Los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Martín Llaryora (Córdoba), que mantienen una estrategia de diálogo con la Casa Rosada, atraviesan una paradoja política que comienza a crujir. Mientras aportan votos clave para la agenda de Javier Milei en el Congreso de la Nación, que incluyó la reciente reforma de la Ley de Glaciares, sus provincias enfrentan crisis fiscales severas por la caída de los fondos coparticipables. La situación comenzó a llegar a un punto crítico porque deben hacer un ajustado equilibrio entre mantener la lealtad a la Casa Rosada y proteger la solvencia de sus administraciones.

Jujuy en “modo supervivencia”

En Jujuy, la situación es crítica. El gobernador Carlos Sadir reconoció que la coparticipación viene cayendo entre 6% y 7% en términos reales, y se consignó que el primer bimestre de 2026 fue el peor en trece años. Ante este escenario, el mandatario radical implementó un ajuste de “shock administrativo” mediante el decreto 5084, que establece -hasta diciembre de este año- el congelamiento de la planta de personal, pago de horas extras solo para casos “excepcionales y restrictivas”, reducción de cargos y contrato, la prohibición de alquilar vehículos, la suspensión de transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comunas, el congelamiento de la pauta publicitaria oficial, la prohibición de compra de bienes de capital sin autorización superior y la obligación de autorización expresa del titular del Poder Ejecutivo para iniciar toda obra pública

Las excepciones deben ser aprobadas en forma conjunta por Jefatura de Gabinete y Hacienda. “Nadie gasta, nadie compra, nadie arranca obra, nadie recibe auxilio extraordinario sin pasar por el centro de comando del Ejecutivo”, se señaló desde el entorno de quien fue ministro de Economía del exgobernador Gerardo Morales.

El ajuste de Sadir, sin embargo, tiene una carga política adicional. Una fuente con la que habló elDiarioar, señaló que “el gobernador busca dejar atrás la sombra del doble comando” y afirmó que “de aquí en más, la provincia la conduce él”. Es decir, la centralización del gasto funcionará también como una toma de control frente a la interna con el universo político que rodea a Gerardo Morales, quien fue su mentor. Sadir se reunió hace unos días con diputados provinciales de Jujuy Crece para fijar agenda y alinear al oficialismo detrás del nuevo rumbo. “Menos iniciativas de lucimiento, menos experimentos proselitistas y más acompañamiento a una provincia que entra en fase de comando centralizado”, fue la bajada de línea que definió el espíritu de cónclave.

Los ATN insuficientes y tardíos

Jujuy recibió $5.000 millones en ATN entre febrero y marzo de 2026, y en marzo le correspondieron $2.000 millones de un reparto de $47.000 millones entre 11 provincias. Sin embargo, estos montos son insuficientes frente a la caída estructural de recursos. Como señaló el propio gobernador tras reunirse con el ministro del Interior Diego Santilli en abril de 2026: “Jujuy necesita decisiones urgentes”.

Sadir ha transitado un camino tortuoso en su relación Milei. En septiembre de 2025 reclamó públicamente la falta de comunicación con el presidente: “Con otros habló, pero a mí no me llamó”. En octubre de 2025 participó de una reunión de 19 gobernadores con el presidente en la Casa Rosada y al finalizar la evaluó como “muy buena” y que el jefe de Estado “pudo plantearnos las necesidades que tiene”.

Los votos clave: Ley de Glaciares y Ley Ómnibus

Jujuy, que integra la Mesa del Litio junto a Catamarca y Salta, aportó cuatro votos positivos para la reforma de la Ley de Glaciares reciente: tres de los legisladores de La Libertad Avanza (Manuel Quintar, Alfredo González y Barbara Andreussi) y uno de Provincias Unidas (Jorge Rizzotti, afín a Sadir). Los dos diputados de Unión por la Patria (Guillermo Snopek e Inés Zigarán) votaron en contra.

Esta no es la primera vez que Sadir pone legisladores al servicio de la agenda mileísta. En febrero de 2024, los diputados jujeños ya habían votado a favor de la Ley Ómnibus (Ley Bases), con posturas contrapuestas entre el representante libertario y el de Provincias Unidas a favor, y el del peronismo en contra.

Córdoba creó el Consejo de Gestión Estratégica del Gasto

Ante ocho meses consecutivos de caída de la coparticipación, Martín Llaryora implementó el “Consejo de Gestión Estratégica del Gasto”, que concentra bajo la mirada del ministro de Economía Guillermo Acosta todas las decisiones de ejecución presupuestaria.

El funcionamiento es riguroso: cada gasto debe ser solicitado por nota electrónica y el Consejo decide qué autoriza y qué no. Se eliminaron los “fondos permanentes” (caja chica) de cada ministerio y se establecieron días de pago específicos para proveedores. En el top del recorte están: capacitaciones, catering y viajes.

Córdoba enfrenta una paradoja: mientras recibió autorizaciones para tomar US$1.525 millones en deuda internacional (US$725 millones en junio 2025 y US$800 millones en enero 2026), no recibió ni un peso en ATN durante todo 2025 ni en 2026. La recaudación propia cayó 15% en términos reales en febrero de 2026, mientras que la coparticipación bajó 8%.

Una consecuencia de esta baja disponibilidad de partidas coparticipables es que El Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno cordobesa, restringió los fondos para los municipios. Por ello, más de 100 municipios cordobeses, liderados por intendentes de la UCR, elevaron esta semana un pedido de audiencia a Llaryora “a la mayor brevedad posible”, alertando sobre una caída del 20% a 23% en la coparticipación durante 2026. Los intendentes denuncian que existe una “brecha entre la predisposición del Gobernador y la falta de 'gestos' de varios de sus ministros”. Sin mencionarlo, se señaló al ministro de Gobierno Manuel Calvo, quien debe oficial de nexo entre el poder central y los municipios.   

El “doble juego” cordobesista

Llaryora mantiene una estrategia de “diferenciarse en lo gestual pero cuidando lo discursivo”. No confronta directamente con Milei, quien goza de alta imagen en Córdoba (74% de votos en 2023 y triunfo en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025), pero responde con acciones de gobierno en sentido contrario: ante el corte de obra pública nacional, sostiene su propio plan de obras; y ante el recorte de subsidios al transporte, lanzó su boleto metropolitano, entre otras señales.

En marzo de 2026, durante la Argentina Week en Washington, Llaryora criticó el discurso de Milei contra empresarios. “Es hora de que la Nación se ponga los pantalones largos”, admitió a un medio de su provincia. Reconoció que “la recaudación viene cayendo seis, siete, ocho meses seguidos” y que tendrá que “ralentizar el desarrollo en obras”.

Tucumán: líder en ATN pero no alcanza

El gobernador Osvaldo Jaldo reconoció que Tucumán perdió “una planilla y media de sueldos” entre 2024 y 2026, por lo que se se vio obligado a disponer del fondo anticíclico, creado para atender situaciones de emergencia a meses de suceder al exgobernador y actual senador nacional Juan Manzur. A pesar de encabezar el ranking de ATN con $41.500 millones recibidos, la situación fiscal sigue siendo crítica. En el cierre de la semana describió con crudeza el escenario. “Nosotros venimos bajando todos los meses entre un 8% y 9% en el impuesto coparticipable nacional, tanto IVA como Ganancias. Es decir, venimos perdiendo todos los meses entre $10.000 y $14.000 millones”, reconoció.

La situación de las obras públicas es crítica. Jaldo denunció que la Nación paralizó el 100% de la obra pública en Tucumán. Ante este escenario, su gestión asumió proyectos estratégicos que quedaron sin respaldo nacional, a mitad de camino, financiándolos con fondos propios. La crisis llevó a decisiones dramáticas. En las últimas horas, la Legislatura suspendió la licitación para la restauración del histórico edificio de la Legislatura provincial para destinar esos recursos a obras para la prevención de inundaciones. Además, se supo que el Poder Ejecutivo desistió de abonar expropiaciones de terrenos en donde se había previsto la construcción de obras de infraestructura de relevancia.   

En este distrito, el empleo también mostró señales de deterioro. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Tucumán lideró en el NOA el nivel de conflictividad industrial y laboral durante 2025, con cerca de 22 situaciones de conflicto que incluyeron paradas temporales de planta, suspensiones, despidos masivos y movilizaciones.

Pragmatismo constante y sonante

Jaldo ha llevado el pragmatismo político a su máxima expresión. Durante la campaña electoral de 2025 fue uno de los dirigentes más vehementes contra Milei, acusando al gobierno de “ahogar a las provincias” y llamando a votar “para que no gane la derecha”. Sin embargo, una vez pasadas las elecciones, fue el primer gobernador al que se convocó desde la Casa Rosada y confirmó su asistencia a la reunión de 19 mandatarios.

El mandatario tucumano ha puesto sus legisladores nacionales al servicio de la agenda libertaria en momentos clave. Su bancada colaboró para que La Libertad Avanza avanzara con leyes de ajuste como la Ley Bases, se ausentaron del recinto cuando el gobierno necesitaba evitar quórum para limitar los DNU presidenciales y dio los votos para las modificaciones de la Ley de Glaciares. En las últimas horas, anunció que recurrirá a los anticipos de coparticipación nacional que puso a disposición la Casa Rosada: “No hay duda que con esto garantizamos un 2026 con total funcionamiento y con total paz social”. Unos días antes había advertido que “hay que poner las cosas blanco sobre negro porque bajo ningún punto de vista es un regalo ni una dádiva”. Y remarcó: “Nos asisten con un anticipo de coparticipación, es decir, con plata que es nuestra y que debemos devolver dentro del mismo año”.

Salta alineada

El gobernador Gustavo Sáenz firmó esta semana un plan de austeridad por 180 días con congelamiento de salarios y suspensión de contrataciones, entre otras restricciones. La vocera de Gobierno, Paula Benavides, justificó la medida señalando que “el ejemplo debe empezar por casa” y que el ajuste estará enfocado en el gasto administrativo para no trasladarlo a los sectores más vulnerables. De todos modos, es una clara señal que los números no le cierran al mandatario dialoguista.

Salta es una de las provincias más afectadas por la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, una medida nacional que impacta a más de 200.000 salteños y representa una retracción de aproximadamente $4.000 millones mensuales en la economía local. Estos recursos dinamizaban el consumo en comercios de cercanía y su interrupción afecta directamente la economía cotidiana.

En marzo, Sáenz advirtió que muchas obras públicas se encontraban frenadas por deudas que el Gobierno nacional aún mantiene con empresas desde octubre de 2025. Esta situación repercute directamente en áreas sensibles como el sistema de salud, el transporte público y la gestión provincial

A pesar de recibir $25.000 millones en ATN durante la gestión Milei, la provincia no logró compensar la caída estructural de recursos. Curiosamente, entre noviembre de 2024 y enero de 2026, Salta fue la única provincia del país que logró una variación positiva en sus recursos reales, con un crecimiento del 0,7% ($4.433 millones). Sin embargo, esto no impidió que el gobierno de Sáenz implementara el ajuste de 180 días, demostrando que incluso las provincias “ganadoras” en el reparto de recursos enfrentan crisis fiscales severas.

Sáenz es quizás el gobernador peronista con mayor sintonía con Milei. Durante el Argentina Week en Nueva York en marzo de 2026, se cruzó con el presidente en un pasillo del JP Morgan: Milei le sonrió, se fundieron en un abrazo y le dijo al oído “Está funcionando” mientras le palmeaba la espalda. Karina Milei también se acercó a darle un abrazo. La relación es fluida y con intereses cruzados.

En sus discursos en Estados Unidos, el gobernador se mostró en sintonía con la política económica libertaria: “Este tipo de encuentros nos permite seguir fortaleciendo vínculos y mostrar al mundo el enorme potencial productivo de nuestro país”. Participó de la reunión de gobernadores con Milei en noviembre de 2025, donde se trató la reforma laboral, tributaria y del Código Penal, además del Presupuesto 2026.

La Casa Rosada lo ve como una carta estratégica, un ariete que mete ruido en la relación entre los gobernadores para neutralizar que se muevan en bloque. De todos modos, la tensión interna crece. Sáenz reclamó públicamente: “No es justo que yo pelee por obras y otros canten”, en una clara referencia a dirigentes libertarios que critican su gestión mientras se benefician de su alianza con la Nación.

Catamarca: entre la negociación minera y la quiebra fiscal

Raúl Jalil ha llevado el diálogo con Javier Milei a un nivel que redefinió la arquitectura política del Norte Grande. En diciembre de 2025 rompió el bloque peronista en la Cámara de Diputados, retiró a sus cuatro legisladores de Unión por la Patria y conformó la bancada “Elijo Catamarca”. Este movimiento dejó a La Libertad Avanza como primera minoría en la Cámara baja, empatada con el peronismo pero con posibilidades de superarlo.

La decisión no fue improvisada. Jalil mantuvo reuniones reservadas con el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y Santiago Caputo. En el oficialismo interpretan que esos encuentros “terminaron de ordenar la relación política”.

El fruto más tangible de esta alianza llegó en enero de 2026: el control de Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio. Tras un acuerdo histórico con Milei, Catamarca asumió la facultad para designar al presidente y dos vocales en YMAD, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con quien comparte la propiedad, designa los otros dos vocales. La composición quedó conformada por 60% de participación para Catamarca y 40% para la UNT, eliminando la injerencia de Nación en las decisiones estratégicas.

El retorno de Fernando Jalil (hermano del gobernador) a la presidencia de YMAD es la pieza final de este acuerdo. La empresa, creada en 1958 por Juan Perón para administrar el yacimiento Farallón Negro, pasó a manos catamarqueñas como contraprestación por el apoyo del senador Guillermo Andrada para sancionar el Presupuesto 2026 y aprobar el artículo del ajuste en educación, defensa, ciencia y tecnología.

El acuerdo también contempló el traspaso del complejo de Minas Capillitas a CAMYEN (Catamarca Minera y Energética), y como contraprestación, Catamarca desistió de demandas judiciales contra el Estado Nacional. La agenda minera funcionó como un vector de sintonía: Jalil observa con interés las oportunidades de inversión que podrían abrirse tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, especialmente en litio y cobre. Esto explica, en parte, su apoyo a la reforma de la Ley de Glaciares que busca destrabar proyectos mineros millonarios en zonas protegidas.

De todos modos, Jalil ha sido el más explícito sobre la gravedad de la situación. Confirmó una última caída reciente del 10% en la coparticipación y advirtió que el contexto lo obligó a actuar con rigor. En febrero de 2026, la provincia había perdido $12.533 millones en recursos reales, ubicándose cerca de San Juan ($14.053 millones) y La Rioja ($13.763 millones) en el ranking de provincias más afectadas.

Ante la imposibilidad de financiar obras públicas con recursos propios, Jalil tuvo que buscar financiamiento privado. Acordó con la minera Glencore un aporte de $5.000 millones para obras viales que involucran a Santa María, Belén y Andalgalá. Además, gestionó recursos ante YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio).

La crisis laboral y el conflicto social

Catamarca no escapa a la conflictividad laboral. Según CEPA, esta provincia registró 14 conflictos laborales entre 2024 y 2025, incluyendo cierre de fábricas, despidos y suspensiones. Desde que comenzó el gobierno de Milei, se registró un promedio de 81 despidos por día en el sector público nacional y Catamarca sufrió los efectos de esta política. El grupo chileno Cencosud clausuró locales en Catamarca (además de Buenos Aires, San Juan, Mendoza y Tucumán), sumándose a la ola de cierres comerciales que afecta a la provincia.

¿Diálogo o supervivencia?

Los gobernadores dialoguistas enfrentan un dilema que comenzó a ingresar en un callejón sin salida. Por un lado, su alineamiento con Milei les garantizó flujos de ATN que, si bien insuficientes, son vitales. Por otro, la caída estructural de la coparticipación compromete la sostenibilidad fiscal. La paradoja es Córdoba: Llaryora no recibe ATN, debe financiarse con deuda internacional a tasas elevadas (9,75% y 8,6%), y aun así implementa el ajuste más riguroso. Mientras tanto, mantiene una relación de “doble juego” con Milei.

En Jujuy, Sadir implementó un ajuste que recuerda al de Córdoba pero con una carga política adicional: terminar con el “doble comando” heredado de Morales y afirmar su propio liderazgo. La provincia aportó votos clave para la Ley de Glaciares, pero la promesa de desarrollo minero no compensa la crisis fiscal inmediata.

Los ATN representan apenas el 6% de lo perdido en coparticipación, según reconocen allegados a los propios gobernadores. La pregunta que permanece es hasta cuándo podrán sostener este ajustado equilibrio entre lealtad política y supervivencia, cuando ya comenzaron en estas provincias las especulaciones sobre las elecciones provinciales de 2027.

Al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la memoria colectiva argentina se detiene en las huellas de un plan de exterminio que, en Tucumán, tuvo un prólogo feroz con el Operativo Independencia. Mientras el país conmemora cinco décadas de lucha por Memoria, Verdad y Justicia, en esta provincia el reloj parece haberse detenido. La reciente suspensión del juicio por el Ingenio La Fronterita, con 68 víctimas de delitos de lesa humanidad que debía iniciar este 11 de marzo, demuestra que el poder económico aún batalla por evitar el banquillo de los acusados sobre su complicidad con el terrorismo de Estado.

El mundo rural como blanco del plan sistemático de exterminio

El terrorismo de Estado en Tucumán no fue un fenómeno meramente urbano, fue una cacería diseñada para desarticular el movimiento social en el corazón productivo de la provincia. El plan sistemático de exterminio tuvo como blanco a los trabajadores de la caña de azúcar y del mundo rural, un sector que representaba parte de la columna vertebral de la resistencia social y sindical.

Para las fuerzas represivas, el peón de surco y el obrero del ingenio no eran solo trabajadores, sino objetivos militares dentro de una estrategia de control territorial. La militarización de los pueblos azucareros buscaba aniquilar la histórica capacidad de movilización de la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA), el poderoso gremio azucarero que había tenido conquistas históricas, desafiando hasta al expresidente Juan Domingo Perón. En este esquema, el ingenio dejó de ser una unidad productiva para integrarse a la logística del horror, convirtiendo el paisaje rural en un escenario de persecuciones, secuestros y disciplinamiento social a través del miedo.

La cacería de Ortiz

Dentro de este plan, la figura de Fidel Jacobo Ortiz, secretario general del sindicato de La Fronterita, personifica la saña contra el sindicalismo de base. Su secuestro, ejecutado en 1976, fue una muestra de la cacería coordinada entre el Ejército y la empresa. Ortiz fue arrancado de su hogar en un operativo violento, realizado a plena luz del día y frente a su familia, lo que evidencia “la zona liberada” que imperaba en los alrededores del ingenio.

Según los registros y testimonios, Ortiz no fue llevado a una comisaría, sino trasladado de inmediato a la base militar instalada dentro del propio predio de La Fronterita. El ensañamiento contra él fue particular: por su rol de liderazgo y su defensa de los derechos de los obreros del surco fue sometido a interrogatorios bajo torturas en los mismos galpones donde habitualmente cumplía su labor.

La logística empresarial fue determinante: se denunció que los grupos de tareas utilizaron camionetas de la propia compañía para su traslado y que la oficina de personal facilitó los datos precisos para localizarlo. Su destino final es incierto, tras pasar por este Centro Clandestino de Detención (CCD). Ortiz está desaparecido, siendo el símbolo de cómo la estructura empresarial proveyó “listas negras” para eliminar a los referentes rurales más combativos. 

Fidel Jacobo Ortiz no era un dirigente cualquiera. Se había criado en la Colonia 3 del ingenio La Fronterita, viviendo allí con su familia en las modestas casas que la empresa construía para sus trabajadores. Comenzó como obrero del surco –el trabajo más duro en el cultivo de caña– pero su compromiso con los compañeros lo llevó a escalar posiciones en el sindicato. Su influencia era tal que, a pesar de venir de una familia humilde, fue electo secretario general con 35 años y representó con dignidad los intereses de los trabajadores azucareros, según testimonios, frente a las injusticias laborales y al modelo productivo inequitativo que implementaba la empresa. 

Ortiz fue secuestrado unos días después del golpe de 24 marzo de 1976. Lo liberaron 43 días más tarde, en la localidad de El Manantial, luego de haber sido sometido a torturas, por lo que su estado de salud era delicado cuando regresó a su casa, recordó su hija Hortensia Ortíz, quien dialogó con elDiarioAR. Había perdido su trabajo en La Fronterita y sus verdugos le advirtieron que abandonara el país pero regresó con su familia y en junio fue detenido, una vez más, y nunca más se supo de él. “Papá no quería dejarnos, a pesar de las amenazas”, rememoró Hortensia. “Fue una noche muy triste y negra para nosotros. No volvimos a saber nada de él, mi mamá salía temprano a la mañana y volvía tarde a la noche tratando de encontrarlo, nunca dejó de buscarlo”. 

Galpones convertidos en mazmorras

En la planta azucarera operó la fuerza de tareas “Rayo” del Ejército. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Federal, los propietarios del ingenio cedieron tres galpones a los militares, denominados “Tambo” y los “Conventillos”, utilizados por los trabajadores golondrina durante la zafra y “Campamento”, en donde estaban las carpas del Ejército Argentino desplegadas alrededor de una laguna de descarte de desechos de la planta azucarera. En los dos primeros se secuestró, torturó y desapareció a decenas de personas, a solo 300 metros de la casa del administrador Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien no podía haber desconocido la existencia de esos delitos. El lugar fue funcional a la “La Escuelita” de Famaillá, el primer centro clandestino de detención y tortura del país, por el que pasaron alrededor de 2.500 víctimas, que está a solo seis kilómetros.

El caso de La Fronterita no es aislado, también se utilizó la misma metodología represiva en los ingenios Lules, Nueva Baviera, Santa Lucía, Bella Vista y Concepción. En este último, ubicado en el municipio de Banda del Río Salí, pegado a la capital tucumana, al menos 26 trabajadores fueron secuestrados entre los meses previos y el fin de la última dictadura. Todos eran gremialistas de la FOTIA o delegados del ingenio. De ese total, 21 permanecen desaparecidos. Existen pruebas de que la empresa aportó vehículos para los operativos de secuestros, muchos de los cuales sucedieron en las propias instalaciones. El genocida condenado y fallecido Antonio Domingo Bussi, excomandante del Operativo Independencia y gobernador de facto de Tucumán, tenía un despacho propio en la planta, según testimonios.

Las cifras del genocidio

Una investigación conjunta del Centro de Estudios Genocida (CEG) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán (MIT), en base a datos extraídos de los juicios que se sustancias en estrados judiciales federales, reveló otra dimensión del terrorismo de Estado durante el período 1975-1983, al consolidar una base de datos actualizada a 2025 que documenta 1.887 víctimas.

El estudio arrojó que el 44% de las víctimas tucumanas –825 personas– fueron secuestradas durante el Operativo Independencia, lo que confirmó que la represión ilegal no comenzó con la dictadura cívico militar, lo que desmantela la narrativa que intenta diferenciar ambos períodos. El 64% de las víctimas secuestradas (527) fueron liberadas, hubo 40 casos de crímenes y 258 personas están desaparecidas. El alto porcentaje de sobrevivencia no fue una rareza tucumana: una proporción similar se registra a nivel nacional. 

Al poner la lupa sobre los secuestros, se determinaron sus actividades en 555 casos: 450 víctimas trabajaban, 66 estudiaban y 28 estudiaban y trabajaban. El grupo más grande fue de la industria azucarera (123) y durante la dictadura este número ascendió a 305. Le siguieron los trabajadores de la administración pública (42), de otras tareas agrícolas (39) y de construcción (32). La cifra de 305 refleja la centralidad económica y política de los ingenios en la provincia, así como la determinación de las fuerzas armadas de desarticular cualquier organización sindical o política vinculada a la industria.

La geografía del terror en Tucumán se materializó, además, con la existencia de 80 centros clandestinos de detención identificados: 14 estaban vinculados a ingenios azucareros. Así, la fábrica y el campo dejaron de ser lugares de producción para transformarse en nodos de un sistema represivo que articulaba el poder económico con el militar.

