En los últimos veinte años, Argentina construyó un consenso democrático básico en torno a dos ideas: que la violencia por razones de género es un problema de toda la sociedad y no solo de quien lo sufre, y que el acceso a la justicia debe garantizarse para todas las personas. Ese proceso dio paso a avances normativos, institucionales y culturales que fortalecieron los dispositivos para abordar situaciones de violencia y abuso. La discusión actual debería partir de ese piso para consolidar y mejorar lo construido. 

El Proyecto de Ley S-0228/2025 que se busca avanzar en el Senado propone modificar los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal para agravar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento, exclusivamente cuando los casos involucran violencia de género, integridad sexual o niños, niñas y adolescentes. La preocupación declarada, evitar el abuso del sistema judicial, es atendible en abstracto. Sin embargo, hay abundante evidencia de que la reforma produciría efectos opuestos a los que el proyecto declara.

Un diagnóstico inexacto

En Argentina no existen datos oficiales que señalen un problema sistemático de denuncias falsas en casos de violencia de género. De acuerdo a estimaciones del Consejo de la Magistratura, menos del 3% de todas las denuncias penales serían falsas y corresponden en su mayoría a delitos económicos: estafas, defraudaciones, contrabando. A nivel mundial, según ONU Mujeres, las denuncias falsas en violencia de género representan menos del 1% de los casos. En España, uno de los pocos países con estadísticas oficiales sobre este fenómeno, el porcentaje histórico es de 0,0084%.

Estos datos demuestran que en todo caso, el problema no se vincula con un exceso de denuncias sino, precisamente, lo contrario. La Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea, identificó que el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero sólo 1 de cada 4 buscó ayuda o llegó a denunciar. Los datos del Registro de Femicidios de la Corte Suprema para 2024 son todavía aún más contundentes: de 228 víctimas directas de femicidio, hay información que indica que apenas el 18% denunció a su victimario, y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del femicidio. El problema no es que haya demasiadas mujeres que denuncian, el problema es que son muy pocas las que llegan a denunciar.

Uno de los puntos más problemáticos de este proyecto es que facilitará la equiparación de denuncia desestimada por falta de pruebas con “denuncia falsa”. No es lo mismo. A veces la prueba es insuficiente, el proceso se dilata, o las circunstancias del hecho, que casi siempre ocurren en espacios privados, sin testigos, en contextos de relaciones asimétricas, hacen extremadamente difícil la acreditación judicial. La falta de prueba no es sinónimo de que el hecho no haya existido. La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal reconoce que estos casos “suelen ocurrir en lugares íntimos y alejados de la vista de terceras personas”. Asumir que lo que no pudo probarse en la justicia penal fue producto de una denuncia falsa es una confusión que la amenaza de tres a seis años de prisión vuelve concreta: opera como un mecanismo de autocensura anticipada, incompatible con las obligaciones estatales de eliminar los obstáculos para el acceso a la justicia. Es cierto, también la “denuncia falsa” deberá probarse en la justicia penal y es posible que no haya condena pero el problema es anterior: desincentiva la denuncia, restringe la posibilidad de buscar ayuda, funciona como elemento de coerción.

Incorporar la frase “a sabiendas de la falsedad” en la nueva redacción del artículo 245 no resuelve el problema de fondo. El delito de falsa denuncia actualmente previsto en el Código Penal ya requiere dolo, es decir, intencionalidad; en ese sentido, la modificación no agrega nada nuevo. Lo que sí agrega, con efectos reales sobre personas reales, es lo que instala en el imaginario social: que denunciar puede volverse en contra de quien busca ayuda.

Denunciar violencia de género ya presenta numerosas barreras que fueron bien documentadas: económicas –la falta de patrocinio jurídico gratuito obliga a muchas mujeres a endeudarse o desistir–, de información, de sesgos institucionales que desacreditan o minimizan las denuncias, de revictimización, de procesos que se extienden por años sin lograr resolución, y de medidas de protección que muchas veces no alcanzan para garantizar la seguridad de las denunciantes ni de testigos. El proyecto de modificación del Código Penal no propone abordar ninguno de estos obstáculos. Por el contrario, agrega uno nuevo. Al extender el agravamiento de las penas al falso testimonio, el proyecto desincentiva también la participación de profesionales de la salud y de peritos cuyo testimonio muchas veces es el único sostén probatorio en estas causas, especialmente cuando hay niños y niñas involucrados.

Además, el proyecto entra en clara contradicción con una ley que el Congreso de la Nación votó hace poco más de dos años por unanimidad. Se trata de la Ley Lucio, que propone la obligación de capacitar y de denunciar cualquier situación que se conozca de abuso o violencia tanto para profesionales de la salud, docentes y demás personas que conozcan de situaciones de abuso o violencia. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar a las víctimas, a los profesionales y a la sociedad? ¿Van a estar ahí para brindar ayuda o esto se les va a volver como un boomerang porque la Justicia no da respuestas adecuadas y en un tiempo razonable? La respuesta que necesitamos es mejorar la Justicia, no amenazar penalmente.

Lo que no puede ser falsificado

En febrero de 2026 Argentina fue evaluada por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. En las observaciones finales de su informe, el Comité expresó especial preocupación por el efecto disuasorio de este proyecto de reforma sobre las mujeres que buscan protección y exhortó al Estado a retirar el proyecto. Es más: entre las cuatro observaciones que identificó como prioritarias incluyó el fortalecimiento de los dispositivos de acceso a la justicia y la restitución de programas como el Acompañar y la Línea 144, desfinanciados en los últimos dos años. Si el Congreso aprueba esta reforma, incumplirá con una observación del organismo cuya supervisión la Argentina aceptó al ratificar la Convención.

No es el único incumplimiento. La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres establece que el Estado debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Ese plan no existe. A más de dos años de iniciada esta gestión, no hay desde el Estado nacional una iniciativa que mejore la calidad de vida de quienes atraviesan situaciones de violencia, ni que responda a los problemas estructurales que los datos señalan una y otra vez. Por el contrario, hay retrocesos institucionales y desinversión en los programas destinados a brindar ayudas urgentes. Y a esto se suma el proyecto: una respuesta punitiva que no resuelve el conflicto, dirigida a quienes ya tienen problemas para acceder al sistema de justicia.

Este proyecto, que en su última versión contempla penas de entre tres y seis años para quienes denuncien “falsamente” violencia de género –penas más altas que el mínimo de seis meses previsto por el artículo 119 del Código Penal para el abuso sexual simple– indica cuáles son las prioridades que sustenta esta iniciativa.

La iniciativa presentada en el Senado define como “falsas” las denuncias que no logran probarse. Eso es estadísticamente excepcional. No se puede legislar sobre excepciones ignorando la problemática estructural: la violencia que ocurre todos los días en espacios privados y que la mayoría de las veces no llega a ninguna institución, la Justicia que demora, el Estado que en lugar de eliminar obstáculos propone sumar uno más y con condena penal.

Analizar esta problemática estructural con datos confiables y debates honestos resulta esencial para mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia de género. Denunciar no puede convertirse en un riesgo. Es urgente lograr que la resolución de los conflictos no se extienda indefinidamente en el tiempo en perjuicio de todas las partes involucradas y que ese proceso evite la revictimización de quienes se animaron a dar el paso más difícil: pedir ayuda.

NG/MG

Gran parte del trabajo del Poder Judicial es resolver conflictos, tensiones y controversias. Cuando estos conflictos se refieren a la vida familiar y a los vínculos afectivos, la importancia de lo que está en juego se refleja en el impacto que tiene en nuestras vidas cotidianas.

La práctica jurídica está repleta de formalismos y rituales. Algunos son obligatorios, requeridos por los propios procedimientos legales; otros solamente están enraizados en la costumbre y la reiteración. Entre estos, es usual finalizar los escritos con la síntesis de lo que se solicita al juzgado o tribunal (el ‘petitorio’) y luego se inserta la fórmula que se repite como un mantra: “resolver de conformidad, será justicia”. Traducido, es un pedido para que evalúen los argumentos, se consideren las pruebas, se analice su impacto en el caso y se responda a la solicitud porque de esa manera “se hará justicia”.

La extensión de los procesos, las barreras multiplicadas por la distancia que separa a la mayoría de las personas de los lugares donde se desarrollan los procesos judiciales, los costos económicos y personales, se agravan por la opacidad de los procedimientos y las demoras en resolver los temas que se plantean. Muchas personas y organismos dentro del sistema de administración de justicia son conscientes de la necesidad de acercar el servicio a la población y hacen esfuerzos en ese sentido, aún cuando saben que todavía no alcanzan.

Incorporar una perspectiva de género en el proceso judicial fue una de las estrategias para abordar los sesgos de un sistema que tendía (y todavía lo hace) a desestimar la palabra y las experiencias de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, aplicando de manera defectuosa el derecho, tomando decisiones sesgadas, basadas en preconceptos y prejuicios.

Lejos de significar que “juzgar con una perspectiva de género” le da automáticamente la razón a las mujeres, implica que debe asegurarse analizar las pruebas, los argumentos y los contextos de una manera que tome en consideración las distintas miradas y posiciones.

Este es el consenso de la comunidad internacional, tal como muestra el pronunciamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que sostiene que el deber de incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia “implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de erradicar la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder” contribuyendo a la construcción de un Estado “respetuoso de los derechos humanos” (Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 2023).

Pero lo cierto es que el actual contexto de fuerte polarización en América Latina (aunque no solo en esta región) se enfoca en ciertos temas que van tensando las agendas: la economía, la seguridad y los valores culturales.

En su reciente libro ¿Ideología de género? Disputas políticas sobre la diferencia sexual, Marta Lamas (2025) repasa un devenir de posicionamientos políticos contra la perspectiva de género o “ideología de género” que avanza en la región desde hace más de una década. La antropóloga mexicana recupera una serie de ejemplos de América Latina, Europa y Estados Unidos para trazar un panorama de gran preocupación, con consecuencias muy concretas. En su libro, Lamas afirma que “la consecuencia es un aumento de ambientes muy agresivos en varias universidades y una atmósfera hostil que está forzando a muchas académicas a cambiar sus líneas de trabajo. El objetivo de los ataques de todo tipo contra los estudios de género es el de desprestigiarlos y ponerlos por fuera de la ley”.

Ya en el año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió con preocupación sobre estos intentos en la región, en los que se impugnaba el uso de la perspectiva de género con referencias peyorativas como “teoría y/o ideología de género”. La CIDH resaltó que “la perspectiva de género no es una 'teoría', mucho menos una 'ideología', sino (...) una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres y contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas; y un concepto que busca visibilizar la posición de desigualdad y de subordinación estructural de las mujeres a los hombres en razón de su género” .

El sistema de administración de justicia cumple un rol fundamental en la defensa y la protección de los derechos de las personas. Más aún en contextos de desarticulación de políticas de protección de la violencia por razones de género, deslegitimación de las conquistas feministas y aumento de las desinformaciones en estas agendas, es fundamental contar con el Poder Judicial como espacio de protección, reparación y cuidado.

Surge ahora como una preocupación de ciertos sectores la iniciativa de penalizar de manera agravada lo que consideran “falsas denuncias” vinculadas con violencia de género. Es posible que un hecho que se denuncia no pueda probarse en juicio. Eso no quiere decir que sea mentira o que se haya planteado una “falsa denuncia”. En todo caso, para evitar generar más dolor y para reparar los daños a quienes son víctimas, ya sea de una situación de violencia o una denuncia falsa, hay que mejorar los tiempos y procesos judiciales. Este proyecto no resuelve el problema sino que lo agrava.

El mismo Ministerio de Seguridad de la Nación afirma que los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subregistro. Según su informe de estadísticas criminales: “Por sus características, los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subregistro, debido a los procesos de estigmatización que sufren las víctimas. Los cambios en la percepción social sobre la violencia sexual, así como en las respuestas institucionales y en las políticas estatales, impactan en los niveles de denuncia.”

Si se aprueban los proyectos presentados, lo más probable es que menos personas se animarán a denunciar, menos testigos se atreverán a declarar, más víctimas enfrentarán represalias judiciales por atreverse a hablar. Es difícil imaginar que la consecuencia sea otra que la consolidación de un uso regresivo del derecho penal para disuadir la búsqueda de ayuda.

Amenazar con perseguir penalmente en los casos que no se logre probar que ha existido violencia, ¿contribuirá a que “sea justicia”? Antes que actuar a través de la amenaza penal, el Poder Judicial debe enfocarse en trabajar con la mayor celeridad posible, libre de prejuicios, con el foco puesto en las personas. Y desde esa perspectiva, dedicar esfuerzos para reparar los daños generados por las experiencias de violencia que (se espera, se desea) no marquen de manera indeleble las vidas de las personas.

NG/MG

La velocidad del presente parece una marca de la época. La sucesión de noticias, anuncios, acciones pueden dejar poco espacio para la reflexión pausada; para evaluar, poner en contexto y encontrar los hilos que unen la presión sobre algunos temas y la indiferencia ante otros.

Un ejemplo es el caso del Hospital Garrahan que conmueve por el destrato a profesionales de la salud y personas trabajadoras de un hospital modelo y motivo de orgullo. Un equipo de personas que brinda contención, atención, cuidados a niños, niñas, adolescentes y a sus familias en momentos cargados de angustia. Es difícil de comprender el ensañamiento de funcionarios públicos con la entrega profesional y humana que, en el rostro de profesionales de ese hospital, reflejan a todo el sector de la salud pública. Con falsedades, tergiversación de datos y ningún apego a la evidencia, se multiplican discursos cargados de perjuicios y desinformación.

¿Cual es el objetivo? ¿Proteger qué? ¿A quién?

En otro espacio, con estrategias similares, avanzan iniciativas que tampoco parecen encaminadas a defender el bien común ni proteger a las personas en mayor situación de vulnerabilidad.

Hace pocos días, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación aprobó un dictamen favorable para reformar el Código Penal y agravar las penas en lo que denomina “falsas denuncias”, exclusivamente cuando se trata de denuncias vinculadas con la violencia de género, contra la integridad sexual o contra menores de edad.

La preocupación que plantean quienes defienden esta iniciativa es que una denuncia falsa podría generar perjuicios irreparables a las personas afectadas, genera un dispendio de recursos públicos y tergiversa el uso del sistema de administración de justicia. Esta preocupación es atendible. Sin embargo, al enfocarse únicamente en casos que involucran violencia por razones de género o situaciones que vulneran la integridad sexual de niños y niñas, la reforma que se propone refuerza prejuicios históricos sobre quienes atraviesan esas situaciones y suma una barrera adicional a las muchas que enfrentan en el acceso a la justicia cuando deciden pedir ayuda. Además, la amenaza penal para quienes planteen una denuncia o declaren en un juicio por delitos contra menores de edad (que eventualmente no puedan ser probados por la justicia) aumenta la desprotección de niños, niñas y adolescentes. Muchas de las personas que efectivamente declaran en juicios o advierten con preocupación situaciones que podrían ser de vulneración de derechos de niñas y niños son, justamente, profesionales de la salud.

Vale la pena preguntarse nuevamente: ¿cual es el objetivo? ¿Proteger qué? ¿A quién?

¿Hay falsas denuncias?

En Argentina no hay estadísticas oficiales sobre denuncias falsas, en general. Tampoco hay estadísticas específicas sobre la existencia de denuncias falsas en casos que involucren violencia por razones de género. Sin embargo, sí hay evidencia que indica que son muy pocas las mujeres que denuncian o buscan ayuda. Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea (2022), 1 de cada 2 mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero solo 1 de cada 4 buscó ayuda o llegó a denunciar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estudios realizados muestran cifras similares: en 2018 el 22% de las mujeres que vivieron violencia doméstica dijo haber buscado ayuda en alguna institución pública, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30% (ELA y DGEC Gob. de la Ciudad de Buenos Aires, 2023).

La violencia por razones de género en parejas actuales o pasadas es muy preocupante porque, en sus casos más extremos, puede llevar al asesinato de estas mujeres. Los últimos datos del Registro de Femicidios de la Corte Suprema evidencian que, de 228 víctimas directas de femicidio en el año 2024, 54% fueron agredidas por una pareja o ex pareja. Además, el 86% de las víctimas conocía al agresor y en el 42% de los casos incluso convivían. Sin embargo, sólo el 18% de las mujeres que resultaron asesinadas había denunciado al victimario y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del hecho (Oficina de la Mujer de la CSJN, 2025).

En el caso de los delitos contra la integridad sexual, el Informe del Sistema Nacional de Información Criminal del ministerio de Seguridad señala que, de 36.593 víctimas de este delito en 2024, el 72,9% son mujeres. La mayoría de los delitos incluyen abuso sexual simple y agravado, tentativa de abuso sexual, corrupción de menores, difusión de imágenes pornográficas de menores, ciber-acoso sexual infantil, entre otros. Y es el propio ministerio el que afirma que “por sus características, los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subregistro, debido a los procesos de estigmatización que sufren las víctimas. Los cambios en la percepción social sobre la violencia sexual, así como en las respuestas institucionales y en las políticas estatales, impactan en los niveles de denuncia” (pág. 30). Compartimos el diagnóstico pero aumentar las penas argumentando que hay “denuncias falsas” frente a delitos que no logren probarse, no parecería ser la mejor estrategia.

Según ONU Mujeres (2024), las denuncias falsas representan menos del 1% de los casos a nivel mundial. En los pocos países que cuentan con estimaciones oficiales sobre este fenómeno, como España, el porcentaje promedio de denuncias falsas por violencia de género es de apenas el 0,0084% (Fiscalía General de España, datos correspondientes al periodo comprendido entre los años 2009 y 2021).

En el caso de Argentina, según una nota publicada en la revista Quorum, existen estimaciones del Consejo de la Magistratura que indicarían que menos del 3% de todas las denuncias penales –no sólo las vinculadas con violencia de género– terminan catalogadas como falsas o infundadas.

Al revisar el portal web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las causas por denuncias falsas suelen estar principalmente vinculadas a delitos económicos, de falsificación y aduaneros (estafas, defraudaciones a seguros, contrabando). La proporción de mujeres imputadas en dichos casos es muy baja y ninguno fue por denuncias de violencia de género.

Si la intención del proyecto de ley fuera limitar las denuncias falsas porque implican una tergiversación del sistema de administración de justicia, impiden el normal desenvolvimiento de la administración pública y generan un mal uso de recursos estatales, sería razonable abordar a todas ellas y no limitar la iniciativa a las que se enfocan en un grupo específico de causas que, como se ha visto, están muy lejos de ser una parte significativa.

Sin ampararse en datos o estadísticas confiables, el proyecto de ley que se impulsa desde el Senado instala un sentido común basado en mitos y estigmas hacia las mujeres: se las considera “mentirosas” o “mendaces”, “fabuladoras”, “manipuladoras” o “instrumentales”, y capaces de “instalar ideas” en sus hijos o hijas.

La forma en que el proyecto propone regular este delito por supuesta “falsa denuncia” implicaría habilitar el uso del derecho penal como política criminal contra las mujeres que denuncien delitos en contexto de violencia por razones de género, o contra cualquier persona (madres, padres, familiares en general) que denuncien situaciones de abuso sexual cometidas contra niños y niñas.

