Granja Tres Arroyos cerró su planta en Concepción del Uruguay y hay 900 puestos de trabajo en riesgo

La crisis de la industria avícola sumó un nuevo capítulo de tensión en Concepción del Uruguay luego de que Granja Tres Arroyos anunciara el cierre por tiempo indeterminado de su planta “La China”, una decisión que deja en incertidumbre a unos 900 trabajadores y paraliza una de las principales actividades económicas de la región.

La medida fue comunicada durante la madrugada y sorprendió a los operarios cuando llegaron a cumplir sus turnos habituales: encontraron los accesos bloqueados, portones encadenados y vigilancia privada custodiando el predio.

“No nos dieron ninguna explicación formal en la puerta, está todo parado y nadie puede entrar”, relató uno de los empleados durante las asambleas espontáneas que se realizaron frente a la planta.

Tras conocerse la noticia, el Sindicato de la Alimentación y el Sindicato de la Carne declararon el estado de alerta y movilización. Luego de una reunión de urgencia con el intendente José Eduardo Lauritto, quien calificó la situación como “dramática”, trabajadores y familiares marcharon hasta el Monumento a Urquiza para reclamar la reapertura de la planta y el pago de salarios adeudados.

En un comunicado difundido este miércoles, la empresa atribuyó el cierre a los conflictos sindicales y aseguró que las medidas gremiales paralizaron las operaciones y afectaron toda la cadena productiva avícola.

Según explicó la firma, atraviesa una “delicada situación financiera” producto del cierre de mercados de exportación por la gripe aviar, la pérdida de competitividad y el deterioro económico del sector.

La compañía recordó además que debió iniciar un procedimiento preventivo de crisis, implementar retiros voluntarios y afrontar pagos salariales en cuotas.

De acuerdo con la empresa, durante los últimos meses hubo paros, trabajo a desgano y altos niveles de ausentismo que impactaron sobre la previsibilidad operativa. También denunció episodios de violencia y bloqueos contra empleados que querían continuar trabajando.

“Luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad, se resolvió avanzar con el cierre de la planta”, señaló la firma, aunque dejó abierta la posibilidad de retomar las actividades si se alcanzan acuerdos.

El conflicto, sin embargo, se arrastra desde hace meses. La mayor productora de pollos del país, que llegó a concentrar cerca del 35 % del mercado interno, enfrenta un fuerte deterioro financiero, con un pasivo superior a los $51.700 millones, cheques rechazados y deudas previsionales millonarias.

La situación repercutió directamente en toda la cadena de producción: la empresa redujo drásticamente su capacidad de faena debido a la falta de alimento balanceado y al aumento de los costos operativos.

Ahora, la expectativa está puesta en una audiencia convocada de manera “urgente e indeclinable” por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos en Paraná. Los gremios esperan que las autoridades de la empresa asistan para dar precisiones sobre el futuro de la planta y de los puestos laborales.

A comienzos de año, el gobierno provincial había intervenido para acordar un cronograma de pagos y evitar despidos, pero el esquema se desmoronó entre marzo y abril, en medio de propuestas empresariales para reducir la semana laboral que fueron rechazadas por los trabajadores.

Con información de la agencia NA