Milei se reúne con las farmacéuticas que rechazan que se cambie un tratado de patentes que está en el Congreso
Este viernes el presidente Javier Milei tenía en agenda recibir en Casa Rosada a los representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), la entidad que agrupa a los laboratorios multinacionales con operaciones en la Argentina. La reunión, encabezada por su titular Gastón Domingues Caetano, ocurre mientras el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) vuelve a quedarse sin fecha para ir al recinto en la Cámara de Diputados: tiene dictamen favorable de comisión, pero el oficialismo no logra cerrar cuándo lo lleva al recinto.
La visita de CAEMe no es un trámite de cortesía. La cámara sostuvo durante todo el debate la misma posición: que el PCT se vote sin modificaciones, tal como llegó del Senado con media sanción de 1998. Esa postura choca con el giro que el propio Gobierno aceptó hace pocos días: incorporar una reserva al Capítulo II del tratado, una concesión a los laboratorios nacionales nucleados en CILFA que las multinacionales rechazaron desde el primer momento. La reunión de hoy sucede en ese contexto de fuerte presión de un acuerdo que involucra negociados por unos US$3,3 mil millones.
El cambio que lo complicó todo
La reserva al Capítulo II fue el nudo de la discusión durante semanas. Ese capítulo del PCT establece un procedimiento de examen internacional preliminar y opcional para las solicitudes de patentes: permite que un solicitante pida, antes de ingresar a las fases nacionales, una opinión técnica sobre si su invención cumple con los criterios de patentabilidad. Para las multinacionales, ese mecanismo acelera y fortalece la protección internacional de sus desarrollos. Para los laboratorios nacionales, representa una amenaza: facilita que grandes corporaciones consoliden patentes en mercados como el argentino con mayor velocidad y solidez jurídica, reduciendo el margen de los genéricos.
CILFA venía reclamando que Argentina se reservara la aplicación de ese capítulo al adherirse. La cámara que agrupa a los laboratorios de capital nacional puso sobre la mesa un número concreto: si el PCT se aprueba sin esa reserva, el perjuicio para el sector podría estimarse en más de US$3.321 millones, según cálculos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). En el otro extremo, CAEMe y la AmCham —la cámara de comercio Argentina-EE.UU.— enviaron cartas a la diputada Juliana Santillán y Martín Menem oponiéndose a cualquier cambio en la letra del tratado.
Hace apenas días, el Gobierno cedió. Una fuente oficial involucrada directamente en la negociación lo confirmó a elDiarioAR sin eufemismos: “Estamos haciendo lo que los laboratorios piden”, dijo al ser consultada específicamente sobre las demandas de CILFA. El cambio aceptado —incorporar la reserva al Capítulo II— implica que el texto que vote Diputados sea distinto al que aprobó el Senado en 1998, lo que obliga a que la Cámara alta vuelva a pronunciarse. De los más de 150 países miembros del PCT, solo Uruguay tiene esa reserva adoptada, desde enero de 2025.
La cadena de presiones
El lobby farmacéutico en torno al PCT fue intenso desde el arranque. Fuentes libertarias lo describían semanas atrás como “en diez sobre diez” en una escala de intensidad. El cruce de intereses incluyó cartas enviadas a los diputados, frenadas de último momento en el Congreso y hasta una cena reservada que expuso la disputa interna entre los dos sectores de la industria.
El encuentro fue el martes 21 de abril, en la casa de una periodista. El menú fueron empanadas; el tenor, reservado. La reunión se organizó bajo la regla de Chatham House —se puede contar qué se discutió, pero no quiénes hablaron— con motivo de la visita al país de Ken Shadlen, profesor de Development Studies en la London School of Economics y experto en regímenes globales de propiedad intelectual, quien días antes había disertado en la UNSAM. Entre los comensales hubo un alto funcionario del ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, y representantes de empresas norteamericanas.
En esa cena ya quedó claro que el Gobierno no cumpliría con su promesa a Trump: el PCT no se sancionaría antes del 30 de abril, como Milei se había comprometido al firmar el acuerdo comercial bilateral. También flotó la posibilidad de que hubiera cambios en la letra del texto, algo que después se confirmó con la aceptación de la reserva al Capítulo II. La sorpresa llegó el propio 30 de abril, cuando la administración Trump retiró a la Argentina de la categoría más crítica de su Informe 301, el ranking anual de propiedad intelectual. “Hace años y años que estábamos en la Priority Watch List. Éramos parte del club de los chicos malos del mundo”, reconoció una fuente libertaria.
Por qué no avanza
El PCT tiene dictamen favorable en Diputados —el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mano derecha de Sturzenegger, fue al plenario de comisiones a defenderlo— pero no tiene fecha de sesión. En el Gobierno explican la demora por factores externos: Estados Unidos tuvo dos reveses judiciales con su propio cuadro arancelario y todavía tiene que terminar de implementar el acuerdo bilateral con la Argentina. La expectativa oficial es que a fines de junio o mediados de julio se publiquen los nuevos aranceles estadounidenses y recién entonces se despeje el horizonte para el tratado.
Desde el Congreso, la lectura tiene otro matiz. Una diputada que sigue de cerca el expediente reconoció a elDiarioAR ayer que el PCT directamente no daba para incluirlo en la sesión de la semana pasada, que tuvo como eje el debate de Zonas Frías y resultó complicada de por sí. “Tampoco podemos abrir varios conflictos a la vez”, graficó. El PCT lleva casi 30 años esperando. La visita de hoy a Casa Rosada agrega un capítulo más a esa historia.
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