Los acusados: de la gerencia al banquillo

La causa Fronterita tuvo un sinuoso recorrido. En 2019, el juez federal Daniel Bejas –actual miembro de la Cámara Nacional Electoral- dictó la falta de mérito para los empresarios acusados, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Tucumán. Fue la Cámara de Casación quien, en diciembre de 2020, revirtió ese criterio y en agosto de 2021 la Cámara de Tucumán procesó a los imputados por crímenes de lesa humanidad.

Producto de esas demoras judiciales solo llegaron a juicio dos acusados de la media docena original: Jorge Alberto Figueroa Minetti, que era administrador, y Eduardo Buttori, exmiembro del directorio. La fiscalía los acusa de ser partícipes necesarios en delitos de lesa humanidad contra 68 víctimas, incluyendo torturas, homicidios y violencia sexual. La acusación sostiene que la empresa prestó apoyo logístico esencial –vehículos, predios y combustible– para la persecución de sus propios empleados. Otros dos exdirectivos procesados quedaron afuera: Alfredo José Martínez Minetti, fallecido, y Fernando Cornú De Olmos, apartado por problemas de salud.

El juicio oral estaba previsto para marzo de 2025 pero fue suspendido por la recusación contra dos juezas y para analizar el estado de salud de los dos empresarios imputados. Finalmente, el pasado miércoles 11 de marzo, tras innumerables demoras, debía comenzar el juicio oral contra Figueroa Minetti y Buttori pero un día antes, el Tribunal Oral Federal suspendió el debate: la defensa solicitó una nueva pericia médica sobre la salud de Figueroa Minetti, lo que obligará a intervenir al Cuerpo Médico Forense. La fecha de inicio quedó en suspenso.

“Esta decisión implica un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia en una causa que lleva más de diez años de trámite judicial y que investiga delitos de lesa humanidad. Esta situación coloca la causa al borde de lo que denominamos la impunidad biológica, consecuencia de las fallas estructurales del poder judicial argentino en el proceso de memoria, verdad y justicia. El juicio tiene, además, un carácter histórico: es el primero en Tucumán que busca juzgar la responsabilidad de actores empresariales en el terrorismo de Estado”, sostuvo a eldiarioar Rodrigo Scrocchi, integrante de la organización Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES). 

“A horas de comenzar el juicio, esta suspensión vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrenta el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cuando el tiempo avanza más rápido que la justicia”. “A 51 años del Operativo Independencia y a 50 años del terrorismo de Estado en Argentina, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia”, señaló la entidad en un comunicado. ANDHES acompaña la causa como querellante y representa a familiares de víctimas del Ingenio La Fronterita, entre ellos, a la familia de Ortiz.

Consultada Hortensia por elDiarioAR sobre esta nueva dilación, su breve respuesta fue: “tememos que ahora todo quede en la nada como en otros casos, no solo para nosotros, también para el resto de las víctimas”. Y tras un silencio, agregó: “nos piden que esperemos, que tengamos paciencia pero la paciencia alguna vez se acabará”.   

El espejo del Ledesma

La suspensión del juicio en Tucumán encendió las alarmas por su similitud con el caso de Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, en Jujuy. Blaquier falleció en 2023, a los 95 años, sin haber sido juzgado, beneficiado por una estrategia judicial de dilación. El caso Blaquier quedó definitivamente cerrado por la muerte del imputado, el de La Fronterita está “al borde de la impunidad biológica”. 

Ambos procesos ilustran lo que los organismos de derechos humanos identifican como una resistencia estructural del Poder Judicial para avanzar en causas contra actores económicos. De las 360 sentencias por crímenes de lesa humanidad dictadas en el país, desde 2003, solo cinco involucraron a empresarios y ninguno del sector agroindustrial ha sido condenado hasta el momento. La impunidad biológica, lejos de ser un destino inevitable, aparece como consecuencia directa de “las fallas estructurales del poder judicial argentino en el proceso de memoria, verdad y justicia”. A 50 años del golpe, la justicia no puede seguir siendo un trámite postergable.

DC/MG

En jornadas de intensa movilización sindical que arrancaron hace dos semanas, cuatro provincias argentinas cuyos gobernantes mantienen abierto su apoyo al presidente Javier Milei vieron a sus empleados estatales salir a las calles para reclamar mejoras salariales y denunciar la falta de recursos provenientes del Gobierno nacional. Los conflictos en Catamarca, San Juan, Jujuy y Santa Cruz pusieron en evidencia la creciente presión social sobre los mandatarios provinciales que respaldan la gestión nacional pese a que la Casa Rosada retacea los fondos federales para educación, salud, asistencia social y la obra pública.

Catamarca: mesa de negociación fracasa

En Catamarca, gobernada por el peronista Raúl Jalil –uno de los gobernadores más cercanos a Milei en el norte–, el conflicto docente escaló este último miércoles 11, durante la noche, cuando las columnas de maestros y profesores se concentraron frente a la Casa de Gobierno en una marcha de antorchas. La movilización tuvo replicas en las ciudades más importantes de esta provincia, como en Santa María. “El Ejecutivo liderado por el gobernador Raúl Jalil tiene literalmente un plan sistemático de destrucción de la educación pública”, aseguró el docente Marcos Castro durante la movilización. Su colega Bruno Corzo, también referente del sector de los autoconvocados, apuntó contra el reciente viaje de Jalil a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial de Javier Milei: “Es muy grave lo que hace con la situación que hay acá. El gobernador pide prudencia en la política salarial para los trabajadores pero él se va de gira con la comitiva presidencial”.

Pese a que el gobierno no tenía en sus planes abrir el diálogo, elDiarioAR supo que el mandatario catamarqueño –que todavía no retornó del exterior– bajó la orden de reiniciar las negociaciones. La primera reunión se concretó este último jueves al mediodía, en la que estuvo la Intersindical Docente, que integran los gremios ATECa, SADOP y SIDCa, pero terminó sin acuerdo, lo que profundiza la crisis que ya lleva semanas. 

Mientras las conducciones gremiales mantenían el encuentro con funcionarios en el interior de la Casa de Gobierno, los docentes autoconvocados permanecieron en la calle frente al edificio, rechazando de antemano cualquier propuesta que no cumpliera con sus exigencias. El Ejecutivo de Jalil había ofrecido llevar el salario básico docente a $800.000 por cargo (posteriormente mejorado a $850.000), más un bono extraordinario de $80.000 por inicio de clases y actualización bimestral del punto índice según la inflación. Sin embargo, los docentes exigen $1.300.000 de salario básico, denunciando que Catamarca tiene el tercer salario docente más bajo del país, solo por encima de Misiones y Mendoza, según el último Informe Indicativo de la Secretaría de Educación de la Nación.

El fracaso de la mesa abre un escenario de mayor conflictividad: los docentes autoconvocados –que no participaron de la reunión– ya convocaron una nueva marcha para este viernes y advierten que no aceptarán cualquier acuerdo que surja de la paritaria sin su participación directa.

Jujuy: el conflicto policial que encendió la mecha

En Jujuy, gobernada por el radical Carlos Sadir, afín a la Casa Rosada, la actual ola de protestas estatales se originó en un conflicto salarial policial que estalló con violencia días atrás y terminó por contagiar a todo el sector público provincial. Comenzó cuando efectivos de la Policía iniciaron reclamos por mejoras salariales, exigiendo la actualización del salario básico y mejores condiciones de trabajo. La situación se agravó cuando trascendió que la plana mayor de la fuerza había recibido aumentos del 70%, mientras que sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el CEOP (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales) accedían a beneficios excluyentes. Este trato diferenciado profundizó el malestar entre los agentes de menor rango, que se sintieron discriminados. La reacción oficial fue dejar sin efecto los aumentos pero el enojo ya se había instalado. 

El conflicto escaló hacia disturbios frente a la Casa de Gobierno el lunes por la noche, con una manifestación que derivó en ataques al edificio gubernamental. Las autoridades presentaron denuncias penales contra los responsables y el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación de oficio, calificando los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada” por sectores “sin representatividad” en la fuerza. Lejos de calmar los ánimos, estas decisiones no amedrentaron al sector rebelde y se incrementó el malestar.  

Ante la gravedad de la situación, el gobierno provincial se vio obligado a presentar una propuesta que incluía aumentos escalonados y un piso salarial de $1.150.000 para agentes recién incorporados desde marzo, más adicionales por presentismo y mejoras en títulos y posgrados, en un intento de calmar las aguas internas. Cuando trascendió el contenido del ofrecimiento, el grupo de policías activos que protagonizó los reclamos lo rechazó por insuficiente y cuestionó a los interlocutores que eligió el gobierno por “no contar con el aval para tomar decisiones”. La tensión interna escaló tanto que presentó su renuncia el secretario de Seguridad Juan Manuel Pulleiro. El militar retirado ya se había desempeñado como ministro de Seguridad en Salta, durante la primera mitad del mandato del gobernador Gustavo Sáenz.

Como efecto dominó, el conflicto policial encendió los reclamos del resto de los gremios estatales. Los docentes jujeños, encabezados por el gremio combativo Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), marcharon este miércoles durante la noche para reclamar la restitución del abono docente y una nueva negociación salarial. “Hay una situación económica asfixiante, con $800.000 no puede vivir nadie en este momento. La canasta básica ya está casi llegando al millón quinientos”, expresó en la marcha Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS y sostuvo que “debemos ser recibidos en paritaria, no se puede poner un 10% en cuotas”.

La presión en las calles, a la que se sumaron estatales enrolados en una decena de sindicatos de la administración pública, obligó al gobierno provincial a reabrir las paritarias, aunque la situación permanece tensa. El secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte, indicó que la próxima semana se retomarán las mesas de diálogo con los representantes de los distintos sectores. “Queremos llevar tranquilidad para todos los ámbitos de la administración pública y comunicar que van a ser convocados los días lunes y martes. Se generará una agenda de trabajo para dialogar con cada sindicato”, precisó.

La paradoja salarial en Jujuy resulta llamativa: mientras el gobierno ofrece 30% de aumento a la policía, los docentes y empleados estatales denuncian que se les impone un porcentaje inferior, lo que genera una brecha creciente entre las fuerzas de seguridad y resto de los trabajadores públicos. 

San Juan: antorchas en la calle logran abrir mesa de diálogo

La provincia cuyana gobernada por Marcelo Orrego, que integró Juntos por el Cambio como diputado nacional y hoy cultiva sintonía fina con la Casa Rosada, vivió este miércoles por la noche horas de alta tensión porque los gremios docentes marcharon con antorchas en reclamo de mejoras salariales, en una potente demostración de fuerza. 

La columna multitudinaria estuvo encabezada por la secretaria general del gremio educativo UDAP, Patricia Quiroga, y contó con la participación de distintos sindicatos docentes y estatales. Se sumaron los sindicatos UDA, AMET y SADOP, y también adhirieron trabajadores de otros sectores, entre ellos ATE, la Unión Judicial y referentes del sindicato SUTE, que viajaron desde Mendoza para expresar su apoyo. Durante la protesta se pudieron ver banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas como “sueldo digno”, mientras los manifestantes sostenían velas encendidas en una marcha simbólica que rodeó la plaza principal.

El conflicto en San Juan había escalado con cuestionamientos al paro médico por parte de funcionarios provinciales, quienes aseguraron que los salarios “le ganan a la inflación”, una afirmación que contrastaba con la realidad que denunciaban los trabajadores en las calles. Sin embargo, la presión de la movilización docente logró revertir la intransigencia inicial del Ejecutivo. Como resultado directo de las protestas en las calles, el gobierno accedió a sentarse a negociar este jueves 12 con los representantes gremiales, abriendo una instancia de diálogo que busca destrabar el conflicto salarial. La apertura de la mesa representa una victoria parcial para los docentes, que lograron forzar al gobierno aliado de Javier Milei a escuchar sus reclamos.

La situación evidencia la dificultad del gobierno de Orrego para sostener simultáneamente el apoyo al presidente y la paz social en su territorio, mostrando que incluso las manifestaciones más tradicionales pueden doblegar la resistencia inicial de administraciones que intentan aplicar austeridad fiscal, de igual modo que la Casa Rosada.

Santa Cruz: acampe gremial y ley de emergencia que busca “reorganizar el gasto público”

En Santa Cruz, provincia gobernada por el gremialista Claudio Vidal –quien si bien pertenece al PJ no kirchnerista se muestra cercano a la gestión de Milei–, los gremios montaron un acampe frente a la Legislatura desde el pasado miércoles para repudiar que la Legislatura debata un proyecto de ley de emergencia económico-financiera y administrativa que presentó el Poder Ejecutivo.

La presión en las calles, con momentos de tensión, provocó que el proyecto sea devuelto este jueves al Ejecutivo por los diputados, decisión que fue votada por unanimidad. La iniciativa contemplaba facultades extraordinarias para el gobierno provincial. Según los artículos claves, la emergencia alcanzaba a toda la estructura estatal, incluyendo la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes autárquicos, institutos, organismos de previsión social, tribunales de cuentas y la Legislatura misma. Pero lo que encendió la chispa de los reclamos fue que el texto también establecía que durante la vigencia de la emergencia, prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, “no podrán aplicarse aumentos salariales automáticos, ni mejoras remunerativas, si no existen recursos financieros disponibles para afrontarlos”.

El rechazo de los diputados a avanzar con la ley –en medio de un acampe gremial– evidenció las dificultades para implementar medidas de ajuste estructural, en un contexto de creciente conflictividad social. Los trabajadores estatales temen que la “emergencia” se traduzca en despidos, suspensiones y reducción de derechos laborales, mientras el gobierno provincial busca herramientas para cumplir con las metas fiscales que exige la coordinación con la Nación.

El dilema de los gobernadores aliados

Las cuatro provincias comparten una característica común: sus gobernadores han manifestado en distintos grados apoyo o alineamiento con la gestión de Javier Milei, en términos de coordinación fiscal y, sobre todo, un respaldo político que permitió la aprobación de proyectos libertarios en el Congreso, como fue la reforma laboral. Sin embargo, esta alianza con la Casa Rosada les presenta un desafío creciente: el Gobierno nacional ha reducido significativamente el envío de fondos federales a las provincias, lo que les impide atender las demandas salariales de sus empleados estatales.

La situación genera una paradoja política porque mientras los mandatarios respaldan al jefe de Estado, son precisamente quienes más sufren las consecuencias sociales de sus políticas de ajuste. En Catamarca, Jalil fracasó en la mesa de negociación de hoy; en Jujuy, Sadir tuvo que ceder ante la presión policial para evitar un colapso institucional; en Santa Cruz, Vidal no logró avanzar con su ley de emergencia; y en San Juan, Orrego se vio obligado a abrir el diálogo tras las protestas.

Los conflictos docentes y estatales en estas cuatro provincias evidencian que el costo político del apoyo a Milei está comenzando a cobrarse en las calles, con gobernadores aliados obligados a enfrentar la ira de sus propios trabajadores mientras la Casa Rosada retiene los recursos necesarios para calmar las aguas. Las protestas de las últimas horas sugieren que la tensión social podría profundizarse en los próximos días, con mandatarios atrapados entre su lealtad al Presidente y la necesidad de garantizar la gobernabilidad en sus territorios.

DC/MG

La motosierra sobre la actividad ferroviaria no se detiene y genera incertidumbre en los 44 obreros que forman parte de la planta de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, el único en donde se realizan reparaciones integrales de vagones de pasajeros y de carga en todo el norte argentino. “No hay otro igual en la región, si se privatiza, como parece ser la intensión del Gobierno, ¿alguien cree que se lo mantendría abierto? Algunos miran al predio como un gran negocio inmobiliario”, señala Pedro Díaz a elDiarioAR, el referente gremial de los trabajadores.

–¿Vió las escenas ferroviarias en la serie El Eternauta, en la que Juan Salvo, el protagonista, junto a otras personas ingresan al centro de la ciudad en una locomotora que antes se preparó en un taller? 

–Por supuesto, vimos la serie en familia, nos emocionamos porque ese momento está asociado a esperanza, a que hay una salida. Y el tren es eso, esperanza, une pueblos, une personas, lleva progreso. Debemos ser el único país del continente que está destruyendo su actividad ferroviaria. 

La preocupación de los obreros no es menor. En febrero, mediante el 67/2025, el Gobierno nacional habilitó el proceso para privatizar la empresa Belgrano Cargas SA, de la que dependen los Talleres Ferroviarios, que fue incluida en el listado de empresas a privatizar en la Ley Bases, que contó con el apoyo de los tres diputados nacionales peronistas que responden al gobernador Osvaldo Jaldo: Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla. El decreto establece que se rematará el material rodante y se concesionarán las vías, los terrenos aledaños y los talleres ferroviarios.

El tren es esperanza, une pueblos, une personas, lleva progreso. Debemos ser el único país del continente que está destruyendo su actividad ferroviaria

Pedro Díaz — Tercera generación de ferroviarios

En el ocaso de abril, unos días antes de su eyección como Secretario de Transporte, Franco Mogetta había elevado informe del hachazo en el sector ferroviario, ejecutado desde el kilómetro cero de su asunción, en diciembre de 2023. De acuerdo a su balance, se achicó en un 8% la dotación empleados con la desvinculación de 1.897 personas y se preparan unos 2.000 más. Este achicamiento alcanzó a las empresas que comprende Tres Argentinos: FASE (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado), Belgrano Cargas, Decahaf (Trenes Argentinos Capital Humano y Sofse (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado). 

En estos números, desde Tafí Viejo ven la sombra de despidos que podrían llegar de la mano de retiros voluntarios o de acuerdos especiales de finalización laboral con quienes están cerca de la edad jubilatoria. Díaz, de 67 años, tercera generación de ferroviarios, trabajó en calderería, en otras áreas en las que el cuerpo sufre y en la actualidad es el encargado de que no le falten materiales a sus compañeros de trabajo, por lo que tiene contacto habitual con la central que está en CABA. Desde hace unos años es el referente de la comisión interna de los obreros que están enrolados en el gremio de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA). “Me cuesta entender que se asuma a la actividad ferroviaria como un gasto, una palabra con la que se está justificando el vaciamiento. Nosotros no somos una planilla de Excel porque los beneficios que se generan alrededor de los trenes de carga y de pasajeros son enormes, tanto para la actividad privada como para la sociedad, en general”, sostiene. “Todo esto está en riesgo si la política no reacciona y no le pone un límite. Aunque en otro contexto, ya nos pasó en los años 90, cuando se murieron pueblos porque se apagaron estaciones al cerrarse ramales. Podría pasar de nuevo”, agregó.

Una mole dormida

La planta, de 22 hectáreas, fue la más grande de Sudamérica y tuvo 5.500 empleados en su mejor momento. Allí se construían locomotoras, vagones de carga y para pasajeros. Era otro país, el industrial. Fue cerrado por la última dictadura cívico militar, se reabrió con una dotación de 200 obreros durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín y fue cerrado, una vez más, por Antonio Domingo Bussi –fallecido y condenado por crímenes de lesa humanidad– cuando fue gobernador provincial. En el lugar solo quedó una guardia de la Policía Federal. En los 90, un intendente taficeño gestionó y consiguió ante la Nación que en donde alguna vez estuvo la administración de los Talleres se autorizara el funcionamiento del municipio. Así, se ocupó con oficinas públicas locales una pequeña fracción de esa mole inmensa que alguna vez fue fábrica.

En 2001, cuando estalló una de las crisis sociales más profundas de la historia argentina, que provocó el doloroso diciembre de ese año, con represión, 39 muertos, cerca de 500 heridos en todo el país y cinco presidentes, los índices de pobreza estuvieron en niveles extremos. Tucumán estaba al rojo vivo y reinaban la desocupación y el desempleo. Cuando en la presidencia de la Nación estaba Eduardo Duhalde y su esposa Hilda “Chiche” González había sido designada presidenta honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, una rueda de auxilio de respuesta inmediata que actuaba en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, el caso Barbarita Flores, la niña tucumana que lloraba por hambre, estalló en las pantallas de la televisión del país. La Nación decidió entonces que en un galpón de los Talleres Ferroviarios se instalara un depósito gigantesco con mercadería pa su distribución en zonas vulnerables. Ese mismo galpón fue noticia en mayo de 2024, cuando se descubrió que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, acopiaba alimentos y no los entregaba. 

“Tengo esperanzas”   

Andrés Soria, de 34 años, es de Tafí Viejo, hijo de ferroviario y soldador de oficio. Es uno de los encargados de “resucitar” los vagones que llegan destrozados a los talleres. “Llegan inservibles, irreconocibles, por descarrilamientos, en general. Algunos arriba de plataformas porque hasta los rodamientos no funcionan. Nosotros nos encargamos que en el menor tiempo posible vuelvan a estar operativos, salen hasta pintados y con 'boogies' –las estructuras que soportan los ejes y ruedas del vagón– como nuevos”, relató con orgullo. “Aunque cada uno tiene uno tiene especialidad, casi todos sabemos hacer algo más para colaborarnos. Tengo esperanzas en que alguna vez el tren se revitalice”, sostuvo. De los 44 trabajadores, tres son mujeres jóvenes, que trabajan al lado de los hombres, con soldadores y herramientas pesadas. Son Brenda, Florencia y Rocío.

El taller ferroviario taficeño es el único capaz de hacer reparaciones integrales en todo el norte argentino. Lo que más se le parece es el taller que se encuentra en Güemes, en Jujuy, pero allí solo realizan trabajos livianos. “No tiene la capacidad operativa, ni equipamiento para reparar a nuevo a un vagón, por más voluntad que tuvieran sus operarios”, explicó una fuente a la que consultó este medio, integrante de un equipo técnico de Trenes Argentinos que prefirió no dar su nombre. “Nos controlan”, fue su escueta respuesta sobre las razones de declarar en off. Si no falta material, la planta ferroviaria taficeña, ubicada 15 kilómetros al norte de la capital tucumana, puede reparar entre 15 y 20 vagones por mes. Una cifra similar a la de una empresa privada, con idéntico equipamiento y cantidad de trabajadores. 

“El plus de un empleado ferroviario de tradición es que tiene la capacidad para fabricar una pieza, si las circunstancias lo amerita. No se queda de brazos cruzados porque sabe que una pérdida de tiempo repercute en la cadena productiva”, agregó la fuente. Puso como ejemplo que los primeros vagones chinos que adquirió el Estado, durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que necesitaban mantenimiento y reparaciones, fueron llevados a los Talleres de Tafí Viejo en 2017, de donde salieron como nuevos. “Ni planos tenían esos ferroviarios pero hicieron un trabajo excelente, eso es puro oficio”, sostuvo.

“Peor que en los '90” 

La gestión del presidente Javier Milei pretende desguazar a la estructura ferroviaria para su privatización. Esto es, otorgar por separado las concesiones (aunque tampoco está clara la figura) de los trenes, las estructuras ferroviarias, las vías y los talleres. En los hechos, si una empresa se queda con galpones ferroviarios para poder transportar su propia carga, tendría que negociar con la firma que tiene el tren, con la que administre las vías y si surge un problema con una locomotora o vagón, también con la privada que se haya quedado con alguno de los talleres. “Es una locura, no hay país del mundo en donde el sistema funcione de ese modo. Los grandes administradores del sistema son los estados, aunque otorgue a privados parte del transporte de carga o de pasajeros. Esto complejizará mucho más los planes que tiene el Gobierno y va directo al fracaso”, explicó un experto ferroviario que está en actividad, con oficina estatal en CABA, que también optó por el anonimato. “Es peor que en los '90”, señaló.

Consultado sobre si está en riesgo el taller taficeño, no dudó en señalar: “por supuesto, claro que sí. ¿Quién querría un taller que no está en la Pampa Húmeda o dentro de un ramal que saque producción minera? Ese taller es estratégico, no solo por su operatividad, sino porque es un símbolo de las luchas ferroviarias en contra de las privatizaciones, fueron los únicos que quedaron en manos del Estado durante la gestión del expresidente Carlos Menem. Y eso para algunos sigue siendo imperdonable”.

