“Declarar la obligatoriedad sin que nadie deba pagar un costo por incumplirla la transforma en una simple declaración de intenciones”, advierte Bruno Videla, docente y coautor de un informe reciente sobre ausentismo escolar. La frase condensa una preocupación creciente. Detrás de las faltas reiteradas a clase, los especialistas advierten que hay límites institucionales difusos, regímenes más flexibles y un vínculo debilitado entre escuela, estudiantes y familias.

El dato más visible confirma la tendencia. El 51% de los alumnos del último año de secundaria acumula al menos 15 inasistencias al año, según el operativo Aprender 2024. Dos años antes, ese porcentaje era del 44%. El incremento, de 7 puntos porcentuales, se replicó en las 24 jurisdicciones del país.

El informe, elaborado por Argentinos por la Educación, muestra además que el fenómeno no crece de manera homogénea. Por el contrario, se intensifica en ciertos grupos. El 30% de los estudiantes registra más de 20 faltas, mientras que un 21% se ubica entre 15 y 19 inasistencias. En paralelo, se redujo el segmento intermedio –quienes faltaban entre 5 y 14 días–, lo que sugiere un corrimiento hacia niveles más altos de ausentismo.

Una asistencia cada vez más desigual

Los autores hablan de una “polarización” en la asistencia. Es decir, se mantiene estable el grupo que casi no falta, pero se amplía el de quienes se ausentan con mayor frecuencia.

Para los equipos directivos, el problema ya ocupa el centro de la escena. El 46% de los directores considera al ausentismo como un obstáculo moderado o serio para el aprendizaje, por encima de la impuntualidad, los bajos logros académicos o incluso el ausentismo docente.

Aunque se trata de una tendencia global –según PISA 2022, el 47% de los directores argentinos identifica el ausentismo como un límite para enseñar–, en el país adquiere rasgos propios. Entre ellos, fuertes desigualdades territoriales. Buenos Aires lidera con un 66% de estudiantes que faltan al menos 15 días, seguida por CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%). En el otro extremo aparecen Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%).

Razones visibles y causas estructurales

Las razones que explican las ausencias combinan factores estructurales y subjetivos. El 62% de los estudiantes menciona problemas de salud, pero el segundo motivo —señalado por el 39%— es más difícil de encuadrar: “No tener ganas de ir a la escuela”.

Para especialistas, ese dato no es menor. “El ausentismo es un síntoma y no el problema en sí mismo”, sostiene Viviana Postay, especialista en gestión educativa. “Los bordes de lo institucional se han vuelto difusos. No están claros los límites ni el sentido del tránsito por la escuela secundaria”, agrega. En ese contexto, describe aulas atravesadas por dificultades de convivencia y esquemas de acreditación más laxos, donde “siempre aparece una oportunidad más fácil que la anterior”.

Videla coincide en ese diagnóstico y va más allá: “El ausentismo es la punta del iceberg”, señala. Debajo aparecen la pérdida de valoración social de la escuela, el quiebre en la alianza con las familias y la flexibilización constante de los regímenes académicos. En ese marco, advierte, sumar días al calendario escolar resulta insuficiente.

La lectura también es compartida por la investigadora Sandra Ziegler (Flacso), quien interpreta el fenómeno como un “desajuste entre la oferta escolar y las condiciones de las trayectorias estudiantiles”. “La relevancia del ‘no tenía ganas de ir’ expresa un problema de sentido”, plantea. Es decir, no se trata solo de asistir, sino de encontrar motivos para hacerlo.

El informe incorpora además una dimensión social. Según Romina De Luca (Conicet), en el sector estatal el ausentismo suele estar vinculado a problemas de acceso, tareas de cuidado, trabajo o situaciones familiares. En ese sentido, advierte que las faltas también reflejan procesos de segregación educativa.

A pesar de la magnitud del fenómeno, el país carece de herramientas básicas para seguirlo en tiempo real. Argentina no cuenta con un sistema nominal y abierto de registro de inasistencias, por lo que gran parte de la información proviene de autorreportes de los propios estudiantes. Esa limitación dificulta diseñar políticas públicas más precisas.

Para Mercedes Palavecino, docente y profesora de Filosofía, el dato central es el punto de partida de un problema mayor. “Es un síntoma de un quiebre social que debe abordarse de manera conjunta entre escuela, familias y Estado”, afirma. Y concluye: “No se trata solo de que el alumno esté presente, sino de garantizar condiciones reales para aprender”.

LN/MC

La Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene cinco carreras que se ubican dentro de las 50 mejores a nivel mundial, según el ranking universitario QS 2026.

En esta edición del RQ, son 16 las universidades argentinas que integran el ranking con 134 apariciones. Mientras que la UBA concentra 45 de las 134 apariciones argentinas y lidera a nivel nacional en 42 áreas del conocimiento.

Las carreras de la UBA que figuran entre el top 50 son Lenguas Modernas (22°), Derecho (34°), Ingeniería en Petróleo (35°), Antropología (43°) e Historia del Arte (rango 26-50°). De esta manera, las facultades de Ingeniería, Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias Sociales mantuvieron su lugar en el ranking al igual que en los últimos años.

Además, según Quacquarelli Symonds, la casa de estudios mantiene 12 disciplinas dentro del top 100, entre ellas Arquitectura, Historia, Comunicación y Veterinaria, todas en el puesto 51°. Sumadas a Política y Estudios Internacionales (99°), Sociología (64°) y Arte y Diseño (74°).

En cuanto a las cinco grandes áreas del conocimiento, la Universidad también mostró avances en varias posiciones globales. Ciencias Naturales pasó de la posición 175° a la 145°; Ciencias de la Vida y Medicina avanzó del 151° al 135°; Ingeniería y Tecnología avanzó 9 posiciones, de 152° a 143°; y Artes y Humanidades se mantiene en el puesto 24° a nivel global, mientras que Ciencias Sociales y Gestión continúa dentro del Top 100, ocupando el puesto 51°.

“Estos resultados demuestran, una vez más, el nivel internacional de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de la crisis que estamos atravesando, nuestros profesores, investigadores y no docentes son los que hacen posible mantener una calidad reconocida a nivel mundial. Por eso es importante resolver el problema de los salarios y el financiamiento universitario”, destacó el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.

El QS World University Rankings by Subject 2026 evalúa más de 21.000 programas académicos de 1900 universidades en 100 países, en 55 disciplinas y cinco grandes áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

La escuela primaria argentina entró en una transformación silenciosa pero profunda. Según proyecciones oficiales y datos del sistema educativo, para 2030 habrá un 27% menos de alumnos que en 2023: 1,2 millones de estudiantes menos sentados en las aulas. El fenómeno, empujado por la caída sostenida de la natalidad, impactará de lleno en la organización del sistema educativo y plantea un dilema de fondo: qué hacer con los recursos disponibles en un escenario de menor demanda escolar.

Los datos surgen del informe Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado, elaborado por Argentinos por la Educación, a partir de proyecciones de la Dirección Nacional de Población y del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación. El estudio muestra que, si se mantienen constantes los cargos docentes actuales, el promedio nacional podría descender a 12 alumnos por docente en el nivel primario hacia el final de la década.

Pero esta nueva realidad en las aulas no será igual en todo el país. Es en Buenos Aires donde se concentrará la mayor reducción en términos absolutos, con más de 510 mil alumnos menos (-30,5%), seguida por la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. En términos relativos, las mayores contracciones se proyectan en Tierra del Fuego, Santa Cruz y CABA. En contraste, provincias como Santiago del Estero, Misiones y Corrientes registrarán descensos más moderados, aunque igualmente significativos, agrega el informe que estuvo a cargo de Martín De Simone (Banco Mundial), María Sol Alzú y Martín Nistal (Argentinos por la Educación).

Este reordenamiento demográfico también modificará el mapa de las aulas. De mantenerse la cantidad de cursos actuales, los clases con más de 25 alumnos prácticamente desaparecerán, mientras que crecerán con fuerza las aulas pequeñas: casi la mitad de los cursos tendrá entre 15 y 19 estudiantes y más de 1 de cada 5 tendrá menos de 15. El fenómeno se replicará en todo el país, incluso en las jurisdicciones históricamente más pobladas.

