Para Vicente Bruna las cosas también pasaron demasiado rápido. Con veinticinco años ya está casado, tiene dos hijas y es el responsable de la juventud del Partido Republicano. Fue él quien le sugirió a José Antonio Kast que su partido debía tener una rama juvenil.

–Le di tres razones. La primera: necesitamos fuerza territorial y los jóvenes tienen más tiempo, cumplen mejor el rol que los adultos, no tienen limitaciones de trabajo. La segunda: necesitamos generar un recambio generacional en la derecha. Y la tercera: es una buena oportunidad para formarlos como personas. José Antonio me dijo al tiro, pero planteémosla en consejo general.

Es imposible que se olvide de ese día: la presentación coincidió con su casamiento por civil. 

–Desayunamos con mi familia, mi señora, la familia de ella, y dos horas después partí a Santiago a presentar el proyecto de la juventud. Luego de exponer, José Antonio dijo: perfecto, ¿alguien se opone? ¿No? Ya, sigamos. Así fue.

Era una tarde de campaña en el comando de José Antonio Kast, una enorme casa transformada en un cuartel de oficinas, ubicada en una zona residencial de Las Condes, a unas cuadras de dónde solían vivir Augusto Pinochet y Michelle Bachelet, entre otros personajes de la alta política del país. La fachada no dice mucho: anuncia un domicilio de una planta, aunque ancho, y tiene estacionada en la vereda a una camioneta de Carabineros. Faltaban unos días para la segunda vuelta. 

Había llegado apenas pasado el mediodía, por lo que no había mucha gente. Me encontré con un grupo de señoras bien arregladas que esperaban en la recepción, que le daban al lugar un aire más bien parecido a una fundación. Unos metros más adelante ya había rastros de la campaña. En el patio, media docena de jóvenes comentaban las noticias del día mientras almorzaban. En las paredes había una fila de carteles azules con el rostro de Kast y el lema de la campaña: atrévete. Cada póster tenía una proclama distinta, todas antecedidas por el atrévete:

-A cantar el himno con fuerza

-A defender la familia

-A terminar con el abuso

-A regionalizar Chile

-A terminar con el narcotráfico

De una de las oficinas con salida al patio emergió Vicente. Es un chico morrudo, de cabeza rapada y facciones gruesas, que vestía igual a los chicos del patio: camisa blanca dentro del pantalón y zapatos náuticos.

Nacido en Buin, una comuna rural ubicada a las afueras de Santiago, Bruna conoce a la familia Kast desde su infancia, cuando fue al colegio con uno de los nueve hijos del presidente del partido. Los Kast viven en Paine, una comuna cercana a la suya. La idea de sumarse al partido llegó, sin embargo, por otro amigo, un compañero de la Universidad de los Andes, en Santiago, que le comentó que Kast estaba armando un nuevo partido y necesitaba firmas. 

–Le pregunté cuáles eran los principios y me dijo: son los tuyos. Los leí y efectivamente eran los mismos.

Él militaba en una agrupación universitaria que se consideraba parte del gremialismo –el movimiento político fundado por Jaime Guzmán–, y tenía las mismas bases conservadoras que la nueva propuesta de Kast.

–Yo soy católico y me interesa mucho la fe. Antes que de derecha soy católico –me explicó Bruna–. En general es la derecha la que defiende más a la fe, a la libertad religiosa, los principios conservadores. Y el partido era fiel a esos principios, a diferencia de otros. Eso me llamó la atención. El líder era además José Antonio, un tipo que siempre ha sido derecho y ha dicho las cosas como son, sin cambiar su opinión en los temas trascendentales. 

Era principios de 2019. Kast llevaba más de dos años fuera de la UDI, el partido heredero del pinochetismo del cual se había alejado por motivos de «convicciones». En 2017 se había presentado como candidato a presidente por Acción Republicana y había obtenido casi el ocho por ciento de los votos, mayormente partidarios de la derecha dura y nostálgicos del pinochetismo. En las reuniones para constituir el Partido Republicano, Bruna recuerda a la mayoría de los asistentes como gente mayor, provenientes de la UDI y en menor medida de Renovación Nacional (RN), el otro gran partido de la derecha al que pertenece Sebastián Piñera. También había independientes.

–Inicialmente eran todos adultos, pero a las actividades empezaron a llegar muchos jóvenes. Después me puse a buscar en las redes de contacto que tenía el partido desde la época de Acción Republicana y efectivamente había muchos jóvenes en distintos puntos del país.

Bruna divide a esos jóvenes en tres grupos: los conservadores-religiosos, tanto católicos como evangélicos, que ya tenían alguna experiencia de militancia; los libertarios, por lo general más chicos y sin experiencia previa en algún partido político u organización religiosa; y los antisistema.

–Gallos que decían: oye, los políticos no han hecho nada, necesitamos a uno que diga las cosas como son. Ahí encontraron a José Antonio y dijeron: este es mi candidato.

Al principio, los jóvenes que participaban eran sobre todo de clases acomodadas, que llegaban por conocidos en colegios y universidades o por familia y cercanía geográfica. Pero con el tiempo comenzaron a llegar jóvenes de otros extractos sociales, sobre todo en los eventos lejos de la capital. Cuando le propuso a Kast hacerse cargo del área, sabía que era ahí donde tenía que apuntar, a través de una campaña activa en la calle.

–Siempre he dicho que la juventud del Partido Republicano va a existir mientras haga cosas. A mí no me sirve una juventud que se dedique a hacer asados, juntarse entre sí o solo leer y formarse. A mí me interesa una juventud en terreno, que recorra poblaciones y que conozca la realidad de Chile. Hay una crítica que se hace a los diputados que están ahora, y es que gobiernan Chile sin saber cómo es Chile. Y eso redunda en malos proyectos de ley. La mejor forma de aportar al futuro es llevando a esos jóvenes a donde más se necesitan. Que conozcan la pobreza, la gente que la está pasando mal. José Antonio tiene esto muy marcado. Él conoce Chile. Y por eso habla de la urgencia social y del Chile real. Así que eso es lo primero. Y la juventud en terreno además implicaba disputarle espacio a la izquierda, que se había tomado las calles.

En eso estaban cuando llegó el estallido. El evento descolocó hasta al propio Vicente, que se acercó a un par de manifestaciones en Buin para observar. Le parecieron «masivas y transversales».

–Yo creo que el diagnóstico que lleva al estallido es correcto. Había mucha injusticia en Chile. Muchas cosas tenían que cambiar: las pensiones, la salud. Es cierto que hay empresarios que se aprovechan. Pero lo que no comparto son las formas, la destrucción que hubo. Muchas de las personas que salieron más perjudicadas fueron las que peor la estaban pasando. Los que se quedaron sin Metro, sin supermercado y sin muchos servicios básicos. No fue algo espontáneo. Había fuerzas políticas, anarquistas, de izquierda radical, a las que efectivamente les interesaba que el país ardiera. Yo creo que al final se terminó degenerando todo. La gente salió a marchar por educación, salud y pensiones. Y todo se tradujo en una nueva Constitución, que no te soluciona ninguna de esas cosas. 

Kast no tuvo protagonismo durante esos meses, o no más allá del plano mediático, donde defendía a Carabineros y levantaba la tesis de los grupos organizados. Un par de veces amenazó con convocatorias a una contramarcha, pero luego las levantó: antes que peligrosas podían ser un fiasco por falta de interesados. También fue uno de los principales críticos del acuerdo por una nueva Constitución y se posicionó desde un primer momento como el rostro de la campaña por el Rechazo, que también fracasó: apenas rozó el veinte por ciento. Pero fue una medida estratégica desde el punto de vista político, porque se trataba de un piso superior a lo que había obtenido su candidatura en 2017 –más del doble– y lo posicionaba como el principal detractor de la Convención Constitucional, una apuesta que pagaría mejores dividendos en el futuro.

El estallido fue un desafío para la flamante juventud de Kast, me explicó Vicente, no solo por el cambio en el escenario político sino por el «clima cultural». Fue más bien la profundización de algunas tendencias que él, como alumno de la Universidad de Los Andes, una de las más elitistas del país, ya había visto en la universidad. Bruna se considera parte de una familia de clase media alta, pero de campo, menos adinerada que la de sus compañeros de curso. 

–A mí me chocó harto ese mundo, porque era muy distinto. Yo era un gallo campechano, saludaba a todo el mundo. A la Universidad iba mucha gente de élite, veías autos que en Buin no se ven. Los temas de conversación eran otros. Mucho carrete, mucho alcohol. Acá en Chile te preguntan siempre de qué colegio saliste. La conversación se basa en redes de contacto. Y yo no conocía a nadie. Ahí me terminé juntando con grupos de gente que estaba en la misma, de comunas vulnerables o gallos de campo, como yo.

No era lo único que le había llamado la atención. Si bien en Los Andes existe una militancia universitaria de derecha más abundante que en otros establecimientos como la Universidad de Chile o la Católica, el clima era más progresista al que estaba acostumbrado y muchos jóvenes, pertenecientes incluso a familias con una orientación de derecha, se identificaban ahora de izquierda.

–Había gente que te decía: me da vergüenza que mi papá sea empresario. Como si fuese algo malo. Estuviste en el mejor colegio de Chile, el más caro, en la universidad más cara, te pagan el auto, te pagan mesada, ¿y tenés la desfachatez de venir a decir que te da vergüenza que tu papá sea empresario? Ese quiebre se ve harto. Por ejemplo, si uno busca en Tik Tok la canción de José Antonio es notable. Aparecen videos de gente que está con su pañuelo LGBT, la bandera transexual, la bandera feminista, y la imagen dice: cuando quieres permiso para salir, pero tu papa vota a Kast, y toman el pañuelo y lo botan. En el fondo eso muestra perfectamente el quiebre. De los papás y abuelos que le ha tocado más difícil, que vivieron el gobierno militar en gran parte, pero sus hijos y nietos no. Vienen de mundos muy distintos. Ellos nacieron en democracia, con un país que crecía. No les ha tocado ver pobreza. Y ahí sale este idealismo de los jóvenes de Boric. Creo que Boric ha logrado acaparar a ese público que le interesa más el medioambiente, las disidencias sexuales, como se quiera decir. 

El partido, me dijo Bruna, debía dar esa disputa en la juventud. Y, para las elecciones, todo el comando de Kast había invertido mucho esfuerzo para llegar a los menores de veinticinco años en redes sociales, sobre todo en Tik Tok. Esta era la única en la que el candidato de ultraderecha le sacaba ventaja a sus competidores. Para el momento de la elección de primera vuelta, Kast superaba los doscientos mil seguidores en la red, diez veces más de lo que tenía Boric. En los vídeos, algunos de ellos virales, el candidato aparecía bailando o participando de alguna consigna popular de la red, mientras hablaba poco de sus propuestas, como colocar una zanja en la frontera norte o abolir el Ministerio de la Mujer. 

–El joven es revolucionario –dijo Bruna–, pero no necesariamente de izquierda. ¿Por qué se está viendo tanto apoyo a José Antonio ahora? Porque el joven en general es un inconformista nato. Alguien que no está conforme con nada, que busca más, que quiere cambios. Lo que mueve a esta generación de rebeldes de derecha no es tanto la injusticia en educación, salud o pensiones. Es que subió tanto la izquierda, sobre todo en las universidades, que logró dominar el discurso y la gente que no cree en esas ideas, o que tiene matices, se vio tan violentada que dijeron ya no más. Y ahora se rebelan contra el totalitarismo ideológico de la izquierda. 

Unos días después, sin embargo, se comprobó que en las elecciones no hubo «tanto apoyo» a Kast dentro de los jóvenes. Más bien al contrario. En la franja de los menores de treinta, Boric se impuso por un margen cercano al 70-30. Kast solo ganó en los mayores de setenta años. 

Pero el comando se preparaba para una disputa larga. En la segunda vuelta, Kast había obtenido casi la misma cantidad de votos que Piñera en su mejor elección, con el apoyo de toda la maquinaria de la centroderecha. Bruna me hizo entender que, pasara lo que pasara en las urnas, el partido aspiraba a liderar el bloque de derecha, y los jóvenes eran un gran activo.

–Tú ves a la juventud de RN o de la UDI y son gallos de treinta años. Mira las caras de aquí. Son chiquillos de dieciséis, diecisiete años –dijo, con una sonrisa en la cara.

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Título: Nada será como antes. ¿Hacia dónde va Chile?

Autor: Juan Elman

Páginas: 296

Ediciones Futurock

A fines de 2019, un grupo de seis periodistas de distintos medios y generaciones, pero con intereses en común, nos reunimos para pensar en conjunto una serie de contenidos relacionados con un fenómeno que nos atraía y nos preocupaba casi en partes iguales: el avance cada vez más evidente de la llamada reacción conservadora en la Argentina y en el mundo, un movimiento con actores en algunos casos identificables con claridad y, en otros, de más difícil clasificación. Nos propusimos, mostrar cómo, a veces orgánicamente y otras de manera casual o espontánea, estos actores se conectan entre sí a partir, y sobre todo, de consignas y militancia antigénero, de la búsqueda de enemigos comunes -las defensoras y defensores de derechos humanos, las y los partidarios de la intervención del Estado, las feministas y demás representantes del progresismo- y con el objetivo, a veces manifiesto y otras, subterráneo- de promover a sus cuadros y referentes políticos para que ocupen espacios de decisión en los poderes del Estado, en los medios de comunicación o, simplemente, frente a la opinión pública.

El siguiente paso fue conseguir el financiamiento. IPPFRHO -un colectivo feminista progresista que lucha por la salud sexual y los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas- se comprometió a cubrir los costos durante cinco meses, además de la programación y el desarrollo de la web.

La investigación y seguimiento del fenómeno de la reacción conservadora en la Argentina transcurrió durante 2020, en plena pandemia mundial de coronavirus, por lo que algunos de los planes debieron ser cambiados sobre la hora por la imposibilidad de recorrer territorios o de realizar más entrevistas presenciales. A la vez, la crisis sanitaria y el aislamiento permitieron observar, como en una suerte de laboratorio, la actuación de estos grupos y comprobar que el pegamento que los une trasciende la frontera de los derechos sexuales y reproductivos y alcanza otras reivindicaciones.

El trabajo fue pensado, desde el inicio, como un mapa que se arma a modo de rompecabezas. Las distintas piezas permiten ver cómo se mueve esta articulación conservadora en la Argentina desde distintos espacios: el de la formación de cuadros jóvenes, el del lobby parlamentario, el del litigio estratégico, el de las redes sociales, el del poder evangélico, el de la derecha católica –más o menos enmascarada en organizaciones seculares y núcleos académicos- y la obstaculización de derechos sexuales y reproductivos o batalla contra la “ideología de género” como frente común. Las piezas de este puzzle se arman en la visualización: ahí se ven las interacciones de estos grupos, en algunos casos organizados y, en otros, inorgánicos pero funcionales entre sí. Finalmente, la línea de tiempo, permite poner en contexto este movimiento desde un origen relativamente arbitrario —los años en que surge del Vaticano el concepto de “ideología de género” como reacción a los avances feministas y lgbt en los foros internacionales-, hasta la actualidad. 

Toda la investigación fue realizada de manera colaborativa y en equipo. Esperamos haber hecho un aporte para entender un poco más sobre este fenómeno local y sus conexiones en el mundo, que llame la atención de quienes aún lo minimizan y que sea el puntapié para más trabajos periodísticos que puedan sostenerse en el tiempo.

PP

La investigación original está alojada en un link que se encuentra caído por lo tanto no se puede acceder desde el enlace de elDiarioAR. El contenido, tal como lo aclara esta nota, fue realizado por un grupo de periodistas y desde elDiarioAR publicamos parte de la investigación que se mantiene online y que se puede consultar en este link de nuestro sitio.

“Voy a salir de joda con 50 personas distintas por día, sin barbijo y me voy a hacer estornudar en la cara por placer. Y si necesito respirador después y vos también, me lo van a dar a mí y no a vos. Sabés por qué? Porque PAGO una prepaga carísima,sabes por qué? Porque tengo PLATA”, azuza uno de los tweets de @GordoMonstruo_ de diciembre pasado. 

Mensajes del mismo tono se repiten todos los días, en los que el troleo a los “zurdos” o “progres” se convierte en una rutina de culto. De todas las redes sociales donde el discurso conservador se reproduce, Twitter es el espacio por excelencia para la difusión, pero también para la construcción de una comunidad y la definición de una narrativa común. 

A partir de un análisis de hashtags y cuentas del ecosistema conservador tuitero, se observa, en primer lugar, la existencia de una comunidad en la que un número de usuarios interactúan continuamente entre sí, en algunos casos formando vínculos que exceden la virtualidad. Además del espacio colectivo, es posible identificar cómo un puñado de cuentas tiene una capacidad altísima de difundir mensajes e instalar hashtags. También se advierte cómo las prácticas varían según si el discurso está centrado en la oposición al aborto, o si abarca otras cuestiones más amplias como el feminismo y el progresismo. 

Estas prácticas incluyen no solamente la difusión de mensajes sino también “linchamientos” a cuentas como la de la legisladora feminista del Frente de Todos Ofelia Fernández o la organización de movidas “solidarias” para contrarrestar el movimiento veganista. 

Los dos espacios

En el ecosistema conviven dos espacios marcados: uno que se focaliza en el rechazo al aborto, y que participa y difunde mensajes únicamente vinculados con esa iniciativa, y otro, que se podría denominar “antiprogresista”, que abarca el rechazo al feminismo, al veganismo y al gobierno, entre otros. En este último sector, además, predominan los perfiles juveniles, mayormente nucleados detrás de la cuenta @MonstruoGordo (ahora @GordoMonstruo__después de una suspensión y antes @OsoGordoIntenso), que demostró tener una capacidad inédita para instalar hashtags y construir una marca. 

Las diferencias entre ambos espacios son tangibles. En primer lugar, los usuarios que lideran la instalación de hashtags son distintos. Así, cuentas como @unidadprovidaok, @LupenciaB (Guadalupe Batallán) o @joseasosa24, encabezan la lista cuando se mide qué usuarios fueron centrales para crear hashtags como #8A, #8Aceleste #NoFueLey; son otros, pero especialmente @MonstruoGordo (luego lo siguen cuentas que él retuitea, es decir, que es en algunos casos es sólo él quien logra instalar los hashtags) los que se destacan en hashtags como #ElPuebloContraAxel y #MurióCambiemos. Hay un único caso de los hashtags estudiados donde ambos espacios se cruzan, y es en el de #DondeEstanLasFeministas. Allí, @MonstruoGordo y @LupenciaB son los dos usuarios más importantes. 

En segundo lugar, las palabras que acompañan a los hashtags varían según si está enfocado en el aborto o no. Así, en el caso de #SiHayAbortoSalimosTodos, en la nube se destacan palabras como “Vida”, “Población”, “Cuarentena” y “Pobre”, mientras que en el caso de #ElPuebloContraAxel, que fue un hashtag difundido luego de una protesta salarial de la policía en la Provincia de Buenos Aires, impulsado por @GordoMonstruo, figuran “Respeto”, “Trolls”, “Kirchneristas” y, en un menor plano, “Comunistas” o “Enano”. 

El caso de #DondeEstanLasFeministas es interesante, porque combina palabras que suelen utilizar ambos espacios. En ese caso, las más destacadas son “Aborto”, “Violadores”(el hashtag aludía a una presunta pasividad de las feministas ante la liberación de presos condenados por abuso sexual, un caso de fake news), “Delincuencia” y también, en menor medida, “Kirchnerista”, “Dictadura”, “Bolsonaro”, al igual que nombres propios de referentes feministas. Esto, sumado al hecho de que usuarios de uno y otro espacio suelen liderar la conversación, sugiere que el rechazo al feminismo es uno de los puentes entre estos dos grupos.

Por otro lado, cuando se observa cuáles son las palabras más utilizadas en las biografías de los usuarios que interactúan en los hashtags, el contraste vuelve a emerger. Así, en el caso de #AbortoEsEstallido, uno de los hashtags que se organizaron cuando el gobierno comenzó a mandar señales de que el proyecto de legalización del aborto iba a ser tratado en el Congreso, las palabras “Vida”, “Provida”, “Anti” y “Pro” eran las más utilizadas En #ElPuebloContraAxel se destacan las referencias a “Libertad”, “Argentina”, “Liberal” y “Anti”, pero también “River”, “Hincha”, “Estudiante”, entre otras. 

Aunque en ambos casos está clara la presencia de bots o cuentas falsas creadas en masa para propagar el hashtag aunque, en #AbortoEsEstallido, se ve con más claridad porque la proporción de tweets por segundo (9) fue tres veces mayor al de #ElPuebloContraAxel. 

Como hallazgo de color se identificaron cuentas vinculadas al universo K-Pop (pop coreano) que participan en los hashtags, especialmente aquellos sobre aborto, para contrarrestar, trolear o diluir a quienes lo difunden. De esta manera, cumplen una función de “aliados” de grupos progresistas y a favor del aborto legal. Otra tendencia en común es que en casi todos los hashtags analizados, las cuentas con mayor participación son las de varones por encima de las de las mujeres, y la brecha se profundiza en el caso de los hashtags antiprogresistas.

La separación entre ambos espacios resulta útil para entender no sólo las diferentes narrativas utilizadas sino también los diferentes perfiles y dinámicas. En el ecosistema nucleado contra la legalización del aborto se destacan cuentas anónimas con las referencias y simbolos “pro vida”, fundaciones y think tanks, además de referentes como Agustín Laje y figuras mediáticas como Eduardo Feinmann. Los perfiles, cuando corresponden a personas reales, suelen ser más avejentados. Se trata de una comunidad dispersa en términos de extensión pero hiperfocalizada, que se activa cuando se trata de defender el rechazo al aborto. 

En el caso de la comunidad antiprogresista se destacan los jóvenes, muchos de ellos autopercibidos como “liberales”, “libertarios” o “de derecha” y las figuras que se destacan son Laje, Javier Milei, Carlos Maslatón y Emanuel Dannan, entre otras. Es en este espacio donde se puede ver no sólo la difusión de mensajes sino también prácticas como el troleo y hostigamiento a cuentas progresistas, la organización de iniciativas “solidarias”, así como la utilización de términos específicos como “comunista”, “loko”, “100% barrani”, que ayudan a la construcción no sólo de una narrativa sino también de una identidad común, visible tanto para quienes están dentro como para los que están fuera, que eventualmente pueden ser atraídos.

Las principales cuentas que operan en este espacio, entre ellas @GordoMonstruo, se conocen en persona y suelen difundir imágenes y videos en reuniones sociales, como asados y fiestas clandestinas, todas situaciones prohibidas a raíz de la pandemia de coronavirus.

El caso Gordo Monstruo o “cómo trollear a los progres”

El caso más resonante dentro del ecosistema antiprogresista es la cuenta @GordoMonstruo__, llamada @MonstruoGordo después de la primera suspensión de Twitter y @OsoGordoIntenso originalmente. A diferencia de otras cuentas más asociadas con el mensaje “pro vida”, como el caso de Guadalupe Batallán (@LupenciaB), esta es una cuenta anónima. La cuenta se hizo conocida por difundir mensajes de odio sin ningún tipo de filtro. Los blancos suelen ser las mujeres, las personas pobres y los “zurdos”. 

La cuenta se hizo desde abajo, con mensajes del mismo nivel de virulencia que manifiesta ahora. Esa fue la clave. El hecho de que el contenido de los tweets fuera tan explícito hizo que algunos cuentas progresistas, atacadas por el usuario y sorprendidas por el tenor de los mensajes o con intención de denunciarlo, compartieran los tweets. Así el perfil, devenido rápidamente en un personaje, ganó adhesión y masividad dentro del ecosistema conservador. De hecho, por unos meses se generó un movimiento conocido como “osiismo” (en ese momento, previo a la primera suspensión de Twitter, la cuenta se llamaba @OsoGordoIntenso) donde otras cuentas se cambiaban el alias y actuaban como “filiales” de la cuenta original para difundir tweets con el mismo tono reaccionario. @OsoGordoIntenso compartía los tweets y de esta manera premiaba a los mensajes más originales.

La cuenta fue acumulando seguidores, hasta superar los 50 mil, y se consolidó como la que tiene mayor capacidad de instalación de hashtags, incluso hoy. Cuentas mediáticas, desde Agustín Laje hasta la vedette Graciela Alfano, interactuaron con él. El mayor atractivo, según coinciden varios usuarios que lo siguen, es su capacidad de trollear, hacer enojar pero también humillar a figuras progresistas. Una tendencia que se repitió durante su consolidación como influencer fue alentar a que sus respuestas a figuras como Ofelia Fernández tuvieran más “me gusta” que el tweet original al que se estaba respondiendo. El mito fue creciendo hasta que desapareció repentinamente cuando su identidad real se hizo pública, una práctica conocida como doxxing. La cuenta entonces afirmó que su familia fue hostigada y que eso justificaba su retiro de las redes sociales.

A los pocos meses, volvió. Para ese entonces, ya tenía contacto físico con otras figuras juveniles del ecosistema antiprogresista. La pandemia extendió su centralidad, y le dio un nuevo tema para trollear a progresistas. Hasta el momento, sufrió dos suspensiones y hoy, en su tercera cuenta, suma 25 mil seguidores. El fenómeno desbordó la virtualidad y no solamente por su amistad con otros perfiles. @MonstruoGordo es el creador de #UnAsadoParaLosPibes, una iniciativa que recolecta dinero para organizar asados en comedores comunitarios. Empezó como algo por única vez, organizado para contrarrestar un evento en un comedor organizado por veganos. La cuenta se propuso reunir plata para montar una movida similar, pero con carne. Lo que empezó como una broma, un simple acto de trolleo, se convirtió en un evento real, que se fue repitiendo por más de un mes dado que la plata recolectada sobraba. 

La cuenta muestra una capacidad única para instalar hashtags. Suele pedir a sus seguidores que tuiteen una consigna, y muchas veces, a la hora, se transforma en tendencia. Así sucedió, por ejemplo, con #ElPuebloContraAxel y con #LukiGrimsonRacista, un hashtag construido a raíz de la aparición de tweets viejos del activista progresista Lucas Grimson, uno de los blancos de hostigamiento de la cuenta y sus seguidores, que comenzó cuando Grimson utilizó la frase “les pibis” en una conferencia de prensa en el marco de la emergencia sanitaria organizada por el Ministerio de Salud, donde Grimson trabaja. Así, sus blancos se suelen ir renovando. Antes fue la legisladora Fernández, últimamente es Grimson, y luego será otro. 

