La velocidad del presente parece una marca de la época. La sucesión de noticias, anuncios, acciones pueden dejar poco espacio para la reflexión pausada; para evaluar, poner en contexto y encontrar los hilos que unen la presión sobre algunos temas y la indiferencia ante otros.
Un ejemplo es el caso del Hospital Garrahan que conmueve por el destrato a profesionales de la salud y personas trabajadoras de un hospital modelo y motivo de orgullo. Un equipo de personas que brinda contención, atención, cuidados a niños, niñas, adolescentes y a sus familias en momentos cargados de angustia. Es difícil de comprender el ensañamiento de funcionarios públicos con la entrega profesional y humana que, en el rostro de profesionales de ese hospital, reflejan a todo el sector de la salud pública. Con falsedades, tergiversación de datos y ningún apego a la evidencia, se multiplican discursos cargados de perjuicios y desinformación.
¿Cual es el objetivo? ¿Proteger qué? ¿A quién?
En otro espacio, con estrategias similares, avanzan iniciativas que tampoco parecen encaminadas a defender el bien común ni proteger a las personas en mayor situación de vulnerabilidad.
Hace pocos días, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación aprobó un dictamen favorable para reformar el Código Penal y agravar las penas en lo que denomina “falsas denuncias”, exclusivamente cuando se trata de denuncias vinculadas con la violencia de género, contra la integridad sexual o contra menores de edad.
La preocupación que plantean quienes defienden esta iniciativa es que una denuncia falsa podría generar perjuicios irreparables a las personas afectadas, genera un dispendio de recursos públicos y tergiversa el uso del sistema de administración de justicia. Esta preocupación es atendible. Sin embargo, al enfocarse únicamente en casos que involucran violencia por razones de género o situaciones que vulneran la integridad sexual de niños y niñas, la reforma que se propone refuerza prejuicios históricos sobre quienes atraviesan esas situaciones y suma una barrera adicional a las muchas que enfrentan en el acceso a la justicia cuando deciden pedir ayuda. Además, la amenaza penal para quienes planteen una denuncia o declaren en un juicio por delitos contra menores de edad (que eventualmente no puedan ser probados por la justicia) aumenta la desprotección de niños, niñas y adolescentes. Muchas de las personas que efectivamente declaran en juicios o advierten con preocupación situaciones que podrían ser de vulneración de derechos de niñas y niños son, justamente, profesionales de la salud.
Vale la pena preguntarse nuevamente: ¿cual es el objetivo? ¿Proteger qué? ¿A quién?
¿Hay falsas denuncias?
En Argentina no hay estadísticas oficiales sobre denuncias falsas, en general. Tampoco hay estadísticas específicas sobre la existencia de denuncias falsas en casos que involucren violencia por razones de género. Sin embargo, sí hay evidencia que indica que son muy pocas las mujeres que denuncian o buscan ayuda. Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea (2022), 1 de cada 2 mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero solo 1 de cada 4 buscó ayuda o llegó a denunciar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estudios realizados muestran cifras similares: en 2018 el 22% de las mujeres que vivieron violencia doméstica dijo haber buscado ayuda en alguna institución pública, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30% (ELA y DGEC Gob. de la Ciudad de Buenos Aires, 2023).
La violencia por razones de género en parejas actuales o pasadas es muy preocupante porque, en sus casos más extremos, puede llevar al asesinato de estas mujeres. Los últimos datos del Registro de Femicidios de la Corte Suprema evidencian que, de 228 víctimas directas de femicidio en el año 2024, 54% fueron agredidas por una pareja o ex pareja. Además, el 86% de las víctimas conocía al agresor y en el 42% de los casos incluso convivían. Sin embargo, sólo el 18% de las mujeres que resultaron asesinadas había denunciado al victimario y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del hecho (Oficina de la Mujer de la CSJN, 2025).