Desde una perspectiva comparada, Argentina ya se ubica en una posición intermedia en América Latina en cantidad de alumnos por docente, por debajo de países como México o Colombia y cerca del promedio de la OCDE. La proyección hacia aulas más reducidas, sin embargo, no garantiza por sí sola una mejora en los aprendizajes. Especialistas advierten que la relación entre tamaño de clase y calidad educativa no es lineal y que aulas demasiado chicas pueden incluso afectar el aprendizaje entre pares.

El impacto fiscal y laboral es otro eje central del debate. El informe estima que, si se mantuvieran los ratios actuales, en 2030 sobrarían más de 50 mil cursos y sería necesario reasignar unos 71 mil cargos docentes, con un valor equivalente cercano a los $966 mil millones anuales, alrededor del 15% del presupuesto educativo vigente. En un contexto de ajuste fiscal y tensiones con los gremios, la discusión sobre cómo redistribuir —y no necesariamente recortar— esos recursos se vuelve inevitable.

“La caída de la natalidad abre una oportunidad: sin aumentar el gasto total, se puede destinar más recursos por estudiante”, señala Martín De Simone, uno de los autores del informe. El riesgo, advierte, es que la inercia institucional y la falta de planificación hagan que esa ventana se desperdicie.

Las diferencias entre gestión pública y privada también serán determinantes. Mientras que el sistema estatal cuenta con presupuestos definidos por ley, el sector privado depende directamente de la matrícula y enfrentará mayores dificultades para sostener estructuras pensadas para otra escala demográfica.

Cecilia Adrogué, investigadora del Conicet y la Universidad de San Andrés y profesora de la Universidad Austral, señala: “Es importante mencionar que los efectos serán bien diferenciados según se trate del sistema de gestión pública o el sistema de gestión privada. En el primer caso, el presupuesto no está determinado por la demanda sino por las partidas presupuestarias asignadas, mientras que en el segundo, la matrícula es la que determina los recursos disponibles y estarán frente a un desafío mayúsculo para poder solventar con menos alumnos una estructura que les quedará grande”.

Para Leyre Sáenz Guillén, magíster en economía y especialista en educación, “reducir la discusión de la caída de matrícula a ‘menos alumnos por aula es mejor’ es demasiado simplista: eso supone una relación lineal entre tamaño de clase y aprendizaje, cuando hay evidencia que muestra que hay heterogeneidades según el tamaño de las secciones y que menos no siempre es mejor. Los estudiantes aprenden tanto de sus docentes como de sus compañeros. El riesgo de empujar el sistema hacia aulas demasiado chicas es perder parte de ese aprendizaje entre pares. Como presenta el informe, este es un buen momento para poner sobre la mesa políticas con mucha más evidencia de impacto para mejorar la calidad educativa”.

Entre las alternativas que plantean los especialistas aparecen la reorganización de cursos con baja matrícula, la reasignación de docentes a tutorías, programas de acompañamiento y extensión de la jornada escolar, así como una mayor inversión en materiales pedagógicos, infraestructura y formación docente. Todas coinciden en un punto: la transición demográfica exige planificación de mediano plazo y acuerdos políticos amplios.

Lejos de ser un problema exclusivamente educativo, la caída de la matrícula expone un desafío estructural del país. Menos nacimientos implican menos alumnos hoy, pero también menos trabajadores mañana. En ese marco, la escuela aparece como uno de los primeros ámbitos donde la Argentina deberá decidir si la escasez se traduce en ajuste o en una oportunidad para mejorar la calidad del Estado.

MG

“Sin la alfabetización en IA será ella, y quienes sí han sido alfabetizados, quienes nos controlen”, advierte Andrés Salazar-Gómez, investigador de la Universidad de Massachusetts (MIT). El especialista alerta por el debilitamiento de la autonomía intelectual y socioemocional que puede profundizarse si no se regula el uso de la inteligencia artificial, una herramienta en permanente expansión dentro del sistema educativo argentino.

Desde el desarrollo de aprendizajes “adaptativos”, que reconfiguran contenidos según la “necesidad” (o comodidad) del alumno, hasta la generación de materiales y la corrección automática de trabajos -que permite a los docentes disponer de más tiempo para “atender la diversidad en el aula”-, la IA ya forma parte de la vida escolar. “Nos guste o no”, resume Santiago Siri, presidente de Democracy Earth Foundation.

Según datos relevados por UNICEF y UNESCO, el 76% de los niños y adolescentes de entre 9 y 17 años conoce la IA generativa y el 58% ya utilizó herramientas como ChatGPT. Su principal aplicación está vinculada a la resolución de tareas escolares: dos de cada tres chicos (66%) la usan con ese fin.

Un uso extendido sin marcos claros

Ese escenario explica la elaboración del informe “Inteligencia artificial en la educación: desafíos y perspectivas”, realizado por Argentinos por la Educación junto con investigadores de la Universidad de Massachusetts. El documento analiza tanto las oportunidades como los riesgos que implica el avance de estas tecnologías en el sistema educativo argentino.

Los especialistas destacan el “potencial transformador de la IA” tambien en la gestión institucional. Señalan que permite optimizar el análisis de datos sobre matrícula, asistencia y recursos, además de agilizar procesos administrativos como inscripciones, becas y emisión de certificados.

Riesgos para el aprendizaje y la autonomía

Sin embargo, los riesgos asociados al crecimiento del uso de la IA representan la principal preocupación. Según los profesionales, en términos generales la IA acorta los tiempos de los trabajos y aumenta la productividad de alumnos y docentes a cambio de un aprendizaje superficial que reduce el pensamiento crítico, la creatividad, aisla al individuo deteriorando su desarrollo socioemocional y lo vuelve, en consecuencia, más manipulable.

“A la vez que acelera la adquisición de conocimiento, puede distorsionar la comprensión”, sostiene Alejandro Artopoulos, director del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés, quien remarca que “es clave” volver a prácticas de lectura más distantes y reflexivas.

“Las nuevas generaciones crecieron con la IA. Eso no significa que sean usuarios responsables. La alfabetización en IA nos da la capacidad de entender y controlar la tecnología; sin ella, será la IA -y quienes sí han sido alfabetizados- la que nos controle”, insiste Salazar-Gómez.

En la misma línea, Agustina Brizio, coordinadora de innovación y tecnologías digitales de Asuntos del Sur, sostiene que el principal desafío para docentes e instituciones es fomentar una alfabetización en IA, ya que los riesgos están vinculados a la pérdida del pensamiento crítico y a las dinámicas de validación automática de contenidos.

Para Santiago Siri, el debate no debería oscilar entre la prohibición y la idealización. “El punto no es prohibirla ni celebrarla como magia sino diseñar alfabetismo en IA, reglas claras y supervisión humana para que la personalización no se convierta en desigualdad y para que la ‘muleta’ no termine reemplazando el pensamiento crítico”.

Por su parte, Andrés Rieznik, doctor en Física, divulgador y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, pone el foco en las brechas que puede profundizar la tecnología. “Amplifica la diferencia entre quienes tienen una formación profunda sobre los temas y quienes sólo hicieron un curso corto”, advierte.

“Necesitamos un enfoque sistémico que garantice que la IA funcione como palanca para el desarrollo humano y no como un acelerador de atajos cognitivos”, suma Diego López Yse, fundador de Eleva y docente e investigador en IA en la UTN.

Finalmente, Emiliano Pereiro, jefe de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial en Ceibal, subraya que la herramienta ya se utiliza de forma masiva en las aulas. Por eso, señala, “el informe busca servir como insumo para impulsar políticas públicas que integren la inteligencia artificial con criterios pedagógicos, formación docente y resguardos éticos”.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires aprobó de forma unánime el Calendario Escolar 2026, un documento clave que define la organización del ciclo lectivo del próximo año. La resolución establece, entre otros puntos centrales, la fecha de inicio de clases en 2026.

El calendario, dado a conocer por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, establece 190 días de clases y apunta a ofrecer previsibilidad a toda la comunidad educativa. Asimismo, señalaron que el esquema fue elaborado para garantizar la continuidad pedagógica y permitir una planificación anticipada, tanto para estudiantes como para docentes.

En lo que respecta al inicio del ciclo lectivo 2026, el calendario oficial establece que las clases comenzarán el 2 de marzo, con algunas diferencias según el nivel y la modalidad educativa. De todos modos, la mayoría de los estudiantes volverán a las aulas en esa fecha, marcando el inicio formal del año escolar en la provincia de Buenos Aires.