La experiencia de la cuenta revela el componente comunitario del ecosistema antiprogresista, donde jóvenes se divierten interactuando entre sí contra cuentas progresistas y a través de esas interacciones –que van desde la simple difusión de un mensaje hasta el hostigamiento de otras cuentas, pasando por la organización de iniciativas– donde se construye una narrativa y una identidad común. En el rechazo al feminismo es donde este espacio encuentra muchos puntos en común con aquel que suele enfocarse en la temática del aborto. Batallán, por caso, también interactúa con cuentas antiprogresistas, y en algunos casos compartió encuentros presenciales con algunos de sus referentes. 

Además de la oposición al feminismo como “pegamento” simbólico de ambos espacios virtuales, la alta propagación que tienen los mensajes y hashtags de estos grupos ayudan a instalar la sensación de que existe una “mayoría silenciosa” que se manifiesta en las redes y no es contemplada por los medios tradicionales. Y la dirección de los mensajes contribuye a la polarización entre dos grupos bien marcados: uno que apoya la legalización del aborto y tiene posturas favorables al gobierno, las diversidades sexuales y otras causas identificadas como progresistas contra otro que se opone al aborto, manifiesta su oposición al gobierno y adopta posiciones reaccionarias. 

Como escribió @GordoMonstruo__ el 9 de enero, cuando un grupo de simpatizantes de Donald Trump tomó por asalto el Capitolio de Estados Unidos, “esto es izquierda vs derecha. No es violentos vs no violentos”.

Cuatro chicos en uniforme, que acaban de salir del secundario; uno de ellos, rubio, rostro angelical, viste gorrita roja con la insignia “Make America Great Again” y mantiene la frente en alto, porque acá nada se luce con vergüenza.

Son las seis de la tarde en el barrio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La fila principal se posa sobre una avenida Cabildo abierta, con pocos autos; la línea del horizonte, donde ya es provincia, tiene un tono naranja. Es una de las últimas tardes del verano a comienzos de 2019 y las inmediaciones del Auditorio Belgrano están repletas. En unas horas el politólogo Agustín Laje, el economista Javier Milei y el abogado Nicolás Márquez van a compartir por primera vez un escenario ante más de 1.300 personas, la mayoría jóvenes, que los recibirán eufóricos. Pero eso después. Ahora, sobre la manzana de Cabildo, Virrey Loreto y Vuelta de Obligado, un tsunami de gente empieza a colorear la escena.

Más pibes que acaban de salir de clase, sin uniforme. Pibes que acaban de surfear la mayoría de edad. Alternan remera o camisa fuera del pantalón, jeans y zapatos cuya antigüedad delata préstamo familiar. Un look casi impostado, diseñado a medida de la ocasión. El patrón se repite y solo varían las tonadas -hay varios chicos que vienen de otras provincias- y los accesorios, o más bien los colores: el amarillo, color de la libertad, se manifiesta en banderas, remeras, pines y pañuelos con una serpiente y el lema “Don’t Tread On Me” (no me amenaces), rezo libertario; el celeste, propiedad de los “Pro Vida”, aparece también en algunos pañuelos y pines. Pibes de corte más skinhead, ropa pesada y varios tatuajes matizan la espera con lata de cerveza en mano; tienen algunos años más encima. También, más difícil de captar por lo dispersos, están los retraídos, que van solos o de a dos; mirada hacia al piso, con look más aniñado, muchos de ellos con anteojos, todos con un libro pegado a la cintura, custodiado, a salvo. 

La mayoría son varones, pero también hay grupos mixtos y sólo de pibas. Todo se empieza a mezclar. Son ellos quienes gobiernan la infraestructura que rodea al evento: el puesto del Partido Libertario buscando afiliar; el stand donde se venden remeras que van desde la cara de Milei y su frase célebre “Viva la libertad carajo” hasta la de “No fueron 30.000” (en alusión a la cifra de desaparecidos en la última dictadura militar) en letras blancas y fondo negro; la entrada al auditorio vigilada por los que curten estética de barrio cerrado, del think tank Cruz del Sur, organizadores del evento, el espacio tipo bar que se encuentra dentro del predio pero fuera del auditorio, colmado por los referentes virtuales, los influencers, que no se mezclan con el resto de la plebe juvenil que espera afuera. 

“Esto es como un recital”, suelta un joven, a propósito del clima que se respira. Hace unos minutos Milei llegó al Auditorio en su auto antiguo, conocido como “el batimóvil libertario”, al compás de una sirena. Algunos jóvenes perdieron su lugar en la fila y se amontonaron en la entrada para verlo abrazarse con los influencers y organizadores. Sobre Cabildo, la youtuber Lilia Lemoine recorre la fila a paso apurado, celular en mano y modo selfie, para registrar a la multitud, que se acopla a sus gritos.

Unos metros detrás de la intervención de la youtuber, una chica que promedia los veinte, alta, flaquísima, decide matar el tiempo viendo videos de Milei. Como si se tratara de un ritual de previa, para entrar en calor antes de entrar al show. La chica, con pañuelo amarillo del Partido Libertario amarrado a su mochila, se queda hipnotizada ante la parte final del video, donde Milei grita “que se vayan a la concha de su madre”. Ese fragmento, que reproduce apenas una de las famosas peleas del economista con sus interlocutores “zurdos”, se va a repetir en loop, unas cuatro veces, todas con sonrisa asegurada. Mientras ella deglute su ritual de espera se le anexa gente: un compañero del Partido Libertario con el que después del evento irán a cenar junto con el resto de militantes; su pareja, o el chico con el que sale, con el que comparten algunas impresiones del evento, y así. Las referencias en nombres propios, las caras conocidas (“¡Tengo que saludar a Vicky Pita!”) , las picas con otros sectores de la fila, más conservadores, con símbolos del Partido Autonomista Nacional (PAN), que miran con desconfianza. 

Pero no son sólo jóvenes los que componen la postal. Sobre Cabildo, con su familia bien arreglada, la defensora de represores de la última dictadura Cecilia Pando relojea a los peatones que se detienen a observar. Otras madres de impronta católica acompañan a sus hijos en este evento que promete ser único. También hay padres solos, padres con un solo hijo, padres con otros padres y sus respectivos hijos esperando por entrar. A la vuelta, sobre Virrey Loreto, también repleta, aparecen abuelas y otras señoras de estética y acento norteño. Juan José Gomez Centurion, flamante candidato presidencial, busca abrirse paso entre la multitud cuando es detenido por unos gritos desde la vereda de enfrente. “¡Juanjo!, ¡Juanjo!, vení” le indica un señor de traje con camisa abierta y collares bailando en el cuello. Juanjo obedece.

Cuando el evento comience, Gómez Centurión estará presente en la primera fila y será presentado por Segundo Carafí, el director de Cruz del Sur y principal responsable de que este evento se lleve a cabo, como “el próximo presidente de la República Argentina”. No importa que Carafi sólo tenga 23 años; unos meses más tarde va a estar trabajando como asesor en la campaña presidencial del excarapintada. Pero el militar es apenas uno de los nombres que se pronuncian en las palabras iniciales, que también se encuentran en primera fila. Referentes como Gabriel Ballarini y otros activistas que superan los 40 años son reconocidos por el presentador. El público juvenil, sin embargo, sólo responderá con ovaciones a los nombres del mundo de internet: el youtuber Emmanuel Danann, Carlos Maslatón y el abogado mediático Francisco Oneto.

La conferencia de Milei es idéntica a su marca registrada. Desde el tema, el Estado como enemigo, hasta su estilo. Que el Estado te roba a través de impuestos. Que todos los impuestos son malos y generan daño. Que es imposible que el Estado gaste bien. Por momentos pierde el hilo y desliza un sinfín de conceptos económicos para acompañar un punto; es ahí donde el público comienza a perderse. Solo retoma el hilo, y la atención del público, con un gancho, un insulto a los zurdos, mientras cambia el tono de voz, apretando los dientes. 

El público responde con aplausos y risas, como cuando Milei explica la redistribución del ingreso así: “Los zurdos son el club de las porongas cortas. El que la tiene chica pide amputación. El que la tiene grande no”. Al final de su conferencia, Milei enumera las ventajas del capitalismo. No es únicamente que sean superiores en términos morales y productivos, dice, es que también lo son en un sentido estético. Antes había aclarado que “el zurdaje odia la tecnología”. Como no podía ser de otra manera, Milei termina su conferencia al grito de “Viva la libertad, carajo”. Lo repite varias veces. El público está parado, aplaudiendo y gritando, y sólo se sentará una vez que Laje se apodere del centro del escenario.

A diferencia de Milei, Laje se sale del libreto. No es una más de sus conferencias, donde despliega presentaciones idénticas sobre la “ideología de género”. Laje cambió el contenido de su presentación con un objetivo: convencer a los jóvenes liberales seducidos por las ideas de Milei para que también acepten dar la batalla en el plano cultural. “La cultura es poder”, dice una de las dispositivas, y Laje lo repite: “Se están comiendo una revolución cultural por no darse cuenta de esto”. 

El adversario de hoy, para el politólogo cordobés, no son las “feminazis” sino los “liberprogres”. Laje insta a los liberales a que defiendan no sólo la no intromisión del Estado en la economía sino también en la familia, entre otros espacios de la sociedad civil. “Ellos son los verdaderos héroes”, dice, mientras muestra fotos de la campaña “Con mis hijos no te metas”. La gente aplaude. Laje exuda seguridad, flota. Por momentos el público deja de seguirlo, sobre todo en la parte de las definiciones, pero ahora, sobre el final, el público lo ovaciona. Entendió el punto: todos somos liberales. “Me encantó. Más que la de Milei”, le susurra una madre a su hijo. El hijo asiente. Después de 40 minutos de conferencia, casi el doble de lo que tenía estipulado para hablar, Laje lo logró. Tarea cumplida.

Nicolás Márquez es el encargado de dar la estocada final. En los primeros minutos reconoce que no es alguien querido por los libertarios, pero que le den tiempo para explicarse, que intenten hacer a un lado sus prejuicios. Una madre le pregunta a su hijo de qué se trata esta aclaración: “Es que es conservador”, le responde. Márquez pone el foco en los anticuerpos que van a dar la batalla contra la amenaza a la libertad, “pensar la reacción”. El liberalismo, sostiene, no tiene representación política, no tiene partido jurídico, ni senadores o diputados: apenas son un grupo de think tanks que se dedican “a hacer guita” y no dicen nada sobre el feminismo, el aborto, los militares presos injustamente. Si en los 70 había guerrillas armadas, hoy se combate una revolución desarmada, simpática, que no causa indignación en la opinión pública.

¿Cuál es el modo de combatir, entonces? Márquez pone énfasis en la tradición cultural de una comunidad política; una tradición cristiana y occidental. Si -cita al filósofo católico Rubén Calderon Bouchet- la derecha es todo lo que se le opone a la izquierda (que es la que amenaza a la libertad), entonces hay que hacerlo desde la derecha y sus tres sectores: liberales, conservadores y nacionalistas. A todos los traicionó Macri, dice. Pero si el liberalismo (anticuado) son los famosos think tanks, los liberales del futuro son la nueva legión de jóvenes que se levantó gracias a “este señor”, señalando a Milei. Márquez es el primero de los tres en hablar de la experiencia global, de lo que “funcionó”: Vox en España, el Frente Nacional de Le Pen en Francia, Orban en Hungría, Salvini en Italia. Todos ellos han reunido a los diversos sectores de la derecha. Eso mismo debe suceder, sugiere, en la Argentina.

Márquez iguala el ascenso de la extrema derecha a nivel global con la “derecha alternativa” o “Alt-Right”. El líder católico se refiere al fenómeno nacido en los Estados Unidos y compuesto mayormente por jóvenes menores de 30 años que no hubiese salido de los foros donde nació –como 4chan y Reddit– si no hubiera sido porque tanto la candidata demócrata Hillary Clinton, como los medios de comunicación norteamericanos, empezaron a nombrarlos en el marco de la campaña del 2016 como uno de los factores de apoyo a Trump, sobre todo en el mundo de internet. Si bien el movimiento original está compuesto por jóvenes abiertamente supremacistas blancos, el término se convirtió en una expresión “catch-all”, un paraguas para nombrar a un nuevo movimiento de derecha diferente de otros movimientos conservadores o de centroderecha, de corte juvenil, donde el humor, los memes y la virtualidad juegan un rol central. En esa nueva acepción, el movimiento se volvió global.

Esta nueva derecha o derecha alternativa, según palabras de Márquez, se debe guiar por la siguiente definición: La Argentina debe tener una síntesis en donde haya “liberales que crean en la vida desde la concepción, conservadores que crean que la tradición debe estar al servicio del progreso y nacionalistas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado”. Despierta una ovación. Márquez se redime por primera vez en estos espacios. Por eso, horas más tarde, va a ser tema de discusión en los grupos de WhatsAapp de estos jóvenes: “Márquez la rompió”, coinciden.

Carafí cierra el evento instando a los jóvenes, que no vivieron las grietas sociales del pasado -los 70, Malvinas- a “salir a la cancha”.

La derecha rebelde

Esa noche de marzo de 2019, gracias al lugar privilegiado que consiguió como influencer, Francisco conoció a Laje y a Márquez. Se tomó unas cervezas con ellos. Fue la primera vez que los vio en vivo, pero ya había interactuado con ambos en Twitter y en WhatsApp, sobre todo con Laje, con el que comparte algunos grupos junto a otros influencers jóvenes. Francisco tiene 19 años y se considera un “liberal de derecha”: dice que el mejor vehículo para que las ideas de la libertad se lleven a cabo es a través de una fuerza abiertamente de derecha. No como el PRO, al que rotula como “el socialismo amarillo”. 

Su acercamiento a “las ideas de libertad” se dio a partir de John Locke, un autor que le dieron para leer en la UADE, donde estudia Derecho gracias a una beca. Después comenzó a meterse con otros autores liberales, mientras seguía por las redes a Laje y Milei. Hoy él mismo se considera influencer: tiene más de 20.000 seguidores en 

Twitter, que consiguió escribiendo hilos informativos sobre temáticas que van desde la presidencia del General Julio Argentino Roca, pasando por la crítica al aborto con argumentos del Derecho hasta los países donde la tenencia de armas es libre y las escuelas se financian mediante un sistema de vouchers. Es fánatico de Trump y comparte un grupo con otros influencers jóvenes llamado “trumpismo bilardista”. Dice que el ex entrenador de la Selección argentina, conocido por sus métodos para ganar a toda costa, es “un símbolo de la derecha”. 

Para Francisco, ser de derecha hoy es “estar en los márgenes”. Eso lo percibe a partir de lo que llama “la policía del pensamiento”, encargada de controlar que “nadie se salga de la prisión de lo políticamente incorrecto”. “Si te salís de eso, sos de inmediato tachado de facho, racista, misógino y homófobo”, dice. Reconoce, de todas maneras, que le atrae la idea de estar en los márgenes. 

La historia de Francisco es muy similar a la de otros jóvenes que se interiorizaron en el movimiento gracias al contacto con posteos de Milei o Laje, o de otros jóvenes influencers como el youtuber Emanuel Dannan, El Presto, Carlos Maslatón… la lista es cada vez mayor. La oferta se reproduce tanto en Instagram, como en Youtube o Twitter, las dos redes más politizadas. No todos los jóvenes se reconocen públicamente como de derecha. Algunos son “liberales”, otros “libertarios”. Inclusive hay quienes se definen como “apolíticos”, pero que están en contra de la legalización del aborto. 

El pegamento simbólico de este movimiento juvenil, aquello que los une a pesar de las diferencias ideológicas o conceptuales que puedan tener, es el rechazo al progresismo. El rechazo a las feministas, a los políticos que hablan de justicia social y de redistribución del ingreso, a quienes usan lenguaje inclusivo, a las campañas en contra del acoso sexual, a los activistas por el cambio climático. Para ellos, el progresismo ganó la batalla cultural y hoy “está de moda”. Lo ven en la política, en sus aulas, en los medios y hasta en “las series de Netflix”. 

La percepción de que el progresismo “está de moda” (que es seguida, además, por la mayoría de la juventud actual) dota de épica a los esfuerzos por enfrentarlo, ya sea en las redes o de manera física, en protestas o en discusiones verbales con amigos o compañeros del aula. Ser antiprogresista, entonces, es visto como un sinónimo de rebeldía. Como dice Francisco, “ser joven y de derecha hoy es ser políticamente incorrecto”. Un orgullo similar se advierte en el discurso libertario y “provida”. 

Muchos jóvenes llegaron a sentirse parte del movimiento antiprogresista a través de experiencias personales. Blas, un joven de 20 años que vive en el barrio porteño de Recoleta y trabaja como vendedor en un shopping, se acercó a los videos de Laje y el abogado antifeminista Francisco Oneto a raíz de la ola de escraches masivos que siguieron a la denuncia pública por violación de la actriz Thelma Fardin al actor Juan Darthés. Empezó a ver cómo en sus redes sociales, especialmente Instagram, algunas de sus conocidas denunciaban a pares varones. Hasta tuvo amigos que fueron escrachados. Ahí entendió, dice, que “a las feministas se les fue la mano”. Se sintió identificado con los posteos de Laje y Oneto, a los que conocía tibiamente porque algunos de sus amigos lo seguían. Blas no se reconoce ni de derecha ni liberal ni libertario. Rechaza las etiquetas. Pero está seguro cuando dice que odia “a los zurdos”. 

En otros casos el punto de inflexión fue la discusión por la legalización del aborto. Es el caso de Victoria Pita, una influencer “pro vida” que se hizo conocida por sus posteos en el marco del debate de 2018. Pita se acercó a la ONG Frente Joven con su amiga Belén para “encontrar mejores argumentos y estar más preparada para enfrentarse a las feministas”. Dice que su apoyo a la causa celeste le valió la exclusión en el grupo de chicas de su secundaria, pero lo terminó reemplazando con sus compañeros de militancia. Ella, como muchos otros jóvenes antiprogresistas, sólo interviene en el debate por el aborto. No opina sobre economía u otros temas que alientan otras cuentas en las redes. 

Así como Pita tuvo protagonismo en el debate por la legalización del aborto en 2018, en 2020 fue Guadalupe Batallán, otra referente del Frente Joven, quien se destacó en el movimiento juvenil “pro vida”. Batallán también expuso en el plenario de comisiones del Congreso en el primer debate, pero en ese entonces su discurso era otro: se identificaba como una adolescente atea, que había estudiado en el prestigioso Colegio Nacional Buenos Aires, y defendía la oposición a la legalización del aborto con argumentos no religiosos. Su militancia, al igual que la de Pita, se centraba exclusivamente en la cuestión “pro vida”. Pero, en el último tiempo, Batallán cambió de fórmula: expresó deseos de bautizarse y comenzó a defender abiertamente a instituciones católicas como FASTA; también se volcó hacia otros temas como la política y la economía, interactuando con los jóvenes abiertamente de derecha en conversaciones acerca de Trump o su rechazo al gobierno actual.

Lucas tiene 17 años y se identifica como libertario, llegó al movimiento a través de Milei, a quien conoció en Youtube gracias a videos que recopilaban sus intervenciones en programas de televisión, en los que el economista ataca a interlocutores progresistas y defiende sus posturas en contra de los impuestos y cualquier tipo de intervención estatal. Milei es el vector principal de los libertarios, que suelen ser los más jóvenes dentro del movimiento antiprogresista. Otras figuras como el ex candidato presidencial José Luis Espert o el economista Manuel Adorni también son, aunque menor, un polo de atracción en televisión –y por ende Youtube– y Twitter. 

Encuentros como el de Auditorio Belgrano, donde coexistieron los distintos sectores del movimiento –que, a modo de síntesis, tiene un ala económica donde Milei es el máximo referente y una cultural, con el rechazo al feminismo en primer plano y que tiene a Laje como cara visible–, son muchas veces una excusa para que estos jóvenes, que entablaron vínculos principalmente por Twitter, puedan conocerse en persona. Muchos encuentran, en estos espacios, un lugar de pertenencia que no consiguen en la escuela o en otros grupos sociales. Allí comparten experiencias personales, difunden material de lectura y videos sobre la coyuntura local o internacional, con los Estados Unidos y Brasil como destinos predilectos, entablan vínculos y se burlan de los progresistas. Como describió uno de los jóvenes: “Yo acá vengo a divertirme”.

A trolear

Gran parte de esa diversión se encuentra en el “troleo”, que se da en el ámbito virtual y consiste en la provocación a otros usuarios, sobre todo progresistas. La actividad puede ser individual pero la mayor de las veces se da manera grupal. Y aunque pueda tener un objetivo detrás, como desacreditar una voz de autoridad, cambiar el tópico de una discusión o atraer atención sobre un determinado tema, la mayor parte de las veces el origen es la diversión. Pero es justamente a través de estas interacciones que el movimiento se hace visible para otros usuarios de las redes y donde se genera el interés y la captación de nuevos jóvenes. Los troleos pueden transformarse rápidamente en agresiones y hostigamiento, como es el caso con la legisladora feminista Ofelia Fernández, uno de los blancos más buscados por los jóvenes antiprogresistas. “Ofelia representa todo lo que odiamos”, describió uno de ellos.

En el último año, los nuevos influencers antiprogresistas deben su fama exclusivamente al troleo. Es el caso, por ejemplo, de la cuenta de Twitter @MonstruoGordo_, que se hizo conocido por difundir mensajes de odio sin ningún tipo de filtro. Este tipo de posiciones extremistas en tono de burla, que incluyen, por ejemplo, una producción de memes con la cara del represor Jorge Rafael Videla, es una parte constitutiva de la identidad de este movimiento. Muchos jóvenes reconocen que, aunque muchas veces no están de acuerdo con el mensaje, lo difunden para provocar a “los progres”. Si estos se ofenden o los denuncian, la tarea está cumplida. Youtubers como Emanuel Dannan o el abogado Carlos Maslatón utilizan una fórmula similar para atraer seguidores

La explosión de las cuentas que se dedican pura y exclusivamente a la provocación tuvo lugar en 2020, cuando la pandemia y las medidas de aislamiento les ofrecieron a los jóvenes antiprogresistas un nuevo foco de atención. Así, los usuarios compartían fotos violando las restricciones o redactaban mensajes con insultos contra las autoridades nacionales y locales. El contexto también fue propicio para la organización de marchas y protestas anticuarentena, en la que los jóvenes cumplieron un rol vital en materia de asistencia y difusión de las convocatorias.

2020 fue también el año en el que esta juventud, rotulada por los medios como “libertaria” o “de derecha”, comenzó a ser reconocida como sujeto político. En rigor, su protagonismo en la avanzada de la nueva derecha ya estaba presente al menos desde 2019. Eventos como el de Auditorio Belgrano, donde los jóvenes ocuparon un rol central en una postal diversa, lo demuestran. Además, los candidatos José Luis Espert y Gómez Centurión contrataron a influencers antiprogresistas como asesores de campaña y en algunos casos los integraron a las listas, como el caso de Lemoine con Espert y del youtuber El Presto con el Partido Libertario en Córdoba. 

Recientemente, un sector de Juntos por el Cambio liderado por la presidenta del Pro y ex ministra de Seguridad 2015-2019 Patricia Bullrich comenzó a organizar reuniones presenciales con algunos influencers como Emanuel Dannan o El Presto para integrarlos en sus filas de cara a las elecciones de 2021. Tanto Bullrich como el ex senador peronista y ex candidato a vicepresidente en la fórmula con Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, son figuras respetadas dentro del ecosistema antiprogresista, al igual que el diputado Francisco Sánchez, que es conocido por tener contacto asiduo con los influencers juveniles, algunos inclusive contratados como asesores. 

Las redes sociales ocupan un lugar central en este movimiento. Por un lado, son el espacio que acerca a muchos jóvenes al discurso antiprogresista, ya sea en su vertiente liberal, reaccionaria, conservadora o nacionalista. Ese acercamiento puede ser a través de algún video o tweet de un influencer, o mediante las interacciones entre usuarios del mismo ecosistema. Pero además, los patrones de esa interacción, marcados por la voluntad de provocar y muchas veces hostigar progresistas, son constitutivos de la identidad del grupo. Esas lógicas y discursos contribuyen a la producción de sentido y son susceptibles de ser exportados hacia escenarios físicos, como una discusión en un aula o una protesta.

El vertiginoso crecimiento que experimentó el movimiento juvenil antiprogresista es uno de los hitos más resonantes dentro de la avanzada conservadora, en la que estos jóvenes cumplen un rol central. Sin embargo, a diferencia de otros actores del ecosistema conservador o de la nueva derecha, este movimiento se destaca por tener prácticas, discursos, estilos y lugares de pertenencia propios. Si bien no pueden ser desprendidos del movimiento mayor, tampoco deben ser igualados. 

“A nosotros se nos enseñó que el progresismo es el faro moral. Todo el tiempo nos lo quieren imponer”, dice Ignacio, un joven de 24 años que tiene pasado en la fundación Cruz del Sur y colaboró tanto con la campaña de Espert como con la de Gómez Centurión. “Pero nosotros nos cagamos en eso. Esto es rebeldía pura.” 

En la última semana de gobierno de Donald Trump, cuando la resaca del asalto al Capitolio apenas dejaba espacio para la ceremonia del traspaso presidencial, Ecuador y Estados Unidos anunciaron un acuerdo sin precedentes en la región. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés), se comprometió a desembolsar 3.500 millones de dólares a Ecuador para que este cancele una parte de su deuda con China. A cambio, el país latinoamericano debe excluir a Huawei y otras compañías chinas de la construcción de la red 5G y abrirse a la venta de activos estatales (petróleo e infraestructura energética, sobre todo) a empresas estadounidenses.

Adam Boehler, el director de la DFC, la herramienta creada en 2018 para financiar las aventuras de contención al gigante asiático en el exterior, rotuló al préstamo como un “modelo novedoso” para contrarrestar la presencia de China en América Latina. “La DFC se creó para que ningún país autoritario tuviera una influencia indebida sobre otro país y estamos abordando ese factor con este acuerdo”, dijo Boehler al Financial Times.

Trump no era el único líder en retirada. El anuncio del acuerdo –que todavía no fue implementado– llegó también en el tramo final del gobierno de Lenín Moreno y a tres semanas de las elecciones presidenciales. “Es una medida agresiva, que tiene el objetivo de atarnos las manos cuando lleguemos al gobierno. No es una medida que debería tomar una administración saliente. Más que una falta de delicadeza, es una jugada sucia de último minuto”, dice a elDiarioAR Guillaume Long, excanciller durante el gobierno de Rafael Correa y uno de los nombres que suenan fuerte para volver ocupar el cargo en un eventual gobierno de Andrés Arauz.

