Cómo en cada 24 de marzo desde que Javier Milei llegó al poder, el Gobierno eligió la provocación para recordar un nuevo aniversario del golpe de estado. Una vez más, publicó un video apelando a la llamada “verdad completa”, la teoría con que los represores buscan justificar el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura.

En este 50º aniversario del golpe, el video comienza con una placa negra y la leyenda en blanco “24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, y en letras rojas agrega “COMPLETA”.

El video incluyye el testimonio de Miriam Fernández, hija de Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, ambos secuestrados y desparecidos en mayo de 1977. La mujer es la nieta recuperada número 127, sin embargo, mantiene el apellido de su apropiador, el ex policía, Armando Fernández, condenado por delitos de lesa humanidad.

En un tramo del video de más de una hora, Fernández asegura: “Dejemos el pasado en paz, porque a mí mi familia biológica no me la va a devolver nadie, y el dolor que yo viví con mi familia de militares tampoco me lo va a devolver nadie”. Y describe a su apropiador como “mi papá, le guste a quien le guste, sin negar que también tengo mis papás biológicos”.

El otro testimonio es el de Raúl Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el Ejercito Revolucionario del Pueblo en 1974, cuando se desempeñaba como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María. “Queremos que la verdad completa se imponga y que los chicos puedan discernir qué estuvo bien y qué estuvo mal, porque nosotros somos testigos de esa época”, aseguró Larrabure.

Los dos testimonios fueron grabados en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Como ocurrió en años anteriores, el gobierno difunde un video que incluye testimonios que sólo sostienen una parte de la historia, la que busca justiciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los represores. No menciona las torturas, las desapariciones, los secuestros ni los robos de bebés. Tampoco los más de 1.200 represores que ya fueron condenados por esos delitos.

MG

Con información de NA

El Gobierno sacará la Subecretaría de Derechos Humanos del predio de la ex ESMA y trasladará la repartición al edificio que ocupó hasta su eliminación el ex Ministerio de la Mujer, en Cochabamba 54 de la Ciudad de Buenos Aires. La mudanza tiene un alto contenido simbólico: se llevaría a cabo en marzo, en medio del 50 aniversario del Golpe de 1976, y es otro eslabón más en la campaña negacionista de la gestión de Javier Milei y su “batalla cultural”.

El martes 24 de marzo se conmemorará el 50º aniversario del comienzo de la última dictadura cívico-militar y se prevén actos y marchas en todo el país impulsadas por los organismos de derechos humanos. En ese marco hay expectativa por la ofensiva del Gobierno, que en los últimos dos años lanzó videos cuestionando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

La Subsecretaría de Derechos Humanos cambió a su titular en diciembre último, cuando el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Alberto Baños luego de un fuerte ajuste en el área y de cuestionar en una audiencia en la ONU el número simbólico de los 30.000 desaparacidos. Al frente de esa dependencia quedó Joaquín Mogaburu, un funcionario que aboga por el “perdón” y la “concordia política”.

Según trascendió, en el predio de la ex ESMA, de unas 17 hectáreas, continuarían funcionando el Archivo Nacional para la Memoria, el Museo Sitio de Memoria ESMA, el Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y entre otros.

El cambio de sede de DDHH coincide con otras acciones negacionistas del Gobierno. La subsecretaría dejó de intervenir como querellante en los últimos juicios que se iniciaron por los crímenes de lesa humanidad, como reveló el diario Página/12. Ya en febrero el Estado dejó de participar en las querellas en el juicio por los crímenes cometidos en dos de los centros clandestinos que regenteaba la entonces -y ahora recreada- SIDE: Automotores Orletti y la Base Pomar.

El traslado de la Secretaría de DDHH profundizará entonces el negacionismo mileísta. El espacio elegido como nueva sede es donde funcionó el Ministerio de la Mujer, creado en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández, y cerrado por Milei. En febrero esa área también fue degradada a una subsecretaría y se ordenó el desalojo del edificio que se encontraba en obras y con dificultades edilicias.

En 2025 ese mismo edificio -al igual que la Subsecretaría- pasó a la órbita del Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona. En 2024 el Poder Ejecutivo había dejado trascender que ese inmueble sería vendido a través de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), iniciativa que nunca se llevo adelante y quedaría si efecto ahora de confirmarse la mudanza a ese edificio de la subsecretaría.

Con información de agencia NA

MC

La convocatoria de este sábado en Plaza de Mayo para pedirle al gobierno de Javier Milei la liberación de los represores se enmarca en una postura negacionista de los juicios por la verdad, que desde 2006 ya significaron la condena de 1.200 personas, entre militares y civiles, acusados de cometer delito de lesa humanidad durante la última dictadura. 

La manifestación organizada por la hermana de un diputado de La Libertad Avanza y de militares retirados –y con la asistencia de un represor condenado con domiciliaria–, reclama por los que consideran “presos políticos”. En su narrativa hablan de “patriotas cautivos” o “veteranos de las dos guerras”, en referencia al conflicto de Malvinas y la lucha “contra la subversión”.

“Nuestros viejos son enfermos que se mueren en las cárceles”, dijeron a elDiarioAR desde la agrupación Pañuelos Negros, que coordina Asunción Benedit, hermana del diputado nacional Beltrán Benedit. La frase no se condice con la realidad: según datos oficiales, actualmente hay 539 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 454 se encuentran en arresto domiciliario. De los últimos diez años, 2025 es el segundo con menos personas detenidas por delitos de lesa humanidad.

Es decir, alrededor del 84% de las personas detenidas cumplen la pena en sus casas. Uno de los casos es Orlando “Hormiga” González, represor del Grupo de Tareas de la ESMA, que hasta el lunes pasado formaba parte del grupo coordinador de la protesta de este sábado. En diálogo con elDiarioAR llegó a admitir que no iría a la manifestación “por estar con la domiciliaria”. “Tampoco tengo interés en ir. Yo colaboré ya que piden también por mí”, agregó. Luego publicó un documento en el que se corrió del grupo por diferencias en la organización.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informa en su web que, desde 2006, 1.202 personas fueron condenadas y 213 resultaron absueltas en 353 sentencias por la represión estatal durante la dictadura. “La estadística es el resultado de la actualización trimestral de las principales variables relacionadas al juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado, a partir de la sistematización y el procesamiento de datos que realiza la procuraduría especializada de la información remitida por las fiscalías federales y unidades fiscales que intervienen en estos procesos en todo el país”, explican en Fiscales.gob.ar.

Los datos actualizados al 18 de septiembre pasado indican también que 60 causas fueron elevadas a juicio oral y público, otras 280 transitan la etapa de investigación preliminar y que actualmente se realizan 13 juicios orales y públicos en diferentes jurisdicciones.

La procuraduría relevó que en este contexto hay 356 procesados/as y 177 en el estadio intermedio de la falta de mérito. Otras 75 personas fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal, mientras que 103 fueron sobreseídas. En tanto, suman 502 los/as imputados/as por el Ministerio Público Fiscal que aún no fueron indagados.

En los procesos por crímenes de lesa humanidad hay 539 personas privadas de su libertad. De estas últimas, 454 se encuentran en arresto domiciliario, 63 en la Unidad Penitenciaria N°34 de Campo de Mayo, y 22 en cárceles de los servicios penitenciarios federales y provinciales.

Los casos en Campo de Mayo son los más cuestionados, porque se trata de una cárcel considerada “VIP” para los represores. Allí fueron trasladados justamente el año pasado un grupo de represores encabezado por Alfredo Astiz que hasta entonces permanecían en un pabellón de mujeres en la cárcel de Ezeiza. El beneficio lo obtuvieron gracias a la gestión del gobierno de Javier Milei. 

Fueron visitados por diputados de La Libertad Avanza en una comitiva que lideró Beltrán Benedit –recordemos, el hermano de Asunción, de Pañuelos Negros–. Y tuvieron la venia del ministro de Defensa, Luis Petri –porque Campo de Mayo es unidad penitenciaria que está dentro de la guarnición militar–, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –que conduce el Servicio Penitenciario Federal–. 

El grupo de diputados libertarios se fotografió con los represores, que fueron trasladados en mayo de 2024: además de Astiz, aparecen Mario “El Cura” Marcote, Miguel Britos, Honorio Carlos Martínez Ruíz, Raúl Guglielminetti, Julio César Arguello, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), Juan Manuel Cordero, Gerardo Arraez, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien luego falleció.

“Nosotros pedimos la libertad de todos. No son crímenes de lesa humanidad, sino de venganza total. Habría que reveer muchas causas”, afirmaron desde Pañuelos Negros. Desde la agrupación negacionista denunciaron en el Consejo de la Magistratura a jueces que firmaron sentencias por lesa humanidad y también le enviaron pedidos escritos al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños; a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y al Procurador General, Eduardo Casal. 

Los negacionistas se sienten protegidos por el aval mileísta a la última dictadura: “Ahora podemos hablar con el gobierno de Milei. Tenemos libertad. Después qué es lo que va a hacer el Presidente, no sabemos”, dijo a este medio la voz consultada, que pidió expreso anonimato. El libertario dijo en el debate presidencial de 2023 que durante los 70 solo hubo “excesos por parte de las Fuerzas Armadas”, cuestionó la cifra de 30.000 y el apoderado de LLA, Santiago Viola, también es abogado de cómplices de la represión en la ex ESMA.

En las últimas semanas la Corte Suprema le hizo un guiño a los represores al fallar que los acusados no pueden estar más de tres años en prisión preventiva. El máximo tribunal se quejó de las demoras en las causas de lesa humanidad. Según estadísticas oficiales, el promedio de espera de veredicto es de 11 años, y el debate oral más largo ya lleva casi 4 años.

El 11 de noviembre pasado la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata rechazó la aplicación del reciente precedente “Castillo” de la Corte Suprema frente a las presentaciones formuladas por cuatro detenidos por crímenes de lesa humanidad para que se les otorgue el cese de la prisión preventiva. Una semana antes, se rechazó el pedido de salidas transitorias al sacerdote católico Christian Von Wernich, condenado en 2007 a reclusión perpetua.

MC/CRM

Audios intercambiados en un chat entre los organizadores de la marcha que reclama la excarcelación de represores condenados por delitos de lesa humanidad permiten asomarse al clima político, las tensiones y la narrativa que estructura la convocatoria prevista para el sábado próximo 29 de noviembre en Plaza de Mayo. Las voces que circulan allí —referentes de grupos negacionistas, familiares de militares y activistas ligados a los sectores libertarios que respaldan el reclamo— exhiben una mezcla de épica militar, victimización y presión interna para sostener la protesta.

elDiarioAR accedió a algunos de los cruces del chat, en el que varios de sus miembros ratifican el lugar y hora de la manifestación porque coincide con una marcha organizada desde la Izquierda en apoyo a Palestina. Este medio supo que desde el ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, habrían “sugerido” a los organizadores trasladar la manifestación a la Plaza San Martín.

“Definitivamente no se puede cambiar el lugar. Está todo el país avisado. Si nosotros nos vamos, después no se quejen, porque otra vez vamos a ceder, como siempre”, se escucha en uno de los audios del grupo organizador del 29N, denominado “Unidos Por La Sangre Derramada”.

El mensaje sintetiza la narrativa que atraviesa todo el movimiento: la idea de que, desde 1983, quienes reivindican a los represores viven “cediendo” frente a organismos de derechos humanos y políticas estatales de memoria, verdad y justicia. Esa lógica aparece reforzada en otro audio del mismo chat: “Durante 42 años vivimos arrodillados, callándonos la boca y dejando que nos pisoteen”.

“El Gobierno debería ver que no pase nada. Ahí vamos a ver si están con nosotros o si nos mintió cuando dijo ‘tiemblen zurdos’”, se escucha en otro pasaje del audio, evidenciando la relación con la gestión de Javier Milei. Este medio ya reveló que hay aval a la manifestación tanto desde el bloque de La Libertad Avanza como por algunos funcionarios del Ejecutivo.

Del grupo de WhatsApp formaba parte hasta el lunes pasado Orlando “Hormiga” González, represor condenado en 2017 por ser parte del Grupo de Tareas de la ESMA. Pero se retiró por diferencias con los demás organizadores: Asunción Benedit, de la agrupación “Pañuelos Negros” y hermana del diputado nacional por Entre Ríos Beltrán Benedit, el legislador que organizó la visita a Alfredo Astiz y otros represores el año pasado en la cárcel de Ezeiza. También están Guillermo Sottovia, hijo de un integrante de la Fuerza Aérea, y Alfredo Manzur, ex veterano de Malvinas –señalado por realizar torturas a conscriptos– y actual procurador del Poder Judicial tucumano.