La amenaza penal funcionará efectivamente como un desincentivo para buscar protección del Estado frente a situaciones de gran vulnerabilidad, restringiendo así sus posibilidades de protección y acceso a la justicia.

No todo hecho que no haya podido probarse se debe a una “falsa denuncia”, sobre todo en este tipo de casos que suelen ocurrir en lugares íntimos y alejados de la vista de terceras personas. Lo importante sería lograr que la resolución judicial (en uno u otro sentido) no se extienda indefinidamente en el tiempo y que se haga de modo tal que evite la revictimización de las personas involucradas en el proceso.

En definitiva, necesitamos analizar los problemas complejos libres de prejuicios, con datos confiables, en diálogos honestos y no cargados de una intencionalidad que solo busca desacreditar al otro, como si el “el otro” no fuéramos también nosotros mismos.

A un año y medio de iniciada la gestión del Gobierno, sigue sin haber ni una iniciativa que solucione los problemas y mejore la calidad de vida de quienes atraviesan situaciones de violencia por razones de género. Lo que queda claro es que el ensañamiento de algunos funcionarios públicos se enfoca en los niños, niñas, adolescentes y mujeres que más necesitan de protección.

Uno de los problemas de la época es la ausencia de conversación pública en base a evidencia, a argumentos, a razones públicas que expliquen las decisiones y permitan un intercambio de puntos de vista. Este es unos de los rasgos de la crisis en la credibilidad de las instituciones que en definitiva erosiona la confianza en la democracia. Sucede con las decisiones de la justicia que no se explican de manera sustantiva y comprensible para la ciudadanía; sucede con las definiciones legislativas a veces apuradas y sin tiempo para la (naturalmente trabajosa) construcción de consensos transversales. Y sucede también con las decisiones de política pública a cargo de quienes tienen la responsabilidad de avanzar en definiciones que tendrán impacto en la vida de muchas personas.

Esa ausencia de razones públicas es lo que llama la atención (o quizá no tanto) en relación con la desarticulación de una de las políticas más eficaces, más transparentes y sostenidas de los últimos años, que fue el plan para prevenir el embarazo en la adolescencia en base a la difusión de información, la construcción de un andamiaje que favorecía la cercanía entre el sistema educativo y los espacios de atención de la salud, y la posibilidad de acceder de manera fácil a los métodos anticonceptivos. Esa política pública era conocida como Plan ENIA.

La información y la disponibilidad de herramientas para poder decidir es emancipadora. ¿Por qué no querer eso para los adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad, de nuestras familias? No hay decisión más profundamente íntima y personal que aquella que involucra la sexualidad y la reproducción. Al mismo tiempo, decidir tener hijos o no, el momento, la oportunidad, la pareja, el proyecto de vida en el que se inscribe, es una de las decisiones más transformadoras en la vida de una persona. Cualquiera sea la circunstancia en que tomemos esa decisión, sus consecuencias (si tenemos suerte) nos acompañarán toda la vida.

¿Por qué no habría de ser prioritario para un estado liberal que respeta las decisiones individuales, contribuir a las mejores condiciones posibles para que adolescentes y jóvenes se acerquen a esa decisión, la planifiquen y elijan (eventualmente, si esa fuera su decisión) para el momento que consideren más adecuado en el transcurso de sus vidas?

Pues bien, las razones para no hacerlo, para no priorizar la continuidad y eventualmente la mejora de esa política pública que trascendió gestiones políticas nacionales, no las conocemos. No son razones públicas.

La evidencia muestra que el embarazo en la adolescencia impacta en los logros educativos de las mujeres que son madres: sólo el 38% de las que fueron madres en la adolescencia (entre 10 y 19 años) completó la educación secundaria, mientras que el 55% de quienes fueron madres en edad adulta completó ese nivel. Asimismo, las mujeres que fueron madres en la adolescencia resultan afectadas por la inactividad laboral en un 25% más respecto de quienes lo fueron en la primera década de la edad adulta (de 20 a 29 años). La maternidad temprana es uno de los factores determinantes en la reproducción intergeneracional de la pobreza, con consecuencias de largo plazo para toda la vida.

Para dar respuesta a esta problemática que no solo impacta en las vidas de las mujeres sino también en el desarrollo económico del país, durante seis años se implementó el Plan ENIA (Plan para la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia). En ese plan, el gobierno nacional ocupó un rol rector clave: se compraron insumos y se brindó apoyo técnico, recursos y personal en las provincias con el objetivo de sostener espacios de consejerías en salud sexual y reproductiva, actividades de promoción comunitarias, educación sexual integral y asesorías en las escuelas.

Sin atender los resultados probados del plan (se redujo el embarazo adolescente a la mitad) y sin considerar la racionalidad y la eficiencia de esta política en relación con la distribución de fondos públicos (es más racional y más económico invertir en la prevención de embarazos no deseados que en mitigar las consecuencias de la pobreza que reproduce), estas razones no alcanzaron para torcer la decisión del gobierno nacional de desfinanciar el plan y retirarse de su implementación.

En un comunicado del mes de abril de 2024, el Poder Ejecutivo indicó que continuaría con el desarrollo del Plan a través de su rol rector y desde una mirada integral, mediante el seguimiento, control y la compra de insumos. Sin embargo, a más de un año el gobierno no ha presentado ninguna propuesta integral y el presupuesto destinado a insumos muestra un gravísimo ajuste.

La desinversión en el Plan ENIA resultará en un aumento de mujeres que no completarán su educación ni accederán al mercado laboral, lo que se traducirá en menores ingresos propios pero también una pérdida de productividad a la sociedad equivalente a 0,14% del PIB y una pérdida de ingresos fiscales para el Estado estimada en USD 66 millones al año, según estimaciones de UNFPA. Desfinanciar el Plan ENIA no sólo pone en peligro la salud y los derechos de adolescentes e implica un retroceso en la lucha contra la pobreza intergeneracional, la deserción escolar y el acceso a empleos de calidad para las juventudes. También es contraproducente para el desarrollo económico del país. ¿No era ese uno de los propósitos que guían a esta administración?

Una prueba del apoyo transversal que había cosechado la implementación de esta política pública dirigida a adolescentes y jóvenes es que referentes de distintos sectores políticos presentaron iniciativas legislativas en el Congreso Nacional. En el transcurso del año 2024, integrantes del PRO, Unión Por la Patria y Encuentro Federal presentaron proyectos que, con distintos matices, buscan convertir en ley nacional el Plan. Todos reconocen sus resultados e impactos.

La preocupación por el sostenimiento del Plan ENIA también llegó a instancias internacionales. En septiembre de 2024, Argentina presentó su séptimo exámen ante el Comité de los Derechos del Niño, órgano internacional encargado de dar seguimiento al cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño. En esa oportunidad, comisionados presentes en la audiencia le consultaron a representantes del Estado cómo pretende llevar adelante esta política pública, siendo que se encuentra desfinanciada en términos de insumos y equipos operativos. Sin embargo, los representantes nacionales omitieron dar respuesta a este interrogante.

En este contexto y advirtiendo las consecuencias de la desarticulación del Plan ENIA, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes presentó una acción de amparo colectivo contra el Ministerio de Salud de la Nación en representación y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de las doce provincias donde el Plan ENIA se desarrollaba, solicitando que se ordene al Ministerio de Salud que garantice la plena implementación del ENIA en todas aquellas jurisdicciones donde se desarrolló. Más allá de los desafíos institucionales que actualmente atraviesa esa Defensoría (cuyas autoridades cesaron en su mandato y se encamina un nuevo concurso público para la nueva designación), el proceso judicial está en curso.

El Estado nacional tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que todas las personas puedan gozar de sus derechos fundamentales, no importa dónde vivan. Desfinanciar el Plan ENIA va exactamente en el sentido contrario. Si no era este el diseño, el alcance, la modalidad de implementación preferida por el Estado nacional, sería bueno conocer las razones por las cuales se prefiere otra modalidad que se presente como más adecuada, más exitosa, más eficiente. Esas son las razones que están faltando en un debate público que no llega.

Tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo tienen hoy la oportunidad de ser protagonistas en la tarea de proteger a los adolescentes y jóvenes frente a la consumación de estas regresiones en sus derechos sexuales y reproductivos. La pregunta es si participarán de la protección o permitirán que se consolide el abandono.

Por momentos se parece a una práctica de esgrima, una suerte de espadeo dialéctico. Que si bajaron los femicidios, si subieron las denuncias, si se recortaron fondos, si se malgastaron los recursos. Que si somos nosotros, si son ustedes, si fueron ellos que hicieron bien o mal tal o cual cosa.

¿A quién le importan todos estos números, después de todo? La discusión no se plantea por interés académico ni puntilloso apego a la evidencia, sino más bien todo lo contrario. Los datos parecen usarse para endilgarle la responsabilidad o la omisión a uno y otro lado de la grieta. Y, a esta altura, ya es difícil saber de qué grieta estamos hablando, si de uno y otro lado del cerco ideológico pocos parecen reivindicar como un tema central entre sus prioridades la protección de las mujeres o las políticas que promueven la igualdad.

Es curioso, porque el problema sigue allí.

Este próximo 3 de junio se cumplen 10 años de la primera vez que se empezó a usar la expresión #NiUnaMenos como sinónimo de advertencia y llamado a la acción. Advertencia por la preocupación frente a la violencia en relaciones de pareja, en la calle y en los empleos que tenía y tiene a las mujeres entre sus principales destinatarias. Llamado a la acción, por la responsabilidad que le toca a los poderes públicos frente a un grave problema social. Este movimiento no surgió de un partido político ni fue el resultado de una política de Estado. Fue la suma de voces colectivas amplificadas por periodistas y comunicadoras, de algo que apenas rozaba la superficie de la conciencia social y que generó políticas e iniciativas interesantes, pero aún incipientes.

A quienes nos importa conocer los datos nos mueve el deseo de querer entender, como único mecanismo útil para poder hacer algo respecto de un problema que sigue allí y que no desaparece aún cuando desde algunos sectores insistan en pelearse con la evidencia. 

¿Bajaron los femicidios?

El gobierno nacional afirma que los homicidios de mujeres bajaron un 14,3% y eso demostraría (en su mirada) que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad solo malgastaba recursos públicos. Bueno, vamos por partes.

Afirmar que la violencia de género bajó porque bajaron los homicidios es tergiversar el debate. Primero, porque el dato de homicidios no es un indicador riguroso para hablar de violencia de género en términos amplios y el homicidio de una mujer no es sinónimo de femicidio (que solo es tal cuando se da en un contexto de violencia de género). La institución que registra los femicidios de manera rigurosa desde hace una década es la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en base a datos relevados por los poderes judiciales de las provincias. 

Segundo, porque los femicidios se mantienen prácticamente estables desde 2014, con algunas variaciones menores año a año. La relativa estabilidad de esta cifra (que se repite en los países de la región) muestra que se trata de un problema estructural que necesita mucho más trabajo de prevención y acompañamiento, antes de que la violencia adquiera formas más graves que pueden llevar al desenlace fatal. 

Tercero, porque lo cierto es que no hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. Los femicidios son la expresión más extrema de la violencia. Afortunadamente, la mayoría de las mujeres que viven en relaciones violentas no es asesinada pero eso no quiere decir que la violencia haya disminuido. Con el desmantelamiento de muchos programas y espacios de atención, es posible también que haya menos mujeres buscando ayuda aunque, por el momento, la información de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema no parece indicar una disminución en los pedidos de asistencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, el sistema de medición dejó de relevar la información de todo el país y se dejaron de publicar las estadísticas que podrían echar alguna luz sobre la cantidad de denuncias.

No podremos saber si hay más o menos denuncias de violencia si no podemos confiar en la rigurosidad de la información. Las estadísticas son importantes para poder hacer mejores políticas públicas, no para tratar de afirmar una idea sesgada.

El problema de la falta de datos confiables y completos tampoco es un problema nuevo, ni exclusivo de la Argentina. El Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará (2025) lo explica así: “En términos generales, la falta de datos impide el desarrollo de políticas basadas en evidencia. Las políticas públicas que buscan mejorar el acceso a la justicia deben basarse en datos confiables y desagregados que permitan identificar patrones de violencia, comprender las barreras que enfrentan las mujeres en los sistemas judiciales y evaluar la efectividad de las medidas implementadas. La mayoría de los Estados analizados no recopila ni publica esta información de manera adecuada, lo que limita la capacidad para diseñar y evaluar políticas efectivas y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención de Belém do Pará” (párrafo 507 del Informe).

Si tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires la información relevada a lo largo de los últimos años indica que el 50% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior parece claro que tergiversar el debate es negar una realidad que muchas niñas, adolescentes y mujeres vivimos todos los días. 

Esconder los femicidios entre los homicidios de mujeres, ignorar las situaciones previas que pueden llevar hasta la violencia extrema, negarse a prevenir a través de una estrategia de atención temprana, es una forma de justificar la ausencia del Estado.

Si ni los femicidios ni la violencia se redujeron en estos años, ¿el Estado malgastó sus recursos? 

Supongamos por un momento que hay un interés genuino en hacer un uso más racional y cuidadoso de los recursos públicos. Podría ser una pregunta válida indagar sobre la distribución del presupuesto en gestiones anteriores. Los datos, sin embargo, no justifican el nivel de ensañamiento con el que se analiza la gestión del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Seguramente, otra sería la calidad de las instituciones públicas si se dedicara el mismo esfuerzo a revisar el uso de los recursos públicos en todas las reparticiones. De acuerdo con un análisis del presupuesto de todos los ministerios realizado por Chequeado, en comparación con las otras carteras ministeriales, el de las Mujeres es uno de los que menos recursos tuvo en 2023. De 19 ministerios, se ubicaba en el puesto 17 con un 0,2% del total de gastos previstos para ese año. Los ministerios con más presupuesto fueron Trabajo (38,3% del total), Economía (7%) y Educación (6%).

A la sociedad, tanto mujeres como varones, el tema le sigue pareciendo relevante. En un estudio reciente que llevamos adelante junto con el CEDES, preguntamos sobre los temas de preocupación para varones y mujeres. La sociedad argentina cree en las mujeres y en los problemas que las atraviesan, y creen que el Estado tiene un rol que cumplir. El estudio Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos muestra que el 62% considera que la asistencia a mujeres en situación de violencia tiene un impacto positivo y en un 79% de las respuestas expresa que prefiere un Estado que brinde protección ante violencias. Claro que se valora el progreso en relación con la igualdad entre varones y mujeres lograda en la última década, pero seis de cada diez personas todavía considera que las desigualdades entre varones y mujeres son grandes o muy grandes, y son la amplia mayoría (85%) quienes consideran que aún queda mucho por hacer para asegurar la igualdad de derechos.

Si el problema subsiste, si a la sociedad le sigue pareciendo un tema preocupante donde el Estado tiene un rol que cumplir, debiéramos poder llegar a un acuerdo sobre cuál será la mejor estrategia para abordarlo. Definir cuál es el plan (y de paso, cumplir con la Ley 26.485 que establece la obligación del Estado nacional de generar un plan nacional de acción para el abordaje integral de las violencias por razones de género).

En lugar sostener una conversación pública con buena fe, en lugar de ofrecer argumentos basados en evidencia y de coordinar un trabajo articulado con las provincias que también tienen responsabilidades en la implementación de estas políticas públicas, se plantea la amenaza hacia las mujeres que se atrevan a denunciar.

Si hay tanta impunidad, ¿será que las denuncias son falsas? 

No lograr la prueba de un delito no es lo mismo que haber denunciado falsamente. En Argentina, no hay estadísticas oficiales sobre denuncias falsas en violencia de género. Lo que sí hay es evidencia de que la mayoría de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, no denuncia.

Los datos muestran que sólo 1 de cada 4 mujeres que sufren violencia buscó asistencia, asesoramiento o llegó a denunciar. De 250 víctimas directas de femicidio relevados por la Oficina de la Mujer de la Corte, menos del 25% había denunciado al perpetrador de la violencia. Las estimaciones sobre el tema parecen indicar que en Argentina menos del 3% de todas las denuncias penales (no solo las de género) terminan catalogadas como falsas o infundadas.  

El mayor problema, incuestionable, es que cada 35 horas una mujer todavía es víctima de femicidio y, muchas veces, después de haber pedido ayuda y con una medida de protección vigente. En España, un país con una población total similar a la Argentina, la cifra total de femicidios es 5 veces menor.

¿Por qué se habla tanto de las denuncias falsas y se trabaja activamente para endurecer las penas especialmente cuando se alega violencia de género? Porque es una forma de desacreditar a las víctimas y sembrar sospechas donde hay miedo.  Denunciar nunca es gratis: implica exponerse, romper vínculos y enfrentarse al sistema. Antes del Ni Una Menos, en muchas ocasiones, las mujeres que denunciaban violencia no eran escuchadas por la policía, ni la Justicia, y a veces incluso, ni por su propia familia.

En 10 años hemos visto que más mujeres reconocen la violencia y se animan a buscar ayuda. En 2018, el 22% de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires que vivieron violencia doméstica dijo haber buscado ayuda, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30%. Esta información surge de la encuesta de Percepción e incidencia de la violencia, implementada por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad en 2023. Queda mucho por hacer, pero claramente hubo un avance de las políticas de información, prevención y atención que impulsaron a más personas a buscar ayuda. Si ahora comenzaran a bajar las denuncias, no parece razonable festejar sin saber si lo que bajó es la violencia o solo aumentó la frustración frente a un mensaje de autoridades públicas que dice: “ni te atrevas, las consecuencias de tu denuncia serán terribles… para vos”. 

No importa cuáles sean sus prioridades, preferencias o promesas de campaña, el Estado Nacional no puede desentenderse de prevenir las violencias de género.  Las mujeres de todas las edades asesinadas por violencia de género siempre serán muchas si el Estado no hizo todo a su alcance para prevenir ese desenlace fatal. Y muchas más son las que no tienen por qué vivir una vida creyendo que su bienestar no vale, no interesa, no es prioritario. El Estado nacional, al igual que los provinciales y municipales, tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos de toda la población, sin importar su lugar de residencia. Todos son corresponsables.

Hablar de violencia de género no es ideología y pedir que no nos maten no es, ni debiera ser, sólo una demanda del feminismo. Es una realidad que se impone. 

DTC

Gozar de buena salud es de esas condiciones que muchas personas tenemos el privilegio de dar por sentado. Muy pronto en nuestras vidas se nos hace evidente el dolor, la preocupación, las complicaciones que genera la afectación de la salud propia y la de aquellas personas que queremos, que cuidamos, de quienes nos sentimos cerca.

El 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y la fecha es un pretexto para pensar, en especial durante este mes, de qué manera se apoyan las mejores condiciones para la prevención de las enfermedades, los controles de salud y el tratamiento de la salud de las mujeres. En definitiva, atender la salud es la mejor manera de proteger la vida.

