El ex titular del ARSAT y ORSNA, Facundo Leal, se negó a declarar este lunes ante la Justicia en la causa en la que se lo investiga por presuntas coimas, luego de que, en un allanamiento en su domicilio, se encontraran US$ 2.000.000 y drogas.

Leal fue titular de ARSAT y del ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, y está detenido hace dos meses con arresto domiciliario bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.

La Justicia allanó sus viviendas en la Capital Federal y en Mendoza, lugares en los que encontró e incautó US$ 2.000.000 —sin un origen que pudiera ser explicado—, drogas sintéticas, ketamina y cocaína, además de equipos de vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.

Leal se enfrenta a acusaciones de recibir retornos a cambio de adjudicar servicios en forma directa a una operadora privada.

En una audiencia ante el magistrado Lino Mirabelli, a cargo del juzgado de San Isidro , Leal se negó a declarar, supo elDiarioAR de fuentes judiciales. El exfuncionario hasta ahora no tuvo una postura colaborativa y hasta se negó a entregar la contraseña de su celular.

Leal presidió ARSAT (empresa de telecomunicaciones y servicios satelitales) desde 2022, y desde junio de 2025 sumó a sus funciones la titularidad del ORSNA. Tras su dimisión a principios de 2026, su cargo fue ocupado por Noelia Ruiz.

Javier Milei renunció el 9 de diciembre de 2021 a Corporación América, el grupo de Eduardo Eurnekian y sus sobrinos Hugo y Martín, para ser diputado y desde entonces debían dejar pasar tres años, según la ley de ética pública, antes de firmar cualquier decisión sobre quien fuera su empleador durante 21 años e incluso su impulsor mediático. Ese plazo finalizó el 9 de diciembre de 2024, cuando Milei ya cumplía un año al frente de la presidencia. Todavía no rubricó nada, pero su gobierno llegó a firmar en septiembre pasado un acta acuerdo para prorrogarle la concesión de Aeropuertos Argentina de 2028 a 2056, con la opción de otra extensión hasta 2066, con inclusión en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y privatización del 15% que el Estado tiene en esa empresa. Pero ahora se renegocia un nuevo acuerdo.

¿Qué sucedió en el medio? El Acta Acuerdo de Readecuación Contractual (ver abajo) fue firmada el 26 de septiembre de 2025 por el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y el entonces presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Facundo Leal.

Al mes siguiente, el 23 de octubre, en un reunión “secreta”, según consta en el acta del ORSNA (ver abajo), el directorio de este ente lo ratificó, con la firma de Leal, la entonces vicepresidenta, Noelia Ruiz, y el resto de sus integrantes. En febrero pasado, el abogado mendocino renunció al cargo porque también había dimitido como secretario de Transporte su coprovinciano que lo había llevado al cargo, Luis Pierrini.

Pero el problema fue que Leal cayó preso este 1 de junio después de que le allanaran su departamento de Palermo Chico con US$2,3 millones en dólares, euros, pesos, otras monedas sudamericanas y hasta chelines tanzanos, además de ketamina, MDMA y cocaína. Está investigado por presunta corrupción de cuando presidía la empresa estatal de satélites Arsat en el gobierno anterior. Como muchos otros, pasó de massista a libertario.

Luego de la caída de Leal tras las rejas, era difícil que al acta acuerdo por él firmada recibiera la aprobación de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para que después lo termine de rubricar el presidente Milei. Faltaban esos ganchos para consagrar la extensión. Así fue que Ruiz, sucesora de Leal en la presidencia del ORSNA, reunió al directorio del organismo este 10 de junio y en otra reunión “secreta”, según su acta (ver abajo), dejó sin efecto tanto el convenio como la ratificación que ella misma había hecho. Se argumentó por escrito que el acta acuerdo no había sido refrendada aún por Aeropuertos Argentina y que la constitución de un nuevo directorio a partir del reemplazo de Leal por Ruiz en febrero pasado justificaba la necesidad de “evaluar el estado del proceso y adoptar las decisiones que el interés público requiera”.

