La oposición confirma la sesión en Diputados por la morosidad familiar y la emergencia en discapacidad

La oposición desafía al Gobierno para intalar en la agenda la problemática de morosidad familiar y la emegencia en discapacidad. Este lunes se confirmó en la Cámara de Diputados la sesión del próximo miércoles para abrir el recinto y tratar una batería de proyectos opositores que chocan con la intención del Gobierno de encajonar esos debates en las comisiones especializadas.

La sesión quedó fijada para el 9 de septiembre a las 12. El temario oficial reúne alrededor de cincuenta expedientes. En el primer lugar figura el proyecto que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Y el resto de la nómina está compuesto casi en su totalidad por iniciativas vinculadas al sobreendeudamiento de las familias: modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito, la inembargabilidad de la cuenta sueldo, límites a comisiones e intereses, regímenes de auxilio para deudores de créditos UVA y de servicios públicos, y al menos media docena de proyectos que declaran distintas variantes de “emergencia crediticia” o crean programas de desendeudamiento con nombres como RED, REDES o RESOP.

La convocatoria formaliza lo que la oposición había anticipado el 26 de agosto, cuando un conjunto de bloques —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Argentina Federal, Elijo Catamarca y Coherencia— intentó dos mociones de apartamiento del reglamento para incorporar ambos temas al temario de esa sesión. La maniobra necesitaba los tres cuartos de los presentes, un umbral inalcanzable frente al tercio que reúne La Libertad Avanza, pero los 133 votos obtenidos superaron ampliamente el piso de 129 requerido para convocar una sesión especial por sí sola.

Ante el avance opositor, el oficialismo buscó marcar los tiempos por otra vía. La Comisión de Finanzas, presidida por el libertario Santiago Pauli, convocó reuniones informativas con especialistas y funcionarios para el 8 y el 16 de septiembre, fijó el debate en comisión para el 23 y estableció el 30 como fecha límite para emitir dictamen sobre desendeudamiento familiar. La oposición rechazó ese cronograma: la diputada massista Cecilia Moreau lo calificó de “una maniobra para ganar tiempo e impedir que esta Cámara legisle” y advirtió que, hacia fin de mes, la agenda parlamentaria quedará absorbida por el debate del Presupuesto 2027. El presidente de la Cámara, Martín Menem, había justificado la resistencia oficialista con el argumento de que “cada vez que el Estado intervino en algo las cosas terminaron peor”, en línea con la posición del presidente Javier Milei, que calificó reiteradamente el sobreendeudamiento de los hogares como “un problema entre privados” y llegó a atribuir buena parte de la suba de la mora al consumo de televisores durante el Mundial.

El trasfondo de la disputa son los datos de endeudamiento que la propia oposición cita para justificar la urgencia. Alrededor de 20 millones de personas tienen algún tipo de deuda en el sistema financiero o en billeteras virtuales, y cerca de 6 millones están en situación de mora grave. Un informe de junio de 2026 de CEPA, elaborado con datos del BCRA y el Cendeu, había ubicado la mora bancaria familiar en 12,8% y la de billeteras virtuales en 30,1%, por encima del pico de la pandemia (27,1% en mayo de 2020), con una carga mensual de deuda equivalente al 24,1% de la masa salarial; entre los jóvenes de 18 a 25 años, la mora asociada a billeteras digitales había saltado de 24,7% a 40,8% en el último año.

Con cerca de cincuenta expedientes distribuidos entre distintas comisiones —Legislación General, Finanzas, Defensa del Consumidor, Presupuesto y Discapacidad, entre otras—, el propio frente opositor reconoce que ordenar el tratamiento de todos los proyectos en una sola sesión es un desafío logístico. Aun así, la confirmación oficial de la fecha deja planteado para el 9 de septiembre un test desafiante para la oposición, en momentos en que el Gobierno insiste en que la solución al sobreendeudamiento pasa por la recuperación económica y no por una nueva ley, mientras la oposición sostiene que la emergencia ya está instalada en los hogares argentinos.

En paralelo, el Gobierno también se movió en el frente de discapacidad. La semana pasada, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches —quien había asumido como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios—, expuso ante la Comisión de Discapacidad de Diputados junto a los subsecretarios Esteban Giler y Gianfranco Scigliano, en su primera exposición pública con el objetivo declarado de frenar la prórroga. La ley 27.793 había sido aprobada en julio de 2025 con el respaldo de distintos bloques opositores, vetada por Milei con el argumento de que era fiscalmente incompatible, y finalmente convertida en norma cuando el Congreso reunió los dos tercios necesarios en ambas cámaras para insistir sobre el veto.