La convocatoria de grupos negacionistas ligados al Gobierno para el próximo 29 de noviembre a las 16 en Plaza de Mayo para exigir la liberación de represores condenados por lesa humanidad se metió en el final de la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Aunque el Gobierno dio claras señales de avalar la protesta, en las últimas horas desde la cartera de la futura senadora habrían “sugerido” a los organizadores trasladar la manifestación a la Plaza San Martín. El motivo del pedido sería para intentar evitar cruces con una marcha de la izquierda que unirá el Congreso con la Casa Rosada en apoyo a Palestina.

El pedido del Gobierno escaló entre los organizadores de la convocatoria pro-dictadura, al punto que generó una discusión interna en un grupo de WhatsApp, según pudo reconstruir elDiarioAR. Uno de los contrapuntos lo marcó Orlando “Hormiga” González, represor con prisión domiciliaria y hasta hace 48 horas “coordinador” de la actividad. 

A su vez, desde la izquierda confirmaron su convocatoria para las 15 en el Congreso, que tendrá como punto final la Plaza de Mayo con un “pañuelazo” contra los negacionistas. En el marco de una jornada internacional que repudia la avanzada de Israel sobre Palestina, en Buenos Aires la manifestación la organizan el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Catarsis en el chat negacionista

Este lunes feriado el represor “Hormiga” González –condenado en 2017 por haber sido parte del Grupo de Tareas en la ESMA durante la dictadura– rompió con el grupo organizador del 29N, denominado “Unidos Por La Sangre Derramada”, a través de un mensaje publicado en la web de ultraderecha “Prisionero en Argentina”. En su texto se quejó porque no se hizo caso a una “recomendación” del Ministerio de Seguridad para cambiar de lugar la manifestación y evitar así encontrarse con la marcha por Palestina. 

“Desde el Ministerio de Seguridad sugirieron el cambio de lugar para el encuentro, el debería (sic) realizarse en la Plaza San Martín. Entonces ‘la quinta columna’ y fanáticos del chat se opusieron, sosteniendo que el evento sí o sí se haría en la Plaza de Mayo, ignorando el peligro potencial que ello representa, y pese a las advertencias los que restan de UPLSD decidieron hacerlo en el sitio original, sin razonar el daño que puede ocasionar esta decisión. Ello produjo un cisma y las ONG que nos apoyaban en forma indirecta retiraron su participación”, escribió el represor.

elDiarioAR accedió a algunos de los cruces del chat, en el que varios de sus miembros ratifican el lugar y hora de la manifestación. “Definitivamente no se puede cambiar el lugar. Está todo el país avisado. Si nosotros nos vamos, después no se quejen, porque otra vez vamos a ceder, como siempre”, se escucha en uno de los audios.

Además del “Hormiga” González también forman parte del grupo organizador Asunción Benedit, de la agrupación “Pañuelos Negros” y hermana del diputado nacional por Entre Ríos Beltrán Benedit, el legislador que organizó la visita a Alfredo Astiz y otros represores el año pasado en la cárcel de Ezeiza. También Guillermo Sottovia, hijo de un integrante de la Fuerza Aérea, y Alfredo Manzur, ex veterano de Malvinas –señalado por realizar torturas a conscriptos– y actual procurador del Poder Judicial tucumano. Según promocionan, habrá participantes de distintos puntos del país, así como delegaciones extranjeras. 

Desde el grupo negaron la posibilidad de cambiar la sede, pero confiaron que el Ministerio de Seguridad sí fue notificado del acto, así como la Policía de la Ciudad, aunque aclararon que “solo fue un aviso, no se pidió permiso”. Otra versión indica que el pedido para manifestarse en otro lugar se hizo a través de la agrupación Justicia y Concordia, que manejan abogados de represores. Allí destacan Ricardo Saint Jean, hijo del gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, y María Laura Olea. Al cierre de esta nota, en Seguridad evitaron responder una consulta al respecto.

“Durante 42 años vivimos arrodillados, callándonos la boca y dejando que nos bastardearan. Ahora cuatro o cinco zurdos de mierda no nos van a venir a imponer si tenemos que ir o no a la plaza. Tenemos que mantener la plaza ahí, sin violencia pero firmes. Si dejamos la plaza y salimos huyendo como ratas nos tenemos que olvidar de todo lo demás, perdimos la guerra”, dice otro de los miembros no identificados del grupo en un audio. 

“El Gobierno debería ver que no pase nada. Ahí vamos a ver si están con nosotros o si nos mintió cuando dijo ‘tiemblen zurdos’”, se escucha en otro pasaje del audio, evidenciando la relación con la gestión de Javier Milei. Este medio ya reveló que hay aval a la manifestación tanto desde el bloque de LLA como por algunos funcionarios del Ejecutivo. 

El reclamo directo de los negacionistas al Gobierno es que se revean todas las causas de los detenidos por lesa humanidad. En su campaña presidencial, Milei dijo que las Fuerzas Armadas cometieron “un exceso” durante la dictadura y la semana pasada su subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, cuestionó en el ámbito de la Comisión Interamericana de DDHH la histórica cifra de los 30.000 desaparecidos. 

“Tiene que haber una revisión de todos los juicios”, exige Alfredo Manzur en otro de los audios del chat a los que accedió elDiarioAR. Y agrega: “La Plaza de Mayo es el lugar donde los ciudadanos se expresan, y la plaza no es propiedad de nadie. Aunque sea el único que esté con un megáfono, voy a gritar tanto como me den mis fuerzas: que hay un Dios, un cielo, una esperanza y que debe haber justicia”.

La izquierda, por Palestina

En la izquierda, a su vez, ratificaron la movilizacióon por Palestina. “La del sábado va a ser una convocatoria importante, en el marco de una marcha de carácter internacional”, aseguró Luca Bonfante, del PTS, a elDiarioAR. La fecha conmemora la resolución de la Asamblea General de la ONU de 1947 que propuso la partición del Mandato Británico en dos estados, uno árabe y uno judío; además, el 29 de noviembre de 2012 la ONU otorgó a Palestina el estatus de Estado observador no miembro.

El dirigente de la Juventud del PTS y secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA aseguró que “la Plaza de Mayo es de las Madres” y señaló: “Dudo que prosperen expresiones negacionistas. Hay que ver si la policía los protege o no. Si van, los quiero ver”. 

La consigna de la protesta es “Contra los genocidas de ayer y de hoy en Argentina y Palestina” y expone en sus redes sociales las figuras de Milei, los dictadores Jorge Videl y Roberto Viola, el represor Alfredo Astiz, Donald Trump y Benjamín Netanyahu. La idea de un “pañuelazo” se preparó cuando se supo de la manifestación por los represores. “Es una primera marcada de territorio”, dijo Bonfante. 

MC/MG

Un represor de la última dictadura con prisión domiciliaria. La hermana de un diputado de La Libertad Avanza. El hijo de un integrante de la Fuerza Aérea que reivindica el Operativo Independencia de 1975. Una abogada de varios acusados por delitos de lesa humanidad. Militares retirados de distintos puntos del país. Delegaciones de Chile, Perú, Uruguay y Bolivia. La convocatoria del próximo sábado 29 de noviembre en Plaza de Mayo para exigir la libertad a quienes consideran “presos políticos” tiene detrás a un grupo de figuras vinculadas al terrorismo de Estado y que están muy alineadas con la extrema derecha y el negacionismo que pregona el gobierno de Javier Milei.

El promotor de la actividad es Orlando González, quien admitió a este medio su rol como “coordinador” luego de que el diario Página/12 revelara que se trata de “Hormiga” González, un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que fue condenado a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad en 2017 y que goza actualmente de prisión domiciliaria. 

Pero este lunes el propio “Hormiga” escribió un texto en el que se desligó la organización por internas con otros organizadores, luego de que desde el Ministerio de Seguridad, aún a cargo de Patricia Bullrich, “sugiriera” cambiar de lugar porque para este sábado también hay una marcha por Palestina anunciada desde la izquierda. El Gobierno “recomendó” hacer la manifestación pro-represores en la Plaza San Martín. El “Hormiga” –también conocido en sus tiempo en la ESMA como “Miguel”– acusó a los demás organizadores de “ignorar el peligro potencial que ello representa” y expuso en el sitio Prisionero en Argentina: “Mi obligación moral me impone no ser partícipe de esta equivocada decisión y en consecuencia retirarme en forma indeclinable”.

Por su detención domiciliaria, el represor igualmente no podía asistir a la manifestación frente a la Casa Rosada: “Tampoco tengo interés. Yo colaboré ya que piden también por mí”, expuso ante elDiarioAR en una comunicación telefónica el fin de semana. “El Hormiga” fue parte del grupo de tareas de la ESMA, donde fue destinado como subalterno; anotaba la llegada de los secuestrados, les registraba sus pertenencias y tenía la siniestra particularidad de fotografiar a sus víctimas.

González había firmado semanas atrás una declaración de la agrupación “Unidos por la sangre derramada” convocando al 29 de noviembre: allí decía que buscaba reivindicar el rol de “veteranos uniformados de la guerra contra la subversión”, llamaba a “defender la patria” y planteaba un acto desagravio “para no olvidar que más de 2700 militares que arriesgaron sus vidas y vencieron al terrorismo en los 70, ahora presos, entre ellos 77 veteranos de Malvinas de los cuales murieron 20 en cautiverio, oficiales y suboficiales y conscriptos presos por haber combatido al terrorismo”.

Junto con “el Hormiga” los hilos de la convocatoria los maneja Asunción Benedit, de la agrupación “Pañuelos Negros” y hermana del diputado nacional por Entre Ríos Beltrán Benedit. Se trata del mismo legislador que organizó la visita a Alfredo Astiz y otros represores el año pasado en la cárcel de Ezeiza. En aquel grupo participaron los también diputados oficialistas Guillermo Montenegro, ex mano derecha de Villarruel; Rocío Bonacci, conocida por haber presentado un proyecto para derogar la ley del aborto; Alida Ferreyra, quien entró como suplente de Sandra Pettovello en la lista; la mendocina Lourdes Arrieta, ahora ya alejada de LLA; y María Fernanda Araujo, hermana de un soldado caído en Malvinas y quien entró por la banca que dejó Villarruel cuando se convirtió en vice. 

elDiarioAR consultó en la bancada libertaria pero allí buscaron desentenderse de la actividad. Este medio supo, sin embargo, que hubo línea abierta con la Cámara de Diputados y hasta con la Casa Rosada: los organizadores pidieron dinero o pasajes para ayudar a algunos de los asistentes que llegarán a la Plaza de Mayo desde sus provincias. Están anotados participantes de Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mar del Plata y Río Grande.

El rol de Benedit y sus “Pañuelos Negros” es clave porque fueron quienes organizaron el 9 de febrero pasado un acto reivindicatorio en Tucumán del Operativo Independencia, creado en 1975 para “aniquilar” a la guerrilla, donde la desaparición de personas empezó a implementarse a gran escala. “Los pañuelos negros son porque la patria está de duelo y vienen a unir todas las causas: los veteranos de Malvinas, las victimas civiles, los patriotas cautivos”, expusieron desde esa agrupación. También en Tucumán estuvo Guillermo Sottovia, hijo de un integrante de la Fuerza Aérea, otro de los convocantes al 29 de noviembre.

Cuando elDiarioAR consultó por la realización del acto negacionista en la Plaza de Mayo, donde están los emblemas de las Abuelas y Madres, respondieron: “Los que inventaron los pañuelos fueron los familiares de los militares, no las madres o las abuelas”. Luego, la fuente que evitó dar su nombre, agregó: “No se eligió para nada la Plaza por las Abuelas y Madres. Estamos en las antípodas de ellas pero no es nuestra lucha la de los desaparecidos”.

“Pañuelos Negros” también tiene vínculo con Juan José Gómez Centurión, quien fue parte de los alzamientos carapintadas y llegó a incentivar a Villarruel a lanzarse a la política: llegó a sonar como ministro de Seguridad y Defensa cuando Milei estaba en campaña en 2023.