Entre las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres, aquellas vinculadas con la salud sexual y reproductiva se relacionan también con el ejercicio de otros derechos. La decisión de formar una pareja, de disfrutar de la sexualidad, eventualmente planificar una familia, protegernos de enfermedades prevenibles, abordar las consecuencias de la violencia sexual, son aspectos donde confluyen los derechos y la autonomía. ¿En qué condiciones están las mujeres de nuestro país para acercarse a esos derechos, para proteger su salud, para llevar adelante su plan de vida?

La posibilidad de planificar la reproducción de manera eficaz y segura fue una de las grandes revoluciones de la ciencia y la sociedad durante el siglo XX. La accesibilidad de información y la disponibilidad de los medios anticonceptivos para lograrlo, permite a las personas plantearse cuáles son sus deseos para lo más íntimo de sus vidas: la decisión de conformar una familia, del modo, en el momento y con los vínculos afectivos que queramos.

En Argentina, ese espacio de libertad se logró de manera relativamente reciente. Debieron pasar veinte años luego de recuperadas las instituciones democráticas para que, recién en 2002 y tras muchas demoras, se aprobara la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La distribución de métodos anticonceptivos se extendió a nivel nacional, impulsada por iniciativas previas pioneras como la de la Ciudad de Rosario. Este acceso se consolidó como un derecho para mujeres y varones mediante una ley nacional y un programa del Ministerio de Salud. Posteriormente, se promulgaron normativas adicionales que mejoraron las condiciones de vida de las mujeres en edad reproductiva. En los últimos años, la distribución de métodos anticonceptivos de larga duración, como DIUs e implantes, aumentó un 17% entre 2020 y 2023. Son métodos valorados por tener una altísima eficacia ya que son reversibles y prácticos.

El Plan ENIA, una política pública exitosa para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza, acercar información, métodos anticonceptivos y acompañamiento en las decisiones reproductivas de adolescentes y jóvenes, permitió disminuir de manera significativa el embarazo no intencional en la adolescencia. Desde 2018 hasta 2023, se implementó en 36 departamentos de 12 provincias del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA) y en la provincia de Buenos Aires, priorizados por la magnitud del problema. Durante 2020, brindó asesoramiento a 21.958 adolescentes, principalmente a través de asesorías virtuales debido a las medidas de aislamiento durante la pandemia. Este número aumentó a 32.517 en 2021 y alcanzó los 40.720 en 2022, casi duplicando la cantidad de adolescentes asesorados en comparación con 2020. 

Al ser un dispositivo intersectorial logró vincular de manera efectiva a las escuelas, los servicios de salud y espacios comunitarios, generando un abordaje que trascendió las barreras tradicionales y promovió un enfoque integral de la salud adolescente. En 2018, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumentaba a 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Para 2021, se lograron reducir estas estadísticas a 5 de cada 10 embarazos no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años, y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años. Según datos del Proyecto Mirar, entre 2018 y 2021 la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente en los segmentos de 10 a 14 años, 15 a 19 años y 10 a 19 años se redujo prácticamente a la mitad (43%, 45% y 49% respectivamente). 

Sin embargo, la situación cambió drásticamente desde diciembre del 2023. El presupuesto del programa destinado a salud sexual y reproductiva es el más bajo desde su existencia: representó un 1,29% del gasto ejecutado por el Ministerio de Salud en 2023, un 0,19% en 2024 y en 2025 se proyecta que sea un 0,7%. Esto significa menos insumos para prevenir embarazos no deseados que, para las y los adolescentes, es una de las principales razones para abandonar la escuela. Significa también menos herramientas para prevenir infecciones de transmisión sexual, menos recursos para abordar situaciones de violencia y abuso intrafamiliar que sufren miles de niñas y niños en todo el país. Además, significa que las mujeres enfrentan más obstáculos para planificar un proyecto de vida en libertad y decidir si quieren ser madres o no, cuándo y con quién. 

No se trata solo de comprobar la desjerarquización del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable sino de la absoluta desatención del Estado nacional respecto de las condiciones de vida de la población, especialmente de las mujeres en el país.

El costo de no invertir en prevención es significativamente mayor que los fondos destinados al Plan ENIA: según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado argentino utiliza U$S 200 millones al año para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos no deseados en adolescentes. En contraste, el financiamiento del Plan ENIA representa solo U$S 17,7 millones. El mismo estudio señala que el Estado podría ahorrar cerca de 140 millones de dólares mediante la prevención de estos embarazos, lo que equivale a ocho veces la inversión en el Plan ENIA. 

Cuando los números adquieren nombres y rostros, vemos miles de adolescentes que interrumpen sus estudios, que ven su salud en riesgo y que sienten que no hay Estado que las respalde. Y esa situación no nos pasa desapercibida como comunidad: 7 de cada 10 personas cree que el Estado debería involucrarse y/o invertir en facilitar información y métodos de prevención de embarazos e ITS, y brindar educación sexual integral, según el Informe Puntos de vista. A su vez, 5 de cada 10 personas considera que interrumpir un embarazo en condiciones seguras, que las adolescentes puedan prevenir un embarazo y que haya una distribución más igualitaria de las tareas de cuidado en el hogar son situaciones que afectan positivamente la vida de las personas.

El 28 de mayo es más que una fecha en el calendario. El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres es una oportunidad para evaluar la asignación de recursos y la promoción de las mejores condiciones para gozar del derecho a la salud: la atención y el acompañamiento cuando hace falta, la prevención y el bienestar siempre. Debatir la distribución de recursos públicos no puede pasar por alto la responsabilidad central del Estado: un país federal no es sinónimo de la habilitación de un ‘sálvense quien pueda’. Invertir en salud sexual y reproductiva es la mejor estrategia de prevención, eficiencia y garantía de no discriminación.  

DTC

El vínculo de las personas con el trabajo puede ser muy diverso. Hay quienes tienen la fortuna de unir el trabajo con su vocación, algo que les apasiona y donde entregan mucha de su energía y dedicación. Para otras personas es un espacio en el que han encontrado oportunidades de satisfacción, un sentido de pertenencia. Para otros, el trabajo no es mucho más que el modo de lograr un ingreso que permita la subsistencia diaria. A veces, incluso, en condiciones indignas, de explotación, con malos tratos.

La Organización Internacional del Trabajo, uno de los organismos multilaterales más antiguos (creado en 1919) es el ámbito de cooperación desde donde se procura generar consensos con la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Así, uno de sus esfuerzos más recientes estuvo dirigido a generar un acuerdo internacional para prevenir y eliminar los malos tratos, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que llevó a la aprobación del Convenio 190 en 2019, ya firmado por 49 países incluyendo Argentina.

Lo cierto es que a lo largo de la vida moderna el trabajo también ha sido un modo de ordenar la vida en sociedad, un espacio de socialización y de redistribución no solo de recursos sino también de derechos. El carácter de asalariado (formal) permitía garantizar el acceso a ciertas prestaciones directas (para la persona trabajadora) y derivadas (para integrantes de sus familias). Pertencer, sabemos, tiene sus privilegios. Estar dentro o fuera del mercado de trabajo formal tiene consecuencias importantes: acceso a una jubilación, a la cobertura de salud, al reconocimiento de días de descanso. La alta y persistente precarización del empleo cambió este escenario en los últimos años, con un empleo formal que no crece hace ya tiempo y que no incorpora nuevos trabajadores, en particular jóvenes que buscan iniciar su trayectoria laboral. Como contracara, crece el cuentapropismo, los profesionales independientes y las nuevas modalidades de trabajo mediadas por la tecnología, sin las características de la relación de dependencia como la conocíamos hasta hace algunos años.

Es curioso que entre los temas que ocupan las noticias en este último año, se destaca la preocupación por la baja de natalidad, como si la disminución de nacimientos en el país (un fenómeno que se registra también en otros países del mundo) implicara un problema inminente. Es cierto que genera un importante desafío a futuro (cómo hacer sostenible una sociedad con más personas viejas que jóvenes y cómo financiar un Estado con menos personas aportando a través de los impuestos o las contribuciones de seguridad social) pero en todo caso también es una oportunidad que al parecer ha sido soslayada. Cómo aprovechar mejor los talentos de toda la sociedad, incluyendo a todas las mujeres actualmente fuera del mercado de trabajo o subocupadas que quisieran mejorar su inserción en el empleo.

No han sido pocas las figuras públicas que lamentaron la disminución en la tasa de natalidad. Desde Elon Musk hasta la vice jefa de Gobierno porteño, pareciera que hay un problema grave en el que se debería intervenir para que aumenten nuevamente los nacimientos y revertir así una tendencia que lleva a que en la ciudad de Buenos Aires vivan más perros que niños menores de 10 años.  Lo que llama la atención es que a partir de esas preocupaciones no siga una reflexión sobre qué factores serán los que contribuyen a que muchas personas elijan la maternidad y la paternidad como una opción, y no como un mandato.

En tono de denuncia, se responsabiliza a las generaciones más jovenes de ser individualistas priorizando sus intereses personales en detrimento de asumir responsabilidades familiares, mientras se propone “volver a fortalecer la familia”, como si hubiera un único modelo de familia.

En todo caso, lo más importante, es reconocer que no le corresponde al Estado intervenir sobre los deseos, aspiraciones y planes de vida personales. Lo que sí corresponde al Estado es implementar las políticas públicas que podrían ofrecer mejores condiciones para que, quienes han elegido ser padres y madres, lo puedan hacer sin que el empleo sea un obstáculo. Algo que sin duda necesitarán conservar para afrontar el mayor costo que tendrá en sus vidas la llegada un hijo.

¿Habrá alguna vinculación entre las condiciones de trabajo, la reconfiguración de los espacios y del mercado laboral y el descenso de nacimientos? Tal vez la inserción laboral y la proyección de su evolución no sea un factor determinante, pero sin duda es un aspecto que se tiene en cuenta.

Si analizamos la tasa de actividad (que involucra a quienes tienen empleo y a quienes lo buscan) vemos que la brecha entre varones y mujeres que no tienen hijos es de 17,4 puntos porcentuales. La brecha se incrementa a 31,4 puntos porcentuales al tener un hijo de 6 años y sube a 40,8 puntos porcentuales al tener 2 hijos o mas de 6 años.  Son más los varones que tienen empleo (en comparación con las mujeres) y todavía muchos más, cuando hay hijos e hijas en el hogar. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo (su tasa de actividad) se reduce cuando tienen niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo cuando son más pequeños. 

El Estado no puede ni debe entrometerse en los deseos y motivaciones individuales, lo que sí puede y debe hacer, es contribuir a generar las condiciones para que esa decisión sea tomada en el mejor contexto posible.  Esto es, generando políticas públicas de cuidado y apoyo a las familias con hijos o con integrantes con discapacidad o mayores, que requieren acompañamiento para su vida independiente. 

En Argentina, más del 52% de la población es pobre y 6 de cada 10 personas pobres, son mujeres. Los hogares monomarentales son los más vulnerables y con menos ingresos: el 43,3% de las asalariadas jefas de hogar no están registradas, es decir, no tienen ningún derecho o beneficio asociado al empleo. Son estas mujeres las que presentan el nivel más alto de informalidad laboral en el país.  No es de extrañar, entonces, que casi 7 de cada 10 hogares monomarentales están por debajo de la línea de pobreza y 3 de cada 10 bajo la línea de indigencia.

No hace falta conocer las estadísticas en términos de datos duros, seguramente conocemos las historias más o menos cercanas de muchas de estas mujeres que, aún buscando empleo, tienen menos oportunidades de lograrlo y cuando lo tienen, son peor remuneradas. En el tercer trimestre de 2024 la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 27,7%. Las mujeres siguen estando más concentradas en sectores de menor remuneración, mientras que los varones dominan los sectores mejor pagos.

Las responsabilidades de cuidado (en especial en familias con dos o más niños menores de seis años) sigue siendo un freno para el empleo.  

Si la tasa de actividad de las mujeres disminuye hasta 20 puntos porcentuales en hogares con 2 o más niños o niñas, mientras que pasa lo contrario en el caso de los varones (cuantos más niños o niñas tienen, mayor es su participación en el mercado de trabajo), hay algo allí que nos muestra el impacto que tiene la distribución de responsabilidades de cuidado sobre la inserción laboral. Ese impacto se manifiesta no solo en el tipo de inserción laboral, sino también en la generación de ingresos propios y de riqueza para el país.

Si menos personas eligen el camino de la maternidad y la paternidad, y eso se percibe como un problema para la sostenibilidad del sistema, pero al mismo tiempo el mercado de empleo parece “castigar” a las mujeres que son madres, allí parece haber algo que el Estado sí puede válidamente hacer para promover un cambio.

Si reconocemos que hay un trabajo después del trabajo porque cuidar (con amor y dedicación), acompañar y brindar apoyos también conlleva tiempo y esfuerzo, es posible que no sea el interés individualista el que lleva a las personas a demorar o rechazar la parentalidad como un deseo, sino la certeza de que ese será una elección costosa no solo en términos económicos sino también personales. 

Más allá de si el trabajo es la oportunidad para ejercer una vocación, si es un espacio de socialización o una forma de subsistencia (o todo lo anterior al mismo tiempo), las condiciones en que se trabaja y la facilitación de condiciones para que el empleo sea compatible con la vida privada y familiar es un aspecto sobre el cual el Estado puede y debe intervenir. Ese es el rol del Estado: políticas públicas para los cuidados y apoyos enfocadas en las familias, sensibles a las distintas necesidades y requerimientos de las generaciones, la condición de discapacidad y las preferencias individuales, para apoyar a las familias sin entrometerse con nuestros deseos y aspiraciones.

NG/DTC

En estos días hemos leído noticias y escuchado reflexiones de personas muy diversas en torno a la muerte del Papa Francisco. Entre ellas, las que más me interpelaron son las que sin provenir de personas necesariamente cercanas a la fe católica, compartieron su emoción frente a la figura de un líder social, espiritual, político (en el sentido más interesante de la palabra) que promovía el diálogo fraterno y el entendimiento entre seres humanos. Especialmente entre personas distintas o, más aún, personas que podrían considerarse distantes de las ideas morales de unos y otros. Las muestras de esa capacidad para acercarse en el sentido profundo de la humanidad fueron especialmente destacadas al recordar sus reflexiones en entrevistas, encuentros con jóvenes, activistas, feministas, personas trans. Tal vez es en los pasajes del documental Amén: Francisco responde donde se concentran muchas de las expresiones que ilustran ese interés por acercarse a otros con empatía, recibir sus interpelaciones, inquietudes y dolerse en el dolor de otros.

Esto me recordó un concepto que muchas veces aplicaba mi padre, Carlos Gherardi, que ejerciendo la medicina desde la especialidad de terapia intensiva se acercó a las reflexiones de la bioética del final de la vida. Citando a Engelhardt, sostenía que la ética pública de una sociedad plural se basa en la búsqueda de consensos que incluya no solo a los “amigos morales”, sino especialmente a los “extraños morales”.

¿Cuáles son las bases para ese consenso con los que parecen ser nuestros extraños morales? ¿Cómo volvemos a buscar oportunidades para la coincidencia en estos tiempos en que los consensos parecen tan esquivos?

La política se organiza alrededor de conflictos, acuerdos, desacuerdos, valores, en ocasiones tensionados por figuras que ocupan un rol preponderante en la discusión pública.  Entre la polarización que exacerban los liderazgos autoritarios, sorprende la capacidad de otras sociedades para gestionar de manera civilizada sus diferencias con líderes políticos que se reconocen como adversarios y que aún así (o por eso mismo) administran sus disputas en el terreno de los argumentos.

La fuerza actualmente gobernante fue capaz de atraer votantes con la promesa central de ordenar las cuentas públicas, poner fin a la inflación y deshacerse de lo que describió como la “casta de políticos”.  Amparado en un fuerte desencanto social frente a una gestión estatal deficiente y una pobre gestión de las políticas públicas, pudo avanzar en un feroz recorte del gasto público en particular atacando las prestaciones sociales destinadas a personas con discapacidad, atacando a las mujeres y recortando las políticas para protegerlas frente a la violencia de género, demonizando a ciertos colectivos como las personas migrantes y dejando desprotegidas a las personas LGBT tanto en términos de reconocimiento de su identidad como en la atención de su salud. 

En los últimos meses, distintos estudios mostraron que el apoyo a las políticas de Milei durante su primer año en el cargo se basa en la expectativa positiva de recuperación económica, más que una mayoría que apoye toda la “batalla cultural” que el gobierno se empeña en liderar contra las mujeres, la igualdad de género y los derechos del colectivo LGBT.

Si esto es asi, entonces, como sociedad no hemos cambiado tanto. Y eso puede ser una buena noticia en la dirección hacia algun espacio en común para la conversación posible.

En una investigación que llevamos adelante de manera conjunta entre CEDES y ELA, relevamos los puntos de vista de varones y mujeres de Argentina en relación con la valoración de la intervención estatal, el rol del Estado en asegurar ciertos derechos a la población, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, la generación de condiciones para promover una vida libre y autónoma.

El estudio muestra que cuando las personas se toman tiempo para expresar su individualidad bajo premisas específicas, es decir, cuando piensan en sus experiencias, lo que saben o conocen de manera cercana, cuando se reflexiona en base a cada una de sus propias historias y trayectorias, podemos encontrar los detalles y matices ausentes del debate político generalmente marcado por grandes consignas.

Los cambios culturales no sólo se producen en el debate público, sino también en las actitudes de las personas en situaciones concretas de la vida cotidiana, donde los problemas y las soluciones muestran sus efectos positivos o negativos más de cerca. Estas experiencias particulares construyen visiones y valores sobre los problemas sociales y hacen que las personas estén más o menos en sintonía con la conversación propuesta en la agenda pública.

Los resultados de este estudio muestran que la sociedad argentina aún tiene una apreciación positiva de los derechos e igualdad de género como centrales para el bienestar de las personas y de la comunidad en su conjunto. Muestra que se aprecia un sendero de progreso que hemos recorrido en la última década, aunque todavía haya temas importantes que abordar.

Pese a los discursos descalificadores, la población mantiene niveles significativos de apoyo frente a las agendas de género que promueven la igualdad de oportunidades para mujeres, niñas y adolescentes. Casi 6 de cada 10 personas percibe que existen desigualdades grandes o muy grandes entre varones y mujeres, aunque la mitad también cree que estas desigualdades son menores que hace 10 años. Ocho de cada diez personas entrevistadas considera que todavía es necesario “hacer mucho” para garantizar la igualdad de derechos en el país. Incluso es posible pensar el Estado como un inversor en desarrollo social, ya que una amplia mayoría (más del 80%) cree que el Estado debería “invertir mucho” o “bastante” en “aumentar salarios en salud y educación”. Más del 70% considera lo mismo respecto de “distribuir alimentos a comedores”, y un 70% en lo relativo a “facilitar métodos de prevención de embarazos” especialmente para adolescentes.

La “violencia por motivos de género en la pareja” es considerada el principal problema que enfrentan las mujeres, seguido de “exposición a abusos y a violencia sexual”.  Y sin embargo, la actual gestión del gobierno nacional apeló la decisión de un juez que a ordenó frenar el vaciamiento de los programas para acompañar a víctimas de violencia, sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas y no despedir personal, ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

Las personas encuestadas creen también que la mayoría de la sociedad argentina está de acuerdo con distintas intervenciones, políticas o campañas que fomenten la igualdad de género. El estudio nos muestra un camino para el encuentro de una sociedad que se ve en muchos sentidos fracturada. Pero lo cierto es que hay espacio para la conversación y la construcción de consensos con personas con las que podemos disentir en muchos temas, pero con quienes compartimos aspiraciones comunes en torno a la no discriminación, la protección de personas en situación de vulnerabilidad y el rol del Estado en ese trabajo. Hablemos sobre cómo hacerlo.