Para la flamante administración Biden, que también planea hacer de la contención de China una prioridad de su política exterior, aunque con otros medios, el del domingo será el primer test electoral en América Latina en el que estará en juego la futura relación del gobierno con Estados Unidos y China. Durante el mandato de Moreno, Ecuador buscó alejarse de Pekín para volver a los brazos de Washington: firmó un acuerdo de libre comercio con el país norteamericano, expulsó a Julián Assange de su embajada en Reino Unido, habilitó al ejército estadounidense a utilizar el aeropuerto de las Islas Galápagos, apoyó desde un primer momento la candidatura del gringo Mauricio Claver-Carone al BID y acudió al FMI por un jugoso préstamo de 6.500 millones de dólares, una serie de movimientos que culminaron con el acuerdo para resolver la deuda con China a cambio de la adhesión a la iniciativa Red Limpia, que la excluye de las redes 5G.

Mientras una presidencia de Andrés Arauz, que ha criticado el viraje de la política exterior de Moreno, significaría un retorno a las buenas relaciones con Pekín (“Queremos tener buenas relaciones con las dos potencias. Nuestras relaciones con ambos países son igualmente importantes”, dice Long a elDiarioAR), una victoria de los otros dos candidatos –el banquero Guillermo Lasso y el indigenista Yaku Pérez– dejarían a Ecuador en una senda geopolítica similar a la que inició Moreno.

“Nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. Utilizamos la moneda de los Estados Unidos. Cada vez que un ecuatoriano quiere salir de viaje piensa en los Estados Unidos. Cada vez que un padre quiere mandar a estudiar a sus hijos al exterior piensa en Estados Unidos (…) Esa es la relación más importante, tomando además en consideración todo lo que ha hecho el gobierno norteamericano por el Ecuador en estos años”, afirmó Lasso en una entrevista en la que defendió el acuerdo con la DFC, aunque reconoció el peso económico de China y avisó que no buscará confrontarlo. El banquero, de corte conservador, es el favorito para ingresar en una segunda vuelta con Arauz.

Yaku Pérez, por otro lado, que en algunos campos, como medio ambiente, manifiesta posiciones más progresistas que Arauz, defiende el acuerdo comercial con Estados Unidos y critica a China por sus políticas en materia ambiental y de Derechos Humanos. Las encuestas sitúan al líder del partido indigenista Pachakutik fuera del balotaje pero con un apoyo superior al 10%, lo que lo convertiría en un actor relevante de cara a una eventual campaña por la segunda vuelta y en el próximo Congreso.

El origen de la deuda con China que el acuerdo firmado en enero propone aliviar cuenta una historia acerca de la presencia de ambas potencias en la región. Presionado por una crisis de deuda que irrumpió con fuerza en 2009, Correa se recostó en el financiamiento de Pekín para evitar acudir al Fondo Monetario Internacional y el mercado de deuda privada. Fue el inicio de un aceitado flujo de inversiones y préstamos que convirtieron a Ecuador en el tercer receptor de fondos chinos en la región y que explican parte de la bonanza económica que gozó Correa durante su gestión, según cuenta a elDiarioAR Florencia Rubiolo, directora del doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. “Este caso es aplicable a la gran mayoría de países latinoamericanos”, dice Rubiolo, quien advierte que el financiamiento que ha recibido Ecuador por parte de Estados Unidos en los últimos años es mucho menor al que China tiene acumulado en el país, otra realidad extrapolable al resto de la región. 

Si Correa no quiso mirar al norte para resolver su crisis de deuda en 2009, Moreno buscó a Estados Unidos para aliviar la carga del préstamo chino. Pero, como bien señala Vijay Prashad, la idea de que Ecuador se encuentra en una “trampa de deuda” con Pekín es falsa: sólo el 10% de la deuda externa total corresponde a China, que durante la pandemia ofreció –y el gobierno ecuatoriano aceptó– demorar los vencimientos de pago. Para Ecuador, señala Prashad, el monto de deuda pendiente con el FMI es un problema mayor al que tiene con China, y las condiciones que suele imponer el organismo en materia de política económica agudizan el cuadro. La respuesta, entonces, no se encuentra en la macroeconomía.

Rubiolo está de acuerdo con la idea de que el frente occidental de la deuda ecuatoriana se proyecta como un problema más apremiante para el próximo gobierno, pero aclara que “los préstamos chinos tampoco son la panacea. Te cuestan, pero en otros términos. No te van a imponer reducción de gasto público, porque no les interesa, pero sí van a buscar prioridad para empresas chinas, por ejemplo”. Otras falencias de los acuerdos con China, según la académica, son la falta de transparencia en algunos casos, devenida del sistema burocrático chino y de la multiplicidad de actores que intervienen; la posibilidad de que las condiciones del acuerdo cambien repentinamente por la ambigüedad en la letra chica; y la primacía del interés nacional chino en las inversiones, que suelen priorizar necesidades del país –por ejemplo en materia energética– y que pueden generar dependencia a largo plazo.

En “La disputa por el poder global: China contra Estados Unidos en la crisis de la pandemia” (Capital Intelectual, 2020) Esteban Actis y Nicolás Creus señalan que América Latina se ha convertido en una geografía clave para la disputa entre Estados Unidos y China, sólo superada por la región del Indopacífico. Tanto la DFC, el ente que anunció el préstamo con Ecuador, como el programa América Crece, que busca impulsar proyectos de infraestructura regional por medio del sector privado, se convirtieron en herramientas para contrarrestar la presencia china en la región, una estrategia que terminó de sedimentarse con la llegada de Claver-Carone a la presidencia del BID. Y si bien aparecieron durante la última mitad del gobierno de Trump, existe un “consenso bipartidista sobre la necesidad de no perder terreno ante el financiamiento chino en la infraestructura regional”.

Consultado por elDiarioAR, Actis sostiene que herramientas como América Crece y la DFC van a seguir siendo utilizadas por la administración entrante, “pero me parece que Biden va a tener una lectura más sofisticada del poder y va a intentar jugar las cartas de otra manera, menos burda que como se mostró Estados Unidos con este préstamo”.

Desde Quito, Guillaume Long se muestra confiado en que iniciativas como estas no van a continuar. “Entendemos que fue una medida desesperada de dos gobiernos salientes, que no cuenta con el apoyo de la nueva administración. Ecuador no quiere estar atrapado en un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China”.

JE

Daniel Jadue quería ser cura. El deseo se acopló bien a su primer tramo como militante, que había comenzado a los 11 años en la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Cuando cumplió los 17, sin embargo, Jadue le dio la espalda a la religión. “Tuve el pecado original. Pero vi la luz roja y me salvé”, bromea. 

Heredó el compromiso con la causa palestina de sus abuelos, inmigrantes palestinos que llegaron a Chile durante la mitad del siglo pasado para instalarse en una casa antigua en la comuna de Recoleta, en Santiago. Luego del paréntesis divino, Jadue siguió militando en movimientos ligados a la OLP. Fue presidente de la Unión General de Estudiantes palestinos y Coordinador General de La Organización de la Juventud Palestina de América Latina y el Caribe. Hasta que en 1993, un día después de los acuerdos de Oslo, hizo su ingreso formal al Partido Comunista de Chile. 

Desde ese entonces, Daniel Jadue es comunista. “Pero no en el sentido marxista-leninista del término, que no me gusta porque fue acuñado por Stalin, a quien yo no le tengo mucho respeto. Creo que él es el responsable del fracaso de la experiencia soviética, precisamente por haber suprimido el espíritu de la revolución de todo el poder a los soviets. Pero, efectivamente, soy comunista.” 

Hoy, desde su oficina en la alcaldía de Recoleta (comuna habitada por 150 mil personas, ubicada en el sector norte de Santiago), a la que llegó en 2012, Jadue lee encuestas que lo ubican como el candidato mejor posicionado de cara a las elecciones presidenciales, que serán en noviembre del 2021. Si bien todavía falta bastante para la cita y cualquier rótulo de favorito hoy es condicional, los casi 20 puntos que mide Jadue (17,5% según el último sondeo de Data Influye) no son un dato menor en un país que fue marcado por el clima de Guerra Fría como ningún otro en América Latina.

–Un comunista liderando las encuestas en Chile. ¿Qué está pasando?

–Pasa que todos los que abrazaron el neoliberalismo fracasaron. Estuvieron 30 años diciéndoles: mira, si tú te portas bien y haces todo lo que el sistema te dice que hagas, vas a tener una buena vida. La gente creyó en ello durante mucho tiempo y luego se desilusionó cuando se dio cuenta que la buena vida que se les prometió no iba a llegar. Y que los más ricos se hacían muchos más ricos mientras el empleo y los servicios básicos se seguían precarizando y los derechos sociales se desechaban. Que la salud, la educación y la vivienda se convertían cada día en bienes menos accesibles, dado que eran tratados como bienes de consumo. La gente terminó explotando. ¿Y qué pasó? Ahora muchos abrazan las mismas ideas que el Partido Comunista planteaba hace treinta años, pero antes nadie nos creía. En este Chile de hoy, que es un Chile muy líquido, con carencia de liderazgo, quienes mejor representamos a la cultura antineoliberal somos los comunistas, a través de una gestión de gobiernos locales del partido que luchan contra el modelo.

En este Chile de hoy, quienes mejor representamos a la cultura antineoliberal somos los comunistas, a través de una gestión de gobiernos locales del partido que luchan contra el modelo

Jadue es uno de los principales responsables de la validación de las gestiones locales ante la ciudadanía chilena. El sello que lo hizo conocido en todo el país fue el modelo de farmacias populares, una iniciativa lanzada en 2015 bajo la cual el municipio compra medicamentos a laboratorios nacionales e internacionales y luego los vende al costo, generando un descuento que en algunos casos alcanza el 80% con respecto a las farmacias privadas. 

El alcalde de Recoleta, que se especializó en urbanismo luego de graduarse como arquitecto y sociólogo, cuenta que la iniciativa surgió luego de escuchar que la gente del municipio se quejaba de los precios de los medicamentos. “Entonces empezamos a buscar una fórmula para comprarlos más baratos y venderlos”, dice. Pero había un problema: bajo la legislación chilena, el Estado no puede realizar actos de comercio. “El acto de comercio se define por la compra-venta y por la fijación de precios, que es cuando tú compras a un valor y luego vendes a otro, incorporando la utilidad y los costos operacionales del negocio. Entonces ahí surgió la pregunta: ¿Qué pasa si compramos a un valor y lo vendemos al mismo? Ah, ahí deja de ser un acto comercial. Entonces pusimos los costos operacionales del proyecto en el presupuesto municipal y avanzamos sin que nadie nos pudiera criticar desde la ley”. 

El impacto de la iniciativa acalló las amenazas de demandas por inconstitucionalidad. Al año y medio de haber lanzado el programa, más de la mitad de los 345 municipios de Chile lo imitaron, entre ellos los gobernados por líderes de derecha. El modelo continuó con la asociación de distintos municipios para importar en conjunto otros bienes. Así, a los medicamentos se sumaron lentes, audífonos y libros. 

En junio del 2020, el municipio de Recoleta comenzó a entregar los primeros departamentos bajo el modelo de la inmobiliaria popular. “Logramos convencer al Estado central de que nos diera subsidios para vivienda, pero no a las personas sino al municipio. Los departamentos entonces son de propiedad municipal y la gracia es que los arrendamos pero sólo al 20% del ingreso familiar. Entonces, dependiendo de cuanto tú ganas es cuanto pagas, con topes. Un departamento que en el mercado lo arriendas por 500 dólares aquí te sale 80”, dice.

Para Jadue, una de las consecuencias del modelo que comenzó con las farmacias populares fue un cambio en el imaginario colectivo chileno. La experiencia de Recoleta, dice, se difundió en otras comunas que empezaron a exigirle a sus alcaldes que la imiten. “Los vecinos dicen, bueno, también en nuestra comuna podríamos tener lentes, medicamentos o arriendos a precios justos. Entonces necesitamos que quien dirija este país sea alguien como este tipo, que hace las cosas en su comuna, que es una comuna sin plata”.

–¿Y cómo se escala ese modelo a nivel nacional?

Con la misma voluntad política. El Estado central tiene muchos más recursos que los municipios. Yo me imagino al Estado central construyendo cien mil viviendas con las municipalidades para arriendo a precio justo, financiando los costos de las farmacias populares y metiéndose de nuevo a jugar un rol en la producción y el aseguramiento de la soberanía médica, la farmacéutica  y la alimentaria. Un estado comprometido con el derecho a vivir dignamente. 

–¿Es posible realizar ese tipo de iniciativas con este modelo económico, custodiado por la Constitución?

–Se puede sortear, pero es complejo. Nosotros preferiríamos que la Constitución no sólo permitiera sortearlas sino que facilitara su cumplimiento y en alguna medida lo exija. Todavía hay un gran número de municipios sin farmacias, ópticas o librerías populares en sus territorios. Entonces la pregunta del millón es: ¿Puede el Estado darse el lujo de aceptar que un mercado al que sencillamente no le importa nada el bien común siga funcionando como funciona? No. ¿Y para eso tiene que hacer? Intervenirlo, actuar en ese mercado y asegurar que no importa donde nazcas y te desarrollas tengas acceso a los bienes básicos.

La pregunta del millón es: ¿Puede el Estado darse el lujo de aceptar que un mercado al que sencillamente no le importa nada el bien común siga funcionando como funciona?

El ascenso de Jadue en el escenario nacional es parte del síntoma que recorre a la política chilena tras el estallido social de octubre de 2019, cuando la bronca y el descrédito que sufrieron los políticos nacionales -especialmente el Ejecutivo y quienes integran el Congreso- generó un hueco para los liderazgos municipales. “Los gobiernos locales no sufren igual a la crisis del sistema de la democracia representativa. La gestión municipal, a diferencia de la regional o la nacional, es la que está más cerca de la ciudadanía, resuelve los problemas cotidianos”, explica Jadue, quien aclara que este fenómeno es cada vez más común en el resto de América Latina.

Otro de los candidatos mejor posicionados y potencial rival de Jadue desde la derecha también es alcalde: Joaquín Lavín, al frente de la comuna de Las Condes, busca ser la nueva cara de la derecha postproceso constituyente. Lavín se muestra favorable al cambio constitucional, habla de “integración social” y se autopercibe públicamente como “socialdemócrata”. 

Jadue hace muecas cuando se le consulta acerca de si ambos forman parte del mismo ascenso de liderazgos municipales. “El de él es un liderazgo que tiene a los principales canales de televisión como jefes de campaña. ¿Cúal de las iniciativas municipales de Lavín han trascendido? No te encuentras con muchos ejemplos. Y él administra una comuna que tiene un presupuesto de 1500 dólares por habitante al año. Nosotros tenemos 300 dólares por habitante al año. Son dos liderazgos que no tienen nada que ver, tienen raíces completamente distintas”, dice. 

El de Lavín es un liderazgo que tiene a los principales canales de televisión como jefes de campaña

El agitado calendario que vivirá Chile este año, en el que se solapan las elecciones presidenciales, legislativas, regionales y municipales con el proceso constituyente serán un desafío para el ancho espacio de la izquierda chilena. El Partido Comunista, que antes solía estar lejos del juego político de la oposición, gobernado por las dos grandes coaliciones de centro izquierda -la llamada ex nueva mayoría, la plataforma, de impronta más moderada, con la que Michelle Bachelet llegó al poder en su segundo mandato en 2013, y el Frente Amplio, un espacio que se propuso superar al tradicional bipartidismo por izquierda, incorporando demandas como las del movimiento estudiantil y que llevó a Beatriz Sánchez como candidata presidencial en 2017-, ahora se ha incorporado al debate.

A finales de diciembre, Chile Digno, el espacio de Jadue junto a otros partidos de izquierda regionalista, selló un acuerdo con un sector mayoritario del Frente Amplio (cuatro diputados, dos del partido Revolución Democrática y dos del Partido Liberal, se alejaron denunciando una deriva extremista del Frente) para acudir juntos a las elecciones de constituyentes y las regionales y municipales, todas en abril. Además de Jadue, la otra opción competitiva desde el campo de izquierda según las encuestas es Pamela Jiles, una dirigente del Partido Humanista que podría incorporarse eventualmente al espacio. Jiles, según el sondeo de Data Influye, se encuentra en ascenso con el 8,4% de intención de voto.

El otro pacto de cara al proceso de abril es el de Unidad Constituyente, un espacio integrado por los partidos de ex Nueva Mayoría y otras fuerzas de carácter liberal y progresista. Uno de los integrantes es el Partido Progresista, liderado por Marco Enríquez-Ominami, fundador del Grupo de Puebla.

Jadue se muestra abierto a un gobierno de coalición con otros sectores de la centroizquierda, incluso del centro, pero con una condición: que sean antineoliberales. “Hay algunos que gobernaron treinta años y lo que hicieron fue profundizar el neoliberalismo. Iban a desmantelar el proyecto neoliberal y terminaron convirtiéndose en sus sostenedores fundamentales. Entonces nosotros los miramos con desconfianza. Son ellos los que tienen que dar una muestra de blancura para que volvamos a confiar, no nosotros”, dice.

Hay algunos que gobernaron treinta años y lo que hicieron fue profundizar el neoliberalismo. Iban a desmantelar el proyecto neoliberal y terminaron convirtiéndose en sus sostenedores fundamentales

–¿Y de quién depende esa luz verde para la unidad?

–Nosotros estamos disponibles para juntarnos con todos los que quieran superar el modelo. La unidad del pueblo y la ciudadanía para mí es mucho más relevante que la unidad de las siglas. Lo que necesitamos es que el pueblo que se movilizó se una y otorgue la confianza a los partidos, que tendrán que definir por su cuenta si van a sumarse al proceso o se van a quedar al margen. Esto depende también de la capacidad que tengan los partidos de leer lo que está pasando. Hay algunos que yo estoy convencido que hasta el día de hoy no lo entienden. 

–¿El Frente Amplio es oposición a eso que llamas el modelo neoliberal?

–Es un partido con una complejidad muy grande, que nació siendo demasiado amplio. Allí coexisten dirigentes neoliberales con antineoliberales. Hoy hay una mayoría contundente que se siente mucho más cerca del Partido Comunista que de la ex concertación (la Concertación de Partidos por la Democracia fue el nombre de la coalición de centroizquierda que luego se transformó en Nueva Mayoría). Siempre trataremos de llegar a la mayor unidad necesaria, pero para nosotros la unidad es con la ciudadanía, las organizaciones sociales, es con los trabajadores, los estudiantes. No necesariamente con las cúpulas de los partidos que gobernaron treinta años y están cada día más distanciados de sus bases. Si el Partido Comunista mide 17% es porque mucha gente que votaba a la Concertación se desilusionó de esa camarilla política y terminó mirando hacia este lado porque siente que nosotros sí damos garantía de querer de verdad superar este modelo.

Si el Partido Comunista mide 17% es porque mucha gente que votaba a la Concertación se desilusionó de esa camarilla política y terminó mirando hacia este lado

–Dado que la desconfianza de la ciudadanía chilena hacia los partidos establecidos es tan alta, ¿no ven dentro del Partido Comunista un riesgo potencial en la política de alianzas con otras fuerzas?

–Es siempre un riesgo que tenemos que correr. La política de alianzas siempre es un complemento al desarrollo de la fuerza propia. Y siempre dependeras de alianzas mientras no tengas la fuerza propia suficiente para ganar una elección sólo, que no es el caso de los comunistas ni de ningún otro partido. Tenemos que navegar este escenario. Como te dije, la alianza fundamental es con la ciudadanía y con el pueblo de Chile. El resto es secundario y se hace con los que logren entender eso,  y para entender también hay que ser autocríticos. Hay algunos de la Concertación que todavía no le dan una explicación al país de por qué se pusieron a disposición de una potencia extranjera para derrocar a su propio gobierno en el 73.  

Los que antes venían a pedirnos los votos cuando era para ellos ahora dicen que nunca votarían por nosotros

Daniel Jadue no anunció públicamente su candidatura. Su partido por ahora no lo nominó; él dice que está “disponible”, pero que debe ser la ciudadanía quien lo decida. Sabe, de todos modos, que las encuestas hablan. “Si esto sigue así (por los números), uno no puede negarse”, dice. 

Sabe, también, que cuenta con varios blancos de ataque en una campaña presidencial, al margen de la etiqueta de comunista. Un ejemplo: en una sociedad mayormente católica, Jadue no cree en el matrimonio porque lo considera un instrumento de dominación, “una forma de encubrir la esclavitud”. Lo dice por la carga de trabajo doméstico no remunerado que sufre la mujer, una realidad que conoció desde chico, con un padre maltratador. 

Reconoce que el estigma de buena parte de la sociedad chilena hacia el Partido Comunista permanece, “pero va en franca retirada”. En parte por la irrupción de una nueva generación que no conoce nada de la experiencia de Unidad Popular, la coalición de partidos de izquierda que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile en 1970. Pero también por un cambio en la percepción de otros segmentos de la sociedad.

“La caricatura se empieza a caer a pedazos. Cuando tú miras la historia, el Partido Comunista de Chile nunca ha participado en un gobierno que dirija el partido y por lo tanto, ninguno de los problemas que la sociedad conoce de hoy podrían ser asignables en responsabilidad al Partido Comunista. Pero además, el Partido nunca ha participado de una dictadura en Chile. Nunca se ha puesto a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Nunca ha organizado y protagonizado una masacre de trabajadores y trabajadoras. Nosotros no tenemos gente procesada por corrupción”, dice.

Cuando faltan apenas unos meses para que un grupo de 155 constituyentes se reúna para discutir y redactar una nueva constitución, un escenario totalmente impensado apenas dos años atrás, Jadue reivindica el reclamo histórico de su partido. “Los comunistas dijimos en el 89 (año en el que se llevó a cabo el plebiscito por la reforma constitucional de Pinochet) que era imposible salir de la dictadura con el modelo de la dictadura, con la cultura organizacional de las instituciones que gobernaron en dictadura. Nos va a rebotar en la cara, dijimos. Bueno, treinta años después nos rebotó en la cara. Hoy se llegó a la misma conclusión que nosotros teníamos hace treinta años”. 

JE

México se encuentra a unas pocas semanas de convertirse en el mercado legal de cannabis más grande del mundo. En noviembre pasado, el Senado aprobó la legalización para uso recreativo, una ley que debe tratar la Cámara de Diputados antes del 30 de abril. El martes, el gobierno publicó los lineamientos para la producción y uso medicinal. 

Zara Snapp es cofundadora del Instituto RIA, una asociación civil que investiga y busca incidir en la política de drogas, magíster en política pública de la Universidad de Harvard y autora del libro Diccionario de drogas (Ediciones B, 2015). En esta entrevista con elDiarioAR, la referente del tema en México reflexiona sobre el proceso que se abre en México con la legalización del cannabis y su posible impacto en una guerra contra el narcotráfico que ya lleva 15 años y ha dejado un saldo de más de 70.000 desaparecidos. 

¿En qué momento se encuentra México respecto a la regulación del cannabis?

México ha avanzado mucho, principalmente gracias al litigio estratégico. Hemos tenido dos procesos paralelos que se han llevado a cabo durante los últimos cinco años. El primero es la cuestión del uso medicinal, con una ley aprobada en 2017, una ley tímida, impulsada por la presión mediática de muchos casos de pacientes de niños con epilepsia y las exigencias de sus familiares, que permitía la importación de productos con menos del 1 por ciento de THC pero no contemplaba el autocultivo para pacientes, por ejemplo. Esa ley fue aprobada, pero después nunca fue reglamentada. Es la Corte Suprema la que obliga a la Secretaría de Salud a publicar este reglamento, que es lo que salió esta semana. 

Al mismo tiempo, en 2015 ganamos el primer caso en la Corte sobre el uso adulto, que reconoce que la prohibición de poder cultivar cannabis en tu casa para consumo personal sin fines de comercio viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En México necesitas cinco casos consecutivos para poder lograr la jurisprudencia, que llegó el 31 de octubre de 2018. Ahí empezamos esta discusión nacional sobre el tema y al rato llegó el nuevo gobierno. Con la confluencia de estos dos factores, la Corte Suprema manda una notificación al Congreso con un plazo de 90 días para legislar sobre el asunto, que luego fue prorrogado por la pandemia. En noviembre se aprobó en el Senado la ley para uso medicinal y adulto (también conocido como recreativo) y la Cámara de Diputados tiene hasta el 30 de abril para tratarlo. Diría que México está en un momento histórico, donde puede aprovechar la oportunidad de transitar de un mercado ilegal, donde somos el segundo país productor de cannabis ilegal en el mundo, a uno legal, en el que garantizamos los derechos de las personas usuarias e implementamos medidas afirmativas hacia las comunidades cultivadoras.

En la discusión sobre la legalización aparecen argumentos que van desde el derecho de personas usuarias, los potenciales beneficios económicos del mercado y hasta el impacto en el narcotráfico. ¿Cúal fue el enfoque que primó en el Congreso? 

Creo que hubo una mezcla de intereses. Hubo muchos senadores que incluyeron el tema de derechos. Es decir, que además de los beneficios que va a traer la industria legal a México, también se habló de las libertades y la necesidad de reconocerlas. Hay una idea también de que con la regulación es posible reparar el daño a las personas usuarias y las comunidades. La ley contempla al menos un 40% de las licencias de cultivo solamente para las comunidades afectadas: ejidos, propiedades comunales, sociedades cooperativas, es decir, comunidades que han tenido sus cultivos erradicados durante la prohibición. Eso es un gran reconocimiento, aunque nosotros quisiéramos –y estamos exigiendo– que sea del 80%. También existe una restricción para puntos de venta: las empresas sólo van a poder tener tres puntos de venta por estado, para evitar que haya 50 tiendas de la misma empresa en un mismo estado. Yo veo una voluntad para crear un modelo que reconoce lo que ya existe y que impulsa algo que beneficia a México. Porque para nosotros esta ley no es sólo regular por regular: es regular para que los recursos de la policía que se usan para perseguir a personas usuarias vayan a delitos de alto impacto y que se dejen de erradicar cultivos. Es importante pensar esto como un cambio en la relación Estado-sociedad.

Es regular para que los recursos de la policía que se usan para perseguir a personas usuarias vayan a delitos de alto impacto y que se dejen de erradicar cultivos. Es importante pensar esto como un cambio en la relación Estado-sociedad.

