El 5 de diciembre de 2023, a punto de dejar su banca y cinco días antes de que asumiera Javier Milei, el senador macrista José Torello ingresó dos proyectos de ley a la mesa de entradas del Senado: uno para dar prisión domicilaria automática a los mayores de 70 años y otro para limitar los plazos de resolución de las causas penales. Aunque no lo mencionaban, los proyectos habían sido escritos a la medida de militares condenados por delitos de lesa humanidad. Torello puso la firma, pero la iniciativa surgió de los abogados e hijos de represores María Laura Olea y Ricardo Saint Jean.

Así lo revelan varios mensajes enviados por Olea en marzo a un grupo de WhatsApp que compartía con diputados libertarios, con el objetivo de organizar visitas a represores presos y motorizar acciones en su favor. Además de Olea, Saint Jean y otros abogados, en el grupo también participaban el ex juez Eduardo Riggi y el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del torturador Jorge Olivera. Durante meses de chat y algunas reuniones presenciales, los tres letrados les acercaron distintas ideas a los legisladores para beneficiar a los militares en prisión. Una de las propuestas fue retomar los proyectos presentados a través de Torello en el Senado, que por ahora esperan tratamiento en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Los chats del grupo se conocieron luego de que la diputada libertaria Lourdes Arrieta acusara a sus compañeros de bancada de haberla llevado “engañada” a visitar a represores famosos en el penal de Ezeiza, el 11 de julio. Arrieta dijo que ella no sabía quién era Alfredo Astiz –“ Nací en 1993”– y que se dejó arrastrar por los demás. Cuando explotó el escándalo, se despegó de la visita y presentó una denuncia contra los organizadores ante la justicia federal. Arrieta le entregó al juez Ernesto Kreplak los chats de los grupos de WhatsApp que compartía con Olea, Saint Jean, Riggi, Olivera Ravasi y los diputados Guillermo Montenegro, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, María Celeste Ponce y Carlos Zapata, entre otros libertarios.

elDiarioAR accedió a las conversaciones sobre los proyectos de Olea y Saint Jean ingresados al Senado con la firma de Torello, hombre de confianza de Mauricio Macri. El 2 de marzo, la abogada Olea, hija del represor Enrique Braulio Olea, informó a los demás: “Tenemos un recurso de inaplicabilidad de ley en Casación y un proyecto de ley presentado por el senador Torello” sobre el tema de las prisiones domiciliarias. Dijo que ambas cosas debían “ser impulsadas con urgencia”, a lo que Riggi respondió: “Nos gustaría mucho evaluar el proyecto de Torello antes de la reunión del 14”. Se refería a una cena convocada el 14 de marzo por Olivera Ravasi, para organizar una visita a militares presos que se realizaría al día siguiente.

Olea envió al grupo de WhatsApp los proyectos de ley firmados por Torello y explicó: “Son los dos proyectos que le presentamos con Ricardo [Saint Jean] al senador Torello. Ingresaron el 5 de diciembre de 2023 en la mesa de entradas del Senado”.

Qué dicen los proyectos 

El proyecto sobre domiciliarias propone cambiar la redacción legal para que la aplicación del beneficio sea automática para los presos mayores de 70 años, y no una prerrogativa de cada juez como ocurre hoy. Además, se limita a dos años el tiempo máximo de las prisiones preventivas. El proyecto firmado por Torello es parecido a otro redactado por Elisa Carrió e ingresado en marzo a Diputados, con la diferencia de que el de Carrió explicita que los principales beneficiarios serían los militares condenados, mientras que el del PRO evita mencionarlos. En la actualidad, casi el 80% de los detenidos en causas de lesa humanidad ya goza de prisión domiciliaria.

El segundo proyecto ingresado por Torello y articulado por Olea y Saint Jean −hijo de Ibérico Saint Jean, interventor bonaerense de la dictadura− es sobre el “plazo razonable” para la resolución de las causas penales. Propone limitar a veinte años el tiempo máximo que puede transcurrir entre el inicio de un proceso y su sentencia firme. Pasado ese lapso, el acusado quedaría en libertad. Esto favorecería a represores presos por crímenes probados en varias instancias pero sin confirmación de sus condenas por los máximos tribunales, debido a las demoras del Poder Judicial −que perjudican sobre todo a las víctimas− y a la batería recursiva que suelen aplicar los abogados defensores ante los jueces. Los grupos promilitares se quejan de que hay demasiados presos sin sentencia firme. Sin embargo, las estadísticas muestran que el 70% de los investigados en causas de lesa humanidad transitan los procesos en libertad.

