Cómo impacta en la Argentina el nuevo esquema global de aranceles que impuso Estados Unidos

Con la entrada en vigencia este viernes del nuevo paquete arancelario que Estados Unidos aplicó a 60 socios comerciales, Argentina quedó ubicada en el escalón más favorable del esquema: una tasa general del 10%, la menor entre todos los países alcanzados por la medida. La decisión fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y confirma, en los hechos, los términos que ya se habían pactado en febrero entre Buenos Aires y Washington.

La resolución de la USTR se sustenta formalmente en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que le permite a Washington sancionar a países por prácticas comerciales consideradas “injustificadas, irrazonables o discriminatorias”. En este caso, la investigación —iniciada en marzo por orden directa del presidente Donald Trump y que incluyó dos rondas de audiencias públicas y más de 2.100 comentarios— apuntó a la falta de mecanismos efectivos contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. “Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, sostuvo el representante comercial Jamieson Greer al oficializar la medida.

Según el documento publicado por la USTR, el 10% rige para las economías que ya prohíben la importación de bienes de trabajo forzoso, se comprometieron a hacerlo mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o aplican un régimen parcial con ese efecto. En ese grupo, además de Argentina, quedaron Canadá, México, India, Indonesia, Reino Unido, Bangladesh, Guatemala, Honduras y Pakistán, entre otros. El resto de los socios comerciales de Estados Unidos —que en conjunto representan el 99,4% de sus importaciones— recibió una tasa del 12,5%, mientras que la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza obtuvieron un tratamiento diferenciado según el producto.

Un funcionario del gobierno nacional consultado por elDiarioAR explicó en off el trasfondo de la medida para el caso argentino: “Lo que se oficializó restituye los términos arancelarios acordados entre Argentina y Estados Unidos en febrero bajo el ARTI. Es decir, se establece un arancel general de 10% —el más bajo entre todos los países— y las 1.675 posiciones arancelarias que estaban exentas están acá al 0%. De hecho hay 537 más”. La referencia es al Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI, por sus siglas en inglés) que el canciller Pablo Quirno y Greer firmaron el 5 de febrero pasado, y que había quedado en un limbo tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegal buena parte de los aranceles “recíprocos” dispuestos por Trump.

Ese acuerdo bilateral de febrero ya establecía la eliminación de aranceles para 1.675 posiciones de origen argentino, lo que habilitaría la reactivación de exportaciones por unos US$1.013 millones. A esa base se sumó ahora, con la resolución de esta semana, la eliminación de aranceles para otras 221 posiciones —que incluyen maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos— y una reducción al 2% para 20 posiciones adicionales, la mayoría autopartes.

También se mantiene la cuota de exportación de carne bovina de 100.000 toneladas para este año —20.000 del cupo tradicional más 80.000 que Trump le anunció a Javier Milei durante un almuerzo en la Casa Blanca—, lo que podría sumar unos 800 millones de dólares en exportaciones del sector. El acero y el aluminio argentinos, en cambio, quedan al margen de estos beneficios: seguirán pagando el arancel del 50% que Washington aplica a esos productos por motivos que califica de estratégicos.

El esquema alcanzado por Argentina no despeja, sin embargo, otros frentes abiertos en la relación bilateral que forman parte del mismo paquete de compromisos asumidos en el ARTI. El Congreso todavía no aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), que el acuerdo con Washington fijaba como plazo el 30 de abril pasado.

El proyecto cuenta con media sanción del Senado desde 1998 y un dictamen favorable en Diputados desde el 12 de mayo, pero su tratamiento en el recinto quedó demorado por diferencias en torno a los cambios que se le quieren introducir.

En paralelo, sigue pendiente la discusión sobre la adhesión de Argentina al convenio UPOV 91, que endurecería la protección de patentes sobre semillas y variedades vegetales en favor de las grandes empresas del agronegocio, un punto que ya generó el rechazo de organizaciones de productores y que el propio Gobierno avanzó parcialmente por vía de resoluciones del Ministerio de Desregulación, sin pasar aún por el Congreso.

La cercanía política entre Milei y Trump le permitió a la Argentina esquivar un trato más gravoso que sí recibieron otros socios comerciales de Estados Unidos. “Esa amistad y cercanía a nivel presidencial hizo la diferencia. La figura de Milei a nivel internacional es extraordinaria en cómo captó la atención y difundió su modelo, y eso generó tracción en Estados Unidos”, dijo días atrás en una entrevista a elDiarioAR el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. El paquete completo del acuerdo bilateral muestra que la negociación con Washington no se agota en el capítulo arancelario y que buena parte de sus consecuencias internas recién empiezan a discutirse.

MC