De 110 a 44 operarios

En 2003, en expresidente Néstor Kirchner cumplió con su promesa de campaña de reabrirlos, a sabiendas de que es la planta de reparación de trenes más grande desde Córdoba hacia el norte. Ingresaron 110 operarios y ese número se fue reduciendo hasta los actuales 44. En el medio hubo jubilaciones, retiros voluntarios y traslados. Solo una decena de trabajadores rejuveneció la planta a fines de la gestión de Cristina Fernández y durante la del expresidente Alberto Fernández, en sus inicios. “Nada se logra sin poner el cuerpo, en Tafí Viejo estamos acostumbrados a hacerlo y volveremos a hacerlo, de ser necesario”, reflexionó Díaz. Una historia de resistencia lo respalda. La represión estatal secuestró y asesinó a 17 trabajadores ferroviarios durante el Operativo Independencia y la última dictadura cívico militar. La planta fue un bastión de lucha en contra de la opresión. Algunos de ellos fueron identificados en el Pozo de Vargas, la fosa común en Tafí Viejo más grande del país, en donde se han identificado, hasta ahora, 121 restos de ferroviarios, militantes políticos, dirigentes gremiales, periodistas, obreros del surco, y estudiantes universitarios.  

El primer ferrocarril que circuló en el mundo fue el que unió las estaciones de Stockton a Darlington, en Gran Bretaña, en 1825. Este año serán 200 años. Será por eso de que “lo viejo funciona”.

DC/MG

El Grupo Ledesma, de Jujuy, cuyo buque insignia es el ingenio azucarero homónimo despidió a 311 trabajadores desde fines de febrero hasta aquí. Un fuerte achicamiento en su plantilla de empleados de distintas áreas del que poco se habla en esa provincia porque se trata de una poderosa empresa, propiedad de los Blaquier, con la que nadie quiere entrar en conflicto. Sus influencias van desde el mundo de la política y empresarial, hasta la vida cotidiana de la ciudad de Libertador General San Martín –en donde está la planta– porque 7.000 personas dependen de los sueldos que la firma paga todos los meses.

El gremio azucarero inició un plan de protesta y de reclamos ante el Gobierno provincial y la Secretaría de Trabajo de la Nación, con escasa respuesta. “Los funcionarios solo firman actas, no intervienen”, lamentó Luciano Lezano, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), en diálogo con elDiarioAR. Las primeras desafectaciones de este año fueron 165, en febrero, y el resto, hasta completar las 311, se concretaron la semana pasada. Los despidos abarcaron a empleados de distintas áreas, antigüedades y con legajos intachables, se señaló. Del total, 75 despedidos fueron “cascos blancos”, el color de los protectores reservados para cargos jerárquicos y profesionales que están afuera de convenios. En la última tanda de despedidos hubo ingenieros, arquitectos, jefes de áreas, miembros del equipo de comunicación y personal que estaba a cargo de proyectos de vinculación con la comunidad, en escuelas o centros comunitarios.

Si bien la empresa asegura que se paga a cada despedido el total de las indemnizaciones de ley, desde el gremio aseveran que se abona el 65% de lo que correspondería. Según el dirigente Lezano, que asumió en febrero, tras derrotar a la lista oficialista que llevaba años al frente del SOEAIL, la conducción anterior no homologó los últimos acuerdos salariales, por lo que las liquidaciones se realizan en función del sueldo básico de 2022. “Ya hicimos los reclamos por las vías formales pero, mientras tanto, nadie está en condiciones de rechazar el dinero del despido”, sostuvo. Los despidos, por otro lado, se produjeron a las puertas del inicio de las paritarias, por lo que nadie duda que eso condicionará las negociaciones. En la actualidad, un trabajador percibe, en promedio, una cifra mensual que no llega al millón de pesos. “Nosotros vamos por un inicial de 1,8 millón de pesos, nadie puede mantener a una familia con menos”, expresó Lezano. 

El Grupo Ledesma es mucho más que azúcar. También es papel, frutas, jugos y aceites, diversificación con la que equilibra sus ingresos anuales cuando flaquea alguna de las producciones. Como sea, es un pilar económico central para la región y sus 111 años de historia se hacen sentir también en la cultura, la actividad comercial y hasta educativa. El silencio desde el mundo de la política por los 311 despidos es otra expresión de hasta dónde llegan las influencias del imperio Blaquier. elDiarioAR intentó en vano dialogar con el intendente radical Oscar Ramón Jayat. El pasado 11 de mayo hubo elecciones legislativas de medio término en Jujuy y en la ciudad del Ledesma se impuso La Libertad Avanza con el 20% de los votos, le siguió el Frente Jujuy Crece –del gobernador radical Carlos Sadir– con el 13,3%, tercero se ubicó el Frente Justicialista (12,1%) y cuarto quedó el Frente de Izquierda (7,8%).   

Una ciudad como Libertador General San Martín, de 92.000 habitantes, según el último censo nacional, acusa recibo de inmediato cada vez que el ingenio paga los 7.000 sueldos. “Todo el pueblo se mueve a su ritmo, el comercio se dinamiza porque vende desde el quiosquero hasta el que ofrece muebles, sin contar que las confiterías se llenan los fines de semana”, describió a este medio un empresario de esta ciudad jujeña que prefirió el anonimato y que integra la Cámara de Comerciantes de Jujuy. “Además, se paga por quincena y eso también ayuda para el movimiento de dinero en la calle. Pesa más que la municipalidad”, agregó. 

Protesta sobre la ruta

La semana pasada, apenas comenzaron a llegar los telegramas de despidos y mientras otros fueron notificados en sus puestos de trabajo, el sindicato azucarero se puso en alerta, realizó asambleas y se decidió una protesta sobre la RN 34, el pasado viernes 16, con cortes intermitentes de la calzada para visibilizar el reclamo. Fue imposible. “Llegaron al lugar policías de la provincia y agentes de la Gendarmería en una cantidad sorprendente. No se hizo el corte porque el dispositivo de seguridad fue enorme e intimidaba, aunque los manifestantes se quedaron al costado de la ruta distribuyendo volantes, en los que se describía la situación”, contó a este medio Alejandro Zenteno, director de la FM Bajando Caña, que puso en funcionamiento desde 2016 el SOEIL y es un medio de comunicación clave para informar el día a día del conflicto. “Nosotros no tenemos las mordazas de la pauta o la presión política, así que somos una emisora muy escuchada, además la actual comisión tiene como premisa comunicar todo lo que se hace”, contó.

Han despedido a empleados que estaban en sus puestos de trabajo. Los fueron a buscar empleados de seguridad, los acompañaron a que retiren sus pertenencias y al llegar a la puerta de la planta los hicieron firmar la notificación

Alejandro Zenteno — Director de FM Bajando Caña

Pese al tesón y a la visibilización del conflicto que activó el gremio azucarero, el temor y la incertidumbre pesan. “Han despedido a empleados que estaban en sus puestos de trabajo. Los fueron a buscar empleados de seguridad, los acompañaron a que retiren sus pertenencias y al llegar a la puerta de la planta los hicieron firmar la notificación”, describió Zenteno, en base al testimonio de un oyente que se quedó en la calle y estaba a tres años de la jubilación. “Hacer esto a la vista del resto de los compañeros de trabajo es buscar disciplinar e intimidar, porque todos se preguntan si los próximos no serán los ocasionales testigos de ese momento tan traumático en la vida de una persona. Y así, se piensa dos veces al momento de participar de una asamblea o una protesta. Hasta el despedido teme porque es posible que tenga un familiar en la planta”, agregó el trabajador de prensa azucarero.

Uno de los pocos que se sumó al reclamo gremial en la ruta, la semana pasada, fue el diputado nacional de izquierda Alejandro Vilca. “Es imposible mirar para otro lado, frente a dolor del que se queda sin trabajo, por eso decidimos acompañar esta lucha. Además, esto sucede en un contexto nacional que es aprovechado por la empresa debido a un Gobierno que favorece la pérdida de derechos laborales con la complicidad de los gobiernos provinciales”, señaló. “La mayor parte de los políticos jujeños tienen alguna vinculación con el poder que construyeron los Blaquier y por eso miran para otro lado”, remarcó a elDiarioAR.

Según Lezano, el secretario general del SOEIL, la zafra azucarera debe comenzar el próximo 16 de junio pero antes se tiene que cerrar la paritaria, un debate que augura rispideces por el plan de achicamiento y por el $1,8 millón que pedirán como salario inicial. “Por nuestras presentaciones formales, ya hubo encuentros con representantes de la empresa en la Secretaría de Trabajo de la Nación pero la firma mantiene un espíritu de diálogo, no de negociación y nosotros queremos eso, negociar, que no se dilate. El problema es que los funcionarios públicos solo redactan actas y no median a favor de los trabajadores, que somos el eslabón más débil”, sostuvo. Describió que el sector tiene un convenio que garantiza trabajo por diez meses a los trabajadores azucareros y la empresa quiere reducirlo a cinco, así el resto del tiempo contrata a empresas que tercerizan. “Les saldría más barato porque serán empleados sin derechos. Nosotros no estamos dispuestos a negociar esa estabilidad que tanto costó conseguir y profundizaremos la lucha”, remarcó Lezano.

El más grande

El ingenio Ledesma es el primer productor de azúcar del país, con el 17% del total y posee 40.000 hectáreas destinadas a la cosecha de caña, con las que produce azúcar, papel y alcohol. Aun así, de acuerdo a su último reporte enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), sus ingresos fueron de $557.064 millones el año pasado, una marcada caída frente a los $784.579,5 millones de 2023. La ganancia neta fue de $915,7 millones, en comparación con los $114.000 millones del informe elevado en febrero de 2024. De acuerdo al documento elevado, “hubo una fuerte disminución de ventas y márgenes en todos sus negocios y precios, que no lograron compensar el aumento de los costos”. 

Por otro lado, “los precios de la mayoría de los productos comercializados por la compañía no pudieron acompañar la suba de los costos”, explicó la empresa ante la CNV. Sostuvo que en el caso del azúcar, “los valores se mantuvieron deprimidos y las ventas por debajo del ejercicio pasado, así como el consumo, que siguió sin recuperarse y el mercado estuvo sobreofertado, debido a las mejores condiciones agronómicas de este año respecto del anterior”. El documento asevera que el negocio del papel “también se mantuvo desafiante en materia comercial y mostró un marcado deterioro de las condiciones del mercado”, como ya viene ocurriendo desde hace por lo menos un año. Solo los rubros de frutas, jugos y aceites mantuvieron expectativas en alza por los buenos niveles de los precios internacionales, por lo que la empresa se mostró “optimista” sobre el futuro de este segmento comercial.

Con este escenario se encontró el nuevo Gerente General del Grupo Ledesma, Diego Lerch, que asumió el abril en reemplazo de Javier Goñi, se indicó. Y una de sus primeras medidas fue implementar un severo ajuste que recayó sobre la planta de empleados. En las últimas horas, de acuerdo a una fuente que hasta hace días tuvo relación con la firma, la intención de la firma sería llevar a 600 los despidos. Un trago amargo para una comunidad que depende en gran medida del imperio Blaquier. 

DC/MG

Los cuatro gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada, Gustavo Sáenz de Salta, Leandro Zdero de Chaco, Carlos Sadir de Jujuy y Claudio Poggi de San Luis, se impusieron en las elecciones provinciales de este fin de semana, sin contratiempos. La sorpresa fue el resultado que obtuvo La Libertad Avanza (LLA), en la capital salteña, un resultado que entusiasma a la tropa libertaria hacia las elecciones nacionales de octubre. Las victorias oficialistas se vieron favorecidas por un peronismo dividido que no pudo resolver sus internas, ni en los distritos intervenidos. 

En Salta, nadie dudaba que se impondría el gobernador Gustavo Sáenz pero la sorpresa fue la derrota del oficialismo con La Libertad Avanza en la capital y que el peronismo se haya quedado con las manos vacías. Por primera vez en una elección de medio término en este distrito, el justicialismo no obtuvo nada y fue un reflejo de la crisis partidaria. De acuerdo a los datos provisorios, que cerraron alrededor de las 20, debido a que la votación fue con la Boleta Única Electrónica (BUE), la “Alianza por la Unidad de los Salteños”, de Sáenz, obtuvo 11 de las 12 bancas a senadores provinciales en juego. Para diputados, se quedó con 20 de los 30 diputados que estaban en juego; mientras que LLA cosechó un senador y 9 diputados provinciales. El Frente Liberal Salteño, libertarios que se referencian con la Casa Rosada pero no con la conducción provincial, obtuvo un diputado provincial.

En su primer discurso, Sáenz sostuvo que “fue una gran elección” y agradeció a todos los candidatos de su espacio. “Yo no sé cómo se leen las elecciones provinciales, las legislativas, pero si de 12, ganamos 11, creo que ganamos 11 a 1, no? Si de 30 diputados, ganamos 20, creo que ganamos, no?”, agregó. Admitió, de todos modos, que “La Libertad Avanza hizo una buena elección”. También con tono irónico y en un claro mensaje por elevación a la titular del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, señaló: “agradezco al PJ intervenido, no sacaron ni un diputado”. “Que se den cuenta que a los salteños no nos dicen desde Buenos Aires lo que tenemos que hacer”, cerró. 

La elección a senador por la capital fue una de las más seguidas, por tratarse del distrito con mayor peso electoral, con 457.642 votantes, alrededor del 41% del total. Roque Cornejo, de LLA, logró el 35,04% de los votos y se quedó con la única banca en juego. En segundo lugar quedó Bernardo Biella, del espacio de Sáenz, con el 30,57%; y muy atrás se posicionó Guido Giacosa, del Frente Justicialista Salteño, con el 6,53%.

Victoria de la alianza de Zdero con LLA

En Chaco, en elecciones que tuvieron una participación que apenas superó el 50%, con el 97% de los datos provisorios escrutados, el frente “Chaco Puede + La Libertad Avanza” cosechó el 45,2% de los votos, un fuerte espaldarazo para la alianza que cerró con la Casa Rosada el gobernador radical Leandro Zdero. Este resultado era seguido desde otras provincias, pues algunos mandatarios radicales estarían dispuestos en avanzar con acuerdos similares, en función de las elecciones nacionales legislativas de octubre.      

En segundo lugar quedó “Chaco Merece Más”, con el 33,2%, un armado del exgobernador Jorgen Milton Capitanich, que logró unir a la mayor parte del peronismo provincial. Tercero quedó “Primero Chaco”, con el 11,3%, un espacio disidente del justicialismo que tuvo como cabeza visible a la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, y que sumó a otros intendentes. Ante una consulta de elDiarioAR, indicaron que este espacio mantiene vasos comunicantes con la Casa de Gobierno chaqueña. De todos modos, demostró que el peronismo dividido facilitó el triunfo del oficialismo y con este resultado, de las 16 bancas en juego para la Cámara de Diputados, Zdero se quedó con 8, el justicialismo con 6 y el peronismo disidente logró 2. 

Capitanich fue el primero de los referentes de peso en hablar antes que se dieran a conocer los resultados oficiales y anticipó la derrota. “Observamos una tendencia favorable al oficialismo, metieron mucha estructura”, dijo, y criticó la demora en la carga de los datos provisorios. Justificó el segundo lugar en que “históricamente las primeras elecciones luego de un recambio de gestión, se suele apoyar al oficialismo”. Alrededor de las 20, un eufórico Zdero dijo en la puerta de la sede partidaria: “reafirmamos que el rumbo que esta provincia tomó a partir del 10 de diciembre del 2023 es el rumbo para poder tener un Chaco que recupere la dignidad. Un Chaco que deje atrás los dolores, un Chaco que ponga transparencia frente a la corrupción”.

Las otras fuerzas que participaron fueron Bases para la libertad (2,07%), Nuevo Espacio Chaco Independiente (2,05%), Partido del Obrero (1,83%), Ahora Vos Chaco (1,68%), Partido Lealtad Popular (0,88%), Movimiento Política, Social y Cultural Proyecto Sur (0,57%), Participación Ciudadana (0,52%), Participación Ciudadana (0,52%) y Partido Frente Arraigo (0,32%).

Poggi se impuso con holgura en San Luis

El gobernador Claudio Poggi, exJuntos por el Cambio, plebiscitó su gestión este domingo y lo logró con holgura, respaldado también por la UCR y por la marcada fragmentación de las otras fuerzas. Por primera vez se votó en esta provincia con la Boleta Única Papel, un sistema que empujó el mandatario por la rapidez para votar y para el recuento provisorio. El triunfo fue una buena noticia para un mandatario que se inscribió dentro del lote de los gobernadores dialoguitas, cercanos a la Casa Rosada. 

“Ahora San Luis”, de Poggi, con el 85% de las mesas escrutadas, logró un 46,81% y el segundo lugar fue para el “Frente Justicialista”, con un 26,50%, del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, que también tuvo como rival a su hermano Adolfo, también exmandatario, que cerró un acuerdo con el actual jefe provincial. En San Luis no se constituyó el partido La Libertad Avanza por diferencias internas pero hubo dos listas libertarias. Tercera Posición alcanzó el 7,9% y ¡Viva la Libertad Carajo!, un 7,1%, del diputado nacional Carlos D'Alessandro. Si jugaban juntos podrían haber llegado a los 15 puntos.

Una de las características de la campaña fue la ausencia de referencias a dirigentes nacionales, en especial, desde el oficialismo. Sobre los cuatro senadores provinciales que debían renovarse, el frente del gobernador se impuso en los departamentos Belgrano, Pedernera y San Martín, y en Ayacucho era voto a voto, hasta la medianoche. Para diputados provinciales, “Ahora San Luis” aplastó en Belgrano y Pueyrredón y Jujuy. El “Frente Justicialista” se impuso en Dupuy y Pringles. Lejos quedaron NOS (2,05%); Frente por la Justicia Social (1,90%); Proyecto Clase Media (1,53%); Movipro (1,34%); San Luis Futuro (1%), Frente de Izquierda y los Trabajadores (0,82%) y Movimiento Renovación Chacabuco (0,49%).

Sadir revalidó su conducción

El gobernador radical Carlos Sadir plebiscitó su gestión y le salió como esperaba. De acuerdo a los datos provisorios, que comenzaron a darse a conocer a las 21.30, el “Frente Jujuy Crece” del gobernador, obtiene el 39%; La Libertad Avanza llega a los 19% y el Frente Justicialista alcanza el 11%. Desde varios partidos hubo quejas debido a que el sitio oficial se cae cada cinco minutos.

Recién cerca de las 22, el mandatario provincial salió al escenario de la sede partidaria junto a candidatos y dirigentes a adjudicarse la victoria. “Agradezco a las otras fuerzas, a todos los que compitieron hoy. Felicitaciones a los que resultaron electos como diputados y concejales en los municipios. Vamos a seguir trabajando y haciendo esfuerzos para este estado que llevamos adelante con un modelo de administración responsable, con equilibrio financiero, sin olvidarnos de la gente”, sostuvo. Estos comicios eran claves para el gobernador radical, que sucedió a Gerardo Morales, pues su intención es revalidar conducción para ir por la reelección en 2027, se indicó. 

Con el segundo lugar ya consolidado, el búnker de LLA fue una fiesta. En medio de la euforia, senador nacional libertario Ezequiel Atauche festejó en el búnker y desde allí señaló que ese espacio se convirtió en la verdadera oposición. “Somos la primer fuerza opositora en la provincia de Jujuy”, sumó el diputado nacional Manuel Quintar. “Le vamos a poner un límite a la casta. Nuestros candidatos a concejales han arrasado en las principales localidades y en San Salvador”, dijo. Para Atauche y Quintar el resultado fue clave porque consolidó sus liderazgos, frente a las otras dos listas libertarias que se presentaron, que acusaban ideario mileista pero que cuestionaron a la conducción provincial.  

Según el secretario electoral, Alejandro Gluck, “votó alrededor del 50% del padrón en San Salvador y en el interior, cerca del 60%, por lo que el promedio dio un 63%”, dijo. En este distrito se renuevan 24 miembros, el sistema es unicameral y se votó con el tradicional voto de papel, por lo que los votantes se encontraron con numerosas boletas en el cuarto oscuro.

En donde habrá una lectura fina de la elección será en el peronismo por el choque entre el Frente Justicialista, del PJ intervenido, y el espacio de la senadora nacional Carolina Moisés, que obtuvo un magro resultado. Moisés es refractaria a la conducción del PJ Nacional que preside Cristina Fernández de Kirchner. En noviembre habrá elecciones internas pero el objetivo de la expresidenta sería unir al peronismo antes de las elecciones nacionales de octubre. 

Los jujeños fueron a las urnas también para la renovación de la mitad de concejos municipales en cada localidad y se eligieron vocales de comisiones municipales. Los 598.408 votantes habilitados fueron distribuidos en 1.812 urnas, en 308 establecimientos de toda la provincia.

DC/MG

La repercusión internacional de la serie El Eternauta trajo consigo la historia de Héctor Germán Oesterheld, el guionista de la historieta de la que habla el mundo, y la de su familia, diezmada durante la última dictadura cívico militar argentina. Entre 1976 y 1978 fueron secuestradas las cuatro hijas de Oesterhel y él por sus militancias en la organización Montoneros. Fernando Araldi Oesterheld, de 49 años, tenía un año recién cumplido cuando fue secuestrado junto a Diana, su mamá, en plena calle, en Tucumán. Ella y su pareja, Raúl Araldi, se habían radicado hacía poco tiempo en esa provincia. Desde entonces, Diana está desaparecida. “El Eternauta tiene el tema de la resistencia: es un mensaje atemporal, muy actual. Es un libro muy universal y muy argentino. Juan Salvo dice 'mi historia es de buscar', y nuestra familia tiene una historia y un presente de búsqueda”, reflexiona Fernando, en una entrevista con elDiarioAR

Al hablar de la serie es imposible de abstraerse de los números que generó su lanzamiento. La más vista en Argentina, Brasil, Alemania, Italia, España, Bangladesh, Arabia Saudita, Bolivia, India y Turquía, entre otros 27 países, según la plataforma Flix Patrol. También la número uno de habla no inglesa a nivel mundial, de acuerdo a Netflix. Se lanzó en 200 países y fue doblada a más de 12 idiomas y subtitulada en más de 30. “Imaginate la felicidad que tengo porque recuerdo en mi niñez que hubo varios ideas para llevarla a la pantalla pero eran proyectos para una película. En su momento, hubo interés de Adolfo Aristarain, Fernando 'Pino' Solanas y de Lucrecia Martel, más aquí en el tiempo. Y ahora se concretó en formato de serie por su consumo masivo y el interés de Netflix. Hubo mucho trabajo y dedicación, sobre todo, de mi primo Martín y de su esposa, que se dedican al cine, y se llegó a un acuerdo. No podemos estar más contentos porque es muy buena”, sostiene, con voz pausada, sin apuro.

–¿Qué opinas de los puristas de la historieta que le han puesto reparos a algunos cambios que se hicieron para el formato serie?

–Yo creo que, salvo algunos detalles muy puristas para los que puedan llegar a quejarse de que no tiene nada que ver con la original, aunque no tiene por qué, al tratarse de una adaptación en tiempo actual de Netflix, partiendo de esa base, la serie es increíble. Recién hace poco la vi entera y ahí están las bases del libro original, lo tiene todo. Tiene la resistencia, tiene la argentinidad, tiene lo popular y Ricardo Darín está muy, muy bien. Tuve la oportunidad de decírselo personalmente.

La publicación original de “El Eternauta” fue en 1957, en la revista Hora Cero semanal, como una serie de 106 episodios. Fernando nació 18 años más tarde, cuando la tira ya se había convertido en lectura de culto y estaba instalada. Confiesa que durante la niñez con sus abuelos paternos, en Pergamino, a los 9 años, un amigo tenía una versión completa, la agarró pero “más que nada por los dibujos”. “Como a los 13 o 14 años ya la leí con otro interés y, es más, ahora la estoy leyendo de nuevo debido a la serie y por mi abuelo, por el orgullo que siento. 

–¿Qué encontraste en esa lectura actual?