Por eso, el nuevo directorio del ORSNA que encabeza Ruiz dispuso “la reanudación del procedimiento de negociación contractual, oportunamente iniciado en la reunión del 27 de diciembre de 2024, estableciendo en este acto nuevas bases operativas orientadas a mejorar la motivación, el análisis del impacto económico-financiero y la fundamentación técnica, con especial referencia los aspectos abordados en el acta acuerdo de fecha del 26 de septiembre de 2025, la que servirá como antecedente de trabajo”. Es decir, se dejó sin efecto el preacuerdo de Leal, pero servirá como referencia para que lo vaya a rubricar Ruiz. Ambos han respondido en este gobierno al asesor presidencial Santiago Caputo, pero el exfuncionario llegó por Pierrini, que a su vez respondía al exjefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA) Juan Pazo. Ella, en cambio, es apodada La Killer de Santi.

En aquella reunión también secreta de 2024 (ver abajo) el directorio del ORSNA había instruido a su entonces presidente, Hernán de Arzuaga Pinto, a renegociar el contrato. Y eso que el anterior gobierno peronista ya había prorrogado en noviembre de 2020, en plena pandemia, el contrato que en principio duraba de 1998 a 2028 y que podía extenderse por diez años más. En la gestión de Alberto Fernández, con el argumento del impacto de la extensa cuarentena en la paralización de vuelos y del consiguiente cobro del servicio aeroportuario, se prolongó la concesión hasta 2038, a pesar de que faltaban entonces ocho años para su vencimiento.

En 2024, otra vez con el razonamiento de que el Covid-19 prolongó las restricciones aéreas hasta mediados de 2021, el gobierno de Milei y la empresa de los Eurnekian comenzaron a dialogar sobre prorrogar el contrato que vencía 14 años más tarde. Ahora le faltan 12 años a la concesión. En el acta de 2024, el ORSNA alegaba que la ley Bases permitía la renegociación de contratos de obras públicas e incluía en ese universo la administración de los aeropuertos de casi todo el país y sus necesidades de inversión. También le reconocía a la empresa que se le había roto la “ecuación económica” de su negocio. No hay que olvidar que en la pandemia, cuando sólo era un economista mediático, Milei era un férreo opositor a ese aislamiento que el propio Fernández violó.

En 2025, el acta acuerdo ahora dejada sin efecto pero que servirá de antecedente establecía que el contrato iniciado por el gobierno de Carlos Menem se extendiera a 2056 con una tasa interna de retorno (TIR) del 14,3%. Es decir, 30 años de acá en más. Pero no sólo eso: se incluía una opción de otra prórroga hasta 2066, o sea, de acá a 40 años, con una TIR del 14,45%. Se argumentaba que la extensión resultaba necesaria para conferir “suficiente certeza, estabilidad y seguridad jurídica que posibiliten la obtención de una eficaz provisión de financiamiento para llevar adelante la ejecución de las inversiones previstas”. Suena extraño que se requiera tan largo plazo para acceder al crédito.

La otra opción que tendría la Argentina es que a futuro otro gobierno llame a licitación otra vez los aeropuertos para que los Eurnekian u otro grupo los gestionen desde 2038 en adelante. En Corporación América han conseguido que en Armenia –la tierra de donde migraron los padres del empresario de 93 años– y en Uruguay les prorroguen los contratos con el argumento de la pandemia. También ha habido otros casos en Grecia, República Dominicana y Georgia.

Sin embargo, en otros países desarrollados y latinoamericanos ni extendieron las concesiones ni duran 58 o 68 años, como establecía el preacuerdo del gobierno de Milei con los Eurnekian. En Brasil duran 20 o 30, con opciones de alargarlos cinco más; en Chile, de 15 a 30; o en Japón, de 30 con alternativa a diez más. Claro que también está el caso de Australia, con 50 años con prórroga por 49.

También se disponía que Aeropuertos Argentina presentaría su plan de inversión en el RIGI, que premia con desgravaciones impositivas y de aranceles a la importación, así como beneficios cambiarios, a inversiones que superen los US$200 millones. En el acta se hablaba de un plan de inversiones 2026/2030.