Para eso, las instituciones y el respeto por los valores democráticos son fundamentales. La experiencia de los últimos meses fue de un enorme desgaste cuando se tensó la interpretación de la Constitución Nacional para promover una aplicación amañada de la posibilidad de nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto, mientras los pliegos de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo estaban en el Senado sin lograr consenso y acumulando cuestionamientos de todos los sectores. Quienes desde distintos roles y funciones nos opusimos a convalidar esos nombramientos, sentimos alivio por la contundente respuesta del Senado de la Nación que el jueves 3 de abril tomó la única decisión correcta: al rechazar los pliegos de ambos candidatos tomó una de las definiciones más trascendentales para nuestra República y nuestro Estado de Derecho dando un claro mensaje para evitar que este tipo de designaciones se repitan en el futuro.

La Constitución, sobre todo a partir de su reforma en 1994, promueve justamente aquello que hoy necesitamos: promover el encuentro a partir de la generación de consensos. La Constitución Nacional establece que los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema, quienes decidirán sobre nuestros derechos y tendrán la última palabra sobre la legalidad de los actos estatales, deben ser designados con el acuerdo de una amplia mayoría de integrantes del Senado de modo que cargos de semejante trascendencia sean ocupados por personas que debido a sus méritos profesionales e intachables trayectorias personales, logren un consenso amplio y transversal.

Los cargos aún vacantes en la Corte deberían ser ocupados por personas que crean firmemente y defiendan aquello que tenemos en común: la defensa de los derechos y la igualdad de género como centrales para el bienestar de las personas y de la comunidad en su conjunto.  Juezas mujeres, para reparar ese déficit democrático de instituciones que no reflejan la diversidad de nuestra sociedad, donde podamos vernos reflejadas todas las personas, tanto amigos como extraños morales.

NG/DTC

Hasta hace poco tiempo hubiera respondido que “a todo el mundo” le preocupan los femicidios. Estaba segura que, después de junio de 2015 cuando una multitud se unió desbordando las calles de todas las ciudades y los pueblos de Argentina, llevando la consigna “Ni Una Menos” a la región y el mundo, habia efectivamente comenzado una transformación que no tenía marcha atrás. Que se había logrado un nuevo “sentido común” igualitario, donde ninguna persona razonablemente volvería a reivindicar en voz alta la violencia contra las mujeres como una respuesta posible frente a cualquier desacuerdo.

Hoy me resulta descorazonador comprobar que no es así. Y que la banalización de un drama profundo, la descalificación de los avances por los que luchamos y la negación de aquello que alguna vez reivindicamos masivamente, parece para algunos (¿muchos? ¿pocos? ¿quiénes?) una afrenta al principio de la “igualdad ante la ley”. Todo eso sin saber realmente de qué se está hablando.

Hace años que junto a muchas colegas dedico mi trabajo y mis energías a estudiar, escuchar, generar datos, aprender, proponer mejoras para que la sociedad deje de naturalizar la vulnerabilidad y las desigualdades y que ofrezca la posibilidad de una vida mejor no solo para las mujeres sino para las personas. Estoy convencida de que el respeto, la empatía, nos hacen bien como comunidad.

(Un paréntesis: pocos meses después de ese junio de 2015 hicimos en ELA y con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Argentina –con los vientos de hoy algunos dirán que era una muestra de la “agenda impuesta por la ideología woke”–, una encuesta sobre las percepciones de mujeres y varones sobre la violencia en las relaciones de pareja. Recuerdo que preguntamos a las personas encuestadas si había circunstancias en que la violencia en la pareja estaba “justificada”. La respuesta mayoritaria fue que no, afortunadamente, pero de todos modos casi un 20% de las personas respondió que “estaba justificada la violencia hacia una pareja” o al menos “no sabía” qué posición tomar, en caso que la mujer fuera infiel. Es decir, la infidelidad no era ya ni siquiera un deber legal desde la reforma del Código Civil que había entrado en vigencia poco antes ni un motivo para pedir el divorcio, pero para 2 de cada 10 personas era posiblemente todavía motivo válido para un golpe). 

Antes de esa marcha masiva del 3 de junio de 2015 que se organizó gracias a la frustración expresada en twitter de la periodista Marcela Ojeda (cuando esa red social todavía servía para compartir información, generar encuentros, debatir ideas), no había estadísticas de femicidio de fuentes oficiales. No había estadísticas que pudieran mostrar cuál era la dimensión del problema de la violencia hacia las mujeres dentro de los hogares de Argentina. No había un Plan Nacional de Acción para poner en marcha la Ley 26.485 de Protección Integral de las mujeres frente a todas las formas de violencia (que se habia aprobado en 2009, pero cuya implementación dejaba mucho que desear). 

A falta de cifras oficiales (algo que ya existía en muchos países de América Latina), funcionarios y funcionarias públicas recurrían a las cifras que cuidadosamente recolectaba la Asociación Civil Casa del Encuentro, una ONG que llevaba un registro a partir de las noticias que se publicaban en los medios de comunicación. Muchas advertíamos que esas cifras (indispensables en ausencia de otros datos) eran sin embargo frágiles en términos metodológicos porque dependían de la publicación de las noticias en los medios de comunicación, especialmente en la prensa escrita y las agencias de noticias. Y que, en todo caso, aún cuando esos datos eran muy importantes (y se lograban, entre otros motivos, porque había pluralidad de voces en los medios con muchas periodistas feministas que fueron creando conciencia dentro de sus espacios de trabajo) la responsabilidad de generar información estadística de manera seria, sostenida y pública es del Estado, no de la sociedad civil.

Entonces, antes de junio del 2015, había en Argentina leyes, algunas instituciones, algunos datos, pero nada de eso evitó que existiera un nivel femicidios tal que generó una movilización como nunca antes había visto la opinión pública, con masivas marchas pero también con una conversación pública, que empezaba a poner nombre y preocupación sobre un tema que impactaba no solo en las mujeres y sus hijos, sino en la sociedad toda.

Unos años antes en América Latina había comenzado una tendencia a poner nombre a las muertes violentas de mujeres, que eran asesinadas en proporciones alarmantes por parejas actuales o pasadas (aunque no solo por ellos), en circunstancias que mostraban odio y desprecio hacia estas mujeres, muchas veces marcadas por la agresión sexual. Se empezó generalizar la referencia a esta forma particular de violencia extrema contra las mujeres como “femicidio” o “feminicidio” inspiradas en el trabajo de la académica Diana Russell  que ya en 1976 había hecho referencia a este término, y que explicó como categoría sociológica en un trabajo posterior (Femicides: the Politics of Woman Killings, junto a Jill Radford, 1992). 

El uso del término “femicidio” (“femicide”, en inglés) daba cuenta de una problema político: los datos de homicidios mostraban de manera consistente que si bien los hombres son la mayoría de las víctimas en las muertes violentas (8 de cada 10), la forma, las circunstancias y los perpetradores respecto de las víctimas mujeres son muy diferentes. En términos generales, a los hombres los matan personas desconocidas en espacios públicos, y a las mujeres las matan personas de su entorno (parejas, integrantes de las familias, amigos) en sus hogares: el 60% de las mujeres son asesinadas por una pareja o un familiar, mientras que esto es así en el 11.8% de asesinatos de varones. 

¿Conocer esta información significa que unas muertes “valen más” que otras? ¿Que al Estado debiera importarle más o menos según quién es el perpetrador? Claramente, no. Pero sin información, es imposible impulsar respuestas adecuadas. Como se planteó un trabajo regional impulsado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe ya en 2012, “Si no se cuenta, no cuenta”. Saber la diferencia es importante para diseñar mecanismos de prevención adecuados para fenómenos que son distintos. Reforzar la presencia policial en las calles solo servirá (eventualmente) para algunos crímenes, no para ayudar a las mujeres que viven con el terror en sus casas, a manos de las personas que prometieron cuidarlas y respetarlas.

Comenzando por Costa Rica (2007), siguendo por Guatemala (2008), México (2012), Perú (2013), muchos países de América Latina empezaron en los primeros años de este siglo XXI una tendencia a transformar esa categoría política de análisis en un tipo penal.  

Hoy, más de una docena de países de América Latina ha aprobado reformas en sus códigos penales para crear la figura penal del femicidio o feminicidio, que definen de maneras similares pero no del todo coincidentes. Argentina exploró ese camino (de hecho se debatieron varios proyectos de ley que seguían el modelo de las leyes de Guatemala o Bolivia) hasta que finalmente se optó por un camino diferente: en lugar de crear un delito autónomo de femicidio (que, en algunos países de la región tienen una definición del tipo penal que puede resultar imprecisa y por lo tanto problemática) en nuestro país se optó por incluir esta forma de violencia extrema como agravantes del tipo penal del homicidio.

¿Qué dice el Código Penal reformado por Ley 26.791 (aprobado en 20129?

Artículo 79. Se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años, al que matare a otro siempre que este Código no estableciere otra pena.

Artículo 80. Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1) A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia; 2) Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso; … 4) Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión; … 11) A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género; 12) Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inc. 1. 

No es importante convertir el debate actual en una contienda semántica ni de dogmática penal. Pero sí es importante saber de qué estamos hablando.

Hace unos días, el presidente Milei afirmó ante el Foro Económico Mundial reunido en Davos “Llegamos incluso al punto de normalizar que muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio y conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima”.

Esta afirmación no es cierta: en América Latina muchos países han incorporado la figura del “femicidio” a sus leyes penales (no necesariamente agravando la pena respecto de otros delitos igualmente severos), pero esta no es una tendencia global. Lo que sí es global es el interés por comprender, abordar y erradicar esta forma extrema de violencia hacia las mujeres.

¿Hay efectivamente un “privilegio” para las mujeres porque sus vidas valen más que las de los varones asesinados? Definitivamente, no.

En Argentina la pena por el homicidio es la misma, de 8 a 25 años. Cuando se da entre personas vinculadas (artículo 80 inciso 1: “A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”), se aplica independientemente del sexo de la persona agresora y agredida. Para pensar en un ejemplo, todos recordarán el caso de Nahir Galarza condenada a cadena perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, en 2017.

Sí es cierto que hay un agravante (que es lo que se conoce como “femicidio” en Argentina) cuando en los términos del inciso 11, se considera que medió “violencia de género” que sucede, por definición, por parte de un varón hacia una mujer. Entonces el agravante se puede aplicar para que la condena sea a cadena perpetua. ¿Es el único caso en que puede haber un agravante que genere esa pena mayor? No, hay muchos otros, incluyendo el odio racial, étnico, religioso (inciso 4 del artículo 80). Entonces es la circunstancia específica (en ese caso, violencia de género) la que genera la aplicación de la pena más grave. 

Pero puede haber otras formas de llegar a esa pena, y eso es la valoración que hace la justicia en base a las pruebas que se presenten. Recodarán tal vez el intento de femicidio ocurrido en contra de la Sra. Corina Fernández, que estaba esperando a sus hijas en la puerta del colegio cuando apareció Javier Weber, disfrazado con un sobretodo y una peluca, y le disparó frente a todas las personas allí reunidas. La hirió de gravedad pero no pudo matarla. El hecho sucedió en 2010, en el barrio de Palermo. La condena decidida en 2012 por el Tribunal Oral Número 9, condenó a Weber a 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, en grado de tentativa. En la sentencia, el juez Fernando Ramírez utiliza por primera vez la palabra “femicidio”, aún antes de la reforma que hoy genera tanto rechazo. ¿Era un delito específico? No. ¿Era un agravante ya incluido en el Código Penal? No, eso sucedería más adelante. Pero el juez consideró importante darle visibilidad esa forma de violencia extrema que tiene características propias, que había provocado ese hombre contra una mujer que había sido su pareja, ejerciendo violencia de género de manera reiterada desde hacia varios años.

“No cabe duda de que la muerte de una mujer a consecuencia de la violencia de género constituye una categoría sociológica claramente distinguible y que ha adquirido especificidad normativa a partir de la Convención de Belem do Pará. No hay razón, en consecuencia, para no darle nombre y, en tal sentido, cabe señalar que la conducta de Javier Claudio Weber constituye un intento de femicidio, entendiendo por tal la muerte de una mujer –o de una persona con identidad femenina– ejecutada por un varón en razón del género”, de la setencia en el caso Weber. TOC N 9.

¿Por qué se considera relevante reconocer esta figura en las leyes penales? En Argentina, ¿está penalizado o no el femicidio?

Puede haber distintas posiciones sobre el uso del derecho penal para lograr la erradicación de conductas que se consideran disvaliosas. No solo respecto de las conductas lesivas para las mujeres hay una tendencia (en Argentina y en muchos países de América Latina) de creer que el derecho penal es “garantía” de respuesta del Estado. Claramente no lo es: el aumento en las penas de los robos a mano armada (un clásico recurrente) nunca sirvieron para disminuir la ocurrencia de esos hechos. En todo caso será la prevención a través de mayor presencia policial, de cámaras de vigilancia, la iluminación de espacios públicos, la actuación veloz y efectiva de la justicia la que podrá contribuir a prevenir esos delitos. Pero lo cierto es que el derecho penal es una de las herramientas del Estado para mostrar con contundencia los acuerdos sociales: como comunidad, consideramos que cierta conducta no es aceptable para nuestra convivencia democrática y pacífica y por eso es castigada con la mayor severidad, la respuesta penal.

Para muchas personas, el reconocimiento de la figura de femicidio tiene sentido para darle visiblidad. En esa línea fue el voto del Tribunal Oral 9, ya mencionado, que usó el término “femicidio” aún antes de la reforma de 2012. 

Para otras personas, el reconocimiento de la figura del femicidio era importante para que finalmente se generen estadísticas oficiales. Lo cierto es que, como ya comenté, no fue esta figura incorporada en 2012 la que logró que comenzaran las estadísticas que desde 2015 recolecta y publica la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, sino el petitorio leído en una plaza desbordante ese 3 de junio.

De hecho, recuerdo que junto a otras colegas argumentamos por esa época que la creación de un tipo penal no era necesario para generar estadísticas: la prueba estaba en que había estadísticas de las muertes en incidentes viales (que sigue siendo un gravísimo problema en Argentina) y no habia un tipo penal de “muerte en accidente vial”. Para generar estadísticas hay que definir con claridad la metodología y tomar la decisión de hacerlo con la convicción de que es importante tener los datos para poder tomar medidas adecuadas.

Para comprobarlo, basta con revisar las estadísticas criminales del Ministerio de Seguridad: desde hace años publican las de muertes en incidentes viales y todavía no hay estadísticas de femicidios ni tampoco desagregación por sexo en los homicidios dolosos. No es la descripción de la figura penal la que importa, es la priorización política.

El objetivo de las estadísticas, en todo caso, es contar con información para hacer algo al respecto: generar políticas, analizar las fallas del sistema, generar mejores respuestas, medir los resultados de las iniciativas que se implementan. Nada de eso se logró acabadamente ni con la ley de 2009, ni con la incorporación en el Código Penal del inciso 1 y el 11 del artículo 80. 

¿Es cierto que el reconocimiento de que existe la violencia de género otorga privilegios para las mujeres en detrimento del principio de “igualdad ante la ley”? 

De ninguna manera. Se lo pueden preguntar a las familias, a las hijas e hijos de las víctimas de femicidio que pidieron ayuda del Estado, que denunciaron, que fueron reiteradamente a pedir ser escuchadas, y hoy estan muertas. Conversen con estas familias acerca de los “privilegios”.

No es cierto que en todo este tiempo “no se hizo nada” o que “alguien se llenó los bolsillos con las políticas de género”. Eso son solo consignas vacías marcadas por el prejuicio, el desconocimiento y el desinterés real por el tema. Pero sí es cierto todavía no fue suficiente. 

En esto las deudas van para todos quienes tienen y han tenido responsabiildad de gestión pública, en el poder ejecutivo nacional, provinciales y municipales, en los poderes legislativos que aprueban los prespuestos y priorizan la asignación de recursos; y en el sistema de administración de justicia que sigue operando muchas veces con sesgos y desinterés.

Recuerdo un caso hace años cuando los integrantes de la Cámara del Crimen de la 11ª Nominación de la Ciudad de Córdoba dedicaron 275 páginas a argumentar por qué no se debía aplicar el agravante del inciso 11 (mediando violencia de género) porque el vínculo entre el acusado Gonzalo Lizarralde y la víctima Paola Acosta había sido breve y no había sido público. Había nacido un niña producto de ese vínculo (es decir, claramente había existido) y no conforme con el desinterés por la niña y el desprecio hacia ella, Paola Acosta había reclamado judicialmente el derecho a recibir asistencia económica para la niña. Eso alcanzó para que la justicia penal decidiera que eso mostraba una mujer decidida, y no una en posición de víctima frente a una posición desigual de poder. Por eso, argumentaron en la Cámara del Crimen, no había violencia de género en las puñaladas con las que la mató cuando supuestamente irían a encontrarse para cumplir con la decisión de la justicia de pagar los alimentos, ni al dejarla tirada al costado del camino en una alcantarilla con la niña de menos de 2 años, que sobrevivió a la agresión por 80 horas junto a su mamá ya muerta, rodeada de aguas contaminadas. No había allí relación desigual de poder ni violencia de género.

La decisión fue revertida poco después por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y Lizarralde fue condenado a la pena máxima, aplicando efectivamente el agravante de violencia de género del Código Penal porque no hace falta acreditar ninguna característica particular en la víctima ni tener “carácter débil” para vivir una situación de violencia de género.

Me gustaría poder decir que estos casos ya no existen. El femicidio de María Speratti Aquino, asesinada el 16 de marzo de 2023 por su ex marido de cuatro disparos en la puerta de su casa en Cañuelas frente a sus hijos, tras casi dos años de denuncias que no fueron escuchadas, lamentablemente nos demuestra lo contrario.

Escuchenlo en su voz. Escuchen su cansancio y desesperanza en medio de su lucha por vivir.

Todos los esfuerzos dispuestos desde distintos ámbitos judiciales, legislativos y ejecutivos no fueron todavía suficientes para eliminar los sesgos, prejuicios y desinterés por abordar con seriedad este tema. ¿Eso quiere decir que mejor sería no hacer nada? Por supuesto que no. Porque son estos esfuerzos los que dan algun reaseguro, los que permiten accionar por la exigibilidad de los derechos, denunciar las violaciones, hacer responsables a quienes no aplican adecuadamente la ley. Qué nos queda (no a las feministas, qué nos queda como sociedad) si desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo se desestiman estos problemas como reales.

Lo único que no podemos hacer es sorprendernos. Quienes ganaron las elecciones dijeron que venían a esto.