Otro de los avales a la actividad del sábado próximo es de la agrupación Justicia y Concordia, que manejan abogados de represores. Allí destacan Ricardo Saint Jean, hijo del gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, y María Laura Olea. Ambos podrían ser oradores en el acto, aunque en un comunicado en sus redes sociales declararon que no forman parte de la organización.

Olea visitó al “Hormiga” González en su domicilio hace dos semanas, justo luego de publicar en La Nación una carta de lectores en la que pidió la libertad de sus defendidos. “Hay personas que la Constitución no ampara. Hay silencios que rompen los tímpanos”, escribió. Olea también fue abogada defensora de su padre, el general de brigada Braulio Olea, condenado a 25 años por los crímenes que cometió en el centro clandestino de detención La Escuelita.

Un cuarto organizador del acto negacionista es Alfredo Manzur, ex veterano de Malvinas –señalado por realizar torturas a conscriptos– y actual procurador del Poder Judicial tucumano, aunque no tendría parentesco con el ex gobernador provincial. Desde la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán denunciaron a Manzur por haber participado en septiembre pasado de un acto en la Legislatura porteña donde la legisladora libertaria Lucía Montenegro reivindicó el Operativo Independencia.

Los convocantes aseguran que en Plaza de Mayo participarán delegaciones de militares extranjeros de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia, incluido el hijo del sargento boliviano Mario Terán Salazar, quien mató al Che Guevara.

MC

El próximo sábado 29 de noviembre a las 16 en la Plaza de Mayo. Para esa fecha y hora un grupo de militares retirados y militantes mileístas convoca a una movilización frente a la Casa Rosada para exigir la libertad de condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. La acción surgió de un grupo de ex miembros de las Fuerzas Armadas –algunos veteranos de Malvinas–, tiene su raigambre en redes sociales y ya escaló a funcionarios del gobierno de Javier Milei y al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes parlamentarias y vinculadas a la organización del evento.

La actividad busca reivindicar el rol de “veteranos uniformados de la guerra contra la subversión”, llama a “defender la patria” y plantea un acto de desagravio a lo que consideran “presos políticos”, de acuerdo con las distintas publicaciones públicas que se pueden leer en plataformas como X e Instagram. El grupo coordinador lo integran ex militares y votantes mileístas, así como hay referencias libertarias en distintos posteos en redes. 

“Recordaremos con un toque de silencio a los mártires que perdieron la vida a mano de terroristas y que la ciudadanía tome conciencia que no fue una guerra exclusiva de militares, la verdadera memoria nos obliga a tomar decisiones claras y sanas que sin duda potenciarán este acto y marcará el camino que se debería tomar a partir de ahora”, se puede leer en un documento de la agrupación “Unidos por la sangre derramada”, firmado por su director coordinador, Orlando González.

El texto agrega que el evento se realiza “para no olvidar que más de 2700 militares que arriesgaron sus vidas y vencieron al terrorismo en los 70, ahora presos, entre ellos 77 veteranos de Malvinas de los cuales murieron 20 en cautiverio, oficiales y suboficiales y conscriptos presos por haber combatido al terrorismo, muchos de ellos ya fallecidos en las cárceles, veteranos caídos en defensa de guarniciones militares y policiales atacadas por traicioneros subversivos en plena democracia, soldados y víctimas civiles en general”. Y también señala como objetivo: “Reivindicar todas las víctimas de estos terroristas apátridas financiados por potencias extranjeras con intención de imponernos ideologías extrañas como el colonialismo y/ o comunismo. Que nada tienen que ver con nuestro sentimiento nacionalista”.

La conexión con el Gobierno

La convocatoria se conoce a poco de la victoria electoral oficialista y ya involucró a algunos de los legisladores libertarios que se reunieron con Milei este miércoles en la Casa Rosada. Además, hay una conexión evidente con el discurso libertario que cuestiona la histórica consigna de Memoria, Verdad y Justicia de los organismos de derechos humanos. 

El propio Milei consideró en el debate presidencial de 2023 que durante los 70 hubo “excesos por parte de las Fuerzas Armadas”. Y el año pasado se supo que un grupo de legisladores oficialistas visitó en el penal de Ezeiza a represores como Alfredo Astiz; al poco tiempo, dichos detenidos fueron trasladados a la cárcel federal de Campo de Mayo. 

Más reciente en el tiempo, durante la campaña legislativa Milei apareció con sus candidatos con un cartel que vanalizó la consigna “Nunca Más”. La semana pasada elDiarioAR registró en el evento La Derecha Fest –donde participaron funcionarios como Patricia Bullrich y la diputada Lilia Lemoine– la venta de remeras con un Falcon Verde como los usados en la última dictadura para los secuestros. Y en las últimas horas se supo que el apoderado de LLA, Santiago Viola, también es abogado de cómplices de la represión en la ex ESMA.

A datos del último 24 de marzo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reveló que ya hubo cerca de 1.200 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad desde 2006 y casi 200 resultaron absueltas. Para ese entonces, 14 juicios estaban en curso, 63 causas esperaban fecha para juicio y 258 permanecían en instrucción. Más de 1.200 personas que estaban siendo investigadas fallecieron durante el proceso. Este viernes, el Tribunal Oral Federal número 5 rechazó un pedido de Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo homónimo del comandante del Primer Cuerpo, para ser excarcelado luego de que un fallo de la Corte Suprema exigiera “indicios concretos” de riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación para mantener detenidos a los acusados por crímenes de lesa humanidad. 

Además de la agrupación “Unidos por la sangre derramada”, la convocatoria para el 29 de noviembre también la impulsan “Pañuelos Negros” –cuyo logo es el mismo que el de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, pero pintado de negro– y una organización que lleva una cobra como símbolo y la frase “Unidad de cuerpo. Masa crítica para la victoria”. En los avisos también hay referencias a alias de billeteras virtuales y CBU de cuentas bancarias para recibir donaciones para la manifestación. La movilización surgió luego de un acto realizado por ex militares en Tucumán, en febrero pasado, por los 50 años del llamado Operativo Independencia.

“Somos organizaciones que definen a los que lucharon contra el terrorismo en democracia, pre-proceso”, explicó a elDiarioAR el propio González, militar retirado y veterano de Malvinas, quien dijo que “hay que bregar por la libertad de todos los ancianos enfermos, los pocos que aún quedan en la cárcel”.

González confirmó que hubo contactos con La Libertad Avanza, que este medio pudo corroborar con funcionarios cuyo nombres se reservan. “En el Gobierno hay gente que piensa como nosotros. Tenemos el apoyo de algunas personas, sobre todo con la logística”, señaló.

González se declaró un votante de Milei “en todas las instancias” y con “esperanza, paciencia y fe por su promesa de frenar los juicios”. A la convocatoria del 29 de noviembre. También hubo algunos contacto la vice Victoria Villarruel.

González dejó en claro a este medio que la manifestación no es oficial, sino que se trata de una autoconvocatoria de “las organizaciones pro-antiterrorismo” de distintos puntos del país. Por eso habrá delegaciones de otras provincias e incluso de países vecinos, como Bolivia y Uruguay. “No es un acto oficial, no tenemos que hacer invitaciones, sino que tenemos que informar. Vamos a hacer una manifestación y sin incumplir los protocolos de seguridad”, aseguró.

MC

Después de meses amenazando con reformular el edificio de la ex-ESMA –donde hoy funcionan distintos organismos de derechos humanos–, el gobierno de Javier Milei anunció que 5.000 metros cuadrados serán destinados a la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Así lo hizo saber el Ministerio de Justicia de la Nación que, aunque no dio detalles sobre cuál será el alcance de la medida, sí se preocupó de aclarar que el inmueble habia sido utilizado anteriormente para “programas ideológicos y actividades político partidarias”.

El nuevo Código Procesal Penal Federal fija un modelo acusatorio en los juicios penales a nivel federal. En este modelo, el Ministerio Público Fiscal –los fiscales–pasan a tener un rol central en la conducción de la investigación judicial. En cambio, los jueces quedan a cargo exclusivamente de garantizar los derechos y controlar la legalidad del proceso, sin investigar ni acusar.

Si bien fue aprobado en 2014, hasta el momento su puesta en marcha no fue inmediata ni uniforme. La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos donde todavía no fue implementado pero deberá entrar en vigencia el próximo 11 de agosto.

“Nuestra decisión se enmarca en el mandato del presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado, redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos”, señala el comunicado del ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.

En otro tramo agrega que ahora jueces y fiscales tendrán “todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes”

Los fiscales venían reclamando hace tiempo un edificio donde poder funcionar. Ahora el Gobierno decidió darles un lugar en la ex-ESMA donde funcionó el mayor centro clandestino de la represión ilegal y que hoy es un sitio emblemático de memoria y derechos humanos en Argentina. Actualmente, en el predio funcionan diversas instituciones y dependencias estatales.

Una semana atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la Secretaría de Derechos Humanos –que funciona en la ex-Esma– se va a transformar en subsecretaría: “Ahora sí se va a encargar de defender todos los Derechos Humanos”, dijo.

En ese sentido, el portavoz, reciente ganador en las recientes elecciones porteñas, manifestó: “El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertida en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera, se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de $9.000 millones anuales”.

Dos días despues, el Gobierno avanzó con la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de la ESMA, organismos descentralizados de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que integrarán las unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Además, en enero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, adelantó que el Gobierno planea instalar en uno de los edificio del sitio de memoria a gran parte de la estructura del Ministerio de Justicia. Fue en medio del cierre sorpresivo del Centro Cultural Haroldo Conti.

Además de las cesantías en el Conti, la motosierra mileísta avanzó sobre el Archivo General de la Memoria, donde se conserva gran parte de la documentación histórica sobre la última dictadura, entre ella los informes de la Conadep que sirvieron para el Juicio a las Juntas. 

Como parte de los cambios en Justicia, se estudia reacomodar personal del edificio de la sede la cartera, en la calle Sarmiento al 300, que seguirá funcionando, y terminar la construcción que se realiza en la ex-ESMA, denominado edificio Presidente Raúl Alfonsín, que está destinado a ser la sede del Ministerio.

El lunes 14 de abril, en uno de los pasillos del Instituto Superior de Formación Docente “Profesor Vicente D. Abramo” Nº 35 de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, apareció pegada una hoja escrita a mano. No estaba en una cartelera ni en el sector de avisos: alguien la había colocado con cinta, a la altura de los ojos, sobre una pared junto a las aulas donde se dictan clases de Historia y Formación Ética. El mensaje, redactado con letra clara y prolija, no dejaba lugar a dudas: era una amenaza explícita de muerte, con referencias directas al terrorismo de Estado.

“Ingresantes: no se dejen dejen llevar por los zurdos del Instituto, estos son amigos de [Axel] Kicillof, de Cristina [Fernández de Kirchner], y de todos los kukas del país. A los kukas no les importa La República, solo quieren beneficios y/o privilegios. La única solución es erradicar a los zurdos de dicho lugar, ya sea matando a uno o traer algunos Ford Falcon Verdes y hacerlos desaparecer. Hagamos Patria. Es una promesa”.

Cabe recordar que los Ford Falcon verdes están íntimamente asociados con el terrorismo de Estado en Argentina, son el símbolo del secuestro y la desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar (1976–1983). Estos autos, modelo Falcon de tipo sedán, pintados verde oliva u oscuro, eran comúnmente utilizados por grupos de tareas del aparato represivo. Se movían sin identificación oficial, para secuestrar personas en la vía pública o en sus propios domicilios. No se identificaban como fuerzas del Estado y actuaban de modo clandestino.

El mismo lunes 14, docentes y estudiantes del instituto denunciaron públicamente el hecho. Transcurrida una semana, la dirección del instituto aún no se ha pronunciado. “Los directivos están obligados a hacer una denuncia. Ni siquiera sacaron un comunicado de repudio, pretenden tapar todo”, señalaron a elDiarioAR desde el sector docente del establecimiento.

A su vez, destacan que la nota apareció a pocos días del último 24 de marzo, nuevo aniversario de la última dictadura cívico-militar, y a diez días de una masiva jornada pública de debate sobre dicho tema, realizada el sábado 3 de abril.

El historiador Luis Brunetto, que es profesor en el Instituto desde 2007, en diálogo con elDiarioAR, sostuvo que “estos hechos no pueden separarse del discurso fascista contra los 'zurdos' que deliberadamente propaga el gobierno negacionista de Milei y [su vicepresidenta, Victoria] Villarruel, y del clima que crea [la ministra de Seguridad, Patricia] Bullrich para legitimar que las fuerzas de seguridad disparen contra periodistas o apaleen jubilados miércoles tras miércoles”.

