El Tribunal Oral Federal de Buenos Aires inició este viernes el juicio por la apropiación y retención ilegal de la hija del trabajador entrerriano Leonardo Fornerón, un caso que en 2012 motivó la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado argentino por violar el derecho a la vida familiar, a la identidad y a la protección judicial efectiva. En el banquillo están exfuncionarios judiciales y profesionales acusados de haber avalado la entrega irregular de la niña a un matrimonio porteño, quienes también están acusados al igual que la madre biológica.

Tras veinticinco años de dilaciones, sobreseimientos y reclamos internacionales, comenzó en Buenos Aires el juicio oral y público por la apropiación y retención ilegal de la hija de Fornerón, trabajador de la ciudad entrerriana de Rosario del Tala, un caso con repercusión internacional a partir de la condena de la CIDH al Estado argentino.

La causa investiga la entrega irregular de M, la niña, nacida el 16 de junio de 2000, quien fue entregada por su madre biológica, D. E. E, a un matrimonio de la ciudad de Buenos Aires, B. Z, con la intervención de funcionarios y profesionales judiciales que ahora enfrentan cargos penales.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal con los abogados Margarita Nicoliche y Diego Dousdebes como querellantes en representación de Fornerón. Tanto desde el Ministerio Público Fiscal como desde la querella sostienen que el caso representa “una trama de complicidades institucionales” que permitió la apropiación de una niña y la exclusión deliberada de su padre biológico.

El caso y la sustracción

Fornerón y D. E. E. mantuvieron una breve relación en la localidad entrerriana de Rosario del Tala, donde residían. Tras separarse, Fornerón se enteró por terceros de que la mujer estaba embarazada, aunque ella negó que él fuera el padre. En junio de 2000, cuando cursaba el octavo mes de embarazo, D. E. E. fue trasladada por Paul Reynoso, en un vehículo prestado por Ariel Barreto, a la ciudad de Victoria, donde dio a luz a una niña en un sanatorio privado. Reynoso había colaborado con la mujer durante el embarazo, proveyéndole alimentos e insumos, y luego financiando su estadía en un departamento en Paraná.

El 17 de junio de 2000, un día después del parto, la mujer entregó a la beba al matrimonio porteño B. Z., con la intervención del Defensor de Pobres y Menores suplente de Victoria, Julio Guaita, quien redactó un acta de guarda provisoria en abierta violación a la legislación vigente.

En las presentaciones iniciales del juicio, el Ministerio Público Fiscal remarcó que pese a reconocer su paternidad, Fornerón fue excluido del proceso judicial y no pudo ejercer sus derechos sobre su hija a pesar de reclamar insistentemente desde el momento en que se entera del embarazo y posterior nacimiento de su hija. 

Frente a la falta de respuestas en la justicia argentina, llevó su denuncia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en 2012 concluyó que el Estado argentino violó los derechos de Fornerón y de su hija, y ordenó medidas para restablecer el vínculo y garantizar justicia.

La investigación posterior, a cargo del fiscal Carlos Mahiques, derivó en la imputación de los padres adoptivos, la madre biológica y los funcionarios judiciales involucrados, entre ellos Raúl del Valle, Salvador Espona, Marcelo Balbi y Daniela Cairuz, por los delitos de sustracción y retención ilegal de una menor de 10 años.

Irregularidades y dilaciones

En el proceso se investiga el rol que desempeñó el por entonces juez civil de Victoria, Raúl del Valle, quien firmó un acta de guarda provisoria irregular, entregando a la menor a la pareja porteña. Del Valle basó su decisión en argumentos sin perspectiva de derechos: Señaló que no había un noviazgo formal entre Fornerón y Enriquez, que la hija de ambos no había sido fruto del amor, ni del deseo de constituir una familia, se basó en la inexistencia de una familia formal, y en la firme voluntad de la madre biológica de darla en adopción, entre otras premisas, por lo que finalmente entregó en guarda a la menor.

El caso que tiene como imputados a la madre biológica y al matrimonio adoptante, apunta también por la responsabilidad que tuvo el abogado Salvador Espona; dos hombres que hicieron de intermediarios entre las partes, Paul Reynoso y Ariel Barreto, que proveyeron recursos a la madre biológica; al defensor oficial Marcelo Balbi; y a la psicóloga Daniela Cairuz, quienes, según el Ministerio Público Fiscal, legitimaron un proceso sin sustento legal que vulneró el derecho de Fornerón a ejercer la paternidad.

El defensor de Pobres y Menores suplente de Victoria, Julio Guaita, fue otro de los señalados, por ser quien redactó el acta de entrega en guarda provisoria de la niña, aunque su imputación pereció ante su fallecimiento.

Fornerón apenas pudo tener contacto con su hija en dos ocasiones —2005 y 2012—, y la última sólo se concretó por mandato de un tribunal internacional. Durante los primeros tres años, la niña permaneció bajo una guarda irregular y luego fue adoptada, en un proceso que la Corte Interamericana consideró arbitrario y violatorio de derechos humanos. En su fallo, el tribunal internacional concluyó que el Estado argentino había “naturalizado la dilación judicial como estrategia”, consolidando la separación entre padre e hija.

Los argumentos de la defensa y la disputa por los plazos

En la primera audiencia, las defensas de los imputados centraron su estrategia en cuestionar la extensión de los plazos procesales y la vigencia de las acusaciones. Sostuvieron que los funcionarios actuaron conforme a las normas de la época y que la entrega de la niña se realizó con el consentimiento de la madre biológica.

El abogado Francisco D’Albora, representante del matrimonio adoptante, planteó que sus defendidos llevan más de dos décadas sometidos a un proceso judicial interminable y que no puede sostenerse una acusación penal de manera indefinida cuando la Justicia tuvo reiteradas oportunidades de resolverla.

Por su parte, la defensa de la psicóloga Daniela Cairuz afirmó que su intervención se limitó a un informe técnico sobre el vínculo afectivo entre la niña y el matrimonio adoptante, sin influencia en las decisiones judiciales. Desde la querella, sin embargo, cuestionaron la imparcialidad del informe de solo tres carillas y subrayaron que la profesional nunca tomó contacto con Fornerón para completar la evaluación.

En tanto, los abogados de los exfuncionarios judiciales argumentaron que los hechos carecen de relevancia penal y que cualquier irregularidad fue posteriormente “subsanada” por resoluciones judiciales.

El planteo de la fiscalía y la querella: las deudas de la justicia

Tanto el Ministerio Público Fiscal como los abogados querellantes rechazaron los planteos de prescripción y cosa juzgada presentados por las defensas. El abogado Diego Dousdebes, representante de Fornerón, sostuvo que el paso del tiempo no puede favorecer a quienes fueron responsables de las demoras judiciales y advirtió que durante años solo se contó una versión parcial de los hechos, mientras se ocultaba la historia de un padre despojado de su derecho a criar a su hija sin una tutela judicial efectiva.

Dousdebes recordó que Fornerón atravesó tres años de una guarda adversa y una adopción que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impidió que se concretara plenamente, debido a las violaciones de las normas constitucionales. Subrayó que, a veinticinco años de los hechos, el debate no pasa por tecnicismos procesales, sino por garantizar que el Estado argentino cumpla con su obligación de investigar y sancionar, tal como lo ordenó el tribunal internacional.

Un juicio con implicancias estructurales

El proceso por la apropiación de la hija de Leonardo Fornerón busca establecer responsabilidades individuales, pero fundamentalmente el caso de debate, expone una estructura judicial que durante años naturalizó las adopciones irregulares, desoyó los reclamos de un padre y vulneró el derecho de una niña a su identidad.

En esa línea, el Ministerio Público Fiscal advirtió que el caso revela cómo la justicia puede funcionar como un dispositivo de exclusión cuando reproduce prejuicios y desigualdades estructurales.

El juicio continuará en las próximas semanas con las declaraciones de testigos y peritos, y se prevé que la sentencia se conozca antes de fin de año.

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Gustavo Norberto Brondino, de 55 años, es el único detenido en el contexto de la investigación por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado este martes en el fondo de un aljibe en Gobernador Mansilla, un pequeño pueblo rural de poco más de mil habitantes Entre Ríos.

La brutalidad del hecho vuelve a dejar al descubierto la falta de políticas públicas efectivas para prevenir la violencia contra mujeres. Daiana había sido vista por última vez el viernes 3 de octubre. Su desaparición movilizó durante días a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad, hasta que este martes 7 se confirmó el peor desenlace. El hallazgo no solo sacudió a una comunidad entera, sino que volvió a exponer la fragilidad institucional frente a los femicidios.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, confirmó que “el cuerpo fue encontrado con un disparo en la cabeza” y que “hay otros elementos que lo relacionan con el hecho”, en referencia a Brondino. Por su parte la fiscal Emilce Reynoso informó que se obtuvo evidencia en la camioneta Toyota Hilux del sospechoso, donde se hallaron cabellos y otros rastros biológicos que serán analizados y motivará que en las próximas horas pueda quedar imputado por el femicidio de Daiana. Brondino ya había sido detenido el domingo pasado, durante un allanamiento realizado cuando todavía no se conocía el paradero de Daiana. En ese procedimiento, llevado a cabo en su domicilio rural, el hombre de 55 años se resistió con un arma de fuego, por lo que fue arrestado por resistencia a la autoridad.

La búsqueda de Daiana comenzó apenas su familia denunció su desaparición. Participaron más de 130 personas, entre ellas personal policial, perros rastreadores y drones. Su auto fue hallado abandonado, con las llaves puestas y sin signos visibles de violencia. El rastrillaje continuó hasta que una pista condujo a una propiedad rural cercana, donde un aljibe de unos diez metros de profundidad reveló la escena final. La causa es investigada por los fiscales Reynoso y Sergio Saliski, con la intervención de la jueza de Garantías Silvina Cabrera.

Según las primeras líneas de investigación, Brondino —vecino de Daiana— habría mantenido contacto telefónico con ella poco antes de su desaparición.

Una historia que se repite

La conmoción que hoy sacude a Gobernador Mansilla remite inevitablemente a otros casos en la provincia de Entre Ríos, como el de Fátima Acevedo, asesinada en Paraná en 2020 después de haber denunciado reiteradas veces a su agresor sin recibir protección efectiva. Fátima también fue hallada en un aljibe. Su femicida, Jorge Nicolás Martínez, fue condenado.

Ambos casos se parecen y muestran a un Estado que corre detrás del problema. En los dos últimos años las políticas oficiales de prevención y asistencia se desarticularon, así como se vaciaron los pocos recursos que había. Los programas provinciales que alguna vez acompañaron denuncias y fortalecieron redes territoriales se encuentran debilitados o sin funcionamiento real, especialmente para llegar a zonas rurales o periféricas.

“El femicidio de Daiana, y la ausencia de las políticas con perspectiva de género, sin presupuestos, pone de manifiesto la urgente necesidad de volver a jerarquizar el área que debería implementar acciones de prevención” señaló Lucy Grimalt desde la Asamblea de Mujeres Lesbianas Travestis y Trans de Paraná.

“Hace tres semanas atrás, un infame video de la empresa Shell 'descartaba' una mujer por 'molesta' en una bolsa de basura. Dijimos que esa apología del delito legitimaba prácticas violentas hacia las mujeres y disidencias”, agregó, pero luego completar: “Hoy Daiana se suma a la dolorosa lista de jóvenes víctimas de femicidio”.

Según Grimalt, mientras “Frigerio dio orden de 'aislar' al presidente de la Nación con todas las fuerzas de seguridad el pasado sábado para que no le lleguen las demandas del pueblo de Paraná, en la localidad de Mansilla desaparecía Daiana”. “Dolor y desolación, pero al mismo tiempo la certeza que desde el feminismo continuaremos exigiendo al gobierno de Frigerio políticas activas de promoción de los derechos humanos en todo el territorio entrerriano”, concluyó.

La ausencia estructural

En lo que va del año, 178 mujeres fueron víctimas de femicidio en Argentina y otras 287 sobrevivieron a intentos de asesinato, según datos actualizados a septiembre de 2025. En promedio, una mujer es asesinada cada 36 horas.

Detrás de cada cifra hay un entramado institucional frágil: programas que dependen de la voluntad política local, presupuestos insuficientes, equipos técnicos saturados y dispositivos de protección que no llegan a las zonas rurales. La Ley Micaela, que obliga a capacitar en género a los tres poderes del Estado, no se aplica de manera uniforme, y los botones antipánico o refugios son excepciones más que derechos garantizados.

“La violencia machista no se combate solo con protocolos o leyes, sino con un Estado presente en los territorios, con recursos, articulación y formación”, sostienen especialistas consultadas. Nombrar a Daiana es necesario. Pero no alcanza con repetir su nombre ni con contar su historia en soledad. Su muerte no es un caso aislado, es el reflejo de una estructura institucional que sigue fallando.

MC

La trayectoria de Federico Uriburu, ex fiscal de Nogoyá y Rosario del Tala, es un espejo incómodo para el Poder Judicial entrerriano. Su nombre vuelve a ocupar titulares por las peores razones: fue denunciado por abuso sexual y por privación ilegítima de la libertad de menores de 16 años a quienes trasladaba como chofer de aplicación. Pero el caso, más que un episodio aislado, revela un patrón de violencia y manipulación sostenido durante años y tolerado por una justicia que hasta ahora, demoró en actuar.

Un mecanismo de acoso y manipulación

El episodio que reactivó las alarmas ocurrió la madrugada del 30 de agosto de 2025. Uriburu, que había salido a trabajar después de haber festejado su cumpleaños 45, contactó a las menores mediante la apliación y así trasladó a las menores. Pero no respetó el recorrido que ellas le habían indicado y en su lugar inició un itinerario marcado por la manipulación y el hostigamiento: ofreció alcohol, insistió en que bebieran y llegó incluso a obligar a una de ellas a que condujera el vehículo, lo que derivó en un choque en pleno centro de Paraná.