Hay activistas que alertan sobre la posibilidad de que los intereses de las grandes empresas extranjeras productoras de cannabis terminen primando en la regulación. ¿Lo ves como un riesgo potencial?

Sin dudas es un riesgo. Nosotros llevamos años escuchando empresas canadienses que vienen a foros y hablan abiertamente de su interés en invertir en el mercado mexicano para poder aprovechar la mano de obra barata. Lo han dicho literalmente. Para nosotros esto no va si se trata de instalar una industria extractiva más a las que ya existen en el país. En el reglamento que se publicó esta semana, por ejemplo, si tu ves los requisitos que necesitas para hacer un medicamento sólo las farmacéuticas están en condiciones de hacerlo. Pero ese tipo de demandas, junto a las del autocultivo, no iban a ser incorporadas en esta reglamentación, que corresponde a la ley aprobada en 2017. Por eso estamos esperando a que se apruebe en Diputados la ley de uso adulto, que va a ampliar las posibilidades.

¿Cómo crees que va a impactar la legalización del cannabis en la llamada guerra del narcotráfico?

Esto no se va a acabar con la regulación del cannabis, porque hay muchas otras sustancias y actividades involucradas. Desde mi organización abogamos por la regulación legal de todas las sustancias psicoactivas, entendiendo que es mejor que haya seguridad sobre la calidad, que no debe quedar en manos del crimen organizado y que se trata también de quitarles recursos. En México es difícil porque existe una integración fuerte tanto a nivel local como a nivel nacional entre las autoridades y el tráfico de sustancias. No podríamos traficar la cantidad de sustancias que traficamos como país si no hubiera involucramiento por parte de las autoridades.

Pero creo que va a tener un impacto positivo, en primer lugar, en cómo perseguimos delitos. Si legalizamos y descriminalizamos, entonces el Estado ya no va a gastar tiempo y recursos que podrían ir para investigaciones de los delitos que realmente nos preocupan. En México hay una tasa de impunidad del 98%. Y si no perseguimos esos delitos de homicidio, extorsión, feminicidio y desaparición, estos van a seguir sucediendo. Otro lugar donde se va a registrar un impacto positivo es que ya no va a haber una relación de conflicto del Estado con las personas que cultivan, que han llevado a desplazamientos de comunidades y enfrentamientos. Y también tengo la esperanza –y en esto soy optimista– de que quienes participan en el mercado ilegal, que son muchos, decidan pasarse a la legalidad. Al fin y al cabo, en el mercado ilegal también se pagan impuestos como sobornos y compra de armas. Entonces en el tránsito a la legalidad también pueden reducirse los costos. Por último, creo que este va a ser un primer paso importante para luego seguir con otros. Con la regulación vamos a desestigmatizar la planta y nos vamos a dar cuenta que las personas que consumen no son unos locos. Va surgiendo una especie de salida del closet psicoactivo, donde empiezas a hablar de tu consumo con familiares para erradicar ese miedo. 

Con la regulación vamos a desestigmatizar la planta y nos vamos a dar cuenta que las personas que consumen no son unos locos. Va surgiendo una especie de salida del closet psicoactivo

¿Hacia qué nuevo paradigma crees que debería ir México con su política de drogas?

Yo esperaría que nos pudiéramos mover hacia una dirección donde se garanticen los derechos de las personas usuarias y se reconozca que, cuando existe un uso problemático –que existe en el 11% de las personas que usamos sustancias ilegales–, ese uso está mucho más vinculado a la situación de la persona que a la sustancia. La pregunta entonces es cómo podemos mejorar las condiciones de vida de esa persona sin pensar en la abstinencia como el fin último. Es un cambio a largo plazo que tiene que estar acompañado de una mejor y más amplia educación sobre drogas y sustancias psicoactivas: necesitamos entenderlas para poder crear políticas sobre las mismas y la educación también puede fortalecer la prevención y el retraso de la edad de inicio de consumo. Es un cambio cultural. Hay mucha gente que está en el movimiento a favor de la legalización del cannabis pero se espanta cuando les hablas de otras drogas, por lo que es nuestro trabajo debatirlo. Esta idea de que erradicando la oferta va a cambiar la demanda no ha funcionado. Y, además de no funcionar, ha hecho muchísimo daño. 

En el 2021 se van a cumplir 15 años del inicio de la llamada Guerra contra el narcotráfico, con un operativo que lanzó en ese entonces Felipe Calderón y que continúa hasta hoy. ¿Cúal ha sido el saldo de esa política?

Cada año estamos perdiendo más de 30.000 personas por homicidios dolosos. Principalmente hombres jóvenes sin oportunidades. Es esa violencia la que explica la disminución en la esperanza de vida en México. Por otro lado, en estos quince años hemos tenido más de 70.000 desaparecidos, y en la mayoría de los casos hay una colusión para no encontrarlos, o porque la autoridad estuvo involucrada, o porque alguien está protegiendo a otro grupo. Cuando tú vas a denunciar la desaparición de un familiar, la respuesta más común por parte de la autoridad es que seguro estaba haciendo algo, cuestionando la validez de la vida y el valor de esa persona. Hay familias que no han parado de buscar en los últimos diez, doce años. Son ellos los que se convierten en peritos e investigan. Hasta ahora sólo se ha avanzado en la identificación de algunas personas y lugares, gracias a la colaboración del equipo de antropología forense argentino y a la persistencia de las familias, que no han descansado.  El Estado ahora está un poco más involucrado, gracias a ciertos funcionarios públicos, pero en general ha estado ausente durante todo este proceso. Y eso es devastador. Nosotros como país vamos a tener que hacer un camino de reconciliación muy grande que ahorita no estamos contemplando, porque esto no ha parado y seguimos acumulando casos todos los días. 

Nosotros como país vamos a tener que hacer un camino de reconciliación muy grande que ahorita no estamos contemplando, porque esto no ha parado y seguimos acumulando casos todos los días

En las próximas semanas, la Cámara de Diputados seguramente aprobará la legalización del cannabis para uso recreativo. ¿Cúal es el paso siguiente?

Bueno, si se hacen cambios en Diputados la ley deberá regresar al Senado, pero nosotros estamos pensando desde ahora en la implementación. Eso va a depender también de como salga la ley. Si no hay una descriminalización efectiva, entonces vamos a tener que estar documentando todos los casos de abuso y presentando iniciativas para mejorar esa parte. Seis meses después de la publicación de la ley en el boletín oficial, se supone que ya tiene que estar listo el Instituto de Regulación y Control: ahí vamos a estar siguiendo quienes van a conformarlo. Estaremos atentos también a la reglamentación, para ver los detalles y empezar a acompañar e impulsar a las comunidades a que ellos apliquen a las licencias de cultivo para llenarlas y demostrar que hay una demanda de estas comunidades para participar en el mercado. El autocultivo para ese entonces ya va a estar permitido. Ojalá eso signifique el comienzo de la transición a un mercado legal.

JE

Con la incertidumbre por el devenir de la pandemia y el cambio de administración en Estados Unidos como gran banda de sonido, América Latina y su ciudadanía movilizada se enfrentan en 2021 a un calendario agitado de renovación de actores políticos.

El super año electoral en Chile

El futuro inmediato de Chile no está escrito, pero en buena medida dependerá de lo que pase este año, en el que el calendario electoral se va a mezclar con el proceso constituyente. En apenas doce meses, Chile cambiará de presidente, elegirá nuevos gobernadores, legisladores, alcaldes y concejales y definirá el contenido de su nueva constitución.

El ciclo comienza en abril. Las elecciones para decidir constituyentes, que serán los encargados de redactar y dotar de contenido a la nueva carta magna en una Asamblea que tendrá paridad de género, van a coincidir con los comicios regionales y municipales.

Para mayo, la Asamblea ya tendrá que haber empezado a reunirse, luego de elegir autoridades y dotarse de un reglamento. En julio, las primarias presidenciales despejarán el escenario de candidaturas, una cita clave teniendo en cuenta la dispersión de alternativas a derecha e izquierda. En noviembre, será la primera vuelta electoral, junto a las legislativas, y en diciembre tendrá lugar la eventual segunda vuelta. El texto de la nueva constitución debería estar listo para enero de 2022. Si no hay consenso, existe una opción de prórroga con abril como fecha límite.  Después, los chilenos tendrán que acudir una vez más a votar en un plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución.

Por ahora, es el proceso constituyente el que marca el pulso del ciclo electoral. En los próximos meses se terminarán de definir las candidaturas para la Asamblea, para lo cual quienes tengan cargos públicos deberán renunciar para participar. Esta semana, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera tuvo que reemplazar a dos ministros que serán candidatos en abril.

El pelotón de aspirantes presidenciales, mientras tanto, se encuentra disperso y ningún nombre por ahora supera el 20% de la intención de voto. Dos figuras se destacan: por la derecha, el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, quien se posicionó a favor de una nueva constitución; por la izquierda, el dirigente comunista y alcalde de Recoleta Daniel Jadue, que aspira a traducir su popular gestión municipal en una alternativa nacional.

A Sebastián Piñera no le será fácil navegar su último año de gestión. Su apoyo no supera el 20% en las encuestas, la coalición de gobierno está dividida por el proceso constituyente y las cenizas del estallido social siguen vivas. Lo mejor que le puede suceder al presidente es pasar desapercibido.

Elecciones en Perú y Ecuador

El ciclo electoral latinoamericano tiene fecha de inauguración: el 7 de febrero Ecuador elegirá al sucesor de Lenín Moreno. La campaña comenzó a fines de diciembre y hoy tiene tres candidaturas competitivas: el banquero Guillermo Lasso, el correísta Andrés Arauz y el indigenista Yaku Perez. Los números varían según las encuestas, pero todas coinciden en un punto clave: todavía subsiste un gran número de indecisos. El escenario, entonces, se encuentra abierto.

Como explicó Paulina Recalde, directora de la consultora Perfiles de Opinión, a elDiarioAR, el rechazo a la gestión de Lenín Moreno juega un papel central. “Su gobierno se convirtió en sinónimo de lo que la gente no quiere. La clave emocional está en el cambio: ¿cuánto puedes proyectarle al electorado de que tu eres el cambio, la alternativa a lo que ha sido este periodo de gobierno?”, dijo. 

En Perú, por otro lado, donde habrá elecciones presidenciales y legislativas el 11 de abril, el escenario yace aún más incierto, con una diferencia importante: el estallido social de noviembre pasado, luego de la destitución del presidente Martín Vizcarra, todavía sigue vivo. La crisis política no parece haber terminado: el rechazo al Congreso, sintetizado en el lema “Que se vayan todos”, es altísimo y la desconfianza alcanza a todo el sistema político. Por ahora hay 24 candidaturas confirmadas, entre las que se destaca –según las encuestas–, la del exfutbolista George Forsyth, que se presenta por el partido de derecha Victoria Nacional y roza el piso de los 20 puntos. El resto -entre los que se encuentran Julio Guzmán, del partido del actual presidente, la dirigente de izquierda Veronika Mendoza y la derechista Keiko Fujimori- no supera el 8% en la intención de voto. 

Según esa misma encuesta, realizada por la firma Ipsos en diciembre, la opción del voto en blanco alcanza el 18% de las preferencias y todas las candidaturas tienen al menos un tercio del electorado indicando que jamás votaría por ellos. La pregunta no es sólo quién va a ganar sino, principalmente, si el presidente y Congreso que salgan elegidos van a poder ponerle fin al clima de hartazgo que impera en la sociedad peruana. 

Los cambios en la oposición de Venezuela y Nicaragua

Con la renovación de la Asamblea Nacional, en la que el oficialismo asumió el control el 5 de enero, la oposición venezolana está obligada a reinventarse. Juan Guaidó, el líder del espacio desde su autoproclamación como presidente interino en enero de 2019, después de asumir al frente del parlamento, perdió la carta de legitimidad que sostenía su estrategia. Los primeros coletazos internacionales llegaron el miércoles, cuando la Unión Europea anunció que dejará de reconocerlo como presidente interino, aunque lo sigue destacando por sobre otros líderes opositores.

La erosión de apoyos internacionales sumado a cuestionamientos internos, que le endosan a Guaidó ser el representante de una estrategia fracasada para derrocar al presidente Nicolás Maduro, puede aumentar la dispersión y fragmentación del espacio opositor, un problema que ya ha manifestado en el pasado. La pregunta es si habrá un nuevo liderazgo que pueda ofrecer un cambio en la estrategia para enfrentar a Maduro, que hoy se muestra fortalecido. 

Aunque su apoyo es bajo (25%), Guaidó sigue siendo el líder mejor valorado dentro de Venezuela. El cambio podría llegar desde afuera, sobre todo si la Unión Europea o la nueva administración demócrata en Estados Unidos buscan otros interlocutores. Un sector minoritario de la oposición, tildado como “colaboracionista” por los dirigentes tradicionales, ahora tendrá representación parlamentaria. Del otro lado, viejos conocidos como Leopoldo López, el padrino político de Guaidó, y el excandidato Henrique Capriles levantan la mano. 

En Nicaragua, la menguada oposición al Gobierno de Daniel Ortega también enfrentará un año desafiante. El Parlamento aprobó el mes pasado un proyecto rotulado como “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” que excluye de las elecciones de noviembre a quienes sean considerados “traidores de la patria”. Dado que serán las autoridades las que deciden a quienes les cabe esta inscripción, es posible que la mayoría de la oposición -a la que el presidente Daniel Ortega se suele referir con ese término- quede excluida de los comicios.

La oposición nicaragüense ya se encontraba dispersa y expuesta a un aumento de la represión estatal a cargo de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Ahora puede quedar fuera de las elecciones, una cita que se consideraba vital para encontrar una salida al conflicto político que se agudizó en 2018.

Bolsonaro, AMLO y el amor después de Trump

Con la salida de Donald Trump del poder en Estados Unidos y la llegada de Joe Biden, el presidente brasileño Jair Bolsonaro se enfrenta a un dilema: seguir con un discurso y política exterior alineada al trumpismo y quedar aislado en el escenario internacional o adaptarse a la nueva coyuntura global, mostrándose menos combativo con China y otros países de la región (entre ellos, Argentina). 

La política exterior de alineamiento total a los Estados Unidos de Trump fue la seña particular del gobierno de Bolsonaro desde su llegada al poder. El politólogo brasileño Oliver Stuenkel señala tres efectos negativos de la derrota de Trump para Bolsonaro. Primero, la pérdida de un activo importante para su base doméstica de apoyos y lealtades, frente a la que capitalizaba la cercanía que tenía con el líder republicano. En segundo lugar, los ataques de Bolsonaro al sistema multilateral, que con Trump al frente de Estados Unidos quedaban en un segundo plano y no implicaban muchos costos, ahora sí podrían tenerlos. Por último, la prioridad de Biden en la crisis climática, sumada a la voluntad de recomponer las alianzas con Europa, puede significar una mayor presión a la política medioambiental de Bolsonaro, obligándolo a revertir curso.

Otro potencial escenario de hostilidad con la entrante administración demócrata se ubica en México. Andrés Manuel López Obrador fue, junto con Bolsonaro, uno de los últimos líderes en reconocer la victoria de Biden y , como aquel, también supo cultivar una relación de cercanía con Trump, al que llamó un “amigo” en la visita que hizo a Washington -la única vez que salió del país como presidente- en octubre pasado. La relación entre ambos, sin embargo, sólo mejoró cuando AMLO aceptó un paquete de concesiones migratorias para limitar la entrada a Estados Unidos.

El presidente mexicano envió una carta fría a Biden para saludarlo como presidente e impulsó y aprobó una reforma a la ley de seguridad que limita la actividad de agencias extranjeras como la DEA, un movimiento que será una de los primeras cuestiones a desactivar para Biden en los primeros meses del vínculo con México. Para algunos analistas, la salida de Trump de la Casa Blanca puede significar un cambio en la percepción de AMLO hacia Estados Unidos; menos preocupado por controlar y saciar a un presidente que manifestaba una hostilidad abierta con México, López Obrador puede bocetar un perfil más nacionalista con Biden. Los cálculos electorales también juegan: México tendrá legislativas en junio y el presidente ha sido cuestionado por la gestión sanitaria y económica ante el coronavirus.

La prolongación del estallido social

Incluso antes de que el coronavirus contagiara a América Latina -México, Argentina, Colombia y Perú se encuentran entre los 10 países con más casos confirmados en todo el mundo-, el hartazgo y la movilización de las ciudadanías contra las élites políticas ya había despertado. Sin embargo, el descontento popular que estuvo en el centro de las protestas del 2019 en Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia ha rebrotado en los últimos meses y puede multiplicarse en 2021 si los estados no dan respuesta a las demandas ahora amplificadas de protección económica, educación, salud, seguridad, transparencia y justicia que recorrieron, en mayor o menor medida, la región en el último tiempo.

El golpe económico que sufrieron los estados latinoamericanos (según el último informe del Banco Mundial, la economía de la región cayó 6,9% en 2020, lo que la convierte en la más afectada en todo el mundo durante la pandemia) va a limitar sus capacidades para dar respuesta a la crisis sanitaria mientras los fantasmas de la segunda ola pueden complicar aún más la situación. Un eventual retraso en los planes de vacunación podría, también, profundizar el descontento. 

JE

Después de un año de negociaciones en secreto y contra todo tipo de barreras, al menos 230 trabajadores formaron un sindicato en Alphabet, la empresa madre de Google. Bajo el nombre de “Unión de Trabajadores de Alphabet”, el gremio representará a empleados formales, temporales y contratados que se desempeñan en Estados Unidos y Canadá. Se trata de un hito en el sector de las gigantes tecnológicas, que tiene una larga tradición de obstaculizar —mediante despidos, amenazas y vigilancia corporativa— los intentos de sindicalización de sus trabajadores. 

“Usaremos nuestro poder para controlar en qué trabajamos y cómo se usa. Aseguraremos que nuestras condiciones laborales sean inclusivas y justas. No hay lugar para el acoso, la intolerancia, la discriminación o las represalias. Priorizamos las necesidades y preocupaciones de los marginados y vulnerables. Los trabajadores son esenciales para el negocio. La diversidad de nuestras voces nos hace más fuertes”, se lee en la carta de principios que acompañó el anuncio. 

El nuevo sindicato fue anunciado públicamente el lunes, pero ya llevaba un año de construcción en secreto. Comenzó con 230 trabajadores y para la misma noche del anuncio ya contaba con 400, según dijeron voceros de la organización. El gremio representará a trabajadores de Google y otras empresas de Alphabet en Canadá y Estados Unidos, y estará integrado a los Trabajadores de Comunicaciones de EE.UU., el sindicato que representa a empleados del sector de telecomunicaciones y cuenta con más de 700.000 miembros. 

Como el sindicato no tiene —aunque tampoco busca— el reconocimiento formal de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la agencia federal que regula el vínculo entre empresas, sindicatos y trabajadores, y tampoco representa a la mayoría de los empleados de Alphabet, no tendrá capacidad de negociar contratos y condiciones laborales con la empresa. Buscará, en cambio, incidir en los reclamos por una mejora en el ambiente de trabajo, presionar para cumplir demandas de no discrimiminación racial y de género y velar por los principios éticos de la compañía. A corto plazo, el sindicato busca dotar con una estructura los intentos de organización y activismo que los trabajadores de la empresa vienen realizando desde hace varios años. 

“Nuestros empleados tienen derechos laborales protegidos que apoyamos. Pero, como siempre hemos hecho, continuaremos negociando directamente con todos nuestros empleados ”, dijo Kara Silverstein, directora de operaciones del personal en Google.

Alcance

Cualquier trabajador —de tiempo completo o temporal— o contratado de Alphabet en Estados Unidos y Canadá podrá afiliarse al gremio con una cuota correspondiente al 1% de sus ingresos. El fondo estará destinado a pagar los gastos del mantenimiento de infraestructura digital, los honorarios del equipo legal y otros miembros del staff que realicen tareas específicas, y a financiar una caja para eventuales huelgas.

Un sindicato de estas características en Alphabet, una de las cuatro plataformas tecnológicas más grandes del mundo junto a Apple, Amazon y Facebook, puede marcar un precedente en una industria que se ha opuesto fuertemente a los derechos laborales.

La asociación representará por el momento apenas a una fracción de los 280.000 trabajadores de Alphabet. Sin reconocimiento formal del Estado, su estatus será el de “sindicato minoritario”, es decir que la empresa, por el momento, no tendrá ninguna obligación de negociar contratos y condiciones laborales con el gremio. Pero gracias a una mejor y mayor organización, sumado a la disponibilidad de recursos, el sindicato podrá desplegar campañas públicas de presión y hacer lobby para intentar modificar las políticas laborales y sociales de la compañía. 

¿Por qué es importante?

Si bien ya existen organizaciones de trabajadores en empresas tecnológicas —mayormente en el área de delivery y transporte— un sindicato de estas características en Alphabet, una de las cuatro plataformas tecnológicas más grandes del mundo junto a Apple, Amazon y Facebook, puede marcar un precedente en una industria que se ha opuesto fuertemente al ejercicio de los derechos laborales.

“Simbólicamente es un paso importante, porque se trata de la empresa madre de Google y sucede en Estados Unidos. Cada vez hay más movimientos de trabajadores organizados en empresas tecnológicas. Durante la pandemia vimos paros regionales de trabajadores de apps de delivery y hasta globales en el caso de los conductores de Uber. El sindicato de Alphabet es un hito dentro de un movimiento más amplio y puede contribuir a darle fuerza”, dijo la socióloga Sofía Negri (UBA, LSE), que investiga sobre el trabajo en plataformas digitales y organización colectiva, en diálogo con elDiarioAR.

La flamante Unión de Trabajadores de Alphabet plantea dos aspectos novedosos en el vínculo entre empresas tecnológicas y sus trabajadores. El primero es la búsqueda por incidir en las prácticas éticas de la empresa, tanto dentro del espacio laboral como en el resto de la sociedad y el mercado. “El objetivo es que el sindicato pueda mejorar el ambiente de trabajo en términos de libertad de expresión, proteger a los trabajadores ante casos de acoso sexual o discrimnación. Pero también busca ponerle un límite a las prácticas que tiene la empresa en el mercado en el que opera, como las acciones monopólicas o la falta de transparencia de algoritmos, que muchas veces promueven la censura”, dijo Negri. 

Otra área de preocupación del sindicato son los fines de la tecnología y productos que desarrolla la empresa. En 2018, por ejemplo, la revelación de contratos entre Google y el Pentágono estadounidense para llevar a cabo programas de aplicación de inteligencia artificial en operaciones militares llevó a un repudio generalizado de los empleados de la compañía. “Creemos que Google no debería participar en el negocio de la guerra”, decía la carta abierta que firmaron más de 3000 empleados. 

Para Jimena Valdez, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Cornell que se especializa en plataformas tecnológicas, este primer aspecto ayuda a entender por qué muchos trabajadores formales de estas empresas, que cuentan con altos salarios y beneficios como vacaciones, comida gratis y comodidades en el espacio de trabajo, un pilar importante en el imaginario Silicon Valley, tienen incentivos para sindicalizarse. “Esos trabajadores no van a negociar mejores condiciones de trabajo porque ya las tienen. Pero sí quieren negociar las políticas internas y externas de la empresa”, explica a elDiarioAR.

El segundo aspecto novedoso es la inclusión en el sindicato de trabajadores temporales, contratados y proveedores que no tienen acceso a los mismos beneficios de los empleados formales y a tiempo completo pese a ocupar un rol relevante. La mitad de los trabajadores de Google, por caso, son temporales, contratados o proveedores —un grupo conocido como TVCs—, según documentos internos de la compañía que fueron filtrados en 2018. Esos registros revelaban también de qué manera las autoridades promovían la segregación entre los trabajadores de tiempo completo y el resto, por ejemplo con indicaciones de que los TVCs no debían recibir remeras con el logo de Google por no tratarse de empleados directos de la compañía. 

El sindicato se propone, además de incidir en las políticas internas y externas de la empresa, “acabar con las desigualdades injustas” entre estos dos grupos de trabajadores, según consignan en su página web.

Para Valdez, con la inclusión de estos dos aspectos —los reclamos por las políticas éticas de la empresa junto a la integración de trabajadores temporales y contratados— el sindicato recupera dos pilares de la organización histórica de trabajadores: el cogobierno, es decir, la pelea por la inclusión de trabajadores en la toma de decisiones en el rumbo de las empresa, un modelo que funciona en países como Alemania; y, por otro lado, la solidaridad entre distintos grupos de trabajadores. “Para los trabajadores precarizados de las tecnológicas es difícil organizarse si no hay otros trabajadores mejor posicionados –como un ingeniero o un diseñador– que los ayuden desde arriba”, dice. 

Contexto

La conformación del sindicato de Alphabet es un síntoma del creciente activismo que recorre el diverso mundo del trabajo de Silicon Valley y llega en un momento donde las grandes plataformas tecnológicas enfrentan una ofensiva del poder político —tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, principalmente— para una mayor regulación. Como contó elDiarioAR, Facebook fue demandado en diciembre por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos por prácticas monopólicas y abuso de poder. Una ofensiva similar había recibido Google apenas unos meses atrás.

“Durante mucho tiempo, a estas grandes empresas tecnológicas se le dieron beneficios y excepciones por considerarlas estratégicas. Hoy estamos viendo de manera más cruda las consecuencias de esa política y eso genera reacciones en todas las dimensiones donde se registran esos abusos, entre ellos los derechos de trabajadores. Todo es parte del mismo problema de raíz: sin ningún tipo de limitaciones, estas empresas pudieron hacer —y todavía siguen haciendo— lo que quieren”, sostuvo Negri. 

Como cuenta Nick Srnicek en “Capitalismo de Plataformas”, la desprotección de los trabajadores es más palpable en las llamadas “plataformas austeras”, como el caso de Uber, que intentan tener un mínimo de activos y reducir la mayor cantidad  de costos como sea posible. Sin embargo, aún reconociendo que las condiciones laborales no son las mismas en una empresa de delivery como Rappi que en el gigante Google, Srnicek advierte que en todas las plataformas imperan las tendencias de la deslocalización del trabajo, la subcontratación de empleados y la precarización, que ya estaban presentes antes del boom tecnológico pero que fueron profundizadas luego de su llegada. Apple, por ejemplo, “emplea de manera directa a menos del 10% de los trabajadores que contribuyen a la producción de sus productos”. 

Ventaja

El fenómeno de la deslocalización plantea importantes desafíos de cara a la sindicalización en empresas tecnológicas. En Amazon, por ejemplo, la realidad de los trabajadores en los depósitos, que han avanzado en estados como Alabama, es muy distinta a la de los empleados del área de software. El caso de Alphabet, donde trabajadores de distinto tipo conviven en el mismo espacio físico, implica una ventaja comparativa no menor. 