A lo que no me quiero resignar es a pensar que esto pueda pasar con el acuerdo de esa multitud que alguna vez estuvo en una plaza, en una escuela, en una conversación en el espacio de trabajo, en la universidad, en una mesa familiar, conmovida por la crudeza de las formas de violencia que todavía enfrentan las mujeres. 

Eso no me lo creo.

Del mismo modo que no acepto la posibilidad de que no haya habido convicción genuina en quienes alguna vez impulsaron acciones contra la violencia desde sus responsabilidades legislativas, ejecutivas, judiciales a lo largo de todo el país y que hoy ocupan esos mismos roles o responsabilidades distintas y se muestran cercanos a los (¿nuevos?) vientos que corren. 

Espero que el cinismo no haya ganado por completo a la sociedad ni a la clase política.

Podemos disentir y conversar sobre cómo mejorar las políticas públicas en base a argumentos, evidencia y propuestas. Podemos debatir por qué hubo y hay tantas frustraciones respecto de la responsabilidad del Estado. Pero no podemos aceptar que el Estado se declare prescindente en este tema y reniegue de sus responsabilidades. O peor aún, que exacerbe la posibilidad de la violencia hacia las mujeres al negarla.

¿Queremos privilegios? Queremos estar vivas. ¿Será mucho pedir?

NG

El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y la Democracia, se cumple también un año de un gobierno que afectó gravemente ambos. Asumió con promesas de libertad y ajuste a la casta pero muy pronto quedó claro que las medidas regresivas que se implementaron afectaron gravemente a mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Más aún, fue un gobierno que construyó parte de su identidad política marcando a las mujeres como sus enemigas.

En este primer año de gestión hubo una precarización económica generalizada; se desmantelaron políticas públicas clave para prevenir la violencia de género y garantizar derechos sexuales y reproductivos; y se consolidó un discurso oficial que legitima la violencia estructural contra mujeres, niñas, adolescentes y LGBTIQ+. Este balance no sólo da cuenta de una crisis social y económica, sino también un ataque deliberado a los pilares que sostienen la igualdad y los derechos humanos. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Qué Argentina quieren construir para nosotras? ¿Qué Argentina quieren los entusiastas de Milei para sí mismos, para sus familias? 

¿Nosotras éramos la casta?

En este año, las políticas económicas han agravado las desigualdades de género. La devaluación del 100% de la moneda, la caída del PBI en un 3,4% en 6 meses y el ajuste fiscal han impactado más sobre las condiciones de vida de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+, sectores que ya enfrentaban tasas más altas de pobreza y precarización laboral.

Las estadísticas de este primer año son contundentes. La pobreza alcanzó al 52,9% de la población -11 puntos porcentuales más que en el segundo semestre de 2023- y, de esa población, 6 de cada 10 son mujeres. El desempleo en general pasó del 6,2% al 7,6% -del segundo trimestre del 2023 al segundo trimestre de 2024-, pero las mujeres y los hogares encabezados por ellas se llevaron la peor parte. El desempleo en las mujeres llegó a 8,4%, mientras que en los varones fue de 7%. El 13 de agosto, UNICEF publicó un informe afirmando que 1 millón de niños y niñas en Argentina se van a dormir sin comer y que 1,5 millones se saltean alguna comida porque sus padres y/o madres no pueden comprarla. Más que números, son historias concretas de quienes sufren las consecuencias de estas políticas.

A esto se suma el recorte a jubilaciones y el anuncio de eliminación de las moratorias. El 22 de agosto, el Senado había aprobado una modificación de la movilidad jubilatoria que mejoraba levemente los ingresos pero Milei la vetó: 63% de los jubilados son mujeres. El 18 de octubre, el Gobierno anunció que no habrá prórroga de la moratoria previsional que vence en marzo del 2025: el 73,5% de las personas que acceden a una jubilación gracias a la moratoria son mujeres. 

¿Cuál es la solución que propone el Gobierno? Comer asados con quienes frenaron la recomposición en el Congreso y gobernar a puro bait tuitero.

¿La violencia de género no existe?

En 2023 en Argentina hubo 250 femicidios y, a noviembre de 2024, ya hubo aproximadamente 243: son muertes violentas de mujeres por razones de género, la mayoría de ellas en manos de una pareja actual o pasada. Mientras tanto, el Presidente y sus funcionarios afirmaron reiteradas veces que la violencia de género no existe.

La degradación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre 2023 y la disolución definitiva de la Subsecretaría de Protección contra la violencia de Género (que se suponía continuaría su trabajo) el 18 de julio del 2024 son el símbolo más evidente del retroceso. Programas claves para prevenir la violencia han sido reducidos a su mínima expresión, con recortes presupuestarios que los dejan prácticamente inoperantes.

Respecto a la Línea 144 de atención telefónica, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género, entre el 1° y el 2° trimestre de 2024, se registró una reducción del 11% en la cantidad de comunicaciones, 4% en la asistencia y 25% en el seguimiento de casos. Mientras el Gobierno hacía una utilización política de casos mediáticos de violencia contra las mujeres e invitaba a llamar a la línea, en la práctica la desfinanciaba, despedía masivamente a quienes trabajaban allí y, por primera vez en siete años, no incluía un presupuesto específico para su fortalecimiento en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso para 2025.

Respecto al Programa Acompañar, de apoyo económico, emocional y jurídico para personas en situación de violencia de género, los datos también son alarmantes. De 34 mil personas asistidas en el primer trimestre del 2023 se pasó a 434 en el primer  trimestre del 2024. Esto significa una caída del 98,72% en la asistencia, a pesar de que el 54,4% de las mujeres que solicitó el programa se encontraba con el máximo nivel de riesgo de vida. Se registró una caída del 82% en la ejecución presupuestaria en comparación con el segundo semestre de 2023 y, además, el Gobierno definió por decreto que la cobertura de ayuda económica se reduciría de 6 a 3 meses, con la obligatoriedad de realizar de manera previa una denuncia policial. Es decir, no hay espacios de acompañamiento ni mecanismos de atención pero te obligan a denunciar… y quedar librada a tu suerte. Como si fuera poco, tampoco figura el Programa Acompañar en el Proyecto de Presupuesto 2025.

Este vaciamiento institucional refleja una visión política que subestima la violencia de género y naturaliza las desigualdades estructurales. Más allá de la pérdida de recursos, el mensaje es claro: mejorar la vida de las mujeres no es una prioridad para este gobierno. Negar la violencia no hace que desaparezca pero, en este primer año de Gobierno, las mujeres quedaron libradas a su suerte.

Tu cuerpo SU decisión

En relación a los derechos sexuales y reproductivos, el balance también es grave. En un año, destinó cero pesos a la compra y a la distribución de medicamentos para la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo y amenazó con derogar la Ley sancionada en 2020, hablando local e internacionalmente del aborto como una “agenda sangrienta”.

Sin embargo, tampoco implementó ninguna medida para prevenir los embarazos no deseados. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que logró reducir un 50% la tasa de fecundidad adolescente en 5 años, fue prácticamente paralizado. El Gobierno redujo en un año la distribución de insumos, como métodos anticonceptivos, y despidió a 619 integrantes de los equipos técnicos en todo el país. El presupuesto de este Programa cayó un 70% en comparación con 2023 y, para 2025, tendrá una caída del 27% respecto al 2024.

Si bien ya venía sosteniéndolo durante el proceso electoral, la Libertad Avanza comenzó una feroz campaña mediática con fakenews el 8 de noviembre contra la incorporación del libro “Cometierra” a las bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires, contra la Educación Sexual Integral y los y las docentes que cumplen la Ley. A pesar de proteger a niñas, niños y adolescentes, ofreciéndoles herramientas para vivir libres de abusos, prejuicios y violencias, el Gobierno no le asignó fondos en el Presupuesto 2025.

Libertad sólo para algunos

En paralelo a los recortes, los discursos oficiales han deslegitimado el feminismo y las políticas de género a nivel local e internacional. Desde calificativos como “agenda sangrienta del aborto” en el Foro de Davos hasta el rechazo de compromisos internacionales en la ONU y la OEA, las declaraciones del presidente y su gabinete refuerzan narrativas que buscan excluir, desmovilizar y generar una sensación de “batalla perdida”.

La prohibición del lenguaje inclusivo, presentada como una medida “neutral”, es en realidad un retroceso cultural que profundiza estereotipos de género y limita la expresión de identidades diversas. El punto no es si alguien elige hablar con la “e” o buscar otros recursos lingüísticos que no pongan nerviosos a los adeptos a la Real Academia Española. El punto es que a través de ese ataque al lenguaje, en realidad se ataca una manera de comprender el mundo, una propuesta de inclusión y no discriminación que pensamos habíamos conquistado. No en beneficio de las mujeres ni del colectivo LGBTIQ+, sino en beneficio de toda la sociedad.  El ataque no queda solo en el discurso. Mientras provocan sistemáticamente en redes sociales, las consecuencias no son sólo simbólicas. 

Ya lo dijo Flor de la V en su despedida (esperamos temporaria) de la pantalla de la televisión: seguimos creyendo en una sociedad inclusiva, igualitaria, justa. Y seguiremos trabajando para conseguirla.

NG/CRM

Hace poco menos de un año, el mundo observaba con atención la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina. En los primeros meses, sus políticas de ajuste en el gasto nacional y promesas de reformas estructurales para la apertura de la economía despertaron cierta expectativa en el escenario internacional, para quienes cobijan la esperanza de que estabilizarían el país y generarían oportunidades de negocios. Sin embargo, en algunos ámbitos en los que las oportunidades de negocios se enmarcan en sociedades que se toman en serio los principios y valores de los derechos humanos, hoy el entusiasmo va dejando lugar a la preocupación.

Lo que comenzó como una serie de exabruptos retóricos ha revelado un proyecto ideológico que no solo amenaza la estabilidad democrática argentina, sino también la legitimidad de la cooperación multilateral entre países, la sostenibilidad de las inversiones y los derechos humanos en la región. Los retrocesos en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ son solo el preludio de un sismo ideológico que aleja a Argentina de los principios y compromisos globales que Occidente sostiene como pilares. El discurso contra el Pacto del Futuro, la destitución de Diana Mondino y los cambios abruptos en Cancillería, a solo días de la cumbre del G20, son un indicio de las tensiones y los desafíos diplomáticos que Argentina enfrenta.

Valores de occidente en retroceso

Desde el inicio de su mandato, Javier Milei ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Desmanteló políticas públicas exitosas; desprestigió, sin evidencias, las instituciones encargadas de garantizarlas; recortó partidas presupuestarias y despidió masivamente al personal que mantenía las políticas públicas en pie. Todo esto, negando explícitamente la existencia de la violencia de género, incumpliendo normativas vigentes y compromisos internacionales. Con evidencia podemos afirmar que estas medidas configuran un retroceso de décadas en materia de derechos humanos y protección social en Argentina, que no se explica solo por la búsqueda del superávit fiscal y la “necesidad” de un ajuste.

Por eso es que su posición ya trascendió las fronteras. Milei inició un cambio notable en la política exterior argentina, que incluye un alejamiento de posiciones construidas transversalmente por los partidos políticos democráticos en las últimas cuatro décadas, un distanciamiento deliberado de cualquier coordinación posible con la región latinoamericana y el impulso de una agenda incluso anti-liberal, que pretende incentivar retrocesos en materia de derechos humanos a nivel global.

Algunos de los hitos más significativos de estas intervenciones en materia de género en el escenario internacional: el 20 de marzo de 2024, en la Comisión sobre la Condición Política y Social de la mujer (CSW) que reune a todos los países en el ámbito de Naciones Unidas, Argentina expresó su oposición al uso de lenguaje que permite la “promoción” del aborto y la “ideología de género” y votó junto con Nigeria, Rusia, Irán, Irak y Nicaragua. Este posicionamiento significó un cambio de postura respecto de la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina, en contra de nuestra propia legislación nacional. El 18 de junio, en el marco de la Reunión Ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Argentina solicitó remover de un proyecto de resolución sobre Haití la mención a la violencia sexual y de género como aspecto de preocupación específica sobre la situación de ese país caribeño. Ese mismo día, también objetó en otros proyectos todas las referencias a temas de igualdad de género, abordaje de la violencia basada en género, la violencia sexual y el abordaje interseccional (que reconoce que la condición migrante, rural, de discapacidad, la edad, entre muchos otros aspectos, impactan en las condiciones de vida de las personas), a la vez que se opuso a la inclusión de lenguaje vinculado a la Agenda 2030, firmada por 193 países miembros de la ONU.

Argentina no envió una delegación oficial a la IX Conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), que desde hace tres décadas promueve la atención de la violencia hacia las mujeres en la región. Tampoco a la V Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, un espacio de diálogo político donde se da seguimiento a los compromisos internacionales; ni participó de manera presencial en la sesión del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en septiembre de este año, en el marco del proceso de revisión de la situación de niños, niñas y adolescentes del país. Ese proceso dio lugar a muy importantes Observaciones del Comité a la Argentina. Además, hace pocas semanas y de manera sorpresiva, Argentina fue el único país que se negó a firmar la Declaración “sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres” del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20, rompiendo el consenso de todos los países (incluyendo países como Arabia Saudita) y generando sorpresa y preocupación. 

Hoy, 14 de noviembre, Argentina tendrá que dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de tres audiencias solicitadas por organizaciones de la sociedad civil para dar cuenta del grave retroceso en materia de derechos que se vive en Argentina, un hecho que evidencia la preocupación de los organismos de protección de derechos humanos con la mirada atenta de la comunidad internacional.

Esta exhaustiva enumeración que, de todos modos,  no termina de exponer la totalidad de las acciones que está llevando adelante el Gobierno argentino, dan cuenta de una búsqueda consciente y una decisión explícita de atacar simbólica y materialmente estas agendas que reflejan un consenso democrático sobre aquellos valores que compartimos junto a la comunidad internacional. Esto debería encender las alarmas del mundo porque no se trata sólo de desacuerdos relacionados con una “cuestión de género”. Estas acciones suponen un retroceso en los valores que son pilares fundamentales de Occidente y un mensaje a toda la comunidad global: los acuerdos y avances en igualdad pueden ser revertidos fácilmente.

U.N. enemigo inexistente

En este derrotero, el discurso de Milei en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2024 marcó un punto de quiebre. Repitiendo el guión de una serie norteamericana sin citar, Javier Milei descalificó los acuerdos globales sobre derechos humanos ante los 193 Estados miembros y rechazó la Agenda 2030, una agenda de compromisos políticos para promover el desarrollo sostenible “a favor de las personas, el planeta y la prosperidad”. Desde ese podio, la describió como una “imposición ideológica socialista” y puso en duda el rol de los organismos multilaterales, acusándolos de violar la soberanía y la libertad de las naciones. Para Milei, la ONU ha pasado de promover la paz a imponer una “agenda woke” y un “nuevo contrato social” que, según él, amenaza las libertades individuales y fomenta un colectivismo “moralmente tóxico” e incompatible con su mirada del  progreso.

Este posicionamiento marca un intento deliberado por deslegitimar los espacios de diálogo multilateral que amenaza el tejido social y político que da forma a la cooperación y al desarrollo global. Representa un cuestionamiento de los valores democráticos y humanistas que Occidente ha defendido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Al rechazar la cooperación multilateral, Argentina se retira de los espacios de acuerdo que buscan enfrentar los problemas compartidos del siglo XXI, desde la crisis climática hasta los derechos humanos. Para la comunidad internacional, esta postura es una amenaza real: la legitimidad de los organismos multilaterales, que son esenciales para mantener los espacios de diálogo, resolver conflictos y promover el desarrollo sostenible, queda debilitada cuando un país con la influencia de Argentina promueve su rechazo.

Además, como si fuera poco, en ese mismo discurso Milei anunció que Argentina abandonaría la neutralidad por primera vez en su historia, un elemento fundamental para el sostenimiento de la paz en la región latinoamericana. ¿Hasta dónde llegará la guerra ideológica en la que se embarcó el presidente? ¿Qué consecuencias sociales, políticas e incluso económicas puede traer?

Efectos económicos y sociales de la desigualdad

La población argentina no come déficit cero. En un país con 52,9% de pobres -con un histórico crecimiento de más de 11 puntos en los primeros 6 meses de gobierno- y 18,1% de indigentes, la estabilidad económica y política es una expresión de deseo. La experiencia de las últimas tres décadas en nuestro país muestra la volatilidad de los acuerdos, las reglas y los arreglos institucionales, en particular cuando se construyen sin consensos sólidos, basados en evidencia y apoyados en argumentos.   ¿Qué sucedería entonces con cualquier inversión a mediano o largo plazo? Así, no hay seguridad jurídica que se sostenga.

Desde principios del siglo XXI, Argentina fue un factor de estabilidad en América Latina. Más allá de las dificultades económicas y financieras, luego del 2001 el país no sufrió graves crisis institucionales y sociales  que repercutieran negativamente en el clima regional. La política de ajuste brutal interno, combinada con un modelo de rechazo a los derechos humanos y al multilateralismo, no es solo un cambio de estilo: es una amenaza a la estabilidad global. La decisión de desvincularse de organismos de cooperación internacional afecta también acuerdos de inversión y tratados comerciales.

Las inversiones  que esperaban capitalizar un clima económico favorable encuentran ahora un contexto de gobernanza que muestra pocas  garantías, con reglas que pueden cambiar sin consenso y en medio de un escenario global donde las crisis sociales, migratorias y la desigualdad se profundizan. La inseguridad jurídica y la inestabilidad económica y social en Argentina pueden generar un efecto dominó en toda la región. En una economía globalizada, la desconfianza y el distanciamiento de acuerdos comunes pueden desencadenar efectos que se sentirán más allá de las propias fronteras.

Nos están mirando

Los retrocesos en Argentina afectan los valores y derechos compartidos. Si queremos abordar las problemáticas de derechos humanos y de desarrollo sostenible de manera colectiva, cooperando entre las naciones en un mundo cada vez más conectado, debemos comprender que los retrocesos en derechos humanos y el desmantelamiento de políticas de igualdad de género en Argentina tienen consecuencias para todos. Atacar a las políticas para la promoción de la igualdad y la protección frente a las violencias, no es solo atacar a las mujeres ni exponer una mirada del mundo distinta: es un ataque a la construcción de los valores y principios que abrazamos como democracia.  La protección de los valores humanistas y la cooperación multilateral es esencial para la paz y la prosperidad global.

El presidente Milei está siendo visto como un ejemplo a nivel mundial para quienes quieren imponer en sus países discursos violentos, que proponen la supresión del otro como un método político para profundizar las grietas y los conflictos. Argentina desafía los valores y objetivos de los países que defienden un modelo de crecimiento inclusivo y respetuoso de los derechos humanos y ofrece una alternativa a los movimientos ultra conservadores y reaccionarios que ya están presentes -y creciendo- en todo el mundo.

La comunidad internacional tiene en el próximo G20 una oportunidad para reafirmar su compromiso con el desarrollo inclusivo y dar una respuesta contundente a estos intentos por desbaratar los consensos que trabajosamente se construyeron por décadas. No es solo el destino de Argentina lo que está en juego sino la defensa de un modelo de estabilidad y desarrollo en el que los derechos humanos y la equidad sigan siendo el camino hacia un mundo que cuide la paz y promueva la igualdad.