Y agregó: “No podemos quedarnos cruzados de brazos ni minimizar estos hechos, hay que pararlos antes que sea tarde. El año pasado hubo un hecho similar cuando un alumno irrumpió al grito de 'zurdos aborteros' en una Jornada de Educación Sexual Integral (ESI), y supuestamente se tomaron 'medidas pedagógicas', ahora pasa esto y la dirección del instituto ni siquiera se pronunció públicamente. Por eso estamos impulsando un pronunciamiento que ya lleva centenares de firmas de una comunidad educativa que es muy numerosa, porque el instituto es muy grande”.

Por otro lado Emanuel Denett, vicepresidente del Centro, también declara: “Ya nos reunimos con las autoridades del instituto, que se niegan a hacer la denuncia judicial de los hechos que están obligadas a hacer porque hay amenazas de muerte, un delito de acción pública. El miércoles hicimos una asamblea, el lunes a la mañana hay una sentada en la puerta del instituto que organizan les estudiantes de la carrera de Educación Especial y a las 13hs vamos a hacer una nueva asamblea para organizar un plan de acción. Llamamos a las comunidades educativas de todos los institutos y universidades, a los sindicatos docentes y a todo el movimiento obrero a pronunciarse. Al fascismo hay que pararlo antes de que sea tarde”.

Estudiantes y docentes del instituto publicarán en los próximos días una declaración de repudio que ya cuenta con cientos de firmas. El establecimiento educativo de Monte Grande tiene edificio propio, tres turnos y más de 2.000 alumnos.

El 15 de diciembre de 2023, cinco días después de la asunción de Javier Milei como presidente, la justicia federal del Chaco concedió la libertad condicial al entonces coronel Horacio Losito sobre el que pesan tres condenas –una de ellas perpetua– por delitos de lesa humanidad. Esa decisión judicial fue la que le permitió asistir al acto que la vicepresidenta Victoria Villarruel organizó en el Senado para homenajear a ex combatientes de Malvinas.

“Quiero repudiar, pero sobre todo manifestar mi preocupacion por la presencia del genocida Losito, que vino a esta casa y que participo de un acto junto a la vicepresidenta Villarruel”, dijo este jueves el senador Eduardo “Wado” de Pedro, durante la sesión en el que se discutieron los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema.

En 2011, Losito fue condenado a prisión perpetua por su participación en los fusilamientos de Margarita Belén, en Resistencia, en la que once presos políticos fueron fusilados. Otros cuatro aún permanecen desaparecidos. Además, suma otras dos condenadas de 25 años cada una, también por su participación en el aparato represivo de la dictadura. La última de esas condenas se dictó en noviembre de 2023, por secuestros y torturas cometidos dentro de la VII Brigada de Infantería del Ejército, en Corrientes. Pero un mes después, ya con el nuevo gobierno libertario, el Tribunal Oral Federal de Resistencia le otorgó la libertad condicional.

Ninguno de estos antecedentes pesaron a la hora de convocarlo para que participe de la conferencia “Los guerreros de Top Malo House hablan del feroz combate” que se realizó el pasado 31 de marzo en el salón Illia del Senado. El acto, que en los hechos fue un homenaje a los ex veteranos, estuvo a cargo del denominado “director de Gesta de Malvinas”, Nicolás Kasanzew, uno de los asesores más ceranos a la vicepresidenta.

Lo que si pesó a la hora de la invitación fue que Losito combatió en Malvinas en la Compañía de Comandos 602 junto a Eduardo Marcelo Villarruel, padre de la vicepresidenta, y el ex carapintada Aldo Rico, quienes se desempeñaban como número dos y uno respectivamente.

En una nota de opinión publicada en Infobae, Kasanzew destacó el desempeño de Losito en Malvinas. “Batallar hasta caer desangrado: la epopeya del comando Losito en el combate de Top Malo House”, fue el título. Allí no se menciona ninguno de los delitos por los que fue condenado tres veces.

Del acto tambien participó  Marcelo Cinto Courtaux, director de Relaciones Parlamentarias del Senado, cuyo padre, de igual nombre, está condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad vinculados a la Contraofensiva de Montoneros.

Sin embargo, los antecedentes de Losito si fueron tenidos en cuenta por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien en enero de este año decidió darlo de baja junto a otros 22 represores ya que todos ellos tenían condenas firmes por delitos de lesa humanidad.

La decision de Petri cayó como un baldazo de agua a Villarruel quien decidió sumarlo al homenaje en el Senado del pasado 31 de marzo.

“Fue una experiencia increíble, no por la guerra en sí que es demencial e inhumano, sino de estar pisando Malvinas después de estudiarla en diferentes institutos y estar ahí para defenderla efectivamente con lo mejor que sabía hacer”, dijo Losito en el Senado, quien durante la guerra se desempeñaba como teniente primero.

Losito consiguió su libertad porque el juez de Ejecución del Tribunal Federal de Resistencia, Juan Manuel Iglesias, consideró que ya había cumplido los dos tercios de su condena a perpetua tras permanecer en prisión 20 años. Aunque fue revocada por la Cámara y tuvo que volver a prisión, el 11 de enero pasado, el Tribunal Oral Federla de Resistencia resolvió dejarlo en libertad condicional.

La visita del Losito al Senado se suma a las visitas que varios diputados de La Libertad Avanza hicieron a represores en el penal de Marcos Paz entre los que estaba Alfredo Astiz.

El miércoles, durante un acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas en Ushuaia, Villarruel sostuvo que “hubo un relato tergiversado de Malvinas para desmerecer a las Fuerzas Armadas” que se instaló durante los años posteriores a la guerra. “Se habló de los chicos de la guerra, de la ineficiencia, cobardía, falta de preparación y todo tipo de mentiras destinadas a desmerecer a nuestros hombres de armas”, afirmó. “Fruto de esa maquinación, los veteranos de guerra, soldados y militares fueron escondidos a la sociedad. Nuestras Fuerzas Armadas fueron desprestigiadas, perseguidas y desarmadas, y el recuerdo de la guerra se limitó al de un hecho vergonzoso que debíamos olvidar”, destacó.

No es el primer homenaje que recibe Losito desde que está en Libertad. En marzo del año pasado, fue reivindicado como “héroe de Malvinas” durante un acto en el el Regimiento de Infantería Monte 30, de Misiones.

Poco después de que comenzara la desconcetración de la masiva marcha que en Plaza de Mayo repudio el golpe de Estado, la vicepresidenta Victoria Villarruel acusó a las “organizaciones armadas” como Monteneros y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), de haber interrumpido el “orden constitucional”.

En una publicación en su cuenta de X, escribió: “Hoy recordamos una fecha que marca una época trágica para todos los argentinos: la interrupción del orden constitucional fogoneada por organizaciones armadas como Montoneros y el ERP, quienes agredieron con saña al gobierno democrático elegido por los argentinos”.

Con esta publicación Villarruel, una de las principales referentes de la avanzada negaciónista del gobierno de Javier Milei, vuelve a quitar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la instalación de la dictadura militar mas sangrienta de la Argentina y acusa a las organizaciones guerrilleras de golpistas.

Villarruel desplegó así su propia versión de la historia que desconoce el accionar de los represores. “El 24 de marzo de 1976 comenzó un gobierno de facto que se extendió hasta 1983, todo esto hace casi 50 años. Absolutamente todo lo sucedido en ese período fue juzgado y castigado con una visión sesgada de la realidad de los hechos”, sostuvo.

Sus dichos parecen ir a contramano de los datos de la propia justicia. Según informo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde 2006, tribunales federales de todo el país dictaron un total de 340 sentencias por crímenes de lesa humanidad en las cuales fueron condenadas 1.197 personas. Y agrega que actualmente se están llevando a cabo 14 juicios, mientras que 63 causas se encuentran elevadas a juicio para tratarse en un debate. Y todavía siguen en la fase de instrucción otras 258 causas.

En la visión negaciónista de la vicepresidenta, “los terroristas amnistiados en 1973 continuaron desafiando a la Nación Argentina, atacando unidades militares, asesinando civiles, poniendo bombas y pretendiendo partir nuestro país al focalizar el conflicto en Tucumán”.

En otro tramo, Villarruel menciona a “civiles indefensos sin ninguna asistencia del Estado” y habla de unas supuestas “17.380 víctimas” de las organizaciones guerrilleras, aunque no menciona de donde proviene ese dato ni señala que sus crimenes no pudieron ser juzgados porque prescribrieron y las víctimas no reclamaron en la justicia.

El 10 de diciembre de 2023 asumió el primer presidente argentino que cuestiona abiertamente el consenso que el país tiene sobre los crímenes de la última dictadura. Como candidato a ocupar el sillón de Rivadavia, Javier Milei negó la cifra de los 30.000 desaparecidos y, tal como el exintegrante de la Junta Militar de la dictadura Emilio Massera en 1985, llamó “excesos” a los delitos de lesa humanidad.

Una vez en la Casa Rosada, Javier Milei comenzó a convertir su discurso en políticas contrarias a las de memoria, verdad y justicia que todos los anteriores gobiernos democráticos iniciaron o mantuvieron. Entre ellas, provocaciones constantes hacia los militantes de derechos humanos y el desfinanciamiento de los sitios de memoria.

El 24 de marzo pasado, el Gobierno lanzó un video de 13 minutos en redes sociales en el que renombraba al Día de la Memoria como “el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa”. En la pieza audiovisual, conducida por el miembro de las SIDE menemista y mileísta Juan Bautista “Tata” Yofre, el exmontonero Luis Labraña se adjudicó haber creado la cifra de los 30.000 desaparecidos. Milei prepara otro video para este 24 de marzo que también bregará por la llamada “memoria completa”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, prominente militante en grupos de militares, fue la artífice de la alianza entre la nueva y la vieja derecha. Hoy está alejada de Milei pero, ya desde el inicio de la gestión, fue completamente corrida del relato sobre la dictadura: según dicen cerca de ella, nunca fue consultada sobre este tema, no participó en la elaboración del primer video de 2024 y tampoco meterá mano en la secuela de este año. Villarruel continúa con su militancia –acaso más sutil– en soledad, enfocándose en “las víctimas del terrorismo” como punta de lanza.

En julio pasado se conoció una visita que un grupo de diputados de La Libertad Avanza hizo a los represores condenados en Ezeiza Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros. El diputado Beltrán Benedit se adjudicó la organización del viaje y lo defendió en un grupo de WhatsApp, afirmando que los cargos contra los genocidas “no han sido probados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados”. Si bien LLA se despegó del escándalo, quien recibió el escarnio y luego la expulsión del partido no fue Benedit, sino Lourdes Arrieta, diputada que participó de la visita y que luego expuso su organización. Según cuenta, cuando publicó los chats grupales “la bajada de línea [de LLA] era decir que Arrieta está loca”. Afirmó también a elDiarioAR que las operaciones que sufrió le generaron “ataques de pánico y mucha angustia”.

Pero quizás la provocación más importante fue ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia en noviembre del año pasado. Allí, el Secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, llamó “proceso de reorganización” a las políticas económicas del gobierno ante las miradas de Estela de Carlotto y Taty Almeida. Battaleme estaba defendiendo la eliminación de los Equipos de Relevamiento y Análisis, que relevaba documentos de los archivos de las Fuerzas Armadas para colaborar con los requerimientos de información y seguimiento de casos de terrorismo de Estado. Afirmó que se trataba de una “estructura duplicada” y que sus empleados eran un grupo de “vengadores”.

“Hablaron del revanchismo de los organismos, de ‘organismos militantes’... claramente somos militantes, pero militantes de una justicia, de una verdad histórica que estamos reconstruyendo porque nunca nos olvidemos de que el que niega la información es justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas”, dijo a elDiarioAR Miguel “el Tano” Santucho, hijo de Julio Santucho y Cristina Navajas, que continúa desaparecida.

En aquella audiencia, el Estado defendió que en agosto el Ministerio de Justicia cerrara la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado, que dependía la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). La justificación oficial del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue que el organismo no respetaba “la división de poderes”.

