Acciones de Elsztain, la internet de Musk y una petrolera en el RIGI: los negocios en Malvinas incómodos para Milei

Mientras Javier Milei endurece su inédito discurso de soberanía sobre las Islas Malvinas, tres revelaciones muestran cuánto están entrelazados negocios cercanos al Gobierno con el archipiélago: el empresario Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y amigo del Presidente, admitió que mantiene desde hace veinte años una participación accionaria en una compañía británica con fuerte peso económico en las islas; Starlink, la empresa satelital de Elon Musk, muy elogiado por el libertario, presta allí servicio de internet bajo bandera británica; y desde la oposición denunciaron que una petrolera que exploró hidrocarburos cerca del archipiélago sin autorización argentina —y fue sancionada por eso— integra un proyecto que accedió a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Elsztain, dueño de IRSA, reconoció que mantiene desde 2005-2006 una participación minoritaria, cercana al 2%, en Falkland Islands Company (FIC), una de las principales operadoras económicas del archipiélago. En 2017, a través de su vehículo de inversión Dolphin Fund Ltd —registrado en Uruguay y que entonces poseía el 2,54% de los votos de la controlante FIH Group plc—, Elsztain intentó hacerse con el control mayoritario de la compañía, en competencia con una oferta de Staunton Holdings por 37,3 millones de libras. El gobierno de las islas advirtió que cualquier cambio de propietario sería escrutado y, según se informó entonces, la propia primera ministra británica Theresa May se opuso a la operación; la oferta no prosperó y Elsztain conservó únicamente su tenencia original.

Este domingo Elsztain hizo un descargo público en el que sostuvo que la intención estaba supuestamente alineada con la estrategia diplomática histórica de la Argentina: estrechar lazos sociales, económicos, culturales y productivos con las islas para respaldar el reclamo de soberanía. Invocó la memoria de su abuelo Isaac, quien —dijo— creía que una mayor vinculación económica podría haber evitado la guerra de 1982, y trazó una línea con antecedentes como el intento de Juan Perón de comprar la FIC y la gestión del empresario César Cao Saravia en 1977. Remarcó que la operación fue bloqueada por las autoridades británicas pese a la retórica de libre mercado que suele atribuirse a la city de Londres, y no descartó volver a intentarlo si se presenta una nueva oportunidad.

Un segundo antecedente ilustra hasta qué punto los negocios internacionales siguen entrelazados con las islas, justo cuando el Gobierno anunció que impedirá que petroleas que buscan explotar crudo en el área marítima de Malvinas también puedan hacerlo en la Patagonia. En noviembre de 2025, Starlink anunció la llegada de su servicio de internet a Malvinas con una comunicación redactada íntegramente en inglés y bajo la denominación “Falkland Islands”, junto a la bandera británica. Eso no impidió que el 27 de julio de 2026, el propio Milei firmara un acuerdo con esa misma compañía para llevar internet satelital gratuito a 6.000 escuelas rurales, un convenio que especialistas cuestionaron por implicar un costo cercano al triple de la tarifa que cobra la estatal Arsat y por haberse otorgado sin licitación pública.

El tercer eje es una denuncia parlamentaria. El diputado de Coalición Cívica Maximiliano Ferraro presentó un pedido de informes a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería) para que expliquen cómo una empresa alcanzada por una inhabilitación vigente terminó integrando un proyecto beneficiado por el RIGI. Según su planteo, Harbour Energy PLC posee el 15% de Southern Energy, el consorcio que en 2025 obtuvo la aprobación del Gobierno —mediante la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía— para producir y exportar gas natural licuado desde el golfo San Matías, en Río Negro, con exenciones impositivas, aduaneras y cambiarias por varias décadas. El resto del capital de Southern Energy se reparte entre Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (17%) y Golar LNG (10%).

El eje de la denuncia es que Harbour Energy es, jurídicamente, la continuidad de Premier Oil PLC, que cambió de nombre en 2021 tras ser absorbida por Chrysaor. Premier Oil había sido inhabilitada en 2013, mediante la Resolución 481 de la entonces Secretaría de Energía, por explorar hidrocarburos en la plataforma continental cercana a Malvinas sin autorización argentina, en los términos de la Ley 26.659; esa sanción tiene una vigencia de quince años, hasta 2028. “Un cambio de nombre no crea una persona jurídica nueva ni extingue las sanciones que pesaban sobre la anterior”, sostuvo Ferraro, para quien la ley alcanza también a “accionistas y controlantes” de las firmas infractoras, lo que —a su juicio— debería haber excluido a Harbour del beneficio.

Según trascendió de fuentes del sector energético, Chrysaor compró Premier Oil en marzo de 2021 para dar origen a Harbour Energy, y que ese mismo año la nueva compañía decidió que el proyecto Sea Lion “no encajaba en su estrategia global”. En 2022 Harbour vendió esa participación a la petrolera israelí Navitas Petroleum, y sostienen que a partir de esa desinversión la Cancillería suspendió el proceso de inhabilitación que pesaba sobre la compañía. A fines de 2024, ya alejada de Malvinas, Harbour Energy compró Wintershall Dea a BASF y entró de lleno al mercado argentino, con posiciones en Vaca Muerta y en la producción de gas offshore junto a TotalEnergies y Pan American Energy.

En su cadena nacional del jueves, Milei anunció un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659, un mecanismo de “detección temprana” de accionistas y proveedores de empresas inhabilitadas y la prohibición de contratar con el Estado o con privados para las firmas alcanzadas. Además prometió la construcción de la base naval integrada en Tierra del Fuego, que se inició en el gobierno anterior, y un proyecto de ley de soberanía que crea un Consejo de Seguridad Nacional. La Cancillería ya habría iniciado un proceso sancionatorio contra 45 empresas y accionistas de once países vinculados al yacimiento Sea Lion, operado por Navitas y por la británica Rockhopper Exploration, que entre ambas acumulan cinco sanciones desde 2012 sin que se haya aplicado ninguna durante el Gobierno hasta este anuncio.