Funcionarios de Milei irán a la Cámara de Diputados a defender el proyecto de Súper RIGI

“¿Va a ir Peter Thiel a la comisión a hablar sobre el Súper RIGI?”, preguntó elDiarioAR a miembro de La Libertad Avanza que está en las principales conversaciones parlamentarias y la respuesta fue de sorpresa: “¡No tengo idea quién es! Jaja”.

La contestación que transmitió la voz legislativa revela el clima en la Cámara de Diputados a partir del proyecto estrella que el gobierno de Javier Milei envió en los últimos días para atraer inversiones tecnológicas de al menos US$1.000 millones de dólares, con amplios beneficios fiscales. La iniciativa comenzará a rodar la semana próxima en un plenario de comisiones y ya el oficialismo está armando la agenda de funcionarios del Ejecutivo para exponer al respecto. Pero la presencia del tecnomagnate dueño de Palantir –que vive en Buenos Aires desde hace unas semanas– no aparece en los planes de los libertarios. Thiel puede ir a jugar al ajedrez a un club de barrio, pero difícil que se exponga ante los legisladores.

El Gobierno busca acelerar el Súper RIGI para antes del Mundial –como anticipó temprano elDiarioAR este jueves– pero el calendario apenas prevé un primer paso formal para la semana próxima. Se está organizando una audiencia informativa con funcionarios nacionales para tantear el terreno, según confirmaron a este medio fuentes parlamentarias. No están los nombres aún, pero estarían vinculados al Ministerio de Economía, de Luis Caputo, y específicamente a las áreas de Industria e Innovación, a partir de la iniciativa de ley busca atraer inversiones tecnológicas. 

En ese sentido, una presencia posible como expositora es la de Daniela Verónica Ramos, actual subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento. De Economía suele ir a exponer al Congreso el secretario de Hacienda, Carlos Gumerman, quien en su momento defendió el RIGI dentro del paquete de la Ley Bases.

El plenario de comisiones estará integrado por Presupuesto –a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch–, Industria –José Luis Garrido, de la fuerza provincial de Santa Cruz, aliada al Gobierno– y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva –Martín Yeza, del PRO–. “La primera será una reunión informativa, con algunos funcionarios. Como para arrancar y ver qué onda”, alegó una de las fuentes consultadas. 

Con la agenda aún cerrada, tampoco se sabe qué expositores invitaría la oposición, pero es probable que se busque a expertos que cuestionan que el proyecto de ley beneficiaría a magnates como Thiel y empresas tecnológicas para instalar data centers y demás industrias que aún no existen en el país. La plataforma Palantir se especializa en el cruce de bases datos ciudadanos para la videovigilancia, la seguridad y la defensa, y es usada por la CIA y otras agencias de seguridad a nivel global. 

El reciente anuncio del Gobierno del “Gemelo Digital Social”, desde el ministerio de Capital Humano, generó controversias en ese sentido, al punto que hubo un pedido de informes por parte del diputado socialista Esteban Paulón, mientras el diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) presentó una acción de Hábeas Data Colectivo ante el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario. Rossi reclama al Ministerio de Capital Humano que informe cuál es el marco legal del proyecto, qué datos personales serán utilizados, qué organismos públicos y empresas participan en su desarrollo, cuáles son los mecanismos de control previstos y entre quienes se producen las transferencias o cesiones de datos personales de los 46 millones de argentinos. 

Lo que sí está claro es el contenido del proyecto del Súper RIGI que los funcionarios del Ejecutivo tendrán que defender. El texto –115 artículos, 13 capítulos, firmado por Milei, Caputo y Manuel Adorni– establece que solo pueden acceder las empresas que comprometan al menos mil millones de dólares en activos computables, con la obligación de invertir un 20% en los primeros dos años. Las actividades elegibles son las que “hoy no existen” en el país: semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital. Cada proyecto debe constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad de objeto exclusivo cuyos activos no pueden mezclarse con otros negocios.

El paquete fiscal no tiene precedentes en la historia argentina reciente. Los VPU pagarán Ganancias a una alícuota del 15% –frente al 35% del régimen general–, con dividendos al 7% los primeros cuatro años y 3,5% después. Las importaciones de bienes del plan de inversión quedan exentas de todos los tributos, y las exportaciones no pagan retenciones: cualquier restricción futura sobre ese punto será declarada “nula de nulidad absoluta”. Las contribuciones patronales de las nuevas relaciones laborales caen al 10%, menos de la mitad del mercado formal. En materia cambiaria, el esquema es escalonado: los VPU quedan progresivamente eximidos de liquidar sus exportaciones –20% al año, 40% al segundo, 100% al tercero–, desde donde los dólares son de libre disponibilidad total.

El artículo 74 fija el plazo que más llama la atención: 30 años de estabilidad normativa tributaria, aduanera, previsional y cambiaria desde la adhesión. Ninguna ley futura puede afectar a los VPU. Si sube una alícuota, el VPU la rechaza mostrando su constancia de adhesión. Y si hay un conflicto con el Estado, el proyecto lo resuelve afuera: las disputas irán a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI, a elección del inversor. La sede debe estar fuera de Argentina; ninguno de los tres árbitros puede ser argentino. No es necesario agotar ninguna instancia local previa.

Un debate que podría aparecer en la primera reunión informativa: el alcance preciso de qué constituye una “nueva actividad económica” –y por lo tanto quién puede acceder al régimen–, aunque lo definirá la reglamentación que dicte el Ejecutivo en los 90 días posteriores a la hipotética sanción de la ley. El Gobierno podrá moldear a su criterio quién califica para décadas de beneficios impositivos, cambiarios y legales. Esa delegación es la letra chica más política del texto.

Aún es temprano para el poroteo, pero en el oficialismo confían en que tendrán las firmas de los habituales aliados del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales para que avance el proyecto en comisión y luego en el recinto que las bancas que responden a los gobernadores acompañen el proyecto. “No es que hay un acuerdo de toma y daca con ellos, sino que a los gobernadores les interesa porque necesitan inversiones, si no tienen un peso”, graficó un diputado. Y cuando se lo consultó sobre el desembarco de Thiel, se limitó a acotar: “Lo que se busca es darle seguridad jurídica a los inversores”. 

MC