El laberinto judicial que condena a las víctimas

El 8 de marzo de 2023, María Isabel Speratti Aquino participó de la marcha por el Día de la Mujer en Buenos Aires. Marchó por todas y marchó por ella, que desde 2021 recorría juzgados y fiscalías en Cañuelas para reclamar que el sistema judicial entendiera lo que le pasaba: su exmarido, Gabriel Alejandro Núñez, había querido estrangularla y su vida corría peligro. El juez Martín Miguel Rizzo caratuló la causa como “lesiones leves” algo que en los hechos fue un intento de femicidio. Ocho días después de esa marcha, el jueves 16 de marzo, a las 7:30 de la mañana, cuando María salía de su casa para llevar a sus hijos a la escuela, Núñez le disparó tres tiros en la cabeza. ¿En qué momento del proceso el sistema le falló a María?

Los datos muestran que la mayoría de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia no llegan a denunciar. Según la Encuesta de Prevalencia (aplicada con el apoyo de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea, en 2022) el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia por parte de su pareja actual o anterior, pero sólo una de cada cuatro buscó ayuda o denunció. De las 228 víctimas de femicidio registradas en 2024, se sabe que el 18% había realizado una denuncia previa; menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes al momento del hecho.

Durante dos años y medio, María recorrió la Fiscalía 1 de Cañuelas, el Juzgado de Paz, el Juzgado de Garantías N° 8 y la policía. Presentó denuncias, aportó lo que tenía, insistió. El juez Rizzo le prometió conseguirle un abogado de oficio porque María no tenía medios para pagar uno. Mientras tanto, su agresor contaba con representación legal. Es en esa asimetría, una mujer sola en el laberinto judicial frente a un hombre con abogado, que se condensa el verdadero problema estructural: el sistema muchas veces le falla a quienes buscan ayuda. 

Las razones para no denunciar son conocidas y fueron documentadas por ELA a lo largo de veinte años de investigación: barreras económicas y falta de patrocinio jurídico gratuito –como sucedió con María–; falta de información; sesgos de género de los operadores judiciales que minimizan los testimonios; revictimización institucional; y procesos que se extienden por años sin resolución. A esto se suma un factor que el sistema judicial no suele considerar: los daños emocionales y psicológicos profundos dificultan la denuncia inmediata. El miedo, la culpa, la vergüenza, la dependencia económica o emocional y la autoprotección psicológica retrasan o impiden que lleguen a denunciar. Los tiempos de las víctimas son, muchas veces, incomprendidos por un sistema que tiende a considerar tardías o inconsistentes las denuncias realizadas fuera del “tiempo procesal esperado”.

En estos días, mientras un Estado nacional indolente abandona a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia a su suerte, otro caso vuelve a poner en discusión cómo la justicia interpreta la violencia de género. La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver el caso de Julieta González, asesinada en Mendoza en 2016. Su crimen tuvo una primera condena por homicidio simple. Luego, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisó esa decisión y condenó a Andrés Di Césare a prisión perpetua por femicidio, al considerar que en este caso hubo violencia de género. Esa calificación fue confirmada en dos instancias provinciales.

Ahora, la Corte Suprema de la Nación debe decidir si mantiene esa interpretación o si vuelve atrás. La discusión no es menor ni técnica en un sentido abstracto. Lo que está en juego es cómo se entiende el concepto de femicidio, qué significa una relación desigual de poder y si la violencia de género sólo puede reconocerse cuando hay una relación afectiva formal o antecedentes previos reiterados o notorios.

Las decisiones judiciales no sólo resuelven casos individuales: también marcan criterios, envían señales y orientan el modo en que otros tribunales van a tratar hechos similares. Pero más aún, una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación construye sentido, aporta argumentos, refuerza acuerdos alcanzados… o los desconoce. Reconocer que no todos los asesinatos de mujeres son iguales sino que hay casos en los que se trata de un femicidio es comprender que algunas violencias ocurren en contextos de desigualdad y que no solo deben ser analizados por la justicia con herramientas adecuadas, sino que además es responsabilidad del Estado prevenirlos acompañando a las mujeres, en lugar de dejarlas solas en el laberinto de la justicia. Esa asistencia, ese acompañamiento, no estuvo allí para María Speratti, aun cuando recorrió las oficinas pidiendo ayuda. 

La presunción de inocencia

En los últimos meses, a raíz del proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Losada, que busca aumentar las penas para falsas denuncias en casos de violencia de género, volvió a instalarse una idea peligrosa: que los estándares de valoración de la prueba en casos de violencia de género habrían “invertido” la presunción de inocencia. Ese argumento es jurídicamente incorrecto. La presunción de inocencia rige en todo proceso penal porque ninguna condena puede dictarse sin prueba y se mantiene hasta que exista sentencia firme. 

El problema es la presunción de falsedad que pesa sobre las mujeres que denuncian, y que cuando ese sesgo atraviesa a los operadores judiciales, cuesta vidas. 

En marzo de 2026, el Comité CEDAW de Naciones Unidas resolvió un caso contra el Estado argentino (comunicación núm. 175/2021) que describe este problema. G.M.H. había denunciado a su agresor. Los funcionarios que intervinieron minimizaron su denuncia basándose en estereotipos que cuestionaban la veracidad de las mujeres en casos de violencia de género, priorizaron la versión del agresor y calificaron los hechos como un daño a la propiedad. Esa inacción, motivada por prejuicios, permitió que el agresor la asesinara. El Comité fue categórico: la desestimación de las denuncias realizadas a tiempo constituye una violación de los derechos humanos que puede culminar en femicidio. Dudar del relato de las mujeres, bajo el fantasma de que exageran o realizan “falsas denuncias”, tiene costos irreparables.

Por eso, en sus observaciones finales (CEDAW/C/ARG/CO/8) publicadas el 23 de febrero de este año, el Comité de Naciones Unidas se pronunció respecto a las regresiones normativas, institucionales y presupuestarias que afectan la vida de mujeres, niñas y adolescentes. 

Las barreras reales

El acceso a la justicia no depende únicamente de que exista una ventanilla para hacer una denuncia. Requiere información clara, patrocinio jurídico, medidas de protección oportunas, investigación seria, operadores capacitados, articulación entre instituciones y decisiones judiciales que comprendan el contexto en el que ocurren las violencias.

Cada poder del Estado tiene una responsabilidad. El Poder Ejecutivo debe garantizar políticas de prevención, asistencia y protección. El Poder Legislativo debe evitar normas que generen retrocesos o desalienten la búsqueda de ayuda. El Poder Judicial debe investigar con debida diligencia y decidir sin prejuicios, con evidencia y sin estereotipos.

Cuando alguno de esos eslabones falla, la respuesta estatal llega tarde o no llega, y el caso de María Isabel Speratti Aquino es la prueba de eso, cuando un intento de femicidio se caratula como “lesiones leves” o una mujer debe esperar meses un abogado, el Estado pone más barreras en lugar de derribar las que ya existen.

Fortalecer el acceso a la justicia significa construir instituciones capaces de escuchar, investigar, proteger y decidir con responsabilidad. 

NG/MG