En el chat con los libertarios, Olea mencionó una idea que quedó excluida en el proyecto de Torello: “En el proyecto de plazo razonable original que le presentamos con Ricardo al senador Torello habíamos propuesto que no alcanzara a quienes se encontraren prófugos al momento de la sanción de la ley. Esto por los atentados a la AMIA y la embajada de Israel que fueron declarados casos de lesa humanidad y entonces van a aprovechar para hacer la objeción de que la extinción no abarque a esa clase de delitos. La aclaración de que no ampara a los prófugos (así están todos los presuntos responsables de esos atentados) dejaría sin argumentos esa objeción”.

Este medio se comunicó con Olea para consultarla por los chats, pero su respuesta fue: “Si hay una denuncia penal en curso, prefiero no hablar del tema”. Por su lado, Riggi contestó: “No sé decirle qué ha presentado Torello porque yo no lo conozco ni le he entregado nada”, aunque admitió que “alguien puede haberlo propuesto [retomar los proyectos] y yo puedo haber dicho que podía ser de interés analizarlo”. Según Riggi, él asistió a una sola reunión del grupo.

elDiarioAR también habló telefónicamente con Torello, que dijo: “No me consta que los proyectos los hayan redactado estas personas [Olea y Saint Jean]. Yo no estaba en todas las reuniones de mi equipo de trabajo. Desconozco si estas personas colaboraron con mi gente. Probablemente yo lo haya firmado, porque en materia de domiciliarias y preventivas estoy de acuerdo.

−¿Entonces desmiente que los proyectos los hayan armado Olea y Saint Jean?

−No, digo que no me consta. Yo trabajo con mucha gente. A lo mejor, puede haber ocurrido, no me consta, que alguno de mi equipo haya hablado con esta gente. Pero no es que yo trabajé con ellos ni que coincido con sus ideas. Podemos haber coincidido en algunos conceptos plasmados en lo que firmé. Pero yo no tuve nada que ver con esas personas, yo tengo que ver con lo que yo firmé. Si hay alguien que dice que me vio a mí y que trabajé con ellos, lo desmiento.

−¿Conoce a Olea y Saint Jean?

−No.

Quién es quién 

El chat de WhatsApp fue armado en febrero pasado por el cura Olivera Ravasi. Ese mismo mes, su padre Jorge Olivera, ex mayor del Ejército condenado a cadena perpetua y en prisión domiciliaria, había violado las reglas de su arresto al organizar una gran fiesta en su casa por sus 50 años de casado, en la que cantó Palito Ortega. Olivera Ravasi fue el puente entre los diputados libertarios y los abogados Saint Jean y Olea, a quien un fiscal que la trató en juicios describe como una defensora “con un perfil duro pero técnico y punzante, con oficio”. 

Olea es cercana a Riggi y fue secretaria de su vocalía cuando era juez de la Cámara de Casación. En 2011, le abrieron un sumario cuando se supo que alternaba su trabajo como funcionaria judicial con la defensa legal de su padre, condenado en 2008 en Neuquén junto a otros represores del centro clandestino “La Escuelita”. “Se levantaba de la silla en su oficina y cruzaba a una sala de audiencias en el mismo edificio para defender a su padre”, recuerdan en Casación. Después de que trascendiera su doble rol, terminó renunciando.

Hoy se mantiene activa como abogada de imputados en juicios de lesa humanidad. Actualmente defiende, por ejemplo, a acusados en la megacausa “Zona V” de Bahía Blanca. Combina su trabajo de defensora con el activismo en favor de los militares condenados, para lo que se mueve a dúo con Saint Jean. Ambos integran la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y tienen llegada a sectores de la política, la justicia y las fuerzas armadas.

