No le asustó ver el reflejo de su cara ensangrentada en el espejo del baño. Julio Lazarte, de nueve años, se sacó los seis perdigones alojados entre su mentón y el cachete izquierdo, sin ayuda de nadie. Una por una, las bolitas cayeron sobre el lavatorio blanco del baño. Fue jueves 22 de mayo por la tarde y hacía pocas horas había recibido en su casa un balazo por parte de un oficial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Pero antes de él se preocupó por otra cosa: resguardar a Meiby, su hermanita de seis años. Su papá, Julio Lazarte, y su mamá, Cecilia Formaron, estaban en la vereda, siendo hostigados por la fuerza de seguridad en medio de un violento operativo de rutina.

A “Julito” –como lo llama su familia– el disparo le entró por una ventana abierta de su casa e impactó directo en la cara. Se había asomado a ver qué ocurría con sus padres. En ese estado, llevó rápido a su hermanita a su cuarto y cerró la puerta. Allí se sintieron seguros. Al menos por un rato, hasta que los ocho oficiales de la UTOI se fueron a bordo de una camioneta negra, dejando una estela de miedo e impunidad que desde hace tiempo acecha a las calles del barrio Santa María-IAPI, en Quilmes, partido del sur del conurbano bonaerense.

“Esto se veía venir”, dice ante elDiarioaR Julio Lazarte, padre de Julito, varios días después y desde la vereda de su casa. Hay gallinas y perros que pasean por la misma calle de tierra a la que llegó la UTOI para un operativo de rutina. “Esa unidad nos hostiga todo el tiempo”, denuncia. Reclaman que aún no se sabe la identificación de los agentes de seguridad que los violentaron. Este medio consultó a prensa de la Bonaerense, pero no obtuvo respuesta.

Julito, alto, vestido con una campera deportiva negra y una gorra marrón puesta hacia atrás, se toca despacio la cara. Los seis perdigones dejaron cicatrices notorias. “Pudo haber perdido el ojo tranquilamente”, admite el padre. Tres días estuvo internado su hijo tras el salvaje operativo. Primero en la Unidad de Pronta Atención N° 17 y luego en el Hospital Iriarte de Quilmes.

Para el padre, el disparo no le llegó a impactar también a su hija por algo casi fortuito. “Ella estaba con él mirando desde la ventana cuando el policía tira, pero Julito es más alto”, señala el papá de 35 años.

Ese jueves Julio tenía franco en su trabajo como operario de una planta de bombeo. A las seis de la tarde, conversaba fuera de su casa con su primo, en la calle Formosa 4435, donde también funciona desde hace años un comedor del Partido Obrero, manejado por Mireya Rubilar, madre de Julio y abuela del menor. El móvil de la UTOI apareció de la nada.

De la camioneta negra, patente AE539VQ, bajaron ocho efectivos. Los agentes –relatan testigos– les ordenaron a Julio y su primo que pusieran las manos contra la pared. No hubo explicación, solo órdenes. Tres de los oficiales llevaban armas largas. “El verdugueo de la policía con el vecino es moneda corriente acá”, explica Julio. Desde que comenzó el año, era la tercera vez que la unidad paraba al padre de Julito.

El operativo de esa tarde –se supo después– no tenía ningún fin específico y los efectivos, denunciaron los mismos vecinos, actuaron violentamente contra Julio y otras personas que también se encontraban en el lugar. “Un supuesto patrullaje de rutina termina con seis disparos en la cara de mi hijo”, se indigna el padre.

El desmadre se produjo cuando los oficiales quisieron esposar a Julio sin ningún motivo. Los vecinos, cansados del hostigamiento policial, salieron en su defensa. Allí, cuenta el padre, se produjeron al menos dos disparos al aire de dos oficiales. Uno de esos impactó contra su hijo. “Dispararon a cualquier lado para calmar la situación, pero todo se les fue de la mano”, describe Julio.

Tanto él, como la madre de Julito, se enteraron de que su hijo había sido baleado cuando el móvil UTOI se fue del barrio, tras la presión de los vecinos. “Estábamos todos afuera con la policía, nunca pensamos que el disparo había entrado a nuestra casa”, admite Julio. De inmediato, llevaron a su hijo al hospital, donde permaneció internado. “Fue muy valiente para agarrar a la hermana, llevarla al cuarto y después sacarse él mismo los perdigones”, admite el padre.

A dos cuadras de su casa, está el club de fútbol Santa Rita. Según los vecinos, es frecuente que allí la policía detenga a quienes salen de jugar en su canchita o se quedan charlando. “Todo el tiempo te paran sin motivo y te quieren llevar detenido”, insiste Julio. “Siempre paran al laburante, nunca al chorro”.

Esteban tiene 24 años, es vecino de Julio y dice: “Si te ven con gorrita, te paran al toque y te verduguean un rato”, cuenta el joven, quien prefiere no dar su apellido. “En otros barrios de Quilmes no pasa tanto, pero acá es una fija de los policías”, asegura Esteban. Yamila, de 19 años y también de la zona, revela: “Siempre los hacen tirar al piso a los pibes y los pinchan para que reaccionen”.

Para Mireya Rubilar, la abuela de Julito, el operativo de la UTOI podría haber sido “una tragedia”. “Al comedor vienen muchos chicos. ¿Qué pasaba si estaba abierto cuando la UTOI vino?”, se pregunta Mireya. El espacio abre tres veces a la semana, pero antes brindaba un plato de comida todos los días. Todo cambió con el recorte de alimentos por parte del gobierno nacional a las organizaciones sociales. “Los vecinos del barrio le tenemos más miedo a la policía que al chorro”, explica la abuela de Julito.

El sábado, el comedor abrió sus puertas para dar alimentos y pedir justicia por Julito. “Le gusta mucho el deporte y su materia favorita es ciencias sociales”, retoma el padre. “Me gustaría aprender natación”, suma Julito, a su lado.

Una “visita” extraña

Llegaron cuando los padres de Julito estaban en el hospital. Un grupo de oficiales que solo se identificaron como integrantes de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense se presentó en la casa del menor. El objetivo de esa visita, según cuentan testigos, fue notificar que el oficial que disparó “ya había sido apartado de la fuerza”.

“No tenemos ninguna certeza de que se haya desplazado al agente, ni que esos oficiales eran de Asuntos Internos”, cuenta Olga Aguirre, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), quien lleva adelante la causa. Olga, junto a otros militantes del Partido Obrero, estaba presente el día que se acercaron estos últimos policías. “Aquello fue algo muy irregular”, apunta la abogada. “Vinieron de una forma extraña. Querían entrar a la casa de Julito para ver donde había entrado la bala”, explica.

A más de una semana del hecho, aún se desconoce la identidad del autor del disparo que hirió a Julito, como así también el del resto de los siete integrantes de la UTOI. Todos los efectivos, asegura la abogada de APEL, cumplieron un rol distinto que terminó desencadenando en la lesión del menor. “Por eso solicitamos a la Justicia que se investigue el accionar de la fuerza por lesiones graves y apremios ilegales”, agrega la letrada.

Dentro de las primeras medidas, la querella solicitó la identificación de todos los agentes que participaron del operativo. “Es muy importante revelar los nombres para saber si siguen patrullando las calles con esa misma violencia”, apunta la abogada. La causa es investigada por la UFI N° 4 de Quilmes.

¿Cómo opera la UTOI?

La UTOI fue creada durante la gestión de Maria Eugenia Vidal como gobernadora provincial (2015-2019). Su principal impulsor fue Cristian Ritondo, por entonces ministro de seguridad bonaerense. La unidad se gestó, en un principio, para participar en intervenciones inmediatas que define la propia cartera de seguridad. A su vez, fue capacitada por el Grupo Halcón y sumó elementos de otros grupos especiales, como el Grupo de Apoyo Departamental y el Grupo Motorizado de la Policía Bonaerense.

Entre sus principales funciones, se encuentra la de generar operativos de saturación territorial, como la intervención en determinados barrios bonaerenses. Sus “tareas de prevención del delito”, en algunos casos, terminaron por cometerlos.

El 31 de octubre del 2022, durante uno de esos operativos, efectivos de la UTOI asesinaron de varios disparos a Esteban Bellido en un domicilio de la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. En febrero del 2024 ocho de los agentes que participaron de ese operativo fueron condenados por el delito de violación de los deberes de funcionario público.

En septiembre del 2022, en otro caso similar al de Bellido, la Justicia de Quilmes condenó al oficial de la UTOI Cristian Alejos a la pena de 18 años por el homicidio simple de Matías Banuera, de 14 años de edad. El menor había sido asesinado por la espalda de un disparo en la cabeza, la noche del 29 de julio de 2017, mientras caminaba por el barrio Itatí –cerca del barrio de Julito– con otros amigos. Los cuatro policías de civil que también participaron del crimen no informaron el hecho a sus superiores, huyeron del lugar y, luego, inventaron un supuesto robo que no existió.

“Al momento de crearse la unidad, recibimos denuncias de los vecinos sobre el mecanismo y la forma en que actuaba la fuerza dentro del barrio”, explica Rodrigo Pomares, abogado y director del programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). “Hubo situaciones de hostigamiento, aprehensiones arbitrarias y allanamientos ilegales”, suma Pomares.

Para el abogado, el despliegue desmedido de la UTOI en los llamados “operativos de saturación” genera situaciones que, muchas veces, terminan desbordando hasta a los propios agentes. “Ellos mismos desencadenan un foco de conflicto mayor al que inicialmente estaban abordando”, finaliza Pomares.

MC

La diputada nacional, Vanina Biasi, había llegado temprano a Comodoro Py. El imponente edificio de la justicia federal porteña no era algo ajeno para ella. Vanina había ido varias veces como manifestante y en apoyo a distintas causas que se tramitaban allí. Desde el juicio por el asesinato en 2010 de su compañero del Partido Obrero (PO), Mariano Ferreyra, hasta las decenas de detenidos durante las protestas por la Ley Bases en el Congreso, el inmueble ubicado en el bajo porteño era un punto de encuentro habitual entre los militantes de izquierda. Pero esa mañana del 15 de octubre del 2024, por primera vez, Vanina no iba por la causa de otro compañero.

“Las opiniones sobre mis opiniones deben tramitarse en un debate en una facultad y no en un juzgado federal”, le dijo Vanina al juez federal, Daniel Rafecas y al fiscal, Eduardo Taiano, ni bien entró y se sentó frente a ellos.

Rafecas y Taiano la esperaban para comenzar su indagatoria, tras haber sido denunciada por el delito de “discriminación”. La diputada del PO, en su cuenta de X, había criticado el accionar bélico de Israel en la Franja de Gaza, denunciando un “genocidio” y llamando “nazi” a las autoridades del gobierno israelí. La misma crítica en la red social había sido señalada por distintas organizaciones y personalidades destacadas de los derechos humanos, pero la denuncia ─impulsada, a su vez, por la DAIA─ recayó solo en la principal candidata del Frente de Izquierda Unidad (FITU) para las próximas elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

Esa mañana en Comodoro Py, ni Rafecas, ni Taiana hicieron comentarios sobre la causa. Ambos, desde ese momento, tenían diez días hábiles para dar una sentencia, pero tardaron cuatro meses. Para Rafecas, los comentarios de Vanina “no superan el análisis que permitiría considerarlos en el ámbito del legítimo ejercicio del derecho de la libertad de expresión”. El 7 de abril, en medio de la campaña porteña, Vanina fue procesada por el juez federal. El 29 de ese mes, junto a su abogada, apelaron el fallo, pero –esta vez– no pudo asistir a Comodoro Py. Una neumonía bilateral la dejó en un reposo estricto, a una semana de las elecciones del 18 de mayo. El territorio, para la diputada, siempre fue crucial en su historia de militancia. “Sin territorio, no hay política directamente”, le dice Vanina a elDiarioAR a través de mensajes escritos de WhatsApp.  “Necesito salir ya”, bromea luego.

De Pinar de Rocha al Congreso

El sonido de la cumbia la aturde. La pista del boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, está repleta. Es un sábado del 2001, plena crisis económica, y Vanina, de 27 años, atiende la barra del lugar. En la semana trabaja como personal no docente de la Universidad de Buenos Aires, vive en la zona sur de Capital Federal, tiene un hijo y pareja, pero la plata en casa no alcanza. Nunca fue de salir a bailar, de chica prefería los libros a los boliches, pero la crisis ese año empuja a nuevas experiencias. Y Vanina, a esa edad, ya las tiene. 

Hay respuestas que solo se ven en la acción. Emociona ver a Vanina y sus compañeros del FITU. No vienen muchos diputados a marchar con los viejos. Esa es la verdad

Liliana Cereda — Jubilada

En los ’90, cuando empezó su militancia en la facultad de Filosofía y Letras, vendió paquetes bancarios para el extinto Banco de Crédito Argentino. “Odiaba las ventas y más de paquetes bancarios. Era un fracaso”, se sincera la diputada. Luego, a partir del 2000, trabajó en el Museo del Rock del barrio de San Telmo, un histórico boliche rockero de la Ciudad. Una noche en la que sonaba Charly García al palo, conoció a Fabiana Puebla, una joven que iba a bailar seguido al Museo. Por esos años, ni Vanina, ni Fabiana, sabían que lo que verdaderamente las iba a unir sería una tragedia. “Nos volvimos a reencontrar después del 30 de diciembre del 2004, cuando se prendió fuego Cromañón”, cuenta Fabiana, de 47 años y sobreviviente del incendio de Once que se cobró la vida de 194 jóvenes. 

“Ella acompañó a muchos familiares y sobrevivientes desde el primer momento”, señala Fabiana. “No conozco a muchas militantes como Vani.  Hace 20 años que banca cada lucha que emprendemos. Marchas, convocatorias. Siempre poniendo el cuerpo”, agrega la sobreviviente.

Vanina recuerda esas experiencias laborales en boliches como “gratas”. “Con varios compañeros del Museo militamos después en la causa Cromañón, era un lugar de ritual por entonces y ese hecho nos marcó”, cuenta la candidata a legisladora de 51 años. Esa causa, por supuesto, no sería la única que abrazaría.

Entre debates y gases

Es un miércoles, las dos de la tarde y en la escuela porteña Carlos Pellegrini de la calle Marcelo T. de Alvear 1058, los alumnos se agolpan sentados en una chanchita techada. El centro de estudiantes del colegio organizó un debate entre algunos legisladores de las principales listas. Vanina tendría que estar acá, pero en su reemplazo asiste Celeste Fierro, tercera en la lista del FITU para estas elecciones. Celeste es una cordobesa que no pierde su tonada. Nació en Unquillo, pero se crio en la ciudad de Villa Allende, ubicada a 19 kilómetros de la capital provincial. Acompañó a Vanina en 2023, durante la candidatura de Biasi como Jefa de Gobierno, elección en donde el Frente de Izquierda obtuvo la mayor cantidad de votos para ese puesto desde la creación del partido. En esos comicios, la actual diputada del PO obtuvo un porcentaje del 4,3% del padrón, sumando 10.000 votos más que en las PASO. 

“Ella pone mucho el cuerpo afuera del recinto y esas candidatas a nosotras nos representan mucho”, destaca Fierro. Al debate en el Pellegrini invitaron a los principales partidos porteños, pero solo uno se negó a asistir: La Libertad Avanza que lleva a Manuel Adorni, el vocero presidencial. Según los estudiantes, los libertarios rechazaron la invitación. “Para enfrentar a la ultraderecha, hay que ser radical en las propuestas”, retoma Celeste. “Por eso el voto útil el 18 es la izquierda. El peronismo como alternativa opositora fracasó. Todos los líderes de sindicatos de la ciudad son peronistas y no hicieron nada para defender a los laburantes”, apunta la también candidata por el FITU. 

Los estudiantes del secundario se sientan en el piso, mientras aguardan el inicio del debate. No es el primero que Vanina se pierde. El 29 de abril, en el Canal de la Ciudad, los candidatos que lideran las principales listas discutieron sus propuestas cara a cara. En su reemplazo fue Lucas Bonfante, 26 años, estudiante de historia y segundo en la lista. Hay varios jóvenes que integran la boleta del FITU. Tatiana Fernández tiene de 21 años y es candidata a legisladora. Conoció a Vanina a los 13 años, cuando ella era estudiante del Colegio Nacional Buenos Aires y la diputada trabajadora no docente de la UBA. “Siempre que había movilizaciones para defender a los docentes o defender el presupuesto universitario, ella estaba presente. Sobre todo en las luchas que llevamos adelante las mujeres y las diversidades por el aborto legal”, cuenta Fernández. Hay una imagen que la militante no olvida. En 2020, tras la sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Vanina la buscó en las inmediaciones del Congreso y la abrazó junto a sus compañeras. 

Creo que la llegada de Milei hizo que más jóvenes se sumen a la izquierda

Vanina Biasi — Candidata del FITU

“Creo que la llegada de Milei hizo que más jóvenes se sumen a la izquierda”, explica Biasi. “La frustración por el avance de la derecha y la colaboración de peronistas y radicales con el poder de turno, hizo que la izquierda tenga una oportunidad muy importante para impulsar sus propuestas de ahora en adelante”, agrega la referenta del PO. La llegada de más militantes al partido tiene un correlato en las actuales elecciones de medio término. En Salta, la izquierda está cerca de volver a incorporar legisladores. En Jujuy, según las últimas encuestas, están terceros. En Capital Federal, de las 16 listas, el FISU se posiciona entre los seis primeros partidos. “Es un momento de transición”, asegura Biasi.

Ahora son las tres de la tarde y el debate en el Pellegrini terminó, pero no la agenda del miércoles de Vanina. En una hora, si estuviera por la zona, asistiría a la marcha de los jubilados en el Congreso. La diputada acompaña su reclamo desde que el Gobierno recortó los medicamentos del PAMI. Tan es así que en su pierna aún tiene la marca de los seis balazos de goma que recibió del 31 de enero del 2024, luego de que la policía motorizada reprimiera en el inicio deL debate por la ley ómnibus. Los gases también los conoce bien. Uno de los tantos miércoles, un policía la gaseó con tanta precisión que le generó conjuntivitis química. Desde entonces su vista quedó afectada. “En la vida me comí muchos gases ojo, pero estos están seleccionados por un sommelier de gases nazi”, denuncia Vanina. 