Detrás de la fachada de simpatía y confianza, las adolescentes reconocieron un patrón clásico de grooming: mensajes previos cargados de cercanía artificial, insistencia en encuentros fuera de la aplicación, intentos de control psicológico y, finalmente, la manipulación directa en una situación de vulnerabilidad. “No les digas nada a tus padres”, les advirtió tras el accidente, en una frase que condensa la lógica de sometimiento y amenaza velada.

Antecedentes de un funcionario violento

La denuncia actual no sorprende a quienes siguieron su carrera. Uriburu ingresó al Poder Judicial en 2002, alcanzó notoriedad en 2014 al ordenar el allanamiento de un convento de Carmelitas Descalzas luego de que una investigación periodística revelara tormentos por parte de las monjas. Pronto comenzó a acumular denuncias que mostraban la otra cara de su ejercicio del poder.

En 2020 fue acusado de hostigar y acosar a una mujer en un bar de Nogoyá, hecho que derivó en un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Entre Ríos. Ese mismo año dejó libre a un imputado por abuso infantil al no solicitar la prórroga de su prisión domiciliaria. En Rosario del Tala, en 2023, una trabajadora judicial denunció que Uriburu ejercía violencia psicológica y sexual, amparándose en sus vínculos con altas figuras del Poder Judicial. El manto de protección le permitió ser derivado de un juzgado a otro, aun cuando en cada uno de ellos tuvo agresiones y denuncias por abuso y hostigamiento, lo que derivó en que el propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) le indicara al Ministerio Público Fiscal tomar una decisión al respecto, en el marco del sumario en su contra por “conducta incompatible con el cargo”. Uriburu renunció y de ese modo evitó una sanción formal, aunque siguió cobrando parte de su salario como empleado administrativo. 

¿Un caso individual o un síntoma institucional?

La pregunta que deja el derrotero de Uriburu excede su figura: ¿cómo es posible que un funcionario denunciado reiteradamente por acoso, violencia de género y abuso sexual continuara en funciones o dentro del Poder Judicial durante más de dos décadas? ¿Por qué se habilitó que tras la renuncia siguiera percibiendo su salario como empleado administrativo? ¿Por qué no se tomaron otras medidas o sanciones que pudieran prevenir otros casos como el que ahora se denuncia?

Las posibles respuestas deben pensarse en el marco de una realidad que, como plantea Rita Segato, históricamente los crímenes contra las mujeres parecen ser “crímenes menores”, algo que profundizo en el libro de igual nombre y donde analizo el rol de la justicia ante el femicidio de Micaela García: violencias reducidas al ámbito privado, doméstico o consideradas de menor gravedad frente a otros delitos. Esa mirada hace que las víctimas no sean consideradas, se las invisibiliza, se las deja sin protección, lo que garantiza la impunidad de los agresores

Las adolescentes lograron escapar del auto aquella madrugada tras el siniestro pero el episodio pudo haber tenido consecuencias irreversibles. El choque interrumpió el plan del ex fiscal, que desplegaba el mismo patrón de hostigamiento con que había marcado su paso por los tribunales.

La justicia entrerriana tiene ahora la responsabilidad de procesar con celeridad estas denuncias, pero también de revisar hacia adentro los mecanismos que durante años permitieron que un funcionario con poder de acusación se convirtiera en un lobo suelto, primero en los pasillos de tribunales y ahora en las calles.

El femicidio de Julieta Riera volvió al centro del debate en Entre Ríos tras la decisión judicial de revocar, por 60 días, la prisión domiciliaria de su asesino, Julián Christe, condenado a perpetua en 2021 por arrojarla desde un octavo piso en Paraná.

Christe cumplía la condena en la casa de su madre, Ana Stagnaro, ex jueza con fuertes vínculos en el Poder Judicial, en un beneficio cuestionado desde el inicio por organizaciones feministas, que lo señalan como un caso emblemático de “protección judicial a hijos del poder”.

La medida cayó luego de que el representante del Ministerio Público Fiscal, Santiago Alfieri, presentó fotografías y testimonios que ubican a Christe fuera del domicilio, pese a portar una tobillera electrónica destinada a impedir y alertar salidas no autorizadas. Según la investigación, el femicida se ausentó en varias ocasiones sin que el sistema emitiera alertas, un hecho que refuerza las críticas por la laxitud en el control de este tipo de condenados.

La audiencia y el fallo

“Vemos una falta de apego a las normas y a las resoluciones judiciales. El arresto domiciliario es una medida excepcionalísima”, sostuvo el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, al anunciar la revocatoria del arresto domiciliario de Julián Christe y ordenar su prisión efectiva en la Unidad Penal Nº 1 por un plazo de 60 días.

En la audiencia, el fiscal Santiago Alfieri y la querella presentaron pruebas y testimonios que confirmaron el incumplimiento reiterado de la prisión domiciliaria por parte de Julián Christe. Recordó que el beneficio, con tobillera electrónica, se había otorgado bajo el principio de progresividad de las penas, que prevé alternativas menos gravosas antes del alojamiento en una unidad penal.

Sin embargo, sostuvo que la conducta del condenado evidenció la ineficacia del sistema: “Con su conducta quedó demostrado que el arresto domiciliario es ineficiente. Si abre la puerta y se va, puede subirse a un auto y retirarse sin que nadie lo impida. La tobillera no evitó ni alertó estas salidas”, afirmó en diálogo con elDiarioAR tras la detención.

Alfieri fue enfático: “En este caso, por los riesgos verificados, la prisión preventiva se ve absolutamente justificada. Al estar agotada la progresividad de las medidas, no queda otra que revocar la medida vigente y disponer la prisión preventiva. Es intención de este Ministerio Público Fiscal asegurar la sustanciación completa del proceso y, eventualmente, la respuesta penal por el hecho que ha sido investigado y ya enjuiciado, sin perjuicio de la vigencia de los recursos. Por eso solicitamos que, acreditados los quebrantos y demostrada la ineficiencia de cualquier medida sustitutiva, sea ordenado el inmediato alojamiento del imputado en una unidad penitenciaria adecuada”.

También la madre de la víctima, Ana Brugo, consideró que el comportamiento de Christe es una “provocación” hacia su familia y rechazó que se use al hijo del imputado como argumento para sostener el beneficio, en clara alusión a los argumentos esgrimidos por la defensa. Por su parte, el abogado de la familia Riera, Pedro Fontaneto, en diálogo con este medio, recordó que la prisión domiciliaria en la quinta de calle Blas Parera fue consentida por la querella y la Fiscalía como un cambio excepcional al domicilio inicial, pero subrayó que Christe “desafió permanentemente los límites” de la medida, actitud que —dijo— repite desde el inicio del proceso. Fontaneto destacó que las pruebas gráficas y testimoniales confirmaron que el imputado violó las condiciones establecidas, incluso admitiendo en audiencia que sabía que no podía cruzar el umbral. También valoró que el juez Malvasio “desacreditara las afirmaciones falsas” de la defensora Mariana Barbitta y que resolviera sin ambigüedades que el beneficio debía revocarse, recordando que Christe llegó a la domiciliaria por un fallo dividido de la Sala Penal del STJ que anuló la condena de un jurado popular. Ahora, la querella espera que la Corte Suprema restituya el veredicto del jurado y confirme la condena.

La abogada defensasora y la controversia en el feminismo

La intervención de la defensora Mariana Barbitta también generó controversia en el ámbito feminista. Reconocida por transitar por espacios que se reivindican desde una perspectiva de género, Barbitta ha asumido la defensa de Christe y con su estrategia jurídica logró que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anulara la condena dictada por un jurado popular y ahora se evalúe la posibilidad de un nuevo juicio. En la audiencia por la revocatoria de la domiciliaria –en otro hecho poco frecuente ya que la abogada se conectó desde Lisboa donde se encuentra de vacaciones– sostuvo que su cliente no había incumplido la medida y que la fotografía presentada por la Fiscalía fue interpretada de forma maliciosa, alegando que Christe solo se asomaba para recibir a su hijo o atender pedidos. Para distintas organizaciones de mujeres y activistas, su postura resulta contradictoria con los principios que dice defender, ya que se alinea con la estrategia de un condenado por femicidio, cuestionando las pruebas y relativizando el alcance de una medida cautelar destinada a prevenir riesgos procesales.

Este nuevo episodio no solo implica un giro en la situación del condenado, sino que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el trato diferencial que reciben quienes cuentan con apellido e influencia, en contraste con la respuesta judicial que enfrentan las familias de las víctimas, que siguen exigiendo justicia y cumplimiento efectivo de la condena.

SM/MG

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó la condena a 25 años de prisión del ex sacerdote Juan José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos siete menores entre 1988 y 1992, en el seminario de Paraná, genera una profunda preocupación jurídica, social y ética. Más allá de su fundamento técnico, la sentencia interpela a toda la sociedad: ¿puede haber justicia cuando se desoye el sufrimiento de las víctimas y se ampara al victimario en la frialdad de la norma?

Cuerpos marcados por la violencia

El fallo de la Corte Suprema que sobresee al ex cura condenado por abusos sexuales, aplica estrictamente la norma penal más benigna vigente al momento de los hechos, declarando prescripta la acción penal. Pero en este caso, el sentido común y jurídico indica que no se trata de delitos comunes, sino de violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra menores bajo custodia institucional, en el marco de relaciones asimétricas de poder, manipulación espiritual y silencio impuesto.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la prescripción debería interpretarse restrictivamente cuando existen obstáculos estructurales, como el temor reverencial, el sometimiento eclesial o la culpa inducida, que impidieron que las víctimas pudieran denunciar en su debido momento. Lo que el fallo omite es la pregunta esencial: ¿cómo pedirle a un niño que hable cuando su abusador se presenta como guía espiritual y figura de autoridad absoluta?

El rol de la Iglesia

A lo largo de la causa judicial, el rol de las autoridades de la Iglesia Católica en Entre Ríos quedó marcado por una postura de encubrimiento y silencio institucional. Durante años, la jerarquía eclesiástica evitó actuar con contundencia frente a las denuncias internas contra Ilarraz, optando por su traslado a otras diócesis antes que someterlo a investigación o sanción. Incluso cuando los primeros testimonios comenzaron a circular dentro del ámbito religioso, no se realizaron las denuncias correspondientes ante la justicia civil. Esta conducta no solo protegió al abusador, sino que prolongó el sufrimiento de las víctimas y obstaculizó el acceso a la verdad. Recién en 2018, tras una extensa lucha impulsada por exseminaristas y sectores de la sociedad civil, el ex sacerdote fue condenado, y recién en 2023 el Vaticano lo expulsó del estado clerical. Sin embargo, la falta de autocrítica pública y de mecanismos reales de reparación por parte de la Iglesia entrerriana continúa siendo una deuda pendiente.

La trampa de la neutralidad

El fallo judicial, al aplicar una lógica neutral y formalista, reproduce esquemas que históricamente han silenciado a las víctimas y vuelven a violentarlas. No interroga el contexto en el que ocurrieron los abusos, ni se hace cargo del encubrimiento institucional por parte de la Iglesia, que durante años protegió al sacerdote y negó los hechos.

Como lo señala el psicoterapeuta Enrique Stola, referente en temas de violencia sexual: “Este tipo de decisiones legitiman la narrativa del agresor y consolidan la impunidad. La justicia no puede ser un simple cálculo de plazos, sino que debe mirar la desigualdad estructural y el daño subjetivo que estas violencias provocan”.

Testimonios que no prescriben

En los testimonios recogidos durante el juicio —y en entrevistas posteriores— las víctimas relataron abusos reiterados en sus camas, durante la noche, dentro de una institución que debía cuidarlos. Algunos manifestaron que “no podían dormir porque sabían que Ilarraz podía meterse en sus camas en cualquier momento”. La condena, dictada en 2018, había representado un hito reparador para quienes cargaron con el trauma de esa situación durante décadas.

En perspectiva de derechos humanos este fallo es un retroceso. No sólo para las víctimas, sino para toda la sociedad. Desconoce leyes que intentan adecuar el derecho a los tiempos reales de las víctimas, como la Ley de Respeto a sus Tiempos y las revictimiza al decirles, una vez más, que la justicia no está hecha para ellas.

Una oportunidad perdida para el cambio

El fallo no sólo clausura una causa penal. Clausura también una oportunidad de construir justicia transformadora. No interpela al poder eclesiástico que facilitó los abusos, no promueve ninguna medida preventiva, ni reparatoria, ni siquiera simbólica. Peor aún: envía el mensaje de que, si el delito sexual no se denuncia pronto, el paso del tiempo garantiza la impunidad.

Lejos de ser un caso aislado, esta decisión sienta un precedente peligroso para otros juicios por abusos en contextos institucionales, muchos de los cuales aún esperan una respuesta judicial.

La justicia no es sólo la aplicación de la ley. Es también el reconocimiento del daño, la escucha activa a quienes han sido históricamente silenciados, y el compromiso de no repetir.

En este sentido, la exsenadora Sigrid Kunath, autora de la Ley 27.206 que establece que la prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se suspende hasta que la víctima pueda denunciar, cuestionó con firmeza el fallo que sobreseyó Ilarraz. “Es un retroceso enorme que desconoce el espíritu de una norma que nació para poner en el centro a las víctimas y sus tiempos reales para poder hablar. No podemos exigir celeridad a quienes fueron silenciados por el miedo, la culpa o el abuso de poder”, sostuvo Kunath.

Para la legisladora, la decisión de la Corte no sólo contradice avances normativos en perspectiva de derechos humanos, sino que también “envía un mensaje desalentador a quienes aún no han podido denunciar”.

Para Stola “cuando un tribunal dice ‘esto prescribió’, lo que escucha la víctima es ‘tu dolor no importa’. Pero lo cierto es que el cuerpo no prescribe, el trauma no prescribe, la injusticia tampoco”.