El secretario de Derechos Humanos durante la gestión de Alberto Fernández y el nieto número 75 en ser restituido por las Abuelas, Horacio Pietragalla Corti, dijo que ese archivo es valioso. “Se le quitó una facultad que tenía la CONADI para hacer investigaciones dentro de los legajos de militares. Por ejemplo, si un militar tenía un nene apropiado y tenía una obra social, son los papeles que se podían investigar cuando llegaban denuncias”, afirma.

Y agrega: “El ataque a las políticas de derechos humanos es es uno de los lugares donde tanto la vicepresidenta como Milei hacen hincapié para generar un sentido común medio confuso en la sociedad”, afirmó.

Dos altas fuentes de La Libertad Avanza con llegada a Milei negaron ante elDiarioAR que la estrategia sea un error no forzado que pueda alejar a gente que apoyaría al gobierno de no ser por la posición ante la dictadura. “La sociedad es más de derecha que lo que el periodismo piensa”, dijo uno. “La gente quiere la verdad. Y los 30.000 es una mentira”, dijo otro.

Mientras, la situación en los sitios de memoria es precaria. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, aseguró que hubo 1.000 despidos en 2023 en la Secretaría de Derechos Humanos y que no se detuvieron en 2024 y 2025. Solo en enero hubo 600 echados que, para el sindicato, dan cuenta de que el Gobierno quiere “desarmar, desarticular y vaciar” esa dependencia. Parte de la sociedad no lo toleró: miles de personas le dieron un abrazo simbólico a la ESMA contra el vaciamiento. Mientras, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la ESMA permanece cerrado y varios sitios de la memoria corren riesgo de correr ese destino ante los despidos.

En uno de los sitios de la memoria más concurridos del país, los guías piden que no los graben por miedo a represalias de la Secretaría. La ESMA, por falta de estos trabajadores, redujo sus días de visita.

Este mes, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, llegó a apostar a la Policía Federal frente a ese sitio de memoria para impedir el ingreso de los trabajadores que eran notificados, ahí mismo, que los habían echado.

“Trabajadores que se enteraban por una lista que tiene la policía en la mano que no pueden entrar más en sus puestos de trabajo”, narró a elDiarioAR una trabajadora del predio que habló bajo condición de anonimato. “Trabajadores despedidos que han sido acompañados por la policía a sus puestos de trabajo para vaciarlos”. Además, muchos trabajadores vieron “brutalmente reducidos sus salarios” y se vieron forzados a renunciar.

Sin embargo, los organismos de derechos humanos no ceden ante las provocaciones y llamaron a marchar el 24 en una marcha que, por primera vez en dos décadas, no está dividida. Las Abuelas, las Madres e incluso los HIJOS apuestan a las nuevas generaciones.

“Hace años que vengo planteando que hay una batalla cultural que tenemos que dar, que tenemos que saber actualizar a nuestros tiempos”, dice el “Tano” Santucho. “Hay muchos jóvenes que nacieron en democracia que no vivieron la transición a tener realmente políticas inclusivas de derechos humanos, de reconocimientos y espacios de memoria. Todo ese largo trabajo, quizás una parte de las generación de hoy en día lo desconoce. Nosotros tenemos que estar a la altura de poder hacer ese traspaso generacional”, afirmó.

FI/DTC

Tras la polémica por la cancelación del show del músico Milo J en el predio de la ex-Esma, el Gobierno nacional impidió, a través de una medida cautelar dictada hoy por la Justicia Federal de Mar del Plata, la realización de dos actividades culturales programadas en el espacio Faro por la Memoria, en Punta Mogotes. 

La medida judicial, solicitada por el Ministerio de Justicia, ordenó cancelar la presentación de “Lanzallamas. Milei y el fascismo psicotizante”, el último libro del filósofo italiano Rocco Carbone, prevista para este viernes, así como la realización de la “2° Jornada de Memoria y Resistencia”, programada para el sábado. 

“El Colectivo Faro de la Memoria lamenta tener que comunicar que por decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del día de la fecha, nos vemos obligadxs a suspender la presentación del libro de Rocco Carbone, que se iba a llevar a cabo esta tarde”, indicó el organismo a través de redes sociales, a pocas horas del inicio previsto para la actividad.

“El fascismo avanza”, escribió tras la novedad el autor en su cuenta de “X”.

Minutos más tarde, el espacio para la memoria comunicó que la medida cautelar, dictada por el juez Santiago Martín, titular del Juzgado Federal 2, alcanzaba también a la “2° Jornada de Memoria y Resistencia”, que debía desarrollarse este sábado desde las 18, en el predio ubicado en Avenida de los Trabajadores al 5.700, en el extremo sur marplatense, con shows en vivo, una feria de economía popular y actividades para las infancias.

El Colectivo Faro de la Memoria y los organismos de derechos humanos de la ciudad repudiaron esta medida y la cancelación de ambas actividades. Consideraron que se trata de un “acto de autoritarismo, censura y prohibición de actividades culturales y eventos artísticos ya programados”. En ese sentido, convocaron a una concentración este sábado desde las 15 frente al predio donde funciona el espacio de memoria, para manifestarse “contra el autoritarismo y la censura”. Menos de dos meses atrás hubo un abrazo solidario al espacio ubicado junto al Faro de Punta Mogotes, donde funcionó un centro clandestino de detención en las instalaciones de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, debido al virtual vaciamiento que sufre desde el inicio de la gestión de Milei. 

Fuentes judiciales indicaron elDiarioAR que la medida cautelar dictada hoy fue solicitada por el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de su representante del cuerpo de abogados del Estado en la ciudad. La cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona invocó presuntos riesgos patrimoniales para las instalaciones del lugar. También se refirió a falencias en materia de seguridad para los asistentes, “tales como la insuficiencia de dimensiones necesarias para la circulación eventual de ambulancias, bomberos y vehículos de seguridad, la falta de un programa de evacuación adecuado, la ausencia de puestos de hidratación y sanitarios suficientes, así como la garantía de seguridad para los empleados del recinto”. A partir de estos elementos, pidió la “suspensión inmediata” de ambas actividades. 

Según la presentación, “los eventos mencionados carecen de la debida autorización” del Ejecutivo nacional, “específicamente de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente de este Ministerio de Justicia”.

“La ausencia de autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional, así como la unilateralidad de la decisión por parte de los organizadores, configura una medida ilegal, arbitraria y contraria a los fines de preservación histórica y de uso público del predio”, señaló. Agregó en ese sentido que “el Espacio Faro de la Memoria posee una finalidad específica de preservación y promoción de la memoria histórica vinculada a crímenes de lesa humanidad”, por lo que “toda actividad a desarrollarse en dicho predio debe alinearse con estos objetivos y contar con la evaluación y aprobación de las autoridades competentes, incluyendo la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia de la Nación”. 

El ministerio argumentó que no fue “notificado” ni “ha tomado conocimiento previo de la realización de los eventos mencionados, ni de las decisiones adoptadas respecto de su organización, lo que demuestra que las actividades fueron programadas sin el debido consentimiento ni la debida aprobación de las autoridades gubernamentales pertinentes”. 

El Gobierno dijo desconocer los criterios bajo los que se organizaron estas actividades, “así como el mecanismo utilizado para el expendio de las entradas y los términos bajo los cuales se llevó adelante dicha gestión; quedando en evidencia que la decisión de realizar el evento ha sido tomada unilateramente” por el Colectivo Faro por la Memoria. 

Referentes de los organismos de la ciudad señalaron por su parte que desde el inicio de la gestión de Javier Milei fue imposible lograr algún tipo de articulación o canal de comunicación formal entre el espacio y la Secretaría de Derechos Humanos. “En 14 meses no hubo ni a quién pedir permiso”, graficaron. 

En su resolución, el juez Martín entendió que por “elementales razones de prevención a fin de evitar la generación de daños a las personas y a los bienes, así como de preservar las competencias que en la materia posee la autoridad de aplicación, es que corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Estado Nacional – Ministerio de Justicia de la Nación”. El magistrado ordenó en ese sentido “suspender las actividades previstas para el día 14/02 y el día 15/02 en el predio Faro de la Memoria, hasta que la demandada acredite contar con la autorización emitida por la Secretaría de Derechos Humanos”.

AVL/JJD

La Armada no podrá mover su Archivo General desde su actual sede hasta el denominado Garage Central de la fuerza. Así lo dispuso una medida de no innovar dictada en el marco de una investigación por delitos de lesa humanidad que busca de esa manera preservar la documentación que pueda servir en causas sobre los crímenes cometidos en la última dictadura militar.

La medida, dictada por el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ocurre en medio de la avanzada del Gobierno nacional contra organismos de derechos humanos, como el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) –anunciado por el ministro de Defensa, Luis Petri– o  la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.

El juez ordenó ahora una medida cautelar de no innovar, esto es que prohibe la alteración de documentación existente en el ámbito del Archivo General de la Armada, y frena su traslado desde la calle Bolívar 1622, en la Ciudad de Buenos Aires, al denominado Garage Central.

Esta medida se suma a otra dictada el 31 de enero pasado por la jueza federal de San Martín Alicia Vence para evitar que la Armada pueda “modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios y, así evitar cualquier manipulación que pueda alterar o destruir --ya sea total o parcialmente--dicha documentación que está vinculada a crímenes de lesa humanidad”.

Kreplak ordenó la cautelar a pedido del fiscal general de Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin en una causa que investiga violaciones a los derechos humanos en Berisso y Ensenada, cometidas en el ámbito de la Fuerza de Tareas N°5 de la Armada, integrada también por la Prefectura Naval. Los fiscales pidieron la medida ante el anuncio de la Armada de que se trasladaría el archivo.

En una nota firmada por el capitán de Navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, del pasado 9 de enero, se anunció que a partir de esa fecha se iniciaría “la depuración/selección de la documentación existente en el Archivo General de la Armada, conforme las normas establecidas en la Administración Pública Nacional” y que a partir del 10 de febrero se efectuaría solo el “el traslado del mobiliario y los archivos que estén vigentes en los lugares asignados del Taller Central”. Agregaba que el “resto de los documentos quedarán en su lugar actual para su trituración y, si amerita, su digitalización por razones históricas/conveniencia de su preservación”.

Para los fiscales, resulta “imperioso que se ordene la prohibición de modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios sobre el conjunto de documentación archivada y/o preservada en el Archivo General de la Armada, organismo dependiente del Ministerio de Defensa del Estado Nacional. El propósito de la medida es asegurar y preservar su contenido de manera íntegra, dado que constituye una fuente de consulta y de acceso a material probatorio de trascendencia mayúscula para investigaciones –en curso y futuras– por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar”.

Al dictar la medida, el magistrado destacó que en la zona portuaria de Berisso y Ensenada “funcionaron diversos centros clandestinos de detención en los edificios de la exBase Naval, la Escuela Naval, el Liceo Naval, el Batallón de Infantería de Marina N°3 'Almirante Eleazar Videla', la delegación de Prefectura Naval Argentina y el Hospital Naval 'Río Santiago'”. Allí se registró una “intensa actividad represiva” que hizo “particular foco en los trabajadores y trabajadoras del polo portuario y fabril de Berisso y Ensenada, así como en sus dirigentes gremiales”.

En otro tramo de su dictamen, Kreplak alertó sobre “el hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas que, privadas de su libertad personal, permanecen desaparecidas, o que por haber nacido durante el cautiverio de sus madres o haber sido secuestradas a una corta edad junto con sus familiares o cuidadores, desconocen su verdadera identidad biológica, da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de las pesquisas”.

Del mismo modo que Kreplak, la jueza Vence consideró que “los documentos resguardados en el Archivo General de la Armada resultan ser de un valor histórico inconmensurable para nuestro país y, fundamentalmente, para las investigaciones que se sustancian no solo en este sumario que dirijo”. La medida respondió a un pedido del abogado Pablo Llonto y el fiscal Miguel Blanco García Ordás

El pasado 28 de enero, la asociación de Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) denunció la intención de la Armada de mover el Archivo y señaló que “allí se almacenan más de 8 kilómetros lineales de documentación, entre los cuales se encuentran miles de documentos de interés histórico y judicial”.

El cierre provisorio, según la versión oficial, del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y el desmantelamiento de otras instituciones vinculadas a los derechos humanos, abre un interrogante sobre qué ocurrirá con los documentos y pruebas que allí se resguardaran y que fueron el sustento sobre el que se demostró la existencia de un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura militar.