Por lo demás, los trabajadores de estas empresas deben enfrentar todo tipo de trabas, amenazas (Google ya había despedido a empleados que intentaron sindicalizarse) e intimidaciones, que incluyen el uso de la tecnología que estas mismas plataformas desarrollan para vigilar y desincentivar esfuerzos colectivos de organización. Facebook, por ejemplo, fue denunciado porque en Workplace, la versión profesional de la red, el contenido referido a sindicalización era deliberadamente borrado. Amazon, por otro lado, fue señalado por utilizar software para monitorizar comunicaciones internas de empleados.

“Estas empresas te dicen que son el futuro y resulta que las prácticas laborales tan malas como las que vemos hoy en el mundo del trabajo, o incluso peores”, apunta Valdez. Como se trata de las empresas que más están creciendo y que cada vez reciben más gente, la pregunta es si esta realidad va a ser aceptada o los trabajadores van a buscar transformarla. “Si estas empresas no van a crear empleo de calidad o adaptar las relaciones laborales al tiempo que vivimos, nuestro futuro va a ser gris”. 

JE

Ernesto Samper (Bogotá, 1950) asume la abnegada tarea de ser optimista después de la experiencia del 2020. Con un pie en Colombia, país del que fue presidente entre 1994 y 1998, y otro en la región, en la que cumplió un rol como secretario general de la Unasur entre el 2014 y 2017, Samper apuesta a que el fin del conflicto armado entre el Estado y las FARC sea un punto de inflexión para la centroizquierda colombiana, que comienza a desprenderse del histórico estigma de ser igualados a la guerrilla.

Advierte, sin embargo, que el conflicto armado no ha terminado y en algunas zonas aparece recrudecido, con la matanza de líderes sociales en masa, masacres y nuevos enfrentamientos. El expresidente coincide en que el uribismo, al que describe como un “subproducto del conflicto armado”, puede aprovechar el clima de violencia para redefinir su narrativa y seguir en el poder. Por eso, en su opinión, la centroizquierda debería desechar como candidato a Gustavo Petro, el líder de Colombia Humana que compitió en una segunda vuelta contra Duque en 2018, y apostar a otros perfiles “más convocantes”.

A la región se acerca con una fórmula similar. “Soplan vientos progresistas en América Latina”, dice Samper, que integra el colectivo de líderes progresistas Grupo de Puebla. Para él, los últimos sucesos en Argentina, Bolivia, Chile y Estados Unidos son garantía suficiente para mostrarse convencido, pero avisa que la llave para incidir en los sucesos futuros de la región es tomar decisiones audaces en el tránsito de la pandemia a la pospandemia.

El siguiente es parte del extenso diálogo que mantuvo el expresidente con elDiarioAR.

Hace poco se cumplieron cuatro años de la firma del acuerdo de paz con las FARC. ¿Qué balance hace del proceso y cuáles son los desafíos que enfrenta a corto plazo?

Lo más importante del acuerdo es que, después de 50 años de estar enfrentados en la lucha armada, tuvimos la capacidad de entendernos y sentarnos en una mesa para sacar adelante una agenda básica que no planteaba imposibles sino cosas muy concretas, que tenían que ver con la pacificación inmediata del país. Estos temas, en términos simples, eran la sustitución social de los cultivos ilícitos, la protección y reparación de las víctimas, el establecimiento de mecanismos para la desmovilización y de una justicia transicional que de alguna manera nos permitiera pasar del conflicto al posconflicto.

Los acuerdos tuvieron dos años de implementación densa, pero lamentablemente en los últimos dos, al asumir el presidente Duque, el proceso comenzó a mostrar filtraciones y demoras. Para sintetizar, haría un balance acerca de lo que creo que es lo bueno, lo malo y lo inaceptable. Lo bueno es que 13.000 personas combatientes dejaron las armas, se reintegraron a la vida civil, constituyeron un partido y hoy día están buscando en el Congreso lo que antes buscaban en la selva, a través del ejercicio de la violencia. También es bueno que se haya establecido un sistema de justicia transicional que le va a permitir a las personas que estuvieron involucradas en el conflicto, inclusive las propias Fuerzas Armadas, previa confesión de sus responsabilidades, obtener un trato más favorable en términos de justicia que les permitirá rehacer su vida. La parte mala es que hay unos temas que todavía están pendientes y demorados: la reparación de las víctimas y la sustitución social de los cultivos, especialmente. Y la parte inaceptable es que el conflicto se está reactivando en zonas específicas en las cuales están asesinando, en promedio, a un líder social por día.

El conflicto se está reactivando en zonas específicas en las cuales están asesinando, en promedio, a un líder social por día

¿De qué manera cambió el conflicto?

Los acuerdos de La Habana fijaron el mapa de lo que debía ser la salida al conflicto. Pero hay unos factores objetivos de mucho peso que en determinadas regiones siguen alimentando enfrentamientos. En primer lugar, la falta de presencia social del Estado. El Estado colombiano ha tenido presencia militar en estas zonas durante muchos años, pero no ha tenido una presencia social, que es la que en estos momentos hace falta. De la misma manera se podría hablar de la presencia del narcotráfico. El conflicto no acabó con el narcotráfico. El narcotráfico sigue siendo el gran financiador de distintas formas de violencia. Estos factores objetivos, en los que el gobierno ha fallado, sumado a dificultades de orden fiscal que ha llevado a recortar gastos fundamentales para la protección de las víctimas, la sustitución social de los cultivos y el reparto de tierras, son los que se ciernen como nubarrones en las posibilidades de que el país siga avanzando en la paz.

El Estado colombiano ha tenido presencia militar en estas zonas durante muchos años, pero no ha tenido una presencia social, que es la que en estos momentos hace falta

El uribismo volvió al poder con una campaña construida a partir del rechazo de los acuerdos de paz, pero también han aparecido protestas masivas el año pasado y en las elecciones tuvimos a un candidato de izquierda, Gustavo Petro, llegando al balotaje. ¿Qué momento político vive Colombia? ¿Nota algún cambio con las últimas décadas?

Hay un cambio fundamental. Durante 50 años hicimos política en medio de la lucha armada, lo cual hizo que los sectores de centro izquierda fueran estigmatizados por su relación con una izquierda radical que tenía un frente político que participaba en las elecciones y un frente militar que guerreaba en las zonas rurales. Esa confusión quedó despejada con los acuerdos de paz. De hecho, las últimas elecciones fueron el resultado de un enfrentamiento democrático entre una alternativa de izquierda que estaba defendiendo la continuación del proceso de paz y una alternativa de derecha que quería devolver la historia hacia la guerra. En ese sentido la política ha cambiado de manera fundamental. Lamentablemente, esa situación de confrontación permaneció después de las elecciones y se creó una polarización ideológica que dificulta el mismo ejercicio de la política. Nosotros esperamos que, con las próximas elecciones, en el 2022, se puedan hacer programas que incorporen distintas alternativas sin necesidad de este enfrentamiento tribal.

La política colombiana actual no se entiende sin reparar en el uribismo. ¿Cómo describiría al movimiento que tiene a Álvaro Uribe como líder?

El uribismo es un subproducto del conflicto armado. Uribe se abrió espacio en la política colombiana gracias a su actitud frente a la guerrilla, en momentos en que la guerrilla estaba cometiendo todo tipo de atentados que involucraban a la población civil inocente. En ese momento aparece Uribe como un redentor que viene a poner orden, que tiene una concepción de que no hay un conflicto armado sino una lucha terrorista y el país le da un voto de confianza. Y él de alguna manera en su primer gobierno contribuye al proceso de conciliación, porque le demuestra a la guerrilla que no hay espacio para la lucha armada y que hay que buscar una salida política. Lo que sucede es que él no la busca y se opone a la salida política que finalmente consiguió Santos.

¿Qué sucede hoy, cuando el conflicto, si bien se ha reactivado en algunas zonas, ha disminuido notablemente? ¿Por qué una parte de la sociedad colombiana sigue votando al uribismo e identificándose con Uribe?

Yo creo que este proceso ha permitido una transformación histórica en Colombia, donde antes se enfrentaban dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ese enfrentamiento se traducía en que llegaba uno o el otro al poder, pero generalmente lo compartía con el que se quedaba por fuera. Con la terminación de la lucha armada los posicionamientos en el espectro político tienen un claro sentido ideológico. La gente que está acompañando al uribismo en este momento son las élites del país, los poderes fácticos, los grandes grupos económicos, el empresariado, la parte más retardataria de la Iglesia católica, junto a las nuevas iglesias evangélicas que participan del rechazo a garantías civiles como pueden ser la igualdad de sexos o el aborto. En fin, creo que en estos últimos cuatro años ha habido un realineamiento de las fuerzas políticas y sociales que ha llevado a una polarización ideológica que es la que en este momento tiene comprometida a las alternativas en Colombia.

¿Por qué la izquierda colombiana no logra posicionarse como una alternativa popular?

Bueno, lo está haciendo. No hay que olvidar que Gustavo Petro sacó muy pocos votos menos que Duque. Aquí hay una izquierda tradicional que podríamos catalogar como radical, pero también se ha formado una centro-izquierda. Yo creo que esa centro-izquierda con algo de la centro derecha están identificados en el proyecto de paz y por eso lo que queremos es que en las próximas elecciones aparezca un centro mucho más fortalecido que impida que el uribismo continúe en el poder. Cuatro años más de la derecha en el poder tendría un efecto bastante negativo sobre las posibilidades de supervivencia y sostenibilidad del acuerdo de paz.

Cuatro años más de la derecha en el poder tendría un efecto bastante negativo sobre las posibilidades de supervivencia y sostenibilidad del acuerdo de paz

Esta prolongación de la violencia que vive Colombia, sumado al hecho de la reaparición de Uribe en el centro de la escena, con su encarcelamiento, posterior liberación y su discurso recargado contra la justicia, ¿no pueden darle más aire al uribismo? ¿No hay un riesgo latente allí?

Por supuesto que existe. Y el riesgo tiene también mucho que ver con la propia personalidad de Petro, que de alguna manera no convoca a las personas que también estamos con la paz y la justicia social tal como él, pero que pensamos que se necesita a un perfil distinto para abanderar ese proyecto político, un perfil más convocante, un perfil que de alguna manera absorba muchos sectores de la clase media que hoy día están con la paz, pero no tienen quien los represente.

¿Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, es uno de esos perfiles?

Sí, puede ser de ese perfil, aunque ella está ocupada con la alcaldía. Con la pandemia los alcaldes y gobernadores de América Latina se han empoderado bastante. Han aparecido unos liderazgos regionales que antes no existían. Podríamos mencionar el caso de Claudia López en Bogotá, pero también el de Daniel Quintero en Medellín, que ha abierto pasos significativos.

Para muchos colombianos, pero especialmente los jóvenes, que estuvieron en el centro de las protestas del 2019 y 2020, ni López ni Quintero son dirigentes de la centroizquierda. Ambos fueron cuestionados por su mano dura en las protestas.

Yo creo que para muchos jóvenes no solamente en Colombia sino en Latinoamérica, hoy les suena un poco hueco el debate ideológico o que traten de posicionarlos hacia la derecha o la izquierda. Acá la gente se está acostumbrando a que la izquierda pueda ser una opción. Antes, cuando un candidato de la izquierda brillaba, enseguida le sacaban el fantasma de la lucha armada y decían que era un vocero político de los sectores alzados en armas, que no era confiable. Hoy día yo creo que ese miedo se está superando. Creo que aquí hay una gran cantidad de gente, especialmente joven, que quisieron acompañar al proyecto de paz pero no les gusta que los matriculen en un lado o el otro.

Acá la gente se está acostumbrando a que la izquierda pueda ser una opción

Para algunos analistas, las victorias de Alberto Fernández en Argentina y Luis Arce en Bolivia son síntomas de una nueva ola progresista en la región. ¿Coincide o se muestra más cauto?

No, no, yo soy optimista. Creo que soplan vientos progresistas en América Latina. La elección de Alberto en Argentina, la de López Obrador en México, el regreso a la democracia a Bolivia, el voto aplastante para enterrar la Constitución de Pinochet en Chile y, yendo más lejos, el propio triunfo del presidente Biden en Estados Unidos de alguna manera también señala que hay otros vientos soplando en la región, independientemente de cuál sea la relación de Biden con América Latina. Creo que no puede ser en ningún caso peor de la que teníamos con Trump.

A los progresismos que han vuelto al poder en América Latina ahora les toca gobernar en un contexto económico más adverso que hace una década. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan ahora, en un periodo de vacas flacas?

 Diría que todos esos desafíos están marcados de una manera fundamental por este tránsito que vamos a tener que hacer en los próximos años de la pandemia a la pospandemia y por la respuesta a una pregunta fundamental, que es la de quién va a pagar los costos sociales de la pandemia. En las decisiones que se tomen en los próximos dos años en materia de refinanciación de la deuda externa, de una reforma tributaria que sea realmente progresiva y no regresiva, en materia de emisiones del Banco Central y de un nuevo modelo económico que tendría que ser un modelo solidario, de esas decisiones depende que el progresismo pueda tener un protagonismo positivo o simplemente un protagonismo neutro en las nuevas circunstancias de la región.

JE

Un ciclo de la política venezolana se encuentra en tiempo de descuento. El 5 de enero se renovará la Asamblea Nacional, que pasará a ser controlada por el oficialismo tras cinco años de dominio nominal opositor. Dos semanas más tarde, Joe Biden asumirá la presidencia de los Estados Unidos en reemplazo del agresivo Donald Trump. Como en 2019, cuando un joven llamado Juan Guaidó, poco conocido hasta entonces, interrumpió las vacaciones de corresponsales internacionales para anunciar su autoproclamación como “presidente interino”, enero será un mes relevante para Venezuela. En un país donde reina el desapego, al menos hay ciertas tradiciones que se respetan. 

Cómo contó elDiarioAR, la renovación de la Asamblea Nacional significa que Guaidó pierde la carta de legitimidad que sostiene su estrategia como líder opositor, dado que era la presidencia del cuerpo legislativo —que la oposición ganó en las elecciones del 2015— la que sostenía la autoproclamación como jefe de Estado interino, un paso que, en un principio, cobró fuerza, cuando los países centrales y el Grupo de Lima reconocieron esa aventura, pero luego se desvaneció.

La semana pasada, la oposición aprobó en una sesión virtual la extensión del funcionamiento de la actual Asamblea por un año, a través de la reforma del “Estatuto que rige la transición hacia la Democracia”. La movida contó con el consenso de todos los grupos parlamentarios opositores, a excepción de Acción Democrática, que si bien apoyó la medida, se opuso a que la Asamblea siga funcionando mediante una “Comisión Delegada”, integrada únicamente por los presidentes de las comisiones regulares y una junta directiva. 

La maniobra, previsible como las acciones opositoras del último tiempo, tiene limitaciones coyunturales. La credibilidad de Guaidó dentro del G4 –que nuclea a los cuatro partidos más significativos de la oposición tradicional– se encuentra erosionada. Hasta ahora, los cuestionamientos públicos han venido sobre todo desde el flanco de Henrique Capriles, que hace poco dijo en una entrevista con BBC que “la oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe”. Pero es posible que la jerarquía en el conglomerado antichavista se empiece a esclarecer después de los dos eventos de enero. Uno de los problemas con Guaidó es que representa una estrategia –empuñar la “presidencia interina” para conseguir apoyos internacionales que quiebren económica y políticamente al madurismo– que fracasó. Si bien la oposición que hasta enero conserva mandato parlamentario tiene incentivos lógicos para apoyar públicamente una extensión, ésta sigue siendo parte del mismo libreto, con la deslegitimación adicional de que su período legal estará vencido. Es decir, lo que ya es una posición de dudosa legitimidad, habida cuenta de que, guste o no, existe un jefe de Estado al que le responden los órganos centrales de la administración —Maduro—, la pretensión del jefe opositor de prolongar su interinato más allá de lo estipulado por el voto popular lo coloca en el terreno de facto. 

El problema para la oposición tradicional –que a partir de enero verá como otros sectores en teoría adversos al madurismo asumirán representación parlamentaria– es que puede haber consenso respecto a que Guaidó debe ser reemplazado, pero no en torno a qué nueva estrategia debe adoptarse. La apatía y desmovilización que se vislumbra en buena parte de la sociedad venezolana está afectando también a los jefes opositores. Si fuese sólo por lo que pasa dentro de Venezuela, lo cierto es que Guaidó podría mantenerse por falta de alternativas. Este clima, que a nivel nacional favorece al oficialismo, refuerza a los liderazgos establecidos también en el campo de la oposición. 

Según la última encuesta de Datanálisis, publicada en octubre, el rechazo a la gestión de la oposición es del 75%, apenas unos puntos mejor que la consideración al oficialismo, que tiene un rechazo del 80%. Más de la mitad de los venezolanos (60%) no se identifica como opositor ni como oficialista. Acá, entonces, el problema se vuelve estructural. Cuando se pregunta por dirigentes, Guaidó sigue siendo el mejor valorado. Su imagen positiva apenas supera el 25%, pero aún así es superior a la de María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles y Henri Falcón. 

Dice bastante, también, el hecho de que sea López —el padrino político de Guaidó que fue liberado de prisión en abril de 2019, pero recién en octubre pasado logró llegar a España— el dirigente que más atención acaparó en el último tiempo junto a Capriles, cuyas proclamas en del presidente “legítimo” se pagan solos. El juego de López, que recientemente fue recibido por el presidente colombiano, Iván Duque, y que tiene diálogo con el español Pedro Sánchez, debe ser seguido de cerca. El fundador de Voluntad Popular sigue respaldando tanto la autoridad de Guaidó como sus iniciativas, pero expresa algunos matices en su discurso, como su valoración sobre el rol de las sanciones económicas. Una sombra se proyecta tenuemente desde Madrid. La reincorporación de López al escenario político es una novedad con la que Guaidó no contaba al inicio de su campaña para derrocar a Maduro.

El cuadro de la impotencia opositora se refuerza con el hecho de que las fichas se mueven desde afuera. En primer lugar, el argumento legal para la extensión del mandato de la Asamblea Nacional difícilmente sea compartido por todos los países que reconocen a Guaidó como presidente. Hay gobiernos que pueden desconocer las elecciones legislativas del 6 de diciembre por falta de garantías, pero aún así negarse a reconocer la extensión del mandato constitucional de la actual Asamblea. Esa grieta puede empezar a minar los apoyos externos a la autoridad de Guaidó después del 5 de enero. 

El pulso comenzará a marcarse en Washington a partir del 20. La semana pasada, la agencia Bloomberg reveló que la administración entrante se está preparando para potenciales negociaciones con Maduro, lo que sería el golpe definitivo a la autoridad de Guaidó como “presidente interino”. Sin el apoyo de Estados Unidos, el principal garante externo, el bloque de apoyo al joven opositor se desinfla. Según el medio especializado en finanzas, Biden estaría dispuesto a revisar las sanciones económicas a cambio de la promesa de elecciones competitivas, en las que la “rendición” de Maduro no será una precondición. El medio reportó también que Guaidó intenta comunicarse desde noviembre con Biden, pero hasta ahora no tuvo éxito. 

Un cambio en la posición de Estados Unidos llevaría a Europa a acelerar el cambio de su estrategia hacia el conflicto, una posibilidad que se viene vislumbrando hace meses. De acuerdo al diario El País, la mayoría de los miembros de la Unión Europea se niegan a reconocer la extensión de facto del mandato de Guaidó, una decisión que podrían hacer pública el 6 de enero o esperar a la nueva administración demócrata. El bloque europeo, sin embargo, podría reconocer a Guaidó como “último líder electo democráticamente”, una decisión que le daría un rango mayor al del oficialismo y le permitiría, en teoría, seguir teniendo acceso a los fondos del Estado venezolano en el extranjero. El consenso entre los miembros de la UE, por ahora, no existe, y hay sobre la mesa otras opciones que incluyen buscar otros interlocutores en la oposición, inclusive entre los que se sienten a partir de enero en la nueva Asamblea. 

Los primeros movimientos del nuevo ciclo en Venezuela empezaran a verse apenas comience el 2021. Las novedades para Guaidó, una vez más, llegarán desde afuera.

JE

El agónico acuerdo que sellaron Reino Unido y la Unión Europea la semana pasada, que determina cómo va a ser la futura relación comercial entre el país y el bloque, incluyó un asterisco relevante para el gobierno argentino. El texto excluye de la relación comercial a los “territorios británicos de ultramar”, entre los que se encuentran las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. “Así lo pedimos en todos los foros y reuniones que mantuvimos en 2020 con ministros y ministras de Asuntos Exteriores europeos”, celebró en Twitter el canciller, Felipé Solá. Los intereses de las flotas pesqueras europeas que navegan la zona y reciben autorización del gobierno argentino también parecen haber jugado un factor en el desenlace del acuerdo. 

La exclusión del acuerdo comercial va a tener un impacto económico en las islas, que ahora deberán pagar aranceles (entre un 6 y 18% aproximadamente) para exportar al mercado europeo. Según un reclamo efectuado por el diputado laborista Derek Twigg, que manifestó su preocupación ante el Parlamento britanico por el acuerdo, las exportaciones de pesca de Malvinas hacia la Unión Europea representan el 40% del PBI de las islas ocupadas y un 60% de sus ingresos. “Ustedes no han sido olvidados ni dejados de lado”, fue el mensaje de Navidad que envió el primer ministro británico, Boris Johnson, a los isleños. El jefe de gobierno se defendió de la exclusión de las islas del acuerdo asegurando que Europa había sido “intransigente” en ese punto. 

En una entrevista con elDiarioAR, Daniel Filmus, Secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, un cargo con rango de embajador que depende de la Cancillería, niega que el debilitamiento de la economía isleña sea un escenario buscado por el gobierno argentino. “La contraparte es el Reino Unido”, aclaró. Filmus lee la exclusión como un movimiento más en la pérdida de apoyo de Bruselas a las disputas territoriales británicas. “La fuerza del acompañamiento de la Unión Europea a Reino Unido en situaciones coloniales es mucho más débil que antes”, dijo. El siguiente es el diálogo con Filmus mantenido con elDiarioAR.

¿Qué significa para el gobierno argentino y el reclamo por Malvinas que el acuerdo del Brexit haya dejado afuera a las Islas?

En primer lugar, este era un pedido que el canciller Felipe Solá realizó en todas las entrevistas que tuvo con las autoridades de la Unión Europea y los cancilleres europeos. Tiene que ver con la resolución 2065 de Naciones Unidas, que define claramente que es un territorio en el cual hay una disputa respecto del ejercicio de la soberanía y que no se lo puede considerar, por lo tanto, como parte de Reino Unido. Al mismo tiempo, hay otra resolución particular de Naciones Unidas –la 31\49–, que dice que ninguno de los dos países puede realizar acciones unilaterales en el territorio o en el diferendo sin contar con la autorización del otro, lo que coloca a la pesca y a la explotación de hidrocarburos en zona de ilegalidad. Esto es lo que dijo Argentina en todos los foros.

La contraparte argentina es el Reino Unido.

¿El gobierno entiende la exclusión de Malvinas como una respuesta al pedido de Cancillería?

Es difícil plantear exactamente cuánto hay allí del pedido de Argentina, cuánto hay de decisión de los países de la Unión Europea y cuánto hay de Reino Unido de no defender los intereses de quienes viven en las islas. No nos corresponde señalar más que la coincidencia entre lo que era el reclamo argentino y la resolución. La causalidad le corresponde a los analistas. Pero cuando fue el acuerdo de Lisboa, por ejemplo, ahí Malvinas fueron consideradas parte de la Unión. Está claro que hay un compromiso mucho menor de la Unión Europea en el respaldo a Reino Unido, y no sólo en este caso. Cuando en Naciones Unidas se votó sobre el Archipiélago de Chagos, para que Reino Unido se lo devolviera a la República de Mauricio, los británicos sacan sólo seis votos a favor, de los cuales uno sólo —Hungría– era europeo. Esto fue después del Brexit. La fuerza del acompañamiento de la Unión Europea a Reino Unido en situaciones coloniales es mucho más débil que antes.

¿Cómo puede aprovechar Argentina este escenario de post-Brexit?

Argentina tiene definido en su Constitución que el único camino que tiene para la recuperación de la soberanía es la negociación y la diplomacia. En ese sentido, el apoyo de todas las naciones del mundo para nosotros juega un rol fundamental. Hace unas semanas, el G77 más China, que son 134 países en vías de desarrollo, la gran mayoría de Naciones Unidas, sacó una declaración donde no sólo reconoce la disputa y apoya la resolución 2065, sino que dice textualmente que la riqueza natural que hay allí es de Argentina y que ésta tiene derecho a litigar por esas riquezas. Una similar sacó el Mercosur en la última reunión de presidentes, que era con el bloque ampliado, así que estaba toda América del Sur. Este es un un camino que Argentina va a seguir llevando adelante y esperamos ahora con mayor acompañamiento. Los países europeos acompañaron en su momento la resolución 2065 de Naciones Unidas. Reino Unido tiene que escuchar este clamor universal para terminar con el colonialismo e iniciar las negociaciones. Argentina va a seguir firme en el reclamo de la soberanía territorial y en la defensa de sus recursos naturales.

Pero además del apoyo de otros países e instituciones multilaterales, ¿no busca el gobierno respaldos puntuales en Europa?

Argentina tiene aliados históricos, como el caso de España, por ejemplo, que también tiene una situación de Gibraltar, y va a seguir trabajando en la diplomacia para que cada uno de los países europeos, muchos de los cuales se han manifestado en contra el colonialismo, incluyan esta causa como una de sus causas fundamentales. En el gobierno de Alberto Fernandez y de Felipé Solá, como canciller, no hay ningún diálogo con ningún país del mundo que no incluya como tema a Malvinas. Lo que hemos hecho con países africanos, asiáticos o de América Latina también lo haremos con Europa de manera bilateral y multilateral. 

Es difícil plantear exactamente cuánto hay del pedido de Argentina, cuánto hay de decisión de los países de la Unión Europea y cuánto hay de Reino Unido de no defender los intereses de quienes viven en las islas.

La exclusión del acuerdo comercial por el Brexit va a tener un impacto en la economía de las Islas. ¿Argentina apuesta a este debilitamiento?

