El jueves por la noche, mientras el presidente Javier Milei llamaba “casta” a los científicos argentinos en un evento del Foro Madrid en Buenos Aires, el investigador del Conicet Alejandro Díaz Caro publicaba en Facebook su decisión de regresar a Francia. Fue repatriado en 2014 con el programa Raíces y después de diez años de investigaciones en Argentina, vuelve a vivir a Europa. “Hoy me voy con el programa Motosierra”, escribió. Díaz Caro es doctor en computación cuántica y es uno de los investigadores que se va del país a nueve meses de gobierno de La Libertad Avanza porque ya no puede financiar sus proyectos.

Hasta el momento, hay 850 personas que obtuvieron las becas del Conicet a finales del año pasado pero que aún no pudieron comenzar a trabajar. Esto se enmarca dentro de una situación más compleja en la que fueron despedidos casi 2.500 empleados en todo el sistema de ciencia y tecnología. 

“Después de 10 años tengo que destruir todo, irme, desarmar”, dice Díaz Caro, investigador adjunto de Conicet y profesor de  la Universidad Nacional de Quilmes. Tiene 43 años y en la última década formó grupos de investigación de computación cuántica, dirigió proyectos internacionales y dictó cursos en América Latina. Esta semana decidió volver a Francia. “En 2014 quise apostar porque había una intención política y ahora tengo que destruir todo y volver a construirlo en otro país. Allá  voy a estar bien, pero me hubiese gustado hacerlo en Argentina. La única razón por la que me voy es el contexto económico, no hay otra”, cuenta a elDiarioAR.

Díaz Caro tiene en Argentina su grupo de investigación, incluso algunos proyectos financiados desde Europa, pero el desmantelamiento que sufre el sector impacta directo en su trabajo: “Tengo tres estudiantes de doctorado que a duras penas pueden subsistir. Cuando ellos terminen, no tengo mucha esperanza de conseguir nuevos estudiantes porque hay muy poca becas y con un nivel de salario extremadamente bajo”, explica. 

En septiembre de 2023 se definieron los concursos para las becas del CONICET en el que 850 investigadores e investigadoras fueron seleccionados. Sin embargo, un año después no fueron dados de alta  por “una cuestión presupuestaria”. Desde que asumió el gobierno de LLA, no se registró ningún ingreso de personal, ni tampoco 34 personas de convocatorias anteriores que ya habían sido efectivizadas para enero de este año. “La carrera del investigador en CONICET está cerrada de hecho”, sostienen.

Pablo Manavella atiende el teléfono desde París, donde participa de un Congreso sobre regulación genética en plantas, hay otros científicos argentinos allí. Hay una pregunta que escucha frecuentemente entre sus colegas de otros países: “¿Por qué llevan al colapso el sistema científico en Argentina?”. Hace dos meses que Manavella se instaló en Málaga, España, junto a su mujer y sus hijos de 11, 8 y 7 años. Es doctor en biología molecular de plantas, investiga los ARN pequeños, información clave para afrontar los cambios climáticos y futuros ambientes hostiles para los cultivos. Lo convocaron desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (similar al Conicet) y después de analizar el la situación nacional, decidió aceptar. En los años previos había rechazado propuestas similares, pero está vez el panorama le pareció sombrío. “Con el cambio del gobierno y la intención de desmantelar el sistema científico que estamos viviendo silenciosamente, se volvió evidente que tenía que cruzar de vuelta el charco”, dice Manavella, que hizo su carrera universitaria en Córdoba, el doctorado en Santa Fe, el postdoctorado en Alemania y regresó también con el programa Raíces.

Pero no cruzó el charco solo, también se fueron con él alumnos de su grupo de estudios y estudiantes de otros sectores que lo contactaron ante la imposibilidad de financiamiento y formación en Argentina.  “Lo primero que se va a notar es una migración de la siguiente generación, que son los chicos que tenían que quedarse en Argentina haciendo post doctorados, doctorados o iniciar su carrera científica. Esos son los primeros que van a sentir este impacto y se van a tener que ir del país o abandonar proyectos científicos. Los seniors pueden resistir más”, anticipa Manavella. 

Los científicos son uno de los blancos de ataques de los gobiernos neoliberales. Esta vez Milei no los mandó a lavar los platos como el exministro de Economía Domingo Cavallo, sino que los llamó “casta” y los incluyó así como parte del origen de todos los males. “Los supuestos científicos e intelectuales, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores y que todos debemos subsidiarles la vocación”, afirmó el presidente durante su discurso en la convención de líderes de ultraderecha que se hizo el jueves en el exCCK, rebautizado Palacio Libertad. Pero lo suyo no es solo discursivo: desde que llegó al poder despidió a casi 2.500 personas que se dedican a Ciencia y Tecnología.

Según el último informe del Grupo Economía Política Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación (EPC-CIICTI), se pasó de 74.891 empleados en diciembre de 2023 a 72.443 en julio de 2024, con una destrucción neta de 2.448 empleos vinculados a ciencia y tecnología en diversos sectores del Estado. De ese total, el Conicet representa más de la mitad: 1.339 personas, de los cuales 825 están relacionados con becas y 514 son administrativos. También hubo caídas significativas en el INTI (-271) y en la Comisión Nacional de Energía Atómica (138 despidos).

Carolina Marvaldi tiene 31 años, meses atrás se recibió de doctora en farmacia y bioquímica. Se presentó a una beca postdoctoral para continuar con su proyecto que no le fue otorgada; quedó en la posición 22, con un puntaje que en años previos le hubiese alcanzado para ingresar. Investiga partos prematuros y quiere profundizar en patologías asociadas a la placenta. Sin embargo, ya no recibe un salario por participar del grupo de estudios en la Facultad de Medicina de la UBA y aceptó una propuesta del National Institutes of Health (NIH), el instituto nacional de salud del gobierno de Estados Unidos. “No fue fácil tomar la decisión pero con la vocación sola no se puede. Me gusta el proyecto que tengo en Argentina, el grupo de trabajo, pero si quiero seguir mi carrera en ciencia me tengo que ir afuera, con la esperanza de volver cuando tengamos financiamiento”, dice y se le quiebra la voz.

Marvaldi es la nueva generación de científicos obligados a migrar de la que habla Pablo Manavella. El Estados invirtió en su formación durante 12 años, pero no puede seguir en Argentina porque no hay recursos y en enero de 2025 se va a Estados Unidos. “Mi decisión es consecuencia de las políticas económicas de Milei porque si me hubiese salido la beca yo iba a percibir un sueldo y me iba a poder mantener, pero en mi proyecto de investigación están paralizadas las convocatorias de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica lo cual hace que mi jefe investigador responsable no pueda aplicar y obtener un subsidio para comprar los insumos que necesitamos para investigar”, explica.

“Mi idea es volver porque quiero hacer ciencia en mi país”, dice Marvaldi. Ninguno de los tres se quiere ir, pero hoy en Argentina, las y los científicos son “la casta” y no se salvan de la motosierra.

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“¿Qué pretenden? no voy a desaparecer porque a ellos se les ocurra que los pobres tenemos que desaparecer. A los jubilados nos quieren muertos, pero tampoco me voy a morir porque se les ocurra al señor jefe de Gobierno de la Ciudad y al Presidente”. La que habla es Ana Montenegro, jubilada de 68 años, que hasta hace pocas semanas estiraba su manta en el Parque Centenario. Entona la frase como si estuviera leyendo un manifiesto de resistencia. Es una de los 2000 manteras y manteros desalojados en Caballito a mediados de este mes.

Ana vendía ropa usada para sumar ingresos a la jubilación mínima, que no llega a los 250.000 pesos. Es discapacitada visual y hace unos meses tuvo que dar de baja la prepaga después de 30 años porque ya no la pudo pagar. Antes trabajó en la feria de Parque Patricios, de donde también la expulsaron: “Me parece muy injusto. A esta edad, ¿a dónde querés que vaya a trabajar? Yo pensé que para los 70 iba a tener la cosa más o menos arreglada”, agrega.

Ana Montenegro y su marido, Fernando Latenza, también jubilado después de trabajar toda su vida como carpintero y portero, ya no usan la estufa en invierno. También redujeron gastos en las compras cotidianas y ,cuando el mes está por terminar, le piden ayuda a los hijos de ella. En agosto recibió la factura de luz: 50.000 pesos, el 20% de la jubilación. No quiere apagar las luces, eso le genera angustia porque no ve y la oscuridad le da miedo, escucha ruidos por todos lados. Dice que a esta altura de la vida, tendría que vivir un poco más tranquila.

Luego de la desregulación del precio de las prepagas que impuso el gobierno de Javier Milei, tuvo que cancelar su cobertura médica. Estuvo asociada al Hospital Británico durante 30 años pero a principios del 2024 la cuota pasó de 80.000 a 160.000 pesos, con el correr de los meses ya no la pudo sostener. “Ahora me quieren cobrar 400.000 pesos y no lo puedo pagar, a los 68 años y con discapacidad no puedo atenderme pero tampoco puedo ganarme la vida, no jodo a nadie”, agrega.

Este año Ana y Fernando decidieron vender ropa usada y elementos de bazar en la Feria de Parque Patricios. Primero fueron pertenencias de la madre de Fernando que falleció un tiempo antes. Después ropa de los hijos de Ana y ahora, ante la angustia creciente, algunas prendas que consiguen en diversos lugares. El 2 de junio fueron expulsados con otros cientos de manteros y se fueron a Parque Centenario, donde se quedaron poco más de dos meses hasta que en la madrugada del 17 de agosto el gobierno de Jorge Macri hizo un operativo en el que despejaron la zona de manteros. 

En ese universo de pasillos bordeados de mantas y gente caminando lento que era el Parque Centenario los fines de semana, las realidades eran diversas: jubilados o trabajadores que para llegar a fin de mes completaban los ingresos en la feria vendiendo cosas usadas y también otras personas que vendían ropa nueva o imitaciones que competían con los comerciantes del barrio. “Compartía el tiempo con las señoras que hacían trabajos de reciclado a la noche y después venían para el Parque. La gente mantera arranca a las 4 de la mañana y se queda hasta las 8 de la noche, ¿te parece que eso no es ganas de trabajar?. Se creen que porque ponés una manta sos una persona despreciable, que vas a ir a sacarles el pan, no entienden la dignidad de ir a ganarse un mango”, agrega.

Ana ahora tiene PAMI pero no le cubre el suplemento antioxidante de vitaminas y minerales que necesita para que no empeore su enfermedad, padece “maculopatía”, una patología  que afecta a la retina y que le puede producir ceguera parcial o total. “No nos dejan salir de este pozo, es muy injusto”, se lamenta Ana. Este mes, el gobierno de La Libertad Avanza redujo la cobertura del 100% en 44 medicamentos del vademécum de PAMI. Eso se suma al anuncio del presidente Milei de vetar la ley que modifica la fórmula previsional y a la represión que sufrieron los jubilados que rechazaban la medida. “Nos cuesta comer, pagar los impuestos y no tenemos defensa alguna. Tenemos dignidad y queremos trabajar, pero no nos dejan”, agrega la mujer.

El camino de la expulsión

El recorrido de supervivencia y expulsiones del espacio público que empezó en Parque Patricios y siguió en Parque Centenario, derivó en Parque Los Andes, en Chacarita, donde fueron expulsados por los mismos puesteros. “Ahí es más complicado, te echan y con otra actitud. Tocan un silbato y se vienen todos a sacar a la gente que es de otro lado, es heavy”, describe. Desde entonces, Ana y Fernando van cada fin de semana a Parque Patricios a tratar de alquilar alguno de los puestos. Tienen que estar a las 5.30 de la mañana y esperar, si alguno queda libre lo pueden usar, si no se vuelven a su casa. Una espera de casi cinco horas expuestos al frío sin saber si tendrán lugar y sin saber si vendiendo lo poco que pueden ofrecer juntarán algo de dinero para subsistir un día más.

La historia se repite

 “Estoy en medio de este despelote otra vez cuando pensaba que iba a descansar”, dice con una mezcla de bronca y resignación. Ana Montenegro ya vivió el desamparo económico con la incertidumbre y la angustia que generaron los gobiernos neoliberales. Durante la presidencia de Carlos Menem, en la década del 90, su marido de ese momento y padre de sus hijos se deprimió tras ser despedido de la Junta Nacional de Granos, el organismo estatal que regulaba el mercado. En ese momento, Ana se convirtió en jefa de hogar como más del 30% de las mujeres que entre 1995 y 2006 ocuparon ese rol tras el desempleo de otros miembros de la familia. Tenía trabajos simultáneos, se desempeñó como empleada en un geriátrico y en un restaurante. Trabajaba en la cocina y  con la carne que sobraba de las milanesas hacía guisos para sus hijos. “No me cuenten lo que es porque yo ya lo pasé: tenía tres laburos para mantener a mis hijos y otra vez estoy en este lío, no me parece justo”, repite. 

Rosandy de la Cruz también es jefa de hogar, tiene 58 años y dos hijas, de 20 y 9. Su marido, Oscar, está desempleado desde el año pasado, era jefe de Recursos Humanos en una empresa de Villa del Parque y ahora atraviesa un proceso de diálisis. Hasta mediados de agosto, Rosandy iba cada fin de semana al Parque Centenario a vender ropa usada y antiguedades. De su manta podían salir las prendas más diversas: para bebés, adultos, adolescentes. Todo estaba ahí. Compraba la ropa por Facebook, según el dinero que tenía. A veces, hacía compras de 50.000 pesos, otras de 60.000, según la recaudación. Un fin de semana bueno podía conseguir alrededor de 30.000 pesos por día. Con eso tiraba para los gastos de la semana y para algún extra para sus hijas María Belén y Alexia. 

“No sé cómo explicarle a la más chica que no puedo darle los gustitos. Ya no puedo comprarle un yogur o unas galletitas, el paquete está a 1500 o 2000 pesos”, cuenta Rosandy. La feria era su principal ingreso, lo completaba con algunas changas de limpieza. Ahora, solo le quedan tres casas a las que va a limpiar una vez a la semana entre dos y tres horas, le pagan 2500 pesos y no le reconocen los viáticos. Cuenta que en su familia redujeron el consumo de carne y que se ajustan cada vez más. “Como dice el refrán: estamos más pobres que siempre”, afirma mientras se ríe. Ahora ya no me puedo dar un gusto, ni siquiera ir a tomar un café. 

“La semana pasada estuve en el Parque Centenario y entre los vecinos había un reclamo que se repetía: la usurpación del espacio público que hacen los manteros (...) Los que genuinamente quieran trabajar, tienen el lugar para hacerlo en las Ferias de la Ciudad. No vale todo ni da todo lo mismo”, escribió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la red social X tras el desalojo de los manteros. Sin embargo, Rosandy, Ana y varias más entregaron presentaciones formales ante el GCBA y no tuvieron respuesta. “Hicimos lo que él dice, pero nada de nada”, relatan. También se presentaron en la Defensoría del Pueblo, pero todo sigue igual, lejos de los parques. 

