Milei pide derogar la ley de etiquetado frontal con un escueto proyecto y sin proponer nada a cambio
En uno de los proyectos más breves del paquete legislativo del Gobierno, Javier Milei borrar con la ley de etiquetado frontal. “Derógase la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642.”, dice el primer artículo de la norma que entró este fin de semana en el Congreso.
El segundo artículo fija la vigencia desde la publicación en el Boletín Oficial. El tercero es el “comuníquese”. Eso es todo. La ley que tardó más de un año en aprobarse —y que la industria alimentaria intentó frenar durante todo ese tiempo— quedaría eliminada sin que ningún sistema de advertencia la reemplace.
La Ley 27.642 fue sancionada el 26 de octubre de 2021 con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones en la Cámara de Diputados, después de haber obtenido media sanción del Senado en octubre de 2020. Entre una cámara y la otra pasaron casi doce meses: el tiempo que la industria alimentaria, encabezada por la COPAL —la coordinadora que agrupa a más de 14.500 empresas del sector—, necesitó para presionar sobre los diputados y dilatar el tratamiento. El presidente de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, fue explícito en ese entonces: la ley “atenta contra la productividad del sector”. La norma terminó aprobándose igual, y desde entonces obliga a estampar octógonos negros en los envases que superan los umbrales de azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales, calorías, edulcorantes y cafeína —parámetros definidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)—.
El mensaje de fundamentos que acompaña el proyecto de derogación tiene varios páginas y reproduce, casi punto por punto, los argumentos que la industria esgrimió durante años: que el modelo de perfil de nutrientes es técnicamente inconsistente, que aplica parámetros homogéneos a matrices alimentarias muy distintas, que el sistema binario de advertencias no incentiva la reformulación gradual, que genera problemas de armonización en el MERCOSUR y que carga desproporcionadamente a las pymes. Lo firma el ministro de Salud, Mario Lugones, que proviene del sector privado de la salud. Lo que no tiene el mensaje es una propuesta alternativa: si el Congreso aprueba el proyecto, los octógonos desaparecen y no hay nada que los reemplace.
La OPS desmintió en 2021 los principales argumentos técnicos que se usaban para atacar la ley —y que ahora aparecen en el texto oficial— al publicar evidencia de que el sistema de advertencias con octógonos negros es el único que logró reducir efectivamente el consumo de productos con exceso de nutrientes críticos. Chile fue el primer país de América Latina en implementar un sistema similar, en 2016, y sus resultados en reformulación de productos y cambio de conducta del consumidor son citados como referencia internacional. Uruguay, México, Perú y Colombia adoptaron sistemas equivalentes. Argentina sería el primer país de la región en dar marcha atrás.
El proyecto llega en el mismo paquete que el Súper RIGI y la ley de gestión de intereses, pero a diferencia de esos textos densos, su letra chica no está en los artículos —que son tres— sino en lo que no dice: qué información recibirán los consumidores cuando los octógonos no estén, quién definirá los nuevos parámetros nutricionales, en qué plazo y bajo qué criterios. El mensaje del Ejecutivo promete avanzar hacia “un esquema técnicamente más consistente”, pero no dice cuándo ni cómo. La derogación, en cambio, entraría en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
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