Posteo de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, organización que integran los abogados que están detrás del proyecto presentado por Torello.

Menos de una semana después de que los proyectos firmados por Torello entraran al Senado, Olea y Saint Jean también tocaron la puerta del Poder Judicial. El 11 de diciembre, un día después de la asunción de Milei, presentaron un recurso para que la Cámara de Casación convocara a un plenario de todos sus jueces con el fin de discutir una “doctrina unánime” sobre las domiciliarias. El planteo de los abogados fue rechazado tres meses más tarde por Casación, que recordó que la jurisprudencia sobre el tema ya fue definida por la Corte Suprema.

Con la vía jurídica por ahora cerrada, les queda la política. Así lo resumió el cura Olivera Ravasi en el WhatsApp con los libertarios, en una minuta sobre la cena del 14 de marzo: “Entre los proyectos que había para debatir, todos excelentes desde lo técnico, vimos, con las cartas sobre la mesa, cuáles serían los más conducentes sabiendo que el tema acá es eminentemente político más que jurídico”. En la reunión de esa noche se evaluó que lo más “viable” era “la promulgación de parte del presidente de un decreto o la promulgación de una ley con el beneficio de plazo razonable”, es decir, un proyecto como el que ya le habían llevado a Torello.

Los argumentos de Olivera Ravasi sobre la conveniencia política de la iniciativa fueron explícitos: “El beneficio de este ‘plazo razonable’ no sería sólo para los militares, sino también para muchos legisladores, políticos, empresarios que durante las últimas dos décadas se han visto envueltos en actividades ‘non sanctas’. Es decir, sea como fuere, es un ‘win-win’”.

Los contactos entre los abogados de represores y el entonces senador Torello, amigo de Macri desde que iban juntos al colegio y señalado como referente de la “mesa judicial” del macrismo, no resultan demasiado sorprendentes. El PRO siempre incluyó a sectores receptivos a los pedidos de los grupos promilitares. Figuras como Marcos Peña y Germán Garavano se pronunciaron a favor de las domiciliarias automáticas. En 2022, los diputados Alberto Asseff (PRO) y Carlos Zapata (Ahora Patria), del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo implementara medidas para “asegurar la igualdad de derechos” a los represores presos, lo que incluía la prisión domiciliaria “para todas las personas encartadas, sea con prisión preventiva o con condena”. Casualmente o no, ese proyecto también llevaba la firma del entonces diputado Pablo Torello, hermano de José.

A fines de julio pasado, cuando ya había explotado el escándalo por la visita a Ezeiza, el diputado Benedit le mandó un mensaje a Arrieta en el que la llamaba a silencio. Su argumento era que ellos no habían hecho nada novedoso: “Guillermo [Montenegro] expuso la verdad muy bien anoche, incluso contó que el año pasado visitó un penal donde había presos de estas causas con VV [Victoria Villarruel], Asseff, Zapata y otros más, todos de Cambiemos en ese momento, y no pasó nada. No somos los primeros en las visitas humanitarias. Pero RB [Rocío Bonacci] lo usó para la prensa haciendo un escándalo que distorsiona todo y perjudica, mucho egoísmo y malicia. No te equivoques en quién es quién. Esto recién empieza”.

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Por segunda vez en una semana, el Papa se reunió este martes con una familiar de una víctima de Alfredo Astiz. En medio del escándalo por la visita de diputados oficialistas al ex marino y otros represores presos, Jorge Bergoglio recibió en su residencia de Santa Marta a Ana Fernández, nieta de Esther Ballestrino, una de las víctimas del grupo de la iglesia de la Santa Cruz que fue infiltrado por Astiz en 1977. El miércoles pasado, el Papa había visitado a la sobrina de la monja francesa Léonie Duquet, otra de las personas secuestradas por el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada gracias a la misión de Astiz como agente encubierto.

Durante el encuentro en El Vaticano, Bergoglio mandó un mensaje para el programa radial de la madre de Fernández, Ana María Careaga, quien también estuvo secuestrada mientras estaba embarazada de su hija: “No aflojen. Conserven la memoria de lo que han recibido. No sólo de las ideas sino también de los testimonios. Ese es el mensaje que les doy en este día”.