“Todo esto me genera mucha angustia, yo tenía ahí mi trabajo, mis amigos, me divertía”, recuerda Rosandy. Entre los manteros la llamaban “La alegría del parque” porque siempre bailaba. Sin importar el ritmo, ella siempre bailaba. “Soy negra dominicana, la música que se escuchaba, yo la bailaba. Llevo la alegría en la sangre”, describe. Rosandy nació en República Dominicana, pero hace 40 años que vive en Argentina, estuvo un tiempo en España y volvió. “Yo ya soy argentina”, afirma mientras resalta la “y”. 

Mientras tanto, evalúa qué hacer con el alquiler de su casa en Balvanera por la que paga 400.000 pesos. El propietario ya le avisó que le aumentará a 600.000, a lo que tiene que agregar 50.000 de expensas. También le preocupan sus hijas, la mayor que está estudiando Medicina y, la menor, a la que no le puede dar los gustos. También piensa en su salud, tiene diabetes y artritis y por ahora consigue los medicamentos en la salita del barrio, pero no sabe cuánto más va a durar eso. “No sé qué hacer, te sacan de todos lados”, comenta. Ella, igual que Ana Montenegro, también fue expulsada de Parque Patricios.

Ana y Rosandy, dos historias detrás de las mantas con ropa usada sobre el césped prolijo de un parque público en la ciudad capital de la Argentina, la más rica del país. A los 68 años, Ana Montenegro repite como un manifiesto: “Otra vez nos quieren descartar, pero yo no me voy a dar por descartada”.

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En Argentina muere una persona en situación de calle cada dos días y medio, la mayoría en grandes centros urbanos, aunque es una situación que también se da en ciudades más pequeñas. Las causas tienen que ver con las condiciones climáticas, pero también con problemas estructurales como falta de atención médica y con hechos de violencia social. Además, los casos de violencia institucional institucional aumentaron un 500% en el último año.

Según el Registro Unificado de Violencias hacia personas en situación de calle (RUV), entre agosto de 2023 y agosto de 2024 fallecieron 135 personas sin techo en todo el país: 33 en la Ciudad de Buenos Aires, 19 en la Provincia de Buenos Aires, 19 en Salta y 11 en Santa Fe. El RUV es un indicador anual realizado por el equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y la Asamblea Popular por los Derechos de las PSC en base a publicaciones en los medios de comunicación de todo el país y a reportes de organizaciones sociales que trabajan en la calle. 

La mayoría de las muertes tiene que ver con causas estructurales propias de vivir a la intemperie, como la mala alimentación, y también hay casos de personas que murieron de frío o de calor durante los picos de temperatura extrema. Pero hay situaciones más crueles en donde fueron asesinadas con disparos o que fallecieron después de quedar heridas tras el incendio intencional de sus pertenencias. De las 135 muertes solo se pudieron identificar a 82 personas con sus nombres.

Si se compara con los registros anteriores, la cantidad de fallecidos se mantiene similar a la de 2023 cuando se registraron 146, pero es casi el doble de las 70 que murieron en el 2022. “Es consecuencia de las violencias estructurales y de la falta de acceso a sus derechos: a la salud, a la alimentación, a un espacio para higienizarse, al alojamiento. Las personas que se acercan a nuestras organizaciones nos manifiestan que quieren ingresar a un dispositivo de alojamiento y cuando llamamos al móvil nos dicen que no hay vacantes. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, no hay plazas disponibles para las personas en situación de calle”, explica Paola Vazquez, referente de Abrigar Derechos y miembro de la Asamblea Popular.

Otro de los datos preocupantes del informe tiene que ver con el aumento de la violencia institucional: se pasó de 17 casos en el 2023 a 104 en 2024, un aumento del 500%. 

“En muchos casos tiene que ver con desplazamientos forzados de los que participan funcionarios gubernamentales, a veces con fuerzas de seguridad, otras con personal de limpieza o la misma red de atención en calle. Vemos situaciones sumamente crudas donde no solo mueven a la persona sino que les sacan sus pertenencias, también los DNI, y muchas veces, lo poco que tienen lo pasan por la trituradora del basurero”, describe Milena Sapey, psicóloga e investigadora de la UBA.

La mayoría de los casos de violencia institucional registrados son en la Ciudad de Buenos Aires y las investigadoras lo vinculan con la existencia de una unidad gubernamental dedicada específicamente a “limpiar” la calle dentro del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. “No es que solo ocurre en la Ciudad, pero vemos que está sistematizado”, agrega Sapey. Como publicó elDiarioAR el mes pasado, las estadísticas del Ministerio de Seguridad porteño muestran un crecimiento de las causas iniciadas por contravenciones por portación de armas no convencionales en la vía pública (como cuchillos o navajas para cortar cartones): se pasó de 300 en el 2021 a 400 en el 2023 durante la gestión de Jorge Macri.

“Todos los días les damos frazadas y no les duran ni 24 horas porque, en zonas como Congreso, los operativos son diarios. Les requisan las pertenencias, y les sacan los cuchillos que usan para comer o para cartonear. Nos pasó con un compañero al que le habíamos dado unas latas de paté para que coma y, cuando pasamos por la plaza, vimos diez policías y dos patrulleros alrededor de él porque estaba comiendo un paté con un cuchillo para untar. Eso pasa todo el tiempo”, relata Vázquez.

De los 320 casos de violencia a los que se ven expuestas las personas en situación de calle de todo el país, casi un tercio (104) fueron realizados por fuerzas de seguridad o funcionarios públicos, el resto tiene que ver con violencia estructural (121) y violencia social (95). Las cifras indican que padecen alguna agresión cada 27 horas, un 37% más que el año pasado. Las organizaciones reportaron casos de disparos con balas de goma, quema de pertenencias y golpes para que se corran de la vereda, entre otros. 

“Lo que vemos es un giro discursivo en las notas periodísticas hacia un pensamiento más de derecha, posicionar a las personas en situación de calle como un ´otro´ peligroso. Cuando aparece la policía se presentan los casos como en defensa de los vecinos, hay una cuestión discursiva para marcar quiénes son vecinos y quiénes no”, explica Sapey. Entre las jurisdicciones con mayor casos de violencia en general están CABA, PBA, Santa Fe, Salta, Córdoba, Jujuy y Entre Ríos. “Los discursos también legitiman determinadas acciones y hacen que surjan casos de mayor crueldad, que se pierda la empatía con un ´otro´ que está sufriendo”, agrega la investigadora.

No existe un registro unificado de personas en situación de calle a nivel nacional, el último dato es el del Censo 2022, que contabilizó a 2.962 personas en 75 departamentos del país, una cifra que quedó desactualizada si se la contrasta, por ejemplo, con los datos oficiales de CABA. Según el Gobierno porteño, hay 3.560 personas que no tienen techo, lo que muestra un aumento del 14% entre abril de 2023 y 2024. Sin embargo, el segundo censo popular, realizado por diversas organizaciones sociales, relevó 8.028 personas para diciembre del año pasado. La cifra crece por la crisis económica: “Han desmantelado lo poco que había de política pública, que siempre fue deficiente. Además, es notorio que las organizaciones estamos poco fortalecidas por el Estado, en el contexto nacional, y en la Ciudad en particular. Es por esto que muchos comedores y organizaciones que antes abrían todos los días, hoy no tienen comida suficiente para hacerlo y eso se nota en los resultados de este informe”, concluye Vázquez.

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La moda circular está en expansión en Argentina. Por cuestiones económicas o por el cuidado al medio ambiente, la venta de ropa de segunda mano y fabricada con materiales recuperados o reciclados está creciendo, y no solo en los sectores de bajos ingresos, también existe un circuito de consumo premium en el que se venden marcas nacionales reconocidas e importadas. Un relevamiento en la Ciudad de Buenos Aires determinó que existen 70 emprendimientos, a los que se suman los puestos informales en las ferias de barrio. 

Los datos del INDEC muestran que en los últimos tres años hubo un desequilibrio entre el aumento del costo de la ropa y los salarios. Entre marzo de 2020 y marzo de 2023 el precio promedio de la ropa y el calzado se multiplicó por siete, mientras que los salarios por cuatro. El dato explica una parte del auge de las tiendas de venta de ropa de segunda mano.  Según el informe del observatorio Jungla Urbana publicado este mes, se pueden conseguir prendas por valores que van entre un 40% y un 70% menos que en un negocio de ropa nueva. Ante la crisis económica, el circuito de moda circular se convirtió en una salida para compradores y vendedores. 

En la ciudad de Buenos Aires se notó un fuerte crecimiento a partir de la pandemia, sobre todo con la venta online y a través de redes sociales. Según el informe, que desarrolló el equipo del diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, el 73% de las personas encuestadas consumieron ropa usada al menos una vez. Sin embargo, solo un 56% del total de los encuestados sabe o recuerda dónde comprarla.

María De Piero es la dueña de Vintage Reciclado, un emprendimiento que Instagram tiene más de 20.000 seguidores y seguidoras. Ella “rescata” ropa, la convocan de distintas casas para que revise los placares y compre las prendas, que muchas veces son de personas fallecidas. También recorre el circuito de Caritas en busca de prendas especiales para después venderlas. “La moda circular viene creciendo porque  hay una noción del desecho con la importancia de no seguir fabricando. También tiene que ver con la economía, con lo cara que está la ropa. Además, la calidad de las prendas de ahora no son como las de antes, no están hechas para durar. La calidad es impecable, son productos hechos para durar”, le cuenta a elDiarioAR.

Cada sábado, María hace transmisiones en vivo donde muestra la ropa que “rescató” a sus clientas, una comunidad virtual de la recirculación. “Tuve un crecimiento terrible en la pandemia. La gente estaba más en las redes y eso tuvo llegada. Hay un factor económico, otro ecológico y también porque hay ropa muy linda. La gente busca diferenciarse del otro, vos salís con una camisa vintage y es muy poco probable que encuentres la misma tela en otra camisa. Hay una cosa de sentirse identificada con las prendas, no sentirse uniformadas. Hay algo lúdico: jugar con la ropa, los estampados, mezclar”, agrega.

Casi todos los emprendimientos se nuclean alrededor de la zona céntrica de la Ciudad, mayoritariamente en Palermo, Recoleta, Almagro y San Telmo. Incluso, algunos se convirtieron en cadenas como Urban Luxury, que tiene diversas sucursales, o El Galpón de Ropa, que incluso abrió un local en pleno Recoleta. Buceando en las webs y en los lacales se encuentran prendas de Rapsodia, Vitamina, Jazmín Chebar, H&M, Zara, Adidas, Nike y por momentos carteras Jackie Smith o Michel Kors. Incluso se puede pagar en cuotas.

Pero también se da en espacios más informales, el fenómeno ropa de segunda está en todos los sectores sociales. Norma Vázquez es de Lomas de Zamora, tiene 58 años, es trabajadora de casas particulares y no está en el circuito formal. Desde hace cinco años empezó a vender ropa usada en la Feria de Guernica, a 20 kilómetros de su casa.  Recupera ropa que le dan sus empleadores, las lava, las arregla y las vende. “Las personas de 50 o 60 ya no servimos para el trabajo, no te toman y  yo tengo necesidad, no tengo jubilación. Me hago un re viaje porque hay muchas ferias pero no hay lugares, no tenés donde trabajar, tenés que ir peleando por los lugares. Lo que uno saca es solo para la comida”, dice.

La periodista y conductora de radio Cynthia García es consumidora de este tipo de moda, desde hace años compra ropa de segunda mano a través de las páginas web como la de El Galpón de Ropa o  en lugares más informales. “A veces, porque valoro el género y la mando a arreglar. Hace poco le compré una camisa de Elsa Serrano con unas mangas principescas que era una preciosura. Solo había que arreglarla y me quedó una camisa vintage por $5.000”.  Cuenta que siempre compró en ferias por una cuestión ideológica: “Se volvió una militancia, la idea de que la ropa circule y genere recursos. Cuando hago circular mi perchero, lo regalo. Tengo un principio y es que mi ropa circula sin intercambio de dinero. A veces el universo es desalineado y después recibo mucho más de lo  que di. Cosas mágicas que  pasan alrededor de la economía circular.”.

Pero este año también lo hace por una cuestión económica, Cynthia García cuenta que en lo que va del año no compró ropa nueva, excepto a una vecina de Balvanera que vende ropa propia y otra que consigue en ferias para llegar a fin de mes. “Es gente que sabe donde dan ropa y la recicla para sobrevivir, que fue de clase media y ahora quiere jubilarse y tiene problemas para alimentarse más de una vez al día. Eso es lo que compré este año, para ayudarla a ella y también como una manera de yo poder acceder a ropa este año. Desde que ganó Milei solo le compré ropa a mi vecina del primer piso”, explica.

Del otro lado de la cadena están las personas que ponen a la venta su ropa. Luciana Cedro es madre de dos niños y cuando la ropa ya les queda chica se acerca a alguno de los comercios y las vende. En algunos les ofrecen dinero en efectivo y en otros vales para comprar otras prendas en el local. “La condición es que tienen que estar en muy buen estado, las revisan con luz detallada, miran las costuras y que no tengan manchas. En general, me llevo ropa deportiva que está súper bien, muy en precio, tres veces menos que algo nuevo. Un valor con dignidad, no regalado”, explica.

Aunque tiene una queja: la falta de talles diversos. “Para mí, que soy una persona XL o XXL, directamente no hay  disponibilidad de prendas, salvo algún vestido. No hay opciones para personas con talles más grandes en negocios de ropa circular. Quizás la gente no lleva esa ropa”, plantea Luciana.

Pero la razón económica no es la única, el impacto sobre el ambiente también es un impulso para la recirculación. Producir un jean requiere $7.500 litros de agua y la fabricación de ropa y calzado representa el 8% de los gases de efecto invernadero emitidos a nivel mundial. Además se entierra o quema una cantidad de textiles equivalente a un camión de basura por segundo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se trata de una industria que utiliza 93.000 millones de metros cúbicos de agua dulce al año, un volumen  suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de personas. 

Es en ese contexto en el que se presentó el primer mapa interactivo “Panorama actual de la Moda Circular en la Ciudad de Buenos Aires” para facilitar el acceso a este tipo de consumo. Además, el diputado Ferraro presentó un proyecto de ley para la gestión ambiental de residuos de T.L.C. (textiles, lencería y calzado), que entre otras cosas propone una alícuota reducida del IVA (10,5%) a las prendas de indumentaria y calzado de segunda mano.

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Una persona conoce el caso de alguien que podría ser hijo de desaparecidos, tiene algún dato, un papel, alguna conversación que escuchó. La duda persiste. Va a Abuelas de Plaza de Mayo y hace la denuncia. Se suma a las miles que tiene el organismo. Ellas son el puente con la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado (UEI), que depende de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Allí corroboran la fecha de nacimiento, buscan más información, indagan en los registros oficiales, hacen entrevistas. Buscan en archivos y documentos de organismos del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Llegan a una hipótesis y la presentan al Poder Judicial, específicamente a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (Uficante). Ahí empieza un recorrido judicial que, posiblemente, llega a la resolución de un enigma, a la restitución de una identidad.

