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En medio de las protestas sociales

El vicepresidente de Bolivia le apunta a Rodrigo Paz por la “intromisión” de Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, “en asuntos internos”

Protestas, manifestaciones y represión policial dominan la escena de La Paz, Bolivia, en las últimas semanas.

elDiarioAR

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Mientras Bolivia ingresó este lunes a la cuarta semana de protestas de campesinos que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, pese a los intentos fallidos del Gobierno para dialogar, el vicepresidente Edmand Lara y el opositor Evo Morales apuntaron contra el asesor personal del mandatario, Fernando Cerimedo, por “pretender influir en la agenda política nacional y opinar sobre el destino de nuestro país como si Bolivia fuera un espacio de experimentación ideológica”.

Cerimedo fue asesor de Javier Milei, de Jair Bolsonaro en Brasil y de Nasry Asfura en Honduras. De acuerdo a Lara, “las declaraciones de Fernando Cerimedo constituyen una clara intromisión en asuntos internos del Estado boliviano y reflejan una visión ajena a nuestra historia, a nuestros pueblos y a la soberanía nacional. Nadie que desprecie a los sectores populares, indígenas y trabajadores puede influir en las decisiones de un Gobierno elegido democráticamente”, remarcó el vice de Paz en un comunicado difundido en las últimas horas, mientras se suceden las manifestaciones, sobre todo en El Alto y La Paz, centro del poder político boliviano, que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.

Y agrega: “Bolivia no se gobierna desde operadores extranjeros ni desde estrategias de marketing político. Bolivia se gobierna escuchando a su pueblo, atendiendo la crisis social y defendiendo los intereses nacionales por encima de cualquier influencia externa”.

De acuerdo a Lara, “la prioridad del país debe ser el diálogo, la paz social y la solución de los problemas que vive el pueblo boliviano, no abrir espacios a discursos de confrontación, polarización y desinformación”.

Evo Morales dice que a Paz “solo le queda” militarizar Bolivia o llamar a elecciones

El exmandatario de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), sostuvo este domingo que el presidente Rodrigo Paz tiene solo “dos caminos” ante los conflictos con sectores que piden su renuncia, “militarizar” el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días, algo que pidieron los seguidores del también líder cocalero.

“A Rodrigo Paz solo le queda dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos”, escribió Morales en X.

El exgobernante consideró que la supuesta “intromisión” de EE.UU. en asuntos internos de Bolivia “a través del secretario de Estado, Marco Rubio”, y de Fernando Cerimedo, exasesor de políticos como el gobernante argentino, Javier Milei, están “llevando al fracaso” a Paz, quien, según dijo, llegó a la Presidencia de Bolivia “por accidente”.

Cerimedo le respondió en redes sociales: “Mentir sobre recursos naturales, privatizaciones que no existen, y esas estupideces, no va a servir para seguir manipulando a las masas. El cuento del imperialismo se acabó cuando tus principales socios terminan haciendo negocios 'con los gringos' y parte de tu plata esta en 'washingtons'. Ya no te cree nadie”, posteó el asesor de Paz en respuesta al exmandatario.

Evo Morales también cuestionó las convocatorias al diálogo del Gobierno frente a las denuncias penales iniciadas contra algunos dirigentes de las protestas que desde principios de mes piden la renuncia de Paz con manifestaciones callejeras en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y bloqueos de carreteras en la zona andina desde hace 19 días.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera en el centro del país que es su bastión sindical y político, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra dentro de un proceso por presunta trata agravada de personas.

El pasado 11 de mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró en rebeldía al exgobernante y emitió una nueva orden de captura en su contra porque no se presentó al inicio del juicio en el que se lo acusa por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

El juicio quedó suspendido y solo seguirá su curso cuando Morales se presente ante las autoridades judiciales o la Policía ejecute la orden de captura.

El mismo 11 de mayo, desde el altiplano partió hacia La Paz una marcha de seguidores del expresidente para unirse una semana después a las protestas de los campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) que piden la renuncia de Paz.

El Gobierno de Paz acusó a Morales de promover las protestas para “esquivar” el juicio en su contra.

Los bloqueos de carreteras cortaron principalmente la carretera estratégica entre las ciudades de La Paz y El Alto y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el interior del país, dejando desabastecidas de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno medicinal a ambas urbes.

En la víspera, el Gobierno de Paz fracasó en un nuevo intento por liberar esa ruta mediante un “corredor humanitario” que fue resistido por los manifestantes con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas, a lo que los agentes que acompañaban el convoy respondieron con gases lacrimógenos.

Máxima tensión en Bolivia

Las organizaciones que lideran las protestas, como los campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales, volvieron a marchar este lunes desde la ciudad vecina de El Alto hacia el centro de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

También hubo otras marchas que llegaron desde el sur y el norte de la ciudad, que pasaron por las calles aledañas a la plaza Murillo, el centro del poder político boliviano que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.

Grupos de manifestantes intentaron forzar su ingreso a la plaza Murillo, por lo que la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.

El dirigente minero Nelson Álvarez cuestionó que en el Parlamento esté en análisis un proyecto de ley que elimina restricciones legales vigentes desde 2020 para que el Gobierno declare un estado de excepción que le permita ampliar el despliegue de fuerzas de seguridad ante las protestas.

Los líderes ciudadanos de Santa Cruz (este), la región más poblada del país, agrupados en el Comité Cívico de ese departamento, llamaron a la población a concentrarse el martes para tomar acciones ante los bloqueos de carreteras.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, alertó que está en marcha un “golpe de Estado” e instó a la población a proveerse de víveres y a defender el derecho al “libre tránsito” en esa región, considerada el motor económico de Bolivia.

En paralelo, en La Paz también hubo bloqueos callejeros de algunos sindicatos de transportistas por la escasez de combustibles, consecuencia de los bloqueos de carreteras, mientras que un grupo de manifestantes impide el ingreso y salida de pasajeros y encomiendas en las puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto, que sirve a La Paz.

Paz estuvo este lunes en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del poder Judicial, para conmemorar los 217 años de la gesta libertaria de esa ciudad sureña, desde donde anunció la reducción de su salario y el de sus ministros a la mitad y mencionó que hará cumplir la Constitución ante las protestas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz, quien lleva poco más de seis meses en la Presidencia, mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y, desde la semana pasada, los bloqueos de carreteras se extendieron a otras regiones de Bolivia, como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en La Paz y El Alto, las más afectadas por las protestas, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a ambas ciudades, a lo que se suma el apoyo logístico y las donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El Gobierno llamó a dialogar el domingo a los sindicatos campesinos de La Paz, pero finalmente no hubo reunión, ya que en la víspera fracasó un nuevo intento de habilitar un “corredor humanitario”, que derivó en enfrentamientos entre policías y militares con los manifestantes, además de disturbios. 

Con información de agencias.

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