La autora es directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

En las últimas semanas se llevaron adelante audiencias públicas en la Comisión de Acuerdos del Senado en el marco del proceso de designación de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A lo largo de varias horas los candidatos Ariel Lijo y Manuel García Mansilla repasaron sus antecedentes personales y profesionales, expusieron sus puntos de vista y respondieron preguntas de senadoras y senadores.

Entre las observaciones más recurrentes se les consultó, en su carácter de varones, si estaban de acuerdo en que la Corte debería estar integrada por alguna mujer. La respuesta de ambos fue positiva, sin que eso implicara para ellos contradicción alguna con el proceso que están transitando. 

Esto no es novedad: no hay candidatas mujeres propuestas por el Poder Ejecutivo para la Corte Suprema, la única de toda la región de América Latina sin mujeres y aún cuando hay muchísimas juristas con la experiencia y la trayectoria para merecer ese lugar. La inconstitucionalidad de esa omisión ya fue señalada por distintos sectores y recalcar esto a los candidatos (que gustosamente aceptaron la postulación del Ejecutivo) no parece muy conducente. En todo caso, lo que los senadores y senadoras pueden hacer es no votarlos haciendo públicas las razones para ese rechazo. Ese es su derecho constitucional: otorgar o denegar el acuerdo para los candidatos que propuso el Presidente. Sin el dictamen positivo de la Comisión de Acuerdos los candidatos no pueden ser considerados por el pleno del Senado que, a su vez, sin el voto positivo de dos tercios de sus integrantes presentes, no podrán acceder a integrar la máxima instancia del Poder Judicial. 

Ahora, aún para quienes planteamos los cuestionamientos desde una perspectiva de género y poniendo el foco en el derecho de las mujeres a participar de los espacios de poder, nuestras observaciones fueron mucho más profundas y documentadas. No nos hemos limitado a observar que se trata de candidatos del sexo masculino sino que, además, planteamos que a juzgar por los antecedentes y presentaciones de los candidatos en las audiencias, parecen tener poco para ofrecer para defender con convicción a las mujeres y nuestros derechos.

Si bien se leyó en las audiencias una síntesis de las observaciones y preguntas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil, instituciones profesionales y académicas para cada uno de los candidatos, estas preguntas no fueron respondidas. Tampoco, en su mayoría, fueron retomadas por los senadores y senadoras, aunque algunos de ellos sí protagonizaron interesantes intercambios en los que urgieron a los candidatos dando lugar a algunas definiciones curiosas.

Por mencionar algunos ejemplos: la senadora Anabel Fernández Sagasti señaló al juez Lijo que su currículum no precisaba si había completado la capacitación obligatoria en prevención de violencias como establece la Ley Micaela. La pregunta es muy pertinente ya que no solo se trata de una instancia de capacitación obligatoria sino que además tuvo su origen precisamente en la deficiente atención de una situación de violencia de género por un integrante del sistema de administración de justicia que derivó en el femicidio de la joven Micaela García. El juez Lijo respondió: “Sí, es una omisión en mi currículum solamente, lo relativo al curso de la Ley Micaela. Aparte, le agradezco que me lo señale.” No afirmó expresamente haber completado el curso, ni cuándo ni en qué circunstancias. Solo se manifestó extrañado por la omisión porque “lo revisé”. 

Luego, sin que nadie hubiera formulado expresamente la pregunta sino como parte de su introducción inicial, el Lijo hizo referencia a las medidas que se deben tomar para facilitar el acceso a la justicia y en ese contexto hizo referencia a la Oficina de Violencia Doméstica que funciona en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es una pena, sin embargo, que nadie le pidiera una aclaración respecto de su propuesta de descentralizar esa oficina a través de convenios con “iglesias de cualquier credo y otros actores de la sociedad civil”, ya que muestra un claro desconocimiento de qué hace y cómo trabaja la OVD desde hace 18 años.

Por su parte, probablemente el senador que más en apuros puso al candidato García Mansilla fue Martín Lousteau, que insistió en sus preguntas sobre la interpretación de la ley 27.610 que resolvió la legalización y despenalización del aborto luego de un amplísimo proceso de debate que había iniciado en el ámbito parlamentario en 2018 y del que García Mansilla fue parte manifestándose en contra. Las respuestas del ahora candidato a juez sobre estas cuestiones fueron evasivas generales, insinuando que las organizaciones de la sociedad civil hacíamos una lectura equivocada de sus expresiones académicas (que presumiblemente no sostendría en caso de ser elegido para integrar la Corte) y además que la Corte Suprema de Argentina dificilmente tendría que resolver casos sobre la constitucionalidad de la ley de aborto. Es una pena que no se haya seguido esa línea de intercambios, porque hay efectivamente varios casos impulsados desde distintos sectores en contra de la constitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, uno de ellos impulsado con el patrocinio jurídico del ahora Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra. 

Justamente, hay dos casos en los que apenas asumido el nuevo gobierno se conocieron los dictámenes de la Procuración General de la Nación en los que admiten la legitimación de dos grupos en representación del “colectivo de personas por nacer” en contra del Constitución, leyes nacionales y acordadas de la Corte. Con su opinión, la Procuración General allanó la vía judicial para arremeter contra el derecho a la interrupción del embarazo. Entonces no es que las organizaciones o los senadores desconozcan que la situación jurídica de la legalización del aborto es distinta a la situación de Estados Unidos donde la legalización fue resuelta por la Corte Suprema en el famoso caso Roe v. Wade (1973), limitado de manera reciente por un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de ese país. Hacia ese lugar fue la respuesta de García Mansilla. Es que conocemos a los actores locales, sus estrategias y miradas. Por eso es tan relevante considerar quiénes integrarán nuestro máximo tribunal y cuáles son sus miradas sobre la Constitución, el derecho internacional de los derechos humanos y nuestros derechos.

El procedimiento vigente para la evaluación de candidatos a la magistratura no contempla y la Comisión de Acuerdos no facilitó un espacio de intercambio directo entre la sociedad civil e instituciones especializadas y los candidatos. De esa manera se perdieron oportunidades de repreguntar o confrontar más directamente sobre algunas de las cuestiones observadas a lo largo del proceso.

Para ELA y para varias de las organizaciones que presentamos observaciones a ambos candidatos no se trata solo de que no sean mujeres. Ese reclamo está claro y se dirige más a la constatación de que para una buena parte de la clase política el género es accesorio y no centralmente constitutivo de una forma de comprender la democracia y la conformación de sus instituciones.  

Se trata también de una falta de consideración y respeto por temas que son centrales para la dignidad y el bienestar de las mujeres. Si García Mansilla considera, como escribió en sus contribuciones académicas, que los tribunales deben interpretar el derecho a través de una postura originalista: “...los jueces tienen que aplicar el derecho tal cual es, mirando para atrás no para adelante, y respetando el texto, la estructura y la historia de la Constitución…” (El Dial, 2020) una pregunta importante es cómo se aborda el riesgo de ignorar y minimizar la evolución de la sociedad y, en particular, las nuevas demandas respecto a la igualdad de género, la igualdad racial, entre otras. Cómo sería interpretar la Constitución para el mundo de hoy y para el mundo que anhelamos para los próximos 20 años, para nosotras, nuestras hijas, para nuestra comunidad, anclados en una etapa en la que las mujeres no tenían siquiera derechos de ciudadanía.

Ante la falta de espacios que permitan una efectiva participación de la ciudadanía en el marco del proceso de designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 22 de agosto organizaciones de la sociedad civil convocamos una audiencia pública ciudadana en la Cámara de Diputados para expresar nuestras preocupaciones en torno a los candidatos. El video completo del evento se encuentra disponible en este link.

Representantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en justicia y derechos humanos, de la academia y del periodismo expusieron sus posturas sobre las candidaturas.  La audiencia fue convocada por ACIJ, Amnistía Internacional, CELS, ELA, INECIP, Poder Ciudadano y Human Rights Watch. Además, adhirieron a la iniciativa otras 20 agrupaciones de distintas provincias del país y participaron los diputados Fernando Carbajal, Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, Juan Manuel López y las diputadas Marcela Campagnoli, Mónica Fein y Lionella Cattalini.

En este evento, a lo largo de más de tres horas se compartieron todas las razones por las cuales en nuestra opinión los candidatos propuestos no deben ser designados. Los senadores y senadoras están a tiempo de mostrar su compromiso con la calidad de nuestras instituciones y honrando el mandato que la ciudadanía les confirió, generar un nuevo espacio de participación para que en el diálogo se puedan dar las razones públicas para acompañar o no, la propuesta del Poder Ejecutivo. 

Hace algunas semanas me preguntaba desde este  mismo espacio en qué medida ésta es una preocupación que trasciende el mundillo jurídico y de nuestras organizaciones, y cómo podría eventualmente mostrar su impacto en la comunidad de manera más amplia. Bien sabemos que las decisiones de la Corte afectan nuestros derechos y el rumbo que marcan moldea las decisiones de otros tribunales de todo el país, en todas las instancias, en todas las materias. Pero esto parece muy alejado de la ciudadanía. En todo caso, parte del ejercicio democrático debe ser mostrar a la comunidad las razones públicas en las que basan las decisiones de las instituciones, luego de tomarse muy en serio las críticas de las posiciones contrapuestas.

Justamente, esa es la participación ciudadana que quedaría restringida con una postura que, como sostiene García Mansilla, niega la posibilidad de interpretación dinámica de nuestra Constitución y de la influencia ciudadana en el proceso democrático. 

NG/DTC

Esta semana vivimos la distopía de un Ministro de Justicia que, frente a una Comisión de Diputadas y Diputados de la Nación, desconoció abiertamente el derecho a una vida digna y en condiciones de igualdad para las mujeres y personas gays, lesbianas, transexuales, travestis. En su presentación (por si hacía falta aclararlo, tomando textualmente partes de discursos previos del Presidente Milei), el Ministro Cúneo Libarona ofreció una nueva muestra de su desconocimiento sobre las leyes vigentes y su total desinterés por las obligaciones del Estado que él debe garantizar por su función institucional.

Es posible que su objetivo no haya sido solo congraciarse con un sector del Gobierno y de la opinión pública más reaccionaria sino también tratar de ocultar detrás de sus posturas inadmisibles la única realidad inobjetable: la desarticulación de las políticas públicas para atender las violencias vulnera la ley y genera daño. 

Un día antes de su participación en el Congreso donde justamente le iban a preguntar sobre la falta de políticas para asistir a las mujeres en situación de violencia, el Gobierno Nacional decretó que el programa Acompañar, que otorgaba un salario mínimo vital y móvil a víctimas de violencia de género por 6 meses para promover la salida de ambientes violentos, quedaría reducido a tres meses y solo será otorgado a quienes acrediten “la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género”. 

¿Por qué significa esto un retroceso? Porque está claro que aún siguiendo el criterio economicista del Poder Ejecutivo es mejor prevenir que curar: al Estado le cuesta 22 veces más intervenir de manera tardía en los casos de violencia de género. En los propios términos que el Gobierno supuestamente entiende, alegando “criterios de eficacia, eficiencia y economía” se debería promover todos los programas orientados a fortalecer las autonomías de las mujeres para que puedan buscar ayuda a tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta que el 95,7% de las mujeres que buscaron ayuda por situaciones de violencia declaró que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos, 7 de cada 10 tiene a cargo niños menores de 14 años y 4 de cada 10 habitan en viviendas provisorias. Si seis meses ya resultaba poco tiempo para construir una estrategia de salida y crear condiciones suficientes para iniciar un proceso de autonomía económica de las mujeres que presentan niveles de mayor riesgo, tres meses de ayuda económica es prácticamente nada. 

Es posible que estos datos no conmuevan al Sr. Ministro y a la gestión que representa, pero esas eran algunas de las preguntas a las que se enfrentaría en la Comisión de Mujeres y Diversidad del Congreso en la reunión del martes por la mañana. En su lugar, probablemente el objetivo de la intervención fue dirigir la conversación pública a responder los términos discriminatorios de su discurso en lugar de confrontarlo con los datos que muestran la profundidad del daño que causa su gestión al frente del Ministerio. Mientras sobreactúa un discurso pretendiendo proteger los valores de la familia, las mujeres y personas LGBT están cada vez más solas y desamparadas en sus casas. Esa es la única realidad.

El desafío de los tiempos de hoy es mantener el temple mientras se responde con argumentos y con evidencia sin entrar en la dinámica de agresión descabellada que proponen desde algunos sectores de manera continua. 

Para hacerlo, proponemos detenernos en otras historias dentro de la historia, otros espacios en los que podemos seguir encontrándonos, construyendo puentes y creando tramas.

Tejer tramas, narrativas, movilizar invenciones es la propuesta de nuestro stand institucional en ArteBA, la feria de arte contemporáneo de Buenos Aires que abre sus puertas al público el día viernes 30 de agosto. Con la curaduría de Guadalupe Arriegue, ELA se sube a los movimientos que discuten genealogías e historia del arte. Sin el afán de cristalizar esencialismos ni quedarnos inmóviles frente a las noticias de actualidad, proponemos participar de la práctica artística como una experiencia sensible e intersubjetiva desde donde podamos participar de otras conversaciones, con otras personas, en nuevos formatos.

En esta edición,“Otras historias posibles II” continúa la exploración iniciada en nuestra exposición anterior y proponemos redescubrir el arte como un espacio de creación de otros mundos posibles, otras percepciones y tramas alternativas, enfatizando las historias dentro de historias. Buscamos colectivamente nuevas formas de percibir y entender nuestro entorno, ofreciendo una mirada sobre las realidades con perspectiva de género.

Como un antídoto ante tanta violencia e ignorancia de las subjetividades propias y ajenas, ofrecemos una contribución para construir un pequeño gran refugio, colectivo y plural, en el lenguaje de lo artístico.

La muestra en nuestro stand incluye obras y proyectos del Archivo de la Memoria Trans, Belleza y Felicidad Fiorito, Migrantas en Reconquista, Randeras de El Cercado, Fátima Pecci Carou, Flor Alvarado, Gala Berger, Lorena Fernández y la dupla Somigliana-Goldenberg. Todos los días a las 15 horas ofrecemos un recorrido curatorial con perspectiva de género por la muestra de ArteBA y a las 17 horas escucharemos lectura de poesías. 

Porque en la belleza también se teje la resistencia, esperamos puedan visitarnos en estos días.

NG/MG

De quién es la ganancia en este río revuelto no lo sabemos. Sin duda no somos las mujeres las ganadoras ni tampoco las políticas que el Estado debe implementar con el objetivo de garantizar la protección y el acompañamiento frente a la violencia de género.

El interés de los medios de comunicación y de la opinión pública por las situaciones de violencia denunciadas por la Sra. Fabiola Yañez contra Alberto Fernández se justifica por el impacto de la noticia y las paradojas que genera. La primera paradoja es que no sólo se trata de un ex presidente acusado de ejercer violencia contra su pareja mientras tenía la responsabilidad de la primera magistratura, sino que además se trata de un funcionario público que desplegaba muchas otras conductas por lo menos inapropiadas para la investidura de su cargo mientras buscaba posicionarse como un “presidente feminista” y férreo defensor de los derechos de las mujeres y disidencias.

La otra gran paradoja es que el actual presidente y otros funcionarios públicos hoy en ejercicio y con responsabilidades públicas, se expresan indignados por la violencia que se denuncia al tiempo que desmantelan todas las políticas dirigidas a proteger a las mujeres de tales abusos.

En el medio de esas contradicciones que, en todo caso, no opacan la reivindicación del derecho colectivo a contar con políticas que reconozcan este problema y el derecho individual a recibir protección frente a las violencias, la Justicia avanza en el tratamiento de las distintas denuncias formuladas contra el ex presidente Fernández. 

En tiempos confusos hay algunas preguntas urgentes que es indispensable responder con información clara. Aquí va nuestro aporte a 5 cuestiones centrales que circulan en los discursos públicos con el objetivo de despejar algunos de los interrogantes que se plantean.

1– ¿Cómo puede ser que una mujer denuncie hoy hechos que refiere han comenzado en 2016?

Es muy habitual que las mujeres demoren a veces incluso años en denunciar la violencia que viven de parte de una pareja sentimental. Por la misma naturaleza del vínculo, por la relación de dependencia emocional y muchas veces también económica entre las partes, las mujeres en ocasiones tienden a no reconocer (ni ante sí mismas) que se encuentran en una situación de violencia. Hay muchos estudios en Argentina y en el mundo que muestran cómo se presentan estos obstáculos subjetivos a la posibilidad de salir de una relación de violencia, y esto es así en todas las etapas de la vida. Hay mujeres que no logran superar esos obstáculos nunca y otras que lo hacen transcurridos muchos años de sufrimiento. Por eso es tan importante trabajar en la prevención a través de acciones que ayuden a promover la autovaloración de las mujeres, a promover las condiciones para su autonomía económica, a transformar las estructuras de discriminación y a generar espacios de confianza para que puedan buscar ayuda.

2– Las modalidades de violencia no son tipos penales

No todas las formas de violencia son delitos. De hecho, a diferencia de muchos países de la región de América Latina que impulsaron las reformas de sus códigos penales para incluir distintas formas y expresiones de violencias, en Argentina tomamos un camino distinto. La Ley 26.485 de Protección integral frente a todas las formas de violencia aprobada en 2009 no crea tipos penales sino que define distintas conductas que constituyen violencia (violencia física, psicológica, sexual, económica, entre otras), que afectan a las mujeres en distintos ámbitos (en la vida doméstica, en el empleo, en la atención de la salud, en los espacios públicos, en la política, por nombrar algunas de ellas). 

Entre estas formas de violencias descriptas por la Ley, está la violencia en los procesos reproductivos, que también fue nombrada en la denuncia contra Fernández. La ley 26.485 la define como aquella conducta que “vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”.  Es decir, se trata de proteger el derecho de las mujeres a decidir de manera libre e informada sobre su proyecto de vida en relación con la decisión de maternar. La denuncia, en este punto se vincula con la coerción a la que habría sido expuesta en relación con un embarazo. No es un delito en sí mismo, sino que muestra un contexto de vulnerabilidad que afectó esa decisión. 

3– Una funcionaria o funcionario público, ¿tiene obligación de denunciar un hecho de violencia que llegue a su conocimiento?

Salvo que haya tenido conocimiento de un hecho que pueda configurar un delito de acción pública (por ejemplo, un intento de femicidio, una agresión grave que ponga en riesgo la integridad física de la persona), no tienen obligación legal de denunciar penalmente al agresor. Hay varias razones para esto: por un lado, reconocer la agencia de las mujeres es decir, el derecho a decidir sobre sus vidas y tomar las decisiones que consideren las mejores para sí mismas, cuando estén en condiciones de hacerlo. En segundo lugar, reconocer que el camino de la denuncia (sobre todo la denuncia penal) no necesariamente es el que mejor responda a sus necesidades. La denuncia muchas veces genera más peligro para las mujeres y entonces en lugar de ayudar, se la expone a un mayor riesgo. 