El gobierno de Javier Milei cerró esta semana la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado (UEI), un sector que depende de la CoNaDI y que en los últimos tres años originó el 60% de los casos que tramitó el Poder Judicial vinculados a esa temática. Es el principal organismo que deriva denuncias para que la Justicia investigue estos delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar. 

“Desde que existe nuestra unidad fiscal, hace más de 12 años, la UEI es el principal organismo que remite casos para que investiguemos”, dijo a elDiarioAR Pablo Parenti, titular de la UFICANTE, dentro del Ministerio Público Fiscal. La UEI fue creada en el 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y hace investigaciones sobre posibles apropiaciones de niños y niñas a partir de denuncias espontáneas. Para eso accede a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.  

Hasta la publicación del decreto 727/2024, que lleva las firmas de Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la UEI era un auxiliar del Poder Judicial que hacía investigaciones preliminares a las denuncias. En los últimos tres años, entre 2021 y  2024, el 60% de los casos que se iniciaron en la Unidad Fiscal llegaron desde la CoNaDI precedida por un trabajo hecho en la UEI. 

Una de las tareas más importantes del organismo era desmalezar la gran cantidad de información que llegaba a Abuelas de Plaza de Mayo: mails, cartas, papeles. Un volumen de datos muy grande que muchas veces se convirtieron en hallazgos, pero que previamente debieron ser procesados e investigados para delimitar una hipótesis y derivarlos al sistema de justicia. “Si se presentan las denuncias tal cual se reciben en Abuelas o CoNaDI se va a sobrecargar el sistema judicial porque gracias a la investigación de la UEI hay casos que se resuelven con la documentación de la persona sin necesidad de abrir una causa judicial. Agiliza la búsqueda de las nietas y nietos”, explicó a este diario Adriana Metz, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo.

Adriana es hija de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, militantes barriales secuestrados el 16 de diciembre de 1976 en Cutral Có, Neuquén. Al momento del secuestro, su madre estaba embarazada, y según testimonios de otros detenidos, dio a luz a un varón el 17 de abril de 1977, en el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” de Bahía Blanca. Sus padres están desaparecidos y Adriana busca a su hermano. “El papel de CoNaDI junto al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es fundamental para que se concrete el abrazo con mi hermano”, agregó.

Esta decisión del gobierno se enmarca en el desfinanciamiento y desarmado de las políticas de Memoria, Verdad y  Justicia y en la búsqueda de impunidad para los  represores. Si el trabajo de la CONADI se debilita, los procesos se ralentizan, una persona con dudas tendría que ir directamente a un juzgado y debería intervenir la Justicia y encontrar motivos para pedirle al BNDG que haga la extracción y comparación del ADN de la persona con los grupos familiares allí guardados. Eso podría llevar meses o años como pasaba antes de la creación de la CoNaDI.

El reconocido genetista Víctor Penchaszadeh, integrante del equipo de científicos que creó el “índice de abuelidad”, clave para identificar a hijos e hijas de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar, también valoró la importancia de estos organismos. “La CoNaDI ha sido la puerta de entrada para la gente que duda de su identidad. Antes de su existencia, nadie podía podía ir directamente al BNDG a pedir un test, tenían que ir a la justicia y dependía de la voluntad del juez”, le explicó a elDiarioAR.

De las 20.000 pruebas genéticas que se hicieron en los últimos 30 años en el Banco Nacional de Datos Genéticos, la mayoría llegó desde la CoNaDI. “No solo fue la puerta de entrada, sino la que las vehículizaba”, agregó el investigador.

El argumento del Ministerio de Justicia para desactivarla es que la UEI violentaba “el régimen constitucional de división de poderes” porque realizaba funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo y “violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos”. Una premisa que se diluye si se tiene en cuenta otros organismos del Ejecutivo con funciones similares como la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad Fiscal AMIA o la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central o, más atrás en la historia, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). 

Según Cúneo Libarona, le corresponde al Ministerio Público Fiscal llevar adelante dicha investigación y orientar al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial.  “De  ninguna manera el trabajo de CoNaDI se superpone con el trabajo de la Justicia, es un trabajo previo y fundamental para nosotros porque nos permite trabajar con alguna hipótesis mejor delimitada y eso hace que sistema no colapse, ¿Qué pasaría si el sistema de justicia recibe de repente de miles y miles de comunicaciones de esa naturaleza? Ya no podríamos, sería muy difícil procesarlas”, anticipó el fiscal Parenti.

Esta situación motivó varias respuestas. Por un lado, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak emitió una resolución en la que le da 48 horas a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del exjuez Alberto Baños, para que explique cómo se custodiará el material que recolectó hasta ahora la UEI. En ese sentido, es importante agregar lo que sostiene el fiscal Parenti: “En todos estos años, decenas de jueces y fiscales recibieron denuncias originadas de esta manera y nunca hubo ningún cuestionamiento, ni siquiera por parte de alguna defensa”.

El senador nacional de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro, hijo de desaparecidos, anticipó que presentará un proyecto junto a las Abuelas de Plaza de Mayo para restituir la oficina y así “contribuir con la búsqueda de los más de 300 nietos apropiados”. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof  anunció la creación de Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar. Lo anunció después de mantener una reunión con la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto. “Seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo. Seguiremos profundizando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, escribió en X.

Se trata de acciones que buscan contrarrestar la avanzada del gobierno de Javier Milei en contra de las políticas de Derechos Humanos. “Es la desactivación de los instrumentos de Memoria, Verdad y Justicia”, reflexionó Penchaszadeh. “Lo que hace CONADI en conjunción con todas las otras cosas como los juicios, la conservación de los lugares que fueron centros de exterminio y demás se está desactivando y desfinanciando porque este gobierno no quiere que perdure en la memoria colectiva”, agregó.

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Más de siete millones de chicos y chicas viven en la pobreza monetaria y un millón se va a dormir sin cenar por falta de dinero, según los datos de la Octava Encuesta Rápida realizada por UNICEF y revelados este martes en el marco del lanzamiento de la campaña “El hambre no tiene final feliz”. Si se tienen en cuenta el resto de las comidas, la cantidad de niños y niñas alcanzadas es de un millón y medio. En el caso de las personas adultas que viven en esos hogares, el número llega a cuatro millones y medio porque priorizan el alimento de los más pequeños.

“Los datos reflejan que en la mitad de los hogares con chicas y chicos los ingresos mensuales no alcanzan para cubrir los gastos mensuales corrientes. Frente a estas restricciones de ingresos, las familias despliegan múltiples y diversas estrategias. En primer lugar, se endeudan de diversas formas (formales e informales) y restringen recursos consumos básicos como salud, transporte y vestimenta, lo que tiene efectos sobre las condiciones de vida de las niñas y niños”, explicó Carolina Aulicino, oficial de Políticas Sociales de UNICEF a elDiarioAR.

Es la primera vez que la encuesta pregunta sobre niñas y niños que se van a la cama sin cenar.  Sin embargo, en 2023 ya se consultó sobre la proporción de hogares que se salteaban comidas y los resultados muestran un aumento. Se pasó del 6,4% de las chicas y chicos en 2023 al 7,4% obtenido en 2024. “Se observa que la situación de los adultos en 2024 también es más severa: en un 30% de los hogares, los adultos tuvieron que saltearse una comida por falta de dinero (desayuno, almuerzo, merienda y/o cena). En 2023, esta proporción era de 28%”, detalló  Alejandra Beccaria, oficial de Evaluación y Monitoreo en diálogo con este medio. 

Las personas más afectadas son aquellas que viven en hogares con menor acceso educativo y en los monomarentales, con jefatura femenina o cuando están situados en un barrio popular. Lo que da cuenta de la feminización de la pobreza y como afecta especialmente a mujeres y niños. “La restricción en el consumo de alimentos tiene consecuencias negativas sobre el bienestar general de las chicas y los chicos, no solo en el corto plazo. En particular, una adecuada nutrición durante la primera es clave para el desarrollo y potencial futuro”, agregó Beccaria.

La encuesta se realiza desde el 2020 y si  bien este año se publicó en junio, hoy el organismo dio a conocer las  nuevas mediciones en el marco de la campaña “El hambre no tiene final feliz” que se difunde por redes sociales con el hashtag #CambiaElFinal. Meses atrás se conoció que alrededor de diez millones de chicas y chicos en Argentina comen menos carne y lácteos que el año pasado y que la mitad de los hogares modificaron la variedad de sus dietas aumentando el consumo de productos más baratos y menos nutritivos.

El informe muestra la reducción del consumo de alimentos centrales como carne, verduras, frutas y lácteos y el aumento de los más baratos y menos nutritivos como fideos, harina y pan. Además, un 52% de los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento, once puntos más que en 2023. Se trata de  3,3 millones de hogares, un 90% dejó de comprar leche, carnes y otros lácteos. La cifra es del  67% en aquellos donde se percibe la Asignación Universal por Hijo y el Programa Alimentar. Incluso, la situación se repite en aquellos hogares con jefes y jefas de hogar registrados, donde el porcentaje es del 35%.

Además del hambre y el impacto en el desarrollo, la  situación tiene consecuencias subjetivas y simbólicas. “Esto genera barreras en el ejercicio de sus derechos y en el desarrollo de capacidades. UNICEF ha relevado las voces de las chicas y chicos que viven en situaciones de vulnerabilidad narran las huellas que deja atravesar la infancia en contextos de pobreza estructural. Los procesos de estigmatización, de culpabilización que quedan impregnados y  la sensación de que las oportunidades no están disponibles para ellos y ellas”, sostuvo Aulicino.

Tal como contó elDiarioAR, el informe muestra que en el 48% de los hogares con niñas y niños, los ingresos mensuales no alcanzan para cubrir los gastos mensuales corrientes, siete puntos más que en 2023 y quince más que en 2022. Son más de tres millones de hogares en esta situación. En aquellos donde los jefes o jefas de familia tienen empleos informales, un 65% no puede afrontar sus gastos. Llamativamente la situación también se da en aquellos con empleos registrados, un sector en el que asciende al 30%. Esto demuestra que el tener un empleo no resulta suficiente para salir de la pobreza.

Por otra parte, un 23% de los hogares dejaron de comprar medicamentos y un 32% redujeron los controles médicos y odontológicos. En algunos casos, estas restricciones también tienen impacto sobre sectores medios: un 9% de los hogares tuvieron que darse de baja de la prepaga o cambiar a las niñas y niños de escuela por no poder pagar la cuota. 

El deterioro en la calidad de vida niños, niñas y adolescentes revelado por el organismo tiene correlato con los datos publicados la semana pasada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina que indicó que la pobreza trepó del 44,7% en el tercer trimestre del 2023 al 55,5% en el primer trimestre de este año, en tanto que la indigencia pasó del 9,6% a 17,5% en el mismo período.

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Nelly Maldonado tiene 15 años y espera en la fila para entrar la Capilla de San Cayetano, en Liniers, junto a Lionel, su hermano de 10 años. “Estamos acá porque mi papá se quedó sin trabajo hace dos días”, dice y corta la frase para no llorar. Agrega que el hombre trabajaba de recolector en una cooperativa a través de un plan social. Están con su mamá que cuida a otros dos hijos a unos metros. Cada fin de semana, Nelly, Lionel y su mamá trabajan como cuidacoches en la feria “El Zanjón” de José C. Paz. Es 7 de agosto y en Argentina se celebra el Día de San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo. La iglesia desborda de fieles, pero este año también desborda la Plaza de Mayo donde se congregaron los movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y movimientos de curas villeros. Denuncian que no hay trabajo ni pan y que en los barrios la gente tiene hambre. 

Celia Flores también espera para entrar, tiene 41 años y está con su bebé de 1, lo lleva envuelto en un aguayo colorido. “A veces no tengo para darle leche, ahorita tampoco. Por eso vengo a pedir a San Cayetanito”, cuenta mientras llora. Su marido la abandonó y no consigue trabajo, tampoco tiene con quién dejar a su hija. Cada día va a los comedores de González Catán para retirar tuppers con comida. Celia entra en las estadísticas de la UCA que muestran que 1 de cada 5 personas en Argentina es indigente. 

Son las 9 de la mañana y sobre la calle Bynon hay tres cuadras de fila para entrar a la capilla a tocar al santo. Hace frío y está nublado. Mario Díaz, de 71 años, le manda un mensaje a su esposa asombrado por la poca cantidad de gente. Lo mismo dicen dos mujeres que conversan más adelante. “Años anteriores salía de trabajar a las 2 de la mañana y venía a hacer la cola, que estaba pasando la cancha de Vélez a 7 u 8 cuadras de acá”, dice. Es una observación con la que también coinciden los voluntarios que organizan a la gente. “Esto también pasó en el macrismo, hay gente que no tiene para llegar hasta acá y comer algo, entonces van a las capillas de sus barrios”, explican. 

Luis Pavón tiene 39 años, es ingeniero mecánico y trabaja como delivery. Hace tres meses lo despidieron de una empresa. Cuando puede hace changas como pintor, plomero o electricista. Está con su esposa, Alicia Salas, de 41. Ella es técnica superior en Relaciones Industriales y desde hace tres meses limpia departamentos. Llegaron desde Venezuela hace 6 años y tienen dos hijas que no superan los 11. “Somos creyentes y salimos todos los días a remarla. He tenido muchas entrevistas, pero por ahora nada. El tiempo de Dios es el mejor”, sostiene Luis.

Pero a Liniers no solo llegan los pedidos de quienes perdieron sus empleos formales, también hay exbeneficiarios de planes sociales a los que el Gobierno Nacional dio de baja. Laura vino desde San Justo. Es una de las 27.000 personas a las que a principios de este año le quitaron el plan Potenciar Trabajo por supuestas irregularidades. “Fui a Misiones a trabajar con la cooperativa y de ahí crucé a Brasil, también a trabajar, y  me quitaron el plan. Yo tengo 53 años y la secundaria completa y no consigo. Y yo quiero trabajar”, dice. Sabe que a su edad es más difícil.

Un desafío a la represión

La peregrinación desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo es la primera movilización masiva después de la represión en el Congreso durante el debate de la Ley Bases en la que fueron detenidas más de 30 personas. Un punto de encuentro entre la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales. La marcha que desde el 2016, en el inicio del macrismo, iniciaron “Los cayetanos” (Barrios de Pie, la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa) hoy nuclea a los sectores populares y gremiales que rechazan las políticas de Javier Milei.

Hoy no hay represión, pero hay una presencia policial excesiva. Una hilera de efectivos de la policía de la Ciudad de una cuadra de extensión acompaña a los peregrinos por la Avenida Rivadavia. “Nos quieren intimidar, pero nosotros venimos a pedir trabajo”, dice Laura. También hay despliegue de vehículos y decenas de efectivos de la Policía Federal en las zonas aledañas al Congreso. Además, un vallado en Plaza de Mayo con acantonamiento de la Federal detrás de la Casa Rosada.