No, de ninguna manera. Argentina apuesta a que las islas tengan una estrategia de desarrollo poderosa a través de la integración al continente,  y plantea que la traba económica para ese desarrollo es la condición de colonia británica. Lo que Argentina no va a permitir es que se lleven los recursos que son nuestros. Pero la negociación respecto a la economía de las islas es con el Reino Unido. Nosotros no reconocemos a una tercera parte y de hecho las propias islas en su constitución delegan al Reino Unido las relaciones internacionales y su defensa.

¿No sería favorable para el gobierno acercarse al pueblo de las Islas?

Las resoluciones de Naciones Unidas son muy claras. La contraparte argentina es el Reino Unido. Los isleños son británicos y son representados por el gobierno del Reino Unido, que es con quien nosotros dialogamos. Quien debió defenderlos ante la Unión Europea era el Reino Unido y no lo hizo. Ahora bien, para nosotros es importante –y lo dice la Constitución– que cualquier proceso de recuperación del ejercicio de la soberanía tiene que ser respetando el modo de vida de los isleños.

¿Cúal es la estrategia del gobierno en la causa Malvinas?

Alberto Fernández, en los discursos del 10 de diciembre y 1 de marzo, planteó tres aspectos que son centrales. Por un lado, la discusión en el ámbito multilateral para que se cumpla la resolución 2065 (n de r.: la resolución implica que Argentina y Reino Unido deben iniciar negociaciones por el “territorio en disputa”). En segundo lugar, crear una política de Estado, con tres leyes que se votaron por unanimidad y que establecen, entre otras cosas, la creación de un Consejo Nacional para generar la conciencia de una política de Estado. Es cierto que [el reclamo] está en la Constitución, pero también es verdad que cuando mirás desde el retorno de la democracia en adelante, cada gobierno tuvo una mirada distinta. Sin una mirada de mediano y largo plazo, tus aliados y también tu contraparte, el Reino Unido, esperan la política cambie según los gobiernos. Y el tercer punto es la defensa de los recursos naturales. Durante el gobierno anterior, la Argentina no planteaba como eje central en la causa la defensa de los recursos naturales. Para nosotros es fundamental, y hoy está incorporada en las nuevas declaraciones que hacen bloques como el Mercosur o el G77.

El contexto global se caracteriza, entre otras cosas, por un multilateralismo en crisis, a nivel de proyecto y de instituciones. Es en ese contexto también donde aparece el Brexit, que deja a Reino Unido más aislado y obligado a reconfigurar su política exterior. ¿Tiene el gobierno argentino una estrategia acorde a este escenario global?

Sí, por supuesto, la hay. Y es justamente recuperar la idea de un mundo multipolar. Argentina es un país que apuesta al multilateralismo como también a la construcción de un mundo más igualitario. Es uno de los países que hace tiempo viene planteando que no es posible que Reino Unido, como tiene capacidad de veto al estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pueda no cumplir con las resoluciones. Eso para nosotros es de una gravedad inusitada. Argentina va a seguir insistiendo para que este mundo no se defina por quienes tienen poder económico y poder militar sino a partir de objetivos comunes. 

¿No sería más conveniente tener una mirada más realista y aplicar una estrategia para el mundo que tenemos, en el que el poder económico y el militar están en pocas manos?

Justamente nuestra estrategia está pensada para ese mundo. Argentina es uno de los pocos países que sufre todavía una situación colonial. ¿Cómo se lucha contra el colonialismo? Bueno, de forma pacífica y diplomática, a partir de unir a todos los países que tienen intereses comunes. Y nosotros partimos, como lo hemos dicho fuertemente, desde la región hacia la global. De hecho, la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) se reunió este año, presidida por México, y la única declaración votada por unanimidad fue la de Malvinas. Argentina ha definido que su capacidad diplomática y de acercamiento a los países del mundo tiene que constituir un reclamo hacia el Reino Unido para que se cumpla lo que dice Naciones Unidas. Reino Unido defiende obstinadamente su interés colonial. ¿Por qué lo defiende? Porque tiene una base militar enorme, riquezas enormes, tiene la llave de entrada a la Antártida y el pasaje del Océano Pacífico y del Atlántico, el único pasaje natural. Argentina más realista no puede ser, porque lo realista es justamente es ser consciente de la diferencia de magnitudes de fuerza que tienen los distintos países del mundo y tratar de generar una conciencia global respecto a que el colonialismo no tiene ningún sentido y que este es un territorio usurpado.

¿A qué distancia se encuentra un escenario en el que Reino Unido se siente a negociar con Argentina sobre las Islas Malvinas?

Cada día que pasa estamos más cerca de que ocurra, porque tarde o temprano va a ocurrir. No hay situación colonial que sea eterna. Hace cien años, Reino Unido era dueño de casi la mitad del globo. El proceso de descolonización ha sido permanente y va a continuar. Nos corresponde a nosotros tener una política de Estado de todas las fuerzas políticas sociales de la Argentina para que sea lo antes posible.

¿Cuál es la importancia de acompañar el reclamo con políticas educativas?

Pocos países del mundo pueden levantar durante 188 años la bandera anticolonial por la usurpación de una parte de su territorio. Es muy difícil. Argentina lo hace fundamentalmente porque tiene educación. La Ley de Educación Nacional, que se hizo cuando yo era ministro, incorpora a Malvinas como uno de los temas obligatorios. Cada generación le deja un legado a la siguiente. Los que trabajamos en educación sabemos que el legado cultural tiene que ver con aquello que cada sociedad considera que es el ethos de su cultura. Y parte del núcleo central de la cultura argentina es la reivindicación de terminar con la situación colonial, porque cada vez que hay un 25 de mayo o 9 de julio, hay una parte de la Argentina donde no se puede izar nuestra bandera. En el tiempo que nos toque estar en el gobierno nosotros, seremos custodios de ese legado que nos dejaron las generaciones anteriores y que le transmitiremos a las nuevas.

JE

Wendifer dejó Venezuela en febrero de 2019. Apenas cruzó la frontera debió quedarse varios días en Cúcuta porque el pasaje a Bogotá le resultaba muy caro. En la Capital empezó a trabajar como vendedora ambulante de caramelos y consiguió cierta estabilidad hasta que se encontró con una novedad. “Las ventas disminuyeron por la xenofobia”, cuenta. Cuando llegaron a Bogotá su esposo y sus dos hijas de 9 y 11 años la plata dejó de alcanzar. “Surgió un nuevo problema: cuando ofreces la mercancía ahora te dicen que te vayas, o te sueltan porquerías. Eso no les pasa a los vendedores colombianos”.

La semana pasada el presidente Iván Duque anunció que los migrantes venezolanos no regularizados van a ser excluidos del plan de inmunización. Wendifer se preocupó. “Muchos colombianos se quejan sobre la cantidad de venezolanos que tienen acá”, dice. Cuando le preguntaron a Duque si los migrantes no regularizados iban a poder acceder a la vacuna contestó: “Por supuesto que no. Si no, imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen”. Y no es sólo el presidente. “La alcaldesa es la que más ha incitado a la xenofobia en los últimos tiempos”, señala Wendifer. Se refiere a Claudia López, una figura en ascenso en la política colombiana, que considera que los migrantes venezolanos promueven la inseguridad en la capital.

El aumento en las tasas de irregularidad de los migrantes venezolanos en el último tiempo sumado a los cuestionamientos xenófobos que sufren en toda la región puede ser una traba para acceder a los planes de vacunación. La escasa protección estatal que tuvieron durante la pandemia –que se manifestó con fuerza en Ecuador y Perú pero que encontró eco en el resto de América Latina– puede profundizarse, aunque no es seguro que otros líderes sigan las palabras de Duque.

Para Luicy Pedroza, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de de Berlín, el aumento de las voces xenófobas en la opinión pública en la región se va a traducir en un desafío sanitario. “En un contexto de escasez de vacunas, cada país deberá tener un debate respecto a qué grupos deben ser inmunizados primero. A los ojos de muchos ciudadanos, los migrantes deben ser excluidos o postergados en el acceso a la vacuna. Los estados tienen que tener muchísimo cuidado y remarcar por qué no sólo es importante incluirlos sino darles prioridad. Y esto es porque, en primer lugar, son seres humanos y posibles portadores del virus. Pero además, por su situación de vulnerabilidad, al estar en tránsito, muchas veces sin hogar, suponen un factor de riesgo mayor para la propia población nativa”, explicó a elDiarioAR.

La demarcación entre migrantes “regulares” e “irregulares” ha tomado fuerza en la región en un contexto donde las trabas burocráticas aumentan y, en consecuencia, el segundo grupo es cada vez más numeroso. En el caso de Colombia, si advertencia de Duque se hicieran realidad, más de 800.000 venezolanos se quedarían sin vacuna. De los 1,7 millones que residen en el país –según las últimas cifras oficiales–, al menos el 55% se encuentran de manera irregular.

Las tasas de “irregularidad” son aún mayores en Ecuador y se encuentran en aumento en Perú y Chile. Estos últimos tres países han endurecido los requisitos para obtener una visa durante el 2019 y en la gran mayoría de la región los procesos de regularización se detuvieron con la pandemia. Mientras que las fronteras se mantuvieron cerradas por la crisis sanitaria, los canales ilegales de paso siguieron activos.

Wladimir, un dirigente estudiantil de 27 años que abandonó Venezuela por temor a ser asesinado, describe el escenario peruano desde Lima. “Hay un vacío institucional entre Cancillería y Migraciones. Las solicitudes están tardando años y el Estado no da respuesta. Si estar legal ya es difícil, imagínate cuánto más es la vida como ilegal”, dice a elDiarioAR. A diferencia de muchos de sus amigos, que han sido golpeados por los efectos de la pandemia, él se considera un afortunado por seguir teniendo trabajo. Wladimir asiste a agencias migratorias locales. Por eso conoce también la situación en Ecuador, donde viaja bastante y está en contacto con otros migrantes. Allí observa los mismos problemas. “En Perú y en Ecuador el gobierno se comporta de una manera muy discriminante. El proceso de visas que ofreció Chile también fue un fiasco”, asegura.

El origen de la crisis

Desde el inicio de la crisis económica, humanitaria y política en Venezuela en 2015, más de cinco millones de personas abandonaron el país, según coinciden los registros de ACNUR y la OEA, lo que convierte al éxodo en el más numeroso en la historia reciente de la región. La violaciones a los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro -expuestas en un par de informes de Naciones Unidas- son uno de los factores de la diáspora. El punto de quiebre fue en 2018, cuando la crisis se agudizó y el flujo aumentó con fuerza. Hoy, más del 80% de los migrantes venezolanos viven en países de América Latina. Colombia es el destino principal, seguido por Perú (830.000), Chile (455.000) y Ecuador (362.000).

Wendifer no es técnicamente una migrante “irregular” sino que tiene una visa de salvoconducto. “Pero la regularidad que tengo no me sirve. No tengo servicios de salud ni permiso de trabajo. El papel lo único que hace es que no me deporten. Cuando vinimos, en febrero de 2019, la frontera estaba cerrada y no sellamos el pasaporte. La gran mayoría de los venezolanos que salen lo hacen sin pasaporte. Sin eso, no accedes a nada”, cuenta a elDiarioAR.

La pandemia agudizó la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos. Para los que trabajaban en la calle y vivían al día, la llegada del virus implicó perder el total de los ingresos. Según datos recopilados por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, en Colombia, antes del confinamiento, el trabajo pago era la fuente principal de ingresos para el 91% de las familias migrantes venezolanas. Para el mes de mayo, ese porcentaje se redujo al 21% y la mitad de los hogares declaró no tener ninguna fuente de ingresos. 

Para muchos migrantes, la amenaza de no tener acceso a la vacuna significa profundizar una tendencia de desprotección estatal que se manifiesta desde el inicio de la pandemia. Según el informe “Migrantes venezolanos bajo el Covid-19: manejo de la pandemia de América del Sur en medio de una crisis migratoria”, desarrollado por el Wilson Center, Brasil fue el único país latinoamericano que incluyó a la totalidad de los migrantes en los programas de transferencia económica. Colombia, Chile y Argentina lo hicieron con criterios determinados de elegibilidad que dejaron fuera a una gran parte de los migrantes no regularizados. Ecuador y Perú no incluyeron directamente a la población migrante en sus programas de ayuda económica.

El acceso a los servicios de salud que no son de emergencia, por otro lado, también fue deficiente y en algunos casos –como Ecuador, Chile y Perú– condicionada por el estatus migratorio. Con respecto a la vivienda, muchos migrantes quedaron fuera de los decretos que prohíben los desalojos porque no tienen ningún tipo de contrato legal y fueron removidos a la fuerza. Según la última encuesta de perfiles migrantes elaborada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el grado de vulnerabilidad para los venezolanos que se encuentran en países cercanos como Colombia, Brasil, Perú y Ecuador es mayor al del resto de los destinos, dado que los migrantes suelen ser más jóvenes, tienen menos capital económico y educativo y son más propensos a vivir en condiciones de informalidad.

La familia de Wendifer pudo sobrevivir gracias al apoyo de vecinos y organizaciones que les dieron comida y asistencia, especialmente para sus dos hijas. Cuando el confinamiento aflojó, su esposo consiguió trabajo como vendedor ambulante. Pero tuvieron que recurrir a los “gota a gota”, también conocidos como “prestamistas express”, quienes prestan dinero a devolver en muchas cuotas y con intereses altos. Hubo, sin embargo, un grupo de venezolanos en diferentes destinos (entre 60.000 y 100.000 según distintas estimaciones) que a causa de la desprotección decidieron volver caminando a su país de origen.

La situación en Venezuela ya es de por sí crítica: escasea el acceso al agua y millones de ciudadanos necesitan atención médica, según detalla el último informe de Naciones Unidas publicado en julio. El gobierno ha registrado oficialmente poco más de 1.000 muertes por el Covid-19. Es un número bajo comparado con el resto de la región y fue cuestionado por presunto ocultamiento de casos y muertes. Los migrantes que regresaron se tuvieron que enfrentar, además, con las acusaciones del gobierno y las Fuerzas Armadas que los rotularon como “bioterroristas” por supuestamente volver al país con virus. Otros funcionarios los llamaron “armas biológicas”. El porcentaje de los que volvieron es sólo el 1% de la diáspora.

Esa vulnerabilidad los vuelve más propensos a contagiar y extender el virus. Wendifer dice que tuvo suerte porque la dueña del departamento no echó a los 9 inquilinos pese a que dejaron de pagar el alquiler. Le tiene miedo al virus porque trabaja en un semáforo. “Todos los días tenemos contacto con personas que no sabemos de dónde vienen”, dice. 

Para la socióloga Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, las declaraciones de Duque van en contra de los estándares de Naciones Unidas –como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes– y también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero además no tienen sentido desde un punto de vista de salud pública. “Estás excluyendo una población que puede ser un foco de contagio si no es tratada adecuadamente. El riesgo es enorme. El gobierno se mete en una trampa”, dijo en diálogo con elDiarioAR. 

Bolívar recuerda que el gobierno colombiano ha tomado muchas medidas favorables a los migrantes venezolanos desde el inicio del éxodo. Una de esas medidas, por ejemplo, fue instalar puestos de vacunación en la frontera cuando comenzó el flujo. “Ya hubo vacunación masiva de venezolanos en Colombia. Fue una medida sanitaria y de prevención. El gobierno puede adecuarse a la excepcionalidad que implica la pandemia y no pedir todos los requisitos que impone el sistema de salud. Ya lo hizo en el pasado y puede hacerlo ahora. Y si no tiene los recursos puede seguir obteniéndolos mediante ayuda internacional”, señaló. 

El compromiso del gobierno colombiano con organizaciones migratorias y otras agencias internacionales que envían a Bogotá una importante cantidad de fondos para lidiar con la crisis migratoria venezolana puede exponerlo a presión para que dé marcha atrás con las intenciones de excluir a migrantes no regularizados. “Dudo mucho que llegue a suceder eso. Esta declaración pone en riesgo el trabajo que hacen muchas organizaciones en Colombia. Creo que tiene más que ver con una retórica que con una decisión de política pública real”, dijo a este diario una fuente de la OIM que pidió no ser nombrada.

Duque es el único mandatario latinoamericano en expresar intenciones de excluir a una parte de la población migrante del plan nacional de vacunación. Pero el lugar que van a tener los migrantes en general y venezolanos en particular no ha sido abordado en el debate sobre vacunación en la región. Y aunque el acceso a la vacuna esté garantizado para migrantes sin importar su estatus, resta saber si van a ser tratados como población de riesgo o no, y si van a ser postergados para darle prioridad a ciudadanos nacionales. 

Otro desafío es cómo van a ser alcanzadas las personas migrantes que no estén regularizadas. Para Pedroza, se trata de un reto logístico. “Es una población que se mueve mucho en el caso de los países andinos. No se puede llegar a ellos por papeles o lugares de trabajo porque carecen de ellos. Además, muchos albergues de migrantes han cerrado con la pandemia o expulsado a gente para asegurar condiciones de distancia”, dijo. Las campañas de comunicación para atraer migrantes a los centros de vacunación serán clave. 

La pandemia amplificó la crisis migratoria venezolana y visibilizó la desprotección estatal en muchos países. Hoy, ante la llegada del debate sobre quién y cuándo accede a la vacuna, los gobiernos pueden fijar los términos de la discusión con criterios de salud pública o dejarse llevar por pulsiones xenófobas.

JE

Benjamin Netanyahu recibe el 2021 con una certeza: no importa lo que pase en el mundo, él quiere seguir al frente de Israel. Con la coalición de gobierno rota y el anuncio de unas nuevas elecciones –las cuartas en apenas dos años–, el primer ministro israelí se juega una vez más su futuro político y judicial, con promesas de (otro) giro a la derecha y vacunas para todos. 

Las elecciones

El lunes, el Parlamento (Knéset) se disolvió tras la falta de acuerdo para el presupuesto de 2021. Así se activó formalmente la convocatoria a unos nuevos comicios, posiblemente a mediados de marzo. El episodio marcó el quiebre de la coalición de gobierno entre Likud, el partido de Netanyahu, y la fuerza Azul y Blanco, liderada por Benny Gantz. 

La ruptura entre Netanyahu y el centrista Gantz estaba anunciada desde hace varias semanas. Gantz, que había prometido durante las tres campañas electorales que no iba a formar gobierno con Netanhayu, terminó cediendo bajo un acuerdo que aseguraba que a los 18 meses iba a ser él quien asuma el cargo de Primer Ministro. “Gantz fue muy iluso. Subestimó a Netanyahu o realmente pensó que podía llegar a compartir el poder con él. Pero un animal político no comparte el poder. Lo que hizo Netanyahu con Gantz lo viene haciendo desde que llegó al cargo. Arma coaliciones cuando las necesita y las desarma cuando ya no. A la larga, siempre se termina tragando a sus socios de coalición”, cuenta Ezequiel Kopel, autor del libro “Medio Oriente, lugar común” (Capital Intelectual, 2020). 

Netanyahu se negaba a aprobar los presupuestos. El acuerdo de coalición estipulaba que si el gobierno colapsa con un presupuesto ya aprobado, le correspondía a Gantz asumir como Primer Ministro interino. Bibi prefirió no tomar riesgos. También estaba frustrado por la negativa de su socio de coalición para introducir reformas judiciales que le permitan aplazar los juicios que enfrenta por corrupción, en los que se lo acusa, entre otras cosas, de sobornar a una empresa de medios para obtener cobertura favorable y de aceptar regalos de empresarios millonarios a cambio de favores políticos.

El juicio comenzó en mayo de este año pero es en febrero próximo donde Netanyahu deberá presentarse en persona por primera vez, una imagen que cotizará en la campaña electoral. Si no reelige como Primer Ministro, puede terminar preso debido a la pruebas en su contra.

La salida es por derecha

Gantz está seriamente cuestionado en Azul y Blanco, una plataforma que se dividió con el acuerdo de coalición. Según las encuestas, podría quedarse fuera del Parlamento. Con Gantz y el bloque del centro erosionado, Netanyahu mira hacia su derecha. 

“La amenaza ya no viene del centro. El bloque del centro está fracturado y los votantes ya no confían en Gantz. Lo más probable es que el nuevo gobierno sea formado por partidos de derecha y extrema derecha. La gran pregunta es quién va a encabezar ese bloque. Si va a ser Netanyahu o habrá movimientos”, explicó Kopel. 

El último movimiento dentro de la derecha israelí fue la salida de Likud de Gideon Saar, exministro de Interior y Educación, quien anunció la creación de una nueva fuerza. “El partido se convirtió en un culto unipersonal. Netanyahu ya no puede darle a Israel la unidad y estabilidad que necesita. Lo más importante en este momento es reemplazar a Netanyahu”, dijo Saar. Con una intención de voto del 10% y en ascenso, es la nueva estrella de la derecha israelí no religiosa. Para Kopel, salvo que el bloque de derecha secular supere las expectativas electorales, va a ser difícil que pueda formar gobierno sin el apoyo de partidos religiosos. Una de las claves del éxito de Netanyahu en los últimos años fue posicionarse como un gran armonizador del bloque de derecha, apoyando el surgimiento de fuerzas extremistas para luego integrarlas en su coalición.

Netanyahu tiene dos activos principales de cara a la campaña. El primero es el plan de vacunación: Israel comenzó a aplicar las dosis la semana pasada y el objetivo, uno de los más ambiciosos del mundo, es inmunizar a la mitad de la población adulta para abril. El plan busca contrarrestar la percepción negativa que tuvo el manejo de la pandemia por parte del gobierno que este jueves anunció un tercer confinamiento general. La gestión de la pandemia junto a las acusaciones judiciales son los puntos más débiles que tiene Netanyahu en su lucha para mantenerse en el poder. 

El segundo activo se ubica en la política internacional. Israel consiguió en unos pocos meses el reconocimiento de cuatro países del mundo árabe: Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. La clave del triunfo, para Netanyahu, es que no tuvo que ceder –ni prometer– un ápice de tierra para Palestina, lo que antes había sido una línea roja para los países árabes (“no hay reconocimiento sin dos estados”). Hace poco el gobierno se encargó de filtrar a la prensa un viaje secreto de Netanyahu a Arabia Saudita para encontrarse con el príncipe heredero Mohamed Bin Salman. Su padre, el rey Salmán, es uno de los últimos creyentes en la causa palestina y por esa razón no se ha plegado al desfile del reconocimiento. 

La campaña electoral incidirá en las relaciones entre el presidente electo Joe Biden y su par israelí. Trump había establecido una relación única con Netanyahu. “Es el mejor amigo que Israel nunca ha tenido en la Casa Blanca”, dijo Bibi sobre Trump hace unos meses. Y no exageraba: en apenas cuatro años Estados Unidos presentó un “plan de paz” para el conflicto palestino-israelí que reconocía la soberanía de Israel en los asentamientos colonos en Cisjordania y en el Valle de Jordán, lo que equivale al 40% del territorio palestino. También reconoció a Jerusalén como la capital del Estado hebreo, apoyó la anexión de los Altos del Golán y, quizás más importante, se retiró del acuerdo nuclear con Irán y aplicó una batería de sanciones que la quebraron económicamente.

Bibi empieza a mostrar señales de nostalgia afectiva en el lugar más indicado para hacerlo: las redes sociales. Esta semana cambió la foto de portada de su cuenta de Twitter para aparecer de vuelta con Trump, al que había desechado cuando se confirmó la victoria de Biden. La principal preocupación de Netanyahu es que la nueva administración demócrata vuelva a involucrarse en el acuerdo nuclear con Irán, algo que no sólo ya anunció sino que fue recibido de manera positiva por Teherán y el resto de los firmantes europeos. Esa preocupación, suponen analistas israelíes y estadounidenses, puede traducirse en una performance de campaña, en la que Netanyahu se venda como el único que puede ponerle un freno a los planes del nuevo gobierno estadounidense, que serían, según su narrativa, una amenaza a la seguridad de Israel. 

Al menos que surja una alternativa con fuerza en la derecha israelí, Bibí confirmará su título de mago. Siempre tiene un último truco. 

Cinco días después de las elecciones de Estados Unidos, Pfizer anunció que su vacuna tenía una efectividad del 90%, convirtiéndose en el primer laboratorio en inaugurar la serie de buenas noticias. Furioso, Donald Trump sugirió que la compañía había demorado a propósito los resultados para no beneficiar sus chances de reelección. “Como he dicho durante mucho tiempo, Pfizer y los demás sólo anunciarían una vacuna después de las elecciones, porque no tuvieron el valor de hacerlo antes”, tuiteó. 

El episodio es apenas una ilustración de la capacidad que tienen las empresas multinacionales de marcar la agenda en la discusión y gestión de la vacuna. No se trata solamente de las pruebas y los resultados. Toda la cadena que va desde el desarrollo científico hasta la distribución de las dosis revela que los estados no están solos, y que muchas veces entran en tensión con compañías que son capaces de imponer sus condiciones. Si en mayo el semanario británico The Economist decretaba en su tapa el fin de la globalización, unos meses después esta ha demostrado su vigencia. Pero las tensiones entre Oriente y Occidente y la preocupación sobre el origen de las dosis también desnudan de qué manera ésta ha mutado. 

¿El fin de la globalización?

Es curioso que los decretos de defunción de la globalización hayan aparecido con una pandemia que es, precisamente, hija de ésta. La propagación del virus es el reflejo de un mundo hiperconectado, donde el aleteo de un murciélago en Wuhan provoca el cierre de todas las fronteras y el confinamiento de millones de personas en apenas unas pocas semanas. El argumento, en verdad, hacía alusión a lo que vino después: las fronteras se cerraron de manera repentina y muchas veces sin aviso a países vecinos, las instituciones como la Unión Europea y otras de corte multilateral quedaron impotentes, la cooperación global brilló por su ausencia y las poblaciones se replegaron en sus estados. A los pronósticos de menor flujo de comercio, capital y personas se sumó la agudización de tensiones geopolíticas, anteriores a la pandemia. Eso hizo que la narrativa acerca del fin de la globalización ganara fuerza entre algunos analistas, periodistas y académicos. 

El episodio vacunas no fue el que desmontó la narrativa: a los meses quedó claro que había sido exagerada. Las escenas que vemos hoy, cuando el foco se ha trasladado desde el desarrollo hacia el acceso, la producción y la distribución son un recordatorio del poder que tienen las empresas y de qué manera se vinculan con los estados. 

“Los fundamentos de la dinámica globalizante siguen estando. Lo que la pandemia acelera son las dificultades en la gobernanza multilateral. Esta falta de respuesta de las instituciones multilaterales junto a la reacción inicial de los estados, que fue fuerte, contribuyó a la narrativa del fin de la globalización”, explicó a elDiarioAR Julieta Zelicovich, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Pero los niveles de interdependencia económica siguen estando y las compañías transnacionales también han ganado poder. Esto, que es claro en los casos de las tecnológicas Amazon o Zoom, también se observa con los laboratorios. “La investigación, producción y distribución de vacunas hoy está en manos de empresas multinacionales que son ganadoras de la globalización”, dijo. 