Hay matices que se vinculan con el tipo de información que hubieran recibido los funcionarios o funcionarias involucradas y sobre todo si (aún tratándose de delitos de acción privada, como las lesiones leves) hubieran tenido autorización de la mujer afectada (la víctima de esas conductas violentas) para dar a conocer la situación. Además, se genera la obligación de denunciar en caso que supieran que la mujer estaba imposibilitada de hacerlo por sí misma. 

4– Si no pueden o no deben hacer la denuncia sin consentimiento de la mujer, ¿eso quiere decir que no deben hacer nada?

Definitivamente no. Funcionarios públicos tienen obligación de brindar asesoramiento. Se aplica en todo el país la ley 26.485 de Protección integral frente a todas las formas de violencia contra las mujeres junto con su Decreto reglamentario. En todos los casos, hay obligación (art. 36) a informar a la mujer sobre sus derechos, cómo hacerlos valer y cómo preservar las evidencias para que pueda, en su momento, tomar las decisiones que considere. En todo caso, más allá de si se trata de una obligación legal, podemos coincidir seguramente en que hay un deber moral a brindar asistencia cuando estamos en condiciones de hacerlo: acompañar, comprender, empatizar, ofrecer ayuda para acercarse a un espacio especializado de contención y eventualmente de denuncia.

5– ¿La presunción de inocencia desaparece cuando se investiga una denuncia un delito enmarcado en la violencia de género?

Definitivamente, no. Las garantías constitucionales en el derecho penal siguen plenamente vigentes y es importante que así sea.  No existe en nuestro ordenamiento jurídico la inversión de la carga de la prueba para delitos que constituyan violencia de género.

La ley 26.485 introdujo el principio de amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados “teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos” (art. 16.i). El art. 31 agrega que “Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes”.

Entonces, no se trata de invertir la carga de la prueba, sino de desarrollar investigaciones serias y exhaustivas que tomen en cuenta los indicios y otra prueba indirecta que corrobore los dichos de la víctima.  De esto se trata todo el esfuerzo que se ha hecho desde espacios institucionales como la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia con las capacitaciones que impulsan desde hace más de una década, el trabajo dedicado y comprometido de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, las guías para juzgar con perspectiva de género elaborada por el Ministerio Público Fiscal, y el trabajo de tantos otros espacios públicos en las provincias, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. La Ley Micaela (que la actual gestión busca deslegitimar y que el candidato a la Corte Ariel Lijo olvidó consignar en su currículum, según mencionó en la audiencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado) en su aplicación en el Poder Judicial va en esa misma línea.

Además, distintos órganos internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalaron que el testimonio de la víctima tiene especial valor en los casos de violencia hacia las mujeres ya que muchas veces no existe prueba directa del hecho. La aclaración fue necesaria porque era habitual que estas denuncias se descartaran y se archivaran de plano pues, ante la falta de registro del hecho en sí, se consideraba que era la palabra de una contra la del otro. Además, se descreía de la palabra de la víctima, por la amplia vigencia de los estereotipos de género según los cuales las mujeres son mendaces y denuncian a sus parejas para vengarse o para sacar alguna ventaja. El estándar internacional que exige tomarse en serio el testimonio de la víctima y el principio de amplitud probatoria permitieron lograr avances en casos de violencia de género que históricamente quedaban en la impunidad. No se trata de invertir la carga de la prueba o de lograr una condena solo con el testimonio de la víctima, sino de dejar de lado los prejuicios de género y llevar adelante las investigaciones con la debida diligencia.

La paradoja de encontrar nuevamente a la violencia hacia las mujeres en el centro de la agenda informativa a propósito de un caso de enorme trascendencia institucional, aún cuando los datos muestran que estos casos se presentan a repetición, de manera cotidiana y las interpretaciones maniqueas que se intentan hacer desde distintos espacios políticos no deben confundir la centralidad del problema: la violencia de género existe, es grave, y abordarla es urgente.

Mientras todo pasa a gran velocidad, se inició también el proceso de audiencias públicas en el Senado para que los candidatos a la Corte Suprema respondan las observaciones presentadas ante la Comisión de Acuerdos por organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales, academia y otras personas interesadas. Sabremos en las próximas semanas si entre los acuerdos políticos se negocia o no el derecho de las mujeres a ser parte del máximo tribunal de justicia… por ahora toca es analizar con profundidad las observaciones a los dos candidatos propuestos por el Ejecutivo y sus respuestas. Es indispensable recordar que todos nuestros derechos, la interpretación de las normas, la valoración de la Constitución, la evaluación de nuestros reclamos, todo termina finalmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No debemos ser las mujeres la moneda de cambio.

No es claro de quién es la ganancia en este río revuelto. Hay un aprendizaje para recordar: juzgar a las personas y las gestiones no por lo que dicen que hacen sino por la evidencia concreta de qué es lo que hicieron.

NG/MG

Que dirigentes políticos como Alberto Fernández hayan impostado compromiso con los derechos de las mujeres, intentando hacer uso político de un movimiento que no les pertenece, no quita relevancia ni trascendencia a las luchas y reivindicaciones que impulsamos desde los feminismos hace muchas décadas. 

En otro momento de la historia, hubiera sido imposible denunciar a una persona con tanto poder como un expresidente y mucha gente hubiera puesto en duda esa denuncia. Si hoy hay tantas personas dispuestas a creer en esa palabra es porque las mujeres, las feministas y nuestros movimientos trabajamos para que esto suceda desde hace muchas décadas. Ninguna gestión de gobierno, ninguna fuerza política puede arrogarse el mérito que no es suyo sino de las mujeres que trabajamos a nivel nacional, regional e internacional para generar marcos jurídicos y mecanismos de implementación importantes para las mujeres.

Las mujeres hacen pública la situación de violencia cuando pueden, cuando sienten que están en condiciones de hacerlo: tienen derecho a hacer una denuncia (no tienen la obligación de hacerla) y cuando esto sucede la justicia tiene la obligación de investigar y tomar medidas de manera veloz y procurando su efectividad. El Poder Judicial, igual que otros organismos públicos (desarrollo social, áreas de salud, la Policía) debe implementar estrategias de protección y acompañamiento. No todas las violencias son delitos y aún cuando lo fueran, no siempre las mujeres quieren impulsar su denuncia y sanción. ¿Y entonces? ¿Esto quiere decir que si no hay delito (o no hay impulso de una acción penal para investigar un delito) no pasa nada? No. Hay otras medidas que el Estado debe promover para prevenir nuevas violencias, para acompañar a quien la está atravesando, para ayudar a reparar los daños que ha sufrido y generar condiciones que le permitan vivir mejor. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que establecían los Planes Nacionales de Acción contra las Violencias que se implementaron desde 2015 y que hoy nadie impulsa. Esa es la obligación que Argentina asumió como país ante la comunidad internacional y ante cada una de nosotras.  

No aceptamos la doble vara en ningún caso, tampoco del Gobierno Nacional que reacciona con sobreactuada indignación y tiene posiciones como mínimo erráticas y sin duda regresivas acerca de la lucha contra la violencia de género desde el inicio de su gestión. Mientras impostan preocupación y recomiendan a las víctimas llamar a la línea 144, la realidad es que:

Si se elimina el organismo especializado para atender la violencia y se desmantelan todas las políticas públicas, ¿qué pueden ofrecerle a las personas que llaman a la Línea 144 para acompañarlas?

Como institución que trabaja hace más de 20 años siguiendo el legado de quienes estuvieron antes que nosotras para lograr un reconocimiento de las violencias hacia las mujeres como un problema público y político, desde ELA siempre vamos exigir, monitorear y evaluar las políticas que el Estado tiene la responsabilidad de implementar. Para que el derecho a vivir una vida libre de violencia no sea una promesa vacía en el papel, es el Estado el que debe impulsar políticas públicas activas, financiadas, sostenidas y coordinadas, donde el centro de las preocupaciones esté en la protección de las mujeres, niñas y adolescentes y la promoción de mejores condiciones de vida para toda la comunidad.

En nuestra investigación sobre el estado de situación a seis meses de la gestión de gobierno nacional encontramos que, al no contar con información certera sobre la continuidad de estas políticas para atender las violencias hacia las mujeres, las áreas de género provinciales y municipales deciden dejar de ofrecer algunos programas para no generar falsas expectativas en mujeres que ya están en situación de vulnerabilidad. La consecuencia es clara: con grandes dificultades para sostener el acompañamiento de la mujer, con una economía que se cae a pedazos, aumento de la pobreza y del desempleo, muchas veces la víctima regresa con el agresor.

Como desde hace muchos años y frente a las gestiones de distintos signos políticos, en ELA trabajamos siempre con la misma misión: promovemos la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Por eso, hace algunas semanas hicimos una presentación judicial contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de leyes y tratados internacionales en materia de violencia de género y por la incertidumbre generada ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Prevención de Violencias  y el despido del 85% de sus trabajadores. Todavía esperamos la respuesta de la justicia.  

Frente a quienes celebran el cierre del ex Ministerio de las Mujeres o afirman que el feminismo no sirve para nada, reafirmamos: ninguna política pública, ninguna ley y ninguna institución resuelve, por su sola existencia ni de un momento para el otro, un problema social, cultural e histórico complejo. Eso de ninguna manera significa que esas políticas sean innecesarias o ineficaces. La negación de un problema estructural rodeado de falsos debates y simplificaciones está lejos de permitirnos avanzar. Muy por el contrario. La reflexión debería ser al revés: ¿no son estas políticas públicas más necesarias que nunca?

NG

En medio de tantas noticias de coyuntura, preocupaciones, celebraciones y agravios, parece quedar poco espacio y energía para los eventos que dejarán su marca en un plazo más largo. La elección de dos integrantes para la Corte Suprema puede ser uno de esos temas con altas posibilidades de quedar reducido al mundo jurídico, que parece tener pocas consecuencias perceptibles en la vida cotidiana.

Propongo que hagamos el ejercicio en nuestras familias y círculos de amistades: ¿cuántas personas saben que hay un procedimiento avanzado para el nombramiento de jueces para la Corte Suprema? ¿Cuántas personas se involucran en ese proceso? ¿Quiénes lo hacen y con qué motivaciones? 

Aunque los medios de comunicación y en las redes sociales se ha dado, en mi opinión, mucha difusión a los debates generados por los dos candidatos y las observaciones basadas en razones vinculadas con su integridad, trayectoria y también por la falta de mujeres entre las nominadas, el debate parece reducido al espacio de la comunidad jurídica. 

Agrupaciones de abogados, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con las herramientas del derecho e integrantes del Poder Judicial se involucraron en este proceso que parece lejano para la mayor parte de la sociedad. Aunque pueda parecer un tema de nicho, que impacta poco en nuestras vidas cotidianas es importante saber que es la Corte Suprema la que marca el rumbo de la interpretación de nuestras leyes y de nuestros acuerdos constitucionales. 

El abogado y profesor universitario pampeano Gustavo Arballo recorre periódicamente las decisiones más trascendentales de la Corte y contribuye a su difusión no solo en revistas especializadas sino también en publicaciones más accesibles para el público general, como este artículo publicado en la Revista Anfibia. Está claro que el impacto de muchas de esas decisiones se acerca bastante al destino de nuestras vidas: la Corte decidió cómo se deben actualizar los montos de las jubilaciones (caso Badaro); cómo interpretar las reglas para la indemnizaciones en casos de despido (casos Aquino y Vizzoti); por qué el derecho de las mujeres a decidir sobre su autonomía reproductiva tiene protección constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos (caso FAL); y mucho tiempo antes había decidido que las escuelas públicas universitarias no podían válidamente excluir a las mujeres de sus claustros porque esa es una práctica discriminatoria (caso González de Delgado).

Las decisiones de la Corte tienen gran impacto en nuestros derechos y el rumbo que marcan moldea las decisiones de otros tribunales de todo el país, en todas las instancias, en todas las materias.

La decisión que se tome sobre la integración de la vacante que ya existe (debido a la jubilación de Elena Highton de Nolasco, la segunda de las únicas dos mujeres que integraron la Corte desde la recuperación de la democracia; la otra fue Carmen Argibay) y la vacante que se producirá a fin de año (cuando se concrete la jubilación de Juan Carlos Maqueda) tendrá efectos duraderos. La propuesta de aspirantes jóvenes implica que estarán en ese lugar de enorme poder por los próximos 20 años. Vaya si tendrá impacto de largo alcance.

La observación más evidente es que resulta problemático que se proponga mantener una Corte que, por las próximas décadas, continuará siendo exclusivamente de varones. Los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, incluidos en nuestra Constitución Nacional y en Tratados Internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional obligan al Estado argentino a resguardar el equilibrio en la representación de género en los diversos espacios de poder.

La pluralidad de género en cargos públicos y en espacios de toma de decisión no es una opción, sino una obligación jurídicamente vinculante que surge de nuestro bloque de constitucionalidad.

Además, el perfil de los candidatos también resulta problemático. Tal como muestran los datos publicados sobre su trayectoria profesional, en caso de aprobarse sus candidaturas la Corte no contaría con ningún magistrado especializado en derechos humanos, con perspectiva de género ni con una trayectoria profesional vinculada a los derechos de grupos vulnerabilizados.

Manuel García Mansilla se especializa en derecho constitucional, oil & gas y derecho empresario y Ariel Lijo en derecho penal. Además, García Mansilla ha dedicado sus últimos 20 años a la defensa jurídica de empresas hidrocarburíferas y desde hace 10 años es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, a cargo de la “representación del sector de la producción y exploración del petróleo y el gas ante autoridades nacionales y provinciales”. 

No solamente preocupa la especialidad de los candidatos sino también un posible ejercicio de la abogacía cercano a determinados sectores sociales –como grupos empresarios en el caso de García Mansilla– y la nula representatividad de otros –como los sectores más desaventajados de la sociedad, entre los cuales las mujeres y diversidades son mayoría, en ambos casos–. 

La defensa de las minorías desaventajadas es una de las fuentes de legitimidad de cualquier Corte, sin importar la teoría constitucional o la concepción ideológica que adoptemos. 

La nominación de García Mansilla genera preocupaciones adicionales sobre su concepción respecto de la equidad de género y la protección de los derechos de las mujeres en la interpretación y aplicación de las leyes. En publicaciones como Balance Crítico de la Reforma Constitucional de 1994, Por qué Dobbs no es una decisión “originalista”, y Las Arbitrariedades del Caso “F.A.L.”, ha expresado explícitamente su apoyo a una interpretación originalista de la Constitución y de otras leyes. Esto quiere decir que, en su opinión, los tribunales deben interpretar el derecho a través de una postura originalista, de acuerdo con las ideas e intenciones que se tuvieron en cuenta al momento de la sanción de estas leyes y aún de la Constitución.

Imaginemos esto: interpretar la Constitución tal como fue pensada en una época en que las mujeres no podían siquiera votar. En su opinión, “...los jueces tienen que aplicar el derecho tal cual es, mirando para atrás no para adelante, y respetando el texto, la estructura y la historia de la Constitución..”.

Una aproximación originalista de la Constitución Nacional y del marco normativo argentino conlleva el riesgo de ignorar y desestimar la evolución de la sociedad y, en particular, las nuevas demandas respecto a la igualdad de género. 

Esto es un problema no solo para las mujeres: tampoco había en 1853 un reconocimiento del derecho a la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad; la protección de los derechos laborales; las amenazas del cambio climático sobre los recursos naturales.

En estos días se dio inicio a un breve período para que la ciudadanía pueda participar del proceso de acuerdo para la designación de dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se publicó en el Boletín Oficial el llamado a audiencias públicas para evaluar las nominaciones del Dr. Ariel Lijo y del Dr. Manuel José García Mansilla, previstas para el 21 y el 28 de agosto, respectivamente, ante la Comisión de Acuerdos del Senado.  Con ese paso formal se abre un breve período de tiempo en el que es posible hacer llegar preguntas y formular observaciones a las calidades y méritos de los dos aspirantes a ocupar el lugar más alto de la justicia Argentina, que hoy es la única Corte Suprema de toda la región de América Latina sin una mujer jurista que la integre. A contramano de la historia, como señala en esta nota la jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca. 

Esa es una oportunidad para abrir a la participación ciudadana un proceso que la Constitución Nacional regula como un procedimiento político complejo: corresponde al Presidente de la Nación presentar una nominación y debe recibir el acuerdo con el voto de las dos terceras partes del Senado. Esto muestra la relevancia que la Constitución le otorga a la necesidad de lograr consensos amplios, que quedan evidenciados en la aprobación de candidaturas en las que puedan sentirse reflejadas personas y grupos diversos.

Deben integrar la Corte, se espera, personas con trayectorias intachables, que compartan los principios para la interpretación de nuestra Constitución, con mirada común sobre el respeto, la integridad y los derechos humanos, la idea de país que anhelamos colectivamente.

En estos días y hasta el lunes 29 de julio es posible hacer llegar a los senadores y senadoras que integran la Comisión de Acuerdos preguntas y observaciones concretas a través del formulario habilitado a tal efecto o de manera presencial. Es una oportunidad para hacer conocer nuestras preocupaciones y el valor que otorgamos a la participación ciudadana.  

Justamente, la participación ciudadana que quedaría restringida con una postura que niega la posibilidad de interpretación dinámica de nuestra Constitución y de influencia ciudadana en ese proceso que se llama democracia. 

NG/DTC

Muchos de los países cuyos capitales el gobierno de Argentina pretende atraer con su recientemente aprobado Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) impulsan políticas nacionales para promover la igualdad de género porque creen que todavía hay mucho por hacer para que el desarrollo económico sea inclusivo y que contribuya a superar las desigualdades que afectan principalmente a las mujeres.

Países como Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Suecia, el Reino de los Países Bajos, entre varios otros, promueven esos mismos valores en su política exterior. Son países que comprenden que garantizar los derechos humanos y la representación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política así como su acceso equitativo a los recursos, permite que todas nuestras sociedades sean más justas, inclusivas y prósperas. Al mismo tiempo, esto contribuye a la construcción y el mantenimiento de la paz. Los países que son parte de la comunidad internacional y que han asumido compromisos a través de la firma de tratados y convenciones de Derechos Humanos, colaboran con el sistema regional e internacional de protección (la OEA y las  Naciones Unidas) de buena fe, impulsando esfuerzos colectivos hacia el cumplimiento de los compromisos que han asumido. 

Argentina fue, hasta ahora, parte de ese grupo de países.

En estos cuarenta años de democracia Argentina se destacó no solo por asumir compromisos firmando tratados internacionales de derechos humanos (que incluso sumamos a la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994) sino también por procurar tomar medidas para avanzar en su cumplimiento. Sabemos muy bien que la tarea no está cumplida: si no fuera así, no tendríamos los índices de pobreza, desigualdad y vulneraciones de derechos que registra nuestro país. Pero los espacios de encuentro regionales e internacionales han sido hasta ahora ámbitos para exigir rendición de cuentas, establecer compromisos y aceptar las observaciones que desde distintos organismos de vigilancia de estos tratados, se hicieron al país.

Hace pocas semanas se celebró en Santiago de Chile la IX Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, que es el nombre por el que se conoce a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Como argentina, participar como representante de la sociedad civil fue una oportunidad invalorable para dar a conocer el contexto político nacional de Argentina y el impacto negativo que tiene sobre los derechos de las mujeres y las luchas de tantos años por la igualdad. El Estado nacional no estuvo representado en esa Conferencia que conmemoraba los 30 años de una Convención que es el principal instrumento regional frente a la violencia de género.