Los reclamos se dan en un contexto en el que el Ministerio de Capital Humano se resiste a  cumplir con los tres fallos judiciales que lo intiman a regularizar la entrega de alimentos a las organizaciones sociales.  Esa denuncia está en la movilización, hay mujeres que llevan delantales y ollas vacías. Piden la Emergencia Alimentaria y dicen que en los comedores tienen que decidir a quiénes priorizan para darles de comer. Que en sus barrios crece la violencia entre vecinos y dentro de las familias por la crisis económica. 

“Una perturbada resignación”, así lo define José Oscari, docente de La Matanza y militante de Barrios de Pie.  “Vemos una pérdida emocional, psíquica y psicológica en la sociedad. La gente no esperaba que este gobierno le saque todo lo que sacó. Veo personas arrepentidas, que pensaron que Milei le iba a resolver los problemas. Y lo que hay son deudas sobre deudas que generan malestar y violencia que se transmite a los chicos, lo vemos en el aula”.  José carga en sus hombros una figura de San Cayetano a la que  enciende velas los 7 de cada mes. “No me pesa, es una emoción. Tiene que ver con reivindicar la historia de los catolicismos y de los jesuitas, los sacerdotes villeros y tercermundistas”, dice. 

En una Plaza de Mayo repleta, la figura de San Cayetano se mezcla con otras de la Virgen de Luján, el padre Carlos Mugica y  Eva Perón que muestran el abanico de espacios que se concentran hoy para venerar al santo, pero también para poner límites a las políticas de ajuste de Milei.

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El laboratorio argentino Sinergium Biotech comenzó la investigación para el desarrollo de una vacuna contra la gripe aviar dentro de un programa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que permitirá prepararse contra una posible pandemia. El proyecto trabaja con la tecnología del ARN mensajero (ARNm), usada contra el Covid-19, y se inicia en un contexto de crecientes contagios de virus H5N1 (de gripe aviar) en mamíferos. En junio se confirmó la primera muerte humana, un hombre en México sin antecedentes de contacto directo con aves silvestres. 

Esta semana, la OMS  anunció el nuevo proyecto de desarrollo y accesibilidad de vacunas experimentales de ácido ribonucleico mensajero (ARNm) contra la gripe aviar (H5N1) para los fabricantes de países de ingresos medianos y bajos. Forma parte del programa de Transferencia de Tecnología de ARNm de la OMS y el Medicines Patent Pool (MPP) y el laboratorio Sinergium Biotech desarrollará la vacuna para después compartir el conocimiento con otras empresas para agilizar la fabricación ante una posible pandemia. Este laboratorio forma parte del grupo Insud, fundado por Hugo Sigman y Silvia Gold. Otra empresa del grupo, mAbxience, estuvo a cargo de la producción del principio activo de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, desarrollada por la Universidad de Oxford, para América Latina.

“Tenemos 14 diseños de candidatos vacunales, estamos en la etapa de descubrimiento y prueba de concepto.  Son ensayos en animales en curso y ensayos in vitro. Los resultados vienen muy bien”, le dijo a elDiarioAR Germán Sánchez, gerente de I+D de la empresa argentina.

Una de las preocupaciones de los investigadores es la extensión acelerada del virus, no solo en aves sino también en mamíferos. En Estados Unidos se registraron brotes en vacas de ocho estados y se detectó el virus en leche no pasteurizada, que derivó en trabajadores con la enfermedad. En 2022, la gripe  produjo mortalidad en lobos y elefantes marinos de Perú, Chile y Argentina. También está presente en la Antártida. Si bien en Europa la gripe aviar se mantiene solo en aves silvestres, están en alerta por la rapidez con la que se mueve el virus. 

“Realmente lo que está ocurriendo a nivel animales es un brote, una pandemia a nivel zoonótico. Hay mucha potencialidad de que eso pueda seguir avanzando y el problema es cuando la influenza se empieza a mezclar. Principalmente porque este virus se puede llegar a mezclar con un virus estacional y de esa forma adquirir capacidades de ingresar al humano. Hoy en día no ingresa fácilmente al humano a menos que tenga algún evento de recombinación con otro virus como puede ser un virus estacional”, detalló Sánchez.

En junio de este año, la OMS confirmó la primera muerte por gripe aviar H5N2. Se trata de una persona de 59 años que murió el 24 de abril en México después de tener fiebre, dificultad respiratoria, diarrea, náuseas y malestar general. Se trata del primer caso humano confirmado en un laboratorio de una infección por el subtipo A(H5N2) de la gripe aviar notificado en todo el mundo. La víctima no tenía antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales.

“Venimos detectando el comportamiento desde el 2002 y ahora se ha extendido a mamíferos. Esto nos alentó a seguir incursionando en el desarrollo de la vacuna. Teniendo experiencia en la tecnología de la ARN, buscamos las secuencias de los genomas de los virus que estaban circulando. Lo que hicimos fue modificar la secuencias, extraer unas porciones del genoma del virus de influenza, de una proteína de superficie del virus que se llama hemaglutinina”, explicó Sánchez.

El laboratorio estima que para el 2025 tendrán los estudios preclínicos y toxicológicos y en lo que resta de este año buscan reducir los candidatos vacunales, que hoy son 14, en función de la inmunogenicidad y de los rendimientos de producción. El desarrollo de la vacuna podría estar listo para el año 2026, aunque los tiempos dependen también de la construcción de una nueva planta de tecnología de ARN que Sinergium Biotech comenzó en Argentina, una de las primeras en la región. “Es una vacuna que está pensada inicialmente para humanos, pero no quita que con pequeñas modificaciones se pueda llegar a vacunar animales. Arrancamos con H5N1 y después este programa va a migrar a otros tipos de influenza estacionales, como la vacuna de gripe”, anticipó el investigador.

Una vez que el laboratorio obtenga los datos preclínicos suficientes, va a compartir la información sobre técnicas y materiales con otros fabricantes que integran el Programa de Transferencia de Tecnología de ARNm para que puedan agilizar la fabricación de esas vacunas y reforzar la preparación contra una posible pandemia.  Son empresas públicas, privadas o mixtas de países de ingresos medianos y bajos del Hemisferio Sur como Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Túnez, Bangladesh, Indonesia, India, Pakistán, Serbia, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam. La idea es que tengan la capacidad para producir vacunas de ARNm no solo para COVID, sino también para la producción de otras inmunizaciones críticas para el sistema de salud.

“Esta iniciativa ilustra a la perfección el motivo por el que la OMS creó el programa, que no es otro que el de impulsar la investigación, el desarrollo y la producción en países de ingresos medianos y bajos con el fin de prepararnos mejor para actuar eficaz y equitativamente en el caso de que se declare una pandemia”, dijo el director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la presentación del proyecto de gripe aviar.

“El programa intenta democratizar esta tecnología ARN, que en la pandemia estaba segmentada en Estados Unidos o en Alemania, con compañías que no transfirieron su tecnología. Lo que se vio es que así se logran respuestas más rápidas en pandemia. Tiene un rol muy importante a nivel social. Mientras más rápido sacás la vacuna, más vidas terminás salvando”, explicó Sánchez.

CDB/DM/DTC

Luego de dos semanas de debate, finalizaron las audiencias por el homicidio de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en 2021, y la sentencia se conocerá el 30 de agosto. Tanto la fiscalía como la querella pidieron la pena de reclusión perpetua para Luis Alberto Ramos por considerarlo coautor del homicidio agravado por odio a la identidad de género. Si bien no se encontró el cuerpo, las pruebas indican que fue asesinado en la casa de Ramos, donde también estaba el otro acusado, Oscar Montes. Además, la parte acusadora considera que está comprobado el agravante ya que hay testimonios que confirman que Ramos consideraba que Tehuel  “era un desperdicio de mujer por haberse convertido en hombre”. También se pidieron medidas reparatorias para el colectivo travesti trans tendientes a subsanar la vulnerabilidad que padecen. 

Un mes después de finalizadas las audiencias, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Plata, integrado por Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, dará a conocer su veredicto. Durante el proceso declararon alrededor de 60 personas, entre peritos, familiares, amigos y compañeros de militancia de Tehuel y de Ramos, que participaban del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Los testimonios se suman a una gran cantidad de pruebas que indican que Tehuel fue asesinado entre la noche del 11 de marzo de 2021 y la madrugada del 12 en la casa de Ramos, donde también estaba Oscar Montes, el otro acusado que pidió ser juzgado por un tribunal popular en un proceso distinto. Algunas de los elementos más comprometedores tienen que ver con una mancha de sangre en la pared de la casa, una foto de ambos con Tehuel en el teléfono que fue tomada la noche de su desaparición, registros de telefonía celular y rastros de ropa de Tehuel quemada, igual que su celular, que fueron encontrados cerca de la casa.

Tanto la fiscalía como la querella sostienen que está acreditado el agravante por odio a la identidad de género. Esto se vio sobre todo en los testimonios de exparejas y de compañeros y compañeras de militancia de Ramos. Una de las integrantes de la organización contó que Ramos consideraba que Tehuel  “era un desperdicio de mujer por haberse convertido en hombre”. Algo similar relataron otros testigos que coincidieron en que lo llamaba “chico chica”. Relatos que  demuestran que negaba su identidad de género. 

Según la fiscalía, a cargo de Juan Pablo Caniggia, existía una relación de asimetría entre ambos. Ramos era su referente y quién le conseguía changas en un contexto complejo en el que la identidad de género de Tehuel era un impedimento para conseguir trabajo. Según indicaron la madre y la novia del joven de 21 años, “no lo querían tomar porque era un chico trans. Decían que se podía arrepentir y quedar embarazada”. 

El abogado querellante Cristián Ariel González sostiene que la estrategia de Ramos fue simular un respaldo económico para lograr su confianza. “Tehuel era un chico que tenía que ir boyando de casa en casa porque no encontraba su lugar y él simulaba comprenderlo. Los peritos sostuvieron que era un posicionamiento estratégico y que nunca lo consideró como un hombre, que había falta de afecto”, le dijo el letrado a elDiarioAr. En ese sentido también se expresó el fiscal Caniggia, que durante los alegatos indicó que “Tehuel fue víctima de la cisnorma. Estaba luchando por ser reconocido, y quedó expuesto a lobos donde se le fue la vida”.

Una de las particularidades de este juicio es la ausencia del cuerpo de la víctima, argumento en el que se basa la defensa de Ramos para pedir la absolución. Según la abogada Natalia Argenti, las pruebas no permiten confirmar el asesinato de Tehuel. “¿Ramos es tan genio que se deshace de un cadáver y del arma pero deja toda la evidencia en la casa para que la vengan a buscar?”, se preguntó durante su discurso final. En cambio, para la parte acusadora este punto demuestra el odio por la identidad de género.  “Una característica de los delitos de odio es el ensañamiento con el cuerpo de la víctima, lo toman como si fuese un segundo rehén y acá nunca dijeron dónde está”, explicó González.

“En el caso Diana Sacayán, las lesiones  estaban destinadas a cualquier punto que denotara una feminidad como el rostro y los pechos. En el caso de Tehuel no tenemos el cuerpo que es la negación máxima de la existencia, que se construye con todas estas negaciones de identidad. El no decir dónde está el cuerpo provoca un daño perpetuo. Al transhomicida no le alcanza con negarle la identidad, con matarlo, sino que se tiene que enseñar con el cuerpo y provocar un sufrimiento más, es como un castigo ejemplificativo el cual extiende el daño a toda la comunidad”, agregó el letrado.

La fiscalía también pidió medidas reparatorias para la comunidad travesti trans como la implementación de un protocolo de búsqueda para personas trans, teniendo en cuenta que Tehuel fue buscado como mujer y no como varón trans.  “Entendemos también que esta condena no va a traer sólo justicia para Tehuel y su familia, sino que va a mandar un mensaje claro a nuestra sociedad, que no va a tolerar la violencia y discriminación a las personas travesti trans”, dijo Caniggia. Además, a pedido de las organizaciones sociales que se movilizaron a los tribunales durante todo el proceso, se pidió la implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. “Esto pasó porque el cupo laboral trans no penetra en los barrios”, expresaron. Con respecto a Montes, el otro acusado, aún no hay fecha de inicio pero está confirmado que será con un jurado popular como pidió. Desde la querella anticiparon que pedirán que el tribunal de 12 personas esté integrado también por cuatro trans.

Un juicio en ausencia del cuerpo y una pregunta que repitieron la fiscalía y la querella durante el alegato: “¿Dónde está Tehuel?”

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Las librerías argentinas están en alerta ante la baja del consumo, el aumento de alquileres e impuestos y la intención del Gobierno Nacional de derogar la Ley de defensa de la actividad librera. En lo que va del año, las ventas cayeron alrededor de un 40% y en las últimas semanas se cerraron librerías en distintas ciudades, algunas con entre cuatro y cinco décadas de funcionamiento. “La situación es mala”, indicaron desde la cámara que nuclea al sector. 

“El Aleph Calle 12 cierra. Con profunda tristeza y en el marco de esta crisis económica que nos afecta, tenemos que comunicar esta noticia”. Con esa publicación en redes sociales, la librería que tenía 28 años de presencia en el centro de La Plata anunció el fin de su actividad en abril. “Estoy tratando de retomar el ritmo de vida y buscando trabajo en este proceso triste”, le contó Norberto López, dueño de la librería a elDiarioAR. Junto a su padre y dos empleadas atendían el negocio que abrió en 1996. Tomaron la decisión después de analizar el descenso en la recaudación y el aumento del alquiler que pasó de 800.000 a 3.000.000 de pesos. “Fue muy muy abrupto. Si bien nosotros siempre pagamos caro el alquiler por la zona comercial, teníamos una caja que la primera semana nos respondía como para poder afrontar ese gasto. Ahora se disolvió, eso no existe más, no hay consumo”, agregó Lopez.

Ni la crisis del 2001 ni la pandemia fueron tan letales para esta librería que llevaba casi tres décadas de trabajo. “Fue una decisión muy dolorosa y traumática porque se trata de una familia. El año pasado fue muy bueno a nivel económico, había impulso al consumo, que en La Plata generó Cuenta DNI del Banco Provincia, por que más allá de la inflación, la gente seguía comprando. La caída es estrepitosa, mi papá que es librero de toda la vida, lo sufrió mucho, era su profesión hace 50 años”, contó

Los datos de las cámaras que nuclean a librerías y a productores de libreros coinciden en que el consumo bajó un 40% con respecto al mismo período del 2023. Un descenso que se viene desarrollando desde diciembre cuando fue del 20% y 30% en el primer trimestre del 2024.  “La situación de las librerías independientes es mala igual que la de la  industria minorista en general. El consumo está a la baja y no hay recuperación a la vista. Todas registramos una caída en relación al 2022, que tampoco fue un año bueno a pesar de que se de que sí se incentivó el consumo”, describió la vicepresidenta de Cámara Argentina de Librerías Independientes  (CALI), Cecilia Fanti, a este diario. 

