Decisiones privadas y razones públicas

Uno de los problemas de la época es la ausencia de conversación pública en base a evidencia, a argumentos, a razones públicas que expliquen las decisiones y permitan un intercambio de puntos de vista. Este es unos de los rasgos de la crisis en la credibilidad de las instituciones que en definitiva erosiona la confianza en la democracia. Sucede con las decisiones de la justicia que no se explican de manera sustantiva y comprensible para la ciudadanía; sucede con las definiciones legislativas a veces apuradas y sin tiempo para la (naturalmente trabajosa) construcción de consensos transversales. Y sucede también con las decisiones de política pública a cargo de quienes tienen la responsabilidad de avanzar en definiciones que tendrán impacto en la vida de muchas personas.

Esa ausencia de razones públicas es lo que llama la atención (o quizá no tanto) en relación con la desarticulación de una de las políticas más eficaces, más transparentes y sostenidas de los últimos años, que fue el plan para prevenir el embarazo en la adolescencia en base a la difusión de información, la construcción de un andamiaje que favorecía la cercanía entre el sistema educativo y los espacios de atención de la salud, y la posibilidad de acceder de manera fácil a los métodos anticonceptivos. Esa política pública era conocida como Plan ENIA.

La información y la disponibilidad de herramientas para poder decidir es emancipadora. ¿Por qué no querer eso para los adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad, de nuestras familias? No hay decisión más profundamente íntima y personal que aquella que involucra la sexualidad y la reproducción. Al mismo tiempo, decidir tener hijos o no, el momento, la oportunidad, la pareja, el proyecto de vida en el que se inscribe, es una de las decisiones más transformadoras en la vida de una persona. Cualquiera sea la circunstancia en que tomemos esa decisión, sus consecuencias (si tenemos suerte) nos acompañarán toda la vida.

¿Por qué no habría de ser prioritario para un estado liberal que respeta las decisiones individuales, contribuir a las mejores condiciones posibles para que adolescentes y jóvenes se acerquen a esa decisión, la planifiquen y elijan (eventualmente, si esa fuera su decisión) para el momento que consideren más adecuado en el transcurso de sus vidas?

Pues bien, las razones para no hacerlo, para no priorizar la continuidad y eventualmente la mejora de esa política pública que trascendió gestiones políticas nacionales, no las conocemos. No son razones públicas.

La evidencia muestra que el embarazo en la adolescencia impacta en los logros educativos de las mujeres que son madres: sólo el 38% de las que fueron madres en la adolescencia (entre 10 y 19 años) completó la educación secundaria, mientras que el 55% de quienes fueron madres en edad adulta completó ese nivel. Asimismo, las mujeres que fueron madres en la adolescencia resultan afectadas por la inactividad laboral en un 25% más respecto de quienes lo fueron en la primera década de la edad adulta (de 20 a 29 años). La maternidad temprana es uno de los factores determinantes en la reproducción intergeneracional de la pobreza, con consecuencias de largo plazo para toda la vida.

Para dar respuesta a esta problemática que no solo impacta en las vidas de las mujeres sino también en el desarrollo económico del país, durante seis años se implementó el Plan ENIA (Plan para la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia). En ese plan, el gobierno nacional ocupó un rol rector clave: se compraron insumos y se brindó apoyo técnico, recursos y personal en las provincias con el objetivo de sostener espacios de consejerías en salud sexual y reproductiva, actividades de promoción comunitarias, educación sexual integral y asesorías en las escuelas.

Sin atender los resultados probados del plan (se redujo el embarazo adolescente a la mitad) y sin considerar la racionalidad y la eficiencia de esta política en relación con la distribución de fondos públicos (es más racional y más económico invertir en la prevención de embarazos no deseados que en mitigar las consecuencias de la pobreza que reproduce), estas razones no alcanzaron para torcer la decisión del gobierno nacional de desfinanciar el plan y retirarse de su implementación.

En un comunicado del mes de abril de 2024, el Poder Ejecutivo indicó que continuaría con el desarrollo del Plan a través de su rol rector y desde una mirada integral, mediante el seguimiento, control y la compra de insumos. Sin embargo, a más de un año el gobierno no ha presentado ninguna propuesta integral y el presupuesto destinado a insumos muestra un gravísimo ajuste.

La desinversión en el Plan ENIA resultará en un aumento de mujeres que no completarán su educación ni accederán al mercado laboral, lo que se traducirá en menores ingresos propios pero también una pérdida de productividad a la sociedad equivalente a 0,14% del PIB y una pérdida de ingresos fiscales para el Estado estimada en USD 66 millones al año, según estimaciones de UNFPA. Desfinanciar el Plan ENIA no sólo pone en peligro la salud y los derechos de adolescentes e implica un retroceso en la lucha contra la pobreza intergeneracional, la deserción escolar y el acceso a empleos de calidad para las juventudes. También es contraproducente para el desarrollo económico del país. ¿No era ese uno de los propósitos que guían a esta administración?

Una prueba del apoyo transversal que había cosechado la implementación de esta política pública dirigida a adolescentes y jóvenes es que referentes de distintos sectores políticos presentaron iniciativas legislativas en el Congreso Nacional. En el transcurso del año 2024, integrantes del PRO, Unión Por la Patria y Encuentro Federal presentaron proyectos que, con distintos matices, buscan convertir en ley nacional el Plan. Todos reconocen sus resultados e impactos.

La preocupación por el sostenimiento del Plan ENIA también llegó a instancias internacionales. En septiembre de 2024, Argentina presentó su séptimo exámen ante el Comité de los Derechos del Niño, órgano internacional encargado de dar seguimiento al cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño. En esa oportunidad, comisionados presentes en la audiencia le consultaron a representantes del Estado cómo pretende llevar adelante esta política pública, siendo que se encuentra desfinanciada en términos de insumos y equipos operativos. Sin embargo, los representantes nacionales omitieron dar respuesta a este interrogante.

En este contexto y advirtiendo las consecuencias de la desarticulación del Plan ENIA, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes presentó una acción de amparo colectivo contra el Ministerio de Salud de la Nación en representación y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de las doce provincias donde el Plan ENIA se desarrollaba, solicitando que se ordene al Ministerio de Salud que garantice la plena implementación del ENIA en todas aquellas jurisdicciones donde se desarrolló. Más allá de los desafíos institucionales que actualmente atraviesa esa Defensoría (cuyas autoridades cesaron en su mandato y se encamina un nuevo concurso público para la nueva designación), el proceso judicial está en curso.

El Estado nacional tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que todas las personas puedan gozar de sus derechos fundamentales, no importa dónde vivan. Desfinanciar el Plan ENIA va exactamente en el sentido contrario. Si no era este el diseño, el alcance, la modalidad de implementación preferida por el Estado nacional, sería bueno conocer las razones por las cuales se prefiere otra modalidad que se presente como más adecuada, más exitosa, más eficiente. Esas son las razones que están faltando en un debate público que no llega.

Tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo tienen hoy la oportunidad de ser protagonistas en la tarea de proteger a los adolescentes y jóvenes frente a la consumación de estas regresiones en sus derechos sexuales y reproductivos. La pregunta es si participarán de la protección o permitirán que se consolide el abandono.