La reunión fue difundida por el Instituto Espacio para la Memoria, del que Careaga es ex directora, en un comunicado que refiere el diálogo entre Fernández y Bergoglio, aunque sin atribuirle citas textuales: “El Papa manifestó que se había enterado que unos diputados habían visitado a Astiz, que estaban queriendo que no estén presos y que eso era algo muy peligroso”.

Lo cierto es que, en siete días, el Papa se reunió dos veces con familiares de víctimas de Astiz, el más famoso de los represores que recibieron la solidaridad oficialista. La semana pasada Bergoglio había interrumpido sus vacaciones para salir del Vaticano y visitar a Geneviève Jeanningros, quien vive en una caravana junto a un parque de diversiones en las afueras de Roma. Jeannigros es la sobrina de Duquet, una de las monjas francesas –además de Alice Domon− que frecuentaban al grupo de la Santa Cruz, en el que Astiz se hizo pasar un por familiar de desaparecidos. El Vaticano difundió el encuentro privado a través de su sitio Vatican News.

“No tuvo nada que ver con eso”, respondió Jeanningros cuando La Nación le preguntó si la visita de Bergoglio, a quien conoce desde hace años, era un gesto tras el escándalo por los diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza. Se sabe que la diplomacia papal no funciona de esa manera. Al igual que su tía, Jeannigros es monja y hace trabajo pastoral con personas necesitadas de la comunidad circense en la que vive. Suele ir a ver a Bergoglio a las audiencias de los miércoles en El Vaticano. Pero la última vez que el Papa la había visitado a ella había sido en 2015.

Jeannigros ha sido crítica de la complicidad de la Iglesia con la dictadura argentina. “No podía aceptar su silencio”, escribió en el libro La verdad los hará libres, editado el año pasado por el Episcopado, que incluye su testimonio sobre la desaparición de Duquet y Domon. “Fue la cercanía y la ternura del Papa lo que me curó de tanto sufrimiento”, dijo tiempo después.

En el caso de Ana Fernández, Bergoglio también conoce a su familia desde hace décadas. Esther Ballestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, fue su jefa en el laboratorio químico donde trabajó antes del sacerdocio, y la ha recordado como una de las personas que más lo influyeron. Para el Papa, las víctimas de la Santa Cruz son una cuestión casi personal.

La presencia de Astiz entre los militares visitados por los diputados oficialistas magnificó aun más el escándalo. Aunque todos los presos en Ezeiza fueron condenados por delitos aberrantes, Astiz se mantiene como emblema de la represión ilegal. Es el victimario más conocido a nivel internacional y el que más problemas diplomáticos trajo a la dictadura. Su papel en el caso de las monjas le confiere, además, una importancia especial para la comunidad católica.

Durante 1977, la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal, sirvió como punto de encuentro para algunas de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, otros familiares de desaparecidos, activistas sociales y militantes políticos que se encontraban en la clandestinidad. Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año, mientras preparaban la publicación de una solicitada para reclamar datos sobre los desaparecidos, doce integrantes del grupo fueron secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA en una serie de operativos.

Durante los meses previos, los marinos habían logrado infiltrar en las reuniones de la Santa Cruz a Astiz, bajo el nombre falso de Gustavo Niño, quien se hizo pasar por hermano de un desaparecido para ganar la confianza de los familiares. Entre sus víctimas se encontraban Duquet, Domon y Ballestrino, además de otras referentes de las Madres como Azucena Villaflor y María Eugenia Ponce, todas ellas desaparecidas.

En 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar los restos de Ballestrino, Villaflor, Ponce, Duquet y Ángela Auad. Sus cuerpos habían sido devueltos por las aguas a la costa atlántica a fines de 1977, y habían sido sepultados como NN en el cementerio de General Lavalle. Las pericias forenses demostraron que habían sido víctimas de los “vuelos de la muerte”. Hasta hoy, varios otros miembros del grupo de la Santa Cruz siguen desaparecidos.