Algunas librerías tuvieron que cerrar y otras achicaron su estructura de costos,  despidiendo a los empleados y atendiendo de manera netamente familiar. “Las librerías, en general, son mini PyMES. Salvo las grandes cadenas,  son empresas esencialmente familiares, muy pequeñas. Hay una combinación brutal, los libros aumentaron muchísimo por el altísimo costo del papel por las devaluaciones y los sueldos no se adecuaron a esos aumentos de precios. Los libros no están caros, en relación con ir al teatro, por ejemplo, pero sí es mucho dinero para alguien que gana 300.000 y un libro de 30.000 le representa el 10% de su salario”, agregó Fanti, que es dueña de Céspedes Libros en Colegiales.

En las últimas semanas cerraron más librerías. Fray Mocho, que estaba en el centro porteño desde 1979, y Gauderio Libros con una antigüedad de 10 años. En La Plata también lo anunció Scotti, dedicada a los libros de derecho desde hace cinco décadas. Si bien no hay cifras oficiales sobre la cantidad de unidades cerradas, se estima que ronda las 10 en lo que va del 2024. “Estamos muy preocupados”, le dijo Juan Manuel Pampin, presidente de la Cámara Argentina del Libro, a este diario. “Dentro de ese contexto es complejo poder trabajar. Las librerías y editoriales como las nuestras, que son Pymes argentinas, pagan el agua por metro cuadrado, por ejemplo. Se conjuga la baja del consumo y el aumento de los servicios”, agregó. 

“El libro es un consumo de tercer y cuarto orden. Primero vas a comprar comida, después vas a pagar los servicios, el alquiler y tu sueldo no se multiplicó de la forma en que se multiplicaron salvajemente los servicios”, agregó Pampin. En los datos de la producción de libros también se ve reflejado esta reducción de la demanda de los últimos años. Actualmente la tirada inicial de un libro es de 700 ejemplares, un 40%  menos que hace siete años,y un 25% menos que hace cuatro, previo a la pandemia.

Otro de los grandes problemas que enfrenta el sector es la intención del gobierno de Javier Milei de derogar la ley 25.542, de “de defensa de la actividad librera” que establece que editores e importadores deben fijar precios de venta al público uniformes en todo el país. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que quieren eliminar la ley del 2002 con el argumento de beneficiar a los usuarios. Se trata de una normativa que funciona correctamente en España, Francia, Alemania y Chile, entre otros países. 

“La derogación va a ser algo nocivo para nuestro ecosistema, un hecho muy complejo porque las grandes plataformas, que son los que están pidiendo este cambio, van a vender lo más conocido,  y quedan afuera las cosas más pequeñas, que eso también es parte del negocio de una librería”, explicó Pampin. Desde el sector indican que eliminar esta ley rompe con la “bibliodiversidad” porque reduce la oferta de lectura a los libros más populares y homogeneiza  la oferta.

Por su parte, Fanti señaló el impacto que la derogación de esta ley tendrá en el plano comercial y también social. “Pasaría lo que con cualquier desregulación: el grande asfixia, el pequeño cierra y el grande después hace lo que quiere porque ya no tiene competencia. Acá hay un mercado que funciona, el grande hace su negocio a una escala y volumen que le cierra y el pequeño no solamente hace su negocio, sino que cumple su función social y cultural, que es pertenecer a una comunidad y alimentar esa comunidad, en el intercambio y en la generación de nuevos lectores”, advirtió.

CDB/MG

En la primera semana del juicio por el homicidio de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido hace tres años, los peritos de la Policía Bonaerense confirmaron que hallaron ropa de él en la casa de uno de los acusados, Luis Alberto Ramos, y que la última conexión del celular fue en ese lugar. También declararon la madre y la novia de Tehuel, que expusieron las dificultades que tenía para conseguir trabajo por ser un varón trans. Además, se sumaron testimonios que dan cuenta del desprecio del acusado hacia Tehuel por su identidad de género, a quién llamaba “el chico chica”.

Desde el lunes, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Plata, integrado por Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, lleva adelante las audiencias por el “homicidio agravado por odio de género” contra Luis Alberto Ramos, el hombre al que Tehuel fue a visitar el 11 de marzo de 2021 en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires, tras una oferta laboral para trabajar como mozo por una noche. Una de las audiencias relevantes fue la del jueves, en la que investigadores  de la Policía Bonaerense confirmaron una gran cantidad de pruebas contra Ramos. El perito policial Federico Di Luca analizó la geolocalización de los teléfonos y confirmó que el último lugar en que se registró actividad en el celular de Tehuel fue en la casa del acusado, en la calle Mansilla.

Otros policías de la Departamental de Investigaciones (DDI) contaron que reconocieron retazos de la campera azul de Tehuel, que estaba quemada, en el mismo lugar. Además, encontraron su celular, que si bien estaba destruído, se pudo recuperar el código IMEI y acceder a las últimas llamadas, en las que figuran conversaciones con Ramos el día de su desaparición. También corroboraron que encontraron manchas de sangre en la pared y en un colchón del detenido. “Hay pruebas muy contundentes para demostrar el homicidio”, le dijo a elDiarioAR Cristián Ariel González, abogado que representa a la mamá de Tehuel, Norma Nahuelcurá. Tanto la querella como la fiscalía a cargo de Juan Pablo Caniggia sostienen la hipótesis del homicidio aunque no se puede determinar qué hicieron con el cuerpo del joven. El padre de Tehuel, Andrés de la Torre, no participa del proceso porque sigue buscando a su hijo con vida.

También declararon familiares de Montes. Una de sus primas contó que los días posteriores a la desaparición, Ramos fue hasta su casa en Dock Sud y se quedó dos días. Además, explicó que la amenazó con una cuchilla cuando la policía lo fue a buscar al lugar. Por otra parte, la esposa del tío de Ramos declaró que le robó psicofármacos para consumo propio. 

Además, fue citada a declarar una pareja de Ramos durante esos días, que fue detenida durante la audiencia por falso testimonio. Ella contó que no sabía nada sobre Tehuel, afirmaciones que se desmoronaron cuando la fiscalía presentó las desgrabaciones de las conversaciones de WhatsApp. Fue la mujer quién afirmó que Ramos se refería a Tehuel como “chico chica”. Algo que confirmaron otros testigos. “Entiendo que el tribunal tiene elementos suficientes como para determinar el odio. Todos los testigos dijeron que cuando hablaba de Tehuel, Ramos lo mencionaba como el ‘chico-chica’”, agregó González en referencia al agravante hacia el odio de género. 

Otra expareja de Ramos afirmó que le tenía bronca. Ante la repregunta de la Fiscalía sostuvo que no lo toleraba, no solo a él sino a cualquier persona que no fuera hetero cis, no soportaba los vínculos entre el mismo sexo ni a identidades diversas. “Si fuera el caso de una mujer diríamos que son micromachismos,  acá tenemos una micro transfobia. Le niega la identidad al llamarlo ‘chico-chica’ porque Tehuel es Tehuel. Se va perpetuando esto de que no es una masculinidad trans, es una chica chico para él, eso se lo decía a todas las personas”, agregó el abogado. Ramos también tiene una condena por homicidio, varias denuncias de acoso sexual y una de abuso sexual.

Durante la primera audiencia se escucharon los testimonios de la madre de Tehuel, Norma Nahuelcurá, y de la novia, Michelle, que pusieron en contexto la situación económica y laboral del joven de 21 años por su identidad de género. Era changarín y tenía trabajos informales: cortaba pasto, podaba árboles, o vendía mercadería  o “bolitas” de masa frita en su barrio y en la Laguna de San Vicente. “Si no vendíamos, no comíamos. Era así. No lo querían tomar porque era un chico trans. Decían que se podía arrepentir y quedar embarazada”, expuso la novia en el juicio según consignó la Agencia Presentes. 

La vulnerabilidad por ser una persona trans es uno de los ejes que la querella pide que el tribunal tome en cuenta. También que se consideren las falencias iniciales de la investigación. Recién al cuarto día Michelle pudo hacer la denuncia porque en la comisaría se lo impidieron por ser menor de edad, tenía 17 años. Y por otra parte, indicaron que no hay protocolos claros a nivel provincial sobre búsqueda de personas travestis y trans. Durante los primeros días, Tehuel fue buscado como una mujer. 

La semana que viene continúan las audiencias con más testimoniales de vecinos y allegados de Tehuel y Ramos. El otro detenido, Oscar Montes, no participa de este proceso porque pidió ser juzgado por un tribunal popular y aún no hay fecha de inicio. 

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Hoy comienza en La Plata el juicio por el homicidio de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido el 11 de marzo de 2021 cuando salió de su casa en San Vicente, provincia de Buenos Aires, a buscar trabajo. El proceso tiene la particularidad de que se incluyó el agravante de odio hacia la identidad de género. Este es el primero de dos juicios y se investiga a Luis Alberto Ramos, uno de los acusados. El otro detenido, Oscar Montes, pidió ser juzgado por un tribunal popular y aún no hay fecha de inicio. 

El Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Plata, integrado por Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, lleva adelante el juicio que se inicia hoy y que durará al menos las dos semanas de feria judicial, habrá audiencias todos los días entre las 10 y las 18 horas y se espera que al menos declaren 90 testigos de los 450 presentados por la familia de Tehuel entre ellos, vecinos, amigos, compañeros de militancia y también personal técnico a cargo de las pericias. “El odio de género es el desafío que tenemos, la responsabilidad sobre la muerte de Tehuel está más que comprobada con los elementos de prueba que hay y por todos los hechos que se fueron sucediendo”, le dijo a elDiarioAR Cristián Ariel González, abogado que representa a la mamá de de Tehuel, Norma Nahuelcurá.

Tehuel de la Torre tenía 21 años al momento de su desaparición, ocurrida hace tres años y cuatro meses, y lo último que se sabe de él es que ese 11 de marzo fue a buscar trabajo como mozo para un evento a la casa de Luis Alberto Ramos, el acusado del juicio oral y público que comienza hoy. Tehuel era changarín, tenía trabajos informales: cortaba pasto, podaba árboles, o vendía mercadería  o “bolitas” de masa frita en su barrio y en la Laguna de San Vicente. En ese contexto, viajó a Alejandro Korn para encontrarse con Ramos que le había ofrecido un trabajo.Fue hasta su casa, donde también estaba Montes, el otro acusado. 

Hay varias pruebas que incriminan Ramos y Montes: una mancha de sangre en la pared de la casa, una foto de ambos con Tehuel en el teléfono que fue tomada la noche de su desaparición, registros de telefonía celular y rastros de ropa de Tehuel quemada, igual que su celular, que fueron encontrados cerca de la casa. “Estamos hablando de una persona con antecedentes. Tiene una condena por homicidio, varias denuncias de acoso sexual y una de abuso sexual. Ramos tiene sesgos perversos, se metía en organizaciones feministas para acosar mujeres, incluso creó una organización de la que lo terminan sacando para acosar”, afirmó el abogado sobre Ramos. 

Ramos y Tehuel se conocieron militando en el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), ahí compartieron marchas y generaron un vínculo en el que Ramos le conseguía algunos trabajos. En ese momento, Tehuel vivía en la casa de su mamá junto a su novia Michelle y el bebé de ella. Era sostén de hogar. La querella sostiene que Ramos hacía un doble juego con Tehuel. Por un lado, se mostraba receptivo de su identidad de género y le daba algunos trabajos informales y, por otro, era quién impedía que el joven obtenga un trabajo estable en la cooperativa de la organización para generar así una dependencia. Abusaba de su vulnerabilidad extrema por ser una persona trans.

El trabajo es uno de los derechos vulnerados de las personas trans y travestis: el 90% está en la informalidad y la mayoría ejerce la prostitución. Para la generación que supera los 25 años es casi la única alternativa de subsistencia y la jubilación ni siquiera es un horizonte posible. Si bien en el año 2021 se sancionó la ley de cupo laboral travesti-trans “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, que establece un mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para esta población, no se logró implementar completamente y durante el gobierno de Javier Milei se vieron retrocesos y despidos.

Este juicio estaba pautado para el año 2027, pero la presión de varias organizaciones sociales y feministas logró adelantarlo. El otro proceso, en el que se juzgará a Montes, aún no tiene fecha. El desdoblamiento se dió a raíz de un pedido del acusado que prefirió ser evaluado por un jurado popular, un recurso que fue aceptado por la justicia bonaerense en desmedro de la familia de Tehuel que deberá atravesar un mismo proceso en dos ocasiones distintas. 

“Es una sentencia que necesita la comunidad LGBTQ por el transodio. Hay una invisibilización de Tehuel en todo momento y la máxima expresión de odio está en la eliminación del cuerpo. Es una sentencia que necesitamos para generar un antecedente porque estamos hablando de una desaparición, es la primera causa por desaparición de una persona trans por odio a la identidad de género”, explicó el abogado González.

Por otra parte, en el juicio se intenta demostrar la responsabilidad del Estado en la manera de investigar la desaparición de una persona trans. En el caso de Tehuel, la comisaría demoró días en tomar la denuncia de la novia de Tehuel. Además, buscaron a una mujer y no a un varón trans, lo que demuestra la falta de protocolo para la desaparición de personas travestis y trans.

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Ya son cinco las personas en situación de calle que murieron durante la ola polar en la Ciudad de Buenos Aires. Estaban en los barrios de Palermo, Retiro, Belgrano y Balvanera. Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostienen que aumentaron los recursos por las temperaturas extremas, pero las organizaciones sociales reclaman que no son suficientes. Además, junto a legisladores y legisladores denunciaron la violencia policial hacia esa población: “Les mojan los colchones y les sacan las frazadas para limpiar el espacio público”. Esto se da en el marco de un aumento récord de detenciones por la contravención de portación de armas no convencionales en la vía pública sin causa que lo justifique. 

Al atardecer, las entradas y pasillos de las estaciones de subte se convierten en uno de los lugares más concurridos por las personas en situación de calle. Se acercan en busca de calor. Sentadas o acostadas sobre cartones o colchones, se cubren con frazadas del frío extremo. Según datos oficiales, durante la última semana se recibieron 1000 llamados diarios a la línea 108 de Atención Social, un 15% más de lo que reciben habitualmente. Las organizaciones sociales que distribuyen comida reforzaron la asistencia, pero no dan a basto. “Todavía no tenemos los resultados de la autopsia, pero por más que diga que es un paro cardíaco, tiene que ver con el frío que pasaron tantas noches. También con el retiro de sus pertenencias por parte de Espacio Público, que tira las frazadas. Las noches que pasan sin poder tener abrigo también influye en esas muertes”, indicó Mónica De Russis, de la Asociación Amigos en el Camino que reparte comida caliente por la ciudad. 

Ante el alerta por frío, desde el Gobierno porteño aumentaron en un 120% la cantidad de equipos que recorren las calles e indicaron que hay 600 personas dedicadas al Protocolo Invernal durante la noche. En mayo de este año, Jorge Macri lanzó  “Red de Atención”, un programa que reemplaza al BAP (Buenos Aires Presente). Lo hizo semanas después de la criticada campaña de redes sociales en las que se mostraban los operativos de “limpieza” de gente que dormía en la calle.  El nuevo programa tiene psicólogos, trabajadores y operadores sociales que recorren las calles en auto o a pie y que derivan a algunos de  47 Centros de Inclusión Social (CIS)

Sin embargo, el lunes pasado se hizo un “frazadazo” en el Obelisco para que la administración porteña declare la emergencia de las personas en situación de calle y cumpla la ley local N° 3.706  y la nacional N° 27.654. Otros de los reclamos fue que el acceso a los CIS sea por demanda espontánea y así evitar esperas de seis u ocho horas. El ministro de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Mraida, le dijo a elDiarioAR que tienen vacantes aseguradas para todas las personas que quieran pasar la noche en algún centro de inclusión social. 

