Empresas de micros denuncian una deuda de $27.000 millones tras el recorte del Gobierno a los pasajes gratuítos
La decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer abrió un nuevo frente de conflicto con el sector empresario, que denunció una deuda millonaria acumulada y acusó al Estado de incumplir obligaciones judicializadas.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y establece el fin del sistema por el cual el Estado reintegraba parte del costo de los boletos gratuitos otorgados en el marco de distintas leyes de protección social.
Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) cuestionaron duramente la decisión y aseguraron que el Estado mantiene una deuda superior a los 27.000 millones de pesos con las compañías del sector. Según indicaron, el conflicto lleva más de un año en la Justicia y se agravó por la falta de pagos.
Las empresas afirmaron que el último desembolso recibido por parte del Estado corresponde a noviembre de 2024 y señalaron que, desde entonces, continuaron entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos por año sin recibir las compensaciones correspondientes.
“El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”, sostuvieron desde la entidad empresaria a través de un comunicado.
El conflicto escaló el pasado 18 de mayo, cuando un juzgado federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por 8.753 millones de pesos correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025.
La resolución del Gobierno no elimina el derecho de los pasajeros a viajar sin cargo. El beneficio continuará vigente para las personas alcanzadas por las leyes de discapacidad, trasplante y oncopediatría. Sin embargo, a partir de ahora serán las empresas las que deberán asumir esos costos sin asistencia económica estatal.
En los fundamentos de la normativa, el Ejecutivo argumentó que el esquema de subsidios había sido creado en un contexto de fuerte regulación tarifaria y que la desregulación del transporte interjurisdiccional modificó las condiciones del sistema.
Según explicó la administración de Javier Milei, el nuevo modelo de libertad tarifaria y competencia entre compañías permite a las empresas definir precios, recorridos y horarios con mayor autonomía, por lo que podrían incorporar el costo de los pasajes gratuitos dentro de su estructura operativa.
“El eventual impacto económico de la decisión se circunscribe exclusivamente a la relación financiera entre el Estado y los operadores privados”, indicó el texto oficial.
Al mismo tiempo, el Gobierno instruyó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a mantener los controles sobre las empresas para garantizar que el beneficio continúe vigente para los usuarios alcanzados por la normativa.
JIB
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