Liliana Cereda, jubilada de 71 años y militante de una asamblea barrial, es testigo del apoyo de Biasi en la marcha de los miércoles. “hay respuestas que solo se ven en la acción”, dice Liliana. “Emociona ver a Vanina y sus compañeros del FITU. No vienen muchos diputados a marchar con los viejos. Esa es la verdad”, confiesa la jubilada. 

La marcha, como es usual, terminó nuevamente en represión, y Lucas Bonfante recibió atención médica tras ser gaseado.

La persecución judicial

Es viernes y en la esquina de Acoyte y Rivadavia, en el barrio de Caballito, hay un cartel del FITU con la cara de Vanina intervenida. Le dibujaron unos bigotitos y escribieron la palabra “nazi” abajo. Para Vanina, su reciente procesamiento no es casual. “Creo que esa persecución muestra a un poder judicial corrompido”, retoma la diputada.

“La DAIA tuvo a Carlos Stornelli como su instrumento para abrir la causa y luego a Taiano, que le pone más énfasis en investigarme a mí que al caso Libra, donde es el fiscal a cargo”, remarca la candidata porteña. Y agrega: “El poder judicial quiere silenciar la denuncia contra un genocidio y hacerlo particularmente contra una diputada y encima ejecutando el fallo para incidir en una elección. Muy ”sutil“ todo”, ironiza la diputada.

Vanina, dice, está decidida en convertir la provocación judicial en una oportunidad para denunciar el “exterminio” del pueblo palestino. Lo primero que haga cuando se recupere de su pulmonía, cuenta, es volver al territorio. “A todos los territorios”, dice.

FLD/MG

Iván Cheang, el exsuboficial de la policía federal que asiste a las marchas en el Congreso para apoyar a las fuerzas de seguridad, tensa su espalda y pide armar un corredor humano entre los militantes libertarios. Son las 18.30 hs del miércoles y desde el local libertario de la calle Delfín Gallo 5742, en Lugano, ven llegar a Javier Milei, su hermana Karina y Manuel Adorni. 

Cheang, vestido con traje, el pelo engominado y negro hacia atrás, pide que se haga “fuerza” y se “junten” para que los dos hermanos y el principal candidato porteño por La Libertad Avanza entren al pequeño local sin ser atosigados por la multitud. Los tres, sin embargo, enfilan por otro lado hacia el local violeta. Cheang, con un prendedor de la agrupación libertaria “ministerio de trolls” en su saco, luce decepcionado. “Quería una foto”, se lamenta, mientras un grupo de jóvenes cantan desaforados un nuevo hit electoral: “no pasa nada, si todos los traidores se van con Marra”.

La convocatoria del primer acto presencial y proselitista del Presidente para apoyar a su vocero oficial como principal candidato a legislador, fue puesta a las 17 horas, pero los seguidores del león llegaron antes. Javier Griffa tiene 37 años y milita en la organización “libertarios de CABA”. “Es muy importantes que en Capital Federal las ideas de la libertad se desarrollen cuando antes”, señala el joven. “Es necesario un cambio de leyes para que la Ciudad esté mejor. Para que pueda enriquecerse más”, destaca Griffa, sin aclarar que la capital del país ya es uno de los distritos más ricos. “Si vos trabajas más, la Argentina se enriquece. Y también los jubilados. Si vos hacés que haya más trabajo, más gente va a poner dinero para los jubilados. Entonces ellos van a ganar incluso más dinero”, teoriza el libertario, vestido con una remera violenta y con un león en el medio. 

Guillermina Berritela tiene 82 años y vive en Lugano desde el 2009. Es jubilada y dice que a la marcha de todos los miércoles en el Congreso van “unos mentirosos que nunca trabajaron”. “Por fin tenemos la oportunidad de ser potencia”, asevera Guillermina. “Estoy acá para apoyar a Adorni y para que metan presa a Cristina”, dice. “Le rezo a la virgen para que pase”, agrega la jubilada, quien admite: “Me alcanza justo la plata, pero hay que hacer el esfuerzo”. 

Un humo violeta forma un hongo entre la multitud. Con bengalas, bombos y platillos, distintos adolescentes llegan hasta al local libertario. Le cantan “traidor” a Marra y le dicen “kuka” a Jorge Macri. Miguel Barbieri tiene 18 años y es de Lugano. Se juntó a las tres de la tarde con su grupo de amigos para hacer una “previa” y venir acá. Algunos, cuenta, todavía van al secundario. “Todo lo que no sea Milei, es kuka”, afirma el joven, antes de volver a saltar y cantar con sus amigos.

El barrio de Lugano elegido por Milei y Karina, no fue casualidad. En la Comuna 8, distrito que integra el barrio, es donde mejor rindió electoralmente la fórmula de La Libertad Avanza. En 2021 fue el distrito donde más porcentaje sacó en las PASO (15%). En las elecciones generales de 2023 ─y en la categoría de Juntas Comunales─, la comuna 8 fue en donde mejor performó ese espacio dentro de la ciudad, con 20% de los votos afirmativos.

Pero además, en junio de 2023, en el Club El Ideal de Lugano, Milei recibió una placa de su exentrenador de futsal y presentó a Ramiro Marra como su candidato a jefe de Gobierno porteño. “Un placer estar con el queridísimo Ramiro”, había dicho, por entonces, el precandidato presidencial, mientras repasaba los orígenes de su fuerza: “Somos la línea fundadora de La Libertad Avanza”, había expresado el actual mandatario. Este año, Marra fue expulsado del partido y hoy enfrenta a Adorni como candidato de la Ucedé.

Ahora, quien supervisa todo es la legisladora y presidenta de LLA en la ciudad, Pilar Ramírez, la elegida de Karina Mielei.

“El barrio levantó”, dice Franco Perrone, de 67 años. “Los comercios están mejor. Los precios están controlados. Ganamos todos”, dice el vecino, quien es dueño de una inmobiliaria. “El mercado inmobiliario ahora está un poco frenado”, admite Franco. “Pero hay que darle tiempo”, sugiere. 

Suena Panic Show de La Renga y Milei toma el micrófono. “Hay que ponerle el último cajón en el ataúd del kirchnerismo”, instó el Presidente a sus seguidores. En su improvisado discurso explica porqué está allí: “Si quieren que salgamos adelante, si quieren ver a una Argentina grande nuevamente, voten a Manuel Adorni, él es quien representa las ideas de la libertad, es la voz de Milei en la ciudad”.

En el mismo momento, un joven con lentes se desmaya. Convulsiona. Iván Cheang regresa a la escena. Es su momento y nadie va a arruinárselo. Levanta al joven entre la multitud y, como una escena de la película Guardaespaldas, lo aparta de la muchedumbre. 

Una madre con su hija en silla de ruedas también decide irse. “Es un quilombo”, dice. Su hija se lamenta. “Javo seguro va volver al barrio y ahí nos sacamos una foto hija”, le dice.

FLD/MG

La túnica negra, larga, con el crucifijo brillante a la altura de pecho. El balde con agua y jabón a su lado. La primera vez que Celia González, de 72 años, vio al entonces arzobispo de Buenos Aires en la villa 21-24 de Barracas fue un jueves santo de 2008 en la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé. Bergoglio ─como lo conocían por entonces─ había llegado para dar una misa y lavarles los pies a jóvenes con problemas de adicciones. “Les besaba los pies mientras se los lavaba”, recuerda Celia. Esa imagen ─un cura que llega desde el centro porteño a la villa más grande de la ciudad para lavarles los pies a los jóvenes del barrio─ le recordó a Celia su propia historia: la de una mujer que se asentó en la villa para, como decía Francisco, estar más cerca de los que más sufren.

El 19 de abril de 1972, Celia ─de 19 años por entonces ─, llegó a Capital Federal desde Misiones, su provincia natal. Una oferta de trabajo para cuidar a una anciana que vivía en Uriburu y Santa Fe, pleno barrio de Recoleta, fue la excusa para llegar a la gran ciudad. Pronto, Celia, también dejaría esa vida. “Trabaja y militaba en una organización que hacía tareas comunitarias en la villa 21-24. No sabía en aquel tiempo que Buenos Aires tenía villas, así que iba y ayudaba en todo lo que se necesitaba”, recuerda ella.

Dos años después, en 1974, con el comienzo del terrorismo de Estado, Celia ya estaba mudada en el barrio. “Por ese entonces había un cura que mandaban los milicos, nada más”, precisa. La dictadura dejó un saldo de cuatro vecinos desaparecidos que, como ella, luchaban por la urbanización del barrio. “Fue la época más oscura que vivimos en el barrio”, apunta Celia. Con el tiempo, la vecina se volvió una de las mujeres referentes del asentamiento. Fue mamá, fundó 13 comedores comunitarios, ayudó a levantar la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé y, junto a los curas del barrio, cuidó a los jóvenes que caían en las adicciones. Pero fue con Francisco que Celia sintió una verdadera conexión especial con “Dios”. 

Su hijo, Julio Baez, de 49 años, quien falleció en 2020, conoció muy bien a Francisco. Trabajaba en la parroquia del barrio y, junto a Bergoglio, participó de la comitiva religiosa que en 2007 fue a Paraguay a buscar la virgen Caacupé. “Mi hijo me contaba sobre Francisco, pero no le daba importancia. Hasta que lo vi primero limpiar los pies de los jóvenes con adicciones en la capilla y después llegar de Paraguay con la virgen en alza. Tenía como un aura propia”, narra Celia.

La virgen que trajo Francisco desde Asunción, hoy descansa en la parroquia junto a un retrato suyo. “Las mujeres del barrio le debemos mucho porque él siempre nos incluía en sus misas y cuidaba a nuestros hijos”, sostiene la vecina. En noviembre de 2010, el cardenal Bergoglio destacó durante una homilía pronunciada en la parroquia Virgen del Carmen las virtudes de la mujer paraguaya al inspirarse en la imagen de la Virgen de Caacupé.

“Ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa”, comentó Francisco en esa oportunidad. “Porque esa mujer, la mujer del Paraguay, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota, llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen, por ser la madre de Dios y por ser paraguaya”, subrayó Bergoglio.

El viaje en colectivo de Francisco a Paraguay para traer la virgen se celebró en todo el barrio. Menos en la casa de Gregoria Cáceres, de 76 años y, junto con Celia, una de las referentes sociales más importantes de la villa 21-24. “Estaba anotada para ir en la comitiva, pero por problemas con mi documento paraguayo no pude viajar”, explica Gregoria.

Durante los días siguientes se dedicó a llorar y lamentar su viaje fraguado. Hasta que, la noche anterior a la llegada de la comitiva al barrio, lo soñó a Francisco. “Vi que bajaba del micro con la virgen, pero vestido de Papa”, cuenta la vecina. “Fue una premonición”. Para la referente social, la muerte de Bergoglio deja un legado en las mujeres del barrio: “Cuidó de nosotras y a nuestros hijos, sin conocernos. Ese amor es que tenemos que predicar todos los días”.

Las villeras de Francisco

El Padre Lorenzo “Toto” de Vedia tiene dos cámaras apuntando a su rostro en la parroquia de la Caacupé. El zoom es tan nítido que pueden verse los hilos deshilachados de su camiseta de la selección argentina. Es un miércoles por la tarde y, desde el lunes, tras conocerse la noticia de la muerte del Papa, el barrio está inundado de periodistas de todas partes del mundo que buscan la misma historia: el cura villero que llegó al Vaticano. 

“Acá pegó positivamente las expresiones que él tuvo sobre la mujer paraguaya y su lucha en la guerra de triple alianza”, le dice el padre Toto al elDiarioAR, mientras se desabrocha un corbatero. “Él valoraba mucho a la mujer. La promovió dentro del Vaticano y en los barrios valoraba a las madres y mujeres que trabajaban en los comedores”, apunta el padre.

Sobre las críticas del feminismo a Francisco por no apoyar la lucha por la legalización del aborto, de Vedia es tajante: “No creo que la discusión sea pañuelo celeste o verde”, explica. “Los curas villeros, en la época de la discusión por el aborto, sin estar a favor, abrimos igualmente hogares de abrazo maternal en los cuales atendemos a embarazos no buscados, acompañando en todo momento a la madre”, detalla Toto. “El progresismo, si no va acompañando de ciertas tradiciones, es tan malo como el conservadurismo”, aclara el referente religioso de la 21-24.

El teléfono sonó en las dos de la madrugada de un martes. Era una noche fría del 2006. Ramona Peralta, de 70 años, recuerda bien ese llamado. Su hijo, Juan Francisco Peralta, de 26 años, acababa de ser asesinado, tras ser atropellado por un auto que escapaba de una persecución policial. Al día siguiente, Bergoglio la llamó a su casa para consolarla. Su hijo lo conocía de la capilla del barrio, cuando el Papa llegaba para dar alguna misa, pero ella jamás había hablado con él. “Me llamó toda esa semana para darme ánimos”, recuerda Ramona, quien llegó al barrio desde Paraguay en 1986. “Realmente él quería todos nuestros hijos como suyos y a nosotras, las paraguayas, nos respetaba mucho”, cuenta la vecina, que trabajó durante años en los comedores de la 21-24. “Por esos gestos nunca lo vamos a olvidar”, dice Ramona.

Son las 11 de la mañana. Gregoria, vestida con una remera del Papa, se encuentra con Celia en la Casa de la Memoria, un sitio que le rinde homenaje a los cuatro desaparecidos del barrio. Las mujeres que más vieron el trabajo territorial de Francisco se abrazan fuerte. “Soñé que nos visitaba, Celia”, le dice Gregoria al oído. Nadie puede decir lo contrario.

El colectivo de la línea 70 para dentro de la villa. Arriba viaja Lucas Flores, cargando una virgen enorme. “Es la virgen que va a todas las marchas”, dice Lucas. Viaja hasta Parque Lezama por una movilización de cartoneros y organizaciones sociales. El padre Toto también llegará a la plaza. “Cuando el Papa murió la llevé a la catedral”, cuenta Lucas. En Caccupé o en el colectivo, los homenajes a Francisco aún perduran.

FLD/JJD

“¿Qué auto? yo me vuelvo en subte”. Sorprendido por la pregunta, así de llano contestó el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Begoglio cuando el rabino Diego Elman le ofreció acompañarlo hasta su coche luego de haber participado de un evento de Janucá en una sinagoga. El propio Elman le contó la anécdota a elDiarioAR luego de participar en oración interreligiosa que este martes se ofreció en la Catedral Metropolitana para homenajear al papa Francisco.

Elman recordó que conoció a Bergoglio cuando era cardenal de Buenos Aires: “Él estuvo con nosotros tres meses antes de ser papa. Lo invitamos a un evento de Januncá en una sinagoga. Eso pinta mucho a su esencia”, señala el rabino. 

Las velas derretidas en las escalinatas de la Catedral Metropolitana cortan el paso. El altar improvisado que empezó el lunes temprano en un sector de la entrada principal, tras conocerse la muerte del Papa Francisco, ahora toma la forma de un verdadero punto de encuentro para fieles y seguidores que quieren dejar un mensaje de despedida. Como si fuera la calle la que habla por Francisco, las cartas –pegadas en la ancha columna del medio de la última iglesia que dirigió en el país–, reflejan el verdadero sentimiento que generaba en sus fieles. Por eso esta tarde de martes, durante una misa interreligiosa, líderes y congregaciones de diferentes cultos no dudarán en definir a Francisco como un hombre que nunca escondió sus intereses por la ayuda a los más necesitados y, según lo definio José María Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y anfitrión de la celebracion, “como Dios”, nunca miró con los ojos, “sino con el corazón”.

Por la colectividad judía, el rabino Daniel Goldman fue en primero en hablar en la misa. “Despedir a un hombre de la magnitud del papa Francisco excede a cualquier vocablo que se pueda decir o escribir”, sostuvo Goldman. El rabino resumió a Francisco en tres acciones puntuales. En primer lugar, destacó su compromiso con los migrantes, ni bien asumió su papado. “Lo primero que hizo fue dirigirse a la isla Lampedusa (Italia) y definió su postura a favor de los refugiados que se escapaban de hambrunas y persecuciones en barcazas peligrosas”, comentó Goldman. La segunda acción que destacó Goldman fue su compromiso con el dialogo interreligioso. “Vemos en Francisco al gran guía de nuestras religiones, uniendo puentes sin ningún atisbo espurio”, destacó. El tercer gesto que lo conmovió fue su compromiso con el medio ambiente. “Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social. El amor a la tierra, como quien la habita, es un camino que todos deberíamos recorrer”, finalizó.

“No era normal lo que generaba en otras iglesias”, destaca un sacerdote de la religión africanista de La Plata, quien prefiere no revelar su identidad. “Somos once religiones en La Plata y todos pensamos lo mismo de él. Su pasión y amor por la creación del hombre”, finaliza el sacerdote. 

Desde la comunidad islámica, el sheij Salim Delgado y Omar Abboud apuntaron a la solidaridad del Papa y su compromiso “genuino” por los más pobres. Los islámicos, además, recordaron la visita de Francisco a Jerusalén para que cesen los conflictos armados entre Israel y Palestina. “También recordamos los llamados diarios que hizo en los últimos meses a la parroquia de la sagrada familia en Gaza”, comentó Delgado. Y pidió: “ojalá que el mundo que dejó atrás se haga eco de su llamado por un mundo mejor”.

En representación de la iglesia armenia, Kissag Mouradian, destacó su deseo “por la paz entre los seres humanos” y que siempre pedía que recen por él. “En esos rezos encontraba la paz que tanto buscaba”, afirmó Mouradian.

Entre los asistentes no sólo había líderes de iglesias. Después del traspie que ayer sufrió la vicepresidenta Victoria Villarruel –quien fue insultada al término de una misa en la Basílica de San José de Flores– varios funcionarios estuvieron tambien presentes. Además del jefe de gabinete, Guillermo Francos, también estuvieron el canciller, Gerardo Werthein, y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo.

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“Francisco nos enseñó a abrazar al otro y perdonar sin juzgar sus circunstancias”, dice Fabián Castagnario, de 66 años, justo antes de ser golpeado en la espalda por la custodia de Jorge Macri sobre las escalinatas de Catedral. Acaba de terminar la primera misa por la muerte de Jorge Bergoglio y el episodio parece una señal del choque que representaba el discurso conciliador del Papa en un mundo caótico y de derechas recargadas. 