En una sociedad que aún lucha por visibilizar las violencias sexuales y erradicar el abuso de poder, este fallo no es solo un error jurídico. Es una herida colectiva que nos interpela como país y como democracia.

SM/MG

Néstor Yuyo García es el padre de Micaela, la joven de 21 años asesinada y violada en 2017 en Gualeguay, cuyo femicidió provocó masivas manifestaciones en todo el país que empujaron la ley que lleva su nombre. La ley establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y en los tres poderes del Estado. El crimen se produjo durante una de las salidas transitorias del asesino, Sebastián Wagner, quien cumplía una condena a nueve años por dos violaciones. El pasado 23 de enero, luego del polémico discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, el Gobierno anuncio que enviará al Congreso un proyecto para derogar la ley Micaela y las penas por femicidio.

“Nos parece una locura”, le dice Néstor García a elDiarioAR sobre la intencion del oficialismo anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

 “La eliminación de la figura de ‘femicidio’ va a tener que ser tratada por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, porque es un concepto que fue incorporado por Ley”, sigue García.

Con discursos homofóbicos y recortes en áreas claves de género y diversidad, el gobierno de Javier Milei mostró especial interés por atacar a mujeres y el colectivo LGBT. Por caso, en un informe difundido por el propio Federico Sturzenegger, , el pasado 24 de diciembre, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró las “más de 200 áreas del Estado” que se cerraron. El informe contiene 127 áreas dadas de baja, de las cuales casi el 25% corresponde a sectores que se desempeñaban en temáticas de género y diversidad. Algunas de ellas fueron las direcciones de Políticas de Género, de Género y Diversidad, el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género y la Dirección Nacional de Prevención de las Violencias por Razones de Género.

“Intentaron modificar lo que tenía que ver con la Ley Micaela cuando se trató la Ley Bases, pero lo sacaron, y ahora con este discurso del presidente en Davos, pareciera retomarse la idea”, señaló García, y agregó que desde la Fundación que lleva el nombre de su hija, van a trabajar con los legisladores “frente a todo esto que sinceramente nos parece una locura”. 

En este sentido, García señaló que muchos de los legisladores que integran las Cámaras, son los mismos que votaron la Ley Micaela, la incorporación de la figura de femicidio, o el cupo laboral trans, entre otras leyes en defensa de las mujeres y las disidencias. 

Desde la Fundación Micaela han participado en todas las jurisdicciones para garantizar los procesos de implementación de la Ley. “En casi todas las provincias, los cursos son dictados por trabajadores del estado, sin cobrar un adicional o extra” explica para reforzar que el hecho de querer retrotraer o negar la violencia de género es un tema ideológico.

El asesinato de Mica en 2017, fue una vez más el disparador de una manifestación pública que movilizó a todo el país en contra de la cultura patriarcal que sostiene que un hombre pueda decidir sobre la vida de una mujer. En “Crímenes Menores. Género y Poder Judicial, la trama de una disputa”, escribí sobre la trama de la violencia de género a partir del caso del feminicidio de Micaela García y cómo se construye y se replica desde el Estado ese mecanismo que refuerza la violencia. De allí la necesidad de impulsar una ley que capacite a los tres poderes del Estado en materia de género, para evitar que se repitan situaciones en las que se vuelve a victimizar a las víctimas y a sus familias, y no se pone en contexto el trasfondo político y social que habilita esas formas de violencias. 

El término ‘crímenes menores’ acuñado por la antropóloga Rita Segato, explica cómo esos delitos perpetrados hacia las mujeres son considerados como un suceso menor, algo que no tiene importancia. Y esto se pudo comprobar en las primeras instancias del juicio por la muerte de Micaela, donde el proceso judicial llevado a cabo en Entre Ríos careció de perspectiva de género.

La familia García, como tantas otras personas del entorno de las víctimas de la violencia extrema hacia las mujeres, que han tenido que hacer frente a los mecanismos de resistencia sobre todo de la justicia a la hora de juzgar con enfoque de derechos estos crímenes de odio, trabaja por hacer visible un problema estructural que en la última década, en nuestro país arroja un registro de unos 2500 feminicidios.

En los 31 días de este enero de 2025, el Observatorio Lucia Pérez, lleva registrados 29 femicidios, uno cada 25 horas. En el 2024 las víctimas fueron 291, de los cuales en el 36 por ciento de los casos se trató de asesinatos cometidos por la pareja, el 16 por ciento por parte de un familiar y el 13 por ciento por parte de la ex pareja. Esa realidad es la que no se puede negar.

SM/MG

Ramón Angel Zabala fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal. Fueron relevantes los testimonios de cuatro de las víctimas en contra del “sanador” que durante más de 30 años tuvo un consultorio en el centro de Concordia. 

“Se hizo justicia. Esperamos durante dos años a que se tomaran medidas, incluso la detención preventiva, en una causa que era muy compleja, no solamente por quien era la persona que denunciamos y el poder que tuvo durante tantos años, sino también por la cantidad de víctimas que había”, dijo a elDiarioAR Aldana Pesis Laid al término del juicio que condenó a Ramón Angel Zabala a la pena de 19 años con prisión efectiva. 

Zabala se presentaba como asesor espiritual, reikista, grafólogo y clarividente. Ofrecía sus servicios a familias completas que llegaban en delegaciones incluso desde distintos puntos del país. En ese marco de confianza, el hombre abusaba sexualmente de menores, mientras sus familiares estaban en la habitación contigua, esperando la atención. “Es un caso para ser estudiado”, aseveró Pesis al señalar que había un grado de perversión y de manipulación total por parte de Zabala al cometer estos delitos.

La joven fue la primera en denunciar formalmente al curandero y en exponer en las redes sociales el caso, lo que generó que aparecieran más de 60 víctimas que aseguraron haber pasado por situaciones idénticas, aunque solo cuatro realizaron la exposición judicial. En su mayoría se trató de adolescentes que temieron que si contaban lo sucedido no se les creyera y por eso desistieron de acudir a la Justicia.

Ese era el marco que usaba Zabala para cometer los delitos: la indefensión de las menores, a quienes sometía sexualmente con distintas excusas. Entre las estrategias que llevaba adelante hacía que las jóvenes cerraran los ojos, para pasarle sus genitales por el rostro mientras les aseguraba que se trataba de una terapia. Todo esto sucedía mientras los familiares permanecían en la sala de al lado, en la que el curandero los hacía aguardar. 

“La mayoría de las víctimas eran menores de edad y no podían decidir en el contexto de vulnerabilidad absoluta en la que se encontraban”, puntualizó Pesos, al tiempo que celebró que sus testimonios hayan sido tomados en cuenta. “Invito a otras jóvenes a que se hagan escuchar, a que denuncien y que vayan con la verdad”.

Por el tribunal –presidido por Pablo Garrera Allende e integrado por Clara Mondragón y Aníbal Lafourcade– pasaron también otros testigos y psicólogos de parte que, al igual que los peritos de la Justicia, corroboraron los delitos ultrajantes y dieron cuenta del daño postraumático que los abusos cometidos por Zabala generaron en las víctimas.

“Estamos conformes con la pena establecida”, señaló el fiscal, Francisco Paoli, al término del juicio y agregó: “Fueron momentos muy duros, en donde muchas víctimas se quebraron al dar nuevamente testimonio de lo que tuvieron que atravesar”.  Cabe señalar que en la sesión de clausura el funcionario judicial, junto al fiscal Mauro Jaume, habían pedido 30 años de prisión, mientras que por la querella de las víctimas, Brenda Vittori y Pablo Moyano Ilundain, solicitaron una pena de 36 años. Por su parte la defensa de Zabala, ejercida por el defensor oficial, Joaquín Garaicoechea, pidió la absolución del ahora condenado, argumentando la prescripción de los hechos. 

Si bien la condena sobre el curandero es un mensaje claro en torno a la pena que debe pesar sobre quienes cometen delitos sexuales, en la resolución el Tribunal no avanzó sobre la trama que da lugar a este tipo de casos. El hecho de que Zabala haya estado por casi 30 años ejerciendo esta función, con un consultorio en pleno centro de la ciudad de Concordia, deja abierto el interrogante sobre la serie de complicidades y omisiones que le otorgaron al curandero cierto poder. Quienes debían observar esta situación, optaron por mirar para otro lado, permitiendo que el sanador sostuviera por décadas el sistema de abusos. También el caso pone al descubierto las condiciones adversas en las que viven muchas familias que no encuentran respuestas en las áreas de gestión correspondientes ante problemas concretos y la falta de controles sobre una práctica ilegal.

SM/DTC

Paraná y Concordia dejaron este jueves por la mañana de ser ciudades apacibles al calor de las noticias políticas y judiciales. En un operativo simultáneo en ambas ciudades, funcionarios judiciales junto a la Policía Federal y a Gendarmería Nacional allanaron propiedades de Edgardo Kueider, expulsado hoy de la Cámara de Senadores de la Nación. 

Las medidas fueron ordenadas por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien además pidió el desafuero del legislador, en el marco de las investigaciones por enriquecimiento ilícito que pesan en su contra. 

Desde hace días, la gente de esta provincia sigue atenta lo que sucede con ‘el caso Kueider’. Con la detención en Paraguay del exlegislador y su secretaria, Iara Guinsel Costa, por el tráfico de dinero no declarado, comenzó a develarse una serie de operatorias del exfuncionario provincial. Entre ellas, viajes que Kueider habría realizado a países limítrofes. 

Según los datos de migraciones, en el tiempo que ocupó cargos públicos y fue legislador, Kueider viajó 166 veces a Paraguay, 119 a Uruguay y otras 23 a Brasil, además de otros viajes internacionales. Ese dato por sí ya genera indignación, en un contexto crítico económicamente para gran parte de la población entrerriana.

También se conocieron algunas propiedades de lujo que tendría en Paraná, así como empresas dedicadas al rubro agropecuario, las cuales no presentan movimientos económicos en los últimos períodos fiscales.

En ciudades donde la mayoría de la gente se conoce, los hechos de corrupción como estos, en los que se involucran cifras siderales, parecen estar bien lejos. Sin embargo, o tal vez por eso mismo, el tema está en todas las conversaciones, incluso entre quienes dicen no interesarse por la política. Más allá de las opiniones, lo cierto es que el tema fogonea la idea que algunos buscan imponer, de que en la política está todo podrido.

Departamentos, cocheras y vínculos 

En calle Santiago del Estero y Tejeiro Martínez, en Paraná, se erige el edificio donde en la mañana de este jueves se llevó a cabo uno de los allanamientos dispuestos por la Justicia. Se presume que unos cinco departamentos y tres cocheras serían propiedad de Kueider o figurarían bajo el nombre Betail, la empresa de la cual el exsenador es titular. Los departamentos están valuados en aproximadamente US$150.000 cada uno, los de dos dormitorios. Pero también se contabilizan dos cocheras y un semipiso de tres dormitorios, con un valor de mercado de US$350.000. 

El cambio en la titularidad de estas unidades, de Betail S.A a Iara Guinsel Costa, fue uno delos motivos que alertaron a Arroyo Salgado, que dispuso los allanamientos que alcanzaron también a la sede de la empresa Dujovne, en pleno centro de la capital entrerriana, integrante del Grupo CDS, responsable de la construcción del edificio en cuestión. 

La orden de Arroyo Salgado llegó también a la ciudad de Concordia, de donde Kueider es oriundo y donde radica Javier Rubel, primo del ahora destituido legislador. Rubel está registrado como albañil monotributista pero figura como uno de los responsables de Betail SA. En su domicilio y en una escribanía ubicados en las calles San Luis e Ituzaingo de esa localidad, se realizaron los procedimientos.

Pero como si la sucesión de nombre fuera poca, las vinculaciones alcanzan a otros conocidos empresarios de la ciudad de Paraná, como Claudio y Marcelo Tortul, imputados por presuntos sobornos de empresa Securitas, abierta en 2020 en el fuero federal de San Isidro. En esta causa se menciona directamente a la empresa estatal de energía de la provincia (ENERSA), en donde Kueider se desempeñó como directivo en parte del período investigado.

Llamativamente, en el edificio Live Santiago, donde Kueider tendría los departamentos de lujo y las cocheras, otras unidades constan como propiedad de Claudio Tórtul.

Destitución y rechazos

La jueza federal Arroyo Salgado también pidió en la mañana del jueves el desafuero del senador en un oficio enviado a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con el objeto de “proceder a su detención por los canales diplomáticos correspondientes”, algo que también generó amplia repercusión mediática, social y política en la provincia.

En todo el arco político hubo expresiones en contra del legislador, muchas de las cuales se escucharon en el recinto mientras se debatía la destitución. Pero en la provincia no hay conversación que no se refiera más temprano que tarde a este tema que hoy tiene alcance internacional.

 “Estoy harto de que Entre Ríos sea noticia por hechos de corrupción”, fueron las expresiones del gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, cuando se conoció la detención de Kueider y ya producida la detención preventiva del exgobernador Sergio Urribarri, alojado actualmente en la Unidad Penal N°1 de Paraná, imputado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el cargo de gobernador. “La peor grieta que existe hoy en la Argentina es la grieta que existe entre la política y la ciudadanía, que no confía en los políticos precisamente por cosas como estas”, dijo Figerio a elDiarioAR.

También la diputada nacional, Blanca Osuna, en diálogo con este medio sostuvo que la expulsión de Kueider “cierra una etapa para abrir otra”. “En lo estrictamente institucional y político  deberá analizarse las razones por las cuales su voto en particular provocó el dictamen y luego el tratamiento y el empate para la aprobación de la Ley Bases que impacta fuertemente en los derechos laborales, previsionales, las políticas tributarias y hace claramente una Argentina más desigual y más injusta”.

Asimismo, señaló que si bien en el plano de la justicia debe seguir su curso, “en lo político la cuestión principal es el vínculo de esta conducta que éticamente ha sido reprochada en el Senado y en la sociedad y condenada moralmente y políticamente”.

