El Ministerio de Capital Humano salió este miércoles a contener el daño político generado por el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”. A través de un comunicado oficial difundido en su cuenta de X, el organismo que conduce Sandra Pettovello insistió en que el proyecto es de “etapa preliminar”, que su desarrollo “se realizará íntegramente bajo su conducción estratégica, con recursos humanos y equipos técnicos especializados propios, sin recurrir a contrataciones integrales de empresas” y que el concepto de gemelo digital “lejos de pertenecer a una corporación o individuo en particular, se trata de una metodología ampliamente adoptada a nivel global”.

El comunicado también ensaya una distinción para blindar el proyecto de las comparaciones incómodas: “Lo novedoso de esta iniciativa no está en el concepto de gemelo digital, sino en que será utilizada por primera vez en lo social”. Ninguno de esos párrafos menciona a Palantir Technologies ni a Peter Thiel. Pero todos apuntan hacia ellos.

La controversia que detonó el comunicado

El viernes pasado, el presidente Javier Milei difundió en sus redes sociales un video del ministerio de Pettovello presentando al “Gemelo Digital Social” como “un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial”. La pieza audiovisual prometía un sistema capaz de “simular escenarios, anticipar impactos, optimizar decisiones en tiempo real” mediante el cruce de múltiples bases de datos estatales. El propio Milei saludó el anuncio con su ya habitual mezcla de mayúsculas y jerga libertaria: “ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA. MAGA. VLLC!”.

La reacción fue inmediata. Especialistas como el programador y divulgador tecnológico Maximiliano Firtman señaló en X que Palantir —la empresa de análisis de datos ligada a Thiel, quien había visitado a Milei semanas antes y se instaló con su familia en Buenos Aires— vende precisamente un servicio llamado “gemelo digital”. En pocas horas el anuncio gubernamental quedó envuelto en sospechas de que el Estado argentino estaba preparando el terreno para contratar a la compañía.

elDiarioAR reveló previamente el avance de marcos regulatorios orientados a facilitar el ingreso de Palantir al país, en el contexto de los cambios que el gobierno de Milei impulsó en materia de protección de datos personales, seguridad y vigilancia estatal. La empresa fundada por Thiel —también cofundador de PayPal y uno de los principales donantes de Donald Trump— es proveedora de la CIA, el FBI y la NSA, y colaboró en los operativos antimigratorios de la ICE en Estados Unidos, además de haber prestado servicios a las fuerzas israelíes en Gaza.

Lo que el comunicado dice y lo que calla

El texto oficial agrega algunos detalles operativos que el video del viernes omitía. Según el comunicado, el modelo “contará con un diseño multidimensional que le permitirá describir la realidad social actual, explicar las causas de las problemáticas detectadas, predecir escenarios futuros ante posibles cambios y, finalmente, prescribir las acciones necesarias para optimizar los resultados de la gestión”. Capital Humano presenta ese proceso como un salto cualitativo en la administración del Estado: “pasar de la reacción a la anticipación, de la fragmentación a la integración, y de decisiones aisladas a políticas coordinadas basadas en evidencias”.

El texto también precisa que el proyecto se nutrirá de “información disponible en el ámbito de este Ministerio relativa a programas y sistemas, estadísticas públicas, indicadores territoriales, información agregada, y modelos de análisis y simulación”. Y fija una garantía que el video inicial no había ofrecido: que el sistema solo utilizará “datos anonimizados, información estadística, indicadores agregados y modelos de simulación, sin utilizar datos personales”.

Pero esa afirmación colisiona con el silencio que el propio ministerio mantuvo durante días sobre sus fuentes de datos, proveedores tecnológicos y marco legal. La presentación original no incluía fechas, presupuesto, organismos responsables ni referencias a consentimiento informado o anonimización. La Fundación Vía Libre presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante Capital Humano y la Agencia de Acceso a la Información Pública preguntando, específicamente, si hubo reuniones con representantes de Palantir o con el propio Thiel en el marco del desarrollo del proyecto. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso en términos similares.

El comunicado de hoy tampoco responde esas preguntas. Aunque declara que el “objetivo final es construir capacidades de gobierno modernas que permitan comprender mejor fenómenos sociales complejos, coordinar políticas públicas, optimizar los recursos y mejorar el impacto de las decisiones del Gobierno nacional”, no menciona qué arquitectura tecnológica se utilizará, qué empresas podrían participar en las “mesas de trabajo” que el ministerio prometió convocar con el sector privado y académico, ni qué normativa habilitará el procesamiento de datos sociales a escala.