Fabián, campera azul, el pelo blanco y lacio tirado hacia atrás, mira cómo el jefe de Gobierno porteño abandona rápido el lugar y retoma con algo de fastidio, mientras se acaricia la espalda: “Bueno… te decía; perdonar, sin juzgar. No importan las ideologías o las críticas. Primero te abrazo y después te escucho”.

No son todavía las 10 de este lunes fresco y los rostros tristes de los seguidores del papa Francisco se cruzan con los que caminan apurados para entrar a trabajar en un microcentro encendido. Bergoglio murió en la madrugada argentina y su rostro hoy está en los medios de comunicación de todo el mundo. 

Los preparativos para la primera misa en honor a Bergoglio en la iglesia mayor donde ofició como Arzobispo de Buenos Aires antes de convertirse en Francisco empezaron aún más temprano. “Tipo cinco de la madrugada ya estábamos limpiando las escalinatas”, le aseguró al elDiarioAR un barrendero de la Ciudad. Sin inmutarse, acotó: “Sacaron a varias personas que estaban durmiendo afuera de la Catedral”. La Catedral suele ser un lugar de refugio por las noches para las personas que duermen a la intemperie en medio de la crisis habitacional que golpea al AMBA.

El arzobispo Jorge García Cuerva dirigió la ceremonia en una catedral que ya estaba repleta a las 8.30. “Estamos aguardando las disposiciones de Roma sobre el sepelio de Francisco, donde seguramente convoquemos a todos los fieles en los próximos días para ese evento tan especial”, explicó el referente de la Iglesia en Buenos Aires. “Nuestro deber ahora es salir a buscar las ovejas perdidas y por eso los invitó a que recordemos a Bergoglio como el padre de los pobres y de la misericordia”, pidió.

En la primera fila se ubicó Jorge Macri. Y mucho más atrás, en el público general, Silvana Focarzo, de 69 años, quien se levantó temprano, prendió su televisión y tardó en tolerar la noticia. Lloró sola hasta que abrió su celular y mandó un mensaje a los grupos de WhatsApp de amigos y familiares: “El mundo va a tardar mucho en entender lo que fue Francisco”, escribió entre lágrimas. 

“Esperó a morir después de Pascuas porque era otro ser humano. Sufrió hasta el último minuto para pasar esa fecha y partir”, reflexiona ahora, al salir de la Catedral, completamente desconsolada. Conoció al Bergoglio que andaba en el subte porteño y, según cuenta, fue testigo de su trabajo con jóvenes con problemas de adicciones: “No me lo puede contar nadie. Vivo a unas cuadras y venía cada tanto. Lo veía siempre con una pasión desmesurada por los más pobres”.

Sobre la visita inconclusa de Francisco al país –una de los interrogantes de su vida, mientras era la máxima autoridad del Vaticano– Silvana arriesga una teoría: “Murió en medio de una Argentina muy dividida. Él sabía que si venía iban a usar eso para conveniencias partidarias”.

Eran demasiadas las ganas que tenían sus fieles para reencontrarse en Buenos Aires con Francisco, y las especulaciones son varias. Marco Gallo, director de la Cátedra Pontificia de la Universidad Católica Argentina (UCA) –cátedra dedicada al estudio de los últimos pontífices– recuerda una anécdota, en forma de broma, del propio Francisco. “En una ocasión nos dijo que había estado 76 años en el país y que ahora era momento de estar en otro lado”, cuenta el profesor.

Luego adopta un tono más filosófico y entiende la partida del Papa como un mensaje. “No busquen en los muertos lo que es lo de los vivos”, apunta Gallo, parafraseando a un pasaje de la Biblia. “Francisco va a estar vivo cuando pongamos a los pobres por encima de los ricos, cuando leamos el Evangelio. La muerte representa la vida eterna”, explica.

A la salida de la misa, una de las columnas de la Catedral aparece reconvertida. Rosarios y flores adornan un improvisado altar y se mezclan con escudos de San Lorenzo pegados con cinta. Bergoglio era un admirador de Lorenzo Massa, padre salesiano por el que lleva el nombre el club de Boedo en honor a su labor de sacar a los jóvenes de la calle para invitarlos a jugar al fútbol en el patio de la iglesia. Ayer, su club empató 0 a 0 con Deportivo Riestra. Un vendedor ambulante ofrece carteles y velas. Y un cartel anónimo a la entrada de la iglesia le dedica: “Francisco, imploraste por nosotros en la noche más oscura del mundo. Ahora nosotros rogamos al cielo por vos”. 

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“Mandril decime qué se siente que el cepo llegó a su final. Te juro que, aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar…”. Santiago Oria toma un marcador azul y escribe sobre una pizarra blanca las primeras líneas de una canción que el propio cineasta oficial de Javier Milei compuso el viernes. Hacía pocos minutos el Gobierno había anunciado el nuevo desembolso del FMI y la liberación de las restricciones para la compra de dólares. El mismo día le envió la letra al Presidente. “Le encantó y me pidió que hoy la cantemos todos juntos”, dice Oria en medio de un estudio de televisión improvisado, con tres cámaras que apuntan directo a él y repleto de militantes libertarios. Es sábado nueve de la noche y en Chacabuco 974, en el barrio porteño de San Telmo, los jóvenes libertarios de la agrupación “Ministerio de Trolls” se reunieron para bailar y brindar por los nuevos “logros económicos”. 

Nada importa esta noche –nada: ni una posible suba del dólar o devaluación del peso que provocaría más inflación, ni las nuevas exigencias económicas del Fondo que recaerían, otra vez, sobre los sectores más vulnerables–, cuando se cruza la puerta de un galpón imperceptible y se llega hasta una barra con tragos en honor al presidente. Un vaso de “Error del tipo 2” a base de Jim Bean, menta y almíbar no hace daño; pero dos “Moralmente superiores”, preparado con gin, Cinzano Rosso y Campari pueden causar efecto. 

No habrá, esta noche, razones para dudar entre sus militantes. Para no creer. En el mercado. En un supuesto mesías que salvará a la Argentina. Al menos, esta noche. Al menos, hasta que Oria, vestido con una camisa blanca y pantalón beige, termine de escribir su canción en la pizarra y todo el estudio improvisado la cante: “En TN y La Nación yo escuche tu proyección y ahora estás llorando sin control. Tu opinión te la metés donde no te da el sol. Cómo doma este gobierno, por favor”.

Del mafioso Tommy Shelby a Toto Caputo

El cambio del flyer de la fiesta fue el sábado, mismo día que el evento y un día después de los anuncios económicos del Gobierno. Primero estuvo la imagen de Tommy Shelby, el personaje principal de la serie británica Peaky Blinders, figura utilizada para ilustrar el logo del “Ministerio de Trolls”, en esta ocasión copiada por los militantes para promocionar su propia fiesta “libertaria” en conmemoración a su primer aniversario de nacimiento. 

La liberación del cepo modificó la imagen de la invitación a la fiesta: el mafioso Shelby fue reemplazado por el ministro de economía Luis “Toto” Caputo.  “Descorchamos champagne en celebración de la salida del cepo”, explicaron los organizadores del evento en la nueva imagen. La agrupación fue creada por un joven militante de 23 años conocido en las redes como @maty191123 (con casi 12 mil seguidores en X), usuario que se creó por la fecha en la que Milei le ganó el balotaje a Sergio Massa.

La fiesta –impulsada por “La Legión”, otro grupo dentro del “Ministerio de Trolls” dedicado a organizar encuentros nocturnos “libertarios”– no solo invitaba a bailar y beber unos tragos, sino también a escuchar una conferencia entre el cineasta y documentalista del presidente y la periodista e integrante de La Libertad Avanza (LLA), Macarena Jimena Rodríguez. El tema del conversatorio: lo audiovisual en la “batalla cultural”. No duda en hablar sobre cómo vivió la Casa Rosada el anuncio por el cese del cepo: “Fue una fiesta. Hasta los kirchneristas festejaron”, revela Macarena. “Todas las medidas se celebran como un triunfo con Javier. Donde él pisa, siempre sale algo extraordinario”, agrega la comunicadora. 

No es posible tener certezas de lo que nace tras la pisada del Presidente, pero, probablemente, en la suela de su zapato esté el bolsillo de gran parte de la sociedad golpeados por la inflación del 3,7% anunciada por el INDEC el viernes. El anuncio del fin del cepo y el acuerdo con el FMI le sirvió al Gobierno para tapar la mala noticia sobre la suba de precios.

“Nosotros somos fanáticos de las ideas de Javier, no lo hacemos porque nos pagan. Eso te marca una diferencia”, subraya Oría. Y dice sobre la importancia de la publicidad audiovisual en la “batalla cultural”: opina que el 99% de los partidos políticos “trabajan con publicistas mercenarios”. Él y Macarena son empleados del área de comunicación de Presidencia y Milei mismo Milei compartió en su Instagram la charla de este sábado. Oria fue designado como director de realización audiovisual de la Presidencia por el decreto 444/2024 publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo de 2024. Macarena, por su parte, fue nombrada el pasado 11 de marzo como “coordinadora de activos digitales”, según una resolución de la secretaría de comunicación y medios. 

“Nos suelen decir que los que andamos con el Presidente somos peligrosos”, retoma el cineasta: “Y es verdad. Somos peligrosos para la casta”.

Se abren preguntas al público. Un joven con un león de peluche en la mano levanta y lanza: “Todo nos está saliendo bien y eso me preocupa. ¿Cómo sabemos que no hay un peligro inminente viniendo hacia nosotros?

–No hay que tener miedo –contesta Oria.

–Es el mejor gobierno de la historia –agrega la periodista.

De tragos y timbas

Son las dos de la mañana, suena el trapero Duki y en la pista de baile del lugar, Santiago S. luce pensativo. Pidió expresamente no publicar su apellido, como el resto de los entrevistados. Es militante de la Comuna 12 por LLA y vino a la fiesta con un objetivo: reclutar fiscales de mesa para las elecciones porteñas del 18 de mayo. “Viene lento el tema”, confiesa. 

Desde que son oficialistas, y ya no cuentan con el apoyo de Cambiemos como en las presidenciales y el ballotage 2023, los voluntarios para controlar los votos libertarios no abundan. “Nos falta ganar la militancia territorial”, apunta Santiago. A su lado, un joven de 22 años se suma a la conversación. Santiago intenta convencerlo para ser fiscal de su comuna. 

–Por ahora no. Soy militante digital –le responde el joven. Santiago asiente con una mueca.

Del otro lado de la pista, Lucas S., de 26 años, mira las tazas a la venta que hay sobre una mesa. Todas tienen frases que se volvieron un clásico en el mundo libertario: “Me chupa la pija la opinión de los kukas”, por ejemplo, se agotó a la hora. “Es exactamente lo que voté”, es otra. También hay gorras con la abreviatura en inglés M.A.G.A (Make Argentina Great Again). Pero Lucas, bróker del mercado financiero, no compra nada. Ni siquiera con lo que ganó –según dice– gracias a un dato que le llegó el jueves, antes del anuncio del Gobierno, sobre el cepo cambiario. “Compré dólares al toque”, cuenta. “Aproveché el dato, esto es así”, justifica. El viernes, antes del anuncio del cepo, el Banco Central vendió U$S 400 millones, cifra que equivale al presupuesto anual del Conicet.

Luca tiene 23 años y vino a la fiesta vestido de mago. Tiene un mazo de cartas y entre el público invita a ganarle a “la magia financiera”. Es de Ituzaingó y, cuenta, sus padres son “ultra kukas”. “Un día llegué y les dije que era liberal libertario. Me lo respetan, pero sé que aún no me lo perdonan”, explica el joven mago, a quien le gustaría entrar en el Ejército.

“Me preocupa que nos vaya tan bien. Yo creo que algo puede venir y cagarnos todo”, anticipa Luca. “Estas fiestas están buenas, pero cada uno está en la suya”, describe. La entrada costaba $10.000. A este galpón llegaron no más de cien libertarios. En medio del trap, las tazas que hacen honor al Gordo Dan y los buzos del Ministerio de Trolls, Luca desafía, con guión político y entre bromas, su último truco de magia: “Si el Central puede mantener las reservas, yo puedo adivinar la carta que elegiste”.

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Francisco Reidó, de 70 años, volteó hacia atrás, miró las columnas y banderas de los distintos sindicatos que se extendían por casi dos cuadras sobre la avenida Rivadavia en las inmediaciones del Congreso y codeó a su compañero de hilera, jubilado igual que él: “Los viejos liderando columnas, ni en los mejores gobiernos peronistas vi esto”, dijo Francisco, docente retirado, mientras sostenía una bandera de su agrupación: “Jubilado en defensa propia”. A su lado, otros llevaban la bandera de “Jubilados de Flores” o “Jubilados multisectorial”. Detrás de ellos, respetando un espacio breve, pero marcado, las principales centrales obreras del país. 

Es un miércoles, las cuatro de la tarde, y a la tradicional marcha de los jubilados en el Congreso se sumó la CGT en su inicio al paro general de 36 hs declarado por la central obrera contra el ajuste económico del Gobierno. Los diferentes sindicatos y agrupaciones de jubilados llegaron al parlamento a partir de las dos de la tarde, cuando sus calles ya estaban valladas, impidiendo el paso de los manifestantes sobre la avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, aunque sin aplicar el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. La poca presencia policial que hubo en el operativo cortó el tránsito, además, en las avenidas Rivadavia y Callao y así evitó cualquier contacto con los manifestantes. Sin embargo, distintos efectivos de la policía federal se apostaron sobre el techo del parlamento, a metros de su histórica cúpula, para instalar cámaras de seguridad. Una escena que no se había visto antes en las últimas manifestaciones. 

“Se acordaron un poco tarde los muchachos de la CGT de nosotros, pero bueno...”, ironiza Liliana Kunis, jubilada de 68 años, tras 35 de aporte como maestra jardinera. Liana integra la agrupación Plenario de Trabajadores Jubilados y le reclaman tres puntos fundamentales al Gobierno: un aumento de emergencia para las jubilaciones mínimas, la restitución del 100% en la cobertura de remedios del PAMI y las reaperturas de las moratorias para futuros jubilados. Con la situación actual, explica Liliana, “el 90% de las mujeres no se va a poder jubilar y el 70% de los hombres tampoco”. “Yo no cobro la mínima como otras compañeras, pero no por eso me voy a quedar en casa. La situación actual es lamentable”, apunta Liliana. La ex maestra jardinera recuerda que hace un año, solo había cinco organizaciones de jubilados marchando. “Hoy somos 15 agrupaciones y venimos de hacer un plenario el 29 de marzo donde vinieron casi 300 jubilados”, señala Liliana.

Se acordaron un poco tarde los muchachos de la CGT de nosotros, pero bueno...

Liliana Kunis — Jubilada, ex maestra jardinera

A la integrante del Plenario de Trabajadores Jubilados no se la nota entusiasmada por el acompañamiento de las centrales sindicales esta tarde. “Por su puesto que es muy importante, pero creo que mezclar el reclamo de mejores paritarias cuando hay jubilados que no sobreviven 10 días con el sueldo, puede ser confuso”, destaca Liliana.

La imagen de una máquina de coser flamea en una bandera celeste y blanca. Los trabajadores del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), llegaron para apoyar la lucha los jubilados, pero también para protestar frente al “hundimiento del sector textil”. “La apertura de las importaciones no nos hizo más competitivos, como dijo el Gobierno, sino que se están destruyendo puestos de trabajo en el rubro”, aclaró Jorge Luis Rojas, secretario general del SOIVA. “Muchas fábricas empezaron a cerrar y tenemos limitada las paritarias en un sector donde lamentablemente el trabajo en negro impera por culpa de los grandes empresarios”, señaló Rojas. “Nos preocupa que nuestros trabajadores tengan sueldos irrisorios para esta economía”, agrega el dirigente gremial. Y agrega: “¿cómo llegas a jubilarte así?”.

Sobre una de las vallas negras de la policía que anillan al Congreso, hay un cartel con la consigna “Fuerza Pablo”. Son amigos del fotógrafo gravemente herido por el impacto de una granada de gas en su cabeza, disparada por el gendarme Héctor Guerrero el pasado 12 de marzo.

“Este sábado vamos a organizar un festival solidario por Pablo en Remedios de Escalada”, cuenta Raúl Alderete, jubilado de 74 años y vecino del fotógrafo. Raúl militaba con el abuelo de Pablo en una agrupación vecinal de Escalada. “Su familia y la mía son todos militantes barriales en Escalada”, cuenta. Desde el disparo que casi le provoca la muerte al fotoperiodista, los vecinos organizan todos los viernes un “semaforazo” en la plaza del barrio. “Lo hacemos por Pablo y para que Bullrich y toda su banda de criminales renuncie”, cuenta Raúl, jubilado que todos los miércoles participa también de la marcha. Mientras Raúl pega afiches, una fotógrafa se sube a un poste de luz con su cámara. A su lado, hay un pequeño cartel con una frase: “no disparen”.

Jerónimo Montero es investigador del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín y delegado de ATE-CONICET en la misma universidad. La situación de los investigadores en el principal órgano estatal científico, cuenta Jerónimo,  es “alarmante”. “Los investigadores ya no quieren hacer el ingreso por los bajos salarios y otros hasta renunciaron”, resume el investigador. “La realidad es que muchos investigadores necesitan más de un trabajo y ni hablar de los becarios que se van del país porque no hay más ofertas”, señala Jerónimo. La bandera de “Jóvenes Científicos Precarizados” también flameó entre los jubilados. 

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El gendarme Héctor Guerrero, acusado de dispararle una granada de gas lacrimógeno en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo el pasado 12 de marzo, se presentó voluntariamente este lunes en la causa como posible “imputado” y designó como sus defensores a Claudio Pedro Nuncija y Martín Luis Sarubbi. Según denunciaron desde el Cels, se trata de una estrrategia para poder acceder a los detalles de la investigación. Pero lo que más llama la atención es que ambos abogados fueron provistos por el propio Ministerio de Seguridad y tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González o la representación de miembros de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha cuyos miembros fueron vinculados con el atentado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además, Sarubbi no solo defiende policías en causas de gatillo fácil, sino que también los asesora. En una imagen de su cuenta de Instagram, se lo ve a él con integrantes de la dirección de Operaciones Espaciales de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Allí, el letrado acababa de dar una charla “sobre las causas de justificación en el accionar de las fuerzas de seguridad”.