El senador Edgardo Kueider fue demorado en Paraguay con más de US$200.000 y $600.000 y guaraníes sin declarar, en un operativo realizado por Gendarmería Nacional en la triple frontera, más precisamente en el Puente Internacional de la Amistad, donde se presentó como senador de LLA. Si bien quedó en libertad, se encuentra alojado en un hotel de Ciudad del Este, donde en las próximas horas será convocado a declarar ante el titular de la Unidad Fiscal N°2 especializada en contrabando. 

El malestar con quien fuera funcionario del ex gobernador, Gustavo Bordet, y armador político por el Partido Justicialista en Entre Ríos, no es una novedad. Desde hace tiempo decidió cambiarse de bando y fue incluso quien habilitó que en el Congreso se aprobara la Ley Bases promovida por LLA. Ese fue uno de los tantos motivos por los cuales hubo plenarios del PJ para analizar su expulsión partidaria, aunque la medida no prosperó. Tal vez esa sea una de las razones por las cuales en esta oportunidad, no hubo ninguna voz de apoyo en todo el arco del que fuera su partido, aunque la noticia generó una revuelo en todo el ámbito político y social.

 A lo largo de su vida política, Kueider fue escalando posiciones cobijado a la sombra de los gobiernos y dirigentes de turno. Comenzó en 1999 siendo concejal de la ciudad de Concordia hasta 2003 y Secretario de Gestión Participativa entre 2008-2015, luego en la provincia fue designado como secretario general de la Gobernación entre 2015 y 2019, hasta llegar a ser senador nacional por Entre Ríos en las elecciones de 2019. En ese momento era considerado dentro del PJ, el “gran armador” de las listas que ubicaron como gobernador por segundo período a Gustavo Bordet, y que consagraron a Alberto Fernández a la presidencia.

Pero desde la asunción de Javier Milei, Kueider se convirtió en una figura clave, esta vez a favor del oficialismo de LLA, ya que su voto posibilitó que se tratara y posteriormente, aprobara la Ley Bases. Para eso, junto a otros cuatro senadores díscolos del PJ, Alejandra Vigo, Carlos Espínola, Guillermo Snopek, y María Eugenia Catalfamo, conformaron el bloque Unidad Federal. Desde entonces, en las filas del peronismo entrerriano Kueider es tildado de “traidor”, el propio presidente de la departamental del PJ Jorge Vázquez, lo calificó como “personaje sombrío”. 

“Es una traición hacia los intereses de la patria, de la clase trabajadora, de los desprotegidos”, dijo Vázquez en esa oportunidad, a lo que se sumaron varias voces del PJ. Incluso el exgobernador Gustavo Bordet manifestó por entonces su distanciamiento con el legislador que había sido su delfín. 

Y si bien, las redes se llenaron de expresiones de repudio, con comunicados que advertían que Kueider había vendido su voto a cambio de la administración del complejo hidroeléctrico Salto Grande, que genera alrededor de US$10.000 millones mensuales, finalmente no se lo desafilió. 

No obstante, hay algo más en el escenario del legislador nacional: también deberá dar respuestas por una denuncia por enriquecimiento ilícito, realizada por un vecino de la ciudad de Concordia, que solicitó se investigue la procedencia de distintas propiedades que Kueider tiene en un edificio paranaense de lujo, a través de la empresa Betail SA, de la cual es socio. 

En caso de desafuero o destitución, el cargo de Kueider sería ocupado por su suplente, la actual diputada provincial Stefanía Cora, dirigente política enrolada en La Cámpora.

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El senador entrerriano Edgardo Kueider fue duramente cuestionado por su voto a favor de la ley de Bases, tanto por la cúpula del Partido Justicialista provincial como por figuras del peronismo. También recibió críticas de organismos de derechos humanos y de la asamblea de mujeres y disidencias. Su voto fue visto como “una traición a las bases del partido” y se sospecha que negoció a cambio de controlar la designación de delegados de la empresa hidroeléctrica Salto Grande, algo publicado en el Boletín Oficial tras la sesión de la Cámara alta. En cambio, referentes del PRO respaldaron su decisión de acompañar el proyecto de la Casa Rosada.

Las críticas aumentaron al conocerse el resultado de la votación y la publicación del decreto que permite a Entre Ríos designar los tres integrantes de la Delegación Argentina de Salto Grande. José Cáceres, presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, expresó su descontento y calificó la acción de Kueider como dañina para el partido y la política. Cáceres recordó que en 2019, cuando Kueider fue elegido senador, nunca imaginaron esta situación.

El Partido Justicialista provincial, incluyendo a la diputada Carolina Gaillard y el diputado Tomás Ledesma, había advertido previamente sobre la posible desafiliación de Kueider. Tras su voto afirmativo, el partido emitió un comunicado señalando que sus decisiones son motivadas por oportunismo político y no por intereses partidarios ni ideológicos. Criticaron la justificación de Kueider sobre beneficios para la provincia como falta de solidaridad con el país y sugirieron una posible alianza con el gobernador Rogelio Frigerio. “Una decisión más cercana a la complicidad del gobernador Frigerio, que salió a buscar los votos para la aprobación, que a los verdaderos intereses de las y los entrerriano”, dice el duro comunicado partidario.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, del PRO, respaldó a Kueider, mientras que la diputada nacional Blanca Osuna lo acusó de cómplice de varias políticas dañinas del gobierno. Héctor Maya, exlegislador nacional, consideró que Kueider cometió un error estratégico al votar en contra de los sectores populares que lo apoyaron.

Kueider se defendió en X

El senador mismo recurrió hoy a la red social X para justificarse. “Soy peronista, pero antes que eso, soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia que represento. Por eso apoyé la Ley del gobierno nacional - en general - con modificaciones y exclusiones en todos sus capítulos, que logramos a través del diálogo”, señaló. “Ninguno de los temas que componían las consignas de un sector que desde hace años alimenta la lógica de amigo-enemigo fueron incluidos en el texto. Y los que quedaron, los voté en contra”.

“Voté en contra del RIGI, de ganancias y bienes personales. Evitamos el cierre de los organismos de ciencia, tecnología y la cultura, la privatización de Aerolíneas Argentinas y los medios públicos. Eliminamos el capítulo previsional, y modificamos muchos otros artículos que consideré nocivos”, añadió, a lo que cientos de usuarios respondieron con insultos.

Una caja con historia

La administración del complejo hidroeléctrico Salto Grande, que genera alrededor de US$10.000 millones mensuales, ha sido ambicionada por muchas gestiones. La represa, que produce 8.639 GWh anuales, está entre los primeros 10 grupos económicos de generación eléctrica del país. Los sueldos administrativos, que oscilan entre $4 y $6 millones de pesos, han sido motivo de controversia, con algunos reportes indicando salarios de hasta US$10.000 mensuales.

Esto sin considerar que quienes ocupan estos lugares, tienen otros montos en función de gastos de representación y viáticos. Un pedido de acceso a la información pública, solicitado por el periodista Sebastián Lacunza, confirma que en junio de 2018, el sueldo de quien era presidente de la delegación en ese momento, Roberto Niez, eran unos $305.000 pesos, lo que a la tasa de cambio de ese año representaban unos US$16.000.

La hidroeléctrica enfrenta una etapa de recambio de infraestructura que requiere una inversión de más de US$300 millones y podría durar 30 años, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Especialistas sugieren mantener la potencia de la represa y ajustar las tarifas.

Derechos humanos, mujeres y disidencias

Organizaciones de derechos humanos y la Asamblea de Mujeres y Disidencias también repudiaron a Kueider. Le recordaron su deber de defender derechos y no quitarlos, criticando cualquier negociación con el gobierno de Javier Milei. La Asamblea de Mujeres y Disidencias expresó que apoyar la ley de Bases desmantela estructuras estatales de apoyo y asistencia a mujeres en situación de violencia, coincidiendo con un aumento de femicidios en lo que va del año.

“Señor senador, usted se postuló para defender derechos, no para quitarlos”, escribieron desde la Asamblea Permanente, donde indicaron que “negociar gobernabilidad con un gobierno que en estos seis meses ha demostrado que sus políticas se basan en la entrega de la soberanía del país y los atropellos a derechos del pueblo es contradecir los principios básicos de la plataforma electoral del partido” que lo puso en este lugar“.

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“Vemos con preocupación la firma del dictamen de la Ley Bases por parte del senador Edgardo Kueider. Sostenemos que el voto en disidencia no es ningún aliciente para el peronismo, y ratificamos que nuestra postura es que la ley no se trate”. El comunicado firmado por las autoridades del Partido Justicialista de Entre Ríos tiene un destinatario directo: el legislador nacional por esta provincia integrante del bloque Unidad Federal, que decidió apoyar la propuesta del gobierno de Javier Milei contra el deseo y los cuestionamientos de su propio espacio.

Luego de que se conoció que la firma de Kueider fue clave para alcanzar el dictamen a la iniciativa más importante de la gestión libertaria, desde el PJ expresaron que “el justicialismo debe rechazar la iniciativa del Gobierno nacional”.

La nota advierte sobre la postura partidaria en contra de la propuesta y propone que cada punto sea llevado al Congreso en leyes diferentes con su correspondiente debate.

“No se puede admitir un paquete de estas características ya que no hay acuerdo posible con los que planean la entrega del patrimonio nacional y agreden al pueblo argentino permanentemente”, dice el comunicado y agrega que el momento “requiere valentía y compromiso con la doctrina y los ideales del peronismo; no es tiempo para los especuladores de la política, sino para aquellos que se mantienen firmes en sus convicciones pese a la adversidad”.

Horas antes de que se conociera el posicionamiento a nivel provincial, desde la presidencia del órgano partidario de la capital entrerriana, Jorge ‘Kinoto’ Vázquez, se pronunció solicitando la expulsión del legislador nacional.

“En primer lugar, hay que aclarar que la conducta política del senador Kueider no tiene nada que ver con el pragmatismo político ni con una actitud dialoguista”, expresó el dirigente político al ser consultado por elDiarioAR. Vázquez señaló que “esto obedece más bien a una actitud que tiene que ver con la traición hacia los postulados del partido político, del movimiento político que lo benefició y que lo privilegió con el lugar de representatividad que hoy ocupa”.

“Es una traición hacia los intereses de la patria, de la clase trabajadora, de los desprotegidos, porque esta Ley Bases viene, de alguna manera, a dar vuelta la matriz de una Argentina que nosotros a través de los años de lucha logramos construir desde los diferentes movimientos políticos y sociales; una Argentina con ampliación de derechos”, insistió.

En las últimas horas, referentes del peronismo de toda la provincia expresaron también su repudio en las redes sociales al acompañamiento de Kueider al proyecto de la Casa Rosada. El senador se desempeña como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, una de las tres que conformó el plenario que dictaminó el miércoles último sobre la iniciativa —con la firma de Kueider en disidencia en el despacho de mayoría— que de esta manera quedó listo para ser votada en el recinto.

El salto político

Hasta el propio exgobernador Bordet, ahora diputado nacional, marcó por estas horas su distanciamiento con Kueider. Se trata de una opinión de peso, dado que Kueider fue candidato a senador por Entre Ríos por decisión de Bordet, cuando estaba al frente del Poder Ejecutivo provincial. El senador integró el bloque Frente de Todos durante el gobierno pasado y en los últimos meses lo abandonó para formar otro espacio con otros senadores peronistas que habían abjurado del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchnr y del entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Actualmente forma un bloque con otros dos peronistas no kirchneristas: la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, y el correntino Carlos “Camau” Espínola.

Kueider, además, fue secretario general de la Gobernación de Entre Ríos durante la primera gestión provincial de Bordet.

“Hace tiempo que estamos distanciados”, fue la categórica frase del exmandatario al ser consultado por medios locales sobre el vínculo con quien fuera uno de sus más estrechos colaboradores. Bordet dijo además que esta ruptura se produjo cuando Kueider decidió dejar el bloque Frente de Todos, en 2023, al entender que “cuando uno se presenta como candidato por una propuesta, no se puede defraudar al electorado”.

“Teníamos un mandato de representar al 44,5% que eligió a Sergio Massa, que sostuvimos en la Cámara de Diputados cuando rechazamos todo tipo de apoyo a la Ley Bases, porque es contraria a nuestra plataforma electoral y tiene elementos que van a ir contra sectores de la población que están sufriendo este ajuste de forma brutal”, sostuvo en declaraciones a Radio Cero, de Gualeguaychú.

Kueider comenzó su carrera en 1999 como concejal por el Partido Justicialista, de la ciudad de Concordia, cargo que ocupó hasta 2003. En la capital del citrus, fue también secretario de Gestión Participativa para el Desarrollo Local entre 2008 y 2015, año partir del cual, bajo el mando de Bordet, pasó a ser secretario general de la Gobernación hasta 2019. Ese año fue electo senador por “Creer Entre Ríos”, una coalición política que representaba al Frente de Todos dentro del PJ, aunque en febrero de 2023 se abrió y formó Unidad Federal con otros renegados del kirchnerismo.

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El juez de Garantías de Concordia, Francisco Rafael Ledesma, a pedido de la querella, dictó este jueves la prisión preventiva para Ramón Zabala. El “parapsicólogo” ahora quedó preso en la causa donde está imputado por abuso sexual agravado con acceso carnal.

El magistrado había suspendido la audiencia de elevación a juicio del curandero, que debía realizarse este miércoles 29 de mayo. La decisión se basó en que el imputado cambió de defensor, y esto no había sido notificado a la Oficina de Gestión de Audiencias, por lo cual el letrado no fue convocado a la audiencia. 

Según los testigos, serían más de 60 personas las que sufrieron idéntica situación, casi todas ellas menores de edad cuando sucedieron los hechos. Durante más de 30 años, Zabala ofició como curandero en pleno centro de la ciudad.