El concepto “gemelo digital” fue acuñado en 2002 en el contexto de la gestión industrial y la NASA lo aplicó desde los años 60 para simular naves espaciales. El texto del ministerio lo reconoce: “Actualmente, gobiernos, universidades y empresas de todo el mundo utilizan este tipo de simulación para optimizar procesos y prever escenarios”. El comunicado tampoco aclara a qué “corporación” o “individuo” alude cuando dice que el gemelo digital no les pertenece.

La discusión sobre “Gemelo Digital Social” trasciende lo tecnológico para convertirse en un desafío ético y constitucional de esta nueva Era.

La promesa es tentadora: replicar virtualmente las dinámicas de la población mediante inteligencia artificial para optimizar recursos, predecir demandas y diseñar políticas públicas con precisión. Sin embargo, detrás de la narrativa de la modernización estatal se esconde una encrucijada peligrosa sobre el uso de nuestros datos personales y la vigencia de los derechos personalísimos en Argentina.

En primer lugar, la Constitución Nacional consagra en su artículo 19 el principio de reserva, el cual establece que las acciones privadas de los hombres que no ofendan al orden, a la moral pública ni perjudiquen a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados, mientras que el artículo 43 garantiza la autodeterminación informativa mediante la acción de Habeas Data, permitiendo a toda persona conocer la finalidad y el registro de sus datos personales, así como exigir su supresión o confidencialidad en caso de discriminación o falsedad. En sintonía, el Código Civil y Comercial en su artículo 51, declara la inviolabilidad de la persona humana y el derecho al respeto de su dignidad en cualquier circunstancia; en su artículo 52, al facultar la prevención y reparación de daños ante lesiones a la intimidad, imagen, identidad o dignidad; y finalmente en su artículo 1770, el cual regula específicamente la protección de la vida privada, obligando a cesar y a indemnizar cualquier intromisión arbitraria o perturbación a la intimidad ajena.

El Estado tiene la potestad de administrar datos, pero no es el dueño de nuestra identidad. El límite legal es taxativo: la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales prohíbe el tratamiento de información sin consentimiento libre e informado, y veta explícitamente la creación de archivos que almacenen datos sensibles como pueden ser las opiniones políticas, la religión que profesan o detalles específicos sobre la salud. ¿Por qué? Para evitar perfilar ideológica o socialmente a las personas. Cruzar esa frontera no es innovar.

¿Qué datos podrían ser entonces “relevantes” para este modelo predictivo sin infringir la ley? El marco legal argentino permite el uso de información estadística y macroeconómica disociada. Es decir, datos donde la identidad del individuo haya sido irreversiblemente anonimizada. Son válidos y lícitos los registros agregados de densidad poblacional, índices de vulnerabilidad social por regiones geográficas generales, tasas de escolaridad, niveles de empleo o consumos energéticos comunitarios. Estos indicadores permiten trazar mapas de calor predictivos para saber dónde se necesita un hospital o una escuela, sin necesidad de espiar el comportamiento individual, los hábitos de consumo o las interacciones digitales. 

Jurisprudencia, la primera barrera

El fallo “Halabi” (2009) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye el límite constitucional más sólido y el antecedente jurisprudencial más potente frente a cualquier intento de vigilancia como el que se podría instrumentar desde Capital Humano. En dicha sentencia, al declarar la inconstitucionalidad de la llamada “ley espía” de telecomunicaciones que obligaba a registrar preventivamente el tráfico de datos de todos los usuarios, el máximo tribunal determinó que el Estado no puede intervenir en la esfera de la privacidad de los ciudadanos de manera generalizada ni desproporcionada bajo la excusa de la seguridad o la eficiencia de la gestión pública, ratificando que el uso de entornos tecnológicos no implica la renuncia a la expectativa legítima de intimidad. Además, el fallo dio lugar a los derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. En criollo: una determinada medida tiene efectos comunes sobre un determinado universo de personas. Entonces, si el algoritmo estatal avanza sobre un perfilamiento no consentido de la población, estamos ante una afectación colectiva que habilitará a cualquier afectado o asociación a interponer una acción de clase para frenar el sistema informático en todo el territorio nacional.