Pocos días antes de que se conociera la visita libertaria a los represores, El Vaticano se había hecho eco de otra noticia sobre las investigaciones por crímenes de la dictadura. A través de Vatican News, informó sobre las conmemoraciones de la Iglesia argentina por el aniversario de la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, fallecido el 11 de julio de 1977 en un episodio que se presentó como un accidente de tránsito, pero que ahora se investiga como un asesinato planeado por las fuerzas armadas. Ponce de León fue uno de los pocos miembros de la jerarquía eclesiástica que enfrentaron a los militares por las violaciones a los derechos humanos.

La Cámara de Casación confirmó en marzo la reapertura de la investigación sobre la muerte del obispo. En julio, la fiscalía de San Nicolás pidió la indagatoria de tres ex militares y dos civiles acusados por el asesinato. En el aniversario de la muerte de Ponce, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina circuló un comunicado a los obispos de todo el país en el que destacó que “puede iniciarse una investigación para llegar a dilucidar la muerte” y adjuntó la resolución de Casación, con deseos de que “la Justicia pueda alcanzar toda la verdad de lo acontecido”. La Iglesia también homenajeó a Ponce de León con una misa en la Catedral por primera vez. “Vamos a pedir para que la Justicia llegue a un veredicto final”, dijo el provicario Joaquín Sucunza, quien fue segundo de Bergoglio en Buenos Aires durante veinte años.

Este miércoles, el presidente Javier Milei se metió personalmente en la polémica por la visita libertaria a los represores al retuitear un mensaje de apoyo del periodista español Javier Negre a la diputada Lilia Lemoine, quien había defendido a sus compañeros de bancada que fueron a Ezeiza: “Visitaron a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a pena de muerte a cuentagotas”. Según Lemoine, los represores condenados por delitos de lesa humanidad fueron “ilegalmente detenidos por Néstor Kirchner”.

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En poco más de siete meses de gestión, el gobierno de Javier Milei empujó hacia un retroceso inédito en las políticas de memoria sobre la última dictadura. Así lo muestra un informe recién publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, con un balance alarmante de lo hecho hasta ahora por La Libertad Avanza.

Bajo el título “Memoria cancelada. El intento libertario de relegitimar la dictadura”, el documento refleja cómo la promesa de campaña de terminar con el llamado proceso de Memoria, Verdad y Justicia se tradujo en decisiones cotidianas de gobierno. “Pero hay más que eso −señala el informe−. Una de las corrientes que integra el oficialismo tiene como propósito transformar el balance social de la dictadura. Discursos que reivindican la represión clandestina. Elogios al indulto a las cúpulas militares. Visitas a condenados por torturas y asesinatos. Estas acciones buscan relegitimar al Proceso de Reorganización Nacional y reinstalar el ‘algo habrán hecho’”.

Uno de los temas más preocupantes es la postura oficial frente a los condenados por delitos de lesa humanidad. Actualmente hay 642 presos por esos crímenes, de los cuales casi el 80% cumple arresto domiciliario. Un repaso por las declaraciones y gestos de distintos funcionarios en los últimos meses exhibe el alineamiento gubernamental con las agrupaciones promilitares que abogan por la liberación de los represores y cómplices. Javier Milei elogió los indultos de 1989 y 1990 decretados por Carlos Menem, al igual que el procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra. La vicepresidenta Victoria Villarruel llamó a buscar una “solución jurídica” para los condenados. A eso se sumaron las visitas de enviados del Ministerio de Defensa a la cárcel de Campo de Mayo; y de un grupo de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores detenidos en el penal de Ezeiza.

En materia de investigación histórica y judicial, el gobierno desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y que durante años había sido un insumo clave para la búsqueda de pruebas jurídicas. En la misma línea, cerró la mesa de trabajo sobre documentos de inteligencia vinculada a la represión ilegal que funcionaba en la ahora ex Agencia Federal de Inteligencia; y mantiene acéfalo el Archivo Nacional de la Memoria, el principal acervo del país con documentación sobre violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente.