La disposición del juez de suspender la audiencia de miércoles priorizaba la garantía de la defensa, asumida por Gerardo Rivero y le daba tiempo por el plazo de cinco días para dar aviso de su designación y así fijar nueva audiencia de manera urgente.

Finalmente, este jueves el juez resolvió la detención preventiva de Zabala, que no se presentó en la suspendida audiencia de elevación cuando debía hacerlo, razón por la cual, a partir del pedido formal de los abogados de las víctimas, Pablo Moyano y Brenda Vitori, en las últimas horas, se dio a conocer esta resolución. 

El caso

Los hechos no sucedieron en una oportunidad, ni siquiera en el transcurso de algunos meses, ni en un año, ni en diez; fueron más de 30 años. En todo ese tiempo, Ramón Angel Zabala, un supuesto “parapsicólogo”, que en la actualidad tiene 65 años, mantuvo un consultorio en la zona céntrica de Concordia donde, según la denuncia, abusó de sus víctimas.

Desde mediados de los 90 y hasta el año pasado, el consultorio de Zabala recibió a personas de la región e incluso delegaciones de todas partes del país. Gente que buscaba una salida, un alivio frente a diversos problemas. Sanador, asesor espiritual, reikista, grafólogo, el hombre llegó incluso a jactarse frente a sus víctimas de haber sido convocado en calidad de clarividente para aportar su “conocimiento” en investigaciones policiales. 

Desde el lugar de poder que impartía sobre quienes lo consultaban, implementó distintas técnicas de manipulación, de subordinación y sumisión. Las personas que buscaban su asesoramiento acataban sus recomendaciones, porque “te decía cosas precisas, cosas que eran imposible que él supiera”. No lo hacía sólo con adultos, entre sus víctimas había mujeres, adolescentes y niñas que fueron abusadas sexualmente y también engaños y estafas. 

El curandero 

Aldana Pesis Liand es la primera denunciante del curandero. Lo hizo formalmente y en sus redes sociales, lo que devino en una catarata de mensajes de otras víctimas, más de 60. La mayoría de esos testimonios ratificaron haber pasado por lo mismo. Al igual que ella, otras adolescentes, en un principio se habían sentido culpables, creían que eran las únicas que habían sufrido el abuso y que no les iban a creer si contaban lo que les había pasado.  Zabala se aprovechaba de la indefensión de las menores para someterlas sexualmente con distintas excusas. Las jóvenes relataron distintas formas de abuso. Entre las estrategias que usaba les hacía cerrar los ojos y les pasaba sus genitales por el rostro mientras les aseguraba que se trataba de una terapia. Todo esto sucedía aun cuando los familiares podían permanecer en la sala contigua. Zabala les indicaba que tenían que esperar afuera. 

Con solo 13 años A.P.L también acudió al parapsicólogo a pedir ayuda, algunos de los integrantes de su familia ya habían asistido allí. Necesitaba procesar la muerte de su padre, estaba en la preadolescencia, reconfigurando el mundo con los demás. Zabala la escuchó, la convenció de que estaba embarazada y le dijo que podía ayudarla a parar esa situación. “Me fue preparando durante meses, hasta que me dijo que él me ayudaría. Me citó para que fuera al consultorio de noche. Estaba asustada”, recuerda. “Me hizo acostar sobre un escritorio, desnuda y allí empezó a tocarme” relató la víctima al comenzar a detallar la secuencia que terminó en la violación. 

Su testimonio en las redes sociales hizo que le llegaran otros relatos idénticos. La situación se repetía metódicamente en más de sesenta víctimas que tomaron contacto con ella. En su mayoría se trataba de menores de edad. Pero también A.P.L recibió una amenaza en la puerta de su casa: “Sabemos que es todo mentira tu causa de abuso. Sos una persona mitonoma (sic) compulsiva. Tus intereses son solo económicos. Contá la verdad al público y a Concordia entero, que te pagó y paga el ”teatro“ es (N de la R: se omite el nombre de la persona mencionada) y que te aportó datos para que vos puedas mentir” rezaba parte de la nota. 

En octubre del 2022 se radicó la primera denuncia con tres testimonios y en marzo de este año se agregó el de una cuarta víctima. Estos cuatro casos son los que dieron origen al trámite judicial cuya carátula indica la imputación de Zabala por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal”. 

La causa tuvo sus particularidades. Fue necesario librar una orden de captura ante la negativa del imputado de asistir a Tribunales. Pero finalmente el curandero decidió presentarse a última hora, el 5 de mayo del año pasado, y prestó declaración. En el proceso, la justicia ordenó la realización de las pericias psicológicas de las tres víctimas, dispuso el allanamiento del lugar donde sucedieron los hechos, con documentación planimétrica y fotos del lugar y decidió medidas de protección de las víctimas pero, contrariamente a lo que se esperaba, no ordenó la prisión preventiva del único imputado que sigue circulando a escasos metros del lugar donde residen algunas de sus denunciantes. De allí que los representantes legales de las víctimas y del Ministerio Público Fiscal guarden expectativa sobre la decisión que pueda adoptar el tribunal el próximo 29 de este mes cuando se realice la audiencia de remisión a juicio. 

Un común denominador

Consultado por elDiarioAR, Enrique Stola, médico psiquiatra, especialista en temas de violencia, señala que “estos individuos que abusan de su poder tienen características comunes con otros agresores sexuales, pero además tienen un plus debido al poder que se les atribuye como supuestos expertos en lo espiritual, ya se trate de parapsicólogos, curanderos, pastores, curas. Y ese plus, es el valor que las personas creyentes le dan a alguien que se supone es un experto en las fuerzas que existirían en lo espiritual y que impactarían en la vida de cada una de las personas. O sea, hay ahí un poder atribuido que fortalece el rol de dominador que tienen. Las personas van y consultan desde su buena fe, desde su dolor, desde su vulnerabilidad, las mujeres van y consultan y este individuo, y muchos otros, se aprovechan de esto, realizan una manipulación, conocen los códigos de los sistemas de creencia y pueden sorprender y someter muy rápidamente a sus víctimas que suelen ser muchas, lamentablemente”, explicó.

Para Stola se trata del clásico poder que la sociedad paternal le da a este tipo de individuos, en donde por un lado está la cuestión de las creencias y por el otro, la fe que se deposita en ellos. “Existen códigos, palabras que son compartidas en lo espiritual por quien va a buscar un alivio y termina encontrándose con una agresión sexual. No todas las mujeres seguramente van a poder denunciarlo”, indica Stola en referencia al largo proceso de superación que realiza cada persona y que ha dado lugar a la Ley 27.206 de respeto a los tiempos de las víctimas.

SM/DTC

El juez Garantías de Concordia, Francisco Rafael Ledesma, suspendió la audiencia de elevación a juicio del curandero Ramón Angel Zabala, imputado por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal, que debía realizarse este miércoles 29 de mayo. La decisión se basa en que el imputado cambió de defensor, y esto no fue notificado a la Oficina de Gestión de Audiencias, por lo cual el letrado no fue convocado a la audiencia. 

Según los testigos, serían más de 60 personas las que sufrieron idéntica situación, casi todas ellas menores de edad cuando sucedieron los hechos. Durante más de 30 años, Zabala ofició como curandero en pleno centro de la ciudad.

La disposición del juez de suspender la audiencia prioriza la garantía de la defensa, asumida por  Gerardo Rivero y le da tiempo por el plazo de cinco días para dar aviso de su designación y así fijar nueva audiencia de manera urgente, lo que se producirá en los próximos días.

Es inminente, además que el juez resuelva la detención preventiva de Zabala, que no se presentó en la suspendida audiencia de elevación cuando debía hacerlo, razón por la cual a partir del pedido formal de los abogados de las víctimas, Pablo Moyano y Brenda Vitori, en las próximas horas, se daría a conocer esta resolución. 

Los hechos no sucedieron en una oportunidad, ni siquiera en el transcurso de algunos meses, ni en un año, ni en diez; fueron más de treinta años. En todo ese tiempo, Ramón Angel Zabala, un supuesto “parapsicólogo”, que en la actualidad tiene 65 años, mantuvo un consultorio en la zona céntrica de Concordia donde, según la denuncia, abusó de sus víctimas.

Desde mediados de los 90 y hasta el año pasado, el consultorio de Zabala recibió a personas de la región e incluso delegaciones de todas partes del país. Gente que buscaba una salida, un alivio frente a diversos problemas. Sanador, asesor espiritual, reikista, grafólogo, el hombre llegó incluso a jactarse frente a sus víctimas de haber sido convocado en calidad de clarividente para aportar su “conocimiento” en investigaciones policiales. 

Desde el lugar de poder que impartía sobre quienes lo consultaban, implementó distintas técnicas de manipulación, de subordinación y sumisión. Las personas que buscaban su asesoramiento acataban sus recomendaciones, porque “te decía cosas precisas, cosas que eran imposible que él supiera”. No lo hacía sólo con adultos, entre sus víctimas había mujeres, adolescentes y niñas que fueron abusadas sexualmente y también engaños y estafas. 

El curandero 

Aldana Pesis Liand es la primera denunciante del curandero. Lo hizo formalmente y en sus redes sociales, lo que devino en una catarata de mensajes de otras víctimas, más de 60. La mayoría de esos testimonios ratificaron haber pasado por lo mismo. Al igual que ella, otras adolescentes, en un principio se habían sentido culpables, creían que eran las únicas que habían sufrido el abuso y que no les iban a creer si contaban lo que les había pasado.  Zabala se aprovechaba de la indefensión de las menores para someterlas sexualmente con distintas excusas. Las jóvenes relataron distintas formas de abuso. Entre las estrategias que usaba les hacía cerrar los ojos y les pasaba sus genitales por el rostro mientras les aseguraba que se trataba de una terapia. Todo esto sucedía aún cuando los familiares podían permanecer en la sala contigua. Zabala les indicaba que tenían que esperar afuera. 

Con solo trece años A.P.L también acudió al parapsicólogo a pedir ayuda, algunos de los integrantes de su familia ya habían asistido allí. Necesitaba procesar la muerte de su padre, estaba en la preadolescencia, reconfigurando el mundo con los demás. Zabala la escuchó, la convenció de que estaba embarazada y le dijo que podía ayudarla a parar esa situación. “Me fue preparando durante meses, hasta que me dijo que él me ayudaría. Me citó para que fuera al consultorio de noche. Estaba asustada”, recuerda. “Me hizo acostar sobre un escritorio, desnuda y allí empezó a tocarme” relató la víctima al comenzar a detallar la secuencia que terminó en la violación. 

Su testimonio en las redes sociales hizo que le llegaran otros relatos idénticos. La situación se repetía metódicamente en más de sesenta víctimas que tomaron contacto con ella. En su mayoría se trataba de menores de edad. Pero también A.P.L recibió una amenaza en la puerta de su casa: “Sabemos que es todo mentira tu causa de abuso. Sos una persona mitonoma (sic) compulsiva. Tus intereses son solo económicos. Contá la verdad al público y a Concordia entero, que te pagó y paga el ”teatro“ es (N de la R: se omite el nombre de la persona mencionada) y que te aportó datos para que vos puedas mentir” rezaba parte de la nota. 

En octubre del 2022 se radicó la primera denuncia con tres testimonios y en marzo de este año se agregó el de una cuarta víctima. Estos cuatro casos son los que dieron origen al trámite judicial cuya carátula indica la imputación de Zabala por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal”. 

La causa tuvo sus particularidades. Fue necesario librar una orden de captura ante la negativa del imputado de asistir a Tribunales. Pero finalmente el curandero decidió presentarse a última hora, el 5 de mayo del año pasado, y prestó declaración. En el proceso, la justicia ordenó la realización de las pericias psicológicas de las tres víctimas, dispuso el allanamiento del lugar donde sucedieron los hechos, con documentación planimétrica y fotos del lugar y decidió medidas de protección de las víctimas pero, contrariamente a lo que se esperaba, no ordenó la prisión preventiva del único imputado que sigue circulando a escasos metros del lugar donde residen algunas de sus denunciantes. De allí que los representantes legales de las víctimas y del Ministerio Público Fiscal guarden expectativa sobre la decisión que pueda adoptar el tribunal el próximo 29 de este mes cuando se realice la audiencia de remisión a juicio. 

Un común denominador

Consultado por elDiarioAR, Enrique Stola, médico psiquiatra, especialista en temas de violencia, señala que “estos individuos que abusan de su poder tienen características comunes con otros agresores sexuales, pero además tienen un plus debido al poder que se les atribuye como supuestos expertos en lo espiritual, ya se trate de parapsicólogos, curanderos, pastores, curas. Y ese plus, es el valor que las personas creyentes le dan a alguien que se supone es un experto en las fuerzas que existirían en lo espiritual y que impactarían en la vida de cada una de las personas. O sea, hay ahí un poder atribuido que fortalece el rol de dominador que tienen. Las personas van y consultan desde su buena fe, desde su dolor, desde su vulnerabilidad, las mujeres van y consultan y este individuo, y muchos otros, se aprovechan de esto, realizan una manipulación, conocen los códigos de los sistemas de creencia y pueden sorprender y someter muy rápidamente a sus víctimas que suelen ser muchas, lamentablemente”, explicó.

Para Stola se trata del clásico poder que la sociedad paternal le da a este tipo de individuos, en donde por un lado está la cuestión de las creencias y por el otro, la fe que se deposita en ellos. “Existen códigos, palabras que son compartidas en lo espiritual por quien va a buscar un alivio y termina encontrándose con una agresión sexual. No todas las mujeres seguramente van a poder denunciarlo”, indica Stola en referencia al largo proceso de superación que realiza cada persona y que ha dado lugar a la Ley 27.206 de respeto a los tiempos de las víctimas.