El detalle del inicio de clases según cada nivel y modalidad educativa

Según el comunicado difundido por la Dirección General de Cultura y Educación, todas las modalidades educativas compartirán el mismo período de receso invernal, con la excepción de la Educación de Formación Profesional y del nivel Superior, que contarán con otras fechas.

Cuándo es el receso invernal

El receso invernal 2026 en la provincia de Buenos Aires está programado entre el 20 y el 31 de julio, abarcando a todos los niveles y modalidades educativas, desde inicial hasta superior. Esta pausa, de acuerdo con el Ministerio de Educación bonaerense, busca asegurar la recuperación y el bienestar de los estudiantes y el personal docente.

El Ministerio de Educación precisó que la coincidencia en las fechas del receso permite organizar de forma integral las actividades escolares y familiares, favoreciendo la previsibilidad para las comunidades educativas en todo el territorio provincial.

Para las modalidades de Educación de Formación Profesional y Educación Superior, el receso también se extenderá del 20 al 31 de julio, equiparando el calendario de descansos a nivel provincial.

Cuándo se termina el ciclo lectivo 2026

El cierre del ciclo lectivo 2026 está previsto para el 22 de diciembre en la mayor parte de los niveles y modalidades educativas de la provincia de Buenos Aires, según lo informado por el Ministerio de Educación.

Para la Educación de Formación Profesional, las actividades concluirán el 18 de diciembre. En el caso de la Educación Superior —que incluye la Formación Docente Inicial, la Formación Técnica y la Formación Artística— la finalización será el 27 de noviembre de 2026.

Cuándo empiezan las clases en CABA en 2026

Los estudiantes y docentes que planifican sus actividades durante el receso de verano y los primeros meses del año próximo deben saber cuándo empiezan las clases en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en 2026, para contar con la referencia de la vuelta a los establecimientos escolares, en sus distintos niveles.

De acuerdo lo informado desde el gobierno porteño, las clases en 2026 en CABA comienzan el 25 de febrero, que coincide con un miércoles, tanto para nivel inicial como para nivel primario.

En tanto, la escuela secundaria iniciará sus actividades unos días más tarde: el lunes 2 de marzo de 2026.

Cabe destacar que en todos los casos coincide la fecha de finalización de clases, ya que el ciclo lectivo de 2026 concluye el viernes 18 de diciembre para los tres niveles de enseñanza oficial.

NB

En la última década, la educación perdió terreno en casi todo el país. En 19 de las 24 provincias, la inversión educativa en 2024 fue más baja que en 2014, y en 22 jurisdicciones se redujo el presupuesto respecto del año anterior. A la par, los salarios docentes cayeron en términos reales en 21 distritos.

El diagnóstico surge del informe “Financiamiento provincial: análisis del presente en perspectiva de la última década”, elaborado por Argentinos por la Educación junto con Osvaldo Giordano, María Sol Alzú y Martín Nistal, que advierte sobre una pérdida sostenida de prioridad del sector frente a otras áreas del gasto público.

El estudio analiza la evolución del gasto en la función “Educación y Cultura” entre 2014 y 2024 a partir de datos oficiales y de la dinámica de los salarios docentes hasta junio de 2025. Según el documento, las provincias financian en promedio el 75% del presupuesto educativo, mientras que el 25% restante proviene de la Nación, destinado principalmente al sistema universitario. Cerca del 90% de los recursos provinciales se destina a pagar sueldos docentes.

Caída de la inversión y retroceso salarial

Entre 2014 y 2024, la proporción del presupuesto provincial asignada a educación se redujo en 16 provincias. En el último año, 11 jurisdicciones destinaron una porción aún menor de sus recursos al área. En paralelo, los salarios docentes perdieron poder adquisitivo en 21 provincias respecto a una década atrás. Solo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro registran en 2025 remuneraciones reales más altas que en 2014.

Aunque los datos de 2025 anticipan una recuperación parcial -13 provincias muestran aumentos reales frente a 2024-, los niveles siguen por debajo de los de 2023. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) agravó el deterioro. Solo tres provincias -Chaco, Neuquén y Santiago del Estero- lograron aumentar su gasto educativo real pese a la caída salarial, reasignando recursos propios. En once jurisdicciones, la inversión educativa se redujo más que los sueldos, lo que revela un ajuste adicional en infraestructura, materiales y otros rubros.

“Una década perdida también para la educación”

“Reducción del PBI per cápita, muy alta inflación, nula generación de empleos de calidad, caída de los salarios, aumento de la pobreza son los síntomas de que venimos de una década perdida. También para la educación es una década perdida”, afirmó Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea y coautor del informe.

Giordano subrayó que preservar la inversión y mejorar la gestión educativa es una de las reformas estructurales “más urgentes”. En la misma línea, Javier Curcio, investigador del IIEP-UBA-Conicet, sostuvo que el deterioro del financiamiento provincial impacta directamente en la calidad de la enseñanza. “Las diferencias regionales muestran la necesidad de un rol nacional estabilizador que compense las inequidades territoriales, sobre todo tras la eliminación del FONID”, señaló.

El economista Alejandro Morduchowicz destacó que “ante la crisis, las respuestas provinciales hacia la educación no fueron homogéneas”. En algunas provincias, explicó, el ajuste fue mayor en educación que en el resto del gasto público, “lo que refleja una menor valoración del sector y la dificultad para planificar estrategias de largo plazo”. Para el profesor Darío Rossignolo (FCE-UBA), la caída del gasto y de los salarios “evidencia una pérdida de prioridad relativa de la inversión en educación durante la última década”.

Diferencias regionales

En la Región Pampeana, todas las provincias presentan en 2024 un gasto educativo menor que en 2014 y sueldos docentes más bajos. En Cuyo, la situación es similar, salvo en San Luis, que mantiene la mayor proporción de gasto destinada al área -alrededor del 30%- y una tendencia estable.

En el NEA, solo Chaco escapa a la tendencia general: mostró un crecimiento sostenido desde 2020 y es la única provincia con salarios superiores a los de 2014. Corrientes, Formosa y Misiones, en cambio, exhiben fuertes caídas tanto en inversión como en ingresos docentes. En el NOA, Santiago del Estero destaca por ser la única con salarios más altos que hace una década y una de las mayores participaciones presupuestarias del país.

En la Patagonia, Neuquén es la única provincia que registra un gasto educativo superior al de 2014 y aumentos entre 2023 y 2024. Río Negro, junto con Chaco y Santiago del Estero, integra el grupo de tres provincias con salarios reales más altos que hace diez años y es también la que destinó la mayor proporción del gasto total a educación en la última década.

Información limitada y desafíos pendientes

El informe advierte sobre la falta de información pública comparable entre provincias. Para 2025, no existen datos consolidados de presupuestos provinciales desagregados por función, lo que impide un seguimiento preciso del financiamiento educativo.

Los autores concluyen que el estancamiento del gasto y el retroceso salarial docente reflejan una década de deterioro estructural en la educación argentina. Revertir esa tendencia, afirman, requiere fortalecer la cooperación entre Nación y provincias, establecer un marco de financiamiento previsible y mejorar la eficiencia del uso de los recursos públicos.

LN

La proporción de jóvenes que culminan la escuela secundaria en Argentina creció de manera constante en la última década, según el informe “Terminalidad educativa: foco en la secundaria”, elaborado por Argentinos por la Educación. Entre 2014 y 2024, el porcentaje pasó del 67,6% al 74,2%. Sin embargo, expertos advierten que este aumento no refleja necesariamente una mejora en los aprendizajes.

Flexibilización y programas socioeducativos

Romina De Luca, doctora en Historia, investigadora adjunta del CONICET y colaboradora de Argentinos por la Educación, explica que la expansión de la terminalidad se debe principalmente a cambios en la evaluación y a la implementación de programas socioeducativos.

“Previo a la pandemia, algunas jurisdicciones ya avanzaban en reformas. En Río Negro, por ejemplo, se aprobaban asignaturas por equivalencia: si un estudiante aprobaba matemáticas de quinto, se le reconocía la materia de segundo año”, señala De Luca.

Con la llegada de la pandemia, estas flexibilizaciones se profundizaron: “Se introdujeron núcleos de aprendizaje prioritarios, promoción automática y evaluación por proyectos que agrupaban varias asignaturas. Esto facilita que los estudiantes logren egresar sin dominar todos los contenidos previos”.

La educación de jóvenes y adultos también contribuyó al aumento de la terminalidad. Programas como el Plan FINES II, dirigidos a personas mayores de 18 años, “trabajan con un currículum más recortado, organizado por proyectos y con cursadas de dos o tres días a la semana. Uno de cada cinco egresados lo hizo en esta modalidad”, destaca De Luca.