Mientras el fotoperiodista se recupera lentamente en el Hospital Ramos Mejía, la causa a cargo de la jueza federal María Servini comenzó a moverse.

Desde Revolución Federal hasta Santiago Maldonado

Martín Sarubbi es un abogado penalista que, según su cuenta en la red LinkedIn, trabaja desde el 2021 en la Dirección General de Víctimas de la secretaría de justicia, en la ciudad de Buenos Aires. Entre sus funciones, la dirección diseña “herramientas con el objeto de asistir a las víctimas de delitos, así como a sus familiares, atendiendo a sus necesidades de protección y asesoramiento”. Sin embargo, y aunque el letrado no detalle sus funciones en la justicia porteña, Sarubbi no se hizo mediáticamente conocido por defender –precisamente– a las “victimas”. 

Antes de representar al gendarme que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte, y quien hoy se recupera favorablemente, Sarubbi defendió ─junto a otro abogado─, a tres policías porteños que fueron condenados a cada perpetua en 2023 por el homicidio de Lucas González, de 17 años. Durante el juicio, el penalista protagonizó una escena singular: en la primera jornada de alegatos, mientras Gregorio Dalbón –abogado de la familia de González– esgrimía sus argumentos, Sarubbi se levantó de la sala y se retiro del juzgado. Los tres efectivos imputados quedaron solos en el banquillo. Por esa actitud fue sancionado por el Tribunal Oral Criminal 25.

En 2021, el mismo año que el crimen de González, Sarubbi también defendió a otro policía. Se trató del oficial bonaerense Facundo Amendolara, de 29 años por entonces, quien le disparó al cantante Santiago Moreno Charpentier, “Chano”, ex líder de la banda Tan Biónica. En aquella ocasión, Chano sufrió un brote psicótico e intentó agredir a Amendolara con un cuchillo. Este respondió con un disparo, hiriendo gravemente al cantante. Sarubbi alegó “legitima defensa” y el efectivo fue sobreseído finalmente, aunque la defensa del cantante decidió no apelar el fallo.

En 2023, el abogado volvió al ruedo en su defensa acérrima del “gatillo fácil”, cuando representó a Sergio Daniel Mamonte, un oficial bonaerense acusado de asesinar de un disparo a Alexis Nahuel López, de 20 años. Sarubbi alegó que la victima empuñaba un arma blanca y tenía intenciones de agredir a Mamonte durante una pelea callejera con otros jóvenes en la localidad de Berazategui. El policía fue finalmente declarado “no culpable” por el tribunal. El último día del juicio, el abogado estuvo acompañado por el ex efectivo Luis Chocobar, condenado a prisión en suspenso por matar a un ladrón en el barrio La Boca en un caso que generó gran debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad.

Los abogados tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González, el agente que disparó a Chano Carpentier y miembros de Revolución Federal.

El penalista, sin embargo, también participó de otro tipo de causas. La más llamativa es su vínculo con la agrupación de ultraderecha “Revolución Federal”, investigada por la justicia por “incitación a la violencia pública” e investigada por sus vínculos con el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kichner. Sarubbi representó a Sabrina Basile, integrante de Revolución Federal, y procesada en 2022 junto a Jonatan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa. El juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, los consideró responsables de formar una agrupación que busca “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, un delito que tiene una pena de hasta ocho años de prisión. 

Entre las defensas de Sarubbi también figura Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, quien había sido investigada por sus vínculos con los miembros de Revolución Federal.

Además de Sarubbi, representa al gendarme Guerrero, Claudio Pedro Nuncija. La información que pudo comprobar este medio es que figura como personal de Gendarmería en el escalafón de justicia como “segundo comandante”. Además, según su cuenta de LinkedIn, trabaja en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue, además, uno de los abogados del gendarme Emmanuel Echazú, implicado junto a otros efectivos en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

La imputación “voluntaria” 

“Con el ingreso voluntario del gendarme en la causa, sus abogados ya tienen acceso a los movimientos del expediente”, explica Agustina Lloret, abogada del CELS y una de las querellantes en la causa de Grillo en representación de su familia. “Lo que Guerrero centralmente intenta con esto es acceder a la causa como imputado y hacer un seguimiento con su defensa”, agrega la abogada. 

Respecto a la designación de Sarubbi y Nuncija como abogados del único imputado hasta ahora, Lloret no se sorprende por sus antecedentes. “Patricia Bullrich siempre impulsa ese patrocinio gratuito para los imputados de su fuerza. Y es muy común que abogados que estuvieron en otros casos de violencia institucional, participen de otros”, señala la integrante del CELS. 

Entre las medidas de pruebas que la querella ya solicitó no solo se encuentran las que apuntan a Guerrero –como el acceso a su legajo personal–, sino que también se puso el foco en otros protagonistas del operativo, como el jefe del destacamento móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades y fuerzas involucradas que participaron el 12 de marzo. 

“Esto nos permite saber cuáles fueron las órdenes que se le dieron a los efectivos que concretamente desplegaron conductas ilícitas en la protesta, desde el uso desproporcionado de granadas de gas hasta escopetas largas”, puntualiza Lloret.  

Este sábado, en la plaza de Remedios de Escalada, donde Pablo se crio, se realizará un festival solidario en su honor. 

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El dedo de Rosario Gauna, directora del área de visitas de Inspección del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), dibuja un círculo sobre la pantalla de una computadora. El dedo se mueve por calles, señales y puntos sobre un mapa amplio de Google. “Ellos van a estar por acá”, dice, mientras el dedo se clava sobre la calle Mitre y la avenida Callao. “Por acá también”, dice, cuando llega a la calle Rivadavia. “Y acá, acá seguro. Estuvieron el miércoles pasado también”, cuenta, deslizando la yema sobre la avenida Entre Ríos. Del otro lado de la pantalla, a su alrededor, en las oficinas del organismo en el centro porteño, Alán Iud, secretario ejecutivo del organismo y Gustavo Palmieri, uno de los 12 comisionados elegidos por el congreso que integran, junto a otros miembros del equipo, escuchan en silencio a Rosario, mientras se colocan chalecos azules, cascos blancos y gafas de plástico para los gases.

“Quedarse acá es encerrarse”, dice la directora de visitas de inspección sobre otro punto en el mapa. Son las 13.30 del miércoles y el Comité se prepara para salir a la calle a controlar los operativos policiales de la jornada, ante la manifestación que se avecina en el Congreso, tras la violenta represión del 12 de marzo.

Ellos aún no lo saben, pero durante el primer recorrido de esta tarde los confundirán con la organización Correpi, los insultarán por pensar que son miembros de alguna fuerza de seguridad y los rechazarán el paso en varios retenes policiales, mientras repartidores de comida pasan sin problemas apenas mostrando una bolsa de comida. Nada de eso importa, sin embargo, cuando Lud, alto y desgarbado, logra hablar con el comisario a cargo del operativo de la Policía Federal. Tampoco cuando intervengan, si es necesario, en detenciones que se produzcan sin sentido o para señalar las faltas que comenten los miembros de las fuerzas de seguridad durante la jornada. El Comité, creado en 2017 por la ley 26.827, está listo. Y sale.

“En la última marcha la policía estuvo muy hostil, pocos efectivos nos informaron sobre los responsables del operativo”, describe Rosario, sobre la calle Sarandí e Hipólito Yrigoyen. Allí, apostadas en la calle, hay combis de la Policía Federal y gendarmería. Los policías aguardan sobre la vereda, mientras el equipo recorre la calle. “En nuestros informes veníamos señalando que había un uso indebido en las armas no letales de las fuerzas de seguridad”, señala Gustavo Palmieri. “Desde el gas pimienta hasta las granadas de gases”, suma el comisionado. Alán se acerca para hablar con un oficial. Le consulta sobre las camionetas. Este responde, parcamente. “Nuestro objetivo no es confrontar, sino mantener un trato cordial como un organismo de derechos humanos creado por ley”, suma Alan.

El Comité está habilitado a tomar fotos, hablar con los jefes de los operativos de todas las fuerzas e informar sobre las faltas que los efectivos pueden cometer: desde portar armas de fuego letales en manifestaciones hasta los chalecos sin identificación. Todo, luego, lo informa a los ministerios de seguridad tanto de ciudad como nacional.

“Ahora vamos a solicitar todas las denuncias que se hicieron sobre el operativo de la semana pasada e intentar velar para que avancen sus investigaciones”, retoma Rosario.

En otra esquina, sobre Combate de Los Pozos e Hipólito Yrigoyen, una valla cierra el paso de la calle. Cuatro oficiales de la Policía Federal y dos guardias de seguridad del Congreso vestidos con un traje negro custodian el paso. La idea del equipo es pasar al otro lado y controlar allí al resto de las unidades policiales. Pero ninguno de los oficiales cede el paso. Cuando les piden hablar con el jefe del operativo, ellos responden que esperen. Y esperan. Diez minutos, quince, veinte. La respuesta llega: “negativo”. No pasan.

“Tratamos de no insistir para no generar tensión. Cuando ellos entienden que venimos simplemente a mirar, suelen ser más receptivos”, retoma Alan. Un joven, con dos bolsas en las manos, llega por detrás y destraba el blindaje policial con otra palabra: “delivery”.

En la última valla de su recorrido inicial, sobre la avenida Entre Ríos y Alsina, el Comité logra hablar con el efectivo a cargo del operativo. “Queremos evitar el contacto de los manifestantes con las distintas fuerzas”, explicaron en la fuerza sobre la cantidad de calles aisladas. “En la marcha del miércoles, el operativo tuvo falencias”, detalla Alan. “Creo que eso determinó también una nueva estrategia por parte de las distintas fuerzas”, señala el secretario ejecutivo del CNPT. El equipo, ahora, vuelve a sus oficinas en la calle Paraná 341. La información de su recorrida inicial será procesada para una nueva salida más tarde. Cuando todo pueda desmadrarse.

“No recuerdo una unidad de lucha así desde lo de Cabezas”

La bandera celeste sobre la calle Venezuela 1433, en la sede de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), apenas se mueve. Sobre la pared, un retrato del fotógrafo José Luis Cabezas. Alrededor, decenas de cámaras apuntan a la bandera. “Fuerza, Pablo Grillo”, dice el telón en el medio. Son las 15.30 y los trabajadores de prensa tienen un solo objetivo: llegar hasta la calle Solís 1660, en las inmediaciones del Congreso, donde el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas en la cabeza el miércoles pasado, quedando gravemente herido e internado en el Hospital Ramos Mejía.

“No me imaginé nunca estar en un estado bélico dentro de la Ciudad de Buenos Aires”, dice Juan Pablo Villalobos, fotógrafo freelance. “En vez de pensar en otras cosas, como en componer una buena foto o lograr una imagen que cuenta una historia, estoy pensando en ver si me cae un balazo en la cabeza”, confiesa el fotoperiodista, quien trabajó en las revistas El Guardian y Cítrica.

La marcha empezó en la calle Venezuela y siguió por San José, acompañada por Sipreba, el sindicato de prensa de Buenos Aires. Los propios periodistas fueron claves para determinar qué pasó durante la represión en el Congreso la semana pasada, donde fue herido Grillo. El Mapa de la Policía, un proyecto colectivo integrado por organismos de derechos humanos como el Cels y Correpi que investiga el accionar policial en Capital Federal, determinó con ayuda de imágenes y videos colaborativos, como así también con la investigación de peritos forenses, que el trayecto del disparo del gendarme de apellido Guerrero impactó directamente ─y sin desvíos como aseguró la ministra Patricia Bullrich─ en la cabeza del joven fotógrafo.

“Me parece muy importante no perder la calle”, señala Martín Acosta, fotoperiodista. “No solo por las problemáticas sociales, que sabemos que son amplias, sino principalmente por el reclamo de justicia y la investigación en torno a lo que ocurrió con Pablo”, agrega Acosta, quien trabajó con José Luis Cabezas en la histórica revista Noticias. “Es una condición natural que cuando se toca a un periodista hay siempre una reacción muy positiva y bien organizada. No tengo recuerdo de una unidad de lucha desde lo de Cabezas”, admite Martín.

“Justicia por Pablo”, gritaron los trabajadores de medios durante la jornada. Al llegar al punto de la calle donde Grillo fue alcanzado por la granada de gas, se desplegó la bandera en su honor. Y se gritó por dos consignas: la pronta recuperación del colega y la renuncia de la ministra Patricia Bullrich. “¡Fuerza, Pablo!”, se gritó al unísono.

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Solo, con una cámara GoPro sujeta a su pecho, vestido con una mochila estilo militar y con un cuello negro que tapaba parte de su rostro. Así se lo vio a Eduardo Giménes el miércoles pasado en medio de la marcha de jubilados, en la que fue señalado y filmado por diferentes personas como uno de los “infiltrados” que prendieron fuego un contenedor y, a su vez, quien mantuvo un diálogo jovial con algunos integrantes de Gendarmería, en medio de la ola represiva en las calles. Sin embargo, los videos compartidos por diferentes medios y periodistas no registran que él esté arrojando algo directamente al interior de algún contenedor. La duda, ante una nueva marcha en el Congreso, quedó en el aire: ¿Fotorreportero o infiltrado?

Giménes tiene 26 años y públicamente se reconoce como fotógrafo de Emergencias TV, un medio audiovisual creado en 2024 y dedicado a las coberturas de diferentes unidades de emergencia y rescate, concentrado mayormente en Capital Federal. Sus registros en Instagram abarcan tanto el trabajo de bomberos voluntarios y de la Policía Federal en sus cuarteles y en la calle, como así también el del SAME y Defensa Civil. Asimismo, cubrieron algunas de las últimas manifestaciones masivas que se realizaron en las zonas del Congreso, como la del miércoles pasado donde terminó gravemente herido Pablo Grillo tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno. Giménes estuvo ahí y quedó en el medio de otra polémica.

“Mi error fue no tener puesta la campera de identificación del medio en ese momento”, asegura Giménes en diálogo con elDiarioAR. “Fui a hacer mi trabajo como fotógrafo. Nada más”, remarca.

En otro de los videos viralizados en las redes, un manifestante le exige a Giménes mostrar alguna identificación. Él le exhibe una parte de la credencial con el logro y el nombre del medio, pero no el suyo personal. “No lo hice porque estaba siendo increpado sin ningún motivo, más que mi apariencia”, admite el integrante de Emergencias TV. “Me fui rápido porque la situación me desbordó. Aunque les decía que era prensa de un medio, no me creían”. Sobre el cuello negro levantado, asegura que lo usaba así por la cantidad de gases y humo que se habían generado en el momento. “Fue todo muy violento y uno no sabe cómo responder a veces. Por eso me fui”, explica.

Infiltrados y el caso de Iván Cheang

El 10 diciembre pasado, durante la ya tradicional manifestación de los jubilados de los miércoles, uno de los influencers más cercanos al gobierno, Fran Fijap, fue auxiliado durante una percusión de manifestantes por un joven vestido de azul. Su nombre era Iván Cheang y, desde entonces, se presenta como un “policía voluntario”. Ese día, Cheang gaseó desde un local de empanadas a distintos trabajadores de prensa. elDiarioAR cubrió esa jornada acompañando a los rescatistas del CEPA, que auxiliaron a los heridos.

Distintos fotoperiodistas aseguran que vieron a Cheang al lado de los cordones policiales tanto el último miércoles, como en otras manifestaciones. Según fuentes cercanas a la Policía Federal, Cheang fue echado de la escuela de suboficiales de esa fuerza de seguridad en 2023. Desde entonces, merodea en las marchas como un “voluntario” de las fuerzas de seguridad. 

Las versiones de posibles “infiltrados” entre los manifestantes sobrevolaron durante toda la jornada del miércoles y aún siguen en el aire a nivel institucional: “Hubo infiltrados a los que los vio cometer desmanes y después pasar al otro lado y charlar con las fuerzas de seguridad”, denunció este lunes Carlos Bianco, uno de los asesores principales de Axel Kicillof, en conferencia de prensa.

En otras filmaciones captadas por las cámaras de televisión sobre el mismo miércoles, un policía arroja un arma de fuego al piso y la patea a un costado. Por el momento, la Justicia no avanzó en investigar el tema.

Giménes y un bombero de la Federal

Maia Nudo es productora audiovisual de Emergencias TV y compañera de Giménes. El domingo sacaron un comunicado en su cuenta de Instagram rechazando las acusaciones contra el medio y su integrante. “Rechazamos categóricamente las acusaciones infundadas que se han vertido en su contra”, señalaron en el comunicado. Sin embargo, eso no bastó para seguir vinculándolo con la policía. En los comentarios de la publicación, lo atacan directamente y aún dudan de su identidad.

“Nosotros teníamos una cuenta de Instagram llamada @emergenciasargentinas con más de 50 mil seguidores, pero dejamos de realizar contenido debido a la cantidad de amenazas que recibíamos porque pensaban que pertenecíamos a una fuerza de seguridad”, detalla Nudo. “Ninguno de los 14 integrantes del medio trabaja en alguna fuerza de seguridad. Tampoco somos periodistas. Nos dedicamos a la cobertura audiovisual de forma autogestionada. La mayoría filma y edita videos, pero no viven de esto”, aclara la productora de 25 años. 

En su cuenta, explica Nudo, no revelan la identidad de los integrantes del medio debido a la “cantidad de amenazas” que reciben. “Fueron muchas y durante mucho tiempo”, cuenta. “Es posible que ya no hagamos más coberturas de manifestaciones”, asegura la joven. “Hoy nos siguen mandando mensajes intimidatorios y agresivos”, destaca.

Además de los videos de Giménes, en la red social X comenzó a circular la imagen de un bombero de la policía federal, tomada de la propia cuenta de Emergencias TV durante una de sus coberturas, y que, según varios usuarios, sería la verdadera identidad del joven fotógrafo. “Subinspector Gonzalo Farías, de la División Canes de Bomberos de la Policía Federal. Actividad: infiltrado”, publicó una usuaria, tanto en X como en Instagram.

“Ese no soy yo. Ojalá todo se aclare”, se defiende Giménes. “Nos preocupa que ahora se esté vinculando a nuestro compañero con otra persona”, apunta Nudo, quien contactó al escuadrón de bomberos donde trabaja Gonzalo Farías con el fin de que autorice a aclarar la situación sobre su identidad y desmienta la versión que circula en las redes. “Estamos esperando la respuesta del bombero”, cuenta la productora. Fuentes de ese escuadrón aseguraron a este medio que iniciarán acciones legales por relacionar la imagen de su bombero en un hecho delictivo. 

