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares fueron estimados por por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en US$2.214 millones anuales a precios de septiembre de 2024, y si se suman los ahorros por nuevos lanzamientos o moléculas no incluidas en ese estudio, la cifra puede estimarse en 3.321 millones de dólares para 2025. Ese ahorro, argumentan, beneficia al Estado, las obras sociales, las prepagas y, en última instancia, a los pacientes.

Para ilustrar el argumento, CILFA apela a casos concretos. La versión nacional del pembrolizumab –Keytruda, de MSD– se comercializa un 60,3% más barata que el original; la alternativa local de semaglutida –Ozempic y Wegovy, de Novo Nordisk– es un 63,5% más económica; y la versión argentina de nusinersen –Spinraza, de Biogen– tiene un precio un 45% menor. El caso más reciente y resonante es el de Keytruda: cuando el laboratorio Elea lanzó su biosimilar, Merck terminó ofertando un 49% menos que su cotización anterior en una licitación estatal. 

Del otro lado, las multinacionales argumentan que sin protección de patentes no hay incentivo para investigar. Y el Gobierno sostiene que un marco jurídico más predecible es condición necesaria para atraer inversión en I+D, justo un área que el propio Estado dejó de financiar.

El nudo: el Capítulo II y la reserva de Uruguay

El principal foco de tensión no es el tratado en su conjunto sino el Capítulo II, que habilita al INPI a utilizar opiniones técnicas preliminares emitidas por oficinas de patentes de primer nivel como la USPTO americana o la EPO europea. CILFA y su par Cooperala plantearon ante los diputados que la aprobación implicaría una cesión de soberanía en materia de patentabilidad.

Desde el Gobierno reconocen que la negociación con el sector es constante. Pero agregan un dato que complica el argumento: el INPI ya usa esos dictámenes hoy, sin estar adherido al tratado. Son opiniones no vinculantes ahora y seguirían siéndolo con el PCT. La situación práctica, sostienen, no cambiaría demasiado.

Lo que sí aclaran es que el margen de maniobra es estrecho. De los 158 países que integran el PCT, solo Uruguay formuló esa reserva al momento de adherirse, en enero de 2025. Y precisamente porque Uruguay la tiene, los laboratorios argentinos la reclaman ahora. Pero la evaluación oficial es que, a esta altura, la reserva tiene más valor simbólico que sustantivo. Y hay un problema adicional de orden jurídico: como la media sanción del Senado de 1998 no la incorporó, incluirla ahora sería complejo.

La propia CILFA, al pronunciarse sobre la derogación de las pautas de patentabilidad de 2012, dejó una señal de pragmatismo: reconoció y valoró la decisión del Gobierno de excluir la protección de datos de prueba y la extensión de plazos de patentes del ARTI, señalando que esas exclusiones contribuyen a mantener un ecosistema farmacéutico procompetitivo. En otras palabras: el sector sabe que el PCT es probable, y negocia los límites del daño.

Treinta años de demora

El PCT tiene 158 Estados Parte y es el mecanismo estándar para la protección internacional de invenciones. Argentina es, junto con Venezuela, el único país de América Latina fuera del sistema. Brasil integra el tratado desde 1978, México desde 1995, Colombia desde 2001, Chile desde 2009 y Uruguay desde enero de este año.

El Gobierno defiende la adhesión con datos de la propia OMPI: el CONICET y la red universitaria concentran el 26,9% de las solicitudes de patentes de origen argentino bajo el sistema PCT –una de las proporciones más altas de América Latina– y empresas como Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andromaco ya presentan solicitudes desde oficinas receptoras en el exterior porque Argentina no tiene oficina propia. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, lo resumió ante los legisladores: “Hoy, un emprendedor o una universidad que quiere proteger su invención en el mundo tiene que hacerlo a través de Perú o Ginebra porque Argentina no tiene oficina receptora propia”, según consignó La Nación. 

Este martes iba a reunirse un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General, pero se pospuso por la presión subterránea de los laboratorios. En concreto, Cacace está de viaje en EE.UU. En el oficialismo no saben ahora cuándo será la fecha de reprogramación, pero para el Gobierno se agota el reloj de arena. 

MC