En el último tiempo fueron despedidos del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –ubicado en la exEsma– al menos 30 trabajadores de una planta de total de 130. Más de la mitad de las personas cesanteadas se desempeñaba en áreas de investigaciones históricas, lo que afecta en forma directa las respuestas a oficios judiciales.

MG

Milo J fue el primer músico censurado en la ex-ESMA desde que el centro clandestino de tortura y desaparición emblema de la última dictadura fue declarado Espacio de Memoria y Derechos Humanos hace exactamente veinte años. Aunque el gobierno de Mauricio Macri se había atrevido a bajar, por ejemplo, la obra “María Feminista” –que mostraba una virgen con pañuelo verde– de la exposición en el Centro Cultural Haroldo Conti en 2019, esta vez la gestión de Javier Milei fue más allá en su negacionismo. Con 18 años y oriundo del conurbano (más precisamente de Morón), Camilo Joaquín Villarruel quedó este miércoles en el foco de la miopía libertaria sobre lo que pasó en los setenta. 

El oficialismo parece que no soportó que un artista que integra su votante promedio –hombre, menor de 35– flamee la bandera del Nunca Más. De fuerte compromiso social, Milo J causó revuelo cuando en julio del año pasado visitó la ex-Mansión Seré. “Hoy está de moda estar en contra”, dijo en su momento, luego de reivindicar el legado de las Madres de Plaza de Mayo y mostrarse con un buzo de H.I.J.O.S.

Ayer Milo J se despachó directamente contra Milei porque la Justicia hizo lugar a un amparo presentado a contrarreloj por el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, y que tiene en su órbita la Secretaría de DDHH, que encabeza Alberto Baños: “Juntar 20.000 personas en un lugar de memoria al Gobierno no le gusta”. Fue tal vez su freestyle más punzante, a través de un vivo en su cuenta de Instagram, cuando ya le habían bajado el show y un importante cordón policial retenía el paso de sus fans en la puerta del predio de Av. Libertador. Muchos de sus seguidores habían viajado desde otras provincias y algunos hasta hicieron fila en la puerta varias de las últimas noches de lluvia.

El show de Milo J era gratuito (con entradas asignadas previamente) y se iba a realizar en el corazón de la ex-ESMA: en la llamada Plaza de la Declaración Internacional de los DDHH, un gran espacio en el centro del predio, ubicado a las puertas de la sede de la secretaría de Baños. La denuncia judicial revela ahí una curiosidad: el Gobierno se refirió al espacio como “Patio de Armas”, tal cual el nombre que tenía el lugar bajo el mando de los militares, donde en su momento llegó a ser utilizado por helicópteros.

“Ojo, porque esto ya pasó”, advirtió la madre de Milo J, Aldana Ríos –que a su vez es su manager–, en una conferencia de prensa al caer la tarde junto a representantes de organismos de derechos humanos. Denunciaron censura abiertamente. La contraofensiva libertaria no tardó en aparecer, pero solo en el mundo virtual: tuiteros de Milei festejaron la suspensión del show y hasta hubo pedidos de que la ex-ESMA vuelva a ser de la Armada. “En las redes se puede decir cualquier cosa”, fue la defensa del oficialismo que recogió este medio.

La jueza federal María Alejandra Biotti hizo lugar a la cautelar que presentó el Gobierno porque el evento supuestamente no contaba con “la debida autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Según la denuncia judicial, no había conocimiento del show ni de Nación ni de Ciudad –como partes del ente público que gestiona el espacio de memoria, junto con los organismos–, aunque las actividades en la ex-ESMA son públicas e históricamente se han hecho con un esquema con cierta libertad de acción, según supo elDiarioAR. 

“Básicamente es un lugar público y limitaron el carácter público de la ex-ESMA. Mientras dicen por escrito que los motivos son los papeles, en realidad salen a decir que es un hecho político”, se quejó una fuente que conoce al detalle el funcionamiento del predio. De hecho, en enero hubo un festival a metros de la plaza seca, frente a la sede del Haroldo Conti, en solidaridad con los trabajadores despedidos por la gestión Baños-Cúneo Libarona y no hubo inconvenientes. Pero por Milo J sí. 

“La verdad hasta ayer no lo conocía”, se despachó entre sus interlocutores el secretario Baños, a partir de la sorpresa que se habría encontrado el martes con los movimientos para la instalación del escenario en el predio. “El día 11 de febrero del presente, personal de la custodia, le informó acerca de la realización de algunas obras que se estaban realizando en el mencionado Patio de Armas, que ‘por sus envergaduras llamaron la atención (sic)’, hecho que fue constatado por el titular de la Secretaría referida, en oportunidad de constituirse en el lugar y observar ‘un despliegue de personal, ajeno a esta Secretaría, destinado al armado de andamios, torres y escenario de gran porte que, prácticamente cubren un 50% del mencionado Patio (...) acompañado con equipos de iluminación y sonido que sobrepasan la altura de los edificios circundantes, impidiendo la circulación peatonal y automotriz’”, se lee en el pedido del amparo.

“El cuestionamiento no es al artista sino a la ilegalidad del acto”, fue otro de los comentarios que salieron desde el despacho de Baños. Según la presentación judicial, en la ex-ESMA no se podría hacer el show porque el espacio tiene como finalidad específica “la preservación de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la protección de un sitio emblemático de la historia reciente de nuestro país”. “Toda actividad a desarrollarse en dicho predio, no sólo debe encontrarse alineada con estos objetivos, sino que también requiere la debida evaluación y autorización de las autoridades competentes”, indica el expediente. Contrariamente, las políticas de memoria vienen siendo sistemáticamente atacadas por el Gobierno, que ajustó en las últimas semanas áreas claves al respecto, como el Archivo de la Memoria, o el vaciamiento de otros ex-centros clandestinos, como Virrey Ceballos, también la Capital Federal.

En otro apartado de la cautelar se lee como argumento oficial para impedir el recital: “El lugar no cuenta con las dimensiones necesarias para la circulación eventual de ambulancias, bomberos, vehículos de seguridad y no se conoce cuál podría ser el programa de evacuación ante acontecimiento eventuales que puedan poner en riesgo a las personas”. Y agrega: “Tampoco está garantizada la protección de los bienes del Estado ante una posible vandalización (...) no hay posibilidad de control policial por las características propias del lugar y por la cantidad de gente que puede asistir”.

El recital de Milo J se iba a dar en conjunto a una feria de la UTEP, el gremio de la economía popular vinculada al peronismo-kirchnerismo. El artista tenía pensado presentar su álbum “166 (DELUXE) retirada”, que ayer mismo se publicó en Spotify, donde su perfil verificado tiene más de 15 millones de oyentes mensuales. Anoche exactamente a las 21 Milo J estrenó en YouTube el video de su canción “BUEN DIA PORTACION DE ROSTRO” y en dos horas ya había alcanzado más de 120 mil visualizaciones.

Un alcance que podría amplificarse aún más tras la censura por parte del Gobierno. Y podría volverse un búmeran para Milei, un producto de las redes. El video de Milo J denunciando al Presidente se reprodujo solo en su cuenta de Instagram hasta anoche 168 mil “me gusta”.

MC

El ministro de Defensa, Luis Petri, salió a desligarse de la baja de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas que fueron condenados por delitos de lesa humanidad y aseguró que la medida no responde a una “decisión política” sino al “cumplimiento de sentencias firmes”. En el mismo posteo de su cuenta de X (Twitter) dijo que impulsa el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), un organismo estatal creado hace 33 años considerado clave en el trabajo de resitutución de la identidad de personas secuestradas durante la dictadura.

“La historia completa es uno de los pilares de nuestra gestión. Homenajeamos e indemnizamos a nuestros soldados en Formosa y los reivindicamos en Azul y en Villa María. Desmantelamos los 'grupos de trabajo' parajudiciales que servían para perseguir a las Fuerzas. Impulsamos, junto al Ministerio de Justicia, el cierre de la Conadi”, tuiteó el funcionario de Javier Milei.

Sobre la baja de oficiales retirados, Petri buscó quitarse responsabilidad, después de que en algunos sectores cercanos a la visión negacionista del gobierno libertario cayera mal la medida, y señaló: “No es una decisión política sino el cumplimiento de sentencias firmes en procesos que han agotado todas sus instancias de revisión y apelación. Son bajas ordenadas por la Justicia”, remarcó.

“Con el liderazgo del presidente Milei, asumimos el desafío de reconstruir la Argentina desde sus cimientos, revalorizando el rol de nuestras Fuerzas Armadas. Muchos de los que hoy critican esta medida se rasgan las vestiduras hablando de división de poderes y República. Podemos estar o no de acuerdo con las decisiones judiciales, pero cumplir con la ley no es una opción: es una obligación”, dijo el ministro de Defensa.

El posible cierre de la Conadi viene siendo alertado por organizaciones políticas, civiles y de derechos humanos, que advierten que podría dificultar la restitución de identidad de cientos de personas secuestradas durante la dictadura y que implica borrar el pasado y favorecer la impunidad.

La Conadi es un organismo estatal creado en 1992 con el objetivo de colaborar en la búsqueda e identificación de personas apropiadas durante la última dictadura militar (1976-1983). Funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que actualmente conduce Mariano Cúneo Libarona.

El organismo fue importante en la identificación de personas que fueron apropiadas y criadas con una identidad falsa, muchas de ellas en familias vinculadas con las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha, 139 nietos han recuperado su identidad gracias a investigaciones que incluyen análisis genéticos, documentación y testimonios.

Respecto de la baja de represores de las filas del Ejército, medida dispuesta el miércoles por Petri, se trata de cuatro generales y 19 coroneles, todos retirados, que habían recibido condenas firmes de la Justicia por delitos de lesa humanidad en una decisión que generó malestar en algunos sectores. La medida fue dispuesta mediante la resolución 72/2025, a instancias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Entre los militares comprendidos en la resolución se encuentran el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti, y los generales de brigada Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci.

Entre los fundamentos de la resolución firmada por Petri este lunes se señala que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó el 30 de octubre del año pasado, mediante un oficio, “disponer la baja del personal de oficiales jefe y oficiales subalternos que han recibido sentencia judicial firme por causas de lesa humanidad”, de acuerdo con lo prescripto en la Constitución Nacional. Se cita, además, el decreto 721/2016, que delega en el ministro de Defensa la disposición de los “retiros y bajas obligatorias de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas”.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas le recordó al ministro de Defensa que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional”. Sin embargo, trascendió que la medida no cayó bien en algunos sectores del Ejército.

A los cuatro generales dados de baja se suman los coroneles retirados Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozaran, Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.

JJD

Javier Milei deberá garantizar el funcionamiento de la ex-ESMA y de los demás sitios de memoria de Capital Federal que recuerdan los delitos de lesa humanidad cometidos por última dictadura militar. Así lo determinó la Justicia este martes, en una medida que desafía la avanzada negacionista de la gestión libertaria.

Las resoluciones judiciales tiene un condimento político insoslayable: está firmada por el juez federal Ariel Lijo, a quien el Presidente candidatea como futuro miembro de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado, a cargo del Juzgado en la Correccional y Criminal nro. 3, hizo lugar a un reclamo presentado por la diputada porteña por Unión por la Patria Victoria Montenegro, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo y actual titular de la comisión de Derechos Humanos en la Legislatura, pudo confirmar elDiarioAR.

Lijo le transmitió al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, que se garantice el personal para el debido funcionamiento de los ex Centros Clandestinos de Detención y Tortura de la ex-Escuela de Mecánica de la Armada (declarado patrimonio de la Unesco) y también los conocidos como Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Ceballos, todos ubicados en la Capital Federal.

Se trata de Sitios de Memoria muy afectados por el ajuste de personal que provocó la gestión libertaria en el último tiempo. Justamente Virrey Ceballos quedó cerrado virtualmente porque el Gobierno despidió a su único trabajador desde el 1 de enero pasado; este lunes hubo una asamblea en rechazo a esa medida. Y en el predio de la ex-ESMA a inicios de este año se cerró el Centro Cultural Haroldo Conti y se afectó el funcionamiento de Archivo Nacional de la Memoria.

En medidas conocidas este martes, Lijo le exige a Baños “que tenga a bien arbitrar los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria permanezcan en funcionamiento para las actividades que se encuentran abiertas al público en dichos sitios”. El magistrado también plantea “que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria -necesarias para las visitas- y de los techos y las canaletas para evitar inundaciones que puedan dañar los espacios”. Por último, exige que se mentengan las tareas de fumigación en dichos sitios para que se preserven los acervos y archivos documentales.

