La IGJ intima a la Fundación Faro a revelar sus donantes mientras Caputo sale a desmentir las investigaciones

El fin de semana, el asesor presidencial Santiago Caputo usó su cuenta de X para desestimar como “falsedades y datos incorrectos” las investigaciones periodísticas sobre la Fundación Faro, el think tank libertario que dirige Agustín Laje. Lo que el asesor de Javier Milei no mencionó es que, días antes de su tuit, la Inspección General de Justicia (IGJ) ya había intimado formalmente a la entidad a revelar quiénes realizaron las donaciones millonarias que declaró haber recibido durante 2024. El requerimiento es un acto administrativo con plazos, sanciones y firma oficial.

La intimación de la IGJ —organismo que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques— fue notificada el 1 de junio y le otorgó a la Fundación 10 días hábiles para responder. El organismo le exigió la presentación del llamado “Anexo XIII”, una declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos que la normativa vigente obliga a adjuntar cuando se reciben donaciones superiores a 40 salarios mínimos en un período de 30 días. elDiarioAR reveló que la fundación de propaganda libertaria recaudó US$4,8 millones el primer año del gobierno de Milei.

A diciembre de 2024, cada aportante contribuyó con unos $11 millones, alrededor de US$10.600. La Fundación Faro presentó su balance en abril de 2026, con 12 meses de retraso, y en él no figura el detalle de los donantes. De allí el requerimiento. Si no responde en tiempo, las sanciones previstas van desde el apercibimiento público hasta multas millonarias.

Lo que la IGJ quiere saber es, en definitiva, lo mismo que reveló elDiarioAR la semana pasada: quiénes pusieron el dinero. Según el balance presentado por Faro ante el propio organismo, la entidad declaró ingresos por casi $5.000 millones en concepto de “Donaciones, cursos, talleres y prevención” durante 2024, su primer ejercicio bajo la estructura actual. Al tipo de cambio de ese momento, la cifra equivale a US$4,8 millones. Para dimensionarlo: las tres fundaciones del PRO —Pensar, Suma y Fundar— juntaban en promedio unos US$1 millón anuales cuando se preparaban para gobernar entre 2013 y 2015. Faro multiplicó ese récord por casi cinco en apenas dos meses de funcionamiento.

El dinero recaudado se invirtió casi en su totalidad en fondos comunes, letras y bonos del Tesoro Nacional —$4.188 millones de los $4.529 que registró como activos—, de modo de gastarlo a lo largo de 2025. Y Faro lo gastó: entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026 fue la organización privada que más dinero destinó a publicidad en redes sociales en la Argentina, según Chequeado, con más de $1.000 millones en unos 15.000 posteos calificados por Meta como publicidad electoral. Una cifra solo superada por la Jefatura de Gabinete. La Fundación ya había respondido a elDiarioAR que sus aportantes son “información confidencial”. Ahora tiene un plazo oficial para decirlo.

El tuit de Caputo apuntó en particular contra el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, que cubrió el requerimiento de la IGJ. El dato tiene su propia ironía: Alconada Mon es cuñado de Verónica Michelli, la jueza cuyo pliego fue aprobado esta semana por el Senado con 44 votos —contra la voluntad expresa de Milei— y cuya designación el Presidente aún no firmó.