–Hay varios mensajes, por ejemplo, el de la resistencia, que es atemporal. Y bueno, no sé, se puede usar para tanto. Económicamente puede ser un mensaje en contra del ultracapitalismo. En términos políticos, en contra de la dictadura. ¿Qué sé yo? Y por eso es tan actual. En el libro original creo que el mensaje del nadie se salva solo, es una resistencia que abarca a todos los estratos sociales. No es solo lo colectivo por sobre lo individual, es un vamos en conjunto, es con todos. Y eso es lo interesante también de ese mensaje. Es un libro universal y muy argentino. Hay una editorial de China que lo sacó y se agotó. Hasta está traducido en griego y en croata.

Ver la serie, aunque se la haya leído, es ir directo también a la historia de su autor, de Héctor Germán Oesterheld, sobre el que Fernando reconoce tener una profunda admiración. “Mi abuelo fue un orgullo, la coherencia entre los escrito y lo vivido que tuvo no me la quita nadie”, dice. 

Mi abuelo fue un orgullo, la coherencia entre los escrito y lo vivido que tuvo no me la quita nadie

Una familia diezmada por la dictadura 

El ensañamiento con los Oesterheld fue brutal. Beatriz Marta fue detenida el 19 de junio de 1976, tenía 19 años. Su cuerpo apareció días después en el partido de Tigre, en Buenos Aires, con impactos de bala. Dos meses después fue secuestra Diana, con 23 años y embarazada, la madre de Fernando. El 27 de abril de 1977 fue secuestrado el autor de “El Eternauta”, tenía 57 años, quien fue visto por exdetenidos de los centros clandestinos de detención El Campito (guarnición militar de Campo de Mayo), El Vesubio y la subcomisaría de Villa Insuperable/Sheraton. Está desaparecido. El 27 de noviembre de 1977 se llevaron a Marina, de 19 años, que estaba embarazada, junto a su esposo, Alberto Seindlis. Y un mes más tarde fue acribillada Estela, la mayor, de 25 años, junto a su pareja Raúl Mórtola, al resistirse al intento de secuestro. Tenían un hijo de tres años, Martín. La única que sobrevivió fue Estela Sánchez, la esposa del guionista, que pudo recuperar a sus dos nietos, se sumó a Abuelas de Plaza de Mayo y que hasta su muerte no dejó de buscar a su esposo, hijas desaparecidas y nietos apropiados.

Diana y Raúl formaban parte de Montoneros y militaban en Buenos Aires cuando. En 1975, se trasladan a Salta, en donde estuvieron pocos meses, hasta que se instalan en Tucumán, en una casa sobre calle Frías Silva al 200, en el barrio La Ciudadela, en la zona del club San Martín, en la capital tucumana. El 28 de julio de 1976, cuando en la vivienda había una reunión, una patota del Ejército ingresó a buscar a la pareja, que ya estaba en el radar represivo. “Un compañero la ayudó a escapar por el fondo, aún con su panza de seis meses, y no los atraparon. 'Pocho' –como le decían a Raúl– no estaba. Después hay un vacío, le perdimos el rastro sobre el lugar en donde ella se ocultaba, hasta que nos enteramos que la levantaron en la calle junto a su pequeño hijo”, contó a elDiarioAR Ángel González, quien militó junto a Raúl, aunque reconoce que no fueron amigos. 

El secuestro de Diana fue el 7 de agosto, apenas unos días después de haber logrado escapar de las garras de la dictadura. Fernando, de un año y un mes, fue dejado por los secuestradores en la Sala Cuna, sin identidad. Un mes más tarde fue recuperado por sus abuelos paternos y vivió con ellos en Pergamino. Lo último que se supo de Diana es que su nombre figura en La Lista de Clemente, un documento clave en uno de los juicios por la verdad en Tucumán, y a su lado las iniciales DF, “Destino Final”, su condena a muerte. Por testimonio de un testigo, se cree que estuvo en el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”, una mazmorra que se montó durante el Operativo Independencia para detener y torturar. 

Fernando cuenta que en Pergamino vivió en un contexto “muy de campo” y cree que la decisión de que se quedara con ellos obedece a que primaba el miedo, todavía era plena dictadura. “Recién a mis 17 años volví a Buenos Aires y comenzó un proceso de reconstrucción familiar con la familia de mi abuela materna, muy desde cero, desde el vacío. Es decir, volver a vincularme. No digo que no estaban pero viajábamos poco con mis abuelos paternos a Buenos Aires, solo dos veces al año, así que veía poco a mi otra abuela y a mi primo Martín”, rememora. 

Sé que mi vieja está ahí, enterrada en algún lugar de Tucumán. Recorro las calles tucumanas pensando en ella, porque sé que anduvo por ahí. Ir a Tucumán es un retorno a un momento fundamental de mi vida

–¿Tu abuela Elsa te hablaba de tu abuelo? 

–Sí, siempre. De las chicas, sobre todo, mucho. Y en relación a mi mamá siempre tuve claro que empecé a pensarla un poco desde la cuestión política. Tuve claro el contexto en que ella vivió de dictadura, sí o sí podía desaparecer, no había chance. Y no es una cosa tirada de los pelos, sino porque desde chiquita tenía una sensibilidad especial. Una anécdota que me contaba mi abuela fue que iban por la calle con mi vieja, que tendría unos 6 o 7 años. Vio a una chica en la calle con una beba y mi vieja se las quiso llevar, siempre quería ayudar. Eso es una cosa rara para una niña de esa edad y la adolescente que después iba a ser. Así eran las cuatro y así también fue Héctor.

En Buenos Aires, Fernando se encontró con muchos recuerdos, como cuadros, poesías, dibujos, cuadernos con anotaciones y un mundo nuevo que atesoraba Elsa. Considera que de sus padres y de su abuelo Héctor heredó el gusto por las letras. Estudió fotografía en Barcelona pero a los 35 años dejó la fotografía, comenzó a escribir y no paró más. Ha publicado los libros “El sexo de las piedras” y “Un veneno de sí”. “Tengo recuerdos no solo de mi mamá, de todas. Hay escritos, hay poemas, hay cuadros. Atesoramos eso. Mi viejo tenía una letra ilegible, así que tengo una cantidad de cuadernos y cosas que tengo que reescribir, que no los puedo decodificar y por suerte hay una compañera de secundario que ya se tomó el trabajo de traducirme algo. Básicamente son poesías, textos con tono poético, pensamientos”.

Raúl, el papá de Fernando se quedó en Tucumán tras el secuestro de su compañera, quizás con la esperanza de encontrar alguna pista que lo llevara a ella, al reencuentro. No pudo ser. Fue asesinado por las fuerzas represivas el 31 de julio de 1977, en la ciudad de Banda del Río Salí, al este de San Miguel de Tucumán. Fue en plena calle, al resistirse a su secuestro. Sus restos fueron arrojados a una fosa en el Cementerio de Norte, de la capital. Cuando comenzaron los juicios por la verdad un dato llevó a los peritos arqueólogos hacia la fosa en donde estaba enterrado como NN. En 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó que esos restos pertenecían a Raúl Araldi. “Cuando me lo informaron sentí que fue una alegría familiar pero también fue un triunfo para la sociedad, un triunfo colectivo”, reflexiona.

De todos modos, Fernando aún sobrelleva dos interrogantes, encontrar los restos de su madre y de su hermano o hermana, que debería tener 48 años. Y allí también entra “El Eternauta” porque con la serie se revitalizó la campaña para dar con el destino de sus tías y primos. La visibilización de ello fue la intervención que hizo HIJOS en los afiches que promocionaban en la vía pública la serie. “También está sirviendo la serie para la difusión de la gran tarea que hacen las Abuelas de Plaza de Mayo y aunque ahora muchos quieran hablar conmigo, todo es trabajo de ellas, no deseo que por ser Oesterheld haya algún privilegio para nuestra familia”, sostiene.

–¿Volviste a Tucumán después que te entregaran los restos de su padre? 

–Sí, varias veces, es una provincia hermosa, a la que estoy muy unida desde lo emocional por mi vieja. Sé que está ahí, enterrada en algún lugar. Recorro las calles tucumanas pensando en ella, porque sé que anduvo por ahí. Ir a Tucumán es un retorno a un momento fundamental de mi vida.

A horas del súperdomingo de comicios ya rige la veda electoral en Chaco, San Luis, Salta y Jujuy, en donde se renovarán de manera parcial cargos legislativos. Se trata de distritos en donde mandan los jefes provinciales Leandro Zdero, Claudio Poggi, Gustavo Sáenz y Carlos Sadir, considerados “gobernadores dialoguistas” por mantener diálogo fluido con el gobierno del presidente Javier Milei, con quien han colaborado en la aprobación de leyes con los diputados y senadores que les responden. Los cuatro plebiscitarán sus gestiones y entre lo más novedoso se cuenta la alianza que selló Zdero con La Libertad Avanza, laboratorio que será seguido de cerca porque podría influir en decisiones en otros distritos en función de las elecciones nacionales legislativas de octubre.

El choque de fuerzas más interesantes tendrá como escenario a Chaco debido a la coalición que cocinó Zdero en la Casa Rosada con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, a quien la hermana del presidente empoderó para que tome decisiones sobre el armado en las provincias de LLA. Del diálogo entre los tres nació “Chaco Puede + La Libertad Avanza”. En la otra vereda se encuentra el “Frente Chaco Merece Más”, del tres veces gobernador Jorge Milton Capitanich, que logró encolumnar a la mayoría del peronismo, es decir, una línea que responde al exgobernador Domingo Peppo, kirchneristas, massistas y afiliados que se identifican con Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. El choque entre Zdero y Capitanich augura tensiones porque los sondeos indican que el oficialismo se impondría pero con un estrecho margen.

En el acto de cierre de campaña, el mandatario chaqueño pidió que los electores “vayan a votar con entusiasmo para que no demos ni un paso atrás, para que sigamos avanzando”. “Nosotros no somos esos teñidos de corrupción, por eso les pido que el domingo vayamos a votar para recuperar ese orgullo de ser chaqueño y de que el Chaco puede salir adelante”, agregó. Capitanich llamó a “poner límites con el voto” al “despilfarro, al endeudamiento irresponsable, a la corrupción, a los tarifazos, al deterioro del trabajo, a las privatizaciones encubiertas”. “Pido perdón desde lo más profundo de mi corazón por lo que hicimos mal, por lo que fallamos, por lo que no pudimos satisfacer, por los que se sintieron defraudados y por los muchos que cometieron errores usando nuestra buena fe”, cerró.

Más de un millón de chaqueños están habilitados para elegir 16 de las 32 bancas de la Cámara de Diputados, entre 11 listas provinciales. Los otros espacios que se presentan son el Frente Primero Chaco, Partido Obrero, Movimiento Político, Social y Cultural - Proyecto Sur, Lealtad Popular, Participación Ciudadana, Partido Frente Arraigo, Ahora Vos Chaco, Bases para la Libertad y Nuevo Espacio Chaco Independiente.

Poggi, el disidente

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, plebiscitará su gestión y buscará obtener una mayoría especial en las dos cámaras legislativas y para eso construyó el “Frente Ahora San Luis” en el que conviven el exgobernador peronista Adolfo Rodríguez Saá y varios partidos que van desde la UCR y el PRO, hasta Libres del Sur. Poggi supo ser un hombre fuerte del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, con quien rompió y se convirtió en mandatario en 2023 de la mano de lo que fue Juntos por el Cambio. 

En esta provincia se elegirán 22 diputados y 4 senadores provinciales y se votará por primera vez con Boleta Única Papel. En este distrito no se votan listas provinciales, sino que se eligen representantes por distrito electoral, es decir, diputados por los departamentos Pueyrredón, Belgrano, Dupuy, Junín y Pringles. Y solo senadores por Ayacucho, Pedernera, San Martín y Belgrano. 

La principal fuerza con la que se medirá Poggi será el “Frente Justicialista” de Alberto Rodríguez Saá y que tiene como principal candidata a la exministra de Salud, Silvia Sosa Araujo. Es decir, también habrá choque de hermanos. La dificultad para esta “lista oficial” del PJ es que habrá en los cuartos oscuros otras dos listas peronistas, que son el Frente Primero San Luis y el Frente por la Justicia Social. Un peronismo dividido que podría servirle en bandeja una amplia victoria al gobernador.

Por desavenencias internas, La Libertad Avanza no pudo constituirse como partido político en este distrito y desde la Casa Rosada se bajó la instrucción de no chocar con Poggi, según trascendió. Solo habrá dos desprendimientos que competirán en algunos municipios: “Tercera Posición”, que apadrina el diputado nacional Carlos D'Alessandro, y “Viva La Libertad Carajo”, que respaldan la senadora nacional Ivanna Arrascaeta y el prosecretario parlamentario y empresario de la salud Rodolfo Negri.

El resto de las listas que se presentarán en este comicios son el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, Frente Primero San Luis, NOS, Proyecto Clase Media, S.U.M.O., San Luis Futuro, Partido M.A.S. y Mo.Vi.Pro.

Sáenz va por todo

En Salta, el octavo distrito electoral más grande del país, están habilitados para votar este domingo 1,09 millones de personas, que deberán elegir 30 diputados y 12 senadores provinciales, 121 concejales y 232 convencionales municipales, quienes deberán reformar las cartas orgánicas locales. Como en estos últimos años, los salteños votarán con la Boleta Única Electrónica (BUE) que combina lo digital con el soporte papel.

El gobernador Gustavo Sáenz construyó la “Alianza por la Unidad de los Salteños”, que está integrada por los frentes “Unidos por Salta” y “Si Salta Unida”, más el espacio peronista “Vamos Salta”. Este último tiene el sello de las autoridades partidarias del PJ intervenido y una liga de intendentes justicialistas que, en rigor, representan a la mayoría de los municipios. Además, el mandatario acordó con el intendente de la capital salteña, Emiliano Durand, por lo que se espera una buena performance del oficialismo en el distrito provincial de mayor peso.

En la vereda de enfrente se encuentra el Frente Justicialista Salteño que se armó con el Partido Justicialista intervenido, con el exfuncionario nacional Sergio Berni y la pampeana Luz Alonso como sus titulares; el Partido del Trabajo y el Pueblo, Salta va con Felicidad, más los partidos kirchneristas Frente Grande, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Kolina y el Partido de la Victoria. Lejos de unir al peronismo, la intervención del PJ blanqueó las diferencias internas, en especial, de un importante sector que es refractario a la conducción nacional de su titular, la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Este espacio es el que armó el “Vamos Salta” que juega con Sáenz.

El Frente responde al senador nacional Sergio “Oso” Leavy y lleva como candidatos por la capital provincial a Guido Giacosa, para senador, y a Verónica Caliva, para diputada.

Los libertarios tienen el problema de ir divididos. Por un lado, el Partido La Libertad Avanza, el espacio que responde al presidente Milei, que tiene como principales referentes a la diputada nacional Emilia Orozco y al exdiputado y poderoso sojero Alfredo Olmedo. Este espacio no tuvo acto de cierre de campaña pero en los últimos días visitaron esa provincia los influencers Gordo Dan, Mariano Pérez, Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón y Agustín Romo, que reportan de manera directa a la Casa Rosada. Hubo presentación en un teatro de la capital y durante sus exposiciones no hubo críticas a la gestión de Sáenz, solo para el peronismo, la UCR y el PRO, a los que trataron como “la casta”. El cuidado de la figura del gobernador quizás se relacione con el buen diálogo que tejió desde el minuto cero con la gestión de Milei. Al día siguiente del acto de los influencers, el Gordon Dan –cuyo nombre es Daniel Parisini– se corrió hasta Jujuy para colaborar con la campaña.

El otro espacio libertario es el Frente Liberal Salteño por Salta Libre, que también acusa referencia en el presidente Milei, no así con la conducción local. Sus dirigentes más visibles son Alberto Castillo, hasta hace unos meses funcionario de Sáenz, y Alba Quintar, abogada y asesora “ad honorem” del Ministerio de Justicia de la Nación en Salta. Se especula que la aparición de este frente fue fogoneado desde la Casa de Gobierno salteña para dividir el voto libertario y si hay alguien que supo aplicar fórmulas para dividir a la oposición en estos últimos años en beneficio propio, ese es Sáenz.

Las otras listas que participarán de los comicios son el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente Juntos (exintegrantes del deshilachado Juntos por el Cambio, entre ellos, la UCR y PRO) y el Frente Cambiemos Salta.

Sadir muestra músculo

El Tribunal Electoral Permanente de Jujuy informó que casi 600.000 electores están habilitados para votar este domingo, con la tradicional boleta de papel, para elegir a 24 diputados provinciales titulares, 10 suplentes, 288 concejales y representantes de comisiones municipales. Los frentes que formarán parte de la contienda son 11 y un partido político.

El gobernador Sadir construyó alrededor de la UCR, que gobierna esa provincia desde 2015, el Frente Jujuy Crece, al que sumó para esta elección a dirigentes peronistas de extracción sindical. Sadir, que viene de ser ministro de Hacienda de Gerardo Morales, buscará este domingo sumar músculo para consolidar su liderazgo. Paso a paso se diferencia del exprecandidato a vicepresidente de la Nación y el resultado de esta elección será clave. Para que no quepan dudas de su intención el principal candidato es el presidente de la Juventud Radical, Adriano Morone, de su más estrecha confianza.

Los libertarios llegan a esta instancia divididos en tres. El sello LLA es sostenido por el senador nacional Ezequiel Atauche y el diputado nacional Manuel Quintar, que reportan de manera directa con Karina Milei y “Lule” Menem, pese a que la hermana del presidente de a Nación todavía no visitó esta provincia, como sí lo hizo en otros distritos para respaldar el nacimiento del partido. Por ejemplo, en Tucumán y Salta. De igual modo, para que no quepan dudas que se trata de la fuerza de Milei, el Gordo Dan estuvo en esa provincia junto a Atauche y Quintar participando de la campaña.

En la recta final hacia las elecciones aparecieron dos nóminas identificadas con el ideario libertario que coinciden en criticar a los referentes locales de Milei. Se trata del Frente Unir Liberal y el Frente Transformación Libertaria Jujuy, cuyos votos serán violeta, del mismo color que la lista oficial libertaria. Se señala que habría sido una operación de la Casa de Gobierno jujeña para partir el voto opositor.

En donde no hubo injerencia externa pero sí atraviesa un cisma a cielo abierto es en el peronismo. Desde que se intervino el PJ provincial, en julio de 2023, los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, no pudieron unir a las distintas corrientes. La grieta se profundizó cuando la conducción provincial pateó para noviembre la interna para elegir autoridades internas, prevista para antes de los actuales comicios provinciales. Se suponía que la interna ordenaría al partido y de allí saldrían los candidatos. No sucedió. Por eso, la elección de este fin de semana funcionará, en los hechos, como una interna justicialista.

Por un lado está el Frente Justicialista, que es el resultado del armado en el que trabajaron Fernández y Menéndez, con el aval de la presidenta del PJ Nacional, Cristina Fernández. Los referentes son la diputada nacional Leila Chaher, que integra La Cámpora y pretende presidir al peronismo provincial, y a Rubén Rivarola, quien fue ungidocomo presidente del PJ cuando fue intervenido, en medio del escandaloso proceso de reforma de la Constitución local que fue apoyado por el PJ.

Del otro lado se encuentra el Frente Somos Más, articulado en torno del espacio de la senadora nacional Carolina Moisés, quien también aspira a tener voz de mando en el PJ vernáculo y es crítica de la conducción que ejerce de Cristina de Kirchner. La otra referencia de esta alianza es el candidato a diputado provincial Carlos De Aparici. Constituido por partidos provinciales y municipales, Moisés confía también en la suma de gremios y movimientos sociales para que su fuerza obtenga un buen resultado este domingo. Su principal objetivo es derrotar al Frente Justicialista.

También participará de las elecciones un tercer espacio que está integrado por hombres identificados con el peronismo pero que en las elecciones de 2023 jugaron con Gerardo Morales. Se trata del Frente Primero Jujuy, del exrector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tercchi, y Carlos Haquim, exvicegobernador jujeño y que integra el espacio Hacemos, del exgobernador cordobés Juan Schiaretti. 

Otra fuerza que buscará tener un resultado positivo, teniendo en cuenta que en cada comicio provincial tuvo buenos resultados, es el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, de donde surgió el diputado nacional Alejandro Vilca. Esta semana visitó esa provincia el diputado nacional Nicolás del Caño, quien estuvo muy activo en la recta final de la campaña. Los otros espacios que competirán son el Frente por un Nuevo Jujuy y el Frente de los Trabajadores Jujeños, referenciado en Carlos Hamud, secretario general de la CTA Autónoma de Jujuy. 

DC/MG

Marcos Levin, de 90 años, exdueño de empresa de colectivos de larga distancia La Veloz del Norte, de Salta, murió en el Hospital Italiano en la Ciudad de Buenos Aires. Fue el primer empresario argentino condenado por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico militar, un símbolo de la estrecha relación que hubo entre los autores del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y sectores del poder económico. Cumplía dos condenas, con arresto domiciliario, por su participación en los secuestros y violaciones a los derechos humanos en contra de trabajadores de su empresa. 

Levín, quien también fundó las firmas La Veloz Seguro, Salnet, construyó la Terminal de Ómnibus de Salta y el Hotel Alejandro I —de uso habitual para conferencias y escenario de actos políticos, como la reciente visita de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para la presentación del partido La Libertad Avanza— atravesaba un grave problema de salud. Por eso, la Justicia Federal autorizó la desactivación de la pulsera electrónica con la que cumplía condena en su domicilio para su traslado al Hospital Italiano. Falleció este sábado 21, durante la mañana.

El expropietario de La Veloz del Norte fue condenado por la Justicia Federal salteña en 2016 a 12 años de prisión, por delitos de lesa humanidad y por la privación ilegítima de la libertad de Víctor Cobos, exempleado de su empresa que era delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Cobos fue secuestrado en enero de 1977 y trasladado a la Comisaría 4° de capital salteña, en donde fue sometido a castigos físicos y tormentos. Se convirtió así en el primer caso de un empresario argentino condenado por haberse asociado al aparato represor. Levín, además, presidía en aquellos años la Federación de Empresarios Salteños del Transporte (Festap) y se constató que tenía un estrecho vínculo con la Policía provincial y el Ejército. Fue entonces cuando la UTA puso en marcha una serie de reclamos gremiales y se valió de esas relaciones para sofocar las protestas salariales. 

El secuestro de Cobos se “blanqueó” a través de causa fraguada de supuesta defraudación, jamás comprobada. Por los tormentos a los que fue sometido, sufrió roturas de ligamentos de los hombros que no fueron atendidas a tiempo y tuvo secuelas permanentes. Fue liberado en abril de 1977 y exonerado de La Veloz. En su alegato, los fiscales consideraron probado que Levín no sólo reclamó la intervención de militares y policías en un conflicto gremial y la aplicación de la ley antisubversiva, sino que también “aportó” a la Policía “información de inteligencia relativa a los trabajadores”: las listas de los empleados de la empresa, los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde fueron secuestrados, sus domicilios y los datos sobre su actividad gremial.

La segunda condena fue en noviembre de 2023, a la pena de 18 años de prisión, por haber sido considerarlo coautor del delito de privación ilegal de la libertad, uso de violencia y amenazas, en contra de 16 trabajadores de su empresa que fueron secuestrados en Salta y en Tucumán. Las víctimas revelaron que fueron sometidas a sesiones de “picana eléctrica” y otros tormentos. Contaron que los policías solían encender una radio a todo volumen y también el motor de una motocicleta que estaba pegada a una pared, para tapar los gritos de dolor. Para la Fiscalía, quedó acreditado con certeza “el accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado”, representado por Levín. 

“No nos alegra”

“La muerte de ninguno de los represores juzgados y condenados no nos alegra, ni a la familia Cobos, ni a los organismos de Derechos Humanos que llevamos décadas luchando por Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvo Cristina Cobos, integrante del Comité para la Prevención de la Tortura y referente en DDHH en Salta, hermana de Víctor Cobos, el gremialista de UTA perseguido por Levín, y de Martín Cobos, secuestrado y acribillado en un paraje salteño en septiembre de 1976.

“Pretendíamos que cumpla su condena en una cárcel común pero esto no ocurrió con Levín, ni con muchos de los genocidas que ya fallecieron por ser personas de avanzada edad. La impunidad biológica nos ganó a todos los familiares que desde hace 40 años venimos pidiendo justicia. La justicia cuando llega muy tarde ya no es justicia. Y eso es lo que pasó en el caso Marcos Levín, fue condenado cuando ya tenía una avanzada edad y le otorgaron la prisión domiciliaria”, sostuvo la una consulta sobre la muerte de Levín.