El otro punto clave del pacto consistía en disponer que el Estado se deshiciera del 15% que tiene en Aeropuertos Argentina con una oferta pública de acciones en la bolsa de Buenos Aires y en otras del país. Sería una manera de quitarse de encima la mano de cualquier gobierno en el directorio e incluso de que los Eurnekian recompren al menos parte de esos papeles.

Ya el periodista Carlos Pagni había adelantado en el diario La Nación el dato de la prórroga. Ahora que se conocen todas las actas secretas y los detalles del acta acuerdo frustrada, incluido los del RIGI y la privatización, habrá que ver cómo continúa el diálogo contractual entre el gobierno de Milei, representado por Ruiz, y el grupo económico de su exempleador. Se trata de una renegociación que deberán ratificar no sólo el directorio del ORSNA sino también por Ibarzabal Murphy, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Procuración del Tesoro de la Nación y hasta el propio jefe de la Casa Rosada.

AR /MG

En la Casa Rosada nadie quiere hablar demasiado de Facundo Leal. El reflejo es comprensible. El exfuncionario detenido el viernes pasado con casi 2,5 millones de dólares, drogas sintéticas y una montaña de dispositivos electrónicos no encaja fácilmente en el relato oficial de la “herencia recibida”. Aunque su carrera en el Estado comenzó mucho antes de la llegada de Javier Milei, Leal ocupó cargos estratégicos durante la actual administración. Entre ellos aparece acompañando al exsecretario de Transporte Luis Pierrini, señalado en el sector como uno de los hombres más cercanos a Leonardo Scatturice, el empresario que en los últimos años amplió su influencia sobre áreas sensibles del negocio aerocomercial y los márgenes del poder libertario.

La investigación judicial que hoy tiene a Leal detenido amenaza con arrojar luz no sólo sobre el origen de los millones encontrados en los allanamientos, sino también sobre la red de relaciones políticas y empresariales que lo sostuvo durante años en posiciones estratégicas del Estado. La causa ni siquiera había comenzado apuntando hacia él. El expediente se originó a partir del presunto robo de equipamiento tecnológico de ARSAT durante los primeros meses del gobierno de Milei. Con el avance de la investigación se abrieron nuevas líneas vinculadas a posibles irregularidades dentro de la empresa estatal. El recorrido terminó desembocando en los domicilios de Leal.

Lo que encontraron los investigadores transformó por completo la dimensión del caso. Como reveló en primera instancia Camila Dolabjian en el diario La Nación, en su departamento de Palermo aparecieron unos $650.000 de dólares en efectivo, cerca de dos millones de pesos, monedas de distintos países y una importante cantidad de drogas sintéticas, entre ellas ketamina, cristal MDMA y cocaína. En Mendoza, según trascendió posteriormente, fueron hallados otros $1,7 millones de dólares. También se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, tablets, pendrives y documentación que ahora será sometida a peritajes.

Entramado mendocino

La caída de Leal sorprendió incluso dentro de un sistema político acostumbrado a convivir con funcionarios que sobreviven a los cambios de gobierno. Especializado en derecho económico, este abogado mendocino de 52 años construyó una carrera de casi dos décadas en organismos vinculados a las telecomunicaciones, la aviación civil y el transporte. En agosto de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, llegó a la presidencia de ARSAT, cargo que conservó incluso tras la asunción de Javier Milei. Su salida se dio recién en febrero de 2024, aunque continuó ligado a la compañía satelital ya que formaba parte de su planta permanente. En junio de 2025, luego de que Luis Pierrini asumiera como secretario de Transporte, fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), uno de los organismos más sensibles del sector aerocomercial.

Pero para entender cómo logró atravesar gobiernos tan distintos hay que mirar hacia Mendoza. Leal forma parte de una generación de funcionarios y operadores que crecieron políticamente alrededor de uno de los entramados empresariales más influyentes de la provincia. Un ecosistema donde durante años confluyeron en distintos negocios, desde los medios de comunicación hasta las telecomunicaciones, pasando por la energía. Allí aparecen nombres como José Luis Manzano y Daniel Vila, socios históricos en múltiples emprendimientos. Tanto el exministro del Interior menemista como el dueño de América TV son figuras de extrema confianza de Sergio Massa.