SM/DTC

Este miércoles será la audiencia de elevación a juicio del caso del supuesto parapsicólogo de Concordia, Ramón Angel Zabala, imputado por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal. Ese día el representante del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, Francisco Paoli, presentará las pruebas, la documentación y el testimonio de las víctimas que formalizaron la denuncia. Según los testigos, serían más de 60 personas las que sufrieron idéntica situación, casi todas ellas menores de edad cuando sucedieron los hechos. Durante más de 30 años, Zabala ofició como curandero en pleno centro de la ciudad.

Los hechos no sucedieron en una oportunidad, ni siquiera en el transcurso de algunos meses, ni en un año, ni en diez; fueron más de treinta años. En todo ese tiempo, Ramón Angel Zabala, un supuesto “parapsicólogo”, que en la actualidad tiene 65 años, mantuvo un consultorio en la zona céntrica de Concordia donde, según la denuncia, abusó de sus víctimas.

Desde mediados de los 90 y hasta el año pasado, el consultorio de Zabala recibió a personas de la región e incluso delegaciones de todas partes del país. Gente que buscaba una salida, un alivio frente a diversos problemas. Sanador, asesor espiritual, reikista, grafólogo, el hombre llegó incluso a jactarse frente a sus víctimas de haber sido convocado en calidad de clarividente para aportar su “conocimiento” en investigaciones policiales. 

Desde el lugar de poder que impartía sobre quienes lo consultaban, implementó distintas técnicas de manipulación, de subordinación y sumisión. Las personas que buscaban su asesoramiento acataban sus recomendaciones, porque “te decía cosas precisas, cosas que eran imposible que él supiera”. No lo hacía sólo con adultos, entre sus víctimas había mujeres, adolescentes y niñas que fueron abusadas sexualmente y también engaños y estafas. 

El curandero 

Aldana Pesis Liand es la primera denunciante del curandero. Lo hizo formalmente y en sus redes sociales, lo que devino en una catarata de mensajes de otras víctimas, más de 60. La mayoría de esos testimonios ratificaron haber pasado por lo mismo. Al igual que ella, otras adolescentes, en un principio se habían sentido culpables, creían que eran las únicas que habían sufrido el abuso y que no les iban a creer si contaban lo que les había pasado.  Zabala se aprovechaba de la indefensión de las menores para someterlas sexualmente con distintas excusas. Las jóvenes relataron distintas formas de abuso. Entre las estrategias que usaba les hacía cerrar los ojos y les pasaba sus genitales por el rostro mientras les aseguraba que se trataba de una terapia. Todo esto sucedía aún cuando los familiares podían permanecer en la sala contigua. Zabala les indicaba que tenían que esperar afuera. 

Con solo trece años A.P.L también acudió al parapsicólogo a pedir ayuda, algunos de los integrantes de su familia ya habían asistido allí. Necesitaba procesar la muerte de su padre, estaba en la preadolescencia, reconfigurando el mundo con los demás. Zabala la escuchó, la convenció de que estaba embarazada y le dijo que podía ayudarla a parar esa situación. “Me fue preparando durante meses, hasta que me dijo que él me ayudaría. Me citó para que fuera al consultorio de noche. Estaba asustada”, recuerda. “Me hizo acostar sobre un escritorio, desnuda y allí empezó a tocarme” relató la víctima al comenzar a detallar la secuencia que terminó en la violación. 

Su testimonio en las redes sociales hizo que le llegaran otros relatos idénticos. La situación se repetía metódicamente en más de sesenta víctimas que tomaron contacto con ella. En su mayoría se trataba de menores de edad. Pero también A.P.L recibió una amenaza en la puerta de su casa: “Sabemos que es todo mentira tu causa de abuso. Sos una persona mitonoma (sic) compulsiva. Tus intereses son solo económicos. Contá la verdad al público y a Concordia entero, que te pagó y paga el ”teatro“ es (N de la R: se omite el nombre de la persona mencionada) y que te aportó datos para que vos puedas mentir” rezaba parte de la nota. 

En octubre del 2022 se radicó la primera denuncia con tres testimonios y en marzo de este año se agregó el de una cuarta víctima. Estos cuatro casos son los que dieron origen al trámite judicial cuya carátula indica la imputación de Zabala por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal”. 

La causa tuvo sus particularidades. Fue necesario librar una orden de captura ante la negativa del imputado de asistir a Tribunales. Pero finalmente el curandero decidió presentarse a última hora, el 5 de mayo del año pasado, y prestó declaración. En el proceso, la justicia ordenó la realización de las pericias psicológicas de las tres víctimas, dispuso el allanamiento del lugar donde sucedieron los hechos, con documentación planimétrica y fotos del lugar y decidió medidas de protección de las víctimas pero, contrariamente a lo que se esperaba, no ordenó la prisión preventiva del único imputado que sigue circulando a escasos metros del lugar donde residen algunas de sus denunciantes. De allí que los representantes legales de las víctimas y del Ministerio Público Fiscal guarden expectativa sobre la decisión que pueda adoptar el tribunal el próximo 29 de este mes cuando se realice la audiencia de remisión a juicio. 

Un común denominador

Consultado por elDiarioAR, Enrique Stola, médico psiquiatra, especialista en temas de violencia, señala que “estos individuos que abusan de su poder tienen características comunes con otros agresores sexuales, pero además tienen un plus debido al poder que se les atribuye como supuestos expertos en lo espiritual, ya se trate de parapsicólogos, curanderos, pastores, curas. Y ese plus, es el valor que las personas creyentes le dan a alguien que se supone es un experto en las fuerzas que existirían en lo espiritual y que impactarían en la vida de cada una de las personas. O sea, hay ahí un poder atribuido que fortalece el rol de dominador que tienen. Las personas van y consultan desde su buena fe, desde su dolor, desde su vulnerabilidad, las mujeres van y consultan y este individuo, y muchos otros, se aprovechan de esto, realizan una manipulación, conocen los códigos de los sistemas de creencia y pueden sorprender y someter muy rápidamente a sus víctimas que suelen ser muchas, lamentablemente”, explicó.

Para Stola se trata del clásico poder que la sociedad paternal le da a este tipo de individuos, en donde por un lado está la cuestión de las creencias y por el otro, la fe que se deposita en ellos. “Existen códigos, palabras que son compartidas en lo espiritual por quien va a buscar un alivio y termina encontrándose con una agresión sexual. No todas las mujeres seguramente van a poder denunciarlo”, indica Stola en referencia al largo proceso de superación que realiza cada persona y que ha dado lugar a la Ley 27.206 de respeto a los tiempos de las víctimas.

SM/DTC

Volver al hogar después de la inundación es un capítulo de una historia recurrente. Se trata de un trabajo físico y subjetivo, recuperar lo que se pueda, duelar las pérdidas materiales y superar el impacto emocional. Concordia vuelve por estas horas a transitar lentamente ese proceso después de que se produjera una segunda inundación en el término de cinco meses. En diciembre del año pasado, tras un evento de tormentas, más de 1500 personas resultaron afectadas por la creciente del río Uruguay. Esta vez, la cota máxima en el puerto de Concordia llegó a los 13.70 metros, por lo cual debieron ser evacuadas un total de 547 personas, unas 159 familias.

Las autoridades dispusieron de refugios y asistencia ante un hecho que se reitera con mayor frecuencia. En la memoria colectiva de esta ciudad se recuerda la creciente de 1959 como aquella que inundó todo. En aquel entonces Concordia quedó rodeada por el agua, y todas las mercaderías necesarias para la subsistencia debieron ser ingresadas por barcos. El saldo fueron 13 personas fallecidas, 30 mil evacuados y más de 20 mil kilómetros cuadrados anegados. Desde aquella fecha, las grandes inundaciones se sucedieron en 1972, 1983, 1986, y así sucesivamente hasta llegar a la del 2015, que dejó a más de 20 mil evacuados, y está considerada como una de las más acuciantes en más de medio siglo, y la mayor desde la construcción de la represa de Salto Grande. Sin embargo, con distinta intensidad, el río Uruguay crece, el agua desborda su cauce y arrasa con los asentamientos urbanos de la periferia, obligando a las familias a refugiarse en centros de evacuados improvisados para la asistencia. 

Tal es la magnitud del problema que en 2018 se constituyó el Museo de la Inundación, un espacio a cielo abierto, asentado en la Costanera de la ciudad, que rememora a través de fotos las diferentes inundaciones que sufrió esta ciudad desde la década del 20.

El desarraigo, la intemperie, la pérdida de todo lo que encierra un hogar, además de los riesgos sanitarios, enfrenta a miles de familias desde hace décadas a este problema ambiental, que más allá de las recomendaciones y los intentos de los gobiernos por reubicar los asentamientos, marca una falta de planificación urbana, ante este efecto hidrográfico.

La defensa sur, la pueblada de un cura

Localizada en el centro de una vasta área afectada por la pobreza y el avance del agua, la parroquia La Gruta de Lourdes, fue el punto de encuentro de una demanda popular. A mediados de los 90, el párroco Andrés Servín, junto a otros dirigentes sociales, impulsaron las asambleas que elevaron el reclamo hasta hacer realidad la construcción de una defensa. El entonces intendente de la ciudad, Jorge Busti, que había sido electo gobernador de la provincia, tomó la posta y el movimiento social liderado por el cura, consiguió el apoyo estatal necesario, para que en 1995, luego de conseguir el crédito de 5,2 millones de dólares, se concretara la obra que puso a resguardo a gran parte de la ciudad. 

Pasaron 22 años, hasta que en 2017 la defensa tuvo que ser refaccionada. Fue Rogelio Frigerio, por entonces ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, y actual gobernador de Entre Ríos, quien encabezó el acto de inauguración de las obras que se hicieron para solucionar las filtraciones que ponían en riesgo a los más de 150 mil vecinos de la zona. 

No obstante, a través de los años y más allá del mantenimiento de la defensa sur, no se han propuesto nuevas obras de contención en otras áreas. Si bien existen propuestas que se plantean sobre todo en épocas electorales, que ofrecen implementar un sistema de reclusas móviles en la zona central de la Costanera, el proyecto no cuenta aún con estudios de factibilidad, ni la gestión correspondiente que evalúe ésta u otras alternativas.

Consultado sobre el proyecto, el intendente de la ciudad Francisco Azcué, se refirió al efecto hídrico que puede tener la construcción de una defensa que impactaría negativamente en la zona norte, donde también se asientan grandes barrios como La Bianca o Nebel.

Y señaló que colocar una defensa como estaba proyectado implica reducir una sección hasta de 900 metros lineales al río de escurrimiento. Y eso, sin dudas, genera un impacto que si bien es una solución para el centro de la ciudad, esto podría afectar de alguna manera, a otros vecinos.

Zonas inundables

Luego de la construcción de la represa de Salto Grande, se estimó que no puede haber asentamientos por debajo de la cota 14. No obstante las recomendaciones de las autoridades municipales y las disposiciones tomadas en las distintas gestiones en el Concejo Deliberante, la ciudad crece en forma desordenada y nuevos barrios se establecen en zonas que, como en la actualidad, se ven afectados por las crecientes.

Los datos de las inundaciones son registros que, a pesar de la devastación que provoca en las personas inundadas, pueden prevenirse. Y esa previsión por parte de las autoridades, requiere protocolos sanitarios, de asistencia y contención durante el evento y en el regreso a las viviendas, así como la planificación de obras de infraestructura que busquen soluciones de fondo.

Si bien hubo medidas dispuestas para atender a las personas afectadas, hubo fuertes críticas que señalaron que las familias que estaban en un mismo centro de evacuados, se encontraban en condiciones muy precarias, separadas entre sí por un nylon. A pesar de las reiteradas inundaciones, Concordia no cuenta con espacios preparados para dar contención a los evacuados en condiciones dignas. En este sentido, desde organizaciones sociales que acompañan en la asistencia, remarcaron que se podría refaccionar edificios como las instalaciones que tiene Gendarmería, que está abandonada y dejarla en perfecto estado para atender a las personas evacuadas.  

La tarea de quienes regresan al hogar implica un gran esfuerzo, es volver a levantar todo, limpiar y desinfectar con lavandina para evitar enfermedades e incluso prevenir accidentes eléctricos, o de gas, tal como recomiendan las autoridades y por lo cual desde la Cooperativa Eléctrica, tuvieron la precaución de retirar las conexiones. Sin embargo, quienes retornan a sus viviendas se encuentran con un panorama desolador, al que se agrega la dificultad de tener que hacer los trámites correspondientes para que les restituyan la electricidad. Esfuerzo y resiliencia. 

SM/MG

Ariel Goyeneche, un joven de 38 años que se dedicaba a la venta de libros de derecho y era padre de una nena de 12, murió por asfixia en las primeras horas de este lunes 12 de febrero, frente a la Comisaría Segunda, en un operativo en el que participaron al menos seis policías, en pleno centro de la capital provincial.

Según la información que ya obra en la investigación, cerca de las 5.45 del lunes un móvil policial de la Comisaría Segunda de la ciudad de Paraná acude a calle Piedrabuena ante un llamado que advertía la presencia de un joven en un techo. Al llegar al lugar encontraron a Goyeneche, que manifestó estar en estado de alucinación y paranoia. Ariel bajó por sus propios medios y se identificó ante los oficiales, explicando el cuadro que estaba atravesando. Pero el joven, que no tenía ningún antecedente penal, en lugar de ser derivado a un centro asistencial, fue detenido. Subió al patrullero y lo trasladaron hacia la Comisaría ubicada en calle Gualeguaychú, a escasos metros del principal hospital de la provincia.

De acuerdo al video tomado por un vecino, que obra como prueba en el expediente, ya en la puerta de la Comisaría comienza un forcejeo en el participaron por lo menos seis efectivos que terminan sujetando a Ariel por la fuerza. A partir de entonces su cuerpo estuvo más de media hora tirado en el suelo, boca abajo sobre la vereda, con las manos esposadas por la espalda y la cabeza sobre el piso. Los gritos de Goyeneche cuando comienza esta situación fueron los que alertaron a la persona que decidió filmar y que, una vez que supo de la muerte del hombre, envió el material a un medio, temiendo hacer la denuncia de manera personal.