“Los familiares de las víctimas jamás hemos recusado tales decisiones de la justicia, hemos sido respetuosos de todos los procesos que se realizaron. Lamentablemente no hemos tenido el tiempo suficiente para que la justicia les abarque a todas las víctimas. Siempre los familiares hemos pedido en cada juicio que si el dolor es perpetuo, que la condena también sea perpetua”, sostuvo.

DC/JJD

La detención del senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, imputado por contrabando y detenido con prisión domiciliaria en Paraguay, puso en debate la idoneidad que le cabe a un parlamentario para continuar ejerciendo esa función, el mismo interrogante que surgió con el caso del ex senador tucumano José Alperovich, denunciado en 2019 y condenado este año a prisión por abuso sexual. El exgobernador gozó de una sucesión de licencias hasta que se le venció el mandato en 2021. Es decir, tuvo fueros durante dos años.  

La bomba Kueider estalló dentro del interbloque al que pertenece, Las Provincias Unidas (LPU), pero la onda expansiva dio de lleno en los seis parlamentarios que integran La Libertad Avanza (LLA) y en la Casa Rosada debido a que el entrerriano es un aliado, pese que llegó a su banca de la mano del peronismo, en 2019. El hongo de la detonación se hizo más visible con el pedido de los senadores de Unión por la Patria (UP) para expulsar a Kueider del cuerpo, en una sesión que sería la semana próxima. Ante la magnitud del escándalo, LLA estaría empujando una movida al estilo bomba de racimo, es decir, que se destituyan a todos los parlamentarios que tengan alguna causa judicial. Una deflagración que alcanzaría a varios senadores con causas abiertas para disimular la de un propio, arrinconado por pruebas. 

¿Son similares las situaciones de Kueider y Alperovich? En principio, lo parecería pero no. Es la primera vez en la historia parlamentaria del Senado argentino que uno de sus miembros está detenido en el exterior, inhibido de solicitar licencia y con llamativo silencio de pedido de traslado al país. Fue sorprendido al intentar pasar por la frontera con más de U$S200.000 no declarados, un delito. Para los senadores peronistas que empujan su destitución, su inhabilidad moral, cuanto menos, estaría probada en que Kueider fue encontrado “in fraganti” con los dólares en su mochila, la misma en la que portaba su documentación de identidad y de pertenencia al Senado.      

La situación de Alperovich estalló en noviembre de 2019 cuando su sobrina, que trabajaba junto a él en la Cámara Alta, lo denunció por abuso sexual. De inmediato pidió licencia y se la concedieron por seis meses, por unanimidad, mientras arrancaba la investigación judicial que lo puso en el ojo de la tormenta. En mayo de 2020, el bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) emitió un comunicado, en el que anunció que el exgobernador tucumano no se reintegraría para “seguir abocado a su defensa”. Un mes más tarde, se le concedió una prórroga por 90 días, por lo que Alperovich requirió, una vez más, que se la extendieran hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Fue aceptado por sus pares. Y así llegó hasta diciembre de 2021, cuando terminó su gestión y dejó de ser parte del Congreso de la Nación. Recién entonces perdió sus fueros. 

Hubo pocas voces del propio peronismo que pidieron su renuncia, como las de los diputados Leonardo Grosso, de Buenos Aires, y del tucumano Carlos Cisneros, un hombre de La Bancaria, con quien Alperovich estuvo enfrentado por diferencias internas. En ambos casos, las solicitudes fueron a través de posteos en redes sociales. La mayor parte de los miembros del Congreso de extracción peronista, incluso hasta la entonces senadora nacional radical y tucumana Silvia Elías de Pérez, coincidieron en que la inhabilidad moral del exgobernador para una hipotética expulsión de la Cámara Alta, estaba supeditada al resultado de la investigación judicial. La condena a Alperovich a 16 años de prisión por el abuso de su sobrina se produjo en junio de este año, cuando el ex senador nacional ya no estaba amparado por los fueros.

Tampoco es similar el contexto político que tiene su caja de resonancia en el Senado. En 2019, la mayoría de los senadores era peronista, por lo que el entonces electo expresidente Alberto Fernández asumió con una Cámara Alta afín. Sobre un total de 72 miembros, el oficialismo contaba con 41 voluntades a su favor, aunque en los hechos era 40 porque Alperovich ya estaba de licencia por la denuncia de abuso sexual. Igual, con ese número alcanzaba la mayoría necesaria para evitar sobresaltos.

El escenario 2024 ya no es el mismo y se puso en evidencia en junio con la votación en la Cámara Alta de la Ley Bases. La votación empató en 36 y desempató la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, a favor del proyecto de la Casa Rosada. Pese al reducido número de libertarios puros, el oficialismo contó con los apoyos claves de parlamentarios que responden a gobernadores, incluso peronistas y radicales, que practican nado sincronizado con las propuestas que empuja el presidente Javier Milei. 

El escándalo Kueider puso en evidencia que en La Libertad Avanza no están dispuestos a romper con ese equilibrio y prefieren el limbo judicial en el que se encuentra el entrerriano, aunque eso suponga que nadie ocupe su banca, porque su alejamiento por expulsión provocaría que sea reemplazado por Stefanía Cora, dirigente de La Cámpora, que mantiene buen diálogo con todos los sectores del peronismo y es crítica de la gestión de Milei, se señaló. La entrerriana llevaría a la cifra de 34 a la banca peronista, muy cerca del quórum propio que se alcanza con 37. Fue la vicepresidenta Villarruel quien blanqueó la posición libertaria cuando en un posteo en la red social X sostuvo: “somos respetuosos de las leyes y del orden institucional, la justicia dirimirá responsabilidades y tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar para que se paguen los actos delictivos que se hayan cometido”. De ser así y si la investigación avanza a paso de tortuga, la banca de Kueider quedaría vacía hasta diciembre de 2025. 

DC/DTC

Un gigante se ha instalado en Rinconadillas, una comunidad indígena de 82 familias, ubicada a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la región de la Puna, en la provincia de Jujuy. En esta pampa de sal, Tecpetrol, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint, pretende extraer litio. Tiene la mirada puesta en la Laguna de Guayatayoc, donde hasta hace apenas unos meses era impensado que la minería litífera pudiera avanzar y conquistar un área habitada por 38 comunidades indígenas, que llevan más de 14 años resistiendo al inminente desembarco de las compañías mineras. El viernes 15 de noviembre representantes de comunidades indígenas de la cuenca se presentaron en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer su reclamo.

“Nosotros no vamos contra el litio, nos preocupa el agua y el medio ambiente. Nos puede afectar mucho si hay esa actividad porque necesita de mucha agua”, le dijo a Mongabay Latam y a elDiarioAR Raúl Callata, presidente de la comunidad de Rinconadillas. Entonces, era principios de junio y las cartas no estaban echadas. 

En esta región del noroeste argentino se extiende la cuenca de Salinas Grandes —una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina—, que incluye a la Laguna de Guayatayoc, el segundo espejo de agua más grande de Jujuy. Es una cuenca compartida entre Jujuy y su vecina, la provincia de Salta. 

Los ríos y arroyos que se forman en este ecosistema alimentan un humedal de altura, donde conviven desde tres clases distintas de flamencos, suris (ñandúes) y vicuñas hasta animales de pastura que las comunidades crían para su supervivencia.

Aquí, una decena de empresas buscan desarrollar trabajos de exploración en busca de litio. Su meta: satisfacer la demanda mundial de “oro blanco”, un mineral clave para la transición hacia el uso de energías limpias que no beneficia hoy a la Argentina y menos a las comunidades de la cuenca de Salinas Grande que le dijeron “No al litio” en 2010.

“La extracción de litio conlleva un impacto ambiental cuando se realiza sin el adecuado análisis acumulativo de impactos, como usos del agua, pero también un impacto en la forma de vida ancestral (cultural, social y comunitaria) de las comunidades indígenas, que cohabitan el territorio hace muchísimos años de manera colectiva. La llegada de la empresa crea un conflicto y una ruptura interna en su tejido social”, afirma Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

¿Cómo logró Tecpetrol aterrizar en una zona que lleva años oponiéndose a la minería? La compañía se movía en territorio hostil. El grupo organizado de comunidades indígenas había impedido hasta el momento el desarrollo de la minería de litio en sus territorios. Hasta el 21 de junio de 2024, cuando la petrolera consiguió lo que se había propuesto: obtener la licencia social para operar en una porción de la cuenca, pero a costa de dividir a las comunidades. 

“No al litio”

El clima que esperaba a la petrolera era difícil. Desde 2010, unas 38 comunidades Kolla y Atacama se oponían a la explotación del litio en esta cuenca. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales —que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la CIDH—, las mineras y los gobiernos de Salta y Jujuy han continuado con sus planes en la región. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse. Pero no le será tan fácil.

Los habitantes de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc basan su economía en el turismo comunitario —Salinas Grandes es una de las zonas más visitadas de Jujuy—, el pastoreo de animales, la elaboración y venta de tejidos, así como la extracción de sal. Esto quiere decir que cualquier movimiento de mineras en la zona puede afectar directamente su economía.

“Cuando en 2010 y 2011 llegaron las empresas a Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, querían comprar voluntades y hacer intervención en las comunidades”, explica Melisa Argento, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con experiencia en la relación entre las comunidades indígenas y las mineras.

Las comunidades acordaron que decidirían en bloque ante cualquier intento de las mineras de ingresar en la cuenca.

Las primeras grietas

Durante 2023, la unidad se quebró. La ausencia del Estado de la provincia de Jujuy, como denuncian las comunidades, la crisis económica y el lobby de las empresas fue mermando en algunas de estas sociedades aisladas y vulnerables. Dos petroleras que pretendían buscar litio en las salinas desembarcaron en la cuenca. La primera fue Pluspetrol, de la mano de su división minera, Litica. La segunda fue Pan American Energy (PAE), con su minera Lithos (actualmente denominada Lithion Energy). Lo hicieron a través de promesas de trabajo y sustituyendo al Estado de la provincia de Jujuy, ausente en todos los aspectos de la vida de la población indígena: salud, educación, trabajo, bienestar social e infraestructura, según pudo corroborar el equipo periodístico en la zona.

La siguiente grieta entre las comunidades sería abierta por una tercera petrolera, Tecpetrol.

Clemente Flores es un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno, parte de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, ubicado en el departamento Tumbaya, a 3600 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro más alto de Jujuy, el Chañi, de 5896 metros de altura. Flores es uno de los defensores ambientales de este territorio. 

“Estamos más complicados que antes porque las empresas ahora tienen más apoyo del Estado provincial y nacional. Tienen más libertad y acciones en las comunidades. Nosotros no estamos hablando de litio, estamos hablando del agua”, dijo Flores a Mongabay Latam y elDiarioAR en junio. “Nos quitan el agua de la Puna”. 

Flores asegura que las empresas hacen un “trabajo político” junto al Gobierno. También plantea que existen distintas formas de actividad económica en la zona que no dañan el ambiente ni ponen en riesgo la provisión de agua dulce en la región y que no son incentivadas por el Estado, en alusión a la ganadería, el turismo, la venta tejidos y sal. 

—¿Cómo sigue la pelea de las comunidades en este contexto?— preguntamos.

—No te puedo contar la estrategia. No sé si me estás preguntando eso para nosotros o para decírselo a las empresas. Perdóname pero hoy dudamos de todo. Estamos tan preocupados por todo. 

En la Puna, donde el viento hace mella, la desconfianza erosiona todo a su paso. 

Verónica Chávez es dirigente de la comunidad Santuario Tres Pozos, también en la cuenca. Mientras se aprestaba para exponer ante la asamblea de la CIDH, dijo a Mongabay y elDiarioAR: “Lo que no queremos es que la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sea saqueada”. “Este paisaje es visitado por el mundo y queremos que nos ayuden a proteger esa hermosa cuenca y el territorio a lo ancho y largo de la provincia de Jujuy”, afirmó Chávez. “La decisión de una comunidad o de parte de una comunidad puede perjudicar a todas las comunidades, por eso vamos a seguir luchando colectivamente”, agregó la dirigente indígena. 

La conquista de Rinconadillas

Desde 2023, cuando obtuvo la autorización del gobierno de Jujuy para explorar litio en la Laguna de Guayatayoc, Tecpetrol puso en marcha una estrategia de acercamiento con la comunidad de Rinconadillas, cuyo territorio coincide con otra porción de la cuenca que la petrolera desea explorar en busca de litio. 

En esta comunidad, su comunicación vía terrestre depende del buen estado de la ruta provincial 11, que luego de 20 kilómetros la conecta con la ruta nacional 52, pavimentada. Por este tramo, las familias acceden a Las Salinas Grandes y al pueblo de Purmamarca, una vez atravesada la sinuosa Cuesta de Lipán. 

Los días en Rinconadillas son casi todos iguales, tranquilos. De día, reina el sol; de noche, el cielo es un mar profundo de nubes. En sus menos de 100 casas, algunas centenarias y de piedra, hay una escuela, un centro comunitario, tres posadas para turismo, una iglesia, un salón en el que se reúnen las tejedoras, un paupérrimo puesto sanitario y una plaza, en donde hay servicio de internet abierto pero no hay señal de telefonía. 

Este bucólico paisaje, de cinco cuadras de largo por tres de ancho, esconde varios problemas. El agua que se consume tiene altísimos niveles de fluoruro, desaconsejados para el consumo humano porque supera el límite que recomienda el Código Alimentario Argentino, explicaron los habitantes al equipo periodístico durante una visita a la comunidad en junio de 2024. Los habitantes exhiben en sus dientes un desgaste fuera de lo normal. La Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno jujeño puso en marcha un proyecto piloto que busca garantizar agua apta para el consumo humano, al menos por unas horas durante el día. 

La comunidad indígena tenía sus dudas sobre el litio. Raúl Callata, presidente de la comunidad y también cocinero de la escuela de Rinconadillas, admitió que el emprendimiento minero atrajo de inmediato a los jóvenes. “La falta de trabajo los obliga a pensar que es posible y se muestran dispuestos a darle el visto bueno”, contó en junio de 2024, días antes de que una parte de la comunidad decidiera dar el visto bueno a Tecpetrol para explorar la laguna en busca de litio.

Rinconadillas tenía programado reunirse en asamblea para decidir si otorgaría la licencia social a Tecpetrol —es decir, su permiso para operar en la porción de territorio de la comunidad— el 27 de julio de 2024. Mongabay y elDiarioAR visitaron a la comunidad entre el 6 y el 8 de junio último para documentar la forma de vida de la comunidad y dialogar con sus habitantes sobre las distintas posturas con respecto a la presencia de Tecpetrol. 

También consultó a la petrolera sobre sus actividades en la zona. Tras la visita y la consulta, todo se precipitó, aseguraron los habitantes consultados, quienes solicitaron no dar a conocer sus nombres por la fuerte división que ahora impera en la comunidad. Se convocó a una asamblea extraordinaria en Rinconadillas para el 21 de junio, cinco semanas antes de lo programado. 

En las asambleas, un integrante de cada familia vota. La invitación a la asamblea del 21 de junio se realizó apenas dos días antes y excluyó a los vecinos que no viven en Rinconadillas de lunes a viernes por motivos laborales porque trabajan, por ejemplo, en Purmamarca, que está a 100 kilómetros de distancia. “Cuando se deben tomar medidas importantes, siempre se notifica a las familias con una semana de anticipación, como mínimo, y se les avisa a todas, incluso a las que están residiendo en otros lugares”, dijo uno de los vecinos consultados. “Pareciera que a propósito hicieron todo rápido”, afirmó. 

Sobre un total de 82 familias censadas, solo llegaron a la votación representantes de 51 familias, un número suficiente para que se realizara la asamblea. Con tolerancia de media hora, en una de las mañanas más frías del año, la deliberación comenzó a las 9. Hubo varias exposiciones, pero la mayoría fue de quienes se mostraron a favor de darle el visto bueno a Tecpetrol y tras dos horas quedó en claro que no habría consenso, por lo que se votó a mano alzada. “Lastimosamente, nos ganaron”, señaló un asambleísta consultado.

Sobre esos 51 representantes, 29 votaron a favor de otorgarle la licencia social a Tecpetrol y 22 se opusieron. “Hay familias que están divididas debido a que la discusión interna no se había agotado, porque así como se aceptó que un representante de la empresa nos informe sobre los supuestos beneficios antes de la asamblea, se pretendía escuchar los argumentos de especialistas que se oponen a la actividad minera y que tienen sus razones. Pero esto último no se hizo”, aseguró uno de los vecinos consultados. “Ahora nuestra comunidad es vista como traidora” por el resto de las comunidades de la cuenca, lamentó la fuente.

Ecos de la asamblea

La novedad no tardó en llegar a los miembros de las 34 comunidades de la zona que continúan oponiéndose al desembarco de las mineras. Las primeras en expresarse en contra de Rinconadillas fueron las de Tusaquillas, ubicada a 31 kilómetros, y Santuario Tres Pozos, a 20 kilómetros de Rinconadillas. A través de comunicados, indicaron que el grupo “continúa defendiendo el agua y el territorio”, que las comunidades “no están de acuerdo con la decisión de algunos miembros de la comunidad de Rinconadillas” y que “no se respetó el Reglamento de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc”. 

Waldo Barconte tiene 31 años y oficio en Rinconadillas. Es tejedor, lo aprendió de sus padres y de sus abuelos. Con un telar que tiene en su casa y junto a su esposa, realiza diversos productos, como mantas rústicas —“las que más se venden”, cuenta—, que luego negocia su padre en Purmamarca o Tilcara. Complementa esos ingresos fabricando bloques de cemento pero desde diciembre no vende ni uno. “Está parado todo”, dijo. 

Aun con una rutina diaria de trabajo, opinó a favor de otorgar la licencia social a la minería. “No hay trabajo en el pueblo y podría ser una fuente de ingresos para los jóvenes, que cada vez se dedican menos a las artesanías o a la cría de animales. La mayoría quiere tener celular e internet, estamos modernizados”. ¿Lo hablan entre tus amigos?, preguntaron Mongabay y elDiarioAR: “Sí, tenemos algunas dudas pero la necesidad es mayor y por eso decimos 'sin miedo al éxito, vamos', después se verá”.

Tras la asamblea del 21 de junio, en la que un sector de la población de Rinconadillas decidió por el sí al litio de manera anticipada y sin la participación de todos los habitantes del paraje, el sector de la comunidad que quedó excluido de la asamblea presentó una acción de amparo ambiental ante la Justicia junto a representantes de otras comunidades de la cuenca, como El Moreno y Santuario Tres Pozos, explicó la abogada que tramita la acción, Alicia Chalabe.

Sin embargo, tras la asamblea del 21 de junio, Tecpetrol dio por superada la etapa, dio un nuevo paso y presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la provincia de Jujuy. José Gómez, secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, dijo a Mongabay Latam y elDiarioAR que para el gobierno de la provincia la exigencia legal de realizar una consulta previa, libre e informada se cumplió. La asamblea del 21 de junio es la confirmación de ello, sostuvo el funcionario en diálogo con el equipo periodístico.

“El Estado de Jujuy no tenía ninguna injerencia ni conocimiento del proyecto. Se trató de una consulta entre privados: la empresa y la comunidad”, afirmó Gómez. Con la aprobación de parte de la comunidad de Rinconadillas para el desembarco de la compañía en la zona, la licencia social está concedida, según el funcionario. 

—El resto de las comunidades de la cuenca reclaman que la consulta previa, libre e informada debería haber sido realizada con el bloque de todas las comunidades. ¿Cuál es la posición del gobierno de Jujuy frente a este reclamo? —preguntó el equipo periodístico.

—¿A usted le gustaría que yo decida sobre qué puede hacer usted en su casa? —respondió el funcionario, defendiendo la decisión de la asamblea del 21 de junio—. Las comunidades tienen derecho a su autodeterminación y a decidir sobre el uso de sus territorios. Estamos hablando de una exploración con un impacto muy acotado. La perforación, que vendría más adelante, sí puede tener más impacto porque hay que hacer caminos y una plataforma en el salar.

—¿Por qué cree que existe tanta resistencia al litio por parte de la mayoría de las comunidades de la zona?

—Son posicionamientos ideológicos. Se oponen al desarrollo. Las comunidades a veces son usadas por sectores con intereses económicos que no quieren el desarrollo —aseguró Gómez, aunque no identificó a dichos sectores. Actualmente, debido a los controles oficiales y a la cultura y estrategia de trabajo de las mineras es impensado que pueda dejarse sin agua a la comunidad. 

Una sociedad dividida

En la comunidad de Rinconadillas se habla del litio en las esquinas, en la plaza o a la salida de la misa, que se celebra una vez por mes. El domingo 9 de junio, por la mañana, un representante de Tecpetrol mantuvo una reunión informativa en el salón comunitario para quienes quisieran oír sobre la exploración. Fue la tercera. Por una instrucción expresa de las autoridades comunitarias, no hubo registro en video, fotos o audio de ese encuentro. “Nadie quiere quedar pegado porque ya se mira mal a Rinconadillas desde otras comunidades —como Tres Pozos y Alfarcito— porque dicen que no se hace lo suficiente para oponerse a la explotación”, sostuvo el vecino que pidió no ser identificado.

Idelfonso Sarapura, de 35 años, es el único guía de turismo del pueblo, oficio para el que se capacitó con Las Warmis, una organización de mujeres de La Quebrada de Humahuaca que trabaja por el desarrollo regional a través de la capacitación y la generación de emprendimientos. “Eso me cambió porque tomé conciencia de nuestro origen, de dónde venimos”, dice. Sarapura es uno de los miembros de la Cooperativa Espejo de Sal, que ofrece servicios turísticos y está integrada por las comunidades indígenas de Alfarcito, Sauzalito, Santa Ana, Barrancas, Susques, Cerro Negro —de La Poma— y Rinconadillas. “Desarrollamos un turismo vivencial, que los turistas compartan nuestras actividades. La pandemia fue un golpe muy fuerte, nos estamos recuperando”, cuenta.

Reflexivo, se opone a la minería. “Cualquier acción genera un impacto ambiental, social y cultural, hasta la turística, pero la actividad minera impactará de muchas maneras, en el agua, en el paisaje, en la flora y la fauna. En unos años, pasaremos de una gran planicie a tener obras artificiales, inmensos piletones y un gran movimiento vehicular. Todo eso también espantará a los suris, vicuñas y flamencos, entre otras especies”, afirma. 

“Es lamentable que a los jóvenes sólo les interese la minería habiendo tantas otras cosas por hacer, como la agricultura y la ganadería. Ya lo hablamos en la cooperativa y hay roces. Por eso tememos invertir mucho en turismo y que dentro de unos años los paisajes estén destruidos y nos obliguen a irnos. Es triste el desarraigo, tener que comenzar todo de nuevo en otro lado”, precisa preocupado por el futuro de sus dos hijos.

Coincide con esta postura Herminia, de 38 años, madre soltera de cuatro hijos, que se dedica a la cría de llamas, teje y cocina para los turistas. “Ya lo pensé y no quiero la minería, mis hijos tampoco. En unos años quedará todo destrozado y esto será puro desierto para nuestros nietos y sus hijos”, señala. En junio, admitió que desde Tecpetrol había cierta premura para que la comunidad tome una decisión. “Quieren que firmemos rápido para que ellos puedan explorar y hay un grupito de mayores y jóvenes que está apurando, que dice que estamos perdiendo oportunidades”, sostiene.

“A mí me gustaría que haya consenso, que no se tenga que votar porque eso provocará roces. Lamentablemente, el pueblo está dividido”, adelantaba en junio Raúl Callata. El consenso, finalmente, no fue posible.