En el caso de los delitos contra la integridad sexual, el Informe del Sistema Nacional de Información Criminal del ministerio de Seguridad señala que, de 36.593 víctimas de este delito en 2024, el 72,9% son mujeres. La mayoría de los delitos incluyen abuso sexual simple y agravado, tentativa de abuso sexual, corrupción de menores, difusión de imágenes pornográficas de menores, ciber-acoso sexual infantil, entre otros. Y es el propio ministerio el que afirma que “por sus características, los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subregistro, debido a los procesos de estigmatización que sufren las víctimas. Los cambios en la percepción social sobre la violencia sexual, así como en las respuestas institucionales y en las políticas estatales, impactan en los niveles de denuncia” (pág. 30). Compartimos el diagnóstico pero aumentar las penas argumentando que hay “denuncias falsas” frente a delitos que no logren probarse, no parecería ser la mejor estrategia.
Según ONU Mujeres (2024), las denuncias falsas representan menos del 1% de los casos a nivel mundial. En los pocos países que cuentan con estimaciones oficiales sobre este fenómeno, como España, el porcentaje promedio de denuncias falsas por violencia de género es de apenas el 0,0084% (Fiscalía General de España, datos correspondientes al periodo comprendido entre los años 2009 y 2021).
En el caso de Argentina, según una nota publicada en la revista Quorum, existen estimaciones del Consejo de la Magistratura que indicarían que menos del 3% de todas las denuncias penales –no sólo las vinculadas con violencia de género– terminan catalogadas como falsas o infundadas.
Al revisar el portal web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las causas por denuncias falsas suelen estar principalmente vinculadas a delitos económicos, de falsificación y aduaneros (estafas, defraudaciones a seguros, contrabando). La proporción de mujeres imputadas en dichos casos es muy baja y ninguno fue por denuncias de violencia de género.
Si la intención del proyecto de ley fuera limitar las denuncias falsas porque implican una tergiversación del sistema de administración de justicia, impiden el normal desenvolvimiento de la administración pública y generan un mal uso de recursos estatales, sería razonable abordar a todas ellas y no limitar la iniciativa a las que se enfocan en un grupo específico de causas que, como se ha visto, están muy lejos de ser una parte significativa.
Sin ampararse en datos o estadísticas confiables, el proyecto de ley que se impulsa desde el Senado instala un sentido común basado en mitos y estigmas hacia las mujeres: se las considera “mentirosas” o “mendaces”, “fabuladoras”, “manipuladoras” o “instrumentales”, y capaces de “instalar ideas” en sus hijos o hijas.
La forma en que el proyecto propone regular este delito por supuesta “falsa denuncia” implicaría habilitar el uso del derecho penal como política criminal contra las mujeres que denuncien delitos en contexto de violencia por razones de género, o contra cualquier persona (madres, padres, familiares en general) que denuncien situaciones de abuso sexual cometidas contra niños y niñas.
La amenaza penal funcionará efectivamente como un desincentivo para buscar protección del Estado frente a situaciones de gran vulnerabilidad, restringiendo así sus posibilidades de protección y acceso a la justicia.
No todo hecho que no haya podido probarse se debe a una “falsa denuncia”, sobre todo en este tipo de casos que suelen ocurrir en lugares íntimos y alejados de la vista de terceras personas. Lo importante sería lograr que la resolución judicial (en uno u otro sentido) no se extienda indefinidamente en el tiempo y que se haga de modo tal que evite la revictimización de las personas involucradas en el proceso.
En definitiva, necesitamos analizar los problemas complejos libres de prejuicios, con datos confiables, en diálogos honestos y no cargados de una intencionalidad que solo busca desacreditar al otro, como si el “el otro” no fuéramos también nosotros mismos.
A un año y medio de iniciada la gestión del Gobierno, sigue sin haber ni una iniciativa que solucione los problemas y mejore la calidad de vida de quienes atraviesan situaciones de violencia por razones de género. Lo que queda claro es que el ensañamiento de algunos funcionarios públicos se enfoca en los niños, niñas, adolescentes y mujeres que más necesitan de protección.
0