Amnistía Internacional alertó por un fuerte aumento de denuncias por trabas para acceder al aborto
Las consultas y denuncias vinculadas a dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo crecieron un 300 % durante 2025 en comparación con el año anterior, según un informe difundido por Amnistía Internacional, que advirtió sobre un “grave deterioro” en las condiciones de acceso a este derecho en Argentina.
El relevamiento fue presentado en la previa del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora este 28 de mayo, y señala que durante 2025 la organización recibió 406 denuncias y consultas por obstáculos para acceder al aborto, frente a las 102 registradas en 2024.
De acuerdo con el informe, los recortes en políticas de salud sexual y reproductiva, junto con la falta de insumos y el retiro del Estado nacional de programas vinculados al área desde el inicio del gobierno de Javier Milei, trasladaron el costo de acceso a las personas gestantes.
La organización sostuvo que más de la mitad de las provincias reportaron faltantes de misoprostol y que casi todas registraron problemas de abastecimiento de mifepristona, medicamentos fundamentales para garantizar abortos seguros.
Además, el documento cita datos oficiales según los cuales en 2025 hubo 191 llamados a la línea de salud sexual del Ministerio de Salud nacional relacionados con la falta de insumos.
“Cuando el acceso depende de la capacidad de respuesta de cada jurisdicción, las mujeres y personas gestantes en situación de mayor vulnerabilidad quedan más expuestas a abortos inseguros y a riesgos para su salud y su vida”, afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
El informe también advierte que en distintos centros de salud públicos se informó a pacientes que debían comprar por su cuenta la medicación necesaria para realizar la práctica. Según el relevamiento, esos tratamientos pueden costar hasta 300.000 pesos.
La organización registró incluso casos de personas que evaluaron endeudarse o pedir préstamos para acceder a una intervención que la legislación argentina garantiza de manera gratuita.
Entre las provincias más afectadas aparece Salta, donde se concentró casi la mitad de los llamados vinculados a la falta de insumos.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en Argentina a fines de 2020 y cumplió cinco años el pasado diciembre. Según los últimos datos oficiales disponibles, entre 2021 y octubre de 2023 más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el país.
En los últimos meses, distintas organizaciones feministas y de derechos humanos vienen denunciando un aumento de las barreras para acceder a la práctica, en un contexto en el que Milei expresó en reiteradas oportunidades su rechazo a la ley.
Con información de la agencia EFE
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