ED

“Nos trataron como a un botín de guerra, sufrimos violencia, vimos cómo torturaban a nuestros padres y nos separaron; no merecemos el olvido, solo justicia por tanto dolor”, reflexiona Mario Páez, desde Laguna Paiva, una pequeña ciudad ubicada al norte de Santa Fe. Fue secuestrado cuando tenía 14 años, en febrero de 1980, por una patota policial que ya había cometido una seguidilla de detenciones ilegales y que buscaba a su padre, Catalino Páez, fallecido en 2016. En 2025 será uno de los testigos en un juicio oral que sentará un precedente porque el Tribunal Oral de Santa Fe juzgará a cinco imputados por delitos específicos contra las infancias, acusados de abandono de persona como crimen de lesa humanidad, tormentos y privación ilegítima de la libertad agravada, durante la última dictadura cívico militar.

Este juicio, conocido como Laguna Paiva II, comprende a 16 víctimas menores edad, entre uno y quince años, que fueron secuestrados, llevados a centros clandestinos de detención y 11 sufrieron abandono de persona. Las niñas y niños, arrancados de sus casas junto a sus padres, fueron trasladados al Departamento de Informaciones de la Policía (D2) o a la Guardia de Infantería Reforzada, “centros clandestinos de detención (CCD) de la ciudad de Santa Fe en donde permanecieron en condiciones infrahumanas de vida”, se señaló en la denuncia a la que accedió elDiarioAR y que avanzó por el volumen de las pruebas. “Quedaron absolutamente abandonados a su suerte”, se puntualizó. 

En todos los casos, los niños padecieron el despliegue del terror en contra de sus vidas y fueron testigos y víctimas de las amenazas de las patotas de criminales que destrozaron sus hogares, sostuvo Federico Pagliero, uno de los abogados responsables de motorizar la causa, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH) Regional Rosario. Los imputados son Antonio Parvellotti, ex subjefe del Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Santa Fe; Eduardo Riuli, ex oficial ayudante del D2; Víctor Brusa, que al momento de los hechos era secretario del juzgado federal; Oscar Valdéz, ex oficial ayudante del D2, y Fernando Mendoza, que ex comisario de la seccional de Laguna Paiva.

–¿Cuál es la importancia de este juicio que se hará en 2025?–, consultó elDiarioAR a Pagliero.

–De este nuevo debate se puede abrir un precedente novedoso para la ampliación de los sujetos de derechos y los juzgamientos por crímenes de lesa humanidad porque además de las víctimas directas, que fueron los hombres y las mujeres buscados, también hubo familias e hijos abandonados.

–¿El abandono constituye un delito de lesa humanidad? 

–Por supuesto y eso surge con claridad de los testimonios. “Sobrevivimos de casualidad”, nos relataron las víctimas que durante los secuestros pasaron hambre, penurias y situaciones muy dolorosas. Busqué antecedentes de estos delitos en los juicios por crímenes de lesa humanidad y no los hay, por lo que será un acto de reparación para estos hombres y mujeres que durante años no se animaron a hablar o no pudieron hacerlo.

–¿Podría aseverarse que el terrorismo de Estado tuvo como objetivo también a las infancias, en algunos casos?  

–Es así, porque la persecución genocida no solo se dio contra las personas que tenían militancia política, sino también contra sus familias. Por el valiente testimonio de 16 sobrevivientes, que eran niños en 1980, constatamos que hubo terrorismo de Estado contras las infancias llevado adelante mediante secuestros, torturas, abuso sexual y en mayor medida, mediante el abandono de las infancias luego del secuestro de sus padres.

Constatamos que hubo terrorismo de Estado contras las infancias llevado adelante mediante secuestros, torturas, abuso sexual y en mayor medida, mediante el abandono de las infancias luego del secuestro de sus padres

Federico Pagliero — Representante de la APDH

La APDH Rosario emitió un comunicado en relación a la causa Laguna Paiva II, cuyo debate oral comenzará en junio de 2025. “Las niñas y niños de Laguna Paiva tendrán su juicio”, se tituló el documento en el que se señala que “es un juicio histórico de lesa humanidad por incluir un delito inédito en la historia de estos debates”. “Se juzgará el abandono de persona en relación a los niños y niñas que fueron abandonados cuando sus padres y madres fueron secuestrados por la patota genocida del centro clandestino 'D2' de Santa Fe”, puntualizó el pronunciamiento.

En diálogo con elDiarioAR, Norma Ríos, de 72 años, miembro honoraria de la APDH a nivel nacional, de la que es su secretaria sobre casos de delitos de lesa humanidad, e integrante de la mesa directiva de Rosario, señaló que “es inmensa” la importancia del juicio. “Hasta aquí, sólo se habló de las víctimas directas, entre las que está la apropiación de niños, pero nunca de los chicos que estaban en las casas cuando golpearon, secuestraron o asesinaron a sus padres”, sostuvo. “Aunque a algunos los hayan entregado a familiares, es inmenso e inimaginable el dolor de los chicos que durante años callaron esos abusos y torturas. Y hay que sacarlo a la luz. Es preciso poner sobre la mesa la perversión y esa crueldad contra la niñez porque les pasó a muchos y nunca hablaron. Hay que romper con ese silencio y con ese dolor que sobrellevan hombres y mujeres que ya son mayores de 40 años”, destacó la Ríos.

Hasta ahora sólo se habló de las víctimas directas, entre las que está la apropiación de niños, pero nunca de los chicos que estaban en las casas cuando golpearon, secuestraron o asesinaron a sus padres

Norma Ríos — APDH

La dirigente hizo hincapié en que estos delitos, en este caso, se cometieron en una ciudad pequeña, como Laguna Paiva, que hoy tiene alrededor de 16.000 habitantes, en donde fue difícil romper el silencio por la estigmatización que pesaba sobre los padres de estos niños. “En el pueblo nos decían 'ahí van los tirabombas o los tupamaros'”, contó Mario Páez, quien reconoció que fue duro sacar esos recuerdos. Por eso, Ríos destacó el trabajo del equipo legal.

Sobre ello, el abogado Pagliero, de 37 años, admitió que fue complicado comenzar a hablar con esos adultos sobre lo que les había sucedido en la niñez. “Viajamos mucho a Laguna Paiva, nos encontramos varias veces y eso generó un ambiente de confianza. Tanta, que nos sorprendió que cuando empezaron a hablar los primeros después se sumó el resto y no pararon de recibir información y testimonios. Parecíamos un equipo de Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) rompiendo un silencio de más de 40 años”, rememoró. “Hoy somos como una gran familia”, reflexionó.

En el pueblo nos decían 'ahí van los tirabombas o los tupamaros'

Mario Páez — Secuestrado a los 14 años

El ensañamiento

En el TOF de Rosario ya se realizó en 2021 el juicio “Laguna Paiva I”, también impulsado por la APDH Rosario, cuyo resultado fueron condenas de entre 5 y 6 años, que dejó insatisfechos a los denunciantes pero que fue la punta del ovillo para este segundo juicio. En esa ocasión, fue Mario Páez, de 60 años, el único testigo que era un niño cuando se abordaron los secuestros de su padre, tíos y parientes adultos, todos ocurridos entre febrero y abril de 1980.

En ese primer juicio quedó en claro que el grupo de tareas D2 se ensañó con Catalino Páez y su extensa familia. Una particularidad es que todos los hermanos Páez se casaron con las hermanas Medina, formaron una gran familia en Laguna Paiva y sufrieron en carne propia la persecución estatal. 

¿Por qué Catalino? Criado en el campo, trabajó desde joven en el frigorífico Nelson, en Laguna Paiva, en donde se sumó a la militancia político obrera al integrarse al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y convertirse en la cara visible de la organización sindical La Lucha. Fue protagonista de huelgas, era una voz con fuerte predicamento en su pueblo y fue el responsable de su partidario en la zona, por lo que estuvo en la mira de las fuerzas represivas desde antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Cuando se producen las primeras desapariciones, el dirigente abandona el pueblo y se aleja a “un exilio interno”, como lo describe su hijo mayor, Mario. De ser una familia en la que se vivía con un sueldo fijo se convierten en nómades que se afincaban en pueblos pequeños para dedicarse durante meses a actividades del campo, como trabajar en cosechas. “A veces, muchas, apenas había para comer”, rememora.

En ese recorrido para escabullirse, Catalino y su familia se instalan en Lima, provincia de Buenos Aires, en donde trabajan en la fabricación artesanal de ladrillos. Antes de dar con el dirigente, las fuerzas represivas secuestraron a Miguel Páez, a su esposa Elva Medina y a sus cuatro hijos. La hija mayor, de 15 años, fue torturada. También caen sobre Graciela Páez y sus cuatro hijos. En la ciudad de Esperanza, en Santa Fe, se llevan a María Ceferina Páez, a su esposo y dejan a sus cinco hijos abandonados en la casa familiar. La hija mayor, de 13 años, buscaría durante días a sus padres hasta llegar a la comisaría de la localidad, en donde es detenida y sometida a abusos, aunque todavía no pudo darse con la identidad de sus autores, que serían del D2 de Santa Fe. En Seres, finalmente, se llevan a Ramona Páez. Un raid delictivo con el que los genocidas unieron piezas hasta dar con el último destino de Catalino y su familia.

“Nos amenazaban con armas que apoyaban en el cuello”

El 15 de febrero de 1980, Catalino amaneció con problemas de salud y se fue a ver a un médico en el pueblo, recordó a elDiarioAR su hijo Mario. Por entonces, el matrimonio tenía ocho hijos: Mario (14 años), Mónica (12), Ramón (10), Carlos (9), Jesús (6) César (5) y Ceferino, de 18 meses. Juana estaba embarazada de María, de dos meses. Cuando su padre no estaba, uniformados rodearon la humilde vivienda, golpearon a su madre, lo tomaron a él de los pelos y lo tiraron al piso. “A los dos nos preguntaban por mi padre, mientras nos amenazaban con armas que nos apoyaban en el cuello”, recuerda. Una hora más tarde, su padre regresó del pueblo y apenas se dio cuenta de la situación fue encapuchado y golpeado de manera salvaje. Los tres fueron llevados a dependencias del D2, ubicadas en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert, en el centro de Santa Fe. Catalino y su esposa fueron torturados y golpeados. Mario también. 

Sus hermanos, agregó Mario, sobrevivieron unos días con la venta de los ladrillos que ya estaban terminados, hasta que una familia vecina los acogió. Después, fueron a parar a servicios sociales del Estado provincial, hasta que fueron recuperados por su madre un mes después, luego de ser liberada. “En ningún caso de los Páez y Medina hubo muertes pero sí una sistemática violación a los derechos humanos. Además de perseguirlos y haberles saqueado sus casas, los dejaron sin nada. Esos niños vieron escenas que jamás olvidarán y que quizás encuentren algo de consuelo en la justicia”, sostuvo el abogado Pagliero. Catalino fue liberado en 1984 y retornó a la militancia.

“La gente se olvida”

En la voz de Mario Páez no hay bronca, ni sed venganza. Relata con tranquilidad cada suceso pero sí salen a la superficie sus dudas, preguntas sin respuestas. “¿Por qué nos pasó esto a nosotros y con ese odio, si mi padre y mis tíos jamás agarraron un arma, eran hombres de trabajo, de campo? ¿Por qué la gente se olvida y prefiere mirar para otro lado? ¿Por qué tuvimos que esperar tanto tiempo para que haya algo de justicia?”. Muchos por qué, que quizás no sean todos respondidos en un nuevo juicio, aunque las familias tienen esperanzas.

Cuando elDiarioAR pregunta cómo recuerda a su padre, Mario se derrumba. Su voz se quiebra. Intenta hablar pero no puede. Hace silencio. Pide disculpas. Como si tuviera que pedir perdón por conmoverse una víctima de la última dictadura cívico militar que vio como torturaban a su padre, al que casi no reconoció por el rostro deformado de los golpes. Y que vio también de qué manera pateaban a su madre en el vientre, pese a que clamaba que no lo hicieran porque estaba embarazada. 

“Mi padre fue un hombre comprometido con sus ideas –dice–, con ganas de vivir en un país justo y reivindicaba las luchas de los postergados. No merecemos el olvido, solo justicia por tanto dolor”.

DC/MG

Jujuy, Salta y Catamarca promocionaron durante años a sus salares de altura como exclusivos destinos turísticos pero en los últimos años ese interés perdió terreno porque esos mismos lugares se han convertido en el objetivo de empresas que van en busca de la extracción de litio, favorecidos por políticas locales y nacionales. Se trata de ecosistemas que tienen características especiales por encontrarse a más de 3.000 metros altura sobre el nivel del mar y porque son el hábitat de comunidades de flamencos, entre ellos, el andino, cuya colorida presencia se destaca. Todos los años, desde septiembre, estas esbeltas aves emprenden uno de los mayores desafíos de sus vidas: volar desde las lagunas en donde pasaron el invierno, en Santa Fe y Córdoba, hasta los “mares de sales” de la alta montaña para reproducirse. Hoy esta ruta está en peligro por el auge de la actividad minera.

Elegantes, de plumaje rosado y de poco más de un metro, pico prominente y de punta negra, patas largas y amarillas, el flamenco andino ya formaba parte de la vida cotidiana de los pueblos originarios y su presencia no pasó desapercibida. Tanto, que dentro del ajuar de “Las niñas de Llullaillaco”, los cuerpos de menores momificados hallados en 1.999, en la cima del volcán del mismo nombre, en Salta, se encontraron plumas de flamencos, informó Enrique Derlindati, doctor en Ciencias Biológicas, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. De acuerdo a su datación, esos restos tendrían 500 años de antigüedad. 

Este investigador estudia a estas aves desde la primera vez que las vio, en 1994, cuando era estudiante. “Quedé fascinado, hipnotizado por su belleza, por el colorido de su plumaje que contrastaba con los marrones de las montañas y con el blanco salino”, rememora sobre ese encuentro en la Laguna de los Pozuelos, en Jujuy, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad es una Reserva de Biosfera, declarada por la UNESCO; Sitio Ramsar (biodiversidad de relevancia internacional) y Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) que, además, integra la Red de Humedales para la Conservación de Flamencos Altoandinos y la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.

Derlindati señala que los lugares de nidificación coinciden, “lamentablemente”, con el Triángulo del Litio que está formado por zonas de alturas de Argentina, Chile y Bolivia, por lo que la presión sobre los espacios de reproducción es constante y a esto hay que agregar que se trata de ecosistemas muy frágiles. “El avance no se detiene y es preciso tomar medidas porque favorecer su presencia es un reflejo de una buena salud de estos ecosistemas. La actividad litífera explotó en los últimos años y se pueden adoptar medidas sin que se generen conflictos de intereses pero es necesaria una fuerte decisión de política ambiental”, señaló. Urge porque, explicó en base a estudios, la explotación de litio mediante salmueras, el método más económico, ya provocó que esta familia de flamencos haya sido declarada “vulnerable” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Migración

Para evitar los duros fríos del invierno en la alta montaña, que serían imposibles de soportar para sus frágiles cuerpos, estas aves migran a la Pampa Húmeda y se instalan en la laguna Mar Chiquita, en Córdoba; y en las lagunas Setúbal y Melincué, en Santa Fe, entre otras. Los primeros estudios de esta migración se realizaron en los años 90 por investigadores que colocaron dispositivos (anillos) en 2.000 ejemplares, a través de los que se hizo un seguimiento satelital para determinar su ruta anual. Así se observó, por ejemplo, que en verano, partiendo de Mar Chiquita, cubren hasta 1.800 kilómetros hacia las lagunas de la Puna, en un tiempo de entre 17 a 20 horas. “Es una verdadera proeza que hacen de un solo tirón y en un vuelo activo, moviendo las alas, porque los flamencos no planean. Y eso les demanda mucha energía”, contó Derlindati a elDiarioAR. Esto implica, además, el plus de que para acceder a las zonas de reproducción y nidificación también deben elevarse hasta los 6.000 metros sobre el nivel del mar, en algunos casos. Y lo hacen. 

También en los años 90 comenzó a realizarse un censo de las colonias de flamencos cada cinco años, que se concreta a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), más otras instituciones y organizaciones ambientalistas. En 2025 debería realizarse el séptimo censo. En esos estudios se detectó que de las tres especiales de flamencos (andino, puna y chileno), el andino –exclusivo de los Andes– redujo su presencia, cuyo número actual ronda los 80.000 ejemplares. Pero lo más alarmante es la reducción de los ejemplares jóvenes y si eso continúa, podría poner al borde de su desaparición a algunas bandadas. “Estas aves, además, tienen un modo de alimentación que es muy específico, con crustáceos, microorganismos, algas y diatomeas, por lo que no cambian de lugar. Si se ve afectado, mueren”, contó el investigador. 

La causa de este descenso tiene una única respuesta y obedece al avance de la minería litífera. “Ya

Ya casi no hay lagunas que no hayan sido intervenidas por las empresas, que en pocos meses montan verdaderas ciudades

Enrique Derlindati — Biólogo y docente de la Universidad Nacional de Salta

casi no hay lagunas que no hayan sido intervenidas por las empresas, que en pocos meses montan verdaderas ciudades, lo que implica un enorme tráfico de vehículos. Justo en los mismos lugares en donde estas aves se reproducen y nidifican en sitios aislados, lo que provoca que los flamencos huyan por las exploraciones que se están realizando y avanzan“, indicó el salteño.

–¿Es posible hacer algo, en este escenario?, le consultó elDiarioAr.

–Es posible, se requiere de mucha voluntad y decisión. Hay que encontrar instancias de acuerdo y de diálogo con las empresas, como en Chile, por ejemplo, en donde se han recuperado colonias de flamencos en algunas lagunas de altura en las que estaban al borde de su desaparición.   

–¿Cree que las empresas puedan colaborar en la conservación de los flamencos?

–Entiendo que algunas están más dispuestas que otras y como en los últimos años se han generado a nivel internacional estándares de calidad en los procesos de explotación, que incluyen certificaciones sobre el cuidado de la fauna y la flora, las empresas están más dispuestas a participar de acciones de cuidado mediombiental.

–¿Qué medida concreta podría adoptarse?

–Una muy efectiva y que está probada en Chile, sería que las empresas reduzcan sus actividades en los meses de lluvia, de noviembre de febrero, cuando los flamencos necesitan de las lagunas para vivir. En ese período también se ve afectado el desarrollo de las tareas mineras, así que se podría llegar a acuerdos.

–¿Qué rol le cabe a los gobiernos provinciales, que son los responsables de regular la actividad minera?

–Es fundamental que estos gobiernos se comprometan porque las empresas avanza hasta donde la legislación se los permite y hay que actualizar las leyes. Por ejemplo, la Ley Ambiental de Salta es de 2001 y urge su actualización, de la misma manera que en otras provincias. 

–¿Además de la minería del litio en la región andina, corre riesgo la ruta de los flamencos por la presión de la actividad agrícola en la Pampa Húmeda?

–En esas zonas de humedales también está en peligro el hábitat de los flamencos porque algunos ya se secaron, fueron drenados y transformados para la actividad agrícola y para urbanizaciones, en menor medida. No se toma conciencia que se puede convivir con estas aves pero hasta ahora el avance no las contempla y los humedales se están transformando de manera total, desapareciendo.

–¿Hay riesgo de que se extingan los flamencos si nada cambia? 

La extinción es un proceso natural y que estuvo siempre presente pero lo que no se debe naturalizar es la actual tasa de extinción de especies, que es muy veloz, producto de la presión de la humanidad. En un proceso natural una extinción permite y le da paso a que surjan nuevas especies u otras que las reemplazan, eso es lo que la humanidad alteró y plantea dilemas éticos sobre hasta dónde llegaremos.

Crece la presión  

En algunas regiones andinas de nuestro país, para que las empresas puedan realizar exploraciones en busca del “oro blanco”, el litio, deben contar con la licencia social que otorga la comunidad originaria de la zona de interés y que controla ese territorio ancestral. En junio, la petrolera Tecpetrol, de la multinacional ítalo-argentina Techint, logró su objetivo en la Puna jujeña: la aprobación de un sector de la comunidad indígena de Rinconadillas, ubicada en un pasaje aislado, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en lo más alto de esta región, para explorar la Laguna de Guayatayoc. Así se pudo establecer por una investigación de la alianza entre Mongabay y elDiarioAR, en base a testimonios y documentos de la asamblea local.

Una característica de esta zona es que se encuentra pegada a Las Salinas Grandes y ambas son el destino anual de los flamencos. La creciente presión de la minería del litio, favorecida por los gobiernos provinciales, ha provocado que algunas comunidades, de las 38 que existen en esa cuenca, ya hayan otorgado la licencia social para las exploraciones. Para algunos, una mala noticia por el impacto que generará.

Idelfonso Sarapura, de 35 años, el único guía de turismo de Rinconadillas, en diálogo con este medio, reflexionó: “Cualquier acción genera un impacto ambiental, social y cultural, hasta la turística, pero la actividad minera impactará de muchas maneras, en el agua, en el paisaje, en la flora y la fauna. En unos años, pasaremos de una gran planicie a tener obras artificiales, con inmensos piletones y un gran movimiento vehicular. Todo eso espantará a los surys, vicuñas y flamencos, entre otras especies, una gran pena. Cuando eso ocurra, prefiero irme del pueblo.

DC/MG

Sin decir ni una palabra, Sara Martínez escuchó la sentencia de los tres jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 de Tucumán, en la Megacausa “Jefatura III”. Nada la inmutó pero se destacó en la sala colmada por sostener en lo alto las fotos de Alberto Martínez y de Noemí del Valle Ramírez, víctimas de la última dictadura cívico militar. Su profunda mirada estuvo clavada en los magistrados y en los imputados. Así siguió este lunes 30 de septiembre cada detalle de la lectura, de poco más de dos horas, de las nueve condenas a prisión perpetua, penas de entre 8 y 13 años y las siete absoluciones. 

A las 16.15, mientras afuera ardía la tarde con 37°, comenzó la lectura del veredicto, que fue firmado por los jueces Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y Federico Bothamley, tras un juicio que arrancó en mayo de 2023 y que decidió el destino de 24 acusados por hechos cometidos contra 232 víctimas –84 aún desaparecidas– en su mayoría jóvenes, algunos menores a 18 años, que eran obreros azucareros o estudiantes y que vivían en la capital tucumana, sobre todo.

A poco de que los secretarios comenzaran con la lectura, Sara extendió los brazos con las fotos y se paró. Tenía motivos. Alberto era su tío, fue secuestrado el 21 de julio de 1976 en Concepción, en el sur tucumano, el mismo día que Noemí. Sus nombres, sobre un total de 293, figuran en la “Lista de Clemente”, una prueba documental clave en este juicio, pues se trata de un listado que aportó un testigo, en donde figuran los datos de detenidos y torturados en la exJefatura de Policía de Tucumán, Centro Clandestino de Detención (CCD). 

Junto a los nombres de Alberto y Noemí, entre paréntesis, se escribieron las iniciales DF, sus condenas a muerte, “destino final”. En agosto de 2016, los restos de él fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la fosa común Pozo de Vargas, en Tafí Viejo, previamente extraídos por peritos del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT). Ella permanece desaparecida, ese limbo lacerante que marcó las vidas de quienes aún esperan saber sobre sus seres queridos, secuestrados durante el Operativo Independencia y la última dictadura cívico militar.

Antes de llegar a la sentencia se produjeron 368 testimonios, se incorporó numerosa prueba documental e instrumental, entre ellas, las pericias de 17 personas desaparecidas cuyos cuerpos fueron identificados en el Pozo de Vargas y en otra fosa común; 107 hábeas corpus, 67 documentos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y otros 87 testimonios de víctimas ante la Comisión Bicameral investigadora de las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) en Tucumán, que funcionó entre 1984 y 1985. “Vine porque debo estar, por la memoria de mi hermano, porque mi madre murió sin saber a dónde estaba su hijo y porque no es justo tanto dolor”, sostuvo a elDiarioAr Ramón Rodríguez, con la fotografía de su hermano Enrique en sus brazos. Era trabajador de la actividad azucarera en Río Seco, en el sur de la provincia, e integraba la comisión directiva de la filial zonal de la otrora poderosa Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA). Una patota lo secuestró de la casa familiar la noche del 16 de agosto de 1976 y permanece desaparecido. Ramón siguió inmutable cada palabra del fallo y cuando terminó se retiró, en silencio, a su casa en Tafí del Valle. Nada para festejar. 

