Milei ayuda al campo mientras sus lobbistas en el Congreso ya negocian votos para confirmar su veto a la mejora jubilatoria

En un mismo día, Javier Milei anunció una rebaja en las retenciones al campo y calificó de “genocidas” a los legisladores que impulsan el aumento jubilatorio. El beneficio impositivo para el agro, según cálculos del CEPA, representará un costo fiscal de hasta 0,22% del PBI: la mitad de lo que costaría aumentar en $40.000 el bono para jubilados. El argumento fiscalista, sin embargo, constituye el núcleo del escudo oficialista. Es el recurso con el que el Presidente presiona a los aliados para blindar sus vetos y, a menos de una semana de que venza el plazo para vetar las leyes opositoras, el Gobierno hace números y se muestra confiado en que le alcanzará para asegurarse su tercio vetador.

Es el modus operandi del gobierno libertario. Puertas para afuera, Milei grita, sube la apuesta y amenaza a los aliados. Consultado sobre el futuro de los vetos a las leyes sancionados en el Congreso —la actualización de las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad—, el mandatario afirma que los legisladores “entrarán en razón”. “Los que no acompañen al veto son genocidas y van a estar asesinando a las generaciones futuras. Estarán haciendo una matanza sobre nuestros jóvenes y nos estarían comandado a la pobreza”, afirmó, en una entrevista radial, apenas unas horas después de anunciar la reducción de los derechos de exportación de la carne, la soja, el girasol, la cebada y el maíz.

La baja de las retenciones representará un costo fiscal de US$1200 millones y U$S1400 millones para las toneladas proyectadas para la cosecha 2025-2026, según releva un informe de CEPA. Esto es entre un 0,19 y 0,22% del PBI. El Presidente fue ovacionado en La Rural. Y los gobernadores, que hasta hace un mes estaban en guerra con la Nación por el reparto de fondos a las provincias, celebraron la medida.

Mientras Milei apuntalaba el voto del campo, puertas adentro, la mesa política del Gobierno trabajaba en retomar el diálogo con los aliados heridos. Está encabezada por Guillermo Francos y Martín Menem, quienes hace unos días comenzaron a sondear a algunos diputados radicales y representantes de fuerzas provinciales. La cuenta regresiva ya comenzó: Milei tiene hasta el lunes 4 para vetar las leyes, y los operadores políticos del oficialismo necesitan asegurarse de que, cuando llegue el día, el presidente tendrá el número para blindar los vetos en la Cámara de Diputados.

Hay varios instrumentos de negociación sobre la mesa. Por un lado, la promesa de habilitar nuevas Transferencias del Tesoro Nacional (ATN) a los gobernadores más amigos, como ya lo hizo en el pasado, por ejemplo, con Misiones o Catamarca. Consultados por elDiarioAR, sin embargo, varios Ejecutivos provinciales precisaron que el Gobierno no había realizado ninguna oferta formal. “No hubo propuesta real, seguimos con nuestra postura de un reparto justo de los fondos”, precisaron desde una provincia patagónica cuyo voto en el Senado fue clave en la sanción de las leyes.

El Gobierno, hasta ahora, no ha logrado dar una respuesta integral al reclamo de los gobernadores, que amenazan con convertir en ley los proyectos de coparticipación de los ATN y los combustibles líquidos si Milei continúa resistiéndose a abrir la billetera. Confían en que será suficiente con cerrar acuerdos individuales con algunos mandatarios, y ese es el objetivo. En el mientras tanto, amagan con apagar los incendios y ofrecen promesas a cambio de ganar tiempo. Una estrategia que, hasta ahora, ha sido exitosa.

La oposición, por ejemplo, planeaba convocar una mega sesión para el jueves 30 con el objetivo de aprobar la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y un aumento del presupuesto universitario. Ante la negativa de los gobernadores de firmar el pedido de sesión y de comprometer su presencia para el quórum, la iniciativa opositora se terminó desinflando y se pateó para la semana próxima.

Detrás de la debilidad opositora se esconde el segundo instrumento de negociación que aplica La Libertad Avanza para contener a los gobernadores: la dinámica de las alianzas electorales. En la última semana, el Gobierno avanzó en conversaciones con Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) para cerrar acuerdos electorales de cara a octubre. El 7 de agosto vence el plazo para la presentación de alianzas nacionales, y en Casa Rosada se muestran confiados de que llegarán al cierre habiendo cerrado acuerdos locales en las tres provincias.

Tres acuerdos que, en la práctica, podrían sellar el blindaje de los vetos a Milei.

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El Gobierno hace cuentas y calcula que necesitará unos 80 votos para blindar los vetos presidenciales a las dos leyes jubilatorias y a la emergencia en discapacidad. El objetivo es evitar que la oposición se haga de dos tercios para insistir en la sanción de las leyes, y para eso cuenta con tres aliados: el PRO, los radicales con “peluca” y los nuevos aliados provinciales con los que compartirán las listas nacionales en octubre.

En Diputados, el aumento a las jubilaciones —que implicó una actualización del 7,2% de todos los haberes, así como un aumento del bono de los jubilados que cobran la mínima— salió con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. El objetivo del Gobierno es trabajar sobre las abstenciones y, fundamentalmente, sobre los 29 ausentes que, enojados con el oficialismo, se negaron a participar de la sesión.

El ojo está puesto en torcer la voluntad de los 9 diputados del PRO, como María Eugenia Vidal o Luciano Laspina, que se diferenciaron del resto del bloque y se abstuvieron en la votación (que se desarrolló apenas unos días después del triunfo electoral de LLA en CABA). Si logran garantizarse unos 32 votos afirmativos de los 37 diputados que integran el bloque que lidera Cristian Ritondo, el Gobierno confía en que podrá llegar al piso mínimo con la ayuda del resto de los aliados: los satélites oficialistas (el MID y la tucumana Paula Omodeo, del monobloque CREO, entre otros) y los radicales con los cuales cerrará acuerdos electorales, como los mendocinos o, incluso, el propio Rodrigo de Loredo.

Más difícil, en cambio, es el veto a la emergencia en discapacidad. La ley fue aprobada en Diputados con 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Y, si bien necesita torcer la voluntad de menos diputados, el Gobierno se dio de frente con el hecho de que, entre los 35 ausentes, hay muy pocos diputados que están dispuestos a cambiar su voto para ayudar a blindar un veto que actualiza las pensiones por invalidez.

Entre los diputados incómodos con vetar la ley se inscriben los radicales “con peluca”, ese grupo de diputados de la UCR, como Mariano Campero o Pablo Cervi, que se ganaron su título de radicales M cuando acompañaron el primer veto a los jubilados el año pasado. Ahora están agrupados en un bloque llamado “Liga del Interior”, que mantiene diálogo con Menem, quien les adelantó que el Gobierno analizaba la posibilidad de ofrecer alguna compensación a las personas con discapacidad luego del veto.

El Gobierno intenta convencer a sus aliados prometiéndoles que podría actualizar las prestaciones asistenciales, que ayudan a las obras sociales a afrontar el pago de los servicios. Es un paliativo que apenas cubriría una parte de la ley, pero sería suficiente para convencer a varios diputados opo oficialistas de ayudar a blindar el veto.

MC/JJD