Sobre la financiación del medio, sus integrantes admiten que no reciben ni pauta estatal, ni privada. elDiarioAR consultó los registros de pauta publicitaria del gobierno porteño para medios digitales y no hay ninguna contribución estatal para Emergencias TV. Lo mismo con la pauta nacional. “Lo bancamos nosotros de forma autogestionada”, cuenta Mailén Tecilla, otra integrante. “Estamos vendiendo llaveros en 3D entre familias y amigos para comprar chalecos nuevos”, señala Tecilla, y retoma sobre la polémica por la supuesta infiltración: “Ahora solo queremos aclarar toda la situación con Eduardo y continuar nuestro trabajo”.

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Antonio Irribarre, jubilado y vecino del barrio del Congreso, no se enteró que habían cortado la luz hasta que empezó a sudar. A las 12.45, cuando ocurrió un segundo apagón que dejó a muchos barrios porteños sin luz, el jubilado se encontraba leyendo un artículo de la revista Todo es Historia adentro de la Biblioteca del Congreso, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1.780. La sala de lectura, de acceso público y en diagonal al parlamento nacional, se convierte en un sitio de refugio con aire acondicionado para los días de calor agobiante como este miércoles, cuando la sensación térmica traspasó los 44 grados.

“Me encontré todo transpirado leyendo un artículo de sobre el historiador, Joaquín V. González”, dice el jubilado. A las 14.30, la biblioteca, al igual que otros edificios públicos afectados situados a 14 cuadras de distancia, como la Casa Rosada, la Legislatura porteña y el Ministerio de Economía, cerró sus puertas ante la persistencia del corte. 

En las calles aledañas al Congreso, los semáforos dejaron de funcionar desde las 12.45, causando pequeños embotellamientos y con personal del Gobierno porteño conteniendo al tráfico en las esquinas. “Recién a las 15.30 empezó a volver en algunos comercios”, señaló Luisa Flores, vecina del barrio. Muchos comercios de venta de alimentos se vieron obligados a poner generadores eléctricos en las veredas, ante la posibilidad de que su mercancía se perdiera.

La Secretaría Energía estimó que el apagón afectó a 622.000 usuarios de diferentes barrios porteños alcanzados en un inicio. La marcha de los jubilados de esta tarde, una convocatoria que se volvió una constante todos los miércoles por la tarde desde la aprobación de la ley de Bases en 2024, se mantiene vigente. 

Siguiendo por la avenida Belgrano en dirección a la avenida Jujuy, la situación de calles y comercios se mantuvo igual hasta, por lo menos, las 15. “Tres horas sin luz y tuvimos que tirar algo de mercadería, como algunos helados industriales que guardamos en las heladeras”, contó Nina, de 42 años, y dueña de un supermercado en el barrio de San Cristóbal.

En Caballito, una de los barrios más castigados el año pasado por los reiterados cortes de luz, la situación fue diferente. En algunos sectores, como Acoyte y Rivadavia, no hubo interrupciones al suministro. “Estuve con luz todo el día”, dice Cloé Mousseaud, de 29 años, quien trabaja desde su casa cerca de la famosa esquina porteña. En otras cuadras del mismo barrio, en cambio, sí se detectaron cortes prolongados de hasta tres horas.

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Al volante de un auto Gol rojo, el martes 25 de febrero, poco antes de las nueve de la noche, Tobías y Mateo, de 17 y 14 años, aceleraron por la calle 83 del barrio Altos de San Lorenzo de la ciudad de La Plata. En el auto, que levantaron once cuadras atras, viajaba Kim Gomez, de siete años, luego de obligar a su mamá, Florencia, a entregarles el vehículo. Tobías y Mateo no esperaron y subieron al auto con la menor adentro, acelerando a toda velocidad. Hacía tiempo que ambos ya no esperaban. A nada, ni a nadie.

Tobías, de 17, había abandonado la escuela n° 45 del barrio, tenía un problema de consumo de drogas, había sido detenido por el robo de otro auto hacía unas semanas y vivía solo en una pequeña casilla que su padre le había regalado. Tobías, de 14, practicaba boxeo en el Club Chacarita, uno de los cuatro clubes sociales de Altos de San Lorenzo. Quienes lo cruzaban por el barrio admitieron que se lo veía “perdido” por el consumo. “Quilombero y atrevido”, lo describieron sus compañeros de boxeo, en donde más de una vez fue expulsado de la clase. También, en ciertas ocasiones, jugaba al fútbol en el Club Real Infantil, encastrado en la vieja estación de trenes de Elizalde, cerrada en 1978. Es posible que Mateo no lo sepa, pero a ese club asiste, también, el hermano de Kim, de diez años. “Su hermano ama el fútbol”, contó Alejandro Gómez, tío de la menor. El sábado, cuatro días después del crimen, suspendieron todos los partidos infantiles de la liga barrial por duelo.

Pero nada de eso importa ─nada: ni el boxeo, ni el fútbol, ni la diversión de los pibes─ cuando se acelera por una calle de un barrio humilde de la capital provincial y con una menor secuestrada. El torso de Kim, tras intentar sacarla del auto a gran velocidad ─aún no es claro si por la ventanilla o por la puerta─ quedó atrapado. Mitad afuera del vehículo, mitad adentro. La calle 83, por donde pasó el Gol rojo con la pequeña siendo arrastrada desde hacía varias cuadras, sugiere el comienzo de un sector del barrio más vulnerable: de un lado, las casas bajas de los vecinos; del otro un cordón de pastizales espesos y altos, con calles de tierra que desembocan en otras viviendas con construcciones más rústicas. Sin embargo, por unos días, el rastro de sangre del cuerpo de la menor permaneció indeleble en esa misma artería. “Ni con la lluvia de estos últimos días se fue”, dijo Elvira Romero, de 62 años, quien vive hace cuarenta años en la calle 83 y que vio pasar el auto a toda velocidad. “Vi algo como si fuera un cuerpo en el aire casi”, recuerda Elvira. “La sangre de Kim sigue ahí, como si fuera un recordatorio para todos de lo que pasó”, arriesga la vecina.

Al doblar a la izquierda por la calle 28, el auto perdió el control y se estrelló contra un poste de luz al borde de una zanja. Hay pocas precisiones de lo que ocurrió luego, esa misma noche. Que Florencia, la madre de Kim, llegó detrás en un auto negro y acompañada de otras personas para rescatar a su hija. Que Tobías y Mateo se dieron la fuga, ni bien bajaron del coche, abandonando por completo la escena del crimen. Que habían doblado a la izquierda en la calle 28 porque estaban a unos cien metros de la casa de Héctor, el papá de Tobías. Pocas certezas, aunque al menos algunas: nadie está preparado para morir a los siete años, ni para matar a los 14.

“Justicia por Kim. Los pibes del León”, se lee escrito en la pared de la esquina de 25 y 76, a cuatro cuadras de la carnicería en donde Tobías y Mateo se llevaron el auto con la menor. En este sábado de marzo el cielo está gris, encapotado. En las calles del barrio todavía hay folletos de las marchas por pedidos de justicia que se hicieron tras el crimen. “Que la ley no ampare a los delincuentes”, dice un papel con la cara de Kim. El hecho, luego de su mediatización a nivel nacional, enmudeció a funcionarios locales que prefirieron no dar testimonio de lo ocurrido ante la “sensibilidad” del tema. elDiarioAr intentó contactar a miembros de la cartera de seguridad del municipio, como así también a integrantes de otros organismos públicos, pero no obtuvo respuesta. 

El hecho causó tanta controversia que una legisladora del oficialismo provincial, que vive en Altos de San Lorenzo, sufrió un escrache de vecinos en su propia casa, motivado por dirigentes de la oposición que exigían la renuncia del gobernador, Axel Kicillof. “Vinieron a buscarme solo por ser vecina”, señaló la legisladora. “Hace años que trabajamos y articulamos proyectos sociales dentro del barrio, pero el oportunismo político de la oposición es lamentable”, agregó.

Al adentrarse a Altos de San Lorenzo, la fisionomía de las viviendas muta: de casas con un césped prolijo en su vereda, a calles de tierra y con casas revestidas con ladrillos sin revoque. Estas últimas, en 85 y 29, es donde vivía Tobías con su familia. Héctor, quien entregó a su hijo luego del hecho, tampoco quiso hablar con este medio.

Juan Pablo Coronilla y otros dos chicos empujan un carro blanco con caños de aluminio y otros materiales por la calle 85, la misma que recorrió el Gol rojo con Kim a rastra. “Ojalá que no salgan más”, dice Juan Pablo, de 35 años, tras referirse al crimen. “Este es un barrio de gente humilde, pero laburadora. Yo hoy no tengo empleo formal, pero salgo a juntar cosas y venderlas. Nunca pensé en salir a robar”, cuenta. “La pobreza no es excusa”, agrega Juan Pablo. A su lado, Thiago Acevedo, de 14 años y sobrino de Juan Pablo, lo ayuda a empujar el carro. Tiene la misma edad que Mateo, el otro imputado. Incluso lo conoce: entrenó boxeo con él en el Club Chacarita el año pasado. “Siempre fue un bardo. Iba al gimnasio y se quería agarrar a piñas con todos. No respetaba ni a los profesores”, cuenta Thiago. Mismo barrio. Misma edad. Mismo club ¿Qué falló? “La droga”, dice Thiago. “Hay mucha droga en Altos”, confiesa. 

Para Alejandro Rivero, de 42 años, vecino de la calle 82, en el barrio “es más fácil conseguir un kilo de droga que uno de pan”. Aquel martes por la noche, vio pasar por la puerta de su casa el gol rojo con Kim siendo arrastrada. “Hay robos, a veces se escuchan disparos a la noche, pero esto excedió todo. Es una marca que va a quedar para siempre”, admite Alejandro. “Esos pibes ya están perdidos, no tienen solución”, dice sobre los dos adolescentes.

Como en cualquier otro barrio, los clubes de fútbol infantil abundan. En Altos de San Lorenzo hay cuatro, uno al lado del otro: el Elizalde, Real Infantil, Chacarita y Fletes. Hoy, sábado, las canchas deberían estar repletas de pibes detrás de una pelota, pero el césped está intacto. Los partidos se suspendieron como medida de duelo por lo que pasó con Kim. Su hermano, de diez años, entrena en el Real Infantil, club al que de vez en cuando, señalaron algunos vecinos, también asistía Mateo. “La tarea de los clubes barriales es muy importante para que los pibes no caigan en la mala junta”, señala una integrante del club Elizalde, que prefiere mantener el anonimato. “Pero sin recursos, no podemos contenerlos a todos”, explica la referente. No reciben financiación estatal y se sostienen con “cuotas simbólicas”, además de la autogestión de los profesores que enseñan en el club. “La plata para comprar pelotas y cortar el césped de la cancha, la ponemos nosotros. El municipio no nos ayuda casi con nada”, apunta la integrante del club Elizalde. 

“Hoy no contamos con tantas herramientas para asistir a todos los pibes que abandonan el colegio o el deporte, las dos cosas quizás más importantes para el desarrollo de ellos y su vida en el barrio”, detalla. Si alguno de los menores que asisten al club abandona el colegio, le prohíben jugar hasta que se reincorpore nuevamente, como método de disuasión a la deserción escolar. “Nunca los dejamos sin jugar, pero intentamos enseñarles que la educación es más importante que el fútbol”, dice la referente.

“Hay un problema integral en la mayoría de los pibes del barrio”, dice Gladys Raffo, vecina y jubilada como empleada de la escuela secundaria n° 45, el centro educativo al que asistía Tobías y que terminó abandonando a los 15 años. “El último año se egresaron 16 pibes, un promedio bajo, incluso para nuestra escuela”, señala Gladys. “Necesitamos reforzar los gabinetes psicológicos para que le den un seguimiento más certero a los pibes que abandonan o tienen conflictos en su casa”, detalla la jubilada de 66 años. “No estoy diciendo que con más recursos en las escuelas se soluciona el problema, pero empezás a tener más herramientas de abordaje para los casos graves. Un pibe que abandona, es uno más en la calle”, resume Gladys.

Los vecinos no recuerdan un hecho tan grave que haya marcado al barrio. Algunos mencionan el crimen de Yamila Saubidet, una joven de 17 años, cuyo cuerpo con signos de violación fue encontrado en 2002 en una zona descampada de Altos de San Lorenzo. “La sangre todavía está ahí, como un recordatorio”, retoma, de nuevo, Elvira Romero.

Según el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de la Universidad Nacional de La Plata (OPS-UNLP), la actual tasa de homicidio doloso, como los asesinatos intencionales, es la más baja de Argentina en las últimas dos décadas y este descenso se debe a lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires: entre 2014 y 2023 la reducción fue del 60 %. Señalar la reducción en la cantidad de víctimas, explica desde el OPS, no implica desconocer la gravedad de este problema: en promedio, se registran entre uno y dos homicidios por día en el Gran Buenos Aires.

En la misma línea, según los números de la Procuración bonaerense del 2024, La Plata se ubica en el segundo lugar de las ciudades de la provincia con más hechos delictivos, con Mar del Plata en el primer puesto. La capital provincial percibió un aumento del 19% en su tasa delictiva, con respecto al 2022.

Otra vez en el barrio, ya sobre la calle 28, un cordón de basura sobre el pastizal, con partes de autos herrumbrados, bolsas de consorcio rotas, más basura. A unos metros por esa misma calle, el poste verde y ancho de luz en donde el vehículo chocó de frente. Allí, hoy, está el pequeño altar que los vecinos improvisaron en honor a Kim. Una foto de ella pegada al palo. Arriba, tres globos rosas colgados. Abajo, una cruz clavada en el piso, envuelta en un rosario. Un ladrillo amarillo de juguete entre el pastizal, como un pesebre. Un palo de luz en la vastedad del conurbano bonaerense. Un foco en la oscuridad.

Dos jóvenes caminan tímidos hasta el altar. Uno de ellos, vestido con una chomba negra y gorra blanca, toma una foto con su celular. Tiene 19 años y es familiar directo de Tobías. No quiere decir su nombre, pero cuenta que el joven ─hoy detenido con prisión preventiva por orden de la fiscal Carmen Ibarra, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) de menores N°3─ no siempre fue así. “Su mamá murió y quedó muy sólo”, señala el joven, que trabaja en una distribuidora de bebidas. “No lo justifico y tiene que pagar lo que hizo, pero yo le daría una segunda oportunidad, si es que sale de la cárcel”, aclara. Hay una pregunta, sin embargo, que le gustaría hacerle personalmente a Tobías, y es: “¿Por qué no frenaste el auto cuando viste a la nena?”. 

*Este texto se publica en simultáneo en y se produjo en colaboración con el sitio Perycia

MC

.Un nuevo ataque contra los trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte se llevó a cabo el lunes, luego de que las autoridades interventoras decidieran “echar de palabra” a Javier Ríos, empleado desde hace diez años en el sector de comunicación de la institución. “Fue una acción disciplinante para acallar la lucha que los trabajadores venimos impulsando desde el cuatro de octubre del año pasado”, explica Javier, quien no figuraba inicialmente en los 200 despidos que se llevaron a cabo durante el mes de enero, pero cuyo puesto no fue renovado por la nueva gestión a comienzo de esta semana. 

“Si bien todavía no recibí ninguna notificación oficial, mi jefa de área me confirmó que mi contrato no fue renovado”, agrega el ahora extrabajador del hospital, tras una década en la institución. Javier es un activista político conocido públicamente por su participación en las diferentes asambleas y comisiones de trabajo que se conformaron desde octubre, cuando comenzó el vaciamiento del Gobierno contra la institución. “Coordino la comisión de despedidos del hospital y, desde el lunes, formo parte”, bromea Javier, quien además es documentalista con dos películas producidas sobre el movimiento obrero. 

Junto a otros compañeros, además, Javier creó en octubre la cuenta de Instagram “En lucha el Bonaparte”, con más de 50 mil seguidores y en donde comunican todas las novedades sobre la lucha de los empleados despedidos y los recortes por parte del Gobierno. “Siempre me dediqué al registro audiovisual dentro del hospital en el área de comunicación y ahora colaboro también desde afuera, contando la destrucción del Gobierno a la salud pública”, señala el documentalista de 52 años. 

Otra empleada de la institución, con igual antigüedad en su puesto, también estaría “marcada” por las nuevas autoridades ante su participación política en diferentes asambleas. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) plantearon que existe una “clara intencionalidad de persecución gremial sobre compañeros activos con participación activa en la lucha”.

“Te colgaron de la plaza pública para que lo veamos todos”, le dijo a Javier una compañera del Bonaparte, tras enterarse de su situación. “No lo tomó como un ataque personal, sino como un intento de disciplinamiento al colectivo de trabajadores que defiende públicamente al hospital”, asegura Javier. “Estamos frente a un gobierno que persigue todo lo que se resista”, apunta el reciente despedido, quien comenzará acciones legales contra las nuevas autoridades. Las jornadas de visualización del conflicto continúan en el edificio de Combate de Los Pozos 2133, en Parque Patricios, con diferentes actividades.

El 23 de enero, el neurocirujano y reciente interventor del hospital, Mariano Pirozzo, reunió a algunos jefes del Bonaparte para presentarse. Allí, tras despedir a 200 empleados que habrían ingresado en 2020 durante el gobierno anterior, les comunicó que su objetivo era volver a la institución “rentable”. Pirozzo, quien cumplió la misma función antes en el Hospital Nacional Baldomero Sommer ─en donde se despidieron a más de 120 trabajadores─, llegó a la institución de salud mental junto a la directora del Comité de Control de Calidad del Ministerio de Salud, Gisela Bracco. La nefróloga y especialista en medicina estética asumió la dirección de ese organismo en septiembre del año pasado, cuyo fin es la “optimización de los recursos de la salud pública”. Según su cuenta de LinkedIn, sigue “abierta a nuevas posibilidades de trabajo”.

El lunes, el mismo día en que despidieron a Javier, la justicia resolvió abrir la feria judicial para tratar la situación del hospital, luego de la intervención de la cartera de salud. La medida judicial se produce a partir de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el que sostienen “que después de los últimos 200 despidos están en grave riesgo la continuidad de los tratamientos y el funcionamiento de todo el hospital”.