La cuestión  es la cantidad de personas. Según el GCBA, hay 3.560 personas en situación de calle, lo que muestra un aumento del 14% entre abril de 2023 y 2024. Sin embargo, el segundo censo realizado por diversas organizaciones sociales relevó 8.028 personas para diciembre del año pasado. “En momentos de tanta emergencia y tanto frío discutir el número no tiene sentido porque es entrar a una discusión política. La certeza es que tenemos móviles recorriendo toda la ciudad y podemos dar respuesta a todos los llamados y llegar a cada persona que lo necesite. Además, toda persona que necesite y desee ir a un centro, lo tiene. No solo la cantidad es importante, también la caracterización de estos centros: abrimos nuevos para familias y el primero en Latinoamérica para llevar a cabo tratamientos de salud mental”, le dijo el funcionario a este diario. 

Durante la sesión del jueves, legisladores y legisladoras porteñas aprobaron un pedido de informes para que GCBA dé detalles de la asistencia que reciben las familias con vulnerabilidad habitacional y qué tipos y cuántos subsidios están entregando. “Lamentablemente lo que viene sucediendo a nivel nacional se replica en la Ciudad de Buenos Aires, es la política de la crueldad y el descarte. Hay mucha violencia sobre los que más necesitan del estado presente”, le dijo la legisladora de Unión por la Patria Victoria Montenegro a este diario. 

La legisladora, que es una de las que promueve el pedido de informe, indicó que recibió varias denuncias sobre personal policial violentando a las personas en situación de calle para que liberen las veredas. “Lo que necesitamos también es que se puedan articular las políticas públicas que tiendan a buscar soluciones y no a responder a la impronta del nuevo jefe de Gobierno que entiende que son comparables con la basura, que pueden limpiarse o que pueden levantarse con el accionar policial.  Y que lleva adelante un enorme retroceso en materia de la Ley de Salud Mental y vulnera todos estos derechos”, indicó. 

En ese sentido también se expresó De Ressis de Amigos en el Camino: “Le sacan absolutamente todo, decidieron que no se puede dormir en las calles y los obligan a retirarse. Les sacan las frazadas, las mochilas con documentos, con certificados de discapacidad y los carros de los que están trabajando y cartoneando. Van con la Policía y un camión y le retiran todas las cosas”. 

En las últimas semanas se incrementó la cantidad de personas en situación de calle que fueron detenidas por la Policía porteña, fueron requisadas y trasladadas por portar cuchillos, pequeñas navajas o destornilladores, en su mayoría elementos para abrir latas de comida, cortar cartones o la misma comida.  Finalmente el Poder Judicial declaró inconstitucional esas actuaciones porque no tenían ningún tipo de orden judicial sino que eran contravenciones por portación de armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique. “Lamentablemente, en las fiscalías se avala que la respuesta estatal a esta situación dramática sea a través de la fuerza que pueden ejercer las policías”, sostuvo el director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Julián Alfie, a eldiarioAR.

Las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Ciudad dan cuenta de un crecimiento de la cantidad de causas  iniciadas por esta contravención: de 300 en el 2021 a 400 en el 2023. “Es un récord en la historia de la Ciudad, al menos desde 2007 que es cuando comienzan las estadísticas. Es un accionar totalmente ineficaz, las estadísticas demuestran que hay apenas 8 condenas al año de aquellas 300 o 400 causas que se inician. El propio sistema judicial, en última instancia, termina descartando estos casos. No tiene sentido que se dilapiden los limitados recursos en perseguir y en hostigar a personas que están en situación de vulnerabilidad”, agregó Alfie.

Según estadísticas oficiales, en los últimos 3 años se registraron 1181 casos por portación de armas no convencionales en la vía pública sin causa que lo justifique, pero sólo 31 casos se llegó a una condena. “Claramente la política no debe ser de hostigamiento a las personas en situación de calle sino una política integral de abordaje que incluya programas sociales, que incluya justamente solucionar este enorme drama”. 

Los datos del Gobierno porteño indican que casi el 75% de las personas en situación de calle son varones de entre 18 y 50 años y más de la mitad provienen del conurbano bonaerense. “Hay una ley nacional que indica que cada jurisdicción tiene que desarrollar una política pública de calle lamentablemente, es la única que lo está cumpliendo de la Ciudad de Buenos Aires, pero reconociendo que es un problema más grande que es un problema del AMBA y  es necesario una coordinación con el gobierno de la provincia, pero bueno todavía eso no sucede”, afirmó Mraida y tiró el problema para la provincia gobernada por Axel Kicillof.

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Esta semana el gobierno de Javier Milei despidió a 3000 empleados públicos, que se suman a los 19.000 que los gremios contabilizan en el primer semestre. La nueva tanda de despidos en el Estado Nacional desarticula políticas que impactan directamente en la sociedad, desde mujeres víctimas de violencia de género hasta a las pequeñas y medianas empresas que tienen asistencia del INTI. Afecta desde los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad al descuidar las pruebas hasta los estudios de detección y seguimiento de pacientes con leucemia y linfoma. Fuentes cercanas al Gobierno confirmaron que planean despedir 75.000 en total.

La mayoría de los despidos fueron en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el exministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Derechos Humanos y el Hospital Posadas. Hay empleados y empleadas que estaban contratados por el Artículo 9 de la ley de Empleo Público, por convenios de cooperación con otros organismos y también monotributistas. Con esta nueva tanda, hay programas que prácticamente quedaron paralizados y otros reducidos a la mitad. 

En la Subsecretaría de Prevención de las Violencias se desvincularon a 685 personas, lo que representa el 85% del personal, como lo confirmó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.  El programa Acompañar, que ayudaba a que las mujeres salgan del círculo de violencia a través de una ayuda económica, psicológica y legal, quedó gravemente impactado: echaron al 50% de las personas que trabajan ahí, muchas de ellas profesionales especializadas. “Ya tenemos el registro del femicidio de una mujer que estaba esperando ingresar al programa Acompañar desde hace meses. Sus hijos e hijas quedaron sin su madre y desamparados, porque tampoco se le está pudiendo realizar el trámite y el acompañamiento de la manera que se lo se lo merecen”, afirmó Fernanda Fuentealba, delegada de ATE en la Subsecretaría.

El programa Acompañar fue creado para dar apoyo económico a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Sin ese apoyo, muchas veces les resulta imposible poder romper salir de la violencia.

Esto está directamente relacionado con la casi disolución del Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral para familiares de víctimas de femicidio, en el que quedaron trabajando solo dos personas en todo el país. También fue afectado el Programa de Reparación económica mensual para hijas y/o hijos de víctimas de femicidio, que entre otras cosas permitía que esos chicos puedan completar los estudios. En lo que va del año, 151 hijos e hijas quedaron sin madre. Según datos del del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro, se registraron 136 femicidios, 3 lesbicidios, 1 trans-travesticidio y 11 femicidios vinculados. 

A eso se suma, el desguace de la Línea 144, que atendía 340 llamadas diarias. El personal se redujo en un 42%: echaron a 75 de las 146 personas que daban el servicio en todo el país. “Quedó diezmada, esto impacta directamente en la capacidad de atención, cada caso requiere un tiempo para hacer la evaluación, dialogar y pensar cómo poder salir de la violencia. Eso te lleva a tiempo, no es un call center, es un área de atención de escucha de acompañamiento profesional”, explicó Fuentealba. 

Otro de los organismos fuertemente afectado fue el INTI, donde despidieron 282 personas de todo el país. Incluso fueron reprimidos el lunes tras manifestarse en la sede de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se suma al desmantelamiento por la falta de dinero para insumos, equipamiento e infraestructura. En este caso, el impacto lo ven también las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores. En Río Negro y Chubut, por ejemplo, distintas cámaras empresarias se pronunciaron en defensa del organismo, incluso el Cluster Vaca Muerta. “En el interior, las PyMES no tendrían la posibilidad de poder ser acompañadas  por un equipo interdisciplinario para poder abarcar un desarrollo de distintas áreas”, contó Julieta Caló, diseñadora industrial del INTI Bariloche, a este diario. 

Además de controlar la calidad del combustible, verificar las balanzas de los supermercados, corroborar que los juguetes no contengan elementos tóxicos, entre otro tipo de certificaciones, el INTI da asistencia técnica para mejorar productos y procesos a empresas y emprendimientos que de otra manera no podrían hacerlo. “Esas certificaciones respaldan la seguridad de los productos y de los procesos, entonces desmantelar el INTI significa negar la posibilidad que se le está dando a las empresas desde el año 1957 de poder exportar o poder cumplir con ciertos estándares para que puedan ser competitivas en el mercado”, agregó Caló. 

Una fuente del entorno de Javier Milei le confirmó a elDiarioAR que el Gobierno planea despedir en total a 75.000 trabajadores y trabajadoras en forma escalonada. A ese objetivo se llegará mediante tandas trimestrales de desvinculaciones, la primera de las cuales tuvo lugar en marzo y, la segunda, en junio. Según los datos del propio Gobierno, son 25.000 los despidos en lo que va del año, a los que se suman los de esta semana. Todo indica que hay que esperar alrededor de 50.000 nuevos. En el oficialismo admiten que puede haber “casos injustos”, pero sostienen que en todo casos son “una gran minoría” y que en 20 años se duplicó la planta de trabajadores estatales, razón suficiente –de acuerdo a su razonamiento– para que esta nueva administración pueda realizar los recortes sin haber que hasta el momento se conociera si realizaron o no algún tipo de evaluación laboral sobre los despedidos.

En la Secretaría de Derechos Humanos se registraron 63 despidos que se suman a los más de 40 de principios de año. Pertenecían a la Dirección Nacional de Sitios, que tiene a cargo los excentros clandestinos de detención, al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, el Centro Cultural Haroldo Conti y al Archivo Nacional de la Memoria. Son espacios que trabajan con políticas reparatorias vinculadas con las pensiones y asignaciones a sobrevivientes y familiares. 

Además, despidieron a especialistas que se encargaban de los sitios de memoria, importantes para el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. “Sacaron gente especializada como conservadores, historiadores, archivistas,  historiadores, investigadores, gente de mantenimiento, arquitectos que tenían saberes específicos para para mantener los edificios por la erosión del tiempo porque son prueba judicial. Por ejemplo, despidieron a personas que  pueden trabajar sobre una pared para hacer el decapado, es decir, sacar capa por capa de la pintura para llegar y corroborar lo que dice un sobreviviente”, explicó Octavio Rampoldi, secretario de Derechos humanos de la Junta Interna de ATE.

En el área de Salud, el gobierno echó a 88 trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas. Algunos de Enfermería, Kinesiología, Endocrinológía, e incluso a la única bióloga molecular que detecta casos de leucemia en adolescentes. Según un informe realizado por la CTA, la cantidad de ocupados pasó de 341.473 en diciembre de 2023 a 322.250 en abril de este año, por lo que se registraron 19.223 bajas. La mayoría de las desvinculaciones fueron en Administración Pública  Nacional, sobre todo en Administración Centralizada, con más de 15.400 trabajadores y trabajadoras desvinculadas. En su mayoría, se trata de organismos públicos que ejecutan políticas sociales, culturales y científicas.

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El colectivo Periodistas Argentinas dio a conocer hoy 19 casos de acoso sexual por parte de Pedro Brieger a lo largo de tres décadas en ámbitos laborales y educativos. En una conferencia de prensa realizada en el Anexo del Senado, expusieron algunas de las historias de las mujeres afectadas por el periodista y pidieron una reparación. Luego de conocerse los primeros cinco casos, varias mujeres se reunieron para compartir sus historias que hoy fueron publicados en el informe “Cultura del acoso. Punto y aparte”.

“Era nuestro profesor, nuestro vecino, nuestro colega, nuestro acosador. Los acosos sucedieron a lo largo de 30 años, sabemos que no somos las únicas, hay más. Nosotras renunciamos a nuestras tesis, a nuestros trabajos, dejamos coberturas para no verlo, mientras que él viajó por el mundo entrevistando líderes. Nuestros cuerpos recuerdan sus manos acercandose a nuestras partes intimas”, leyó Agustina Kämpfer, la primera denunciante pública de Brieger en el año 2010. Después de una exposición general, las mujeres fueron leyendo testimonios, algunos de la década del 90 y otros más actuales. 

La investigación periodística evidenció conductas recurrentes de Brieger: situaciones de exhibicionismo sin consentimiento de sus genitales o directamente masturbación. También eran repetidas las conversaciones de contenido sexual explícito por handy o teléfono en contexto laboral. Además, indicaron que planificaba o aprovechaba situaciones en las que mujeres no podían pedir ayuda: en habitaciones, ascensores, pasillos o salas de control. En todos los casos se evidencia el abuso de poder y autoridad, con la ventaja de vínculos asimétricos. “Brieger era mentor, jefe de cátedra, podría ofrecer o quitar empleo y en la mayoría de los casos les llevaba 20 años o más”, explicaron.

Además del pedido de disculpas públicas, Periodistas Argentinas exigió medidas reparatorias que garanticen la erradicación de estas conductas abusivas. “En aquellos medios donde se produjeron los hechos, necesitamos espacios para campañas de prevención y erradicación del acoso. En las universidades, jornadas para la prevención del acoso y procedimientos claros para garantizar denuncias”, indicaron en el documento. Por el momento no iniciaran accione legales.

Algunos de los acosos fueron con alumnas mientras Brieger era profesor en institutos terciarios o universitarios. “Era el año 1996, yo tenía 21 años y era alumna de tercer año de TEA y había trabajado en la investigación de un libro de él. Me invitó a una conferencia después de la salida de clase. En el trayecto hizo un comentario sobre la ropa que llevaba puesta: ‘Como te bajaría la bombachita y te pegaría en la cola’. Después del evento me dijo: ‘Nos vamos’. Le dije que no y los días siguientes siguió llamando a mi casa. Decidí no dedicarme a la política internacional para no verlo”, fue uno de los testimonios. El impacto en la carreras profesionales de las mujeres acosadas fue uno de los temas que también se trataron en la conferencia, muchas cambiaron de especialización o dejaron sus estudio para evitar cruzarse con el periodista especializado en Internacionales.

También se dieron a conocer casos por fuera del ámbito laboral, como el de una vecina de un edificio en el barrio de Belgrano en el año 1995. “Subió conmigo en el ascensor y me dijo que le calentaba mi culo cuando me subía a la bicicleta. Luego, se abrió la bragueta del pantalón y sacó su pene (...) Pedí plata prestada porque no tenía ni un mango y apenas pude me mudé”, fue otro de los relatos. Estos son solo 2 de los 19 testimonios que recolectó Periodistas Argentinas, que anticipó que hay más mujeres que se acercaron después de hacer este corte temporal por lo que se espera que se sumen nuevos casos.