El verdadero peligro del “Gemelo Digital” no radica, por ahora, en la herramienta, sino en el control totalizador del Gobierno. Cuando los algoritmos del Estado dejan de analizar variables macro y empiezan a procesar microconductas individuales para “predecir” el comportamiento social, la eficiencia pretendida se convierte en vigilancia. 

*Abogado - Especialista en Derecho e IA (Universidad de Salamanca) / LinkedIn drnicolasbevilacqua

El presidente Javier Milei presentó este viernes el denominado “Gemelo Digital Social”, una plataforma de inteligencia artificial impulsada por el Ministerio de Capital Humano que busca centralizar información estatal y anticipar escenarios vinculados a políticas sociales. El anuncio fue difundido a través de un video publicado en redes sociales, donde el mandatario sostuvo que “Argentina se adelanta al futuro” y calificó la iniciativa como “un cambio de paradigma” en el uso de IA aplicada a la gestión pública.

La herramienta, desarrollada bajo la órbita del ministerio encabezado por Sandra Pettovello, fue presentada como un sistema capaz de “simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones en tiempo real” mediante el cruce de múltiples bases de datos. Según el video oficial, el objetivo es construir “una sola visión” de la información social para acompañar a las personas “desde la infancia hasta la autonomía”.

El lanzamiento quedó rápidamente envuelto en polémica por las sospechas de un eventual vínculo con Palantir Technologies, la firma de análisis de datos ligada al magnate Peter Thiel, quien semanas atrás visitó a Javier Milei en la Argentina. Palantir es conocida por desarrollar sistemas de inteligencia y vigilancia utilizados por organismos como la CIA, el FBI y la NSA, además de colaborar en tareas de seguridad y defensa en distintos países.

Aunque el Gobierno no confirmó oficialmente ninguna asociación con la compañía, el anuncio despertó cuestionamientos de dirigentes políticos, especialistas en tecnología y organizaciones vinculadas a los derechos digitales. Uno de los que reaccionó fue el programador y divulgador tecnológico Maximiliano Firtman, quien escribió en redes sociales: “¿Se acuerdan de Peter Thiel? Su empresa, Palantir, vende un servicio que se llama ‘Gemelo Digital’, justo como el programa que presentó el presidente con ese video editado en estilo estafa piramidal”.

También se pronunció el diputado nacional Esteban Paulón, quien cuestionó el alcance de la iniciativa y presentó un pedido de informes en el Congreso. “¿Gemelo o Gran Hermano? El anuncio sobre la implementación del programa ‘gemelo digital social’ es preocupante y nos hace acordar a lo peor de Orwell y 1984”, señaló. Además, sostuvo que el Gobierno “avanza en un plan que vulnera la privacidad y el cuidado de datos personales”.

En la misma línea, el exdiputado Alejandro Rodríguez advirtió sobre el posible uso político de la información recolectada. “Milei le entrega a Palantir el manejo de datos de las personas que debe resguardar el Estado. ¿Para qué? Para uso electoral y de negocios”, cuestionó.

Las críticas también llegaron desde el ámbito especializado en inteligencia artificial. El analista Ariel Garbarz alertó sobre la capacidad de este tipo de sistemas para integrar información sensible de múltiples organismos públicos y privados. Según indicó, plataformas de este tipo podrían conectar datos provenientes de DNI, Anses, bancos, salud, educación, migraciones, telecomunicaciones y geolocalización, reduciendo “la entropía observable” de la sociedad mediante vigilancia algorítmica.

A las repercusiones políticas y técnicas se sumó además un pedido formal de acceso a la información pública presentado por la Fundación Vía Libre ante el Ministerio de Capital Humano y la Agencia de Acceso a la Información Pública. En el documento, la organización expresó su “fuerte preocupación” por el posible impacto del sistema sobre la privacidad y la protección de datos personales.

La presentación reclama precisiones sobre la normativa que habilita el programa, el tipo de datos que serán utilizados, los organismos estatales involucrados y la eventual participación de empresas tecnológicas privadas. También consulta si existieron reuniones con representantes de Palantir o con Peter Thiel en el marco del desarrollo del proyecto.

Además, la fundación pidió detalles sobre eventuales decisiones automatizadas tomadas por el sistema, posibles sesgos algorítmicos y medidas de seguridad para resguardar la información personal de millones de ciudadanos.

JIB