En Argentina ya se identificaron 814 sitios que sirvieron como lugares de detención, tortura y/o desaparición durante la dictadura, muchos de los cuales funcionan hoy como espacios de memoria o museos. Desde que asumió Milei, estos sitios fueron desfinanciados en todo el país y el Gobierno despidió a la mitad de los trabajadores de los espacios que dependen directamente de la Secretaría de Derechos Humanos. No sólo se interrumpieron las obras de infraestructura sino también las excavaciones arqueológicas, algunas de ellas para buscar restos de desaparecidos, y las tareas de conservación de espacios que aún hoy son prueba judicial. Además, el ministro de Defensa, Luis Petri, uno de los funcionarios más entusiastas de la línea oficial, avaló un acto reivindicatorio de marinos retirados en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, en el que celebraron “haber hecho historia en la ESMA usurpada”.

Otro de los asuntos que tienen en vilo a los organismos de derechos humanos es la actitud oficial frente a la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos que fueron apropiados. Se estima que unas 300 personas, hoy adultas, aún no conocen su verdadera identidad. El Gobierno habilitó por ley la eliminación de la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada hace 20 años para indagar en instancias prejudiciales sobre los casos de chicos sustraídos a sus padres. Por decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad comenzaron a negar la entrega de legajos de sus agentes a la Conadi en el marco de los expedientes por apropiaciones.

Uno de los blancos preferidos de la avanzada libertaria son las reparaciones patrimoniales a víctimas de la dictadura, que el oficialismo identifica −al igual que lo había hecho Mauricio Macri− como el “curro de los derechos humanos” pese a que conforman una obligación asumida por el Estado argentino frente a organismos internacionales y que tienen fuerza de ley. Además de haber echado a los trabajadores del área de Leyes Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno de Milei ordenó una auditoría de todos los pedidos de reparaciones y suspendió discrecionalmente los pagos hasta nuevo aviso.

El informe del CELS y Memoria Abierta concluye que las decisiones tomadas en los últimos siete meses abrieron un camino que será complejo desandar en el futuro, incluso cuando acabe este ciclo político. “Muchas de estas acciones sólo pueden ser llevadas adelante por el Estado: la recuperación de la identidad de los niños secuestrados; la investigación judicial de las estructuras represivas; la apertura de los archivos. Suspender estas políticas hará un daño difícil de calcular”.

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Mientras sube y baja el ruido mediático por los acercamientos desde La Libertad Avanza con represores presos, un proyecto de ley de Elisa Carrió en favor de los condenados por delitos de lesa humanidad espera tratamiento en una comisión de Diputados. La iniciativa propone cambiar la legislación penal para que la prisión domiciliaria sea un beneficio automático para los detenidos mayores de 75 años, y no una potestad de los jueces como ocurre hoy.

El proyecto fue escrito por Carrió, quien ya lo había llevado sin éxito a Diputados en 2019. Este año volvió a insistir a través de la legisladora Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica-ARI, quien presentó una nueva versión el 26 de marzo pasado, un par de días después del aniversario del golpe de 1976. El texto ingresó a la Comisión de Legislación Penal y por ahora no se trató. 

Se trata de una reforma de los artículos del Código Penal y la Ley 24.660 que regulan la aplicación de las domiciliarias. La redacción actual de esos artículos deja a criterio de cada juez la decisión de otorgar o no el beneficio a los detenidos que lo piden. En cambio, el proyecto de Carrió dice explícitamente que “el juez competente deberá acceder” a la solicitud de domiciliaria, “incluyendo aquellos casos en los cuales se investigan delitos de lesa humanidad”, siempre que el preso cumpla con alguno de los supuestos previstos en la ley.

Entre esos supuestos, el proyecto enumera a los presos mayores de 75 años, los presos enfermos cuyo tratamiento les impide estar en cárcel común, los presos con dolencias terminales y/o los presos con discapacidades cuya condición los expone a un trato degradante en una unidad penal. En este último grupo se incluyen los que no pueden moverse por sus propios medios o necesitan asistencia para sus actividades fisiológicas. Para todos esos detenidos, la domiciliaria sería automática sin importar los delitos cometidos.

En el caso de los mayores de 75 años, el proyecto de Carrió exceptúa del beneficio a los “autores directos” de crímenes como tortura, desaparición de personas y abuso sexual agravado, entre otros. Esta salvedad dejaría fuera a represores que cometieron delitos “de mano propia”, como salir a secuestrar militantes o picanear en los interrogatorios. Sin embargo, podrían acogerse al beneficio militares que tuvieron responsabilidades de mando pero no apretaron el gatillo, además de otros partícipes y cómplices de la represión ilegal en distintos niveles.