Desigualdades persistentes

El informe analiza la finalización de los niveles primario, secundario y universitario entre jóvenes de 25 a 30 años, e indaga diferencias por género y condición socioeconómica. La educación primaria está prácticamente universalizada, con un 96,4% de terminalidad. La secundaria, en cambio, sigue siendo el mayor desafío: tres de cada cuatro jóvenes la completan.

Entre los jóvenes de 19 años, la proporción de graduados pasó del 52% en 2014 al 71,2% en 2024, pero hacia los 30 años la tasa se estabiliza alrededor del 70%, lo que indica que una parte significativa no alcanza la terminalidad incluso de forma rezagada.

Las diferencias de género persisten: entre personas de 25 a 30 años, el 77,4% de las mujeres completó la secundaria frente al 70,9% de los varones. Las desigualdades económicas, aunque en descenso, siguen marcando la trayectoria educativa. En el quintil más pobre, la terminalidad creció del 41,5% al 60%, mientras que en el quintil más rico pasó del 87,1% al 92,2%.

“A pesar de la mejora, aún cuatro de cada diez jóvenes de menores ingresos no terminan la secundaria”, advierte De Luca.

La brecha entre terminalidad y aprendizaje

El informe subraya que, aunque más jóvenes egresan, los resultados académicos son preocupantes. Solo el 63% llega al último año de secundaria sin repetir ni abandonar, y apenas 10 de cada 100 estudiantes alcanzan los aprendizajes esperados en Lengua y Matemática en tiempo y forma.

“Los resultados académicos caen y en paralelo la terminalidad aumenta. En 2021, solo 16 de cada 100 alumnos terminaban con contenidos satisfactorios; en 2024, este número cayó a 10 de cada 100”, afirma De Luca. Gustavo Romero, vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, coincide: “No alcanza con universalizar; hay que garantizar aprendizajes significativos y trayectorias con sentido para el mundo adulto y del trabajo”.

Felicitas Acosta, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, destaca que los avances “evidencian los límites de la obligatoriedad para asegurar el egreso de toda la población” y subraya la necesidad de “políticas que generen condiciones efectivas de escolarización, en un contexto aún desigual”.

Por su parte, Marcelo Rabossi, de la Universidad Torcuato Di Tella, opina que los datos reflejan progreso en equidad educativa. “La terminalidad del primer quintil creció 18,5 puntos en diez años, mientras que en los sectores altos casi no varió. La creación de universidades nacionales en el conurbano amplió el acceso, y desde 2021 el primer quintil tiene mayor presencia allí que en la UBA”, concluye.

LN/MG

Históricamente considerada un pilar de prestigio nacional, la educación pública atraviesa un ajuste sin precedentes y se convirtió en el sector más afectado del Estado, según un informe de ejecución presupuestaria de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

“Hay una política deliberada para que el Estado deje de hacerse responsable de la educación, tanto en escuelas como en universidades”, advierte Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.

El informe identifica desmantelamiento de programas, prórroga del presupuesto por segundo año consecutivo, licuación de partidas por inflación y salarios docentes atrasados sin convocatoria a paritarias.

Mientras el ajuste promedio en todas las partidas estatales fue del 31,1% real respecto de 2023, en Educación y Cultura alcanzó el 46%, solo superado por la obra pública paralizada. Además, la inversión proyectada para 2025 será apenas del 0,77% del PBI (en 2023 fue del 1,44% y en 2024 del 0,85%).

El golpe es más duro en áreas sensibles: los programas de educación obligatoria caen casi 70% y la infraestructura escolar 72,3%. “Estamos viviendo una desintegración paulatina del sistema educativo”, resume Javier Curcio, economista de la UBA y referente de Argentinos por la Educación.

Docentes y estudiantes sin horizonte

El deterioro repercute también en la formación docente. La matrícula en profesorados cayó un 50% desde 2023. “Disminuyó a la mitad el número de personas que estudian para ser docentes, desplazados por bajos salarios, estrés laboral y pérdida de prestigio”, señala Alesso. 

El desmantelamiento del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), que ofrecía cursos y posgrados, profundizó el retroceso. “Además de la explotación, ajuste y deslegitimación, desmantelaron el INFOD”, agrega la gremialista.

Los estudiantes también perciben un futuro cada vez más condicionado. Según Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa, los resultados de la prueba PISA reflejan baja expectativa de los adolescentes sobre su porvenir, con un pesimismo más marcado en Argentina. “Muchos creen que estarán peor que sus padres, rompiendo el antiguo paradigma de progreso intergeneracional”, advierte.

A esta visión se suma la cultura del éxito inmediato promovida por influencers y traders, que desalienta la idea de esfuerzo sostenido. “Sin un Estado que actúe como contrapeso, crecen prácticas como las apuestas y el juego online”, señala Buccino.

El discurso oficial y la escuela

La crisis económica se complementa con un clima social crispado que se traslada al ambiente escolar. Para Alejandro Castro, director del Observatorio de Convivencia Escolar de la UCA, el discurso oficial también impacta: “Cuando el discurso cargado de odio o discriminación proviene desde lo más alto del poder, impacta directamente en las escuelas. Funciona como un aprendizaje social: los chicos ven cómo se insultan en el Congreso, en la televisión o incluso desde la presidencia, y terminan naturalizando esa violencia”.

Los datos confirman esa tendencia: 6 de cada 10 alumnos dicen sufrir agresiones y 4 de cada 10 discriminación, aunque el 90% afirma que en la escuela “se está bien”. Para Castro, esto refleja una naturalización preocupante: “Se ha instalado la idea de que la violencia es parte de la cultura escolar, cuando en realidad el clima de convivencia es el factor más determinante de la calidad educativa”.

Metas incumplidas y mínimos históricos

La Ley de Financiamiento Educativo fija un piso del 6% del PBI para garantizar igualdad de condiciones, pero esa meta se abandonó hace años. En 2023 la inversión llegó al 5,2%; con el esquema actual caerá al 4,4% en 2025, un mínimo histórico.

“No hay paritaria y se incumple con el FONID, que actualizado significaría $114.000 por cargo. Desde que asumió Milei no se pagó en todo el año, lo que implica una deuda de un año y medio y una caída salarial superior al 20%”, explica Alesso. Según la gremialista, los sueldos docentes no alcanzan la canasta alimentaria.

Las consecuencias son concretas: obras paralizadas, jardines inconclusos y edificios precarios. “Mientras el mundo discute inteligencia artificial, en Argentina no tenemos recursos ni para construir escuelas”, opina Alesso.

Curcio agrega: “Un recorte del 10 o 15% ya sería grave; hoy hablamos de caídas salariales superiores al 30% y de un ajuste global arriba del 40%. Aunque las instituciones siguen funcionando, porque la sociedad y las clases medias aún sostienen ciertos resortes, este esquema es prácticamente insostenible y el riesgo de decadencia crece día a día”.

Programas en retroceso

La reducción alcanzó a todos los programas nacionales, desde Conectar Igualdad hasta capacitación docente y construcción de escuelas. La única excepción parcial es el Plan Nacional de Alfabetización, que tampoco logra efectividad: “No hubo entrega de libros el primer año y aun con licitación muchos no llegaron a tiempo. Llegarán tarde y mal, cuando ya se cubrió gran parte del calendario escolar”, critica Buccino.

En este contexto, Curcio concluye: “Muchos docentes abandonan la profesión o soportan sobrecarga de tareas, mientras que los jóvenes ya no ven atractivo apostar a una carrera sin futuro. Lo poco que quedaba de movilidad social ascendente se está desmoronando. Y el costo de no invertir en educación es mayor que el de hacerlo, porque está probado que la desinversión multiplica la pobreza”.

Tras los preocupantes resultados obtenidos en las pruebas Aprender 2024, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, adjudicó un contrato por 295 millones de pesos para ejecutar el próximo operativo nacional de evaluación de aprendizajes en escuelas primarias de todo el país.

La medida se oficializó esta semana mediante una disposición de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Educación, y forma parte del Plan Nacional de Evaluación Educativa, que contempla la implementación de las pruebas Aprender Primario y un nuevo dispositivo denominado AMPL 2025 (Assessment for Minimum Proficiency Levels), una herramienta internacional desarrollada por ACER (Australian Council for Educational Research) para medir niveles mínimos de competencia en los estudiantes.

