Penalistas advierten sobre una reforma exprés del Código Penal y reclaman un debate democrático
En medio del avance del proyecto punitivista impulsado por el Gobierno para reformar el Código Penal, un amplio arco de juristas, docentes universitarios y magistrados salió a cuestionar con dureza la metodología oficial y reclamó frenar el tratamiento “express” para abrir un debate democrático, plural y con respaldo técnico. Las críticas apuntan tanto al procedimiento legislativo elegido como al contenido de la iniciativa, que consideran incompatible con garantías constitucionales básicas.
El pronunciamiento fue encabezado por la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal (AAPDP) y reúne cientos de firmas de penalistas de todo el país. En el documento, expresan su “repudio ante el tratamiento express de la reforma penal durante las sesiones legislativas extraordinarias” y advierten que una actualización del Código Penal “no puede resolverse a libro cerrado”, sino que exige consensos políticos amplios y la participación activa de la sociedad civil democratizar la reforma penal.
Las objeciones se producen mientras el oficialismo impulsa una reforma que endurece penas, amplía restricciones a la libertad anticipada y refuerza un enfoque de castigo frente al delito, en línea con una política criminal de corte punitivista. Tal como viene señalando elDiarioAR, el proyecto oficial avanza sin instancias de discusión pública y con un sesgo que prioriza el aumento de condenas por sobre una revisión integral y garantista del sistema penal.
Desde la AAPDP alertan que las declaraciones del propio Gobierno “lejos de garantizar un proceso democrático de la reforma penal, avalan una codificación ideologizada y desprovista del diálogo y de los aportes técnicos indispensables para otorgar legitimidad” al nuevo Código. En ese sentido, advierten que el modo de tramitación elegido erosiona la calidad institucional y anticipa un texto con serias falencias jurídicas.
El documento reivindica como antecedentes válidos los procesos de reforma de 2006–2007 y 2012–2014, que se apoyaron en comisiones plurales, audiencias públicas y debates académicos amplios. También recupera el digesto jurídico argentino como base normativa y subraya la tradición histórica del derecho penal local, caracterizada por el respeto a las garantías constitucionales. “El derecho penal debe ser, en cierta medida, un apéndice de la Constitución Nacional”, sostienen los firmantes, y remarcan que ese límite no puede ser ignorado en un proceso legislativo de esta magnitud.
Entre quienes adhieren al reclamo figuran ex jueces de la Corte, camaristas, fiscales, defensores y docentes de universidades públicas y privadas de todo el país, incluidos nombres de peso como Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Slokar, Daniel Erbetta, Javier De Luca, Omar Palermo y Matilde Bruera.
En concreto, los penalistas solicitan al Congreso que posponga el tratamiento del proyecto hasta las sesiones ordinarias y que garantice la participación efectiva de universidades, institutos especializados, colegios profesionales, asociaciones de magistrados y organizaciones de derechos humanos. El objetivo, señalan, es habilitar la presentación de aportes críticos y propuestas alternativas frente a una reforma que, de avanzar sin cambios, podría consolidar un giro regresivo en materia de derechos y política criminal.
MC
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