El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y organizaciones advierten sobre un “grave retroceso”
El Gobierno nacional presentó ante el Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa, identificada como expediente 186/26, fue enviada esta semana por el Poder Ejecutivo y propone eliminar de manera integral el esquema vigente desde 2022.
El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones. Entre sus fundamentos, el oficialismo plantea la necesidad de reducir “limitaciones regulatorias y económicas” y avanzar hacia una armonización normativa con otros países del MERCOSUR.
La propuesta generó el rechazo de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y entidades vinculadas a la salud pública y los derechos de consumidores, que consideran que la derogación implicaría “un grave retroceso” en materia de derecho a la información alimentaria y protección sanitaria.
Una ley que excede los sellos negros
La Ley de Etiquetado Frontal estableció la incorporación de octógonos negros en envases de alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Sin embargo, la normativa también incluyó restricciones a la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, limitaciones al uso de personajes infantiles y regulaciones sobre entornos escolares saludables.
Las organizaciones que cuestionan el proyecto sostienen que la derogación no solo eliminaría los sellos de advertencia, sino también todo el sistema de protección asociado a la alimentación saludable.
“Avanzar en ese sentido significaría quitarle a la población una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas”, señalaron entidades académicas y sanitarias en un documento difundido tras conocerse la iniciativa oficial.
Según datos citados por esas organizaciones, antes de la sanción de la ley apenas el 13% de la población lograba interpretar correctamente la información nutricional tradicional incluida en el reverso de los envases, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019.
Los estudios sobre el impacto de la norma
Distintos relevamientos elaborados tras la implementación de la ley por organismos como el Ministerio de Salud, UNICEF y FIC Argentina fueron utilizados por las organizaciones para cuestionar los argumentos del Gobierno.
Entre los datos difundidos, sostienen que el 90% de las personas considera que los sellos permiten identificar de forma rápida productos poco saludables. Además, más de la mitad de la población afirmó haber modificado su intención de compra en categorías como bebidas, yogures y galletitas luego de la aparición de los octógonos.
Otro estudio citado indicó que el etiquetado frontal permitió reducir la percepción errónea de que determinados productos ultraprocesados eran saludables. En particular, mencionaron cambios en la valoración de yogures, cereales de desayuno y jugos industrializados.
Las entidades también señalaron que el 55,9% de los consumidores utiliza “siempre o casi siempre” los sellos negros como referencia al momento de realizar compras.
La discusión sobre el MERCOSUR
Uno de los argumentos del Poder Ejecutivo para impulsar la derogación apunta a la necesidad de armonizar criterios regulatorios dentro del MERCOSUR. Sin embargo, organizaciones y especialistas sostienen que los modelos que actualmente se discuten en otros países de la región son menos exigentes que el sistema argentino.
En ese sentido, remarcaron que la legislación vigente en Argentina se basa en el Sistema de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), considerado uno de los más estrictos de la región.
Como ejemplo, mencionaron que el modelo argentino detecta exceso de azúcares en el 68% de los yogures analizados, mientras que el sistema uruguayo lo hace en el 9% y el brasileño en el 1%.
Las organizaciones académicas, sanitarias y de derechos humanos pidieron al Congreso rechazar el proyecto y sostuvieron que no existen “argumentos sanitarios ni científicos” que justifiquen la derogación de la ley.
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