En la presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, el CELS explicó “la situación crítica” que atraviesan los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia. “Eso incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental”, señaló el organismo de derechos humanos.

Una trabajadora del Bonaparte le aseguró a elDiarioAR que las autoridades ordenaron enviar mensajes a sus pacientes con suspensiones de turno y derivaciones a otras instituciones. “Buscan vaciar al hospital de pacientes para justificar los despidos”, señaló la empleada. 

FLD/MG

El jueves fue un buen día para Marta Ferraro, jubilada de 67 años y paciente del Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”. Marta se había acercado ese día con cierto temor hasta la puerta del hospital de Parque Patricios: necesitaba saber si su psicólogo y psiquiatra, con quienes se atiende desde hace seis años, habían sido despedidos. La jubilada había visto la noche anterior las noticias en la televisión sobre los 200 trabajadores echados por el Gobierno ante una supuesta “sobredotación” de personal que afectaba el funcionamiento del centro de salud. En un comunicado, el ministerio de salud justificó los despidos señalando que 326 empleados habían ingresado “bajo la gestión del expresidente Alberto Fernández”.  

Por eso ese jueves por la mañana, Marta, vecina del barrio de San Cristóbal, subió preocupada las escalinatas del hospital. “Soy jubilada con la mínima, apenas me alcanza para comer”, contó a elDiarioAR. “Si me sacan el tratamiento, me asesinan”. 

La jubilada se acercó hasta el hall de la entrada y preguntó por su psicólogo y psiquiatra. Ningun –por el momento– figuraba entre los 200 trabajadores despedidos. “Gracias a Dios”, dijo Marta, “por fin algo de suerte”.

Esa misma mañana del jueves, mientras Marta le agradecía al cielo la continuidad de sus dos especialistas, el neurocirujano y reciente interventor del hospital, Mariano Pirozzo, reunió a algunos jefes del Bonaparte para presentarse. Vestido con una camisa celeste, de gran porte, Pirozzo les dijo que su misión allí era volver al hospital “rentable”. Es probable que el neurocirujano egresado de la UBA repitiera el discurso que dio el 21 de mayo del 2024, cuando fue nombrado interventor del Hospital Nacional Baldomero Sommer, en donde se despidieron a más de 120 empleados. 

Pirozzo no llegó solo al Bonaparte. En la reunión del jueves, lo acompañó la directora del Comité de Control de Calidad del Ministerio de Salud, Gisela Bracco. La nefróloga y especialista en medicina estética asumió la dirección de ese organismo en septiembre del año pasado, cuyo fin es la “optimización de la atención en la salud pública”. Bracco, quien según su cuenta de LinkedIn está “abierta a nuevas posibilidades de trabajo”, participó con Pirozzo del equipo que volvió “rentable” al Hospital Sommer, tras echar a gran parte de su personal.

Un neurocirujano y una especialista en medicina estética hoy dirimen el futuro de una institución especializada en salud mental y adicciones.

Los empleados y despedidos del hospital desmienten los datos publicados por el Gobierno que afirman un mal manejo de sus recursos. “Nos dicen que sobra personal, pero en 2024 sufrimos una disminución del 20% de los trabajadores, tras los despidos que ocurrieron en agosto de ese año, además de las renuncias por malas condiciones y la precarización laboral, como los bajos salarios o los contratos cada tres meses”, explicaron los trabajadores en un comunicado.

Entre los servicios permanentes que hoy ofrece la institución, y que peligran su continuidad, se encuentran el jardín para empleados del Bonaparte y otros hospitales, el área de investigación, la atención de demanda espontánea que ofrece atención integral sin turno previo para adultos y niños, el abordaje territorial en villas porteñas y la línea 0800, que recibe unas 19 mil llamadas por año, según las estadísticas del centro de salud, entre otros. 

Tras las 200 bajas, la planta de empleados se redujo a un 40% respecto a 2024.  En esas condiciones –aseguraron desde el Bonaparte– el hospital queda inoperativo, “volviendo compleja la reorganización de sus servicios”. 

“Me matan si me sacan a mi psiquiatra”, repetía Marta ese jueves, mientras bajaba las escalinatas blancas del Bonaparte. 

La ronda de los jueves

Una ronda de cinco mujeres y una silla vacía para que fuesen seis. Paula, de 50 años, cruzó por primera vez la puerta del Hospital Bonaparte la tarde de un jueves del 2020, en plena pandemia, luego de que su obra social la dejara en banda con los turnos y ninguna otra institución de salud mental pública tuviera disponibilidad para atenderla. Paula, quien prefiere resguardar su apellido, sufría violencia de género por aquel entonces y necesitaba comenzar alguna terapia cuanto antes. Le habían hablado sobre un grupo de mujeres que habían pasado por lo mismo o llegaban con otros conflictos y hacían terapia grupal todos los jueves en el hospital. “Al principio me generaba cierta timidez porque nunca había hecho esa dinámica de terapia grupal”, recuerda Paula. Cinco mujeres y una silla vacía para que fuesen seis. Una oportunidad para empezar de nuevo.

“Me senté ese día con el grupo y fue una de las mejores decisiones de mi vida”, cuenta Paula. En el espacio, ella y otras mujeres encontraron un lugar donde “sentirse seguras” y donde aprenden a tener conciencia sobre las diferentes violencias que habitan en la sociedad. “Lo colectivo cumple un rol terapéutico. Creamos un lazo con mis compañeras que excede al espacio. Aprendimos a cuidarnos entre nosotras para luego cuidarnos individualmente”, describe la fotógrafa. Hoy, ese espacio, peligra como uno de los servicios recortados por el Gobierno.

Sofía Marino, psicóloga a cargo del grupo, fue una de las 200 despedidas. Entró a trabajar en 2020, cuando el hospital detectó que era necesario crear un nuevo espacio ante la cantidad de mujeres que llegaban por violencia de género en plena pandemia. “La violencia es una problemática de carácter social y conformar redes de contención entre mujeres es fundamental”, cuenta Marino. “Muchas de las pacientes que hoy asisten al grupo no tienen otro espacio de contención y desarmar de un día para el otro esos lazos es violento para ellas”, describe la psicóloga. “Notamos también un incremento de pacientes ante la suba de las prepagas privadas. Eso el Gobierno no lo dice”, destaca Marino. El puesto de una trabajadora social que forma parte de ese equipo terapéutico también peligra, tras no tener noticias sobre la renovación de su contrato. 

El jueves 16 de enero, luego del anuncio de los despedidos, el grupo de mujeres tuvo su sesión en las escalinatas del hospital, como forma de demostrar la unión de los pacientes y el apoyo a los trabajadores. “El Bonaparte me dio la posibilidad de posicionarme de manera diferente sobre la violencia. Me salvó de repetirlas y salir de un círculo vicioso con diferentes vínculos. Me enseñó también a registrar a mis ataques de ansiedad y a apoyarme en mis compañeras”, retoma Paula. El último jueves volvieron a juntarse fuera del hospital y tuvieron, otra vez, una sesión abierta. “Los jueves están siendo de resistencia últimamente”, bromea la fotógrafa.

La ronda de los jueves. Cinco mujeres y un espacio que ya no está vacío, sino defendido. “Ninguna autoridad se comunicó con nosotras para que nos indiquen cómo continuar nuestros tratamientos”, explica Paula. “Por ahora nos vamos a juntar todos los jueves afuera del hospital”, dice la paciente.

Laura Bonaparte, psicóloga social y una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo –por quien la institución cambió su nombre en 2013, año de su muerte– también asistía a una ronda todos los jueves, en Plaza de Mayo. Hoy su figura ilustra los guardapolvos de los trabajadores de la salud que luchan contra los recortes, a modo de homenaje y resistencia.

Otras áreas que peligran

El hospital no solo contiene y recibe a pacientes con determinadas patologías, sino que también impulsa áreas que contribuyen al funcionamiento y la mejora del hospital. En el equipo de investigaciones del Bonaparte, donde los especialistas indagan y generan conocimiento sobre diferentes problemáticas de salud mental, fueron despedidos cuatro trabajadores de los cinco que componían el equipo, incluida la bibliotecaria de la institución. Muchas de esas investigaciones fueron financiadas con fondos internacionales, como el de Naciones Unidas. “Tenemos que dar aviso que no vamos a poder continuar con algunos trabajos que tenemos en curso”, cuenta una psicóloga del área de formación del hospital. “También cerramos la biblioteca especializada en salud mental”, agrega la trabajadora. Entre las investigaciones que el área llevó adelante, y que pueden consultarse desde repositorios digitales, se encuentra una sobre las variables que se entrecruzan entre las masculinidades y los consumos problemático. “Ese trabajo de campo fue muy positivo porque nos permitió después ir a capacitar a otros equipos que también trabajaron la temática”, explica la especialista.

Otra de las áreas que sufrió el ajuste fue el jardín del Bonaparte, donde tres empleados fueron despedidos. “Atendemos cerca de 80 niños tanto de trabajadores del Bonaparte, como de otras áreas de la administración pública, como el hospital Garrahan”, detalla una empleada del jardín. “Hoy quedamos muy justas para atender. Porque no solo cuidamos a los hijos de los trabajadores, sino que también brindamos talleres para niños y adultos”, agrega la trabajadora.

El equipo de estadísticas de la institución también fue desmantelado. “La construcción de los números que alega el Gobierno no tiene ningún fundamento, ni dicen de donde sacan sus cifras”, señala Noelia Giarletta, jefa de la sección Comunicación en Salud. “¿Cómo podés sacar una estadística fiable sobre todo el hospital si desarmas al equipo que hace esos números?”, se pregunta Giarletta.

Eugenia Lavate es licenciada en musicoterapia y entró al hospital en 2022, como jefa de residentes. Le llegó el telegrama de despido el miércoles 8 de enero. “Los números del ministerio de salud son completamente falsos. No sobra nadie en el Bonaparte, en todo caso falta gente”, apunta Lavate. “Desde enero del año pasado que muchos contratos no se fueron renovando y hoy peligran muchos otros”, agrega la especialista, quien a pesar de su despido continúa atendiendo a algunos pacientes. “No podemos dejar nuestros procesos terapéuticos como si nada. Les importe poco lo que pasa con ellos”, señala Lavate.  

Por estos días comenzó una mesa de negociación entre sindicatos y autoridades del hospital para evaluar la situación en detalle sobre los últimos 200 despidos, como así también los contratos que hasta el día de hoy no se renovaron.

El Centro Cultural Laura Bonaparte funciona como anexo del hospital sobre la calle Pasco, en pleno barrio de Parque Patricios. El lugar le rinde homenaje al psicóloga social y defensora de los derechos humanos. Un cuadro de Laura, con el pañuelo blanco en su cabeza y una sonrisa cálida, es lo primero que uno se encuentra. En lugar funcionan talleres gratuitos de todo tipo, desde dibujo hasta escritura creativa para niños y adolescentes. Uno de los dibujos exhibidos es de un niño que delineó el edificio del hospital y, en letras pequeñas y grandes, escribió: eL bONapartE nO se CIeRra.

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El humo de las bengalas no lo deja respirar, pero a Nahuel Cisneros, de siete años, no le importa. Es la noche del 29 de diciembre del 2004, es el segundo recital de Callejeros en el boliche Cromañón del barrio de Once, a Nahuel no le importan muchas cosas. Terminó el año escolar y está viendo a una de sus bandas favoritas junto a su papá, Martín Cisneros de 30 años. Minutos antes tocó Ojos Locos, otra banda de rock que les encanta a ambos. No hay mucha televisión en la casa de la familia Cisneros, pero sí sobra la música. Los Piojos, La Renga, Callejeros. Martín, de 30 años, y su madre, Claudia Perla, de 24, lo llevan a recitales cada vez que pueden. Con siete años, Nahuel ya sabe de memoria muchos temas de la banda de Villa Celina liderada por Patricio Santos Fontanet. De hecho, los vio en vivo por primera vez el año anterior, en la ciudad de La Plata. Fontanet se había quebrado y a Nahuel le parecía muy gracioso verlo cantar en el escenario con un yeso puesto. Por eso, esta noche del 29 de diciembre en Cromañón, un poco de humo no va a arruinarle el momento.

Mañana Callejeros toca de nuevo. La última fecha del 2004 y Nahuel también quiere estar. Cerrar el año con su papá, mientras ven a su banda favorita. Pero el humo de las bengalas es cada vez más insoportable y Nahuel no para de toser. Martín lo saca afuera del boliche, sobre la calle Mitre, para que se recupere. Allí toma una decisión. Su hijo, por más que insista, no lo acompañará mañana a la última fecha de la banda en Cromañón. Esa decisión, cuando esté atrapado en la oscuridad de la masacre aquel 30 de diciembre del 2004, le dibujará una pequeña sonrisa.

Salir de Cromañon

“Mi viejo nunca fue el mismo cuando salió de Cromañón”, dice, 20 años después del recital que dejó 194 muertos, Nahuel Cisneros. Es una tarde de noviembre y Nahuel, de 26 años, está sentado en el comedor de su casa en Ramos Mejía, junto a su madre, Claudia Perla y su hermana menor, Mía, de 15 años. “Entró siendo una persona y salió otra. Se fue apagando de a poco”, agrega Claudia.

El 30 de diciembre del 2004, Martín Cisneros fue a ver a Callejeros finalmente sin su hijo. Apenas unos segundos después de que Patricio Fontanet cantó el primer tema de la noche, una candela disparada desde una bengala entre el público impactó en la media sombra que cubría el techo del boliche. El fuego se extendió desde ese sector, desprendiendo un humo tóxico y letal para una discoteca cerrada y sin ventilación como estaba Cromañón. En medio de la oscuridad y el desconcierto, Martín escuchó que alguien dijo “tengo que salir que afuera me espera mi hijo”. A él también lo esperaba el suyo. 

“Nos contó que tuvo que pisar gente para salir, mientras le pedían auxilio desde el piso”, recuerda su pareja Claudia, de 44 años. “Esa imagen lo marcó mucho”, cuenta la madre de sus hijos. 

Tras salir de Cromañón esa noche, Martín decidió volverse a su casa solo, a pesar de haber ido al show con un grupo de amigos. Vivía en Paso del Rey, provincia de Buenos Aires, y tomó el tren en la estación de Once. No paraba de escupir un líquido negro y grumoso. Se bajó en la estación Caballito y fue hasta la guardia del Hospital Durand. Allí quedó internado hasta que Claudia, quien esa noche estaba trabajando como cajera en un comercio, lo encontró. “Recorrimos muchos hospitales, como la mayoría de los familiares”, vuelve la pareja. Al verse en el hospital, ambos se abrazaron, mientas Martín no dejaba de repetir una frase, entre lágrimas: “qué bueno que no lo llevé a Nahuel”. 

Ese 30 de diciembre del 2004, Martín había logrado salir de Cromañón. O eso era lo que él creía. Lo que todos creían. 

“Voy a llevarte en mí”

Claudia y Martín se conocieron en Paso del Rey, cuando ella tenía 16 años y él 22. Un amigo en común los presentó y, desde entonces, prácticamente no se separaron. “Él era muy inteligente, leía mucho y nunca tenía un error de ortografía”, recuerda Claudia sobre esos primeros años de noviazgo. “Nunca siguió una carrera universitaria, pero lo podría haber hecho sin problemas”, apunta. Cuando Claudia tuvo a Nahuel, su primer hijo, en 1998, Martín empezó a trabajar en varios oficios. Fue portero, personal de seguridad e incluso fue empleado en Racing de Avellaneda, en el control de acceso al estadio. Sin embargo, en lo que Martín se destacaba era la venta ambulante. Su pasión por el rock nacional y los recitales lo llevaban a vender remeras de diferentes bandas en los accesos de cada show. Pero no solo se limitaba al rock barrial y duro. Claudia guarda una nota del diario Clarín en la que Martín aparece en la foto del matutino, bajo el título “La batalla de las fans en la Avenida Corrientes”. Allí, Martín aparece vendiendo remeras de Rebelde Way, la banda de la novela juvenil homónima que cautivó a una generación de adolescentes. 

“Te vendía lo que quería”, destaca la pareja. “Era muy simpático y entrador. Siempre estaba atento para rebuscársela con algo y que a Nahuel no le faltara nada”, cuenta Claudia. En ese rebusque, Martín vio en los recitales otra nueva forma de ingreso: la gestión de colectivos y combis para que la gente del interior del país pueda llegar hasta Capital Federal o la provincia de Buenos Aires a ver a diferentes bandas.  Así, Martín empezó a conocer gente de todas las provincias que llegaban a los shows gracias a él. Incluso ofrecía su casa cuando alguien no conseguía hospedaje. “Siempre lo ponía contento ofrecer nuestra casa para cualquiera. Era muy solidario en eso”, destaca Claudia. Mientras tanto, la pareja disfrutaba de cada recital al que iba. En 2001, cuando Nahuel cumplió los tres años, lo llevaron a a ver a Los Piojos, una de sus bandas favoritas. Fue en 2003 que Martín escuchó a Callejeros por primera vez a través de un CD demo que consiguió y empezó su fanatismo por el grupo. Otros como él también se sumaban a las fechas de la banda de Villa Celina. La comunidad del rock crecía en torno a la fama de Callejeros. También los amigos que Martín hacía.

“Martín me enseñó a decirle te quiero a mis amigos”, dice Ezequiel Milone, de 45 años, desde Junín, provincia de Buenos Aires. Conoció a Cisneros por los micros que gestionaba para ver a Los Piojos. “El rock es familia y Martín respetaba mucho eso porque cuidaba a todo el que iba con él”, recuerda Ezequiel. El 28 y 29 de diciembre del 2004, fechas previas a la masacre, Ezequiel fue a Cromañón con Martín. Pero durante el tercer recital le tocó trabajar en una estación de servicio de Junín y no pudo viajar. “Eso fue una jugada del destino”, explica Ezequiel, quien se tatuó la cara de Martín en su pantorrilla. “Se llevó un pedacito de todos, Martín. No veo diferencia entre ser sobreviviente y haber perdido a tantos amigos desde afuera. Casi siento como si hubiera estado adentro ese 30 de diciembre”, confiesa.