Las condenas

Los condenados, entre exmiembros del Ejército y expolicías tucumanos, fueron 17. Prisión perpetua para Mario Senco, Camilo Colotti, Ramón Cooke, Mario Dursi, Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Hugo Figueroa, Guillermo Ugarte y Augusto Neme. 13 años de prisión para Emilio Abec, Segundo Acosta, Miguel Nieva, Miguel Venturino, Juan Villacorta y Pablo Zárate; 12 años para Ramón Jodar y 8 años para Alberto Rivero. También hubo absoluciones, entre ellas, para Luis Ocaranza, María Luisa Acosta de Barraza, Ricardo Sánchez, Guillermo Ugarte, Camilo Colotti, José Abba, Olga Aguilar y Orlando Chaile. Las condenas fueron por violación, violación agravada, homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, torturas agravadas, abuso deshonesto y violación de domicilio, entre otros delitos. 

A las 18:03 finalizó la lectura y cuando los jueces se retiraban de la sala, familiares y víctimas cantaron “Cárcel común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida por las calles de Argentina”, mientras miraban a los imputados. Solo uno de ellos les dirigió un insulto. La presencia de gendarmes evitó que hubiera contacto también con los familiares de los condenados.

Quedó dando vueltas en la sala el interrogante sobre por qué tantas absoluciones, por lo que habrá que esperar la lectura de los fundamentos de la sentencia, prevista para el próximo 26 de noviembre, a las 15.

“Lo conseguido es una aproximación a la justicia, no nos convence pero es parte de la búsqueda de justicia. Y a veces nos quedamos con sabor a poco, aunque está dentro de los parámetros”, reflexionó a este medio Martín Suter, hijo de Juan Carlos Suter, secuestrado y asesinado en julio de 1976, y Ana María Tejeda, secuestrada también unas horas después del velorio de su esposo, quien está desaparecida. “Es poco para el daño que causaron, les tendrían que haber dado 20 años, como mínimo, a quienes estuvieron implicados en la desaparición de mi padre”, sostuvo Viviana Jacobe. Su padre, Ricardo, fue secuestrado el 19 de agosto de 1976, en Río Seco. Trabajaba como electricista en el ingenio azucarero La Providencia. Está desaparecido.

Para los abogados que representaron al Ministerio Público Fiscal el fallo fue positivo, entre otras razones, porque se probó que se cometieron delitos de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la exJefatura de la Policía de Tucumán y en el exingenio azucarero Nueva Baviera, en Famaillá, en cercanías de “La Escuelita”, el primer CCD del país. “También creo que lo fue por el tratamiento del derecho a la verdad, ya que es la primera vez que un tribunal tucumano habla sobre esto de manera positiva. Es decir, hubo sentencias sobre la existencias de los hechos, a pesar de que no había ninguna persona imputada”, sostuvo el fiscal federal Pablo Camuña. “Las 17 condenas son positivas porque siguen las líneas de los tribunales anteriores, resta ver los fundamentos de las absoluciones y ver si se va a Casación. Pero la aplicación de perpetuas y condenas a personas que antes no habían sido llevadas a juicio, es positivo”, agregó. Y cerró: “esperamos que el fallo traiga algo de alivio a las víctimas y sus familias, que tenga algún efecto reparatorio como se supone que produce un símbolo tan fuerte como condenas por hechos gravísimos”.

“Lo seguiré buscando”

Julia Castillo fue una de las primeras en ingresar a la sala del Tribunal y la única que cubrió su cabeza con el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo. Su hijo Hugo Pastor Juárez, que era empleado del ingenio Bella Vista, fue secuestrado el 11 de diciembre de 1976. Desde entonces, nunca más volvió a verlo aunque por testimonios se supo que estuvo en centros clandestinos de detención. “Este es un momento de mucho dolor aunque algo conseguimos, tendrían que haber tenido perpetua todos. Es un poquito de consuelo, como para darle un poco de confianza a los jueces, a la Justicia”, le confiesa a elDiarioAR. “Yo seguiré buscando a mi hijo, su nombre está en la 'Lista de Clemente' y a su lado las iniciales de DF, por lo que supongo que fue asesinado, pero continuaré buscando sus restos hasta mi último día porque necesito saber a dónde está para poder prenderle una vela, al menos”, dijo, con apenas un hilo de voz.

“Violencia contra la mujer”

En las 90 fojas del fallo el tribunal también declaró que las niñas, adolescentes y mujeres víctimas en la presente causa, “padecieron actos que constituyen formas de violencia contra la mujer”, un avance fundamental para la caracterización de los delitos de las causas que aún están pendientes y que se pondrían en marcha en los próximos meses. También determinaron los jueces Lilljedahl, Costa y Bothamley que se mantenga la situación procesal de los condenados que cumplen con prisión preventiva, a las que les agregaron las preventivas para Mario Senco, Ramón Jodar y Alberto Rivero, con cumplimiento domiciliario, cuyo control deberá efectuarse con tobillera electrónica.

Para la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, “el balance del juicio es positivo porque el Poder Judicial Federal funcionó, como es su obligación, en un juicio que demandó un año y medio y con una gran prueba documental, como la lista confeccionada por los propios perpetradores de los delitos”. “En lo personal, fue importante porque desde el Ministerio Público trabajamos con las víctimas y los equipos interinstitucionales, con profesionales de salud, también para acompañar a las víctimas”, cerró.

Con cautela, Caro Frangoulis, referente tucumana de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), señaló a este medio tener “un sabor amargo por las siete absoluciones”, aunque destacó que fue respetado el pedido de las cadenas perpetuas y prisión para otros, de entre 12 y 13 años. “Igual, me parece importante el fallo en este momento, en donde late tan fuerte el negacionismo desde lugares importantes del Estado. Por eso, haber llenado la sala, como lo hicimos los organismos, las víctimas y familiares, es una señal de esperanza, que no todo está perdido”, dijo. Aunque se mostró poco conforme con la actuación del tribunal -“nunca terminé de sentir un compromiso fuerte de sus miembros”- puso el acento en que fue un día histórico. “Es muy importante para Tucumán y ahora esperamos que se den vuelta las absoluciones en Casación. Para este Tribunal creo que le fue difícil entender el proceso de una provincia que fue diezmada por la represión”, añadió.

Lo que viene

Si no hubiera contratiempos, el 17 de febrero de 2025 comenzará el primer juicio en Tucumán en el que se analizará la responsabilidad empresarial por delitos de lesa humanidad ocurridos durante el terrorismo de Estado. Será en la causa Ingenio La Fronterita, que abarca crímenes cometidos contra 68 personas en las instalaciones de ese ingenio azucarero, de las 11 continúan desaparecidas

Los imputados son los exdirectivos del ingenio Alberto Figueroa Minetti, quien era administrador; Eduardo Buroti y Fernando Cornú De Olmos, exmiembros del directorio. Los tres están procesados como cómplices de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio.

DC/MG

Tucumán se prepara para recibir antes de la medianoche al presidente Javier Milei y a la mayoría de los gobernadores para celebrar los 208 años de la Declaración de la Independencia de la monarquía española, que se conmemora los 9 de Julio en el Museo Casa Histórica de la Independencia, y la firma del varias veces prorrogado Pacto de Mayo que impulsó la Casa Rosada y que estaba supeditado a la aprobación de la Ley Bases, que este lunes promulgó el Poder Ejecutivo Nacional. Para evitar el choque en el prime time con el partido de la Selección por la semifinales de la Copa América, el Poder Ejecutivo adelantó el acto que comenzará unos minutos antes de la medianoche.  

La celebración oficial se ceñirá a la Casa Histórica, en donde se dispuso un fuerte operativo de seguridad, de veinte cuadras a la redonda y que está compuesto por cuatro anillos. Los más lejanos cuentan con agentes de la Policía tucumana, mientras que los restantes están a cargo de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería, todo bajo la coordinación de la Casa Militar. Presidencia se encargó hasta de los más mínimos detalles y hubo cambios que rompieron con tradiciones. Por ejemplo, tras 22 años ininterrumpidos, no habrá ceremonia interreligiosa, ni presencia de referentes de agrupaciones gauchas cuando se cante a la medianoche el Himno Nacional Argentino. Por consultas de elDiarioAR sobre si hubo explicaciones por estos cambios, desde la Casa de Gobierno y desde el municipio de San Miguel de Tucumán la respuesta fue que “no las hubo, fue una orden de Presidencia”.

El gobierno tucumano y el municipio sí se encargaron de montar lo que se denominó la Gran Fiesta de la Independencia, que consistió en un megarecital en la explanada de la Casa de Gobierno, que este domingo concentró a miles de tucumanos por la actuación, entre otros, de Los Palmeras para cerrar la noche. Antes, el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla saludaron y agradecieron la masiva concurrencia. Este lunes se repetirá pero finalizará a las 21, cuando a las 20 suba al escenario El Chaqueño Palavecino. Se explicó que por exigencia de la Presidencia, dos horas antes del ingreso de Milei a la zona del acto oficial se debía terminar con la concentración por el festival. Tan estricto es el dispositivo, que los y las periodistas que sigan el desarrollo del acto y se acrediten, lo harán desde un corralito que se montó frente a la Casa Histórica, es decir, sin posibilidad alguna de hacer preguntas. Meros observadores.

Los primeros gobernadores en llegar durante la siesta tucumana fueron los cuyanos Alfredo Cornejo, de Mendoza; Marcelo Orrego, de San Juan; y Claudio Poggi, de San Luis. En las últimas horas del lunes ya había llegado a la provincia el expresidente Adolfo Rodríguez Saa, que lo fue durante siete días del áspero y conflictivo diciembre de 2001. Junto con Mauricio Macri, serían los dos únicos exjefes de Estado que aceptaron participar como testigos de la firma del Pacto de Mayo, que será rubricado de manera exclusiva por gobernadores. No aceptaron la invitación María Estela Martínez de Perón, Eduardo Duhalde, Cristina Fernández y Alberto Fernández.

Desde la mañana se cerraron las esquinas de la peatonal frente a la Casa Histórica, ubicada en Congreso al 100, a dos cuadras de la Casa de Gobierno, para montar el palco desde el que dará su discurso el presidente Javier Milei y armar los espacios para los cerca de 800 invitados especiales que se distribuirán en distintos lugares. Sentados, quienes no sean ubicados en lugares preferenciales, seguirán el acto en pantallas gigantes.

Claudia y Esteban, turistas de Córdoba, lamentaron que no se haya previsto algún modo para visitar algún espacio de la Casa Histórica, vedada a los visitantes por la celebración. “Es una lástima, estamos de pasada a Tafí del Valle y antes de partir quisimos entrar pero no pudimos. Vinimos con otras familias en varios autos y nos iremos sin ver el lugar en donde se declaró nuestra Independencia”, sostuvo Esteban a elDiarioAR. 

Más allá, dos hombres con uniformes llamaban la atención. Eran Rafael Alderete y Alfredo Vega, de Córdoba, del Centro de Veteranos de Guerra (de Malvinas) Grupo Arcángeles. En diálogo con este medio, indicaron que su objetivo es poder hacer contacto un minuto con la vicepresidenta Victoria Villarruel o la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Nuestra misión es hacerles llegar una moción verbal para pedirles que se reconozca a los primeros veteranos de nuestra patria, que son los hombres que se jugaron la vida en el Operativo Independencia, en Tucumán, antes que la Guerra de Malvinas”, sostuvo Vega, de clerigman. Consultado, aseguró ser obispo de la Orden Templaria, que pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Templaria, que está enfrentada y en desacuerdo con el Papa Francisco. El reconocimiento de la Iglesia de San Pedro se encuentra judicializado. “Tenemos muchas expectativas en el Pacto de Mayo, por eso nos vinimos desde Córdoba, creemos que estamos ante un presidente inteligente que puede provocar cambios positivos para nuestra patria”, sostuvo Vega.

Mientras el dispositivo de seguridad sumaba más efectivos en la Casa Histórica, dos hombres con ropa de trabajo se sorprendieron y cuando se alejaban levantaron sus manos con los dedos en “V” y gritaron “Viva Perón”. En sentido contrario caminaba Fernando, un joven vendedor que portaba una plancha de telgopor con escarapelas y banderas de distintos materiales, formas y precio. “Está duro, amigo, lo más barato cuesta $500 pero no sale”, confesó, con rostro de poco optimismo.

Cerca de las 14, el gobernador Osvaldo Jaldo reunió a su gabinete para ajustar detalles de las acciones propias porque la agenda de Milei, con horarios y el recorrido de la comitiva, al menos, hasta las 15, no había sido comunicada desde la Nación al Poder Ejecutivo tucumano. Tras ese encuentro, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, aclaró que “todo está supeditado a lo que decida Ceremonial de Presidencia, incluyendo el recorrido y los horarios”. “Empezamos a recibir las autoridades que llegaron pasado el mediodía. El acto central en la Casa Histórica será a las 22, con la llegada de autoridades del Gobierno nacional y gobernadores”, cerró.

De manera extraoficial, se indicó que el avión que trasladará al presidente Milei a Tucumán arribará cerca de las 22.30. Desde allí se dirigirá a la Casa Histórica de manera directa, sin que se sepa aún si lo hará en helicóptero o vía terrestre. La aeronave lo dejaría en minutos en un helipuerto que se encuentra a diez cuadras del solar histórico pero también se mantiene en reserva el recorrido de los vehículos. A la medianoche comenzará la cadena nacional con el Himno Nacional Argentino y luego se firmará el Pacto de Mayo, en el Salón de Jura de la Independencia. Tras ese momento, el jefe de Estado dará su discurso desde un palco que se montó frente a la fachada de la Casa Histórica. Se calcula que todo terminará cerca de la 1.30, cuando el Presidente retornará a la Capital Federal, donde el domingo, a las 9, participará del Tedeum y luego presidirá un desfile militar.

Lo más importante para la gestión del presidente Milei será lograr la foto política del Pacto de Mayo con el mayor número posible de jefes provinciales, en momento de dudas sobre el rumbo de la economía. Es una cucarda que buscó pero que también tiene el doble filo de la obligación de dar respuestas. “Ya no tendrá excusas para gobernar, tendrá que ir a los bifes y dar soluciones a las necesidades del pueblo”, sintetizó el intendente de Famaillá, Enrique Orellana, en diálogo con elDiarioAR. 

Hasta el momento, más allá de Cornejo, Orrego y Poggi, la Casa Rosada espera contar con la presencia de los representantes provinciales del PRO y la UCR: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco). A estos se sumaría el otro grupo de “independientes” que está integrado por Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Descuentan en Balcarce 50 la presencia de Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y de Martín Llaryora (Córdoba). La duda, todavía, es la asistencia del santiagueño Gerardo Zamora. Los ausentes, a menos que haya cambios de última hora, serían Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

DC/MG

La petrolera Tecpetrol, de la multinacional ítalo-argentina Techint, logró su objetivo en la Puna jujeña: la aprobación de un sector de la comunidad indígena de Rinconadillas, ubicada en un pasaje aislado, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en lo más alto de esta región, para explorar la Laguna de Guayatayoc en busca de litio. Así pudieron establecerlo una alianza entre Mongabay y elDiarioAR en base a testimonios y documentos de la asamblea local.

El negocio del “oro blanco” es una de las apuestas fuertes de la petrolera, propiedad de la familia Rocca, la segunda más rica de Argentina, que tiene una concesión del gobierno de Jujuy pero que requería de la licencia social de la población indígena que controla este territorio y que llega con una comunidad dividida para la que la convivencia social entre sus habitantes y con las comunidades aledañas ya no será igual. Tecpetrol dividió y reinó.

El territorio de la comunidad de Rinconadillas se encuentra en una de las zonas más conflictivas para la minería del litio: la cuenca que conforman el salar Salinas Grandes -una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina- y la Laguna de Guayatayoc, donde desde hace 14 años un grupo de 38 comunidades se oponían al desembarco de las mineras, desarmando los planes de negocios de las compañías y del gobierno de Jujuy, que impulsa este tipo de actividad extractiva. 

La comunidad de Rinconadillas era una de las 38 comunidades que se oponían a la minería de litio en sus territorios desde 2010. Entonces, las asambleas que gobiernan en estas comunidades decidieron que ninguna de las comunidades iba a tomar decisiones por separado y que actuarían en bloque. La cuenca es una sola, establecieron entonces, y la decisión frente a las mineras debía tomarse en conjunto. Decidieron “No al litio” y a través de cortes de ruta y demandas judiciales, que llegaron a la Corte Suprema de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), frenaron los objetivos de las empresas y el gobierno de Jujuy.  

Sin embargo, durante el último año, un grupo de petroleras que desarrollaron divisiones mineras para ingresar en el negocio internacional del litio comenzaron a resquebrajar la alianza de las comunidades. La primera fue Pluspetrol, que logró que dos comunidades, Sauzalito y Quera y Aguas Calientes, se separaran del grupo y acordaran otorgarle a la petrolera la licencia social para operar en sus territorios. La segunda fue Pan American Energy en la comunidad de Lipán, como informó elDiarioAR en marzo último. El tercer caso es el de Tecpetrol. Mongabay y elDiarioAR se comunicaron con Tecpetrol pero la empresa declinó hacer comentarios por el momento.  

Cómo se tomó la decisión

La decisión de la comunidad de Rinconadillas de otorgar la licencia social a la petrolera de Techint fue adoptada en un encuentro extraordinario el 21 de junio último. La comunidad está dividida en dos grupos. Un grupo se opone a la llegada de la minería frente a los riesgos ambientales y el peligro de la escasez de agua en una de las zonas más áridas del país. La minería de litio, conocida como “minería del agua”, por la cantidad de agua que insume, amenaza sus formas de vida, desde el pastoreo de animales hasta el turismo comunitario y la extracción de sal para consumo humano e industrial. 

Hay, en cambio, quienes están a favor y creen que Tecpetrol solucionará los problemas socioeconómicos de la comunidad: la falta de empleo y la falta de servicios básicos, ante la ausencia casi total del Estado jujeño y nacional.

El debate iba a darse en una Asamblea General convocada para el 27 de julio. La fecha había sido confirmada por el presidente de la comunidad, Raúl Callata, afirmaron fuentes directas de la asamblea a Mongabay y elDiarioAR. Sin embargo, el 19 de junio, de manera exprés, un grupo de habitantes convocó a una Asamblea Extraordinaria, que se realizó el viernes 21 de junio, a las 8.30, en la sede de la organización, frente a la plaza de la comunidad. De acuerdo a consultas con fuentes que pidieron no dar a conocer sus nombres, la invitación a los miembros -vota una persona por familia- dejó afuera de cualquier posibilidad de participar a los vecinos que no viven en Rinconadillas de lunes a viernes por motivos laborales y que suelen regresar los fines de semana. Muchos de ellos, se oponen a la minería de litio. Se trató de la misma estrategia realizada en la asamblea de Lipán meses atrás.

“Cuando se deben tomar medidas importantes, siempre se notifica a las familias con una semana de anticipación, como mínimo, y se les avisa a todas, incluso a las que están residiendo en otros lugares”, señaló una de las personas consultadas. “Pareciera que a propósito hicieron todo rápido”, se lamentó. 

Por esta razón, sobre un total de 82 familias censadas, solo asistieron representantes de 51 familias, un número suficiente para que se realice la asamblea. Con tolerancia de media hora, en una de las mañanas más frías del año, la deliberación comenzó a las 9 con la exposición de un miembro informante, en representación de la comisión directiva de la comunidad, que detalló el motivo del encuentro. 

Hubo varias exposiciones, pero la mayoría fue de quienes se mostraron a favor de darle el visto bueno a Tecpetrol y tras dos horas quedó en claro que no habría consenso, por lo que se votó a mano alzada. “Lastimosamente, nos ganaron”, señaló un asambleísta consultado.

Sobre esos 51 representantes, 29 votaron a favor de otorgarle la licencia social a Tecpetrol y 22 se opusieron. “Hay familias que están divididas debido a que la discusión interna no se había agotado porque así como se aceptó que un representante de la empresa nos informe sobre los supuestos beneficios, antes de la asamblea, se pretendía escuchar los argumentos de especialistas que se oponen a la actividad minera y que tienen sus razones. Pero esto último no se hizo”, se indicó. “Ahora nuestra comunidad es vista como traidora” frente al resto de las comunidades de la cuenca con las que tenían un acuerdo desde 2010, lamentó la fuente.

La novedad no tardó en llegar a los miembros de las 34 comunidades aborígenes que se encuentran en la cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc. Las primeras en expresarse en contra fueron las de Tusaquillas, ubicada a 31 kilómetros; y Santuario Tres Pozos, a 20 kilómetros. A través de comunicados indicaron que “continúan defendiendo el agua y el territorio”, que “no están de acuerdo con la decisión de algunos miembros de la comunidad de Rinconadillas” y que “no se respetó el Reglamento de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc” que habían acordado las comunidades hace años. Es decir, decidir en bloque una postura común sobre los pedidos de licencia social.

En los últimos días se hicieron públicas numerosas expresiones en contra de la decisión de Rinconadillas y por esa razón, con la firma de su presidente y otras 44 personas, la comunidad emitió un comunicado dirigido a las autoridades y representantes de las comunidades de la zona. “Solicitamos a las autoridades y miembros de las comunidades aborígenes, incluidas sus comisiones directivas y órganos de comunicación y representación, abstenerse de continuar efectuando publicaciones, declaraciones, acusaciones, escraches, amenazas y requerimientos que de manera absolutamente improcedentes, agravian y difaman a los integrantes de nuestra comunidad”, señala el primer párrafo. 

Además, solicitaron que “se dirijan hacia esta comunidad con el respeto, seriedad, formalidad, pericia y profesionalidad de rigor”. 

La comunicación tiene otras consideraciones y pone en la superficie que el debate sobre la actividad está vivo y genera profundas diferencias hacia adentro y afuera de los pequeños pueblos de la Puna jujeña, un escenario que también se repite en esta región del lado salteño, frente a un Estado casi ausente en políticas educativas, de salud e infraestructura para estas poblaciones.

ED/DTC

El acto del 9 de Julio en Tucumán, en homenaje a la Declaración de la Independencia de 1816, está a la vuelta de la esquina pero este año habrá dos hechos que le darán una característica particular a la celebración. El Gobierno firmará el Pacto de Mayo con los gobernadores, que propuso el presidente Javier Milei en marzo, y los actos se realizarán en modo vigilia. Es decir que comenzarán a las 23 del lunes 8 para concluir a la 1.30 del día siguiente, a diferencia de otros años, en que se realizan durante la misma mañana de la fecha patria. El jefe de Estado no pasará la noche en Tucumán: regresará a Olivos durante la madrugada para participar, al día siguiente, del Tedeum en la catedral porteña y presidir en la Capital Federal un desfile militar, a partir a las 10.30. 

Las nuevas actividades en Tucumán implican modificar el tradicional protocolo aunque el lugar seguirá siendo el mismo: el Museo Casa Histórica de la Independencia. La Casa Rosada ya envió la invitación a los gobernadores, que deben confirmar su asistencia hasta el próximo sábado. En la carta se les pide a los invitados que vayan de “traje oscuro” y se incluye una cita de José Esteban Echeverría, escritor y poeta argentino, autor del Matadero: “Las glorias colectivas de la revolución son aquellas conquistadas por el heroico esfuerzo de la Nación en la guerra de la independencia y por los patriotas de mayo y julio: todas ellas son santas y legítimas”.

Se informó que la invitación se hizo extensiva a expresidentes de la Nación y líderes de distintos partidos políticos. La esquela señala que el acto será a las 23, en la Casa Histórica de Tucumán, pero nada dice sobre la firma del pacto.

Una de las principales preocupaciones de la Casa Rosada es contar con el mayor número posible de gobernadores y en eso trabaja el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que este último martes se reunió con un grupo de mandatarios dialoguistas, junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y al ministro de Economía, Luis Caputo.

Estuvieron Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Martín Llaryora, de Córdoba (donde se pretendió firmar el pacto el 25 de mayo, pero se postergó por el empantamiento legislativo de la ley de Bases y el paquete fiscal, finalmente sancionados el mes pasado), Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca.