“Tenemos que dar la posibilidad de que pida disculpas y que los demás varones entiendan lo que es acosar y las consecuencias que tiene”, afirmó la periodista Nancy Pazos. Además de las medidas reparatorias, el colectivo de mujeres pidió una legislación específica para los casos de acoso sexual. “Es la gran deuda que necesitamos saldar”, indicaron y pidieron a los legisladores una norma sobre estas conductas abusivas. “Tenemos ley de acoso callejero, pero no es lo mismo un exhibicionista en la vía pública que si lo hace un profesor, hay una asimetría de poder”, explicaron.

Por otra parte, llamaron a los varones a escuchar y acompañar estos casos. Muchos de ellos fueron comentados con colegas o autoridades en los ámbitos laborales o estudiantiles año atrás cuando sucedieron. “Que los compañeros escuchen, la mayoría de los casos lo advirtieron. Es fundamental, cuando una se quedan sin palabras o pensás si estás exagerando, es fundamental ese apoyo. Que los compañeros varones escuchen, nos hubiera ayudado a muchas en su momento”, afirmó Leticia Martínez, una de las denunciantes. 

“No es el único caso ni es el único acosador, tenemos que decir basta”, cerraron las Periodistas Argentinas. 

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La desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que salió de su casa el jueves 13 de junio del Paraje Algarrobal, en Corrientes, tiene como principal línea de investigación la trata de personas. Este caso pone foco en las políticas públicas de lucha contra este delito que fueron desfinanciadas o desmanteladas durante el primer semestre del gobierno de Javier Milei. Si bien en los últimos días surgió una nueva hipótesis tras la declaración Laudelina Peña, tía de Loan, que sostiene que el nene fue atropellado por el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, el caso puso en evidencia la manera en que el Gobierno Nacional dejó de combatir la trata. Entre marzo y abril se despidieron a los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Además, el programa de  Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período del año pasado. Esto se suma a otros programas de protección a las víctimas que sufrieron el ajuste. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145. 

En febrero de este año, el Gobierno nacional publicó el DNU 195 en el que se traspasó al Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas al Ministerio de Seguridad, a cargo de  Patricia Bullrich. Meses después, los representantes de las provincias fueron desvinculados. Se trataba de agentes de todas las provincias que colaboraban con la persecución del delito y también con la prevención y el acompañamiento de las víctimas a través de mesas interdisciplinarias en las que trabajan referentes provinciales, municipales, de organizaciones sociales y también de organismos nacionales como los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, la AFIP, el RENATRE y el SENASA, entre otros. “Lamentablemente, la motosierra lo que hizo fue desmantelar todo el trabajo. Además, atacan a las políticas públicas de asistencia que habíamos generado, vinculadas al horizonte de vida de las víctimas”, explica a eldiarioAR José María Serbin, exdelegado de la región Noreste del Consejo.

Serbin vive en Corrientes, donde está el foco de la investigación sobre Loan. Hasta hace pocos meses era el referente del Estado nacional en la provincia para casos de trata de personas. “Se despidieron a todos los delegados de las provincias y ahora hay una nueva directora que se subsume a una oficina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay una representación federal, que es clave porque estás en el terreno, no hay articulación. Nosotros habíamos generado 36 mesas interinstitucionales y eso desapareció”, agrega Serbin, que también trabaja en la  Fundación La Alameda.

Un delito complejo que las políticas públicas sirven para combatirlo

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2023 en Argentina se rescataron 5.227 víctimas de trata. Se realizaron 9.067 intervenciones en el territorio  y 1.072 derivaciones para asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia y 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Se trata de un delito complejo, el tercero en el mundo en cuanto a la cantidad de dinero que mueve después del narcotráfico y la venta de armas. 

También hubo 13 despidos en el Programa Nacional de Rescate (PNR) que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Tres personas trabajaban en la Línea 145, de asistencia telefónica gratuita, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.

Se trata de una reducción del 20% de un equipo integrado por quince personas. Las otras diez despedidas pertenecían al equipo de Procedimiento de PNR, que se encargaban de entrevistar y acompañar a las víctimas luego de los allanamientos. La mayoría de las despedidas eran mujeres psicólogas o trabajadoras sociales de distintas provincias: Neuquén, Mendoza, Salta e interior de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos, se trataba de la única representante del programa en la provincia. Tenían contratos incluídos en el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público con una contratación anual o de convenios con entes cooperadores, pero que llevaban alrededor de 10 años de antigüedad. 

“El caso Loan es un ejemplo de todo el desmantelamiento que se hizo”, afirma Gabriela Burgos, psicóloga social y exdelegada del Comite Federal en Jujuy. “Si el organismo hubiese seguido funcionando, el equipo de Corrientes podría haber intervenido y presentado la denuncia a la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), que automáticamente hubiese tomado el caso y no la Justicia provincial. Ya estaban aceitados los canales, se activaban todos los dispositivos. Nosotros hemos rescatado menores de edad, gracias a estas intervenciones, por ejemplo, con la CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transporte) y Migraciones. Si hoy pasara algo con una víctima extranjera, ¿quién te firma un papel, quién hace el protocolo?”, le dice Burgos a este diario. 

Además de actuar en la persecución del delito de trata, los comités de cada provincia trabajaban con las víctimas. Hacían convenios con otros organismos del Estado nacional para, por ejemplo, solucionar la cuestión habitacional o de salud de las personas rescatadas. “Al vaciar los centros de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), los Centros de Desarrollo Social. ¿A quién recurrís?, ¿A quién le pedís mercadería?. Teníamos muchísimos casos de explotación laboral rural intraprovincial y hacíamos un trabajo coordinado con AFIP,  Migraciones, etcétera”, agrega Burgos. 

Pero también los programas de acompañamiento a las víctimas rescatadas sufrieron recortes. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la actividad de Protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la Justicia de la cartera que dirige Cúneo Libarona ejecutó un 72,11% menos en el primer cuatrimestre de 2024 que en el mismo periodo de 2023. Algo similar sucedió con Rescate y acompañamiento a víctimas de trata del programa Política Criminal, que ejecutó casi un 90% menos que el mismo período del año pasado.

El programa Acompañar, de asistencia económica para víctimas de violencia (incluídas las mujeres afectadas por el delito de trata) ambién tuvo recortes fuertes. El monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), registró una caída del 80% en la ejecución interanual. “No se está haciendo nada al respecto. El hecho de eliminar áreas, reducir presupuesto y echar personal afecta gravemente en un contexto en el cual producto de la crisis económica también las condiciones que hacen que la trata funcione, se agudizan”, le dijo a este medio María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos  que está siguiendo el caso. 

Desde abril, el  Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata está a cargo de Verónica Toller, periodista que promocionó en Latinoamérica la  película “Sonido de Libertad”, producida por Eduardo Verástegui, exponente de la ultraderecha mexicana. El año pasado, antes de ser electo presidente, Javier Milei firmó la “Carta De Compromiso para la Promoción de Acciones para Erradicar la trata con Fines de Explotación Sexual y Tráfico de Órganos de Niños, Niñas y Adolescentes” promovida por Verástegui y firmada por otros referentes de la derecha de la región como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente  de El Salvador, Nayib Bukele.

Tras el desmantelamiento del Consejo, diez provincias del Norte Grande crearon un Consejo Regional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Según informó Somos Télam, el organismo fue  aprobado por unanimidad y tuvo el impulso de las diputadas Claudia Paladino, Adriana Diaz y Monica Salazar, en representación de Catamarca.

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Las consultas ambulatorias, las internaciones y los análisis clínicos y de diagnóstico por imágenes se desregulan en el sistema de copagos, lo que significa que a los precios de estos servicios incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), que son los más usados por la gente, ahora los pondrá “el mercado” y no la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que establecía los topes. Si se compara el listado de prestaciones fijadas en 2002 con el publicado ayer en elDiarioAR, se observa una reducción drástica de servicios que se mantienen regulados, decidida por el gobierno de Javier Milei a favor de las prepagas y en contra de los afiliados. Sólo quedan unos pocos relacionados con Oncología, Discapacidad y Salud Sexual y Reproductiva, entre otros.

El gobierno libertario tomó la decisión de quitar la referencia de la tabla de aranceles que estaba dentro del PMO y ahora cada empresa de medicina podrá fijar los montos. En la resolución 1926/2024 del Ministerio de Salud, que conduce Mario Russo, se especifica cuáles son los tratamientos que están exentos de la desregulación, una lista que se redujo considerablemente con respecto de lo establecido en 2002, cuando se aprobó el PMO de Emergencia, que establecía aranceles de prácticas y prestaciones, mientras que se declaraba exentas a otras.

Ya no están exentas, por ejemplo, las consultas, prácticas y estudios complementarios ambulatorios, diagnósticos y terapéuticos, que incluían también el material descartable y los medios de contraste. Tampoco quedaron las internaciones, ya sean institucionales, en hospitales de día o domiciliarias.

La resolución firmada por el ministro Russo modifica el Anexo I de la Resolución N° 201 de 2002 del Ministerio de Salud donde se detallaba una larga lista de prácticas. Ahora solo quedan algunas coberturas del nivel primario de atención: cánceres de cuello uterino y mama, odontología preventiva, salud sexual y reproductiva (Ley Nº 25.673), oncología, discapacidad, emergencias/código rojo, y prácticas de enfermería, atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia (la Ley 1.000 Días).

Tampoco serán desregulados los copagos de otras prestaciones que están dentro de las leyes de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis virales, otras Afecciones de Transmisión Sexual; y el Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas y la de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Se mantiene el Plan Materno Infantil (dará cobertura durante el embarazo y el parto a partir del momento del diagnóstico y hasta el primer mes luego del nacimiento y la atención del recién nacido hasta cumplir un año de edad).

Pero en el nuevo Anexo no hay nada sobre la Atención Secundaria establecida en 2002, como consultas médicas de control (tanto para infancias como para adultos), prácticas y estudios complementarios ambulatorios, diagnósticos y terapéuticos, que incluían también el material descartable y los medios de contraste como parte de la prestación. Tampoco quedaron las internaciones, ya sean institucionales, en hospitales de día o domiciliarias. Del listado del 2002 se eliminaron, las ecografías, los electrocardiogramas, las tomografías, ecodoppler y estudios de visión o genéticos, por ejemplo.

Tampoco serán regulados los copagos de los análisis clínicos: desde las más conocidos como colesterol total, glucemia o hierro hasta otros más específicos. En las manos del mercado también quedan las prestaciones relacionadas con las operaciones en huesos y articulaciones: prótesis de Ortopedia y Traumatología, yesos, vendajes y tracciones continuas. O los estudios de testificación de alergia, entre otros.

Los argumentos de la nueva decisión del gobierno de Milei están basados en la libre competencia y la resolución indica que el sector “requiere un mercado transparente en el que los consumidores puedan comparar directamente las ofertas disponibles, permitiéndoles tomar decisiones informadas al evaluar los planes ofrecidos y elegir la mejor opción”. Además, establece un plazo de 30 días para informar el precio de los coseguros.

“Deviene imperioso proceder a la eliminación de toda injerencia de la autoridad de aplicación en los valores de los coseguros tanto para los Agentes del Seguro de Salud como para las Entidades de Medicina Prepaga, permitiendo que aquellos sean fijados libremente, con el objetivo de garantizar una mayor competitividad y transparencia en el Subsistema de Salud”, concluye la nueva normativa. 

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En los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei, la lista de personas electrodependientes bajó un 13%, son pacientes que están en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), lo que les permite tener energía eléctrica gratuita y equipamiento para casos de corte de suministro.  Las organizaciones denuncian demoras en nuevos ingresos y rechazos en las renovaciones. A esto se suman dos nuevas resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que flexibilizan los plazos para atender denuncias por falta de suministro y los procedimientos para aplicar sanciones. 

En diciembre de 2023, la cantidad de paciente inscriptos en el registro era de 12.617 y al primero de junio de este año hay 10.946, según le informó el Ministerio de Salud a elDiarioAR. Desde la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) denunciaron que los 1617 pacientes menos, que representan un 13,2% del total, tienen que ver con los rechazos en las renovaciones y con las demoras para los ingresantes, medidas que van “puliendo” el RECS.

“No nos parece casual que, en apenas 6 meses, haya una reducción del 13%”, le dijo el presidente de la asociación, Mauro Stefanizzi a elDiarioAR. “El Registro es la puerta de entrada de todos los derechos y lo que está pasando es que algunos ven demorada la suscripción que iniciaron en diciembre, todavía no tuvieron respuesta. Esto en un contexto de incremento tarifario que tiene como consecuencia facturas muy altas, imposibles de pagar para muchos. Hay otros que están recibiendo mensajes de que le van a retirar su fuente alternativa porque le rechazaron la renovación”, explicó Stefanizzi, padre de Joaquín, el nene que falleció a los 6 años y que impulsó la sanción de la Ley de Electrodependientes.

En Argentina está vigente Ley 27.351 que establece la gratuidad del servicio público y esencial de suministro de energía eléctrica por cuestiones de salud. Entre otras cuestiones, dispuso la creación del Registro y garantiza el “acceso a la energía constante y en niveles de tensión adecuados para alimentar el equipamiento médico”, además del acceso a una fuente de energía alternativa que les asegure la provisión de energía continúa y estable frente a interrupciones en el suministro. “Esa renovación es cada dos años y ahora el Ministerio de Salud está rechazando la condición a muchas personas que ya estaban en el Registro. Eso afecta de una manera muy negativa y produce bastante angustia”, explicó Stefanizzi.

Una de esas personas es Ezequiel Albo. Tiene 43 años y hace cinco le diagnosticaron apnea del sueño severa, para dormir necesita un equipo de oxígeno que permite que su cuerpo realice el circuito de respiración completo. En caso de no tener ese aparato, podría sufrir un paro cardíaco o un ACV. En marzo de este año presentó la renovación y obtuvo un dictamen médico desfavorable porque se considera que su caso no entra dentro del riesgo de muerte. Es por eso que presentó un amparo para continuar con la prestación. “El costo eléctrico es un beneficio importantísimo porque yo donde vivo tampoco hay gas. La boleta de luz se iría muchísimo más alta. Hasta el momento no me sacaron la fuente, la empresa que me aporta el aparato me dijo que van a tratar de estirar lo máximo posible, pero ellos también cumplen las órdenes del Ministerio de Salud y de EDESUR”, le contó Albo a este diario. 

Desde el Ministerio de Salud indicaron a elDiarioAR que “los trámites se están respondiendo cumpliendo con lo establecido por la normativa”. Indicaron que desde que comenzó la gestión,se renovó la modalidad de trámite y que desde abril pasó a ser por Trámites a Distancia (TAD). “Este sistema permite que el trámite sea personalizado, a distancia, y sin necesidad de contar con un servicio de gestoría o intermediarios. A diferencia de la tramitación conjunta que se realizaba antes, ahora cada caso es evaluado individualmente y la persona es notificada de manera particular”, informaron.