La licitación pública nacional, tramitada bajo el expediente EX-2025-37914790-APN-CCYCE#MCH, fue adjudicada a Boldt Impresores S.A., que resultó ganadora tras la evaluación técnica y económica de las tres ofertas presentadas. Las firmas Oportunidades S.A. y Lakaut S.A. fueron desestimadas por incumplimientos técnicos y criterios de conveniencia económica.

Un operativo clave para un sistema educativo en crisis

La contratación contempla el diseño, impresión, distribución, recolección, escaneo y procesamiento de las evaluaciones. El servicio, de ejecución integral, se desarrollará durante un plazo de 130 días corridos y apunta a relevar información sobre el nivel de aprendizajes en lengua y matemáticas de alumnos de sexto grado.

El dispositivo AMPL 2025 se aplicará en paralelo a Aprender y busca complementar la información tradicional con nuevas herramientas estadísticas y logísticas.

Desde la Secretaría de Educación se lo define como un paso hacia la “modernización de la evaluación”.

El objetivo es obtener información que permita diagnosticar los aprendizajes alcanzados por los alumnos y las condiciones en que se desarrollan los procesos educativos.

La decisión de avanzar con un nuevo operativo llega en un contexto preocupante.Los resultados de la última edición de Aprender mostraron un retroceso significativo en el desempeño de los estudiantes en lengua, con más del 33% de los alumnos por debajo del nivel esperado, y una persistente debilidad en matemática, donde cerca del 50% no alcanza niveles satisfactorios.

Estas cifras generaron la preocupación en sectores educativos y pusieron en agenda el rol del Estado como garante de la calidad educativa. La gestión de Pettovello -que absorbió la antigua cartera de Educación dentro del Ministerio de Capital Humano- debe sostener las políticas de evaluación y, al mismo tiempo, delinear acciones concretas para revertir el deterioro pedagógico.

Boldt Impresores fue la única empresa cuyas condiciones técnicas y administrativas cumplieron con los requisitos del pliego. La compañía, conocida por su rol en la impresión de documentos electorales y pruebas educativas, presentó una mejora de su propuesta inicial, lo que permitió ajustar el costo final a $295.100.000.

El gasto será imputado al presupuesto de la Secretaría de Educación, dentro del Programa 32, y se ejecutará a través del sistema digital COMPR.AR. Según los documentos oficiales, no se presentaron impugnaciones al proceso licitatorio y se confirmó la disponibilidad presupuestaria para avanzar con el pago.

MP con información de NA

Esta semana, las elecciones estudiantiles en la Universidad de Buenos Aires (UBA) tomaron protagonismo en las trece facultades que conforman la institución. Se trata de una votación clave donde se definieron las conducciones de los centros de estudiantes, los consejos directivos y, en algunas facultades, las juntas de carrera. Se tratan de las primeras elecciones que se llevan a cabo bajo el gobierno de Javier Milei.

Los comicios se dan en un contexto marcado un gran ajuste presupuestario y movilizaciones estudiantiles, lo que derivó en un cuatrimestre de paros de docentes y no docentes.

Las facultades que participaron en este proceso incluyen Derecho, Ciencias Económicas, Medicina, Ingeniería, Farmacia y Bioquímica, Agronomía, Veterinarias, Odontología, Filosofía y Letras, Psicología, Ciencias Exactas, Ciencias Sociales y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

Resultados de las elecciones 2024 en las facultades de la UBA

En esta jornada, la sorpresa vino de la mano del peronismo, que desplazó al oficialismo en FADU y en Ciencias Sociales. Estos son los resultados, según se puede leer en el sitio web de La Izquierda Diario que los ha recopilado en el transcurso de la jornada.

Facultad de Veterinarias

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Económicas

Facultad de Medicina

Facultad de Ciencias Sociales

Facultad de Ingeniería

Facultad de Agronomía

FADU

Facultad de Ciencias Exactas

Facultad de Farmacia y Bioquímica

Facultad de Psicología

Facultad de Derecho

AB

El 72,7% de los estudiantes argentinos de 15 años no alcanzaron el nivel esperado en matemática en las pruebas PISA 2022. La cifra supuso una caída con respecto a los resultados del país en las ediciones anteriores de la evaluación: en 2018, el 69,1% de los alumnos no había logrado el nivel mínimo, mientras que la proporción había sido 66,5% en 2012. Esto había sido 63,6% en 2009 y 64,1% en 2006. El análisis, además, muestra que el 79,2% de los contenidos evaluados, lo que representa la mayoría, forma parte de los establecidos a nivel nacional.

Los datos surgen del informe “Abriendo la caja: ¿qué evalúa PISA en Matemática?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Nicolás Buchbinder (Universidad de Colorado Boulder), Martín Nistal y Eugenia Orlicki (Observatorio de Argentinos por la Educación).

En la prueba PISA de matemática, cada estudiante recibe como máximo 30 ejercicios; no todos responden las mismas consignas. La OCDE, el organismo que toma la evaluación, publicó 10 ejercicios (“ítems liberados”) con su grado y nivel de dificultad. El informe muestra algunos de esos ejercicios, que evalúan el cálculo de proporciones en situaciones literales y abstractas, regla de tres simple y ecuaciones sencillas. 

En Argentina, solo 1 de cada 4 alumnos de 15 años (27%) puede resolver un ejercicio de regla de tres simple. Apenas el 36% de los estudiantes alcanza el rendimiento necesario para resolver un ejercicio de proporciones con un nivel “1a” de dificultad (por debajo del mínimo requerido en PISA), mientras que el 20% puede resolver ejercicios de un nivel 2 (el mínimo esperado, según los parámetros de la prueba). 

“Para realizar las pruebas PISA, primero se analizan las currículas nacionales para entender qué se enseña en cada país. Luego, se compara ese contenido con la evaluación de PISA para identificar coincidencias y diferencias. Con esta información, se desarrollan y adaptan ejercicios de evaluación culturalmente relevantes y alineados con los objetivos curriculares locales. Posteriormente, los ejercicios se validan y adaptan para asegurar la equivalencia en todos los países participantes. Finalmente, los resultados se contextualizan considerando las diferencias curriculares, lo que permite interpretaciones más precisas y comparaciones justas entre países”, explican los autores.

A pesar de los bajos resultados, el informe muestra que hay una relación estrecha entre los contenidos evaluados y el currículum nacional de matemática: el 79,2% de los contenidos de la prueba PISA están incluidos en los diseños curriculares de Argentina, mientras que el 17,8% aparece en algunos currículums y el 3% no está presente. En otros países de la región es aún más alta la proporción de contenidos evaluados cuya enseñanza está prevista en las currículas nacionales: sube al 84,1% en Uruguay; 98,1% en Chile; y 99,6% en Brasil.

Nicolás Buchbinder, coautor, explica: “Este informe nos permite analizar un aspecto clave, aunque a veces olvidado, de los resultados de una evaluación estandarizada: el desempeño de los estudiantes en algunos ítems específicos. En general, los reportes de resultados utilizan los 'niveles de desempeño' aunque es difícil dar una idea concreta de qué habilidades y conocimientos están relacionadas con esos niveles de desempeño. La Teoría de Respuesta al Ítem, muy difundida en evaluaciones estandarizadas, nos permite estimar qué porcentaje de estudiantes podría responder a cada uno de los ejercicios de una evaluación y eso es lo que intentamos hacer con los ejemplos liberados de PISA. Ésta es una práctica no tan frecuente que podríamos adoptar en nuestras evaluaciones nacionales y jurisdiccionales para mejorar los reportes de resultados”.

Andrés Rieznik, doctor en Física, divulgador y profesor de UTDT, entiende que “la comparación con países vecinos a la hora de evaluar los éxitos y fracasos del sistema educativo argentino es dolorosa y necesaria. Este informe de Argentinos por la Educación es una evidencia más de la crisis argentina. Muestra, una vez más, que en matemática también estamos muy por detrás de Chile y Uruguay, por mencionar dos países vecinos y comparables. Como ocurre con la alfabetización, una transformación profunda y revolucionaria es posible, pero sólo en la medida en que la comunidad educativa y los tomadores de decisión basen sus decisiones en lo mejor de la evidencia disponible. Cuando lo hagan, con relativamente pocos recursos mejorarán la vida de millones de chicos y chicas de todo el país”.