Cristian Armoa, de 38 años, vive en la ciudad de Guaymallén, Mendoza. Conoció a Martín en 2003, tras un recital de Callejeros, en donde lo invitó a quedarse a dormir en su casa casi sin conocerlo. “Yo tenía 17 años y Martín 30. A pesar de la diferencia de edad, me hizo un lugar con su familia cuando no tenía donde quedarme”, recuerda Cristian. Desde ese día, Martín se convirtió en uno de sus mejores amigos, pese a vivir en otra provincia. “La calidez humana de Martín y su familia representa lo que para nosotros es la verdadera comunidad del rock”, señala el mendocino. El cariño que Martín tenía por Cristián era tanto que le decía, en forma de broma, “hijo”.

Sobrevivir a Cromañón

Los años posteriores a la masacre de Cromañón no fueron fáciles para Martín. Iba y venía con diferentes tratamientos psiquiátricos, tenía problemas para respirar y sufría de cierto pánico a la oscuridad y el encierro. “Su salud mental se fue degradando de a poco”, retoma Claudia. Nahuel, su hijo, también lo percibió pese a ser apenas un adolescente. “Mi viejo fue el mejor del mundo, pero en sus últimos años tuvimos algunas peleas”, apunta. En 2007, Claudia fue mamá nuevamente de Mía, su segunda hija. “Eso le hizo bien a Martín, había recuperado un poco la alegría luego de ser padre”, describe Claudia.

Fue en agosto del 2014 que Martín tuvo un ataque de nervios y llegó con Claudia hasta el Hospital Alvear de emergencias psiquiátricas de Capital Federal. Sin embargo, pese a ser sobreviviente de Cromañón, no lo querían atender. Hasta ese momento, la ley 4786 de reparación integral para victimas y familiares sancionada en 2013 todavía no había sido reglamentada respecto a la normativa de salud mental. 

Luciano Frangi, periodista, sobreviviente y militante de la organización Coordinadora Cromañón, llegó al Alvear para ayudar a Martín. “Estaba muy desbordado él, pero después se tranquilizó y lo pudimos ayudar para que lo atendieran”, cuenta Luciano, de 46 años. 

Seis meses después de ese episodio, el 3 de febrero del 2015, Martín se quitó la vida en su casa del Paso del Rey. “Su último año fue muy, muy duro”, explica Claudia. La noticia movilizó a muchos sobrevivientes que marcharon a la semana de la muerte de Martín hacia la legislatura porteña. Exigían que se reglamenten los programas de salud mental para sobrevivientes y familiares. En ese tiempo, la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, los recibió y se comprometió a hacerlo en 60 días. Y así fue.

“Fue una pequeña victoria porque estábamos muy enojados por la muerte de Martín”, explica Luciano, quien acaba de publicar su primer libro, “Cromañón: las cenizas siguen ardiendo” (Ed. JusBaires), en coautoría con el periodista Facundo Reyes. Allí, Luciano realiza una investigación periodística minuciosa sobre todo lo que falló esa noche en el boliche de Once y las consecuencias de la masacre. “No queremos que se repita esta historia. Por eso sacamos este libro que es el fiel reflejo de la causa judicial y el testimonio de los sobrevivientes”, señala Luciano. Según las cifras de diferentes organizaciones, los sobrevivientes que se quitaron la vida varían entre un número de 16 a 19 y no existe un registro oficial que pueda precisar una cifra exacta.  

Banderas en tu corazón

Tras la muerte de Martín, Claudia continuó yendo a recitales. Este año fue a ver a Don Osvaldo, la nueva banda de Patricio Fontanet. “Fue muy emotivo, me acordé de él en todo momento. Martín siempre defendió a la banda por lo que había pasado”, rememora Claudia. Para homenajear a Martín, su pareja elige un tema. Pacífico de Los Piojos. Una de sus estrofas dice así: “Voy a llevarte en mí, ahora que sé muy bien que me llevarás hasta donde estés”.

Nahuel, en cambio, ya no escucha Callejeros, aunque fue a ver a Casi Justicia Social y Don Osvaldo varias veces, tras la muerte de su padre. Su relación con la música no cambió y tiene una hija pequeña que ya le hace escuchar rock a todo volumen, como hacía Martín con él. Para homenajearlo, sin embargo, sí elige un tema de Callejeros: Imposible. Una de sus frases dice así: “Al fin va a decir la verdad el que escribe los diarios, al fin van a dejar de rezarle a la televisión”.

En la reciente vuelta de Los Piojos a la ciudad de La Plata, tras 20 años de haberse separado, la banda de amigos de Martín llevó una bandera con su rostro. Claudia también fue. A un costado del trapo, el rostro de Martín sonriendo sobre la frase: “una y mil veces renacer”.

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Lo despiertan ladridos desencajado, agudos. Esa mañana de septiembre del 2022, Javier Cardozo, de 37 años, despega la cara de su colchón y mira hacia ambos lados de la vereda con los ojos entrecerrados y el pelo todavía revuelto. Su perro, Javi, gruñe, mientras asoman sus dientes blancos y puntiagudos. Tres hombres los rodean en la esquina porteña de Avenida de Mayo y Perú. Javier duerme allí con Javi, su perro, desde hace tres meses, junto a algunas bolsas con sus pertenencias. Los tres sujetos visten una remera verde y amarilla con una frase en el medio con letras blancas: “Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad”. 

–No podés dormir acá, padre– le explican los funcionarios públicos a Javier, mientras levantan sus bolsas–. Tenés que irte.

Está harto, esa mañana del 2022, Javier Cardozo. Harto de que le tiren sus pocas pertenencias; de que le digan que vaya a dormir un parador de la Ciudad cuando no aceptan mascotas; de ir de un rincón a otro de la Capital, como un muñeco tironeado. 

Esa mañana, Javier, alto y espigado, los ojos pequeños, negros, dice “no”.

–No. 

–Es por las buenas o por las malas –desafía uno de los de ‘Espacios Públicos’.

Por las buenas o por las malas, todo sucede rápido.

El forcejeo cruzado entre Javier y los tres empleados públicos. Un policía de la Ciudad que aparece y se suma como custodio de los otros. Javier que cae al piso. El pelaje rubio y fibroso de Javi, su perro, que se tensa. Ladridos. Insultos. Un mordisco certero en el tobillo del oficial. Su pierna que se pliega en el aire. El hocico crispado de Javi. Más insultos.

Ambos, Javier y su fiel compañero, terminarían dentro de un patrullero de la policía de la Ciudad esa mañana. Javier fue demorado unas horas en la comisaría 1-B de la calle Tacuarí del centro porteño por resistencia a la autoridad. Su perro también fue retenido allí y luego trasladado al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, donde permaneció “detenido” durante diez días, tras morder a un oficial. No sería la última vez que Javi, el perro, quedaría “tras las rejas” por agredir a un policía.

Por las buenas o por las malas.

Peor que un preso

–Lo fui a ver los diez días que estuvo detenido en el Pasteur. Podía verlo un minuto al día nada más. Estaba muy triste yo. Le llevaba comida. Ahí no te dan nada. Los tienen en jaulas chiquitas y le dan agua con una lata, peor que los presos están. Una veterinaria de ahí me lo quería castrar. Yo me negué. ¿A usted le gustaría que le limen las trompas de Falopio sin su consentimiento, doctora?, le pregunté esa vuelta. Les dije que, si no lo largaban rápido, iba a entrar por la noche al edificio a sacarlo. Me decían que mi perro es agresivo, que lo tengo que medicar. Él es mi mejor amigo. Tiene cinco años nada más. El 19 de marzo del 2019 me lo regaló Jesús, el nieto de mi mujer. Chiquitito, rubio. Es bravo, pero no es malo. Yo también soy bravo.

Lo fui a ver los diez días que estuvo detenido en el Pasteur. Podía verlo un minuto al día nada más. Estaba muy triste yo. Le llevaba comida. Ahí no te dan nada. Los tienen en jaulas chiquitas y le dan agua con una lata, peor que los presos están

Picante

Javier Cardozo, de 39 años, nació y se crio en San Luis del Palmar, una pequeña localidad rural de la provincia de Corrientes, ubicada a 30 km de la capital. Con una madre ausente y un padre militar que lo hostigaba permanentemente, Javier creció entre palizas furiosas y huidas repentinas de su casa. En esas fugas temporales, pasaba semanas enteras refugiado entre la espesura del monte correntino y hogares de distintos familiares. Aprendió a criar caballos, a faenar chivitos y defenderse de cualquier que le faltara el respeto. Ese ambiente hostil lo llevó, poco a poco, a tomar grandes cantidades de alcohol y conocer otras drogas. A los 22 años se fue al Chaco a realizar el servicio militar, pero lo expulsaron por apuñalar a un compañero. Después emigró a la Patagonia, donde conoció la “palabra de Dios”, pero volvió a encontrarse en riñas que lo llevaban a lugares oscuros. En 2012 fue detenido por intento de homicidio y purgó una pena de seis años en la Unidad 19 del penal de Ezeiza. En 2019 quedó libre y conoció a Mariela Echague, su actual pareja. Jesús, el nieto de ella, le regaló un perro apenas cumplió su condena y salió de prisión. Javier lo nombró igual que él: Javi. “Lo ayudó mucho a Javier el perrito”, cuenta hoy Mariela, de 54 años y en situación de calle como Javier. “Él era muy violento, pero Javi lo ayudo a tranquilizarse. Creo que el perro agarró un poco del enojo que tenía y se volvió un poco picante”, señala Mariela. “Acá por el centro lo conocen todos a Javi”, dice.

Famosos toreados

Actores y actrices que Javi, el perro, toreó con vehemencia cuando los veía pasar por la Avenida Corrientes, tras la salida de los teatros: Lizy Tagliani, Diego Peretti, Pablo Echarri, Nancy Duplá, Flavio Mendoza.

Bajo el signo de Escorpio

–Me cuesta relacionarme con los demás. Soy un poco retobado, por eso me siento mejor con los animales. Me gusta estar tranquilo, no molesto a nadie. Pero a veces se me sale la cadena– dice Javier, un martes de agosto, sentado en la esquina de Lavalle y Cerrito. Javi, a su lado, descansa con la cabeza apoyada en su regazo. A veces levanta una ceja, como en estado de alerta, y luego la baja. Es menudo y rubio, con rasgos fibrosos su cuerpo. “Se pelea mucho con los otros perros. Por eso a veces le pongo el bozal”, cuenta su dueño. “A los policías los odia, como que los huele y en seguida se pone en estado de alerta”, detalla Javier. 

Una noche de julio su perro fue detenido por segunda vez. En aquella ocasión, Javier se encontraba defendiendo a un amigo en una pelea con otro grupo sobre la calle Lavalle. La policía porteña llegó, intento reducirlo, pero, antes de que su pecho tocara el piso, Javi –como un resorte– saltó a defenderlo propinándole un mordisco al efectivo. Fueron otros diez días en la jaula del Pasteur, mientras Javier velaba por su libertad. “Lloré como un condenado cuando cayó de nuevo”, dice, mientras le acaricia la oreja a Javi. “Él es mi mejor amigo”.

Lloré como un condenado cuando cayó de nuevo. Él es mi mejor amigo

Augusto Fuentes tiene 62 años y vive en un hotel de Talcahuano y Corrientes, a través de un subsidio habitacional que le otorga el Gobierno de la Ciudad. Conoció a Javier en 2022, tras dormir algunas noches a la intemperie en su misma cuadra. “Él es del signo escorpio, como yo. Somos de un carácter jodido”, asegura Augusto. Su familia también es de Corrientes, un dato que los unió de inmediato. “Él viene de una familia muy violenta. Era todo muy farwest en su pueblo”, comenta Augusto.  El perro, sigue Fuentes, lo ama a Javier. “No podés acercarte a él sin que empiece a ladrar y si te descuidas, te mete un tarascón”, remarca Augusto. Un tema que a él le preocupa es el hostigamiento policial que suele sufrir Javier al dormir a la intemperie. “Lo viven sacando de todos lados. Por eso también crece su furia y la del perro. Tengo miedo que un día los lastimen a los dos”, confiesa Fuentes.

Según el último informe de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de calle, hubo un aumento de la violencia institucional contra los ‘sin techo’ de la Capital Federal. El informe describe que entre agosto del 2023 y 2024, hubo 104 situaciones de violencia por parte de funcionarios porteños, un aumento del 37% respecto al año pasado. La Ciudad de Buenos Aires –describe el informe– es el distrito con más hechos de violencia. A esos hechos, explica la investigación, hay que sumarle 125 detenciones, requisas y secuestros de pertenencias sin orden judicial, conforme al artículo 103 del Código Contravencional.  

“Venimos registrando relatos de hostigamiento de personas en situación de calle desde hace muchos años, pero lo que vemos ahora es un aumento significativo de una política pública explícita y represiva contra esos ciudadanos”, explica Jorgelina Di Iorio, doctora en psicología, investigadora del CONICET y una de las autoras del informe. Por un lado, señala Di Iorio, el Gobierno porteño muestra más dispositivos de asistencia temporal al que no todas las personas quieren o pueden acceder y por el otro los expulsa violentamente del espacio público. “Si a una persona a la que le robaron las pertenencias en un parador decide no volver más, el Gobierno lo responsabiliza por querer vivir en la calle. En lugar de problematizar por qué no quieren recibir la asistencia que ellos promueven, deciden culpabilizarlos”, apunta la investigadora. 

No existe, por otro lado, un registro oficial sobre detenciones caninas en la Ciudad. La ordenanza que sigue la policía es que cualquier animal callejero debe ser trasladado al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur para su revisión.

Todas las veces que sea necesario.

El último momento de felicidad

Si a Javier Cardozo le preguntan hoy cuál fue su último momento de felicidad, hablará de una imagen que ocurrió en marzo, en medio de una semana de lluvia copiosa en la ciudad, bajo el alero de un edificio abandonado de Avenida de Mayo, viendo caer el agua a tendales, junto a su mejor amigo. El rocío, cuenta Javier, los mojaba a ambos. No tenían frío, todo lo contrario. “La tempestad la enfrentamos juntos”, dice Javier Cardozo.

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Santiago Caputo no se mueve. Está parado solo, adentro de un polígono de San Telmo, con un revólver entre sus dedos. Viste una camisa gris arremangada y un pantalón de jean. Es de noche, la hora preferida del asesor estrella del Presidente para disparar. La orden para comenzar, sin embargo, llegará desde afuera del área de fuego y cuando menos se lo espere. La reacción, explicará luego Sebastián Flores ─instructor particular de tiro de Caputo, entre otros funcionarios del Gobierno─ es tan importante como todo lo que sucede después. 

“Un segundo para un tipo armado es mucho tiempo. Hay que usar todos nuestros sentidos cuando llegue el momento de desenfundar”, explicará Flores. Una noche de octubre, dentro de un área de tiro de luces ampulosas, Caputo aguarda por ese momento. Un pitido agudo, cortito, indica que es ahora. Tres siluetas que simulan ser sus adversarios se le vienen encima. El consultor político de cuarenta años se mueve rápido. Dispara y carga. Carga y dispara. Nueve disparos en menos de cinco segundos. Afuera, Sebastián Flores lo mira. “Aprende rápido”, dice, mientras su alumno descansa.

“Lo que yo hago es un arte marcial, pero en vez de golpes son tiros”, dice ahora Sebastián Flores, un jueves por la tarde, sentado al lado del polígono de tiro. El instructor, de 38 años, trabaja en el Club de Tiro Independencia de la calle Piedras 765, en San Telmo, como administrador de las clases personalizadas. Su especialidad, dice, es el tiro de combate, una técnica en la que tirador y oponente quedan apenas a unos metros uno del otro. “Soy el único que ofrece este servicio completamente personalizado y con objetivos de nivelación. No todos pueden llegar a un mismo nivel. Algunos tienen un talento natural, otros un buen estado físico, pero hay muchos que no pueden adaptarse a las exigencias”, dice Sebastián.

Empezó a trabajar en esta actividad desde que se fue del Ejército, en 2022, tras casi 20 años de servicio. Allí, Flores aprendió sobre el uso de armas de fuego, entre otros elementos de combate. Pero también se especializó por fuera de la institución, a través de otros tiradores. Su salida de las fuerzas armadas, cuenta, estuvo marcada por la “desilusión” y la “decadencia institucional”. “El sueldo no me alcanzaba y mis ideales no eran los mismos que los de muchas de las personas que estaban en ese tiempo”, detalla Flores, que también fue granadero de la Casa Rosada durante las presidencias de Cristina Fernandez de Kirchner y Mauricio Macri.

Se inició como seguridad de los tiradores dentro del polígono y hoy da clases a funcionarios del Gobierno, como Santiago Caputo. “Santiago pidió personalmente por mi servicio”, cuenta el instructor, que vive en el barrio de Belgrano. “Se notaba que ya tenía una base. Anda muy, muy bien. Y lo mejor que tiene es que aprende rápido”, señala Sebastián sobre una de las principales figuras de la gestión libertaria. 

Respecto de los otros funcionarios que también asisten a sus clases, el exmilitar prefiere no dar nombres. Otras personas con gran llegada al arco libertario también se sumaron a “tirar” con Sebastián. El influencer Daniel Parisini, mejor conocido como el ‘Gordo Dan’, y el abogado penalista Francisco Oneto, son también alumnos suyos. “Me llamaron mucho por el video de Santiago disparando. Yo no diferencio a mis alumnos. No me importa quién seas. Acá se viene a aprender y mejorar”, apunta Sebastián.

Sobre la mesa están apoyadas dos de sus armas favoritas: un revólver Glock 17, generación 5 y una escopeta de asalto calibre 12/76. La primera es su arma personal, con la que da clases. También, dice, es la que usaría si tuviera que defenderse de un “chorro”.

Hace unos años, Flores caminaba por la calle cuando un ladrón lo apuntó con un revolver. En segundos, lo desarmó tan solo usando las manos. Otros dos atacantes armados, sin embargo, aparecieron en escena. Los tenía en la mira cuando, apenas unos minutos después, llegó la Policía.

“Yo tengo muy claro que si alguien me apunta con un arma me quiere matar, no robar”, plantea el instructor. “Entonces, no voy a dudar: si tengo la posibilidad de arruinarlo, lo voy a hacer”, sentencia. Su postura frente a la portación de armas en la vía pública para defensa personal es la siguiente: si una persona tiene una legalmente, y su vida se ve amenazada por otro, debe usarla. “¿Por qué una persona honesta, que espera el colectivo a la madrugada en José León Suarez para ir trabajar, no puede defenderse si un delincuente lo ataca?”, pregunta. “Si fuera por mí, esto sería Texas”.