La cooperación científica entre laboratorios, universidades e instituciones del Estado en diferentes partes del mundo fue clave para obtener una vacuna en sólo diez meses. Ambos actores –Estado y empresas– fueron cruciales, pero el proceso de investigación y desarrollo de la vacuna no se puede desprender de las dinámicas globalizantes. La discusión que predomina hoy, cuando el foco se ha alejado del desarrollo hacia  desafíos de logística, demuestra el poder que todavía conservan los actores privados, que son capaces de imponer condiciones a los estados.

La tensión que puede existir entre laboratorios como Pfizer y el gobierno de Estados Unidos, ya sea por los anuncios en el escenario electoral o demoras en la oferta de vacunas, no se puede comparar de todos modos con las lógicas que predominan en países como Rusia y China, donde el sector privado suele responder a los intereses y lineamientos del Estado, que es quien lidera el proceso de desarrollo y distribución de la vacuna en ambos casos. 

Para Bernabé Malacalza, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Quilmes, la discusión y gestión por las vacunas refleja las tensiones entre la geopolítica de los estados y la globalización de las empresas. Antes de la pandemia, el primer caso estaba marcado por la competencia entre Estados Unidos y China, mientras el segundo por la relocalización de cadenas globales de valor. “En la discusión por las vacunas se observa cómo la variable geopolítica incidió en la narrativa de quién llegaba primero a descubrir y patentar la vacuna, mientras que en el segundo caso notamos cómo las empresas son capaces de resistir a las tendencias geopolíticas. Hablábamos del fin de la globalización y hoy hablamos de las cadenas globales de valor refrigeradas, para distribuir la vacuna”, dijo en diálogo con elDiarioAR.

La discusión sobre los problemas y los límites de la globalización son previos a la llegada de la pandemia. A medida que la crisis del orden liberal y las instituciones multilaterales se hizo más evidente, sumado a la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, una potencia ascendente que no viene de Occidente, las preguntas sobre el futuro de la globalización escalaron. El episodio vacunas también demuestra de qué manera el proceso cambió con el nuevo escenario global. 

En cierto modo, el rango de acción de los laboratorios como Pfizer o Moderna y la vocación de países occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá de priorizar esos desarrollos antes que otros no occidentales son un reflejo de cómo las empresas operan en un marco de mayor competencia geopolítica, donde la narrativa de la seguridad internacional entra en la ecuación. 

Para Zelicovich, “uno de los rasgos de este nuevo paradigma es que si antes la eficiencia económica era el principal factor a tener en cuenta, ahora la securitización de la agenda, la geopolítica, también juega un rol importante. En el caso de la vacuna, la disputa entre estados cumple una función en la fabricación y aprovisionamiento de las dosis, como también en los tiempos y dinámicas de autorizaciones”, dijo a elDiarioAR.

Si antes las empresas se guiaban únicamente por la eficiencia en pos de mejorar la rentabilidad, hoy los cálculos deben incorporar las variables geopolíticas, que en el mundo corporativo se traduce como riesgo. “Las decisiones hoy pasan más por la aversión al riesgo que por la eficiencia. Las empresas buscan certezas en la incertidumbre”, explicó Malacalza. 

Una de las tendencias que se observan en este nuevo paradigma es cómo las empresas pueden tener roces con los estados donde fueron creadas y de donde proviene la mayoría de su capital pero a la larga alinearse en materia geopolítica. O cómo muchas empresas, especialmente las tecnológicas, tienen una determinada esfera de acción que está limitada por su origen. Así, China puede prohibir Facebook en su territorio y Estados Unidos obligar a TikTok a venderse a capitales nacionales para operar en el país. 

En la discusión por el acceso a la vacuna es posible advertir de qué manera se dividen las opciones occidentales y no occidentales. Uno de esos efectos colaterales son las sospechas en países occidentales acerca de la validez de vacunas no occidentales, también conocidas como “la vacuna china” y “la vacuna rusa”. Esta tendencia también puede rastrearse en la discusión sobre 5G, donde se sospecha –sin evidencia– la tecnología que proviene de China. Acá hay otro elemento en común: son pocos estados los que pueden elegir. Para los países de bajos ingresos, la prioridad son las opciones de menor costo. En la discusión sobre vacunas se agrega la cuestión de la oferta limitada, que genera movimientos como los que vimos esta semana en Brasil, donde Bolsonaro, que inicialmente se había negado a incluir “la vacuna china” en el plan de vacunación, tuvo que hacerlo ante la falta de otras alternativas. 

La discusión por la vacuna demuestra de qué manera las empresas han tenido un rol más importante de lo que se les auguraba al comienzo de la pandemia, donde se decretaba el fin de la globalización y la victoria definitiva del Estado nación. Pero la coyuntura también desnudó de qué manera han operado las tensiones geopolíticas, donde los discursos acerca de la seguridad y el origen de los capitales cumplen un rol importante. 

JE

Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México dos años atrás, el problema inmediato era lidiar con el hombre de al lado. Un paquete de concesiones migratorias rubricado con adulación lo consiguió: AMLO logró sobrevivir a Trump y hoy lo despide con una cercanía que era impensada al comienzo del vínculo. Quizás porque ya no se siente amenazado, ahora recibe a Joe Biden con displicencia. La demora en las felicitaciones, que llegaron con una carta en un tono frío, sumado a una reforma en la Ley de Seguridad que limita el rango de acción de agencias como la DEA, son un síntoma del rumbo que pueden tener la relación entre Estados Unidos y México en los próximos meses. 

López Obrador fue, junto a Bolsonaro y Putin, uno de los últimos líderes en reconocer la victoria de Biden en las elecciones. La postura oficial señala que la demora se justificaba por el “principio de no intervención”, rectora de la política exterior mexicana: bajo esta interpretación, el gobierno no debía pronunciarse sobre las elecciones hasta que la justicia desestime las demandas presentadas por la campaña de Trump. Pocos se lo creyeron. La demora, en cambio, fue vista como una señal, pero no está del todo claro si esta fue para Trump, al que todavía le quedan un par de meses en el poder y no manifiesta intención en comportarse como un presidente en retirada, hacia Biden, que asume con otras prioridades, o ambos. 

En la carta, difundida por la Cancillería mexicana, López Obrador dice que confía en que Biden respete el principio de no intervención y autodeterminación, y le reconoce su postura a favor de los migrantes, “lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica”. También sugiere la posibilidad de un encuentro “para hablar de éste (migración) y otros asuntos”. La carta tiene menos de dos páginas. La primera que le envió a Trump cuando llegó a la presidencia de México tenía ocho. 

El presidente mexicano ya había sido criticado por diplomáticos por la visita que le hizo a Trump en octubre, la única en sus dos años en el cargo, en la que se negó a visitar a Biden, pese a que este lideraba las encuestas. “En vez de agravios hemos recibido de usted comprensión y respeto”, le dijo AMLO a Trump en ese encuentro, una declaración que contrasta con todo el discurso anti-migratorio, dirigido especialmente contra México, que el estadounidense manifiesta desde que lanzó su campaña en 2015. “Somos amigos y seguiremos siendo amigos”, dijo. 

La “amistad” entre AMLO y Trump fue desbalanceada. En mayo de 2019 el presidente estadounidense amenazó con imponer una tasa del 5% a las importaciones desde México si este no tomaba medidas para frenar la migración, tanto del vecino como del resto de países centroamericanos. López Obrador respondió con un paquete de medidas para detener el paso de migrantes, aceptó que estos se queden en el país hasta esperar la confirmación legal y militarizó la frontera con Guatemala. También desplazó a quien era el responsable de las políticas migratorias del gobierno. Fue sólo a partir de ahí cuando la relación entre ambos tomó otro curso. 

En este contexto de despedida a Trump y bienvenida a Biden el Congreso mexicano acaba de aprobar una reforma de la Ley de Seguridad que limita la actividad de agentes extranjeros en el país. Si bien el proyecto, que ya había sido aprobado en la cámara alta, no menciona a ninguna organización en particular, la aplicación va a impactar sobre todo en el trabajo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que tiene una fuerte presencia en México, el epicentro de la llamada “Guerra contra las drogas”. El trabajo del FBI y la CIA también pueden verse afectado por una ley que retira la inmunidad diplomática a agentes extranjeros y los obliga a compartir información de investigaciones con el gobierno mexicano.

El proyecto puede ser leído como una represalia del gobierno mexicano al arresto del general Salvador Cienfuegos, exministro de Defensa, detenido en noviembre por la DEA, cuando aterrizó en Los Ángeles, por presuntos vínculos con el narcotráfico. El militar finalmente fue liberado y enviado de regreso a México, en una movida inesperada. El episodio desnudó la presión que ejercieron los altos mandos militares para que López Obrador se abocara de lleno a la liberación y sugiere su influencia en la reforma de la ley de seguridad, de tono nacionalista. Los militares son unos de los grandes ganadores de estos dos años de gobierno de AMLO, que incluyeron la creación de una Guardia Nacional, la cesión de funciones de seguridad pública y la inclusión de la institución en programas de infraestructura, educación y asistencia social, entre otros movimientos que ensancharon su posición. Este es otro de los lentes para mirar la futura relación con Estados Unidos. 

El gobierno de Biden deberá lidiar con los efectos de la ley que afecta, precisamente, al área de seguridad y narcotráfico, uno de los dos temas más prioritarios para Estados Unidos en la relación bilateral junto a migración. 

Biden pondrá el énfasis en conseguir una buena relación, tanto por el volumen de comercio como por la cercanía geográfica. Las posturas migratorias de Biden, sumado al hecho de que nominó por primera vez a un latino, Alejandro Mayorkas, al frente del Departamento encargado de esa política, pueden sugerir a priori que AMLO tiene más para ganar con él que con Trump. Pero Biden fue durante ocho años el número dos de un presidente al que apodaban “the deporter in chief” (el deportador en jefe). Obama deportó más migrantes que Trump y Bush. Además del espejo con la anterior administración demócrata, Biden también puede ejercer una mayor presión en el cumplimiento de los estándares medioambientales y laborales del T-MEC, el acuerdo comercial que reemplaza al NAFTA y que comparten Estados Unidos, México y Canadá. Es en ese triángulo comercial donde AMLO deposita –sin sorpresa alguna– las esperanzas para una reconstrucción económica, luego de un año donde su PBI cayó casi nueve puntos.

Las asimetrías entre ambos países siempre han sido una garantía para Estados Unidos de que, no importa quien se siente en el gobierno mexicano, este siempre iba a buscar tener una buena relación con su vecino mayor. Pero la displicencia de AMLO para acercarse a Biden y el impulso a la reforma de ley de seguridad sugieren que el mexicano no ofrece la misma predisposición que mostró con Trump al inicio de su mandato. Si la salida del republicano puede significar un ajuste en la percepción de amenaza por parte de AMLO, logrando que este se relaje y abandone la posición defensiva, es algo que empezará a responderse a partir del 20 de enero. Para la política hacia América Latina de Biden, esta pregunta será una prioridad. 

JE

La Argentina asume este miércoles la presidencia Pro témpore del Mercosur en un escenario donde la vocación por la flexibilización que comparte el resto del bloque aparece matizada con respecto al año pasado, pero viva. El mandato, que recibe de Uruguay y durará seis meses, buscará alejar el horizonte con la inclusión de otros temas en la agenda, como la ratificación de Bolivia como miembro pleno y el impulso al Foro Empresarial como mecanismo de articulación. Habrá, sin embargo, dos asuntos ineludibles: la revisión del Arancel Externo Común (AEC) y el futuro del acuerdo con la Unión Europea. 

La videoconferencia de la Cumbre de Presidentes comenzó hoy a las 11 de la mañana. Además de los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay están presentes Luis Arce y Sebastián Piñera, por Bolivia y Chile, entre otros. La presidencia Pro témpore tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2021. 

En el comunicado conjunto difundido luego de la reunión, los cuatro países se comprometen a avanzar en la revisión del Arancel Externo Común “con vistas a impulsar la competitividad del bloque y una mayor integración a las cadenas regionales y globales de valor” y en la negociación de acuerdos comerciales con la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA), Corea del Sur, Canadá y Líbano, entre otros, además de la ratificación del acuerdo con la Unión Europea, que hoy se encuentra frenado por las políticas medioambientales de Brasil. 

Son esos dos asuntos –la revisión del AEC y la negociación de acuerdos con otros bloques y países– los que mayor preocupación le generan a la Argentina. El primer caso se definirá en las rondas técnicas. Por ahora, cada país presentó una lista con propuestas. El gobierno está abierto a una revisión del Arancel pero que sea gradual y negociada sector por sector. “Los aranceles externos comunes deben ser una herramienta de negociación. La política comercial común está vinculada al consenso político”, dijo Felipé Solá durante la reunión de cancilleres del bloque, que se llevó a cabo ayer. El objetivo es evitar una reducción brusca y en todos los niveles, como había propuesto el gobierno de Bolsonaro el año pasado. 

En el segundo caso, el gobierno confía en que la pandemia demore las negociaciones comerciales y ratifica la posición de avanzar en “dos velocidades”. Argentina por un lado y el resto del bloque por el otro. “Los Estados Partes coincidieron en resaltar la potencialidad del MERCOSUR como plataforma común de inserción económica y comercial internacional, atendiendo al mismo tiempo a la necesidad de un diálogo constante orientado a la exploración de caminos para atender los diferentes intereses y sensibilidades de sus miembros”, se puede leer en el comunicado preliminar. 

Con respecto al acuerdo con la Unión Europea, el bloque reafirma “su máxima voluntad para proceder a la firma (...)  instando a sortear los desafíos que han impedido la finalización de un proceso de más de 20 años de esfuerzo conjunto por un acuerdo amplio, equilibrado y ambicioso”. Hoy, para Europa, y Francia particularmente, el máximo escollo son Jair Bolsonaro y sus políticas medioambientales, que no cumplen con los estándares del Acuerdo de París. Argentina puede aprovechar la presidencia Pro témpore para buscar consenso entre Brasil y Europa –algo que, por otro lado, le sumaría créditos a la relación con el país vecino– o postergar el asunto con la certeza de que, en última instancia, la culpa es de Bolsonaro. El gobierno ratificó ante Europa el apoyo al acuerdo, pero no es una novedad que lo ve con preocupación. 

Para Andrés Malamud, investigador de la Universidad de Lisboa, es en el acuerdo con la Unión Europea donde Argentina puede marcar la diferencia. “La presidencia del Mercosur podría colaborar con la presidencia portuguesa de la UE para ablandar a Brasil con el daño ambiental y ablandar a Francia sobre la amenaza brasileña. Por una carambola de la historia, Argentina y Portugal son países estructuralmente significativos para Brasil, y sus gobiernos ‘progresistas’ moderados son particularmente significativos para Macron”, dijo a elDiarioAR.

El ingreso de Bolivia

Uno de los objetivos de la presidencia Pro témpore será completar con el proceso de incorporación de Bolivia como miembro pleno del Mercosur. De no haber cambios en el comunicado, este reafirmará la voluntad del bloque de avanzar con la tarea. 

El último paso que queda para que Bolivia sea miembro pleno es que el Congreso de Brasil lo ratifique. Hoy se encuentra en plenario de Diputados, pero los ojos están puestos en el Senado. La oposición del gobierno de Bolsonaro al partido de Evo Morales, al que reclama principalmente el apoyo a Maduro, no es un secreto, pero es la cámara alta, donde Bolsonaro no tiene una bancada propia, la que tiene que avanzar con la aprobación. El gobierno argentino estudia la complementariedad energética que puede existir entre ambos países para que Brasil tenga incentivos para avanzar –y confirmar– el proceso. “Vamos a trabajar muy fuerte”, dicen desde Cancillería. 

El futuro del bloque

La composición ideológica del club no ha variado: Brasil, Uruguay y Paraguay comparten una vocación por flexibilizar el bloque que Argentina no. El escenario de ruptura (en los hechos) que se manifestó el año pasado hoy está desactivado, pero el proyecto regional sigue a la deriva. 

Para Alejandro Frenkel, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín, el bloque sufre una crisis de identidad. “No se sabe cual es el proyecto de integración. Hoy está apuntando a que sea una plataforma para firmar acuerdos con otros bloques, pero eso no es el Mercosur, va en contra del Tratado de Asunción”, dijo ante la consulta de elDiarioAR.

Los motivos se encuentran principalmente en la relación entre Argentina y Brasil, el motor del bloque, donde el comercio entre ambos no sólo se ha reducido en términos de cantidad sino calidad. Ambos exportan cada vez más productos primarios y miran más a China que al vecino. “Los industriales que venden al Mercosur son cada vez más minoritarios en el establishment económico brasileño. El interés en mantener al bloque con una idea proteccionista ha perdido adeptos en Brasil, y tiene muchos menos en Paraguay y Uruguay”, explicó Frenkel. 

La buena señal para Argentina se da en el plano político: Bolsonaro moderó su discurso para con la relación bilateral en el último tiempo y la llegada de Biden a la Casa Blanca puede reconfigurar la política exterior de Brasil. Pero la cuestión estructural excede a Bolsonaro, que es más bien un emergente de los cambios en la estructura productiva brasileña, donde los sectores del agronegocio aparecen empoderados.

Si hoy Argentina preguntara cuál es el sentido del bloque, la respuesta que obtendría por parte de los miembros restantes no sería favorable a sus intereses. Estaría más cerca de la idea de Mercosur como plataforma para comerciar con el resto del mundo que con la de mercado y proyecto regional. Por eso, se trata de postergar las preguntas existenciales, avanzar en terreno común y reducir los daños. Una tarea compleja, pero no imposible. 

El tiempo pasó. Íñigo Errejón (Madrid, 1983) dejó de ser, para quienes siguieron su trayectoria desde América Latina, ese español con anteojos y cara de niño que hablaba de corrido para convertirse en un referente del progresismo. Su nombre ahora se pronuncia escindido de Podemos, el partido que fundó junto a Pablo Iglesias, entre otros, y del cual Errejón se alejó en 2019 para impulsar Más País, una fuerza que tuvo pobres resultados en las elecciones en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional. Hoy es uno de los dos diputados que tiene el partido en el Congreso español.

Errejón es uno de los pocos políticos que puede ser percibido como un pensador. Sus intervenciones en el Congreso, como cuando llevó el ejemplo de un Iphone para demostrar la importancia del Estado en la innovación, haciéndose eco del trabajo de la académica Mariana Mazzucato, se vuelven virales. La semana pasada presentó una enmienda a la ley de Presupuestos para considerar la reducción de la semana laboral a cuatro días. En esta entrevista con elDiarioAR le toca contextualizarla. “España es una sociedad que está en una situación de mucho dolor psíquico (...). Una de las razones para la bajada del ritmo es para que la vida merezca la pena”, dice.

En un mundo en el que el futuro es visto como amenaza y el presente se vive como en un continuo que no deja huella, Errejón propone disputarle a la derecha el sentido del pasado y utilizarlo para volver a producir seguridades. Dice que la ventana de oportunidad para aplicar cambios estructurales se está cerrando. Que es momento de atreverse.

Cuando comenzó todo, allá por marzo, se planteaba que la pandemia podía ser una posibilidad para proponer e instaurar grandes cambios estructurales en materia social, política y económica. ¿Se pasó el tren?

No del todo, pero sin dudas, se hace un poco más difícil. A medida que pasa el tiempo, se van estrechando las oportunidades. Al comienzo hubo posibilidad para una doctrina del shock al revés, como pasa en situaciones de catástrofes naturales o guerras, que dejan al Estado como único actor productor de certezas. En España, en los días más duros, lo único que quedaba en pie como referente de credibilidad, tranquilidad y seguridad eran las instituciones públicas. Esto le dio una ventaja a los gobernantes durante un tiempo, pero no se utilizó para hacer que la lógica democrática y socialista que guió la toma de decisiones se extendiera a otros aspectos que habían estado al servicio de la ley del más fuerte, del que más dinero tiene o de la búsqueda del beneficio privado.

Cuando pasa el momento del shock, las oligarquías van perdiendo el miedo y vuelven al business as usual. Vuelven a tratar al Estado como un prestamista, un operador de caja que presta dinero que luego hay que devolver, y le vuelven a discutir la dirección de los asuntos públicos y de interés general para toda la comunidad. 

No obstante, en la medida en que el Estado va a tener que seguir tomando decisiones importantes para el futuro de nuestras sociedades, va a seguir realizando ejemplos de socialismo, aunque quienes lo dirigen no lo sepan. El plan de vacunación que anunció (el jefe de gobierno, Pedro) Sánchez, por ejemplo, no se guía por las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, sino por criterios de utilidad pública. ¿Qué significa? Que se vacunan antes los médicos que los ricos. Eso es aceptado por la sociedad como algo de sentido común. Tiene sentido, incluso para los mismos ricos, que haya un Estado que tome decisiones aplicando una lógica opuesta a la del mercado. Ese es un ejemplo concreto de cómo, en la pandemia, la lógica neoliberal entra en bancarrota frente a una lógica pública, democrática y, le añado, de potencial vocación socialista. Se trataría de que cuando pase la emergencia esa lógica se aplique a otros aspectos. No sólo a las vacunas sino a la regulación de lo que producimos, al tiempo de trabajo, a cómo contaminamos, cómo funcionan nuestras ciudades. Extender la lógica que ha estado vigente durante la excepción a la cotidianeidad de la vida y la economía.

¿Y de qué depende que esa lógica se extienda?

En España, de que el gobierno se atreva. Hay una mala comprensión de los tiempos. Creo que el gobierno sospecha que primero tiene que combatir la pandemia y después atreverse con medidas de avanzada. Yo creo que por contraintuitivo que parezca es al revés. Es precisamente mientras dura la pandemia, y por tanto la legitimidad de lo público, cuando hay que intervenir. Es el momento en el que está instalado que sólo nos salvamos unos si nos salvamos todos. Cuando vaya pasando ese momento, se irá estrechando la posibilidad para hacer transformaciones.

Hablabas del miedo que pierden las oligarquías. ¿Qué pasa con el miedo de los de abajo? Ese miedo hacia el futuro. La pandemia parece haber acelerado esa idea del futuro como amenaza. 

Acá el problema fundamental es la quiebra del sentido. Esa sensación de que el mundo no va casi hacia ningún lado. Y por tanto, no hay nada que justifique la privación de hoy, no hay ningún principio trascendental en el nombre del cual pueda yo, o tenga sentido, sacrificar una parte del bienestar del presente. Se soportan mejor las privaciones económicas, o las dificultades en el día a día, si se tiene algún horizonte. Hoy no hay ninguna propuesta política creíble en el largo plazo. Por otro lado, el neoliberalismo, digamos, los mecanismos normales del mercado, tampoco te ofrecen una trascendencia muy larga, ¿no? Te ofrecen trascendencias que te duran menos. Aplicaciones del móvil que te dan placer inmediato pero que cada vez duran menos. 

 Las cosas cada vez nos caducan más rápido, y eso genera esta especie de locura colectiva, las colas en la tienda para comprar el último móvil, o los artistas de pop que mueven masas como nunca antes, pero al año nadie se acuerda de ellos. Estamos en una especie de presente continuo, en una situación como de vivir cosas que son hiper importantes pero hiper efímeras. Son fundamentales por 48 horas y luego desaparecen sin dejar pozo. Es la sensación de vivir como un hámster en una rueda, pedaleando en un presente permanente.

Ese es el problema fundamental, más allá de la privación económica. Mis padres y abuelos vivieron en circunstancias en las que económicamente les faltaba mucho más de lo que les falta a las generaciones más jóvenes. Sin embargo, había una sensación de que la vida seguía un camino. Fijate hasta qué punto ha cambiado esto, que la revuelta del 68 y los largos setentas de la contestación de movimientos sociales eran revueltas antiautoritarias que dicen: no queremos seguir el camino marcado. Paradójicamente, cuarenta años después, una buena parte de las revueltas de nuestra generación son revueltas de signo conservador, que en lugar de decir “no quiero seguir el camino marcado”, dicen: “oiga, me gustaría que hubiera algún camino”. Como si ellos se hubieran levantado contra la certidumbre de un futuro cerrado, y nosotros nos hubiéramos levantado precisamente contra lo contrario: contra la sensación de que no hay futuro.

Para la inmensa mayoría de la población, la vida se ha hecho más insegura. Se ha hecho fundamentalmente un lugar de miedo y ansiedad, que se expresa de dos maneras. Una, muy política, son las apuestas populistas, en un sentido reaccionario o en uno democratico. Se da esta reacción antielitista, entendiendo a las élites como egoístas, cortoplacistas, o ruines. Esa es una. Pero hay otra a la que le damos menor atención. España es una sociedad medicada, y no lo digo ahora por el covid-19. Todo el mundo consume sistemáticamente cosas para poder dormir, para aguantar el ritmo, para no caerse de depresión o de ansiedad. Es una sociedad que está en una situación de mucho dolor psíquico. Esto viene desde hace tiempo, lo que pasa es que no lo politizamos, y a la gente le da vergüenza reconocerlo. A todo el mundo le parece una reivindicación política decir “no me da el dinero para pagar el alquiler”, y sin embargo pocas veces vemos a alguien decir “miren ustedes, pero yo no puedo. Me cuesta salir de la cama porque todo me supera”. Es un dolor psíquico que a lo mejor no tiene traducción electoral inmediata, pero descompone la confianza de una sociedad en sí misma. Porque es una sociedad de gente muy sufriente. 

Para la inmensa mayoría de la población, la vida se ha hecho más insegura. Se ha hecho fundamentalmente un lugar de miedo y ansiedad

¿Creés que ahora con esta apertura de lo público, que pasa a tener más legitimidad, estas cuestiones de salud mental puedan dejar de ser algo privado e individual para ser vistas como algo público, político?

Debería haber más lugar. Nosotros hemos abierto un debate nacional sobre la reducción de la jornada laboral. Asumimos que va a mejorar la productividad y que va a ser mejor para el planeta, pero también planteamos un argumento que normalmente en los medios de comunicación o en otros partidos se pasa por alto, como si fuese una cosa medio inocente, medio hippie, pero que sin embargo entronca con el dolor diario de muchísima gente: una de las razones para la bajada del ritmo es para que la vida merezca la pena. 

