Denuncias falsas: abogadas y familiares advierten que el proyecto de Losada criminaliza a las mujeres que denuncian

Impunidad y disciplinamiento. Después de más de dos horas de exposiciones, testimonios y debate, con presencia de abogadas feministas, juezas, especialistas en derecho y madres protectoras, el conversatorio organizado en el Senado llegó a una misma conclusión: el proyecto de Carolina Losada, que aumenta las penas para los casos de denuncias falsas por violencia de género, solo generará impunidad y disciplinamiento para las mujeres que denuncian. A coro, las especialistas y familiares de víctimas advirtieron que, de aprobarse en el Congreso, la ley no brindará ayuda a quienes son falsamente acusados, sino que solo pondrá más barreras en el acceso a la Justicia para las mujeres que denuncian. 

“Todas las víctimas con las que trabajo tienen algo en común: el miedo de que no les crean, a no poder acceder a la Justicia. Por favor, no creemos una nueva barrera sobre estas víctimas. No las señalemos con el dedo. No hagamos que las personas que buscan Justicia sean sospechosas”, pidió, emocionada y mirando a los senadores presentes en la sala del Senado, Andrea Lucangioli, la abogada de las cinco jugadoras de fútbol de la selección que denunciaron, en 2021, a su ex entrenador Diego Guacci por abuso sexual. 

Guacci, tal como relató elDiarioAR, fue absuelto por el Comité de Ética de la FIFA por “falta de pruebas” y se convirtió en un referente en contra de las “denuncias falsas” por abuso sexual. Su esposa, Andrea Robledo de Guacci, fundó el Frente de Mujeres Argentinas contra las Denuncias Falsas y, dos años después, redactó el proyecto que presentó Losada –que aumenta las penas en los delitos de denuncia falsa y falso testimonio en los casos de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niñes y adolescentes– y que está por aprobarse en el Senado. 

“No es un problema que las personas pidan ayuda. No es un problema cuando las mujeres y las infancias buscan asistencia, el problema es cuando no lo hacen”, señaló Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, durante el conversatorio, advirtiendo lo que muchas de las invitadas repetirían luego: la iniciativa no resuelve el problema marginal de las falsas denuncias por violencia de género, sino que, en cambio, genera más problemas. En este caso en el acceso a la Justicia de las mujeres e infancias que denuncian violencia.

“Solo 1 de 4 mujeres en situación de violencia ha ido a buscar ayuda. Solo el 30% de las mujeres en CABA que vivió violencia buscó ayuda de alguna institución. El problema es que hay pocas denuncias o pocos pedidos de asistencia”, insistió Gherardi, quien cuestionó los largos tiempos procesales de la Justicia y advirtió que proponer una “criminalización agravada” para los casos de violencia de género iría en contra de leyes recientemente aprobadas por el Congreso, como la Ley Lucio. 

“Hace menos de tres años que el Congreso aprobó la Ley Lucio por unanimidad. Una ley que obliga a profesionales a denunciar cualquier situación de violencia y abuso. Pero si alguien después argumenta que es una falsa denuncia porque no hay prueba corre el riesgo de ser denunciado. ¿En qué quedamos? Tienen que denunciar o no tienen que denunciar para no ser víctima de una acusación de falsa denuncia?”, argumentó.

Respecto a la “marginalidad” de los casos de falsas denuncias por abuso sexual, la mayoría de las expositoras insistió en que no había estadísticas que justificaran la idea de que había una oleada de denuncias falsas. “Se habla de epidemia de denuncias por violencia sexual pero no hay evidencia. El Registro Nacional de Reincidencia da cuenta que dictaron 23.419 sentencias condenatorias en 2023. De esas 23.419 sentencias, solo 60 fueron casos de falsa denuncia y falso testimonio. Es decir el 0,25%”, señaló Ileana Arduino, abogada penalista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). 

Arduino, a su vez, buscó desmitificar la idea de que las retracciones de un caso de abuso sexual o violencia de género –que son utilizadas como argumento como parte del lobby contra las denuncias falsas– fueran sinónimo de mentira. “La evidencia indica que la retractación es una situación de extrema vulnerabilidad y que no es igual que la mentira. Una investigación científica de Córdoba del Instituto Ricardo Nuñez, que trabajó sobre adolescentes y niños retractados, reveló que el 75% cuando denunció el abuso recibieron desconfianza o indiferencia del adulto. Y que más del 60% tenía contacto con el agresor”, graficó Arduino.

La jueza del TOC 2 de Ciudad de Buenos Aires, Analía Silvia Monferrer, sumó a este dato con su propia experiencia. “En el 100% de los casos de personas que venían a querer retractarse y levantar denuncia fue porque habían tenido nuevos episodios de violencia. La retractación es a priori un elemento más para corroborar la situación de violencia”, señaló Monferrer sobre los casos que llegaron a su juzgado. 

“Este proyecto no es solo disuasorio, es castigo, es disciplinador. Quieren que todas las mujeres que denuncien terminen en las mismas condiciones que terminaron en el caso Guacci”, señaló, por su parte, la abogada feminista Sabrina Cartabia, que trabaja con víctimas de abuso sexual. 

No fue la única. En el público había supervivientes y familiares de supervivientes que advirtieron eso mismo: la ley busca castigarlas por denunciar. “Si este proyecto sale, nosotras que estamos denunciadas, vamos presas. El objetivo no es solo amedrentar nuevas víctimas. Nosotras vamos a ir presas, y nuestro hijos vuelven a la casa de tortura”, señaló Daniela Dosso, una “madre protectora” que denunció a su ex pareja, hace cuatro años, por el abuso sexual de su hijo Martín, cuando tenía 7 años.

“Esto no es una pelea por las falsas denuncias, es impunidad”, exclamó.

En una misma línea, al final del encuentro, la senadora Juliana Di Tullio tomó la palabra y señaló: “Es un proyecto de disciplinamiento y castigo a favor de los pedófilos y de los violentos. Y hay una batalla político cultural que hoy encabeza el Gobierno”. 

Tiempos legislativos

Losada pretendía aprobar la iniciativa en el Senado la semana próxima, pero Patricia Bullrich decidió patearlo una semana más. La jefa del oficialismo quiere esperar a ver cómo repercute el informe de gestión de Manuel Adorni este 29 de abril: no quiere tensionar a los aliados y prefiere esperar a ver cómo están los ánimos. 

Hubo, además, otro factor en la decisión de aplazar la sesión. Y es que Bullrich observa que no hay tanto consenso interno en el bloque radical, que integra Losada, para aprobar la iniciativa. La senadora libertaria tiene otras prioridades –como la aprobación de los pliegos judiciales– por lo que no quiere tensionar las alianzas a menos que sea necesario. 

Y la oposición peronista buscará aprovecharlo.

MCM/CRM