En un contexto regional marcado por nuevos retos impulsados por movimientos y líderes políticos que desconocen las desigualdades estructurales de género y cuestionan las herramientas diseñadas para transformar esa realidad, sonó con fuerza el silencio de nuestro país a partir de la ausencia de una representación Argentina. Al mismo tiempo, quedó claro el compromiso de los Estados Parte y de los organismos multilaterales que promueven una política exterior alineada con las obligaciones asumidas, para no convalidar esos retrocesos.

La XI Conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), culminó con el compromiso para acelerar la implementación de medidas y el fortalecimiento de mecanismos para erradicar la violencia de género, frente a las amenazas que atenten contra el progreso de la igualdad y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Este compromiso quedó plasmado en la “Declaración sobre estrategias aceleradoras para la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, aprobada por las autoridades de 26 países de América Latina y el Caribe. En ese documento los Estados se comprometen a fortalecer la institucionalidad de género y sus capacidades, de modo de reafirmar su compromiso con estrategias que aceleren las políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.

Todo lo contrario a lo que está haciendo efectivamente la Argentina, con el “cierre definitivo” de lo que quedaba del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Tal como señaló la Presidenta del Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará al término de la Conferencia, Gloria Camacho.

En estas semanas de sinuoso trámite parlamentario para aprobar la Ley de Bases, que la gestión del gobierno considera “fundacional” para sus planes, se argumentaba en su defensa la necesidad de “dar certezas” a los capitales extranjeros para atraer la inversión desde los países más desarrollados y otorgar beneficios que pudieran ayudar a redimir la historia de incumplimientos anteriores. Ahora, son esos mismos países los que miran con asombro la facilidad con la que el Estado nacional busca desresponsabilizarse de sus compromisos internacionales y sus obligaciones legales hacia las personas en mayor situación de vulnerabilidad.  No es que estos intereses vayan siempre de la mano, pero la buena fe se aplica por igual en todas partes.

Para muchos países europeos y de norteamérica las agendas de cooperación internacional (que incluye tanto a los Estados como a la sociedad civil) incluyen las agendas de transparencia, promoción de la igualdad de género y protección de las mujeres.  La consistencia de la política exterior de esos Estados hace que sea relevante cuál es la actitud que el gobierno del presidente Milei adopta frente a los compromisos que el Estado Argentino ha asumido en ámbitos internacionales. 

Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, un principio fundamental del derecho internacional. Me pregunto cómo se podría confiar en una buena fe tan selectiva.

Mientras se concreta el despido del 80% del personal que tenía a su cargo el cumplimiento de los programas destinados a brindar protección a las mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia, es momento de impulsar el uso de todas las herramientas que ofrece el derecho internacional de los derechos humanos de modo de procurar que esos retrocesos no se convaliden. 

Bien sabemos en América Latina que así como los avances en un país impulsan las reivindicaciones de derechos en otros en la región, los retrocesos conllevan el riesgo de arrastrar a todos.

NG/DTC

Hay números que dominan la conversación pública: el aumento de la pobreza en el país; el precio del dólar; la inflación del mes; el ajuste del precio de los alquileres; las toneladas de comida no distribuida y arrumbada en los depósitos del Ministerio de Capital Humano con indiferencia ante los cientos de comedores desabastecidos; la cantidad de horas que el presidente dedica a las redes sociales.  Sobre estos números se debate, se confronta, se litiga en los tribunales de justicia.

Hay otros números que se acumulan frente al desinterés de gran parte de la clase política y la absoluta indiferencia del Estado nacional: el 3 de junio, mientras conmemoramos el noveno aniversario de la movilización exigiendo Ni Una Menos, mostramos estos datos en un estudio publicado por ELA. 

Una mujer sigue siendo víctima de femicidio cada 35 horas mientras que el Estado nacional recorta el 33% del presupuesto dedicado a las políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades de género, se paralizó la gestión del Plan Acompañar –que busca brindar una mínima contención económica a las mujeres en situación de violencia– con una disminución del 80% en la ejecución de su presupuesto y se redujo en un 25% el presupuesto destinado a la línea 144 dedicada a la atención y asesoramiento sobre las violencias con alcance federal. Todo esto con la virtual inacción de una Subsecretaría de Prevención de Violencias escondida primero dentro del superministerio de Capital Humano y luego trasladada, sin razones ni propósitos, al Ministerio de Justicia. 

Hoy todo esto alimenta una historia todavía más sombría. Sin haber prácticamente iniciado la gestión y cuando se debía estar trabajando en un nuevo Plan Nacional de Acción contra las Violencias, se conoció la noticia de la renuncia de la subsecretaria Claudia Barcia, nombrada a fines de febrero ante la decisión del Ministerio de Justicia de desvincular el 80% del personal que quedaba del anterior Ministerio de las Mujeres y disolver lo único que quedaba de la institucionalidad para promover políticas de igualdad y de protección frente a las violencias.  Solamente para la atención de la Línea 144 de manera continua durante 24 horas, recibiendo los llamados desde todo el territorio del país, se requiere el trabajo de 140 personas. Son 100 las trabajadoras que propone sostener el Ministerio de Justicia para todo, todo, todo lo que debería gestionar el Estado en cumplimiento de las leyes vigentes. O será que buscarán su derogación, quién sabe.

Poco les importa a los decisores, seguramente, que la legislación nacional y los compromisos internacionales obliguen al Estado a contar con una institución rectora a cargo del diseño de las políticas públicas para efectivizar la Ley de Protección Integral frente a todas las formas de violencias, coordinar los esfuerzos de las provincias y municipios para brindar alguna respuesta frente a un problema que no cede, como muestran los datos del Registro de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pueden intentar seguir siendo indiferentes a las experiencias de las mujeres que dejan de buscar ayuda frente a la comprobación que el Estado no está allí para asistirlas. Lo que no podrán hacer es escapar a la responsabilidad que les toca por ser el gobierno que, por primera vez desde el inicio de la democracia, ataca frontalmente a las mujeres, desprecia sus vidas, sus derechos y bienestar.

En una columna anterior, desde este mismo espacio, reflexionaba sobre la distopía argentina que nos llevaba a sentir que no hay temas saldados aún cuando se hayan cimentado en debates profundos, con argumentos basados en la evidencia, con construcción de consensos interpartidarios y federales. Allí me refería a la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020. Mucho antes que eso, logramos que nuestra democracia nos reconozca el derecho a divorciarnos (1987), a compartir la responsabilidad sobre la crianza de nuestros hijos (1985), conquistas que hubiéramos pensado indiscutidas. Es increíble que funcionarios públicos y representantes en el Congreso Nacional argumenten también en contra de esos derechos, tal como es inverosímil que se evalúe la candidatura a juez de la Corte Suprema de quien cuestiona la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. 

La comunidad internacional de la que somos orgullosamente parte, con quienes se han construido avances para brindar herramientas que permitan la protección de nuestros derechos, es uno de los foros en los que cuestionaremos estos retrocesos. La próxima semana se reune en Santiago de Chile la IX Conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y  Erradicar la violencia contra las Mujeres. En el año en que cumple 30 años la Convención de Belém do Pará, tal como esconocida este instrumento internacional, nuestro país enfrentará el escrutinio de la comunidad internacional frente a estas acciones. 

Escribo esto con la triste certeza de que nada de lo que ha sido malo para las mujeres ha sido alguna vez bueno para la democracia. Al mismo tiempo, con la esperanza que recuperemos junto con la organización colectiva el espacio para aquello que deseo todavía tengamos en común: algo de humanidad.

La autora es directora ejecutiva de ELA

NG/DTC

En los últimos meses nos hemos sentido muchas veces en medio de conversaciones que atrasan más de un siglo, con la necesidad de argumentar por qué no es aceptable avasallar las bases fundamentales del Estado de derecho o por qué debemos proteger aquellos principios sobre los que se desarrolló un país con aspiraciones de progreso, como que el trabajo infantil está prohibido y que apoyamos la escolaridad pública, laica y obligatoria.

La distopía de hoy es sentir que no hay temas saldados incluso cuando se hayan cimentado en debates profundos, con argumentos basados en la evidencia, con construcción de consensos interpartidarios y federales como fue la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Nuestras certezas se enfrentan cotidianamente con las consecuencias del desfinanciamiento y recortes en el apoyo del gobierno federal, incumpliendo leyes y retrocediendo en políticas públicas.

Mientras tanto, el mundo sigue su marcha y muchos de los foros internacionales siguen marcando un norte que no debemos resignar.

Uno de esos espacios es la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, también conocida como CSW por su sigla en inglés (Commission on the Status of Women), el principal órgano intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Fundada en 1946, se reúne todos los años por un período de dos semanas en Nueva York, a continuación del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo. Allí, representantes de los Estados que integran las Naciones Unidas, líderes de las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de las entidades de Naciones Unidas se encuentran para debatir sobre los progresos logrados a nivel global, compartir los desafíos de las distintas regiones y decidir futuras acciones. 

Durante más de 70 años ese espacio ha liderado debates sobre las desigualdades y la discriminación a las que hacen frente las niñas, adolescentes y mujeres en distintas regiones del mundo; han generado atención pública sobre temas sociales de preocupación contribuyendo a derribar estereotipos y a cuestionar las estructuras de desigualdad; y han impulsado la acción para fomentar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en todo el mundo con una perspectiva interseccional. 

Argentina, con sus movimientos sociales, feministas y los avances en legislación y en política pública de las últimas décadas ha sido muchos años una fuente de inspiración ocupando un rol relevante entre los países de la región. En esta oportunidad, los debates en torno al tema prioritario del  68º período de sesiones anual (CSW68) “Acelerar el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas abordando la pobreza y fortaleciendo las instituciones y la financiación con perspectiva de género”, nos encontró en un lugar distinto.

Organizaciones y activistas de todo el mundo llegamos a este período de sesiones de CSW para compartir información, evidencia y propuestas que permiten evidenciar los vínculos que hay entre el respeto por los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de las violencias, la pobreza y la igualdad de género con la calidad de la democracia. Compartimos preocupaciones, estrategias y oportunidades para que la cooperación entre nuestros países, nuestras organizaciones y alianzas puedan seguir potenciando el progreso de las mujeres y el avance hacia la igualdad

En un contexto geopolítico complejo, de todos modos representantes de los Estados parte de Naciones Unidas llegaron a una declaración final y conclusiones de consenso que reafirman el camino recorrido por la comunidad internacional hasta ahora, enfocados en la necesidad de avanzar de manera decisiva en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con perspectiva de género e interseccionalidad. Asimismo, recuperaron la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, la necesidad de continuar apoyando las instituciones y las políticas públicas que promueven la igualdad de género. 

Por eso, en sus conclusiones, la CSW insta a los diversos actores de la comunidad internacional a que tomen medidas para integrar una perspectiva de género en los compromisos de financiación para el desarrollo; aplicar políticas económicas y sociales que respondan a las cuestiones de género y reforzar las instituciones públicas; ampliar el margen fiscal para inversiones que acaben con la pobreza de mujeres y niñas; fomentar nuevas estrategias de desarrollo en pro de economías y sociedades sostenibles; promover condiciones que favorezcan la participación y financiar a organizaciones y colectivos de mujeres; y mejorar la producción de datos y estadísticas sobre pobreza multidimensional.

En medio de nuestra propia distopía es reconfortante comprobar que mientras la comunidad internacional avanza hay un interés sostenido de parte de países de todo el mundo sobre la situación de las mujeres y la democracia en Argentina. Es una reafirmación importante para nuestro trabajo que tanto los organismos de Naciones Unidas como activistas y organizaciones filantrópicas sigan con atención nuestras luchas, argumentos y estrategias para resistir los retrocesos que se anuncian y sobre los cuales se pretende avanzar. 

No será la primera vez que la solidaridad internacional y la posibilidad de apoyar a las organizaciones, movimientos y activistas de nuestro país sea crucial para proteger nuestros valores democráticos. En esto anda el mundo, aunque no siempre llegue a las agendas de quienes hoy marcan el ritmo de nuestra política.

NG/DTC

En marzo de 2016 se anunció la visita del entonces presidente Barack Obama a la Argentina. Lo recibiría Macri a pocos meses de iniciado su mandato como titular del Poder Ejecutivo. Una oportunidad para lucirse de cara al mundo como una gestión moderna, de avanzada, que trataría de profundizar poco después como país anfitrión del W20.

La Embajada de los Estados Unidos organizó un evento llamado “Town Hall Meeting”, habitual en la tradición norteamericana para generar espacios de encuentro entre los líderes políticos y distintos grupos sociales. El encuentro se concretó el 23 de marzo en la Usina del Arte y más de 700 personas, incluyendo representantes de la sociedad civil, fuimos invitadas a participar. Por supuesto, fue un evento masivo y las posibilidades de interacción fueron muy reducidas. Al abrirse la oportunidad de hacer algunas preguntas desde el público enseguida pensé una: “¿Cuáles son las razones por las que, en las dos oportunidades que usted tuvo para nominar a una persona a la Suprema Corte de Justicia, nominó a una mujer?”.

Esperaba que su respuesta pudiera inspirar el proceso de Argentina que tenía por entonces dos lugares que completar en la Corte Suprema de Justicia. El presidente Macri había usado esa oportunidad para promover (inicialmente con un Decreto de Necesidad y Urgencia que no tenía nada de necesario ni de urgente) a dos candidatos varones que finalmente atravesaron exitosamente el proceso regular y constitucional para su nombramiento. Yo esperaba que el presidente Obama pudiera explicar, con su distintivo sello pedagógico y político, que el sistema de administración de justicia y la calidad de sus intervenciones se fortalece cuando hay diversidad en lo más alto del poder y que la experiencia con las juezas mujeres de la Corte estadounidense así lo había demostrado.

Por supuesto no llegué a hacer mi pregunta y los intercambios se enfocaron en otros temas. Pocos meses después en Argentina se concretó la nominación y nombramiento de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti que contaron con más del 80% de los votos favorables del Senado y desde entonces integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una oportunidad desaprovechada por ese presidente, como lo había hecho antes también la presidenta Fernández de Kirchner y tal como lo haría después el presidente Alberto Fernández. Y ahora estamos otra vez en el mismo lugar: hace casi 20 años que las sucesivas vacantes en el máximo tribunal del país solo son ofrecidas a varones (la última en asumir ese cargo fue la Dra. Carmen Argibay, propuesta en 2004 y que juró en 2005).

Alcanza con que se postule la importancia de contar con mujeres en espacios de decisión en cualquier ámbito para que se escuchen las objeciones habituales. La más común: lo importante es nombrar a personas idóneas, no por su pertenencia a un sexo u otro.  Como si la idoneidad no fuera (o debiera ser) el requisito indispensable para todo cargo público y como si la sospecha o la acusación sobre su ausencia solo recayera sobre las mujeres. 

El proceso que se abrió con la comunicación a cargo del vocero de la Presidencia y su posterior oficialización nominando a dos candidatos para el cargo actualmente vacante en la Corte y el que se abrirá en algunos meses, no fue la excepción.  Muchas voces cuestionaron sobre todo la integridad e independencia de uno de los candidatos, sus vínculos poco claros con distintos espacios de poder y, como al pasar, que ninguno de ellos sea una mujer.

El reclamo por promover de manera activa que el máximo tribunal de la Argentina incluya a las mujeres que actualmente integran más del 57% del total del sistema de justicia pero que sólo conforman el 29% del total de las autoridades, puede parecer menor frente a la contundencia de otras objeciones de analistas políticos, asociaciones de abogados, de magistrados y cámaras empresariales. Como si fuera solo una expresión de “malestar femenino” tal como lo mencionó un reconocido periodista político. 

“Es imperativo que los nuevos integrantes de la Corte Suprema sean funcionarios íntegros y honestos, comprometidos con el cumplimiento imparcial de la ley y la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Es esencial que se promueva la representación equitativa de hombres y mujeres en la Corte Suprema. La diversidad de género no solo enriquece el debate judicial, sino que también refleja la pluralidad de la sociedad y promueve la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos del Poder Judicial”, pidieron a través de un comunicado desde AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

¿Qué es esto de pedir paridad en la participación de mujeres en lugares de decisión, incluyendo la justicia, que llama la atención más allá de las organizaciones feministas y de mujeres?

En Estados Unidos, la primera mujer nombrada en la Corte Suprema fue Sandra Day O’Connor, (nominada por Reagan en 1981). Le siguió la icónica jueza Ruth Bader Guinsburg (nominada por Clinton en 1993). Hoy 4 de los 9 integrantes de la Corte estadounidense son mujeres. Obama nominó a mujeres en las dos ocasiones que tuvo de completar las vacantes del más alto tribunal de justicia (en 2009 y 2010) y hasta Trump nominó a una mujer en una de las 3 oportunidades que tuvo para completar vacantes en la Corte. 

En América Latina muchas de las Cortes supremas de justicia están integradas por un número relevante de mujeres, aunque en la mayoría de los casos estén en minoría: en Paraguay, Uruguay, Bolivia, México, Perú, Panamá, Chile, Costa Rica, Colombia hay mujeres integrando las Cortes Supremas. 

¿Por qué es relevante? Porque es parte de los compromisos que ha asumido el Estado argentino de asegurar la igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas y procurar una representación equilibrada de género, tanto en la Constitución como en varios de los Tratados Internacionales firmados. Porque sería consolidar el retroceso en un tribunal que ha demostrado un particular liderazgo en los avances hacia la igualdad de las mujeres a través de políticas activas para mejorar el acceso a la justicia con la Oficina de Violencia Doméstica, como en el trabajo de investigación y formación que se promueve desde la Oficina de la Mujer. Ambas iniciativas creadas y lideradas por las dos juezas que integraron la Corte.

Y también porque la experiencia muestra que los momentos de mayor participación política de las mujeres en espacios de decisión coincidieron con el avance de los derechos de las mujeres. Las experiencias que atraviesan a muchas mujeres, aún considerando la gran diversidad de sus trayectorias de vida, hacen al menos probable que incorporen esas problemáticas a la agenda política. Este fue el caso, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que avanzó en los estándares internacionales en relación a los derechos de las mujeres en los momentos donde se incorporaron juezas en su conformación (pensemos, por ejemplo, en el paradigmático caso Campo Algodonero).

De todos modos, la representación de los intereses de las mujeres no se ven necesariamente reflejadas en candidatas mujeres, y es por eso que el objetivo de perseguir la equitativa participación de las mujeres debe ir de la mano de un claro compromiso con la igualdad de género en todas aquellas personas que sean propuestas para integrar la Corte Suprema de Justicia. Varones y mujeres tienen, por igual, el mismo mandato. Las mujeres tienen, además, la posibilidad de contribuir a consolidar una representación más democrática.

Son muchas las candidatas mujeres con trayectoria, formación, integridad, honestidad, compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género. Candidatas sobran. Decisión política.... al parecer falta. Le tocará a las senadoras y senadores la responsabilidad de tomar partido a favor de la igualdad.

NG/DTC