Marcela Svarc, profesora del departamento de Matemática de la Universidad de San Andrés e investigadora del Conicet, considera: “Los resultados de las pruebas PISA no sorprenden a quienes trabajamos en universidades y asumimos la responsabilidad de articular con el nivel medio en áreas críticas como la matemática. Durante años, desde las universidades hemos implementado diversas estrategias para suplir los conocimientos y habilidades que muchos estudiantes aún no han consolidado al ingresar. Es esperable que mejorar la enseñanza en el nivel secundario impacte positivamente en las tasas de aprobación y en la reducción de la deserción universitaria. Sin embargo, las pruebas PISA también ofrecen un motivo de esperanza, ya que muestran una disminución en el porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel más bajo”. 

Inés Zerboni, licenciada en Psicopedagogía y Neuropsicología, directora de Proyecto E, asegura: “Los datos son alarmantes: 7 de cada 10 estudiantes de quince años no alcanzan los contenidos mínimos. El enfoque actual en la enseñanza de matemáticas no está dando buenos resultados. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad para revertir esto, tal como se lo está logrando con los acuerdos por la alfabetización y comprensión lectora; es crucial que los estudiantes de hoy en día desarrollen competencias matemáticas, no sólo para su vida académica y profesional, sino también para enfrentar los desafíos de la vida diaria. Debemos aprender de países como Singapur, que han logrado excelentes resultados en esta área”.

“No creo que sean necesarias más horas de clases de matemática, ni más contenidos en el currículum. Es necesario que, mientras los estudiantes  estén en clase, se pueda trabajar en lo que los diseños curriculares prescriben: situaciones problemáticas, análisis de las resoluciones, validaciones de las producciones por parte de los estudiantes, lectura y escritura en matemática”, afirma la profesora de Matemática de nivel secundario y streamer Adriana González. También plantea la necesidad de que haya orden en las aulas para poder “llevar el foco hacia lo pedagógico y lograr que todos los estudiantes aprendan matemática”.

“Los resultados de la última evaluación PISA de Matemática son un llamado a la acción urgente. La prueba expone de manera clara la brecha que existe entre las habilidades que se necesitan en el siglo XXI y las que se están desarrollando en nuestras aulas. La falta de pensamiento crítico, la dificultad para aplicar las matemáticas a situaciones cotidianas y la limitada capacidad para resolver problemas complejos son indicadores de un sistema que no está preparando a nuestros jóvenes para los desafíos que enfrentarán en el futuro”, advierte Romina Busain, profesora de Matemática y Física.

MM

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, sostuvo que en los próximos meses “la alimentación se va a volver crucial” ya que “hay una proyección de crecimiento estrepitoso de la pobreza en niños y adolescentes”. 

Tras participar, junto al gobernador Axel Kicillof, de la firma de cartas compromiso de diez distritos de la Provincia para incorporarse al programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), que promueve Unicef junto a gobiernos locales con el objetivo de fortalecer la gestión de las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes en sus comunidades, Magario afirmó que “en Argentina estamos en emergencia”.

“La proyección indica que vamos a llegar al 70 por ciento de nuestros niños pobres y esto se da en dos franjas fundamentales: el norte del país y el Conurbano bonaerense. De ese 70 por ciento, el 35 por ciento de los chicos van a estar en situación de indigencia”, planteó la vicegobernadora, quien añadió: “Son datos que no se vieron ni siquiera en 2001 o 2002”.

Verónica Magario: Los datos de pobreza e indigencia actuales no se vieron ni siquiera en 2001 o 2002.

Como consecuencia, Magario aseguró que “es tiempo de fortalecer políticas de integración vinculadas a la salud, al agua potable, al acceso a la educación”.

En esa línea, la vicegobernadora bonaerense advirtió que “las políticas de ajuste y recesión que lleva adelante el gobierno nacional de Javier Milei van a dejar un país sin trabajo, sin salario, sin ingresos, sin producción y, fundamentalmente, destruyendo el futuro de los niños por la pobreza en que se van a criar”.

Sobre este punto, afirmó: “El Estado nacional debe invertir en estas políticas para niños y adolescentes”.

Participaron del acto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y la representante de Unicef en Argentina, Luisa Brumana.

DM

El Gobierno Nacional no realizará la compra anual de los libros escolares destinados a instituciones educativas de todo el país que estaba prevista para todo el ciclo lectivo 2024.

Los 14 millones de ejemplares destinados a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, dentro del programa “Libros para Aprender”, no serán adquiridos este año, se informó oficialmente. El actual secretario de Educación, Carlos Torrendell, había deslizado que continuaría con el plan. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, decidió retirarse de ese programa nacional destinado a la compra a las provincias interesadas en adquirir los libros.

Desde el Poder Ejecutivo, argumentaron que no se realizó dicha compra porque el procedimiento con las editoriales “estaba muy demorado” y no iban a llegar al mismo tiempo que el inicio de clases.

Asimismo, el Gobierno se amparó en la supuesta “falta de transparencia” del programa y decidió directamente cortar el presupuesto; desde el Ministerio de Capital Humano también adujeron que los costos de la distribución eran elevados y aseguraron que en años anteriores “los libros llegaron de forma azarosa a las escuelas, sin contemplar su diseño curricular”.

Hasta 2023, el programa fue comandado por Nación, pero cada una de las provincias seleccionaba los textos de acuerdo a su plan de estudios, se abrían las condiciones para que las editoriales propusieran los títulos y, por último, una comisión nacional revisaba las propuestas y realizaba una primera selección. Por el momento, no se firmó ningún convenio con las provincias y está en duda la continuidad del programa.

MM con información de la agencia NA.

El Gobierno abrió la inscripción para el programa de Vouchers Educativos, que brinda asistencia a las familias con hijos en edad escolar que asistan a escuelas privadas. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien precisó que el trámite debe hacerse a través de la web www.argentina.gob.ar/vouchers-educativos.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, proporciona una subvención del 75% o más y una cuota máxima de $54.396, y cada voucher tiene un tope de $27.198 por hijo. Las familias interesadas en acceder a este programa deben completar un formulario disponible en argentina.gob.ar, desde el 3 hasta el 30 de abril.

En este formulario se solicitará la inclusión del CBU donde se acreditará el dinero, así como la información del establecimiento educativo al que asisten sus hijos. El beneficio consiste en recibir el 50 por ciento del valor del arancel de jornada simple, excluyendo actividades extraprogramáticas, correspondiente a mayo, junio y julio, basado en la cuota base de marzo de 2024.

De acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Educación, se estima que cerca de 2 millones de estudiantes de más de 6 mil escuelas en todo el país podrían beneficiarse, siempre que sus padres tengan un ingreso familiar inferior a siete veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, según lo establecido en el Consejo del Salario.

A pesar de que a primera hora de la mañana la página web para solicitar el beneficio permanecía caída, el Ministerio de Capital Humano pudo regularizar la situación. En las últimas horas, las redes sociales fueron foco de quejas de usuarios imposibilitados de realizar el trámite en forma virtual.

MM con información de la agencia NA.

El 23 de marzo se celebra el Día Mundial del Aprendizaje, una fecha para destacar la importancia del aprendizaje para el crecimiento y desarrollo de las personas.

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren y desarrollan habilidades, conocimientos, conductas y valores. Es resultado de la atención, el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, la observación, así como la influencia de factores externos con los cuales interactuamos.

¿Por qué necesitamos y celebramos el Día Mundial del Aprendizaje?

Celebramos el Día Mundial del Aprendizaje porque el Aprendizaje es universal, y es algo intrínseco en el ser humano. Sin él no hubiéramos evolucionado, sin él no nos desarrollaríamos, es algo fundamental para avanzar en la vida, y además, hoy en día forma parte de todas y cada una de nuestras facetas de la vida, tanto personal como profesional.

Hay dos términos que hoy en día se utilizan mucho en el sector de la formación y el aprendizaje y que son soft skills imprescindibles hoy por hoy, que debemos tener siempre presentes: Life Long Learning y Learnability.

Importancia del Aprendizaje

El proceso de aprendizaje involucra varios elementos importantes, como la atención, la memoria, la motivación, la emoción, la percepción y la cognición. Estos elementos interactúan entre sí para permitir que las personas puedan procesar la información y construir nuevos conocimientos y habilidades.

Elementos del aprendizaje vs elementos de la formación

Está claro que, el aprendizaje nos ayuda además, a estar actualizados de las últimas tendencias y avances sobre todo de cara a nuestro puesto de trabajo, nos ayuda a tomar decisiones conscientes y responsables, y a comprender mejor el mundo que nos rodea.