Este año la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac) publicó una resolución en la que flexibiliza la condición para la renovación de los legítimos usuarios de armas de fuego. Quienes soliciten la renovación de su credencial, por ejemplo, no tendrán que acreditar por medio de exámenes su idoneidad en el manejo de armas de fuego. Para algunos especialistas, esto es un problema.

“Presupone que la idoneidad para manejar un arma de fuego es perpetua, con lo cual se están reduciendo los controles sobre las personas que tienen armas de fuego de manera regulada”, explica Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Otra medida del Gobierno que la especialista critica es un proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo, con media sanción en la Cámara de Diputados, en la que se propone ampliar por cuatro años el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.  “Lo que hace este proyecto es señalar que se van a flexibilizar el registro de usuarios irregulares. Las personas que posean armas de fuego en una situación irregular puedan comenzar su trámite de regulación conservando el arma en su poder”, señala la especialista. “Un punto que consideramos grave es el supuesto de que el problema se resuelve con una simplificación de la certificación de las armas de fuego. Si se acredita la posesión de armas de fuego sin los controles necesarios y exhaustivos, las que se encuentran tanto en una condición de legalidad como de ilegalidad pueden producir daños que son irreversibles en la sociedad”, apunta Darraidou. Las medidas que debilitan los controles, sigue la integrante del CELS, “implica mayores facilidades para el crecimiento del mercado ilegal”. “Cada vez más personas van a poder tener legalmente un arma para luego venderla o usarla en el al mercado negro”, finaliza la especialista.

Flores dice que no endiosa a las armas. Las ve como un instrumento de trabajo. “Como un albañil con su pala”, aclara. “Admiro más la pericia del tirador que la potencia del fusil. ¿De qué te sirve tener el último revólver del mercado si andás distraído y cualquier rocho te la puede poner?”.

A los 12 años disparó por primera vez. Su padre, policía federal, le dio una 9 milímetros. “La gente tiene una imagen distorsionada de las armas”, explica el instructor. “Piensan que a uno le da poder, pero las armas nos dan paz y tranquilidad”, puntualiza. “Paz de saber que uno está preparado para defender a su familia o uno mismo si alguien quiere hacernos daño. Esa tranquilidad es el poder verdadero”.

Sobre la calle Piedras, justo al lado del polígono de tiro donde los funcionarios del Gobierno asisten para vaciar cargadores, hay un edificio de la fundación “Servicio Paz y Justicia”, creada por el premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel. Una frase en una bandera, colgada afuera reza: “Desde 1974, construyendo el camino de la paz y la no violencia”.

FLD/DTC

Una oscuridad fría y avasallante. Dentro de la Estación Constitución, la principal terminal de trenes del país, la luz se recorta por los ventanales del techo y entra tímida, apenas para iluminar uno de sus 16 andenes vacíos. Todos los días 200.000 personas llegan hasta este punto de la ciudad provenientes de diferentes localidades de la provincia, según cifras del Gobierno porteño. Luego regresan de la misma forma, alcanzando una circulación de 400.000 usuarios diarios. Pero a las 3 de la tarde de este miércoles, y tras el paro nacional de transporte que interrumpió, entre otros, los servicios de trenes y subtes en el AMBA, la desolación en Constitución es total.

Leonela Mamani, de 33 años y empleada doméstica, mira con resignación las puertas cerradas de la estación, mientras espera por la línea 51 de colectivo en las paradas de enfrente. Todos los días, la empleada doméstica llega en tren hasta Constitución desde la localidad de Temperley. Luego toma el subte en la misma estación para llegar hasta el barrio porteño de Flores. El paro de transporte, cuenta, hizo que gastara más en sus viáticos diarios. “Tengo que tomar cuatro colectivos en total. Estamos todos midiendo cada gasto y esto no ayuda”, señala Leonela. Sus empleadores no la tienen registrada y tampoco cubren el costo de sus viajes. “No estoy a favor de que paren varios transportes el mismo día”, confiesa la empleada doméstica. Desde la asunción de Javier Milei, el boleto de colectivo aumentó en un 600%.

Javier Osman, en la misma fila de la parada de colectivo de Constitución, tampoco está a favor de la medida gremial. Tiene 47 años y es técnico electromecánico de profesión. Vive en Alejandro Korn y hoy debía acercarse hasta un domicilio en Palermo para arreglar un aire acondicionado, pero el paro le impidió llegar a tiempo. “No estoy a favor de este gobierno, pero los gremios tienen que ser más pillos y no cortar todo”, comenta Javier, quien es cuentapropista. “No estoy para perder clientes en esta situación tan complicada. El verano es cuando más trabajo, me liquida este tipo de manifestaciones”, admite el técnico electromecánico.

El paro de transporte en uno de los principales centros de trasbordo de la ciudad no solo afecta a los usuarios de trenes y colectivos. Los comerciantes formales e informales que trabajan en la zona sienten la falta de circulación de pasajeros. “Hoy vendí la mitad de lo que vendo en un día malo”, cuenta Rita Menéndez, vendedora ambulante de café. Arranca su actividad a las cuatro de la mañana, cuando abre la estación. “A nosotros nos parte al medio porque vendemos sobre todo a la mañana y hoy no llegó nadie”, señala la vendedora, entre risas. En esa línea, Omar Abraham, quien maneja un quiosco lindero a la terminal de trenes, también mostró su disgusto: “Es casi un día perdido”, apunta Omar. “Estoy pidiendo cada vez menos mercadería a los proveedores porque el consumo bajó. La gente se está cuidando el bolsillo hasta con los alfajores. Más allá de que sea solo un día, te complica los números”, explica el comerciante. La Unión Tranviarios de Automotores (UTA), sin embargo, que no adhirió a la medida de hoy, anunció un paro de algunas líneas de colectivos para mañana, en medio de negociaciones salariales con empresarios del sector y el Gobierno nacional.

En la estación de trenes de Once, otro de los principales centros de trasbordo de la ciudad, la situación es similar. Si bien es una zona histórica con comercios lindantes a la terminal de trenes, muchos de ellos ni siquiera abrieron hoy. La calle Juan Domingo Perón al 2.700, una de las arterias principales del paseo de compras, tiene al menos cuatro persianas bajas. “Muchas compañeras viven en provincia y no pudieron llegar a trabajar”, señala Marilyn Díaz, de 28 años y empleada en un local de lencería femenina. “La gente se está volcando a comprar en Once por los precios, pero anda floja la cosa”, cuenta la vendedora. “Y con un día así, muy pocos entran a comprar”, agrega Marilyn.

Para Andrés Borthagaray, investigador en políticas urbanas y director del Instituto para la Ciudad en Movimiento (América Latina), un paro de estas características tiene efectos nocivos especialmente en los trabajadores del sector informal. “Buenos Aires tiene una red ferroviaria metropolitana muy importante, de más de 800 kilómetros, pero es básicamente la que tenía hace 100 años cuando tenía una población mucho menor”, describe Borthagaray en diálogo con elDiarioAR.

Para el investigador, el transporte público, como los trenes, continúa la herramienta más importante de desplazamiento urbano en el AMBA, aún con la llegada del teletrabajo. “Si bien en algunos casos hubo mejoras puntuales y modernización de servicios, queda mucho para hacer. Existen condiciones y posibilidades de potenciar la calidad para el conjunto de la población metropolitana a la hora de viajar, si se combina con otros medios”, puntualiza el especialista urbano.

La medida de fuerza no solo fue impulsada por gremios y sindicatos del transporte. Otras centrales obreras se sumaron a la jornada del paro nacional para visibilizar su descontento con las políticas y medidas del gobierno libertario. Mariana Cataneo es secretaria de Formación Político-Sindical del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Vive en Moreno y desde allí movilizaron y cortaron la Ruta 23 de esa localidad. “Para nosotros es una jornada que pone en acción toda la solidaridad del movimiento sindical y la llevamos con alegría porque es fundamental garantizar la unidad del campo popular para enfrentar el saqueo de la patria”, señala Cataneo.

Ni bien comenzó la jornada de paro, el propio Milei se burló de las acciones sindicales a través de su cuenta en X, utilizando un meme. Además, desde la aplicación Mi Argentina, gestionada por el Estado nacional, se envió un mensaje para “denunciar” a los gremios que “obligan” a cesar actividades a través de la línea 134. “Estas acciones son inéditas para nosotros, nunca deja de sorprendernos la virulencia y el odio que es capaz de destilar el presidente. En este caso, además, infringe todas las leyes que garantizan la libertad sindical, como el derecho a huelga”, refuerza la sindicalista. En ese sentido, Cataneo anticipa que van a avanzar con una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras el mensaje del presidente.

En la estación de trenes de Once, la fila del colectivo de la línea 132 es la más larga. Para Hugo Amaya, de 52 años, comerciante y con domicilio en Moreno, la jornada laboral ─a las cuatro de la tarde─ finalizó. Sin embargo, aún queda un largo viaje de regreso a casa.

JJD

El llanto desmedido de un bebé. Yuliana Figueredo, de 37 años, lo escuchó ni bien llegó a la humilde casa de su vecino. Las calles angostas y de tierra del barrio San Jorge, en la localidad bonaerense de Campana, donde ella vive, impiden el ingreso de las ambulancias. Por eso, esa mañana del año 2022, la llamaron urgente. Yuliana había hecho un curso de primeros auxilios en el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), una ONG humanitaria y sin fines de lucro creada en 2002 y dedicada a la asistencia médica en contextos de emergencia. El bebé respira con dificultad esa mañana, algo impide la llegada de aire. Yuliana le aplica un procedimiento básico. Los padres no se animan a mirar. Escuchan el llanto y las inhalaciones agitadas de su hijo, como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Yuliana insiste. El aire en los pulmones prematuros se compacta, pero fluye de nuevo. Limpio y constante. La pareja la abraza. Yuliana no lo sabe aún, pero no será la última vez que un padre o una madre le agradezca. Dos años después, una tarde de septiembre del 2024, en medio de la represión de la policía a los jubilados en el Congreso, asistirá a Fabrizia, una menor de 10 años gaseada intencionalmente por un efectivo. Tampoco sabe que el Gobierno, tras esa manifestación, le echara la culpa del incidente a ella y sus compañeros del CEPA.

José Parizzia, de 50 años, está a seis meses de retirarse como miembro del Ejército argentino, tras 34 de servicio. Se especializa en reparar tanques de guerra. La soledad de un taller con esas moles de acero lo llevó a pensar en qué hacer luego del retiro. La vocación de servicio por el otro. Ayudar en medio de la tempestad, aunque no haya una guerra. Eso le genera adrenalina a José. Por eso, desde hace dos años, integra el CEPA como rescatista voluntario. En la última marcha del miércoles en el Congreso, contra el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento de las universidades públicas que finalmente fue convalidado por la Cámara de Diputados, y luego de que un policía infiltrado arrojara un chorro de gas a los ojos contra un grupo de manifestantes, José mantendrá una sonrisa calma. Al menos siete heridos se retorcerán de dolor en el piso alrededor suyo, mientras prepara pausadamente una botella con leche que servirá de alivio para ese ardor terrible. Adrenalina.

Miguel Irrutegui, técnico en emergencias médicas, forma parte del CEPA como rescatista desde hace más de 20 años. Participó en las grandes tragedias de los últimos años en la ciudad. La voladura de la AMIA. El incendio de Cromagnon. El choque del ferrocarril de la línea Sarmiento en la Estación de Once. Su experiencia lo llevó a dirigir al grupo de rescatistas durante los operativos. El último miércoles, tras asistir a un jubilado que se había descompuesto en la marcha en el Congreso, se emocionará por su equipo. “Es muy gratificante ver cómo trabajan”, dijo Miguel. “Uno está hace mucho en esto y ver que se suman cada vez más jóvenes, nos llena de orgullo”, apuntó el rescatista. Esa tarde, luego de ordenar que lleven a los heridos por los gases al Instituto Patria en la calle Rodríguez Peña, lugar que el CEPA suele utilizar como apoyo para resguardar a las víctimas, Miguel le explicará a Oscar Parrili, senador nacional y vicepresidente del organismo, el efecto nocivo de estos gases en los ojos.

Luisina Troncoso, de 43 años, también es técnica en emergencia médicas, pero se sumó al CEPA cuando vio por la televisión las imágenes de los jubilados reprimidos, luego de que “87 héroes” en el Congreso vetaran un pequeño aumento en su sueldo. El miércoles fue su tercer operativo. “Me genera mucha impotencia todo lo que pasa. Tengo a mis papás jubilados y sé por lo que pasan. Por eso me sumé”, cuenta Luisina, quien también es escritora. Cecilia Chirico, empleada en una empresa privada de provincia, llegó por lo mismo. “Poder dar una mano en este contexto es importante”, señala Cecilia, en su primer operativo como rescatista. La historia de Miguel Palacios, 26 años y arbitro de fútbol, es similar. La posibilidad de ayudar al otro en un contexto represivo lo motivó a sumarse. Vive en Ciudadela y el miércoles fue su segundo operativo en el Congreso. “Esto es una vocación”, dice Miguel. “Pero hay que estar atento y manejar bien la situación porque todo puede desmadrarse”, se sincera.

Me genera mucha impotencia todo lo que pasa. Tengo a mis papás jubilados y sé por lo que pasan. Por eso me sumé

Un ardor terrible

Son las tres de la tarde del último miércoles y Miguel Irrutegui reúne al equipo del CEPA en avenida Callao y Bartolomé Mitre. Son 10 rescatistas, vestidos de naranja y con cascos blancos. Cada uno lleva un cinturón con elementos básicos de asistencia médica. Fueron convocados por la marcha de los jubilados, una protesta habitual desde que el gobierno vetó un aumento en sus haberes. El Congreso está rodeado de vallas que empujan a los manifestantes hasta las inmediaciones de la plaza. El CEPA empieza su recorrido. Los jubilados se mezclan con los universitarios, en medio de la discusión en la Cámara de Diputados por el veto al financiamiento de estos últimos. No hay cordones policiales a la vista, apenas un puñado de efectivos del otro lado de las vallas. Miguel y el resto de los rescatistas deambulan entre la gente sin complicaciones. Hasta que Carlos Tabulosky, un jubilado de 74 años vestido con una remera del club Chacarita, se desvanece en la calle. El CEPA lo rodea. Dos de un lado. Dos del otro. Le miden la presión. Las pulsaciones. Es la cuarta marcha a la que asiste Carlos. Siempre con la remera de Chacarita. “Vengo por todos los jubilados que la están pasando como el orto”, dice Carlos desde el suelo. “Hoy veo a muchos jóvenes universitarios y ellos van a ganar esta lucha”, repite Carlos, ahora acostado desde una camilla que los rescatistas plegaron.

Lo apartan del tumulto y deciden llamar al SAME. Mientras esperan en la esquina de Bartolomé Mitre y Callao, la diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman se acerca. “El compañero viene a todas las marchas siempre con su camiseta de Chacarita”, indica la diputada, reconociendo la persistencia en su lucha contra las injusticias. “La labor que hace el CEPA, junto a todas las postas de salud de las marchas, es crucial con este gobierno represor”, apunta Bregman. Carlos se recupera y prefiere irse a la casa por su cuenta. “Les agradezco de corazón todo lo que hacen por nosotros”, se despida el jubilado, que asegura que el próximo miércoles está de vuelta. Los rescatistas lo saludan. Los manifestantes empiezan desconcentrar. El CEPA descansa en fila desde la esquina. Las calles lucen tranquilas. La paz que antecede al desastre.

Una turba de manifestantes empieza a perseguir al influencer libertario, Fran Fijap, que se esconde dentro de un local de empanadas. Todo sucederá rápido. Los empleados del local aún no lo saben, pero el presidente Javier Milei las visitará al otro día. Ahora mismo, un grupo intenta sacar al militante libertario a los golpes. Las persianas del local se bajan. El CEPA se mantiene inmóvil, justo en frente. “Somos neutrales, no podemos intervenir ahí”, explica Miguel. Hasta que alguien alerta sobre un herido de gas. No hay presencia policial, pero llegan personas frotándose los ojos.

Matías Baglietto, fotógrafo que debía retratar a los rescatistas en acción para esta nota, se tira al suelo y pide ayuda. Son, al menos, seis gaseados. Un policía de civil que hacía trabajo de inteligencia en la marcha ─se sabrá después─, arrojó gas desde el local de empanadas. Los rescatistas se dividen la atención de los heridos. José, el mecánico de tanques, prepara una botella con leche. Miguel, el árbitro de fútbol, asiste a una manifestante que acaba de convulsionar. Yuliana, quien asistió a la nena de diez años reprimida, colabora con los botiquines de emergencia. La escena continuará en el Instituto Patria. 

“Nuestra misión siempre va a ser cuidar a los heridos y establecer lugares fuera de peligro”, explica Esteban Chalá, asistente humanitario y uno de los fundadores del CEPA. Ese día, al salir del Instituto y volver a la calle, algunos rescatistas serán filmados por la propia policía. “Alguna vez hubo un seguimiento específico contra nosotros, pero no le damos importancia. Nunca descuidamos nuestra tarea humanitaria con las personas que lo necesitan”, señala Esteban.  

La jornada del miércoles finalizó con 16 heridos, seis detenidos y una denuncia por parte de organizaciones de derechos humanos por tres policías infiltrados. “Una jornada tranquila para nosotros”, bromea Miguel, un día después.

Al caer la tarde, los rescatistas del CEPA se retiran en silencio, dejando atrás la batalla de ese miércoles, otra más. Las heridas sanarán pero las cicatrices de la injusticia quedarán marcadas en cada uno de los manifestantes que lucharon por su dignidad. Aún así, en cada mirada agradecida, en cada abrazo desesperado, los rescatistas encuentran la fuerza para seguir.

No llevan armas ni escudos, pero en cada vendaje, en cada inhalación recuperada, desafían al poder con su humanidad. Porque en medio del gas y el miedo, son ellos quienes recuerdan a todos que la verdadera lucha no es por las calles, sino por el derecho a vivir en un país justo.

FLD/JJD