El caso podría haber pasado desapercibido si no fuera por el video del vecino de la delegación policial, que filmó lo que sucedía sobre la vereda del destacamento. En las imágenes se observa al joven reducido por varios oficiales, que grita pidiendo ayuda, mientras era sujetado por la fuerza, y dos de ellos le aprietan el pecho. Varios minutos después y ya con la luz del día, se ve a los mismos funcionarios policiales realizando maniobras de resucitación sobre el cuerpo tendido. 

“Parte de esto podría haberse evitado si la policía actuaba correctamente y aplicaba el protocolo”, dijo Analía Goyeneche, hermana del joven, este jueves en un improvisado encuentro con periodistas que acudieron a la sala de velatorio. También amigos apuntaron contra la criminalización que se hace de las personas con padecimientos mentales y problemas de adicción. 

“Ariel era una persona muy buena, un ser muy especial, el que lo conocía sabe la luz que tenía. Era uno como cualquiera de nosotros, trabajador que daba todo por su hija” explicó Analía, y agregó que su hermano tenía una enfermedad que es la adicción, para reconocer que él había hecho muchos tratamientos para poder superar el problema de salud. “Tenía muchos períodos en donde estaba bien y también tenía recaídas. Esta fue una recaída y lo que nosotros consideramos es que si la policía hubiese actuado correctamente, aplicando los protocolos que corresponden para estos casos, se podría haber evitado esta situación. Ellos mismos dijeron que desde el momento en que lo ven en calle Piedrabuena, Ariel les manifiesta sobre su estado y les dice que estaba sintiéndose perseguido. Ariel era un chico que no tenía ningún antecedente, jamás había entrado a una comisaría, era una persona totalmente pacífica”.

Varios de sus amigos, entre ellos Marco Chacón, cuestionaron la falta de cumplimiento de un protocolo. “Si Ariel estaba en un estado crítico de salud psicoemocional, por qué no lo llevaron al hospital, ni llamaron a una ambulancia, ni siquiera lo trasladaron al Hospital San Martín que está a metros de la Comisaría. Eso es criminalizar el padecimiento que tienen las personas” remarcaron.

La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue por asfixia. Y, si bien hasta el momento, no se ha establecido qué tipo de asfixia provocó la muerte, en las imágenes se ve a dos policías que están sobre el cuerpo de Goyeneche, aprisionándolo, por lo cual desde organismos de derechos humanos asisten a familiares advirtiendo que podría tratarse de caso de abuso policial.

“Tengo muchos vídeos donde pasan más de treinta minutos, con la cabeza en el piso,  maniatado, con esposas, lo tienen agarrado de los pies, la cabeza contra el piso y dos personas que se le suben sobre el  tórax. Lo están torturando, él solo pedía ayuda”, sostuvo Analía y dice sobre lo sucedido, que se trata de una situación de violencia institucional. 

“Espero que se haga justicia, porque esto es un abuso institucional, no hay otra palabra. Ariel no tenía ni un antecedente jamás había pisado una comisaría, era alguien con una vida completamente normal como cualquiera de nosotros que tenía una enfermedad, que él me decía era su padecimiento. Hizo un montón de tratamientos. Siempre quiso salir y esto fue una recaída y no puede haber terminado muerto, así, asfixiado”, dijo Analía.

La causa que lleva adelante el fiscal auxiliar del Ministerio Público Fiscal de la provincia, Santiago Alfieri, y que se encuentra en el proceso de pericias, recolección y análisis de pruebas y testimonios, ha generado la intervención organismos como el Comité Antitortura y profesionales de Lesa Humanidad, entre otras organizaciones que se encuentran en estado de movilización frente a este hecho que sacude la sociedad entrerriana. 

Quedan abiertas las preguntas que se formularon familiares y amigos: ¿Qué pasó entre horas comprendidas entre el contacto policial a las 5:45 y el deceso de Ariel?¿Cómo es que en un simple operativo por contravención sin delito el demorado para identificación termina muerto por asfixia, según reveló la autopsia preliminar? ¿Por qué no se aplica en Entre Ríos el protocolo correspondiente a estos casos que sugiere la Nación? También observan que ni la ambulancia, ni personal de salud llegan sino hasta después del deceso, aun cuando la patrulla estaba a escasas cuadras del hospital San Martín. Si se descompensó de inmediato, ¿por qué no lo llevaron directo al nosocomio? ¿Cuál es el accionar “destacado” –según el vocero policial– del personal policial, al que se le muere un detenido en la puerta del destacamento?

SM/DTC

Berenice Gonzálvez murió este viernes en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná debido a una falla multiorgánica, después de haber sido trasladada desde la localidad de Victoria en grave estado de descompensación. Fue drogada y violada en una vivienda donde se continúan haciendo pericias, mientras se esperan otros procedimientos, informes de teléfonos celulares secuestrados y estudios médicos complementarios que podrían arrojar información sobre las últimas horas de la joven de 23 años. 

El fiscal Ivan Yedro, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Victoria, junto al fiscal coordinador, Iván Taleb, dieron una conferencia de prensa este lunes en el Concejo Deliberante de la ciudad, donde precisaron detalles de la investigación y del trabajo que se encuentran realizando junto al área de criminalística, médicos forenses y a la Policía de Entre Ríos. Del análisis de diferentes testimonios, incluso de personas que estuvieron con Berenice horas antes, de las cámaras de seguridad y de otras pericias judiciales, los fiscales pudieron determinar el lugar donde ocurrió el ataque sexual, e identificar a los responsables a quienes ya se les dictó prisión preventiva.

Estaría acreditada la probabilidad delictiva de Daniel Castañeda, de 46 años, a quien se lo considera responsable del suministro de material estupefaciente en concurso con abuso sexual con acceso carnal, mientras que también se encuentra detenida una joven de 25 años, amiga de la víctima, en estado de vulnerabilidad, sobre quien pesa la acusación de facilitación del encuentro sexual a cambio de la obtención de drogas.

Signos de abuso sexual

Los fiscales explicaron de forma detallada el cumplimiento de los protocolos establecidos en el servicio de justicia para casos de abusos sexuales, que se cumplieron en coordinación con las áreas de salud intervinientes, tanto en el Hospital Fermín Salaberry de Victoria, como en el Hospital San Martín de Paraná, a donde la víctima, madre de un niño de cuatro años, fue derivada y se le hicieron estudios frente a la evidencia de signos de abuso sexual.

Antes de eso, el domingo pasado, el ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia, también brindó declaraciones pero apuntó al tema del consumo de sustancias. “Cuando hay un consumo morboso de cocaína, el consentimiento para mantener relaciones sexuales está viciado”, dijo, y agregó: “Berenice ingresó junto a una amiga a una casa de calle Italia al 700, de Victoria, junto a otra chica. Eso dicen las cámaras de seguridad. De esa vivienda salió al rato, y las imágenes que ahora analiza la Policía la muestran desencajada: se cae varias veces, tiene ‘un brote psicótico’ en plena calle”. 

Las palabras del ministro generaron un fuerte rechazo por parte de organizaciones de mujeres y familiares, ya que sostienen que no se puede hablar de consumo cuando la víctima fue drogada. “No hay responsabilidad en la víctima”, sostuvieron y añadieron: “Tanto el ministro como algunos medios de comunicación insisten con narrar lo sucedido en términos de consumos problemáticos, minimizando el femicidio y responsabilizando a la víctima” manifestaron a elDiarioAR.

Y remarcaron: “Sí, Berenice Gonzálvez fue víctima de femicidio, violación y abuso por parte de hombres que aún están en libertad. Desde los colectivos y organizaciones feministas de la ciudad repudiamos estas declaraciones y exigimos que se retracten de lo dicho. No podemos excusar a los femicidas, basta de cargar las tintas sobre las jóvenes y reproducir la naturalización de la violencia que se vive en nuestra ciudad. Hay más de 36 casos de violadores y abusadores sin condena o condenados y sin cumplirla. Ocupémonos de esto y dejemos de mirar para otro lado. Los funcionarios públicos y medios que son capaces de reproducir estos discursos, deben retractarse y capacitarse para no seguir alimentando esta narrativa patriarcal, machista y violenta”. 

Accionar policial

Si bien el accionar policial fue inmediato, ante las directivas de los funcionarios judiciales, y se trabajó rápidamente para recolectar pruebas para esclarecer el hecho, inmediatamente después de que se la encuentra a Berenice corriendo por las calles de la ciudad en un estado de desorientación, de confusión y de shock traumático, dos hombres participaron asistiendo a la policía para poder controlarla. 

Así se alcanza a ver en un video que se viralizó y en donde estos dos hombres intentan retenerla, sosteniéndola de las manos, aunque termina siendo arrastrada por el suelo. También existe un audio de uno de ellos, que ante la pregunta de un familiar que lo distingue en el video, éste le explica que pasaba por ahí cuando un policía le pide ayuda para “controlarla”, ya que la joven no se dejaba agarrar, pateaba y mordía. 

Es allí, en esa instancia de confusión traumática en la que se encontraba Berenice, que se advierte la falta de aplicación de protocolo de atención a una víctima. Las imágenes – tal vez las últimas de Berenice aún con vida- corroboran parte del horror que vivió en esas horas. 

El caso tiene muchas similitudes con el femicidio de Lucía Pérez, la joven marplatense que fue asesinada en 2016 por Matías Gabriel Farías, de 23 años en aquel entonces, Alejandro Alberto Maciel de 58 años y Juan Pablo Offidani de 41 años. En una primera instancia los tres hombres, fueron acusados solo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de edad. Pero en el proceso judicial más tarde se sancionó por abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes, seguido de muerte en concurso ideal con femicidio. A Lucía le habían suministrado grandes cantidades de cocaína y marihuana con la intención de atacarla sexualmente en estado de indefensión. 

La calificación para estos casos es clara. Según la Declaración de Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres y las niñas se refiere a “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Los protocolos de actuación de las distintas áreas, así como las mesas de intervención frente a la violencia de género, conformadas por distintas organizaciones e instituciones, establecen pautas directas de intervención en casos de abuso. También la tipificación en el Código Penal, a través de la Ley 26.791 determina a estos hechos como femicidios u homicidios agravados por razones de género, un agravante al tipo penal básico del homicidio, que tiene como objetivo elevar la pena para aquellas muertes causadas a mujeres por una persona con la cual mantienen o han mantenido una relación sin la necesidad de que hubiera convivencia, y/o debido a su género, orientación sexual, identidad de género o su expresión. 

Resta esperar la calificación que los fiscales le otorgarán a esta causa, aunque hasta el momento, todo se encuadra en un femicidio.

SM/CRM

El proyecto de ley ómnibus presentado por el presidente Javier Milei ha generado la reacción de gran parte de las organizaciones sociales defensoras de los derechos de mujeres, de las identidades diversas y de las niñas, los niños y los adolescentes. A 48 horas de su ingreso al Congreso, sus referentes siguen sosprendidos por los alcances del megaproyecto y los retrocesos en la conquista de derechos, pero confían en la capacidad del Poder Legislativo para frenarlos.

elDiarioAR consultó a referentes del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de Aralma, y a abogadas e historiadoras, quienes coincidieron en que la reforma impulsada por Milei borra rotundamente las conquistas de los últimos años.

“Estamos totalmente preocupadas por la negación de la desigualdad de géneros que intenta imponer el nuevo gobierno”, señaló Sonia Almada, psicóloga fundadora de Aralma, una organización que trabaja por los derechos de niñas, niños y adolescentes, para quien “la degradación del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación a subsecretaría es un nueva forma de disciplinamiento hacia las mujeres, las infancias y las diversidades”. Almada vaticinó que “la feminización de la pobreza se profundizará y aumentarán los actos de violencia hacia las mujeres, las diversidades y los niños y niñas porque se intenta cambiar la narrativa”. 

Sobre las nuevas reglamentaciones acerca de las jornadas laborales, flexibilización laboral y licencias, dijo: “Nos dejan, una vez más, empobrecidas, precarizadas y sin redes de contención”. Señaló que la pretensión del cambio con relación a licencias hasta de hijas e hijos prematuros y con discapacidades también dejará a los niños y niñas sin amparo, y que perjudica a las mujeres, que están en su gran mayoría a cargo de las tareas de cuidado.

“No se han querido meter con la legalización del aborto porque hubiera sido un escándalo internacional”

En referencia la legalización del aborto, que fue sancionada hace tres años, y la ley de los Mil Días, que también rige desde el mismo momento y que se propone fortalecer el cuidado de la salud en la primera infancia, la ley ómnibus de Milei deja de lado conceptos claves, como el de persona gestante, para pasar a mencionar solo a “madres embarazadas”, “mujeres y sus hijos por nacer”.

La historiadora y socióloga Dora Barrancos afirmó que “no se han querido meter de lleno con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y lo han hecho con la Ley de los Mil Días” porque de otro modo hubiera significado “un escándalo de alcance internacional”. Dijo que el cambio propuesto a la ley de los Mil Días “es una forma para controlar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad para que abandonen cualquier tentativa de aborto”. “Es un dispositivo por sobre la Ley IVE, un control estricto sobre embarazadas vulnerables para que desistan de cualquier idea de aborto voluntario” afirmó.

Agustina Ramón Michel, abogada integrante del CEDES, por su parte, dijo que “aunque no afecten la legalidad del aborto, las propuestas dan cuenta de la nula intención de este gobierno de distribuir y garantizar insumos para la interrupción segura del embarazo entre hospitales y centros de salud, y podrían generar un contexto donde legisladores locales propongan medidas desorbitadas y profesionales de la salud se sientan autorizados para actuar de forma arbitraria o violenta, limitando opciones para las pacientes”.