Sin embargo, si hablamos de aprendizaje, también sería interesante hablar de la formación o de las sesiones formativas. ¿Cuándo interiorizamos o aprendemos realmente?, ¿qué debe pasar para que una formación nos deje huella?, ¿aprendemos igual cuando alguien lee las slides de un Power Point o cuando el profesor se involucra y hace cosas más disruptivas? ¿Qué “claves” o elementos deben darse para que lo anterior ocurra?, ¿cómo debe ser esa formación? ¿qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de crear/hacer una sesión formativa?

La tendencia dice, que cada vez más alumnos piden:

¿Cómo celebrar el Día del Aprendizaje?

NB

Los más de 2.200.000 estudiantes que cursan en las universidades nacionales (el 80,5% del total de la matrícula universitaria) percibirán en las próximas semanas de inicio del primer cuatrimestre 2024 los efectos del ajuste draconiano que la presidencia de Javier Milei impone a un sector que, a diferencia de los niveles educativos inicial, primario y secundario, depende de las transferencias del Poder Ejecutivo Nacional para sus gastos de personal y funcionamiento.

No existen antecedentes de semejante ahogo a las universidades en toda la historia argentina. Con una inflación que en los últimos tres meses fue superior al 70%, la propuesta del gobierno en las paritarias docentes fue retocar el 16% de los salarios que ya estaban atrasados en 2023. Comparados con los de profesores de universidades brasileñas, mexicanas, chilenas o colombianas, los sueldos de la educación superior argentina son grotescos.

Para gastos de funcionamiento, los recursos que gestiona el gobierno son los del presupuesto diseñado en septiembre de 2022, ya que el Congreso no sancionó una ley para 2024 y se prorroga la estimación (que se constató incorrecta) de ingresos y gastos proyectada para 2023. El 367% de inflación acumulada desde septiembre de 2022 hasta hoy es un indicador objetivo que cuantifica el problema de este ciclo lectivo. 

Tweet de Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

Carlos Greco, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), explicó que “con un presupuesto nacional prorrogado, las partidas son insuficientes para pagar los servicios básicos, realizar el mantenimiento, sostener la seguridad y la limpieza y comprar insumos. Hemos solicitado al Ministerio de Capital Humano una actualización, no un incremento.”

El secretario de Educación, Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez (h), deslizaron en conversaciones con los rectores que podría haber un incremento parcial sobre los fondos previstos en 2022 que, estiman, cubriría un tercio de los gastos de funcionamiento. Pero, aún siendo insuficiente, esta consideración ni siquiera ha sido formalmente ratificada por el gobierno nacional.

Los servicios que las universidades prestan a la comunidad no se circunscriben a la enseñanza, sino que muchas de ellas sostienen hospitales, escuelas medias, producción de alimentos, comedores para población de bajos recursos, atención psicológica o emisoras de radio. Algunos de estos servicios ya están siendo recortados y los conflictos salariales y por reducción de prestaciones se multiplicarán en los próximos meses.

Esta semana, el gobierno frenó con una resolución ministerial de Capital Humano la creación de cinco universidades nacionales (Del Delta, de Pilar, de Ezeiza, de Río Tercero y de Madres de Plaza de Mayo), dispuesta por ley del Congreso en 2023. Según el Ministerio que encabeza Sandra Pettovello, buscan “revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios” mencionadas.

El ajuste sobre la educación superior, junto al menemismo aspiracional del gobierno y a la adhesión del clan Menem al liderazgo de Milei, se combinan en algunas interpretaciones del ahogo presupuestario actual como si fuera una secuela de las políticas universitarias de Carlos Menem en sus dos mandatos (1989-1995; 1995-1999). Pero, aunque pueda ser atractiva como consigna, la comparación no resiste comprobación empírica.

Menem tuvo una política transgresora en educación superior. Mientras que los otros niveles educativos fueron transferidos a las provincias, las universidades siguieron dependiendo del gobierno central. Durante sus gobiernos el Congreso promovió la creación de universidades (Quilmes, San Martín, Sarmiento, Tres de Febrero, entre otras). Sin pretender maquillar los problemas de las políticas menemistas, sería injusto negar que su gestión educativa se nutrió de intelectuales capaces –varios fueron funcionarios de gobiernos de distinto signo político en el siglo XXI– que adaptaron a la realidad argentina consensos y directrices que aplicaban otros países de la región, como Brasil, México o Chile. Así se instituyeron mecanismos de acreditación y evaluación de universidades públicas y privadas, así como de sus carreras de grado y posgrado, con la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

En el marco de la convertibilidad peso-dólar, los salarios docentes fueron bajos, pero Menem reorientó (lo que no es sinónimo de vaciar) el financiamiento estatal hacia programas por objetivos (“abajo de la línea” de la asignación presupuestaria ordinaria para sueldos y funcionamiento). Su gobierno impulsó –también, en sintonía con otros países de la región y con el apoyo del Banco Mundial– la expansión de posgrados arancelados, lo que generó controversia en su momento.

La integración de esta sumaria mención de políticas noventistas contrasta con el presente gobierno de Milei, cuya única estrategia conocida hasta ahora para la educación es la ejecución de un inédito ajuste. La asfixia presupuestaria del Conicet complementa un panorama que también golpea a las universidades (públicas y privadas) con las que el organismo de ciencia y tecnología realiza actividades de producción científica y tecnológica y sostiene centros de investigación. El magro presupuesto para la creación y transferencia de conocimientos se reduce por ambas vías.

El desprecio hacia la formación de millones de argentinos, el golpe a las tareas comunitarias inherentes al quehacer universitario (sobre todo fuera de las grandes ciudades) y el vaciamiento de las instituciones científicas va a contramano de cualquier proyecto de desarrollo, resta oportunidades a las personas y erosiona el capital social. Es ilógico sostener semejante programa en nombre de la libertad.

A pocos días de que comience el ciclo lectivo 2024, sólo cinco provincias planificaron 190 días de clase para el nivel primario, el piso acordado a finales de 2021. Así lo indica el último informe de Argentinos por la Educación “Calendario Escolares 2024” que compara el tiempo de cursada previsto por cada provincia a la luz de lo establecido en la Ley de 180 días de clase (2003) y la 112° asamblea del Consejo Federal de Educación.

El documento revela que, este año, sólo Corrientes, con 192 días, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Misiones, Salta y Entre Ríos ─todas, con 190 días─ diseñaron calendarios escolares que cumplen con la meta estipulada por el CFE en octubre de 2021. En aquella oportunidad, se acordó un piso mínimo de 190 jornadas de clase para recuperar la pérdida de aprendizajes derivada de la instrucción a distancia durante la pandemia de Covid-19.

Desde entonces fue aumentando el número de provincias que prevén 190 días de clase y, en 2023, se alcanzó un pico máximo con seis provincias. Como es evidente, pese a la reciente suba, todavía resta un largo camino que recorrer en esta dirección.

Ahora, si bien la mayoría de las provincias no cumplen con lo acordado por el CFE, todas ellas contemplaron el piso establecido en la Ley 25.864. Sancionada en 2003, la normativa fija un calendario escolar mínimo de 180 días de cursada a nivel nacional y recién este año se logró que la totalidad de las jurisdicciones adhieran a este compromiso.

“El cumplimiento de la Ley 25.864 de los 180 días de clase es una buena noticia para nuestras escuelas, si bien llama la atención los tiempos que requiere la concreción de este tipo de acuerdos en el sistema educativo. El establecimiento de pautas mínimas nacionales aporta a la garantía del derecho a la educación de nuestros chicos. El rol del Estado nacional y de organismos como el Consejo Federal de Educación es fundamental para que el carácter federal de la educación no derive en inequidades entre estudiantes de distintas provincias”, planteó Gustavo Romero, vicerrector del Colegio Nacional Buenos Aires.

En 2020, sólo diez provincias contaban con ciclos lectivos de al menos 180 días, cifra que fue incrementándose progresivamente. En 2021, ascendió a 14 jurisdicciones; luego a 21 en 2022, 23 el año pasado y, finalmente, 24 actualmente.

De igual modo, en los últimos años, se incrementó la cantidad de días promedio de clase planificados a nivel nacional. En 2020, la media no superaba el mínimo de la ley 25.864: era de 178,3 días. En 2021, creció a 180,3, y los dos años siguientes a 183,7 y 185,5 jornadas. Para 2024, el promedio se ubica en 187 días.