“Venimos de semanas de definiciones del Ejecutivo que ponen en riesgo la memoria. Los sitios son esenciales para la transmision de esta historia y además son importantes como prueba judicial en las causas por delitos de lesa humanidad aún abiertas”, señaló Montenegro en diálogo con elDiarioAR. “El ajuste del Gobierno nos hace retroceder décadas en la construccion de una política de memoria y verdad de Argentina que es reconocida en todo el mundo”, planteó la legisladora.

La medida de Lijo es un nuevo desafío para la avanzada negacionaista libertaria. Este comienzo de año generó un fuerte repudio en los organismos de Derechos Humanos, sindicatos y sectores del peronismo y la izquierda el ajuste que provocó el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, de quien depende la secretaría de Baños, y que derivó en el cierre por ejemplo del Conti y del sitio Virrey Ceballos.

El ajuste de Cúneo Libarona sobre toda su cartera provocó el despido de unos 2000 trabajadores. Puntualmente sobre el área de DDHH, en los sitios de memoria se afectó las tareas de personal muy capacitado como conservadores, técnicos de mantenimiento y pedagogos.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció días atrás que Milei busca “cerrar la ESMA”. Ahora la Justicia le puso un freno contundente a la motosierra libertaria sobre los espacios de memoria.

MC

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, volvió a cargar hoy contra Madres y Abuelas de Plaza de Mayo al señalar en X que “ya les cerramos todo el financiamiento (...) desde el Ministerio de Justicia”. En la semana posterior a la amenaza de cierre sobre la ex-ESMA, añadió: “No les dejamos ni un solo kiosco a los que curran con los Derechos Humanos”.

Previamente, el ministro había cuestionado a Madres de Plaza de Mayo por haber manifestado su respaldo al presidente venezolano Nicolás Maduro, y lamentó que “cuando se trata de un dictador de izquierda que persigue, tortura y hambrea a su pueblo, miran para otro lado”. “Qué raro, otra vez las Madres de Plaza de Mayo defendiendo a un sanguinario socialista y corrupto como Maduro. Cuando se trata de un dictador de izquierda que persigue, tortura y hambrea a su pueblo, miran para otro lado. Se ve que en Venezuela no aplican los Derechos Humanos”, escribió el funcionario en la red social X.

El lunes, el secretario de Derechos Humanos del Gobierno, Alberto Baños, abrió una nueva polémica sobre la utilización que los libertarios quieren hacer del predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Luego de cerrar sorpresivamente el Centro Cultural Haroldo Conti, los libertarios quieren instalar en uno de los edificio del sitio de memoria a gran parte de la estructura del Ministerio de Justicia, que conduce Cúneo Libarona.

La expresión de Baños fue posterior al masivo festival que se organizó en respaldo a los trabajadores despedidos y cesanteados del Conti. Según el propio funcionario será reabierto en febrero con un nuevo cronograma de actividades, pero los organismos de derechos humanos desconfían de esa postura oficial.

Ahora el Gobierno quiere acelerar el traslado de la cartera de Justicia al edificio de la sede de la ex-ESMA donde funcionan actualmente dependencias de la secretaría de Baños, cuya estructura también está siendo objeto de modificaciones, incluyendo algunos despidos para reducir personal.

Además de las cesantías en el Conti, la motosierra mileísta avanzó sobre el Archivo General de la Memoria, donde se conserva gran parte de la documentación histórica sobre la última dictadura, entre ella los informes de la Conadep que sirvieron para el Juicio a las Juntas.

Como parte de los cambios en Justicia, se estudia reacomodar personal del edificio de la sede la cartera, en la calle Sarmiento al 300, que seguirá funcionando, y terminar la construcción que se realiza en la ex-ESMA, denominado edificio Presidente Raúl Alfonsín, que está destinado a ser la sede del Ministerio.

En 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, ya había mudado la sede del ministerio de Justicia a la ex-ESMA.

Cúneo Libarona avanzó durante todo el año pasado con un fuerte ajuste en la cartera que incluyó la reducción de un 50 por ciento de los autos oficiales y se disminuyó entre un 20 y un 30 por ciento el gasto destinado al personal de custodia. El ministerio disminuyó un 37 por ciento su planta de personal el año pasado, lo que implicó -según el Gobierno- un ahorro mensual de 820 millones de pesos.

La motosierra abarcó la supresión del INADI y la reducción del 90% del Ministerio de la Mujer, mientras que en 2025 tiene previsto continuar suprimiendo o bajando la estructura.

El cierre del Conti y el ajuste en el Archivo General de la Memoria motivó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a denunciar que Milei puso en marcha despidos como parte de un plan para “cerrar la ex ESMA”. Baños salió al cruce y dijo que la reconocida militante “miente”. Ahora confirmó que se quiere trasladar la cartera de Justicia al predio.

El cierre provisorio, según la versión oficial, del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y el desmantelamiento de otras instituciones vinculadas a los derechos humanos, abre un interrogante sobre qué ocurrirá con los documentos y pruebas que allí se resguardaran y que fueron el sustento sobre el que se demostró la existencia de un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura militar.

En el último tiempo fueron despedidos del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –ubicado en la exEsma– al menos 30 trabajadores de una planta de total de 130. Más de la mitad de las personas cesanteadas se desempeñaba en áreas de investigaciones históricas, lo que afecta en forma directa las respuestas a oficios judiciales. “Quedó una sola persona a cargo de la conservación de cinco kilómetros lineales de documentos ubicados en 14 depósitos, lo mismo que para dar respuestas a oficios judiciales y antecedentes de crímenes de lesa humanidad. Para la atención de la sala de consultas, no quedó nadie”, afirmaron algunos trabajadores consultados por elDiarioAR que prefirieron no dar sus nombres y apellidos.

A ese panorama se le suma que solo dos personas continúan trabajando en el área de digitalización de documentos y apenas una en la oficina de Recursos Humanos. Además, al frente del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado permanecen solo tres personas, quienes tiene la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones de víctimas y Centros Clandestinos de Detención (CCD), al igual que para la actualización de legajos de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP).

La Comisión, presidida por el escritor Ernesto Sábato, presentó hace poco más de 40 años ante la Justicia el informe “Nunca Más”, que dio cuenta de las detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos de hombres, mujeres y niños, así como también del robo de bebés a mujeres embarazadas secuestradas en centros clandestinos durante la última dictadura cívico-militar. Uno de los soportes materiales que permitió ordenar y organizar las declaraciones testimoniales de sobrevivientes y familiares de desaparecidos para el informe fue un fichero metálico que agrupó una gran cantidad de fichas enumeradas con el nombre y apellido de personas desaparecidas y de sobrevivientes y con categorías como “cese arresto”, “liberado”, “expulsado” y “desaparecido” para cada uno de ellos.

Aquel fichero forma parte forma parte del fondo “CONADEP” que resguarda la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales del ANM y, sujeto a técnicas de protección y conservación, se encuentra exhibido en el edificio del Archivo.

Allí también se encuentran preservados, entre otros documentos, agendas, afiches, actuaciones judiciales, álbumes fotográficos, anotaciones y recursos de amparos legales presentados para obtener información o conocer el paradero de las personas secuestradas y desaparecidas por el régimen militar. Una de las anotaciones rescata el recuerdo que relató una detenida ilegal, de nacionalidad española, tras recuperar su libertad: “Menciona que vio a un detenido que cantaba en francés”.

El Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti fue creado en 2008, bajo administración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como un espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos abierto a la comunidad. El nombre del Centro rinde homenaje al escritor, docente y periodista Haroldo Conti, quien fue secuestrado y desaparecido en 1976 por la última dictadura militar cuando tenía 51 años. El Conti, como otras instituciones dedicadas a la preservación de la memoria, se encuentra ubicado en el predio donde funcionó durante el régimen dictatorial uno de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CCDyT) más emblemáticos: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde estuvieron secuestradas cerca de 5.000 personas, de las cuales sobrevivieron alrededor de 200. Desde hace más de 16 años se ofrecen allí obras de teatro, cine, conciertos de música, danza y exposiciones de arte. Además, se llevan a cabo seminarios de políticas de la memoria y encuentros internacionales sobre derechos humanos. Uno de los objetivos del Conti es transformar en un espacio de arte y resignificación de lo que antes fuera un sitio emblemático de privación, exclusión y muerte. 

El cierre, por ahora provisorio, del Conti impidió esta semana, por ejemplo, que los visitantes pudieran recorrer la 35º Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, que expone más de 140 fotografías registradas en 2023 por unos 85 autores. Organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA), la muestra es considerada la más importante de la región.

La primera nieta recuperada, despedida

Como varias decenas de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, Tatiana Sfiligoy llegó este jueves a la puerta del Conti y se encontró con que su nombre estaba en el listado de despedidos. Sfiligoy es la primera nieta restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo y lleva más de 12 años como contratada en la Secretaría. “Veíamos venir los despidos, pero no sabíamos que sería tan ‘motosierra’. La lista de despedidos es enorme y horrible. Nos hace acordar a otras listas siniestras de otras épocas del país”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos. Sfiligoy, cuyos padres fueron secuestrados y desaparecidos en 1976 por represores de la última dictadura, consideró que los despidos de trabajadores “no tienen ningún asidero lógico, más allá de la postura del Gobierno de liquidar la política de derechos humanos” vigente en las últimas décadas. “Me llama la atención el coraje que han tenido para hacer semejante salvajada”, sostuvo.

Ante la presunción de que los despidos por parte de la Secretaría de Derechos Humanos iban a ser anunciados con el nuevo año, los trabajadores se manifestaron el viernes 27 de diciembre en la puerta del predio donde funcionó la ESMA. Ese día, según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se llevaron a cabo “tareas ilegales de inteligencia” con motivo del “monitoreo de la represión a la protesta social”.

La CPM registró la “presencia de personal policial de civil sin identificación que deambulaba entre los convocados y luego interactuaba con efectivos de la Policía de la Ciudad” en el predio situado en Avenida Del Libertador al 8100, en el barrio de Núñez. La Comisión advirtió que el mismo día “hubo agentes de fuerzas de seguridad realizando videofilmaciones de las y los manifestantes tanto en el interior como en el exterior del edificio” del Conti.

“Me preocupa que la sociedad no tome conciencia de esto porque venimos en un retroceso de derechos”, destacó Sfiligoy. 

La “reestructuración” que el secretario Alberto Baños plantea llevar a cabo en el Conti “es una señal de alarma importante”, dijo a elDiarioAR Verónica Torras, directora de Memoria Abierta e integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para Torras, la decisión tomada por el Gobierno nacional “manifiesta una voluntad de cierre al menos temporal hasta que se pueda llevar adelante una reestructuración que no queda clara, aparentemente tanto de personal como de programas y de actividades”. Sin embargo, resaltó, es necesario “tener en cuenta que este es un Estado liquidador que no dejará nada en pie salvo que lo considere estrictamente indispensable. Por otro lado –sostuvo–, es evidente que no existe interés de este Gobierno en sostener un proyecto como el del Conti, que está en las antípodas de su perspectiva política e ideológica, y que seguramente asumirán como antieconómico”.

Torras opinó que el Gobierno de Milei “se encuentra por momentos en una posición bifronte, en la que no termina de asumir una hostilidad abierta con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia tal como se estructuraron o incluso tiene una retórica de aprobación, como la que manifestó Baños en la audiencia de noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde reivindicó, por ejemplo, que el Gobierno sostiene la ex ESMA, los sitios de la memoria, el rol como querellante en los juicios. En definitiva, sostuvo un discurso de defensa de estas políticas. El problema –destacó Torras– es que ese discurso no se sostiene en las decisiones que están tomando porque despiden a los trabajadores que llevan adelante las políticas, las dejan sin presupuesto, cierran los programas y los espacios.Y tampoco se sostiene en sus posicionamientos públicos en los que desprecian muchas veces lo que se ha construido en este campo y atacan a quienes han contribuido en ese proceso”, agregó.