Dentro de ese universo, Leal fue construyendo un perfil particular. Nunca ocupó el centro de la escena política ni tuvo volumen propio. Su fortaleza estaba en otro lugar: la capacidad para moverse entre organismos técnicos y despachos empresariales. Esa lógica le permitió convertirse en una pieza útil para distintos sectores, independientemente del color político de cada administración. En Mendoza suelen describirlo como uno de esos operadores que entienden mejor el funcionamiento de las estructuras estatales que muchos dirigentes con cargos más visibles.

Esa misma trama explica buena parte de su vínculo con Luis Pierrini. Apenas desembarcó en la Secretaría de Transporte en mayo de 2025, el empresario mendocino convocó a Leal y lo convirtió en su mano derecha. Ligado históricamente al negocio asegurador a través de Triunfo Seguros y con excelentes relaciones dentro del “círculo rojo” de su provincia, Pierrini integra además la conducción de Independiente Rivadavia junto a Daniel Vila y, en paralelo, distintos actores del sector lo ubicaban dentro de un entramado de relaciones que también incluiría a Pablo Toviggino, el poderoso tesorero de la AFA y uno de los dirigentes más influyentes del fútbol argentino.

La red Scatturice

Es en ese punto donde la historia empieza a cruzarse con Leonardo Scatturice. El empresario, que construyó una posición cada vez más relevante alrededor de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y distintos circuitos de influencia vinculados al oficialismo, fue ampliando su presencia dentro del sector aerocomercial argentino al adquirir Flybondi. Para hacerlo necesitaba interlocutores dentro de organismos sensibles del Estado. Y Pierrini aparecía mencionado con frecuencia como uno de los funcionarios con mejor llegada a su entorno. Sin ir más lejos, el fondo de inversión COC Global Enterprise, propiedad de Scatturice, oficializó la compra de la low cost en junio de 2025, apenas un mes después del desembarco del funcionario a la Secretaría de Transporte.

La relación entre Leal y Scatturice no era necesariamente directa. Funcionaba a través de esa constelación de empresarios que orbitaban alrededor de Pierrini. El ORSNA, precisamente, constituye una pieza clave dentro de ese esquema. Desde allí se regulan concesiones, inversiones y buena parte de la infraestructura sobre la que operan las líneas aéreas. Leal estuvo al frente de ese organismo hasta febrero de 2026.

La salida de Pierrini y Leal, que siempre se movieron en tándem, terminó produciéndose prácticamente al mismo tiempo. Oficialmente, el entonces secretario de Transporte presentó su renuncia por motivos personales. Sin embargo, dentro del sector circulaban otras explicaciones. Una de ellas estaba vinculada a un viaje realizado a Barcelona en una aeronave asociada al entorno de Toviggino, episodio que generó ruido interno y aceleró el desgaste político de ambos funcionarios.

La reacción del Gobierno ante la detención de Leal fue moderada. Ningún sector interno quiso asumir algún tipo de cercanía política con el exfuncionario. En una administración donde las distintas tribus suelen utilizar los escándalos para responsabilizar a sus adversarios internos, esta vez predominó el silencio. Tanto en el karinismo como entre los sectores más próximos a Santiago Caputo buscaron presentar a Leal como un funcionario heredado de administraciones anteriores, un “cabo suelto” que no respondía a ninguna de las terminales de poder actuales.

El problema es que la historia resulta bastante más compleja. La causa, que tramita en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez, amenaza ahora con abrir interrogantes que van mucho más allá de la situación patrimonial de Leal. Los teléfonos, computadoras y documentos secuestrados durante los allanamientos podrían ofrecer una radiografía inédita de las relaciones que le permitieron atravesar distintos gobiernos conservando influencia en algunas de las áreas más sensibles del Estado.