La activista Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS, afirmó que “en lo que tiene que ver con la ley de los Mil Días, las personas gestantes no están, las mujeres sólo son consideradas en su rol materno y las infancias se extienden al momento de la concepción. En el cruce de la ‘detección’ y el ‘niño por nacer’, encontramos un rol proactivo del Estado, que puede avasallar en nombre del ‘niño por nacer’, la voluntad de la persona gestante”.

De la Vega advierte que la figura del “niño por nacer” no tiene una definición en nuestro cuerpo legal. “No es una figura legal y su definición es brumosa. Por otra parte, si la intención es proteger la vida en gestación, a través de la gestante, ya lo hace la Asignación Universal por Hijo (AUH) para personas embarazadas en el marco de las asignaciones familiares. Entonces, una ley que viene a cuidar las infancias como la de los Mil Días, ampliamente debatida por representantes de distintos partidos, se encuentra con modificaciones que cambian su objetivo, sus sujetos de protección y el rol de las y les usuaries ante ese derecho”, sostuvo.

Guillermo Torremare, abogado y presidente de la APDH hizo hincapié en lo que suponen estas modificaciones que incorporan el concepto de la vida desde la concepción, “algo que estaba superado”, por lo cual para el abogado “implica el cuestionamiento a la IVE”.

Existen varios temas que se desprenden de la ley ómnibus, como por ejemplo en relación a la red que constituía la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y la producción de medicamentos. “El cierre de este organismo y la modificación de la ley de fabricación estatal de medicamentos sin dudas afectará la producción de misoprostol y desfinanciará políticas públicas”, dijo Soledad Deza, abogada especialista en Género, Sociedad y Políticas y directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad San Pablo.

Qué pasará con el cumplimiento de la Ley Micaela

Micaela García fue asesinada por una persona que no conocía, Sebastián Wagner, luego de atacarla sexualmente. Tras ese femicidio, el Congreso sancionó por unanimidad una ley que lleva su nombre y que obliga a las y los trabajadores de los tres poderes del Estado a capacitarse con perspectiva de género. A esta ley adhirieron las provincias. El gobierno de Milei planteó una restricción en su aplicación.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, señaló que se trata de un “retroceso” y una “falta de respeto” a la memoria de las víctimas de femicidio. Deza subrayó que al sacar de la Ley Micaela la palabra “género” y circunscribirla sólo a la violencia familiar “se despolitiza el conflicto y nos retrotrae décadas”.

“Otro tanto ocurre con las referencias normativas a ‘madres’ e ‘hijos por nacer’ de la modificación de la 27611, que es mucho más que semántico: es reconocer una personalidad jurídica fetal que no existe con la cual imponer maternidades forzadas. El giro biologicista también es innegable cuando sacan ‘persona gestante’”, explicó la abogada.

Por su parte, Lucía de la Vega aseguró que las modificaciones en torno de la Ley Micaela son contrarias a su objetivo. “Las capacitaciones se reducen a la violencia familiar y sólo van a recibir formación las autoridades estatales ‘competentes’ y no todas las personas en función pública de los tres poderes del Estado. La decisión de reemplazar la noción de violencia de género por ‘violencia familiar y contra la mujer’ invisibiliza las violencias contra las personas LGTBIQ+. También desanda años de desarrollo teórico y legal, y diluye responsabilidades estatales. Por otra parte, naturaliza una desigualdad estructural y las jerarquías sociales ordenadas en razón del género de las personas. Esto último deriva de confundir ‘igualdad ante la ley’, como escuchamos en toda la campaña, con la igualdad real y la equidad”, indicó.

Los cambios al sistema electoral son otro eje que preocupa a las organizaciones por la reducida representación que pudieran tener las mujeres. Ahora resta ahora ver el rol que cumplirá el Congreso respecto de este megaproyecto.

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El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos entendió que se vencieron los plazos procesales y decidió revocar la potestad de la fiscalía para realizar actos de investigación en el marco de una causa por el delito de violación de una niña de 8 años, lo cual implica el agotamiento de las tareas de investigación y la imposibilidad de incorporar nuevas evidencias.

El caso, que comenzó a tramitarse durante la pandemia, tuvo un cierre inaudito impidiendo que se continúe con el trabajo de investigación por parte de la Fiscalía, en un caso de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. A través de la disposición, el máximo órgano de justicia entrerriano, siguiendo los alcances del “fallo Cozzi” en lo que se juzgó fue un delito de corrupción, aplicó la misma decisión sin observar los derechos de la víctima.

El malestar se extendió al Ministerio Público Fiscal ya que aseguran que aún en el contexto de emergencia sanitaria nacional continuaron realizando las pericias y recolectando la información que prueba el delito cometido contra una menor que está absolutamente traumatizada por lo que le ha tocado vivir. Esto implica además la falta de consideración y respeto a los tiempos de las víctimas, protegido por una ley nacional que fue sancionada en 2015 a instancias del trabajo legislativo de la senadora entrerriana Sigrid Kunath (conocida como Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Abusos Sexuales). 

“En el acuerdo del STJER no hubo ninguna consideración en relación a sus derechos y garantías en el proceso penal” señalan desde el MPF respecto a la resolución que adoptaron Claudia Mizawak, Daniel Carubia -por mayoría- y Miguel Angel Giorgio -en minoría-, presidenta y vocales de la Sala Penal. 

La querella y fiscales de la menor, indican que los jueces ni siquiera mencionaron a la pequeña en todo el desarrollo del texto, como tampoco “la violencia de género ejercida en su perjuicio, siendo que constituye un sujeto relevante con doble protección especial del Estado, - al ser niña y  mujer - sosteniéndose una mirada sesgada, arbitraria y reñida con el marco convencional que de persistir hará responsable al Estado argentino por la impunidad a la que lleva el mensaje contenido en la sentencia”.

En 2021, el STJER tomó el criterio de cerrar una causa porque entendió que la Fiscalía se pasó del plazo que dice el Código Procesal Penal, lo que dio origen al denominado fallo Cozzi, en alusión a uno de los implicados en esta causa de corrupción política.

En esta oportunidad, y más allá de tratarse de un delito contra la integridad de una menor, el Superior Tribunal, volvió a adoptar idéntica decisión, sin prever lo que indica para estos casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece el análisis de la complejidad del caso, a la luz de las circunstancias particulares de cada uno, en donde debe contemplarse la complejidad del litigio; la conducta de los demandantes y de las autoridades judiciales, y la forma como se ha tramitado la etapa de instrucción del proceso para determinar la razonabilidad del plazo,

La Corte señala que corresponde al Estado justificar la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar el caso y, de no demostrarlo, tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto. 

El proceso penal en cuestión involucra a una niña víctima de violencia sexual, lo cual exige que en este caso la garantía judicial de plazo razonable establecida en la Convención Americana deba analizarse junto con el deber del Estado de actuar “sin dilaciones” y con la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia contra la menor, tal como lo establece además la Convención de Belém do Pará.

Un mensaje para toda la sociedad

Siempre se apela al carácter social que tiene la justicia en tanto un fallo o cualquier resolución, más allá de la sanción que le corresponde a quien comete un delito, es un mensaje para toda la sociedad, sobre todo para otras personas que en la misma situación buscan una reparación, aunque sea parcial frente al daño del que han sido víctimas.

La procuradora adjunta en materia de Género, Mónica Carmona en representación del Ministerio Público Fiscal, informó que se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por entender que se incurre en el incumplimiento de leyes y tratados internacionales, como también en una discriminación de la víctima. “Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que directa o indirectamente produzcan situaciones de discriminación en orden al derecho de igual protección ante la Ley”, señala en la presentación formulada donde se remarca que la doctrina Cozzi es abiertamente contraria a la forjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus recientes fallos.

La presentación hace referencia a que la posición por parte de Mizawak y Carubia para declarar la caducidad de la acción es abiertamente contraria a la doctrina emergente, tanto de la Corte, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Convención Internacional de Derechos Humanos como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Entendemos que el presente caso de trámite en pandemia y post pandemia por un ilícito de abuso sexual con acceso carnal que conlleva hasta quince años de prisión, en perjuicio de una niña, lejos está de quebrantar la garantía del plazo razonable y de prescribirse, no existiendo motivos para declarar la insubsitencia de la acción penal”, explicó Carmona en la presentación ante la resolución del Tribunal que subraya la importancia en relación a la protección especial de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. “De admitirse la pretensión de la defensa los derechos y garantías de la niña serán ignorados y desconocidos convirtiéndolos en letra muerta en contradicción a la concepción dinámica de los derechos humanos”.

La aplicación del fallo Cozzi en este caso de violencia sexual hacia una niña, adoptado por las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, va en sentido contrario de las convenciones internacionales que ha adoptado la Argentina con rango constitucional. El país ha sido pionero en un sistema de justicia adaptado a niñas, niños y adolescentes que trabaja para tener una justicia accesible y apropiada hacia sus derechos, que toma en consideración no solo el principio del interés superior, sino también su derecho a la participación con base en sus capacidades en constante evolución, conforme a su edad, grado de madurez y nivel de comprensión, sin discriminación alguna.

Desde el regreso de la democracia, Entre Ríos ha conservado la tradición peronista como un sello. Si bien aquí los resultados de las elecciones del pasado domingo ubicaron a Sergio Massa como ganador de la contienda presidencial, quien no corrió igual suerte fue el candidato peronista a la gobernación, Adán Bahl, actual intendente de Paraná. Rogelio Frigerio, de Juntos por el Cambio, se impuso en su primera presentación a la Gobernación, con un 41,6% de los votos contra el 39,4% de Bahl, rompiendo con una tradición de 20 años consecutivos de gobiernos del Partido Justicialista. 

Es así que el exministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) sucederá el 10 de diciembre al peronista Gustavo Bordet, quién ese día termina dos mandatos consecutivos al frente del Poder Ejecutivo entrerriano.

“Esto nos llena de una gran responsabilidad. La vamos a honrar resolviendo los problemas de los entrerrianos”, dijo Frigerio a la prensa el día de la votación, algo que también marcó en su discurso de campaña y aseguró, tras conversaciones con el gobernador Bordet, que habrá “una transición ordenada”.

El giro político se produce en un contexto en el cual desde 1983, y con sólo dos períodos de gobierno del radical Sergio Montiel (1983-1987 y 1999-2003), y otro a manos del dirigente justicialista de la ciudad de Paraná, Mario Moine, la sucesión de gobernadores provenientes de Concordia —Jorge Busti, Sergio Urribarri, Gustavo Bordet— le dieron a esta localidad la consideración de ser “la capital del peronismo”. Pero esta vez, el peronismo también perdió en Concordia, al igual que en Gualeguaychú, otro de los distritos importantes de la provincia.

Las localías

En la capital provincial, la candidata del PJ, Rosario Romero, actual ministra de Gobierno de Bordet, logró retener la intendencia y sucederá a Adán Bahl. Romero será la segunda mujer en ocupar este puesto —después de la también justicialista Blanca Osuna, que fue jefa comunal entre 2011 y 2015—, al conseguir el 38,5% de los votos que se volcaron por la propuesta oficial contra el 36,2% de su oponente, Emanuel Gainza, de Juntos por el Cambio. 

En su campaña Romero prometió dar continuidad a las obras y gestiones realizadas por el intendente Bahl, quien fue ministro de Gobierno en la primera gestión de Sergio Urribarri y vicegobernador en el primer mandato de Gustavo Bordet. “Creo que ha sido muy valorizada nuestra gestión. Esto implica el reconocimiento para que Rosario [Romero] continúe la transformación en la ciudad”.

A diferencia de la continuidad en Paraná, la derrota en Concordia supone un duro revés para el peronismo. Todos los gobernadores peronistas provienen de esa ciudad, con excepción de Mario Moine, empresario paranaense que dirigió la provincia en representación del justicialismo en 1991, luego de ser intendente de Paraná en 1987.

Concordia, que llevaba hasta hoy 40 años siendo gobernada por peronistas, tiene nuevo intendente, y es Francisco Azcué de Juntos por el Cambio, que le arrebató las aspiraciones a Armando Gay del oficialismo, impulsado por el actual intendente Enrique Cresto.

Con el 44% de los votos, el joven abogado de 36 años —que fue durante varios años músico, presidente de la Juventud Radical de Concordia hasta el 2018 y designado posteriormente como fiscal en el Poder Judicial entrerriano—, el nuevo jefe comunal concordiense prometió “progreso, trabajo, oportunidades y orden”.

Otra ciudad que cambió de signo político es Gualeguaychú. Luego de un proceso por el cual la Justicia lo autorizó a participar de la contienda electoral en ese distrito, y sorteando las impugnaciones que le formularon, Mauricio Davico, de Juntos por el Cambio, se quedó con la intendencia con el 36,3%, frente a al oficialista Martín Roberto Piaggio, que obtuvo el 33,7% e intentaba dar continuidad a la gestión de su primo, el actual intendente, Martín Piaggio, que ya llevaba dos períodos consecutivos.

En cambio, en Concepción del Uruguay, de la mano del actual intendente Martín Oliva y con la tradición política de José Eduardo Lauritto, ganó Unión por la Patria, o Más para Entre Ríos, como se denominó a la lista del oficialismo en Entre Ríos. Lauritto cosechó el 41,7% de los votos contra Juan Enrique Ruiz Orrico, de Juntos por el Cambio, que obtuvo el 32,4%.

La Libertad Avanza quedó como tercer grupo político y logró cinco lugares en la Cámara de Diputados provincial mientras que 18 bancas quedaron en manos de Juntos por el Cambio y 11, para el peronismo. En la Cámara de Senadores quedaron 9 senadores para el justicialismo y 8 para Juntos por el Cambio. 

La provincia cuenta con una Ley Integral de Paridad por lo cual la alternancia de los cargos electivos estuvo marcada por la participación de las mujeres, pero mayoritariamente ocupando los segundos lugares en las candidaturas a las intendencias y demás cargos electivos. Solo la actual vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Stratta, encabezó la lista de diputados por el peronismo, siendo además quien impulsó hasta sancionar la Ley de Paridad Integral.

SM/JJD