En este cónclave se terminaron de delinear los 10 puntos del pacto que se firmará en Tucumán, que esta mañana difundió en su cuenta de X el vocero Manuel Adorni. Allí, Francos también habría interiorizado a los jefes provinciales de los detalles del encuentro en la Casa Histórica. El objetivo político de Balcarce 50 es llevarse de Tucumán una foto de respaldo a la gestión de Milei, en momentos en que los datos de la economía no lo acompañan, inclusive a pesar de la sanción de las dos leyes.

Algunos gobernadores peronistas no asistirán

Antes de este encuentro, Francos se reunió, por separado, con los gobernadores críticos Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y Ricardo Quintela, de La Rioja, con quienes acordó la finalización de obras paralizadas en estos distritos, como ya se hizo con Santa Fe, San Juan, San Luis, Misiones, Santa Cruz, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán. Para desalentar cualquier especulación sobre su presencia en la Casa Histórica, en diálogo con periodistas en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada, Quintela sostuvo: “Al Pacto de Mayo no voy a ir porque son 10 puntos que fueron impuestos, sin negociaciones previas”. Zamora se retiró sin hacer declaraciones. En los últimos días, en la misma línea que su par riojano, confirmaron que no acompañarán el pacto el bonaerense Axel Kicillof, el pampeano, Sergio Ziliotto, el formoseño Gildo Insfrán y el fueguino Gustavo Melella.

Es seguro que viajen a Tucumán los representantes provinciales que mantiene con vida el nombre de Juntos por el Cambio: Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; Gustavo Valdés, de Corrientes; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Ignacio Torres, de Chubut; Carlos Sadir, Jujuy; Leandro Zdero, de Chaco, y Claudio Poggi, de San Luis.

En la Casa Rosada son optimistas con que contarán también con mandatarios de otros partidos provinciales como el salteño Sáenz, con los que Francos mantiene diálogo fluido: Rolando Figueroa, de Neuquén; Hugo Passalacqua, de Misiones; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Marcelo Orrego, de San Juan, y Claudio Vidal, de Santa Cruz.

La seguridad, una preocupación

Para acordar los detalles del acto en Tucumán, un equipo de la secretaría general de la Presidencia estuvo en la provincia este martes, para mantener reuniones con funcionarios del Gobierno provincial y de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Mara Gorini, asesora de “El Jefe”, presidió la comitiva que coordinó los detalles del acto con los ministros del Interior, Darío Monteros; de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y de Educación, Susana Montaldo.

Después de dialogar en la Casa de Gobierno, la comitiva caminó dos cuadras hacia la Casa Histórica para terminar de definir por dónde ingresarán las autoridades y el dispositivo de seguridad que consistirá en tres cordones de estricto control, que abarcarán 15 cuadras a la redonda del lugar del acto.

El primer anillo, el más lejano a Milei, estará a cargo de agentes de la Policía provincial, mientras que en los más cercanos estarán los de las fuerzas nacionales. “La idea es garantizar la libre circulación pero neutralizar cualquier expresión en contra del Gobierno”, contó a elDiarioAr un funcionario de la Casa de Gobierno de Tucumán.

Para reducir el movimiento por la zona en la previa del acto, el lunes 8 desde el mediodía tendrán asueto los empleados de oficinas públicas debido a su alta concentración en el centro tucumano, se informó. Habrá 800 invitaciones especiales, cuyos nombres debieron pasar el filtro de un equipo de Balcarce 50.  

El cronograma que se acordó entre Nación y el gobierno tucumano, al que accedió este medio, señala: 

1- Entre las 21 y 21.30 arribará a Tucumán el presidente Javier Milei, al aeropuerto internacional Benjamín Matienzo. Una hora antes llegará la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ambos se alojarán en el Hotel Sheraton, frente al Parque 9 de Julio, antes de dirigirse al acto.

2- La Vigilia de la Independencia será de 23 a 24, en Casa Histórica. Se transmitirá por cadena nacional desde el momento del Himno Nacional Argentino. 

3- Los protagonistas del acto ingresarán a la Casa Histórica para firmar el Pacto de Mayo en la Sala de la Jura de la Independencia. Desde un palco, ubicado frente al edificio histórico, el único orador será el presidente Javier Milei. A ambos lados habrá dos palcos en donde se ubicarán gobernadores y ministros.

4- Se calcula que todo finalizará a la 1.30 y de inmediato el Presidente retornará a Olivos para participar del Tedeum y presidir en la Capital Federal un desfile militar, a las 10.30.

DC/JJD

José Jorge Alperovich, exgobernador de Tucumán y exsenador nacional, fue condenado por abuso sexual a 16 años de prisión, tras cuatro meses de juicio oral por la denuncia de nueve hechos que le hizo su sobrina y exasesora ocurridos en 2017 y 2018, entre Buenos Aires y su provincia. La condena le pone fin a su larga trayectoria en la política, que coronó con 12 años como jefe provincial, período en el que con su voz de mando acalló cualquier diferencia. Nada se hacía sin que él lo supiera o decidiera. 

“La condena es un hito y es un mensaje la política, para los que se creen todopoderosos. Cuando los jueces tienen voluntad, nadie está exento de tener que rendir cuentas, de ser enjuiciado y hasta condenado. Quedó demostrado que nadie puede hacer lo que quiera con nosotras”, reflexiona a elDiarioAR la abogada tucumana Soledad Deza, defensora en la causa Belén y presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres.

La caída

De origen radical y empresario dedicado a la venta de autos, a Alperovich desde joven le interesó la política y de la mano de la UCR llegó a la Legislatura tucumana, en la que presidió la estratégica Comisión de Hacienda, tiempos en los que el sindicalista petrolero peronista Julio Miranda estaba al frente del Poder Ejecutivo provincial. Hábil con los números, mientras el país estaba sumido en una de sus más profundas crisis –corría el año 2000– Miranda lo sumó a su gabinete como ministro de Economía. Hizo cambios aquí y allá, acomodó las cuentas provinciales y sabiendo de la importancia de los medios de comunicación, pues había integrado el Directorio de Canal 10 (televisora de aire de la Universidad Nacional de Tucumán que administran tres directores, dos de la UNT y uno por la Provincia), puso en marcha su exposición pública, alimentada por la pauta oficial.

Esto le reportó que al año siguiente, previa afiliación al Partido Justicialista (PJ), encabezara la lista de candidatos al Senado de la Nación y fue electo en 2001. No se fue del todo, en dos años recorrió de punta a punta la provincia y con el respaldo del petrolero, que le bloqueó una alianza con el riojano Carlos Saúl Menem, lo ungió como candidato a gobernador. Con 48 años, Alperovich se sentó en el Sillón de Lucas Córdoba y poco tiempo después repatrió al médico sanitarista Juan Manzur, que por entonces reportaba en el municipio de La Matanza, en Buenos Aires, y lo puso al frente del ministerio de Salud tucumano. Tucumán venía de ser gobernada, desde 1983, por mandatarios que fueron superados por la gestión, grises, como Fernando Riera (PJ), José Domato (PJ), Julio César Aráoz (PJ - Interventor), Ramón Ortega (PJ), Antonio Bussi (Fuerza Republicana) y Miranda, por lo que el estilo de dinamismo empresarial que le impuso Alperovich a su gestión, en el que concentró la suma del poder, le retribuyó en las urnas.

En poco tiempo, Alperovich mostró que iba por más. En 2006 reformó la Constitución Provincial y la hizo un traje a medida. Sobre 40 convencionales constituyentes, 35 le eran propios y su presidente fue Manzur, su debut como conductor. Entre los cambios, logró que su primer mandato no fuera reconocido como tal, desde la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna. Es decir, que rigiera recién desde la elección provincial siguiente. El kirchnerismo lo aupó y se convirtió en uno de sus mejores alumnos. En 2007 fue electo con el 76% de los votos, un todopoderoso, que tenía habilitada una reelección más, pues recién desde ese año se contaban sus mandatos. Y así fue. Cuatro años más tarde, los tucumanos volvieron a elegirlo para presidir la Casa de Gobierno. 

En su último mandato, no formó parte del círculo de confianza de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, jamás se conocieron las razones, pero sí lo fue la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, su esposa. Tanto, que hasta fue Presidenta Provisional del Senado, pese a que no se destacó por sus habilidades en el mundo de la política.

Una de las casas de los Alperovich, en el límite entre San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, fue durante muchos años el lugar por donde pasaron hombres y mujeres de la política, del Poder Judicial y de otros ámbitos, en donde se tomaron decisiones importantes para Tucumán. La concentración del poder fue a cielo abierto y, a veces, se transmitió en vivo por televisión. Los triunfos electorales se festejaban allí.

Pero todo termina. En 2015 su vice, Manzur, lo sucedió y Alperovich ocupó una banca en el Senado de la Nación. El médico había aprendido rápido y cortó el cordón umbilical, se emancipó del alperovichismo. El empresario intentó romper con la tradición de que la Cámara Alta se convirtiera en el exilio dorado de un exgobernador, rompió con la estructura tradicional del PJ y 2019 desafió a Manzur con su propia candidatura a la gobernación. Perdió por paliza, su imperio económico no le sirvió y quedó en cuarto lugar, cómodo. Fue el principio del fin, pues poco tiempo después su sobrina y asistente lo denunció por abuso sexual. Y todo cambió para siempre. 

Un hombre de la política tucumana consultado por este medio, que fue de confianza de Alperovich mientras ocupó la Casa de Gobierno, contó que hace unos meses vio su camioneta estacionada en una calle céntrica de la capital tucumana. “José estaba adentro, con la ventanilla bajada, todo el mundo lo veía porque fue a dos cuadras de la Plaza Independencia, pero nadie se acercó a saludarlo. El poder es cruel cuando ya no está de tu lado, mucho más para él, que mandó en la provincia como quiso, casi como un déspota”, reflexionó.

Un hito

Para la abogada Soledad Deza la decisión del juez Juan María Ramos Padilla es un hito. “No hay duda, es un gobernador de una provincia el que estuvo en el banquillo, el que tuvo que dar explicaciones, frente a una denunciante que estuvo en una situación de desigualdad extrema y frente a un denunciado que encarnaba poder político y económico”.

Sobre la estrategia de la defensa de Alperovich de culpar a una operación política en su contra el origen de la denuncia, Deza no dudó en calificarla del “ABC de alguien que busca desresponsabilizarse”. “Detrás de su accionar está el estudio Cúneo Libarona, cada movimiento no es casual, forma parte de una maniobra para que la discusión, al menos, la pública, se lleve a otro escenario, no el del abuso. Tratar de poner en duda el relato de la víctima muestra su incapacidad para hacerse cargo de sus propios actos. Fue un intento de convertirse a sí mismo como una víctima”, señaló.

La letrada destacó la tarea de los jueces, de los fiscales y del equipo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. “También hubo una articulación muy importante del movimiento feminista en el acompañamiento a la víctima y eso fue fundamental. Esto demuestra, una vez más, que las luchas sirven”, expresó.

Para cerrar, hizo hincapié en que también es un mensaje que debe ser tenido en cuenta por el Gobierno nacional, que puso en marcha una política de desarticulación de las políticas de género. “Haga lo que haga y pese a que el Gobierno naturaliza las violencias de género y desmantele todas las políticas, la Nación está obligada a cumplir con pactos internacionales. 

Desde el llano

Para el politólogo tucumano Luis Karamaneff, el movimiento Ni Una Menos fue clave para que se rompiera el blindaje en casos como este. “Las denuncias en contra de Alperovich fueron cuando ya estaba en retirada del poder político pero ese cambio cultural que empujaron las mujeres fue muy importante para que la denunciante se animara”, sostuvo. 

Consultado sobre si cree que el veredicto puede ser tomado como un mensaje para la política, no dudó en señalar que lo es. “Claro que sí, en especial, para los dirigentes peronistas que creen que construyen espacios sólidos a su alrededor. Las estructuras perviven pero las conducciones son efímeras y los ejemplos de Alperovich y Manzur son una muestra. El actual gobernador Osvaldo Jaldo debería tomar nota. Porque cuando no se tiene ese poder, cualquiera puede ser obligado por la Justicia a tener que dar explicaciones”, cerró.

DC/MG

En la previa del tratamiento en el Senado de la Nación de la Ley Bases del oficialismo, que ya tuvo media sanción en Diputados, Salta fue el escenario de un encuentro de senadoras nacionales peronistas que podría dar pistas sobre cómo votara cada miembro de la Cámara Alta. Sobre todo, por la presencia de la tucumana Sandra Mendoza. El poroteo es seguido de cerca, tanto desde la Casa Rosada como desde la oposición, debido a que cada voluntad será clave para la definición de un proyecto que ya fracasó en enero y frente a un Congreso que hasta el momento le fue esquivo al presidente Javier Milei.

La actividad fue organizada por la Comisión de la Mujer del Partido Justicialista salteño y se realizó el pasado viernes en uno de salones de Parque Norte, en Cerrillos, en la zona oeste de la capital norteña. Bajo la convocatoria Encuentro Multipartidario “La Realidad de la Política Argentina”, participaron las senadoras nacionales Carolina Moisés, de Jujuy; Florencia López, de La Rioja; Lucía Corpacci, de Catamarca; Sandra Mendoza, de Tucumán y la salteña Nora Giménez. También estuvieron las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz, de Buenos Aires; María Graciela Parola, de Formosa, y Soledad Troyano, de la comisión organizadora, quien les dio la bienvenida y agradeció la presencia de las parlamentarias. 

Todas tomaron la palabra y los tres ejes sobre los que hablaron fueron la oposición al proyecto de Ley Bases, el todavía vigente mega DNU 70/23 –que fue rechazado por el Senado de la Nación– y la pérdida de derechos, sobre todo, de las mujeres desde que asumió el presidente Milei. “Desde el peronismo no estamos dispuestos a entregarle al presidente Milei una ley que le permita seguir destruyendo la vida de los jubilados, los trabajadores públicos y privados y de las Pymes”, sostuvo la senadora Giménez a elDiarioAR. “Se trata de una ley mala para los argentinos que consagra el empobrecimiento de los más pobres, el enriquecimiento de los más ricos, la destrucción del empleo, el saqueo de nuestros recursos naturales y por eso le vamos a decir no a la Ley Bases”, dijo. Y agregó: “Estos encuentros son importantes porque desde el interior, desde las regiones, nos estamos organizando para que los debates como este no se centren en la Capital Federal y construyamos así un país más federal”.  

Llamó la atención la presencia de la senadora tucumana Mendoza, quien hasta el momento jugó en la Cámara Alta de igual modo que su compañero de bancada, el exgobernador tucumano Juan Manzur. Se descarta que el exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación vote en contra del proyecto de Balcarce 50, en virtud de su intención de ser uno de los rearmadores del Partido Justicialista en diáspora, por lo que debe mantenerse adentro del bloque de Unión por la Patria (UxP). En el caso de Mendoza, en estos últimos días el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo informó que mantiene diálogo con ella. Su esposo es el legislador José Orellana y su cuñado, Enrique Orellana, es intendente de Famaillá, y ambos se han movido desde sus funciones en consonancia con la Casa de Gobierno tucumana.

Se sabe que el gobernador Jaldo armó su propio espacio en la Cámara de Diputados, el Bloque Independencia, que está integrado por los diputados tucumanos Agustín Fernández, Gladys del Valle Medina (esposa del ministro del Interior de la provincia, Darío Monteros) y Elia Fernández de Mansilla (esposa del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla), que rompieron en enero con UxP. Desde entonces, en consonancia con el acercamiento del jefe provincial con la Casa Rosada, votaron siempre en nado sincronizado con el Poder Ejecutivo Nacional. La asistencia de Mendoza a la cumbre en Salta sería un mensaje para quienes dudan de cómo votará. De todos modos, hace unos días se mostró en su cuenta de Instagram junto a Manzur y a José Mayans, presidente del bloque. 

En las últimas horas y en una improvisada conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el gobernador Jaldo admitió, en la previa del tratamiento de la Ley Bases, que no tiene contacto con Manzur pero sí con Mendoza. “Estoy teniendo un diálogo con ella, la senadora está respetando la posición del bloque de Unión por la Patria”. Para que no quedaran dudas, desde Salta, la senadora tucumana se mostró en contra de la Ley Bases y se refirió al mega DNU70/23. “Hoy está la pelota en manos de los compañeros diputados nacionales; mientras esta Cámara no lo trate, el Presidente se vale de él para hacer lo que quiere”, definió. Así, de sus tres senadores, Tucumán solo le garantizaría un voto en el Senado al proyecto oficialista, se trata de la senadora Beatriz Ávila, esposa del exintendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. Luego del enfrentamiento con Jaldo en las urnas, ambos tendieron puentes, se mostraron juntos en la Casa de Gobierno y los legisladores provinciales alfaristas juegan en la Legislatura tucumana junto con el bloque del peronismo.

“Que nadie mire para otro lado”

En el caso de la catamarqueña Corpacci, se refirió a los puntos principales de la Ley Bases y sostuvo: “Tratan de instalar que si no se aprueba la ley, no le dan herramientas al Estado, pero el Ejecutivo tiene el DNU 70/23 vigente”, definió. Hizo hincapié en la sangría de trabajadores estatales, de distintos organismos nacionales, en la pérdida de derechos laborales, de aprobarse la ley, y advirtió: “Que nadie mire para otro lado, porque le va a tocar”. Otro aspecto que abordó la senador por Catamarca fue la modificación que se pretende en la Ley de Hidrocarburos (17.319). “Siempre existieron regímenes de promoción pero se obligaba a las empresas a garantizar la provisión en el país. En cambio, la Ley Bases las libera de esta obligación. Si no se ve que eso es vender la patria, estamos en un problema”, expresó.

La senadora riojana López sintetizó su posición en contra del proyecto oficial al sostener: “La Ley Bases es profundamente antifederal, perjudica a las provincias y más a las del norte argentino”. “Es profundamente injusta para las provincias, ya nos sacaron la educación, la salud, la obra pública, ahora vienen por el litio y el gas”, cerró. Su par jujeña Carolina Moisés adhirió y señaló: “No podemos darle al presidente Milei las herramientas para destruir, es cierto que tiene una legitimidad de origen, pero esa legitimidad no es de procedimiento para hacer cualquier cosa”. 

DC/MG

La crisis en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, por la retención de mercadería adquirida en la gestión anterior para ser entregada a comedores, confirmó la existencia de dos depósitos en donde están acopiados algo más de cinco toneladas de alimentos. Uno de ellos está en Villa Martelli, Buenos Aires, y el segundo, en Tafí Viejo, Tucumán. No es Tafí del Valle, como consignó de manera errónea en una de sus habituales conferencias de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni, lo que generó confusiones.

¿Desde cuándo Capital Humano, exDesarrollo Social de la Nación, cuenta con este enorme depósito en Tafí Viejo y por qué está ubicado aquí? Para encontrar la respuesta hay que ir hacia atrás, al 2001, cuando estalló una de las crisis sociales más profundas de la historia reciente argentina. Tras el áspero y doloroso diciembre de ese año, con represión, 39 muertos, cerca de 500 heridos en todo el país y cinco presidentes, los índices de pobreza permanecieron en niveles extremos. 

En 2002 también estalló en las pantallas de televisión –aún no eran tiempos de redes sociales, pues Facebook nacería en 2004– la imagen de una niña tucumana, en la puerta de una escuela, que decía “me duele la panza de hambre”, entre lágrimas. Se trataba de Barbarita Flores, que entonces tenía 8 años y conmovió al país en un informe del programa “Detrás de las noticias”, que era conducido por el periodista Jorge Lanata.  Otro informe se transmitió desde las puertas del Hospital del Niños, en San Miguel de Tucumán, donde había niños internados por desnutrición y enfermedades que tienen origen en la falta de una alimentación adecuada.

Por entonces, en la presidencia de la Nación estaba Eduardo Duhalde y su esposa Hilda “Chiche” González había sido designada presidenta honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, algo así como una rueda de auxilio de respuesta inmediata que actuaba en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Al estar presidido el Consejo por la esposa del Presidente, tenía la posibilidad de actuar con premura en cada provincia que lo requiriera. Contaba con recursos. Frente al caso Barbarita, “Chiche” desembarcó en Tucumán, que gobernaba el peronista Julio Miranda, con lo que se conoció como Operativo Rescate.

Para mostrarse con independencia del gobierno provincial tucumano, el equipo nacional se instaló en la sede provincial del Ministerio de Salud de la Nación y el contacto con los medios estuvo a cargo de Fernando Gray, el actual intendente del municipio de Esteban Echeverría, que oficiaba de jefe de prensa de “Chiche”. Acompañada de un gran equipo de operadores sociales y medios de prensa nacionales, ella recorrió los barrios y las ciudades tucumanas en donde se registraban los más altos índices de pobreza, el hambre.

La duda era a dónde resguardar las toneladas de mercadería que se iban a enviar a la provincia y que reuniera algunos requisitos, como independencia del gobierno provincial y el municipal, a resguardo de intentos de saqueos y con entrada fácil para camiones de gran porte. Fue entonces que se sugirió la sede de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo. 

La planta, de 22 hectáreas, fue la más grande de Sudamérica en su tipo y tuvo 5.500 empleados en su mejor momento. Allí se construían desde locomotoras, hasta vagones de carga y para pasajeros. Era otro país, el industrial. Fue cerrado por la última dictadura cívico militar, se reabrió con una dotación de 200 obreros durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín y fue cerrado, una vez más, por Antonio Domingo Bussi –fallecido y condenado por crímenes de lesa humanidad– cuando fue gobernador provincial. En el lugar solo quedó una guardia de la Policía Federal. En los 90, un intendente taficeño gestionó y consiguió ante la Nación que en donde alguna vez estuvo la administración de los Talleres se autorizara el funcionamiento del municipio. Así, se ocupó una pequeña fracción de esa mole inmensa que alguna vez fue fábrica.

El equipo del Operativo Rescate entendió que el predio reunía las condiciones por otra razón más. El ala elegida para resguardar las toneladas de mercadería tenía una entrada independiente a las oficinas municipales. Es decir, un aislamiento absoluto, lejos de cualquier injerencia de la política local. Mientras el acceso al municipio es por calle Sáenz Peña, el ingreso a las dependencias que ahora están bajo la órbita de Capital Humano se encuentra por la esquina de Independencia y Osvaldo Costello, exactamente en el otro extremo de los Talleres Ferroviarios.

Pasó el Operativo Rescate y en 2003 el presidente Néstor Kirchner reabrió los Talleres, cumpliendo así con una promesa de campaña. La reapertura no fue, de todos modos, lo que algunos esperaban. Se incorporó una dotación de 250 trabajadores, que fue descendiendo hasta los actuales 100, por jubilaciones y retiros voluntarios, y allí se efectúan tareas de mantenimiento de vagones del Belgrano Cargas. Pese a que en reiteradas ocasiones las autoridades ferroviarias (2010, 2015 y 2016) solicitaron que el depósito de mercadería dejara de funcionar allí, jamás lo consiguieron. La tibia reactivación de la planta tampoco lo justificó, pues aún quedan numerosos galpones en desuso, casi en total abandono por la ausencia de políticas proactivas para la actividad ferroviaria.

elDiarioAR confirmó la existencia de mercadería en los galpones de Tafí Viejo. “Desde diciembre no sale nada”, señaló una fuente que advirtió que durante mucho tiempo hubo hasta más mercadería que la actual pero había movilidad. “Los camiones llegaban, descargaban y se distribuía con rapidez”, completó. 

El exintendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, actual legislador provincial, se expresó en X sobre esta situación, al sostener: “El confinamiento cruel y obstinado de alimentos, desafiando la demanda urgente y hasta la propia Justicia, no tiene antecedentes en la historia argentina. Exigimos a la ministra Pettovello la inmediata distribución y entrega de los alimentos que se encuentran en los galpones de nuestra ciudad. El hambre no espera”. Y en las últimas horas, el ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Federico Masso, indicó que desde la Nación le informaron sobre la existencia de 2 millones de kilos de alimentos en los Talleres. “Espero que cuando se abran esos depósitos, Dios no quiera que esos alimentos estén en malas condiciones”, apuntó.

DC/DTC