Desde la AAdED presentaron recursos de amparo por casos como el de Ezequiel Albo y otras quince personas más. El abogado asesor de la organización Damián Sarchi explicó que las personas siguieron los pasos de la renovación como estableció el Ministerio, pero se los rechazaron sin ningún acto administrativo ni resolución firmada por autoridad competente. “Se los envió a la guarda temporal, es decir, se les dio fin sin tener un acto administrativo y esto es un perjuicio porque sin eso uno no puede concurrir a la justicia para rever esa decisión de rechazo”, explicó Sarchi, que también integra la Red de Abogados de Argentina (RAD).

Además, a principios de este mes, el ENRE modificó la normativa que garantiza una respuesta rápida de las distribuidoras eléctricas en caso de cortes de energía. Antes, el tiempo de respuesta al reclamo era de 48 horas sin contar plazos hábiles o inhábiles, con la nueva resolución el plazo se extendió a dos días hábiles. “Si el corte de suministro lo tuviera un feriado recién estarían resolviendolo la semana que viene, lo cual para una persona que tiene 30 o 40 apneas de sueño por hora es un problema bastante grave que puede terminar una cuestión realmente fatal”, explicó Sarchi.

El interventor del ENRE, Dario Oscar Arrué, también firmó otra resolución vinculada a las fuentes de energía alternativa. Ahora, las distribuidoras tendrán un máximo de 30 días hábiles para llevar adelante una adecuación y disposición de la conexión. Es porque eso que desde la AAdED evalúan hacer un amparo colectivo. Por otra parte, interbloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para pedir la derogación de la resolución N° 330/2024 del ENRE. “La fuente alternativa de energía es un derecho establecido por la ley N° 27.351, y evita tanto el traslado a hospitales, como el riesgo por un corte de luz. La Resolución 330/2024 vulnera claramente los derechos de las Personas Usuarias Electrodependientes”, explica el proyecto.

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Días atrás, durante la Cumbre del G7, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, logró sacar la palabra “aborto” de la declaración final. En el documento, los países se comprometen a “seguir promoviendo la salud y los derechos sexuales y reproductivos integrales para todos, y a promover la salud materna, neonatal, infantil y adolescente”, pero no mencionan la palabra “aborto”, que sí estaba presente en la declaración del año pasado en Hiroshima.

En Brasil, un grupo de diputados de ultraderecha consiguió que la Cámara Baja tramite un proyecto de ley que equipara el aborto a partir de 22 semanas con el homicidio, incluso en casos de violación. En ese país, está vigente una ley de 1940 que autoriza la interrupción del embarazo si hay riesgo de vida para la mujer, si fue violada o el feto tiene malformación cerebral, sin restricciones de tiempo para practicar el procedimiento. Un derecho que se restringiría si se aprueba el proyecto de los legisladores que responden al expresidente Jair Bolsonaro, que proponen calificar como “homicidio simple” al aborto después de la semana 22, incluso en casos de violación, con una pena de seis a 20 años. 

En Estados Unidos, después del fallo de la Corte Suprema que en 2022 eliminó la garantía federal del derecho al aborto, el tema toma aún más relevancia en la campaña para las presidenciales de noviembre. Además, en abril pasado el Tribunal Supremo de Justicia de Arizona restauró una ley de 1864 que prohíbe totalmente el aborto en el territorio, a excepción de los casos en que la vida de la persona gestante corre peligro.

Medidas recientes que forman parte de un contexto mayor de ataques en aumento en el mundo contra el derecho de las mujeres. Frente a esto, la antropóloga e intelectual Rita Segato se hace una pregunta: ¿Cómo se entiende que todos los sectores políticos que apoyan un proceso de acumulación y concentración de riqueza extrema son contrarios a que una mujer haga un aborto?. elDiarioAR conversó con la referente feminista para comprender y analizar el momento que viven las mujeres y diversidades en Argentina y el mundo.

–¿Cómo evalúa estos primeros seis meses del gobierno de Javier Milei?

–Cómo fue actuando el Gobierno me doy cuenta que la animadversión, en la cual todo este tipo de gobierno que ha surgido y que lentamente están mostrando un perfil muy claro no solamente en Argentina sino en otros países del mundo como España e Italia, confluye en una rara confluencia en el destrato y la antipatía hacia la reivindicaciones de las mujeres. Eso es una característica general de estas nuevas derechas. Ni siquiera son las derechas tradicionales, son derechas que tienen características peculiares del presente y que aúnan en esta antipatía hacia las mujeres que proponemos cambios, que proponemos una transformación de la sociedad y una lucha contra el poder patriarcal. Eso es no solamente Milei sino que es un movimiento de las nuevas derechas en el mundo. 

–¿En qué se basa esa confluencia?

–Eso hay que intentar entender, yo he hecho algunos esfuerzos para comprender por qué de repente se congregan todas, se aúnan. Tienen un acuerdo curioso, difícil de entender. No sé si lo interesante es decirte el resultado de mi reflexión, sino que lo más interesante es proponer, decirle a la gente que perciba lo curioso que es, lo difícil de entender qué es que todos los sectores políticos que apoyan un proceso de acumulación y concentración de riqueza extrema como está haciendo en esta época de la historia, todas esas fuerzas son contrarias a que una mujer haga un aborto. Es una pregunta que toda persona que tenga curiosidad por la política y la economía debe darse cuenta de que ahí hay una pregunta importante que es difícil de responder. Dan una centralidad en su prédica política y se aúnan ahí y convergen en el esfuerzo por impedir que una mujer que no puede ser madre en un determinado momento consiga abortar. Yo más que la respuesta, me gustaría dejar la pregunta: ¿Qué está dicho ahí?, ¿Qué es lo que expresa esa convergencia?. 

–¿Cómo se puede pensar esa pregunta? 

–Hay algo en esa mancomunación de lucha contra ese simple hecho que es realizar un aborto. A mí no me convence la razón moral, no me convence la razón religiosa. Ahí se manifiesta un interés mucho más relevante, posiblemente producido por thinks tanks con grupos de asesores de altísimo nivel que dicen que contener, reprimir, interceptar el movimiento de las mujeres es fundamental para proteger el poder. Nos están diciendo algo absolutamente interesante y no nos estamos dando cuenta de que esos sectores, que son a favor de la acumulación y la concentración de la riqueza, nos están diciendo que nosotras, las mujeres, amenazamos. Que nuestro movimiento pone en riesgo el edificio de todos los poderes. 

–¿El movimiento feminista es una amenaza para esos poderes?

–Eso es lo que debe ser leído en ese arrebañamiento acelerado. Arrebañamiento de gente en la calle para decir lo que ni siquiera entienden porque a la segunda pregunta de un periodista no saben responder. Es gente arrebañada “por la vida” que no sabe lo que significa y cuando se le pregunta no sabe responder.

Es muy muy fácil derrumbar el argumento de “por la vida”, facilísimo. Porque si vamos a defender la vida hay que hacerlo en todo lugar: en el niño migrante que quiere llegar a destino al otro lado del mar, en el niño abandonado que no tiene un plato de comida, que no tiene un remedio para curarse de sus enfermedades, que no tiene quien lo proteja contra la guerra. No solamente cuando la vida se encuentra en un feto todavía sin autonomía, ni siquiera la autonomía del libre arbitrio, o sea, en una panza de mujer. Si se defiende la vida solamente ahí no estoy creyendo, no lo puedo creer. Si se defiende la vida en todo lugar ahí lo creo.

–¿Cómo debe leerse esta idea de salir a la calle “por la vida”?

–Hay un miedo, un desasosiego, con el que se han puesto esas rebaños en la calle para frenar el avance de las reivindicaciones de las mujeres. El desasosiego es sospechoso, manifiesta que se ve un peligro ahí, un peligro para sus intereses, para lo intereses de los sectores que respaldan, que apoyan y promueven la acumulación y la concentración de la riqueza. Eso es lo que hay que entender porque ellos lo han entendido antes que nosotras. La propuesta es grande para los dueños del mundo porque si no no habría semejante conjunción, aunamiento y convergencia en el intento de reprimir, de obstaculizar nuestras solicitaciones, nuestros pedidos, nuestras reivindicaciones. Hay un desasosiego raro, hay una inquietud rara que no se entiende porque no es fácil entender en que un aborto libre perjudica el capital. Es muy difícil entender eso, es una pregunta fundamental porque ahí conocemos como el poder entiende nuestra acción y reacciona contra ella.

-¿Cómo evalúa el accionar de los feminismos en este contexto?

-Los feminismos a lo largo de toda su historia, yo no hablo de ondas en el feminismo, no me gusta cortar un periodo que tiene casi 80 años, ha producido reflexión. En algunos momentos desde el larguísimo período de reflexión han habido salidas a la calle, como últimamente las hay, y luego han habido flujos y reflujos de la salida y de la toma del espacio público en marchas callejeras. Hay momentos en que la lucha se da a través de esas marchas y, otros momentos, en que sigue una gran profunda y sofisticada reflexión del pensamiento feminista. Entonces así es nuestra marcha. Las mujeres saben, piensan, conocen, se comunican y, cuando es necesario, salen. Ahora hay un momento de gran perplejidad. No solamente por parte de la mujer, sino por la sociedad en general y eso también hay que entenderlo y es muy difícil de entender. Creo que de tanto repetir consignas hemos parado de pensar, hemos parado de mirarnos al espejo que nos ofrece la realidad para ver en qué nos equivocamos. ¿Qué errores, qué descuidos, que falla de lectura hemos cometido para que en la realidad política del país sea como es en ese momento?.

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El Gobierno nacional anunció esta semana el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de un total de 105 que hay en todo el país. Se trata de una poda del 77% a estos espacios multidisciplinarios de atención legal y social gratuita, que están en barrios vulnerables o zonas rurales donde no hay casi presencia del Estado.

El mes pasado, elDiarioAR anticipó sobre el desmantelamiento de estos espacios y los más de 400 despidos en varias provincias. Ahora, el Ministerio de Justicia de la Nación confirmó que cerrará el 77% de los espacios con el argumento de que “brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”. 

En el comunicado titulado “Se cierra otra caja de la política”, la cartera dirigida por Mariano Cúneo Libarona sostuvo que los CAJs “costaban a los argentinos más de 8 mil millones de pesos por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más”. Sin embargo, son lugares que abordan temas de seguridad social, familia, trabajo y documentación, entre otros, y que están en contacto con poblaciones de bajos recursos y dificultad para el acceso a derechos. “En el interior de las provincias, muchas veces no hay ninguna otra presencia del Estado. Nosotros hemos realizado operativos itinerantes en pueblos a los que nunca había llegado algún tipo de organismo del Estado nacional”, explicó Sergio Job, abogado y coordinador Región Centro a elDiarioAR.

Las trabajadoras y los trabajadores indicaron que de las 108 oficinas que había en el país, solo 10 pagan alquiler, el resto están insertas en instituciones de la sociedad civil o en espacios conveniados con municipalidades o provincias. Además, se trata de precios de inmuebles que no son caros porque están en zonas poco requeridas por el mercado inmobiliario. Además, Job advirtió que con esta decisión se recarga el sistema judicial porque varias demandas de primera instancia eran receptadas por los CAJs.  “Nosotros hacíamos muchas mediaciones comunitarias, lo cual permitía no sobrecargar o sobre judicializar las situaciones sociales que se viven cotidianamente en cada uno de los barrios. Es una política baratísima y el impacto social que tiene como contracara, es muy grande y es muy positivo. Incluso desde el punto de vista de la eficiencia es absurdo el argumento. Acá se está invirtiendo muy poco para la cantidad de soluciones que trae”, agregó Job.

Estos centros resuelven no solo cuestiones judiciales sino también de seguridad social, acceso a la salud o situaciones de violencia de género, entre otras temáticas específicas de cada región del país. “Garantizamos que nadie se quede afuera del sistema”, dijo Jennifer Carrera, Coordinadora Regional de la Patagonia. Abordan situaciones relacionadas, por ejemplo, al derecho laboral, intervienen con municipios para casos de personas que necesitan ayuda económica, articulan con ANSES, PAMI o intermediate en conflictos con turnos o de tratamientos que las obras sociales no quieren cubrir. 

“Realizamos operativos de atención a parajes rurales, a ciudades donde la densidad poblacional es menor y en la que los habitantes no pueden pagar un pasaje porque acá, en la Patagonia, son más caros. Esta es una región que tiene cuestiones climáticas complejas por viento, lluvia o nieve por lo cual implica que el servicio de internet funcione bastante mal dependiendo del día. No todo el mundo tiene acceso a una computadora y hay familias que quizás no la saben usar, entonces no se resuelve el acceso a la justicia con el reemplazo por las nuevas tecnologías”, describió Carrera. 

En el Noreste, por ejemplo, hay otras problemáticas. “El NOA tiene núcleos urbanos que, según la última medición del Indec, son los más empobrecidos, junto al NEA. Es decir son lugares que exigen una presencia fuerte. Específicamente, y en función de  las estadísticas, las consultas que más se atienden en los centros son aquellas relativas al derecho de familia, al acceso a la documentación personal y al sistema de seguridad social, prioritario para un país con 50% de pobreza. En lo cualitativo los centros llevan adelante un trabajo de asesoramiento y acompañamiento legal y psicosocial que no lo hace ningún juzgado ni defensoría ni fiscalía”, sostuvo Ezequiel Álvarez, coordinador de la región NOA, que además es abogado especializado en Políticas Públicas para la Igualdad de CLACSO.

Desde el Ministerio de Justicia indicaron que la demanda están garantizadas por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos por lo que “es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función”.

Sin embargo, en los hechos sucede que hay situaciones que no son receptadas o que las personas no saben cómo acceder, se trata de poblaciones integradas por personas que quizás no saben leer o escribir. “Es una mirada restringida y falsa de la realidad que vive el pueblo. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve la jubilación de una persona de 60 años que no tiene DNI? ¿Quién le garantiza que se pueda jubilar a esta altura de su vida? Hoy mismo atendí a una mujer que hace 11 años que está reclamando la cuota alimentaria de su hijo, 11 años”, apuntó Job.

“Hay una confusión notable entre acceso a la jurisdicción y acceso a la justicia. No es la misma función, no es la misma naturaleza, no son asimilables. Es absurdo pensar que esas personas recurren a una defensoría o fiscalía y judicializan.  Primero porque hay un canal más eficiente: nosotros. Segundo porque las defensorías y fiscalías no hacen eso o no dan abasto, es más, son una de las grandes derivadoras a los centros de acceso, ya sea para el asesoramiento legal o para el acompañamiento psicosocial”, indicó Álvarez. 

Por su parte, Carrera explicó que muchas veces son los CAJ los que hacen el puente con Defensorías y Fiscalías. “Somos quienes derivamos los casos que llegan a territorio porque de otra manera no llegarían porque nadie se acercaría y la gente quizás no está asesorada o no sabe cómo denunciar o afrontar esa situación en la que está”, afirmó. 

CDB/JJD