Solo ocho provincias permanecen por debajo de la media nacional: Jujuy y Tierra del Fuego planificaron 186 días de clase, Catamarca y Chubut, 185; y Santa Cruz, 183. En tanto, Río Negro y Santiago del Estero prevén calendarios con 182 jornadas de cursada, mientras que, en el caso de Neuquén, el número desciende a 181.

“El seguimiento de los calendarios de clases para la escuela primaria a lo largo de los últimos cinco años revela que, paulatinamente y con menos prisa de la que muchos quisiéramos, los gobiernos van tomando mayor conciencia de la importancia de que la cantidad de días efectivos de clases es el pilar sobre el que se puede construir una mejor educación”, señaló Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional Buenos Aires y coautor del informe junto a Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén.

Y agregó: “Todos somos en alguna medida responsables de que no se cumplan las leyes y normas educativas, pero quienes deben implementarlas no deberían transgredirlas a priori, sobre todo en un contexto en el cual se avecinan probablemente conflictos gremiales en numerosas jurisdicciones que provocarán que muchos estudiantes argentinos se vean una vez más imposibilitados de ejercer un derecho constitucional: el de educarse”.

Ante la falta de negociaciones paritarias para docentes, gremios de este sector que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) ya convocaron a un paro para el próximo lunes 26 de febrero. Reclaman por la desactualización de los salarios y la reciente eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

De concretarse, la medida de fuerza podría demorar el inicio del ciclo lectivo 2024 ya que, en algunas jurisdicciones, el comienzo de las clases estaba previsto para esa misma fecha.

ACM/JJD

La actualización del monto de la denominada Ayuda Escolar Anual a $ 70.000 dispuesta por el Gobierno nacional quedó oficializada este lunes, con su publicación en el Boletín Oficial.

Se trata del Decreto 150/2024, que lleva las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“La República Argentina se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”, agrega.

En ese marco, señala que “el objetivo de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal es contribuir con los gastos que se realizan con motivo del inicio del ciclo lectivo de los niños y adolescentes a establecimientos de educación inicial, primaria y secundaria”.

El viernes último, el Gobierno había anunciado el incremento de la ayuda escolar para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario conjuntamente con la decisión de que no habría paritaria docente nacional.

Ayuda escolar: cómo tramitarla

El monto anterior de esa ayuda era de $17 mil y el aumento alcanza en total a 7,3 millones de chicos, y contempla grupos familiares cuyos ingresos totales no superen los $ 3.960.000.

Para recibir el aporte, las familias deben presentar ante Anses el certificado de que sus hijos, de entre 45 días y 17 años inclusive, concurrieron a la escuela durante 2023 y lo cobrarán de forma automática junto con el calendario habitual de pago de las asignaciones.

Para acreditar la escolaridad tienen que presentar un certificado que puede hacerse a través de la web del organismo o de la app del celular Mi Anses.

NB

Todos los 24 de enero es el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de concientizar a la población sobre de la importancia de la educación para lograr sus objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como su papel para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

De acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, “sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos”.

¿Por qué es tan importante la educación?

La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente: ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género, reduce la desigualdad y colabora con el potencial de crecimiento económico.

Además, el derecho a la educación ocupa un lugar en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se contemplan tres puntos:

Tema Día Internacional de la Educación 2024

Anualmente se selecciona un tema central para la celebración de este día internacional. Para el año 2024 el lema es: “Aprender para una paz duradera”.

Estamos asistiendo a un aumento de conflictos violentos acompañada de una oleada de discriminación e incitación al odio. Ello hace urgente un compromiso con la paz, que debe crecer desde la educación.

Los docentes tienen un papel fundamental en la enseñanza pacífica. El aprendizaje para la paz es fundamental, enseñar a los alumnos a que se conviertan en agentes activos para la paz. Y debe ser un aprendizaje duradero y consolidado.

Algunos datos sobre la educación en el planeta

NB

El aumento de la pobreza se ve reflejado en la situación de los comedores escolares, donde cada vez más chicos asisten para recibir el almuerzo: en ocho años, el número de alumnos que toma una de las comidas en la escuela creció 21%, una cifra que es mucho más dramática en los sectores más pobres, donde más del 45% de los estudiantes recurre al colegio para poder almorzar.

En 2022, un total de 1.860.000 alumnos de todo el país recibieron un almuerzo gratuito en sus escuelas públicas, según datos del último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación “Programas de alimentación en escuelas de gestión estatal”. La cifra es mucho más elevada de lo que era hace 8 años: en 2014, 323.000 alumnos utilizaban el programa de comedores escolares, lo que representa un incremento del 21% en menos de una década. Se trata de una suba que supera ampliamente el aumento de la matrícula que, para el mismo período, fue de sólo el 6%.

En el caso de los chicos que desayuna en la escuela también se registra un alza. En el plazo bajo análisis, subió un 21,3% de modo que, para 2022, ya había 2.843.000 de menores de edad que completaban su primera comida del día gracias a la escuela.

“Hemos observado que este refrigerio ha tenido un impacto positivo en los estudiantes, ya que es un factor importante en el desarrollo de los procesos cognitivos y en su rendimiento académico. Además, es una buena iniciativa para despertar en los jóvenes el interés por las prácticas de alimentación saludable y, en muchos casos, la generación o profundización de buenos hábitos”, explicaron desde la Fundación Agrupar, que ofrece becas en Goya, Corrientes.

El documento de Argentinos por la Educación ─también elaborado por Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén─ deja de manifiesto la importancia de los comedores escolares para el pleno desarrollo de los niños de sectores más vulnerables. Del total de estudiantes de entre 5 y 11 años que pertenecen al quintil con menor nivel de ingreso a nivel nacional, un 45,1% utiliza este servicio para almorzar en el establecimiento educativo o retirar una vianda de manera gratuita. En el caso del quintil más rico, esa proporción se reduce al 16,1%.

Si se analiza la situación de los adolescentes de entre 12 y 17 años, la brecha persiste. El 26,5% de los chicos más vulnerables asiste a un comedor escolar mientras que, para quienes cuentan con mayores recursos, el porcentaje cae al 7,7%.

“Los comedores escolares en contextos socioeconómicos difíciles cumplen un rol fundamental. Tienen en sus manos la oportunidad de alimentar saludablemente a las nuevas generaciones de argentinos, quienes en muchos casos se ven privados de ello en sus hogares. La alimentación sana contribuye también a los aprendizajes”, afirmó Cecilia Adrogué, coautora del informe.

Formosa y Córdoba, las provincias con más alumnos en comedores escolares

En un país federal como la Argentina, los programas de alimentación escolar dependen de las disposiciones de los gobernadores de modo que el nivel de inversión en este servicio y su cobertura varía de una provincia a otra. De hecho, el informe de Argentinos por la Educación revela que no existe un marco legal que permita unificar a nivel nacional las metas de ingesta de energía y nutrientes para que los estudiantes puedan lograr un aprendizaje adecuado.

Según datos del 2022, Formosa, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) son las jurisdicciones con mayor proporción de beneficiarios de comedores escolares, con un alcance del 45%, 44% y 37% de su matrícula, respectivamente. Le siguen Entre Ríos (37%), Corrientes (36%) y Santa Fe (32%).

En el extremo opuesto, Misiones (10%), San Luis (9%), La Pampa (8%), Mendoza (7%) y Neuquén (7%) destacan como las provincias con menor cobertura. Santa Cruz es un caso incluso más extremo dado que ningún estudiante accede a este programa nutricional.

Las provincias deben trabajar para garantizar la disponibilidad de comedores escolares, especialmente en parajes rurales donde el derecho a la alimentación a veces encuentra obstáculos para su plena satisfacción.

“En la ruralidad, el acceso a una alimentación nutritiva y saludable se dificulta por cuestiones económicas o de aislamiento. Muchas veces, las infancias que habitan estos entornos se alimentan exclusivamente de las comidas que pueden ofrecer las instituciones educativas. En este sentido, los servicios de alimentación escolar son un facilitador para alcanzar una alimentación adecuada. Este es un aspecto más en el que las escuelas se encuentran invisibilizadas, y por el cual es necesario continuar trabajando para que las infancias accedan a su derecho”, planteó Sofía Moggia, secretaria de Grupo Tateti, una asociación civil de madrinas y padrinos de colegios rurales.

ACM/MG