Para Marina Franco, doctora en Historia e investigadora principal del Conicet, las políticas de derechos humanos “entran, en dos niveles, al dedillo en la lógica de la extrema derecha. Primero, en la destrucción de lo público y el desmantelamiento del Estado, en general. Y, segundo, en la eliminación de lo que le representa realmente sus enemigos ideológicos, en este caso las políticas de derechos humanos y todo aquello que el Estado ha hecho en las últimas décadas en ese sentido. El cierre provisorio del Conti y el desmantelamiento del Archivo Nacional de la Memoria forma parte de la destrucción del Estado focalizada en los mayores enemigos ideológicos”, consideró en declaraciones a elDiarioAR.

El Archivo, comentó Franco, es “el lugar de referencia fundamental de toda la documentación sobre derechos humanos después de la dictadura en adelante y, además, de la información que sirve para todos los juicios de lesa humanidad. Es gravísimo porque se trata de la destrucción del patrimonio histórico y de pruebas documentales sobre las violaciones de los derechos humanos en la Argentina”.

Las periodistas y escritoras Silvana Melo y Claudia Rafael encararon hace más de un año una investigación acerca de los padecimientos psiquiátricos que sufrieron los presos políticos en cárceles durante la última dictadura militar. Para obtener historias y testimonios de la época, recurrieron al Archivo de la Memoria; durante enero de 2023 trabajaron allí más de ocho horas diarias y obtuvieron la asistencia de entre seis o siete trabajadores. “Recibimos de ellos una ayuda imprescindible, porque nos guiaron en el camino de búsqueda de información a través de computadoras, documentos y expedientes judiciales. Aquella asistencia representó más de las 2/3 partes de nuestra investigación”, que será publicada en marzo próximo en formato de libro, contó Melo a elDiarioAR. En un sentido similar a Sfiligoy, Melo recordó que por segunda vez consecutiva se llevan a cabo desde el Gobierno de Milei despidos de trabajadores públicos un 31 de diciembre y por mensaje de WhatsApp. “La parálisis de la sociedad ante lo que está ocurriendo es tremenda”, agregó.

Fuentes judiciales recordaron a elDiarioAR que “gracias a un legajo” perteneciente a la documentación que preserva el ANM del trabajo hecho por la CONADEP se pudo descubrir que durante la última dictadura militar había funcionado, entre marzo y mayo de 1976, un Centro de Clandestino de Detención y Torturas en un inmueble ubicado en la calle Bacacay 3570, en el barrio de Floresta. El sitio estaba situado en la misma manzana donde, casi un año después, fue emplazado el Centro Clandestino “Orletti”. El legajo de la CONADEP “sobre el cual se trabajó fue el de Emma Le Bozec”, precisaron las fuentes judiciales consultadas. Le Bozec era maestra y poeta cuando el 30 de abril de 1976 fue secuestrada por un grupo de tareas y llevada al centro clandestino de la calle Bacacay. “Yo estaba preparando todo para festejar los cumpleaños de mis hijos (...) cuando irrumpieron estas bestias. Entraron encapuchados y con armas largas” contó años después acerca de su secuestro.

Los trabajadores del ANM consultados por elDiarioAR destacaron que a los 30 trabajadores despedidos hay que sumarle que otras 19 personas “están sin contrato y recién se están iniciando sus trámites” a tal fin porque les fueron cambiadas las condiciones del vínculo laboral. Además, otros trabajadores que pertenecen a las plantas transitorias y permanentes del Estado y que se desempeñan en el ANM sufrieron recortes en sus salarios que van del 40% al 60% porque se encontraban contratados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la institución que representa a todos los Concesionarios Oficiales de Automotores en el país y que, en los últimos años, se convirtió en un ente cooperador del Ministerio de Justicia. Mediante ACARA, los trabajadores percibían una buena parte de sus salarios en concepto de incentivos.

Los despidos también alcanzaron a trabajadores a cargo de los sitios de la memoria. Uno de ellos es el Centro de la Memoria Virrey Cevallos, situado en el barrio porteño de Monserrat, donde funcionó durante la última dictadura un CCD. El edificio está ubicado en la calle Virrey Cevallos al 600, a pocas cuadras del Departamento Central de la Policía Federal Argentina, y fue un centro clandestino a cargo del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Se estima que un centenar de detenidos-desaparecidos pasaron por allí. El lugar quedó al borde del desmantelamiento tras el despido de cinco de los siete trabajadores que se desempeñaban.

“¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cerrarlo y poner un shopping? ¿Un Starbucks?”, pregunta, indignada, desesperada, una mujer canosa de ojos claros mientras señala el predio de la ex ESMA como si quisiera abarcarlo todo: los árboles, el Casino de Oficiales donde se torturó y desapareció a alrededor de 5 mil personas, el modelo de avión Skyvan que se utilizaba para los “vuelos de la muerte” y, finalmente, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. El Centro Cultural que el presidente Javier Milei decidió cerrar, con el eufemismo de una “reestructuración”, y cuya defensa motorizó un masivo festival en contra de los despidos y del desmantelamiento de los espacios de Memoria, Verdad y Justicia.

Bajo la consigna “Una memoria que arde”, los trabajadores despedidos del Conti organizaron una fiesta para resistir el cierre de un espacio que, desde 2008, es sinónimo de la vida cultural porteña. Muestras fotográficas, baile, música, teatro, talleres educativos, seminarios: el Conti se estableció hace 16 años como un núcleo nodal de la cultura dentro del predio donde funcionó uno de los más grandes campos de concentración de la dictadura. Alertados por WhatsApp el 31 de diciembre que el centro cerraba y que el personal quedaba en “guardia pasiva” hasta nuevo aviso, los trabajadores del Conti decidieron organizar un festival.

Horror y vitalidad

Los primeros grupos de personas comenzaron a llegar pasadas las cinco de la tarde. El cielo celeste, el runrún de las primeras de las batucadas y el olor de la comida que venía de los puestos de la feria chocaban contra la solemnidad del más grande centro de exterminio de la dictadura militar. Los caminos por donde antes pasaban los detenidos encapuchados, para después no volver, estaban repletos de puestos de comida vegana y sandwiches de bondiola, de stencils y pins con el rostro de Evita, de artesanías y cosmética cannábica. Y de pañuelos blancos, toda una ingeniería de pañuelos blancos: lisos, con la frase “Nunca Más”, con la cara de Lula y de CFK, con dibujos de Mafalda. 

Era la liturgia del 24 de marzo concentrada en los caminos verdes y soleados de la ESMA. Hasta que el cartel con el rostro aniñado de Franca Jarach, adolescente desaparecida en la ESMA, irrumpe con violencia entre los stands que venden agendas. Y concentra todas las miradas. Elvira, una mujer con remera celeste que luego hará el comentario de Starbucks, suspira mientras lee y niega con la cabeza. Su primo, Roberto Vera Barros, fue desaparecido en el 76’ cuando tenía 22 años. 

“Nunca más supimos de él, no sabemos ni a qué centro clandestino lo mandaron. Pero no estoy acá solo por él, sino por el desguace de este lugar de memoria. Yo entiendo que hay que hacer recortes en el Estado, pero anular la memoria de lo que fue el terrorismo de Estado me parece una atrosidad”, suspira, seria. Es radical “hasta la médula” y cuenta que le costó asistir (no lo dice, pero los pines de CFK por todos lados funcionan como explicación). “Ningún presidente hizo esto, ni Macri. Este gobierno no tiene ningún reparo en defender el terrorismo de Estado, empezando por la vicepresidenta y siguiendo por el Presidente. Aunque hubiesen puesto bombas tenían derecho a un juicio, no a terminar torturados, secuestrados y tirados en el río. ¿Qué están reivindicando? ¿El nazismo?”, se pregunta, y emociona.

A unos metros, un hombre de 50 años con una remera de un auto policial prendido fuego sostiene un cartel que dice “Los dos demonios son Milei y su vice”. Las referencias a Victoria Villarruel son moneda corriente: el amigo de la familia, el torturador y violador Alberto “Gato” González, condenado a dos prisiones perpetuas por crímenes de lesa humanidad, participaba del grupo de tareas que funcionaba en la ESMA.

En el escenario ubicado frente al centro cultural, mientras tanto, toca una banda. “El modelo de individuo de este gobierno no tiene nada que hacer con toda esta gente trabajando unida”, sostiene Santiago, uno de los músicos, y se pone a tocar. La gente baila al lado del modelo de avión que se utilizaba para los vuelos de la muerte. 

“Choca el contraste entre el horror y la vitalidad. Yo preferiría el silencio. Pero es importante ver toda esta gente jóven porque el horror no forma parte del pasado, sino del presente”, sostiene Claudia, sonriente debajo de unos anteojos de carey. Una de sus compañeras –son cuatro amigas– disiente: “Más allá del dispositivo, lo importante es mantener encendida la llama de la memoria. Quedan solo tres abuelas vivas, somos nosotras las que tenemos que tomar la posta ahora”.

Cada vez hay más gente y es imposible caminar. “Hay mucha más gente que en el ‘abrazo’. Es la reacción. Porque esto no es contra los derechos humanos, es contra todo el pueblo”, celebra, sobrio, Hernán, mientras hace la fila de los panchos para comprarle uno a su hijo Martino, de nueve años. Hernán se refiere a una de las múltiples actividades que organizaron, la semana pasada, los organismos de Derechos Humanos cuando se empezó a agitar el fantasma de los despidos. Y es que el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos comenzó hace tiempo y viene afectando numerosas áreas que se encargan del sostenimiento de la memoria, como el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado y el Archivo Nacional por la Memoria.

Verónica Castelli, hija de dos militantes peronistas desaparecidos por la dictadura y trabajadora despedida de la Secretaría de Derechos Humanos, es quien mejor narra la cronología del desmantelamiento. Primero se dejaron de dar tareas y se prohibieron algunos de los seminarios. En junio empezaron los primeros despidos de las personas que no habían sido ya desafectadas en marzo, cuando cayeron muchos de los contratos precarios. Castelli, entonces, terminó quedando sola manejando el espacio de memoria que se estaba construyendo en el “Vesubio”, uno de los centros de exterminio de La Matanza. En agosto fueron por los de planta transitoria. Y en septiembre comenzaron con los planes de retiro voluntario forzosos y en cuotas. Los pocos que no adhirieron, como Verónica, fueron echados por WhatsApp el 31 de diciembre. 

“El ataque es contra la Secretaría de Derechos Humanos, porque no quieren que exista. El ataque es contra el Ministerio de Justicia, porque están dejando el 30 por ciento de su planta. Lo que buscan es destruir al Estado”, explica Castelli, con el mismo tono de voz angustiado que se repetirá en varios de los trabajadores despedidos. 

Al día de hoy, en ATE calculan cerca de 600 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. Ya hay espacios de memoria, como el de Virrey Ceballos, que se quedaron sin un trabajador que pueda abrir la puerta.

La llama encendida de la memoria

No hay casi dirigentes políticos. Solo algunos escondidos en la multitud, como los funcionarios bonaerenses Gabriel Katopodis o Daniel Menéndez. Tampoco documentos, aunque Taty Almeida, cuando llega, es recibida como una estrella de rock. En el escenario suben y bajan colectivos sociales y artistas. El bachillerato trans Mocha Cellis toma la palabra: “Las trabas somos herederas de las Madres y Abuelas porque sabemos lo que es luchar para que se respete nuestra identidad. En tiempos oscuros hay que mirar a las Abuelas que, ante la adversidad, saben encontrar el camino”, afirma la directora, Virginia Silveira.

Es el clima de un Día de la Memoria, con grupos de viejos y jóvenes, familias y amigos, gente suelta con remeras de La Renga o Charly. Hay, incluso, parejas con galgos, como María y Horacio. Elegantes, sobrios, viven a unas cuadras de la ESMA, en el barrio de Belgrano. Ella es una reconocida militante contra la violencia obstétrica, pero también es artista y expuso varias obras en el Conti. Él recuerda cuando los jeeps pasaban, hace casi cincuenta años, por las puertas de la ESMA. “No sabíamos que había un centro de detención y tortura. Hay que conservar este espacio de memoria”, sostiene, pero su mujer lo corrige: “Sí, sí sabíamos. Es mentira cuando la gente dice que no sabe nada”. Se enojan, se ríen. Y María se pone seria: “Están eliminando 50 años de cultura. ¿Para qué?”.

De fondo, en el escenario se escucha una voz: “El arte es revulsivo. Es revolucionario. Y por eso lo quieren cerrar. Pero no lo van a lograr. El Conti no se cierra”.

MC/MG