Lo que comenzó como una investigación por el presunto robo de equipamiento tecnológico de ARSAT amenaza ahora con iluminar una red mucho más amplia. La pregunta que empieza a sobrevolar distintos despachos oficiales ya no es únicamente de dónde salió el dinero encontrado durante los allanamientos. También qué parte de esa vieja trama aparece escondida detrás de los contactos y los negocios que ahora empieza a reconstruir la Justicia.

PL/CRM

La detención de Facundo Leal en el marco de una investigación judicial que se inició por el presunto robo de equipamiento tecnológico de una empresa estatal abrió un nuevo frente de análisis para la Justicia. Un allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Palermo derivó en el secuestro de una importante suma de dinero en efectivo y distintas sustancias prohibidas, elementos que ampliaron considerablemente el alcance original del expediente.

El mendocino Leal cuenta con una extensa trayectoria dentro de la administración pública. A lo largo de su carrera ocupó cargos de relevancia en áreas estratégicas vinculadas a las telecomunicaciones y la aviación. Entre otras funciones, presidió ARSAT, estuvo al frente del ORSNA y también se desempeñó en la ANAC.

Facundo Leal desarrolló buena parte de su carrera en el sector público y ocupó cargos de relevancia durante la gestión de Alberto Fernández. Durante ese período estuvo al frente de ARSAT, la compañía estatal encargada de áreas estratégicas de telecomunicaciones y tecnología satelital, y también tuvo responsabilidades vinculadas al sector aeronáutico. Incluso tras dejar la presidencia de la empresa, continuó desempeñándose dentro de la estructura de ARSAT hasta que quedó involucrado en la investigación judicial que derivó en su detención.

La causa judicial tuvo su origen durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei, a partir de una denuncia relacionada con la sustracción de equipos tecnológicos pertenecientes a ARSAT. La investigación quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez.

Con el avance de las medidas de prueba, los investigadores comenzaron a analizar teléfonos celulares y otra documentación secuestrada. Esos peritajes habrían aportado indicios que llevaron a profundizar distintas líneas de investigación, entre ellas posibles irregularidades vinculadas a contratos de la empresa estatal, ampliando el foco inicial del expediente.

En ese contexto, la Justicia ordenó una serie de entre 12 y 15 allanamientos simultáneos en distintos puntos. Uno de esos procedimientos tuvo lugar en el domicilio de Leal, donde los agentes encontraron más de 650.000 dólares en efectivo, además de aproximadamente dos millones de pesos argentinos y divisas de diversos países, entre ellas euros, reales, pesos uruguayos, mexicanos y colombianos.

Durante el operativo también fueron secuestradas distintas sustancias prohibidas. De acuerdo con la información incorporada a la causa, los investigadores hallaron cerca de 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA y una cantidad no precisada de cocaína. Todo el material quedó bajo custodia judicial para la realización de los correspondientes análisis periciales.

El hallazgo sorprendió incluso a quienes seguían de cerca la investigación, ya que el expediente no se había iniciado por sospechas vinculadas al narcotráfico ni a maniobras de lavado de dinero. Por ese motivo, ahora los investigadores deberán determinar si las drogas y el dinero encontrado guardan alguna relación con los hechos originalmente investigados o si se trata de situaciones independientes que dieron lugar a nuevas líneas de pesquisa.

La aparición de estos elementos elevó además el impacto institucional de la causa. ARSAT es considerada una empresa estratégica para el Estado argentino debido a su participación en áreas sensibles como las telecomunicaciones y los servicios satelitales. Por ello, cualquier sospecha relacionada con el manejo de sus recursos, contratos o equipamiento adquiere una dimensión política y económica relevante.

Mientras avanza la investigación, la Justicia deberá establecer el origen de los fondos secuestrados, determinar la eventual responsabilidad de los involucrados y esclarecer si existe algún vínculo entre el presunto robo de equipamiento tecnológico, las posibles irregularidades contractuales detectadas durante la pesquisa y el hallazgo de drogas y dinero en efectivo. El expediente, que comenzó con una hipótesis acotada, se transformó así en una causa mucho más compleja y de mayor alcance.

Con información de medios

JIB