Me parece que es fundamental que politicemos todo ese tipo de dolores, es decir, que los expongamos en la esfera pública y digamos: algo estamos haciendo mal como sociedad si hay tanta gente a la que le duele. Porque enfrente están los populismos reaccionarios, que yo vengo llamando últimamente como la antipolítica de los millonarios, que proponen una especie de simulacro. El simulacro de que podemos hacernos fuertes como sociedad pisando a los débiles. Apuestan a cohesionar a las sociedades en el envilecimiento moral. Esa unión afectiva, ya probada históricamente con el fascismo, que produce el pisar juntos al que es más débil. Es el odio del penúltimo contra el último. Es muy importante que nosotros digamos las cosas. Una, que eso es de cobardes. Detesto esta actitud medio moralista de la izquierda que habla de cordones sanitarios, de unirse todos contra el fascismo, porque les devuelve como un espejo esa imagen que a la extrema derecha le encanta. La de ser unos tipos rudos, rebeldes y preocupantes. Hay que disputarles. 

Me acuerdo de esa intervención que tuviste en el Congreso contra Santiago Abascal (el líder del partido de extrema derecha Vox), en la que lo comparaste con el típico bully de la secundaria, al que había que enfrentar y desenmascarar. ¿Pero alcanza sólo con eso? ¿O se trata de atender cuestiones más estructurales, como las preocupaciones de los votantes que apoyan a líderes como Abascal?

Estoy de acuerdo. Eso es sólo una parte, no devolverles la imagen que quieren proyectar de que son una especie de personal político outsider al que el sistema político en su totalidad le tiene miedo. Hay que chocarles y decir: miren, no hay nada de outsider o de rebelde en ser servil con los de arriba y cruel con los de abajo. Pero en segundo lugar, yo he dicho muchas veces que las preguntas a las que el populismo reaccionario responde son correctas. Las respuestas son falsas y aberrantes, pero las preguntas son correctas. Y como tal deben ser tomadas en serio. 

Las preguntas a las que el populismo reaccionario responde son correctas. Las respuestas son falsas y aberrantes, pero las preguntas son correctas.

¿Cuáles son esas preguntas?

Por qué somos tan frágiles, a qué pertenecemos y quién va a cuidar de nosotros. Y ahí si el adversario tiene una explicación en una frase y la izquierda tiene una explicación en treinta y cinco frases, cargadas además de palabras que nadie entiende, pues la derrota está servida. Me parece que hay que reivindicar una suerte de coalición de los frágiles. Esto a lo mejor es una de las enseñanzas del movimiento social más importante de nuestro tiempo, el feminismo, que ha conseguido construir fortaleza a partir del reconocimiento de vulnerabilidades. Si el virus nos ha demostrado que somos fragiles, que tenemos miedo y que un golpe de mala suerte nos puede joder la vida, se trata de construir desde esa vulnerabilidad. Reconocemos que somos vulnerables y precisamente porque somos vulnerables queremos vivir en sociedad para cuidar del otro. Para no tener miedo, para sentir la cooperación, para tener servicios públicos buenos, un Estado fuerte y responsable. 

Pero la extrema derecha también reivindica esa representación de los débiles, aunque en otro sentido. Ellos disputan la idea de que débil también puede ser un varón heterosexual de cuarenta años al que escrachan en las redes sociales, o esta mayoría silenciosa que tiene miedo a expresarse por una supuesta tiranía de la corrección política. Que débiles también pueden ser quienes viven lejos de las ciudades, por ejemplo.

Por un lado, es verdad, hay que dejar de pensar esto como si fuera un problema matemático de cuánto dinero gana cada uno. Efectivamente en los hombres heterosexuales blancos de mediana edad hay una sensación de vulnerabilidad. Aunque eso sea porque es la primera vez que alguien te puede reprender en público y en privado por tus comportamientos. Que alguien te pueda decir que eso que haces, aunque estés muy acostumbrado, no está bien. Eso genera una situación de vulnerabilidad. Claro que hay gente que vive en las provincias más despobladas que le parece que la agenda que se discute en los centros donde se concentran los políticos, periodistas, académicos y empresarios es una agenda muy sofisticada, que no tiene mucho que ver con sus preocupaciones, y se sienten olvidados.

Es esa situación de dislocación del sentido. Es también la ruptura de las certezas que nos contenían, como la nación, la familia, los patrones tradicionales de género, el Estado, la relación con el trabajo. Casi todos los marcadores de seguridad de nuestro mundo han sido pulverizados por el neoliberalismo. Por eso es raro que las derechas se llamen conservadoras, cuando en realidad apoyan una dinámica de guerra que no permite conservar nada. Se pasaron mucho tiempo diciendo que el marxismo iba a abolir la familia y ese mismo liberalismo es el que va en camino a abolirla. O que iba a abolir el trabajo, y hoy el trabajo, para mucha gente, es un salto de una plataforma a otra. Entonces, claro que hay mucha gente que siente una sensación de vulnerabilidad. 

Casi todos los marcadores de seguridad de nuestro mundo han sido pulverizados por el neoliberalismo. Por eso es raro que las derechas se llamen conservadoras, cuando en realidad apoyan una dinámica de guerra que no permite conservar nada

La clave es qué respuestas se ofrecen ante esa vulnerabilidad, que tiene que ver con que el mundo se ha desordenado y hay mucha gente con el deseo de volver a encontrar sentido. Ese sentido no puede ser una suma de reivindicaciones de todos los trozos. La coalición de los frágiles no significa que tu pones un programa con una parte ecologista, una feminista, una parte del mundo rural. No es eso. Es ofrecer un Estado en el que rija la ley del más débil. En el que se reconozcan o se otorguen derechos de reconocimiento a quienes los necesitan y, a la vez, derechos de redistribución y protección a la inmensa mayoría. Y creo que la utopía más cercana que tenemos para hacer eso es el pasado. Creo que a uno le parecería bastante revolucionario lo que tenían los suecos en los sesenta y setenta. Con una sola variante que hay que meter: el cambio climático, que va a acelerar las dinámicas depredadoras y del sálvese quien pueda.

¿Es ahí, en esa reivindicación del pasado, donde aparece esta vocación por disputarle a la derecha la nación y el orden?

Bueno, la nación no es cosa del pasado. Es algo profundamente del presente. En algunos casos como fuerza actuante y en otros como ausencia. No creo que disputar la Nación sea cosa del pasado, pero sí lo es con el discurso del orden. Las poblaciones están pidiendo por alguien que ponga orden. Pongamos como ejemplo a Estados Unidos. Los dos lemas más importantes de la política en los últimos años hacen referencia al pasado. El de Trump, “make America great again”, era poderoso por el “again”. La vuelta a un momento en el que Estados Unidos era fuerte y podía proteger a sus ciudadanos. Pero los demócratas socialistas, como Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, han levantado como significante al “Green New Deal”. Con él aluden al New Deal de Roosevelt: la inmensa movilización de dinero público empujada por la movilización de trabajadores, que es creíble porque agrega lo verde. Lo que dice es: para afrontar el cambio climático, volvamos a hacer lo que hicimos en el 29 ante la crisis.  

Dice mucho sobre el momento en el que estamos viviendo que los mitos fundamentales que nos permiten ver un horizonte prometedor sean mitos que miran hacia atrás, aunque actualizados por las condiciones del presente. Y ahí los mitos más importantes son las tradiciones nacionales. Hay que dejar de mirar los manuales de la izquierda y empezar por las tradiciones nacionales y populares de cada país. 

Dice mucho sobre el momento en el que estamos viviendo que los mitos fundamentales que nos permiten ver un horizonte prometedor sean mitos que miran hacia atrás

Hay un tweet que te dedicaron hace un tiempo que dice: “Errejón diciendo que hay que disputarle a la derecha la idea de España me recuerda a cuando el Almería le intentaba disputar la posesión al Barcelona y al final le metían ocho goles”. 

(Se ríe). En formato tuit, es verdad. El tuit parece señalar que la tarea de resignificar España desde un sentido progresista y democratico es muy dura. Ciertamente lo es, y más en España que en otros países. Con esa parte del tuit estoy de acuerdo. Pero es engañoso, porque lo que nadie ha explicado es si hay alguna alternativa. La pregunta es: ¿Conoces a alguien, en algún lugar del mundo, que haya conquistado la hegemonía sin representar el interés general del país?

¿Y qué otras cosas debe disputarle la izquierda a la derecha, además de la nación y la idea de orden?

Empiezo por las del pasado. La familia. Hay que decir que en las condiciones actuales neoliberales es muy difícil formar una familia, supone mucho sacrificio y ansiedad. La economía de la rapiña y la locura, del correr hacia ningún lugar, hace muy difícil que la gente pueda mantener familias a las que luego tenga tiempo para cuidar y disfrutar. Hay que disputar también, de manera drástica, el amor por la tierra. La tierra que uno está acostumbrado a pisar, a la que uno le ha tocado vivir, que será mejor o peor, pero uno la quiere. Y hay que disputar para conservarla. Hay que tener una discusión sobre las tradiciones. Porque estamos en un momento donde cualquier cosa que genere lazo social, que genere comunidad, es positiva. La pelea hoy en día, antes que izquierda y derecha, es entre lazo o desintegración social. En la desintegración solo gana el mercado y, por tanto, los más poderosos. Y donde hay lazo social, donde hay estructura, memoria y tradiciones –incluso cuando esas tradiciones no son necesariamente progresistas– hay un punto de partida desde el que se puede construir comunidad democrática.

Hay que tener una discusión sobre las tradiciones. Porque estamos en un momento donde cualquier cosa que genere lazo social, que genere comunidad, es positiva

Un fenómeno que está tomando fuerza tanto en la Argentina como en España son las juventudes de ultraderecha o antiprogresistas, que acusan a la izquierda de ser aburrida, una fuerza del establishment que ya no tiene capacidad de catalizar la rebeldía. ¿Ha perdido épica la izquierda para los jóvenes? 

A nivel general, yo creo que la izquierda tiene que volver a disputar el deseo. No sólo lo justo, lo correcto, no sólo la compasión, sino también el deseo. Siempre recuerdo que mis padres, que fueron militantes contra la dictadura en los 70, me decían que buena parte de los que se apuntaban al movimiento juvenil era porque soplaba el viento de época, porque querían ligar. Era lo moderno, lo guay. Había un prestigio cultural, estético e intelectual. Hoy, cuando empieza la discusión, tienes que empezar defendiendote por ser un militante progresista. Quizás no sea así en Argentina, pero lo es en España. Tiene que volver a ser sexy ser militante, estar comprometido. Tiene que volver a dar prestigio. Y, más importante, hay que inaugurar formas de militancia y compromiso que no sean aburridas. Es muy difícil engordar la participación, la militancia y el compromiso si solo es una cosa que pueden hacer estudiantes de ciencias sociales con la vida solucionada que pueden dedicarle jornadas de seis horas a reuniones interminables. 

Es muy difícil engordar la participación, la militancia y el compromiso si sólo es una cosa que pueden hacer estudiantes de ciencias sociales con la vida solucionada que pueden dedicarle jornadas de seis horas a reuniones interminables

Por otro lado, la derecha ofrece un deseo de la irresponsabilidad. No te haces cargo del dolor ajeno porque eres fuerte, y la responsabilidad es para los débiles. Y tú, por tanto, vives como esa especie de embriagamiento, como cuando estás un poco borracho y no te haces cargo de las cosas. Porque puedes, porque te da la gana. Pero eso no lo puedes hacer con los bancos, o los fondos buitre, o con el jefe que aunque a tu madre le duele la espalda la hace trabajar dos horas extra. Con ese no te atreves. Está tan lejos de las generaciones actuales a que ese le puedas disputar que la derecha puede sacarlo de la ecuación y decir “oye, vas a estar en el límite si desafías la obligación de llevar mascarilla”, pero a tu jefe, que te hace trabajar ocho horas, de las cuales solo cuatro son en blanco, no te le atreves. Es una especie de rebeldía de los cobardes. Lo que pasa es que hoy la rebeldía de los valientes está lejos, suena como algo antiguo.

JE

En el capítulo vacunas la pandemia tampoco es la gran igualadora global. Detrás de la euforia por los anuncios de los laboratorios sobre la efectividad de sus proyectos y el inicio de vacunación en Rusia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, entre otros, el resto del iceberg asoma: la gran mayoría de países del mundo no tiene garantizada las dosis necesarias para vacunar a su población, mientras unos pocos acumulan más de la mitad de las vacunas que han sido pre-adquiridas hasta el momento. Los datos surgen de un análisis de la Universidad Duke, que estima que recién para 2024 va a haber suficientes dosis para cubrir a la población mundial. 

Países como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Japón, sumados a la Unión Europa, tienen entre 4 y 8 dosis por persona aseguradas. Además de Rusia y China, que confían en sus propios proyectos, son pocos los países que llegan a una dosis (se necesitan dos para la inmunización) y ninguno de renta baja ha sellado siquiera algún tipo de acuerdo para acceder a la vacuna. 

La discusión por el cuándo también importa. Aún para aquellos países que puedan acceder a dosis para empezar a vacunar a su población de riesgo, los déficits que se registran al nivel de la producción, sumado a los desafíos logísticos de almacenamiento y distribución, sugieren que ese escenario va a demorar más de lo previsto. En definitiva, son pocos los países que por ahora pueden celebrar las noticias del fin de la pandemia. 

Puede haber países que vacunen a una buena parte de su población mientras otros no hayan ni arrancado. Los efectos de esta brecha, que excede a la cuestión cronológica, tendrá sus efectos en el escenario internacional. “Las economías de los países que empiecen a vacunar antes van a verse beneficiados, porque van a tener más población económicamente activa apta para trabajar. Además, aquellos que produzcan vacunas van a recibir ingresos por patentamiento intelectual y van a generar peso geopolítico. La desigualdad entre el Norte y el Sur, entre quienes detentan tecnología y quienes no, se va a profundizar”, explicó a elDiarioAR Bernabé Malacalza, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Quilmes.

Los desafíos de la segunda etapa 

“La vacuna abre una nueva etapa, la posibilidad certera de frenar la pandemia. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento histórico: se obtuvieron varias vacunas en diez meses. Por lo general, el desarrollo de la vacuna suele tardar más de diez años, y algunas todavía no se han encontrado. Es un hecho inédito, impensado meses atrás”, dijo a elDiarioAR Belén Herrero, investigadora del CONICET especializada en cooperación global en el campo de la salud. 

El primer paso se terminará de consolidar en las próximas semanas, cuando nuevos proyectos (como Janssen, Novavax, Curevac) anuncien sus resultados de fase tres y más países comiencen a autorizar vacunas. “Lo que más preocupa hoy no es tanto la seguridad de la vacuna, ya que se están cumpliendo los pasos para garantizar que lo sean, sino su distribución y adquisición, y si se va a dar de manera equitativa, que todo indica que no. Al principio de la pandemia se discutía si iba a ser declarada como bien público global; hoy es una batalla perdida, o que al menos se ha complicado. Eso limita mucho, porque se necesita un determinado volumen de vacunas para abarcar a toda la población mundial y la industria tiene un caudal determinado de producción”, explicó Herrero. 

Tanto Pfizer\BioNTech como Astrazeneca\Oxford anunciaron recortes en los objetivos de producción para este año. Rusia y China han dado poca información respecto a dónde y a qué escala se van a producir sus proyectos, aunque Beijing anunció recientemente que la capacidad total para producir vacunas en el país es de 610 millones de dosis anuales. Un retraso en el campo de la producción implica que por ahora serán pocos los países que puedan empezar a vacunar de inmediato. 

Para el biotecnólogo Ernesto Resnick, “la producción no logró manejarse en la medida de lo necesario, y lo cierto es que hoy alcanza para poco. No hay seguridad para nadie de cuántas vacunas vas a tener y para cuándo”, dijo a elDiarioAR. “Hubo muchos países, como Argentina, que firmaron acuerdos pero sin una fecha de entrega. Ese calendario depende de la producción. Primero tenés que satisfacer a quienes compraron de manera anticipada la vacuna, que fueron los que la financiaron”.  

La distribución es otro de los desafíos. En primer lugar, se deben coordinar millones de vuelos para las entregas. A medida que más países vayan avanzando con la vacunación, más compleja será la tarea para entregar dosis. Después está la cuestión de la refrigeración: la vacuna de Pfizer necesita de una temperatura de -70 grados celsius para almacenarse y la de Moderna -20 grados; para el resto es suficiente la temperatura de un refrigerador. Los estados deben asegurarse, además de las dosis de vacunas, la infraestructura necesaria para recibirlas y luego distribuirlas hacia el interior de su territorio.

La cooperación global

Para todos los desafíos –desde garantizar el acceso a la vacuna para todo el mundo, producirla y luego distribuirla– va a ser central la cooperación multilateral, a la vez que un compromiso más activo de los estados con mayores capacidades. Hasta ahora, los países más ricos del mundo han priorizado a sus propias poblaciones, una tendencia rotulada desde hace unos meses como “nacionalismo de las vacunas”. Estados Unidos es el campeón indiscutido: según el informe de Duke, Washington puede quedar en control de un cuarto del stock de vacunas a corto plazo. China y Rusia, cuyos desarrollos dependen en mayor grado del Estado que otros (aunque todos, a excepción de Pfizer, recibieron inversión y apoyo estatal), han mostrado mayor disposición para entregar la vacuna a otros países, a bajo costo, pero siempre priorizando el enfoque bilateral.  

La contraseña ante cualquier pregunta sobre el retraso en la vacunación de países de renta baja se llama Covax, cuenta con la supervisión de la OMS, la Alianza para la Vacuna (GAVI) y la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), y de su éxito o fracaso depende una parte importante de esta discusión, sobre todo porque no hay ninguna otra iniciativa igual. Covax funciona como un fondo, que cuenta en su portafolio con distintas vacunas (hasta ahora se ha garantizado alrededor de 700 millones de dosis) y apunta a suministrar 2 mil millones de dosis para vacunar poblaciones de riesgo en 2021. El objetivo es que vacunen al menos el 20% de la población en países de bajos recursos. La iniciativa ya recaudó 2 mil millones de dólares y se propone reunir 5 mil más para el año que viene. Ni Estados Unidos ni Rusia se han adherido (Biden por ahora no ha asegurado el apoyo), y China lo hizo recién hace un mes. 

El impulso a Covax es condición necesaria, pero no suficiente: se estima que el financiamiento necesario para cubrir a la población global es de 35 mil millones de dólares, siete veces más que el objetivo de fondos de la iniciativa. En octubre, el Banco Mundial anunció el desembolso de 12 mil millones. La caridad no alcanza: se necesitan mecanismos de cooperación para asegurar un acceso equitativo a la vacuna y cumplir con los desafíos de producción y logística. 

En el caso de Covax, por ejemplo, que los países ricos donen recursos al fondo pero que no lo utilicen para vacunar a sus poblaciones, dado que lo hacen con las dosis que consiguen por su cuenta, amenaza con minar el protagonismo de la iniciativa. Por otro lado, países como Canadá o Reino Unido, que tienen más dosis aseguradas de las que necesitan, podrían donar su excedente a otros países, ¿pero cuáles serían los criterios de distribución? ¿Cómo garantizar la distribución? Y aún si se consiguen recursos tanto para las vacunas como para la infraestructura para recibirlas (un horizonte por ahora lejano) todavía debe abordarse la cuestión de la producción a gran escala, para que las dosis no se asignen por orden de compra únicamente. 

Una alternativa que se contempló al inicio de la pandemia fue la liberación de patentes. India, por ejemplo, líder global en la producción de genéricos, que ha tejido acuerdos con la mayoría de laboratorios para producir la vacuna, podría extender considerablemente la escala de oferta global. Fue precisamente ese país, junto a Sudáfrica, quienes presentaron una propuesta ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) para suspender derechos de propiedad intelectual sobre cualquier medicamento o vacuna contra el Covid hasta que se alcance la inmunización del 70% de la población. El proyecto fue rechazado por la mayoría de países europeos, además de Canadá, Estados Unidos y Brasil, entre otros. 

Para Resnick, la negativa a liberar propiedad intelectual o compartir detalles sobre la vacuna se explica no solo por el desdén de algunos estados sino también por los incentivos económicos de los laboratorios. “Yo creo que muchas de estas empresas quieren tener el monopolio de la distribución, o están esperando a firmar acuerdos de regalías. Temen que se les acabe el negocio”. El foco es a largo plazo: “La ganancia principal no es con la vacuna de ahora sino con las que vengan después. Es posible que en dos años nos tengamos que vacunar de nuevo. Ese es el negocio más grande, dado que ya no hay costos de ensayos y desarrollo”, dijo. 

El período que se abre con la llegada de la vacuna pondrá otra vez a prueba a la gobernanza global, cuya crisis antecede a la pandemia pero que, a causa de esta, se ha profundizado. Si las primeras escenas del orden pandémico estuvieron marcadas por el cierre arbitrario de fronteras, el robo de contenedores con suministros médicos, las acusaciones de espionaje científico entre Oriente y Occidente y la riña entre Estados Unidos y la OMS, con China en el medio, la batalla que se avecina promete ser más importante. Es el fin o la prolongación de la pandemia lo que está en juego.

JE

La demanda de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos junto a 46 estados contra Facebook no es la primera movida judicial en contra de las grandes plataformas tecnológicas, conocidas como Big Tech, pero sí la más importante hasta el momento. La acción judicial, que denuncia una conducta persistente de abuso a la competencia por parte de Facebook, entre ellas la compra de empresas rivales como Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014, puede desembocar en la separación de la compañía y ocasionar otras demandas de peso al resto de gigantes tecnológicos, como Google, Amazon y Apple. 

La ofensiva ha sido comparada con la demanda que terminó con la separación de la compañía de telefonía AT&T y los operadores conocidos como Baby Bells en los ochenta y con el conjunto de acciones legales contra Microsoft a fin de los noventa, que estuvieron cerca de forzar la separación. La demanda del miércoles contra Facebook es la segunda del año en contra de las Big Tech: en octubre, el Departamento de Justicia demandó a Google por presunto monopolio en los mercados de anuncios y búsqueda en Internet. 

¿Por qué la demanda contra Facebook es importante?

A diferencia de AT&T o Microsoft, como de otras compañías que han sufrido ofensivas antimonopólicas como las farmacéuticas, el caso de Facebook es más significativo, en primer lugar, por su dimensión. 

“Hay una conjunción de factores que hace de esta decisión algo sin precedentes. Se trata de una plataforma por donde pasa el discurso público universal y el acceso a fuentes de información, donde el espectro de atención está segmentado y editorializado. En principio es una decisión de un tribunal estadounidense que regula aspectos vinculados a la competencia, pero impacta en derechos de todo el mundo, al igual que en las industrias más lucrativas del mundo, como la publicidad”, explicó a elDiarioAR Andrés Piazza, abogado especializado en gobernanza digital. 

Si bien Facebook ya fue juzgada en otros tribunales, como en Europa, que ha multado a la compañía en más de una ocasión, es la justicia estadounidense la que tiene la jurisdicción para regular las prácticas monopólicas de estas empresas, como las adquisiciones y fusiones.

La demanda también es importante porque vincula a las prácticas monopólicas con la cuestión de la privacidad, un área en la que todas las plataformas han sido cuestionadas, pero especialmente Facebook, cuya popularidad ha sufrido un revés con el escándalo de Cambridge Analytica, la empresa británica que usaba la información disponible en la red social para hacer minería de datos, en 2018. 

“Lo interesante del caso es que la consideración sobre el abuso de posición dominante que hacen tanto la Comisión Federal como los estados es que esas prácticas no solo le dan a Facebook una mejor posición para poder eliminar a la competencia en la torta publicitaria u otros ingresos sino que la adquisición de Instagram y posteriormente Whatsapp es un elemento diferenciador para socavar la privacidad de los usuarios”, dijo Piazza. Es esta novedad lo que lo distingue de otros casos antimonopolios clásicos. “Se agrega el elemento de la defensa de otros derechos, no solamente los preceptos básicos del comercio justo y la competencia”.

Para Jimena Valdez, Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Cornell que investiga sobre plataformas, es en el modelo de competencia de Estados Unidos de donde emerge el eje de la privacidad. “Es un modelo que se fija en el beneficio del consumidor y no en la estructura de mercado”, dijo a elDiarioAR. “La demanda dice que a medida que Facebook se volvió gigante empeoró el servicio de los consumidores en una dimensión clave: la privacidad. Hay estudios que demuestran que cuando Facebook está enfrentando más competencia cuida más la privacidad de los usuarios, que hoy es un eje en cómo pensamos a las redes sociales y las aplicaciones”.

En tercer lugar, el caso puede ser leído como la continuación de la ofensiva judicial contra gigantes tecnológicos. El caso del miércoles, sin embargo, es más significativo que el de Google dado que alude a la cuestión de las adquisiciones y sugiere como remedio una venta forzada de Instagram y Twitter. Buena parte de la evidencia en la demanda contra Facebook fue recabada por el subcomité anti-monopolio del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que también presentó documentos sobre prácticas monopólicas y abuso de poder de Google, Amazon y Apple. Ese material fue el motivo por el cual los CEO’s de las cuatro compañías, incluido Zuckerberg, comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos a finales de julio, una postal que evidenció la voluntad bi-partidaria de avanzar en la regulación de estas plataformas. 

Además de las prácticas monopólicas, estas empresas también son cuestionadas por la poca transparencia de sus algoritmos, los mecanismos para regular –y eventualmente censurar– el contenido que habitan en las plataformas, la relación con los medios de comunicación y sus esquemas tributarios, aunque en este último caso el interés es más palpable en Europa y el resto del mundo que en Estados Unidos. 

¿Puede la justicia separar a Facebook?

La demanda abre la puerta a revertir las adquisiciones de Instagram y Whatsapp. Esa fue la sugerencia de la Comisión Federal ante el Tribunal Federal de Washington, que recibió las demandas por separado: por un lado la de la Comisión y por el otro la de los 46 estados. Pero ese es solo uno de los desenlaces posibles. 

Piazza no se anima a predecir una separación de la compañía. “La demanda habla de iniciar un proceso que después de una elaboración de cómo fueron esas prácticas puede terminar con ese desenlace. Pero también puede terminar emergiendo una ley de privacidad que disipe esa tensión. Antes de la división hay varios pasos y alternativas”, dijo Piazza. 

El consenso para recortar el poder de las grandes plataformas es bipartidario, y encuentra eco al otro lado del Atlántico. Haya separación de Facebook o no, se trata de una batalla legal que promete durar años. La ofensiva contra las Big Tech está tomando vuelo, pero recién acaba de comenzar.

JE