El proyecto también establece que ninguna prisión preventiva puede extenderse por más de cinco años, y aclara una vez más que la limitación “rige igualmente para delitos de lesa humanidad”. Al igual que el tema de las domiciliarias, el de las preventivas es uno de los principales reclamos de las agrupaciones promilitares, que se quejan por la cantidad de detenidos de lesa humanidad sin condena firme. La falta de celeridad en las causas perjudica aun más a las víctimas, que ven morir impunes a victimarios de edad cada vez más avanzada. 

Una iniciativa como la de Carrió produciría un efecto más político que práctico. En la actualidad, ocho de cada diez detenidos por investigaciones sobre delitos de lesa humanidad ya gozan de prisión domiciliaria. Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, sólo el 18% atraviesa el proceso judicial bajo arresto. De ese total, el 77% está en prisión domiciliaria, el 14% permanece en dependencias penitenciarias federales o provinciales y el 9% se aloja en la unidad penal de Campo de Mayo. La proporción de detenidos en sus hogares viene creciendo sin interrupciones desde hace casi una década.

“Si la mayoría ya está en domiciliaria, perfecto, es lo que corresponde −dijo a elDiarioAR la diputada Campagnoli−. Nosotros somos defensores de los derechos humanos para todos. Es una cuestión de humanidad. Que estén privados de la libertad no significa que deban recibir tratos inhumanos. Porque nosotros no somos como ellos, los represores. Pero es cierto que hubo mucha ideología en esto. Hay detenidos que en la época de los hechos tenían veinte años”. 

El reclamo de que los represores de edad avanzada cumplan sus arrestos en sus casas es desde hace años uno de los principales caballos de batalla de las agrupaciones que defienden a los militares condenados. Aunque el objetivo de fondo es la liberación, la domiciliaria aparece como una reivindicación que ven realizable, y aun más desde la llegada al poder de La Libertad Avanza.

La semana pasada, la visita de un grupo de diputados libertarios a represores presos en la cárcel de Ezeiza generó incomodidad incluso dentro de las filas oficialistas. Desde el bloque de LLA buscaron despegar a la Casa Rosada y mostrar que los visitantes se habían cortado solos. Más allá del pase de facturas, el episodio fue apenas una cuenta más en el rosario de gestos desde el Gobierno hacia los sectores que reivindican a los militares detenidos.

Ese viernes se conoció que la Justicia le pidió explicaciones a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la reunión en el penal de Ezeiza. El juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal 5, le solicitó a Bullrich que le informe “de carácter urgente” el trámite administrativo interno hecho para que el 11 de julio los diputados ingresaran a la cárcel. Desde la asunción de Javier Milei, el Servicio Penitenciario pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad. Obligado hizo el pedido luego de que Alejandro Slokar, juez de Casación, lo exhortara a averiguar detalles del episodio bajo la advertencia de que Argentina tiene compromisos internacionales de “erradicar la impunidad”.

En diálogo con este medio, la diputada Campagnoli se diferenció de sus colegas libertarios: “Una cosa es promover el respeto a los derechos humanos y otra es ir a visitar a represores presos y decir que son ‘ex combatientes contra la subversión marxista’. Son personas condenadas por la Justicia, te guste o no. Decir una cosa así es provocar, es innecesario”.

Aquello de “ex combatientes” fue lo que escribió el diputado Beltrán Benedit, organizador de la visita a Ezeiza, cuando sus colegas de LLA le pidieron explicaciones en el chat privado del bloque. A la reunión con los represores también asistieron Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Ferreyra y Montenegro −ex mano derecha de la vicepresidenta Victoria Villarruel− integran en este momento la Comisión de Legislación Penal donde espera el proyecto de Carrió sobre los mayores de 75.

Estamos hablando de delitos contra la humanidad que se siguen perpetuando hasta hoy, porque los responsables siguen sin decir dónde están las y los nietos apropiados y los cuerpos de los desaparecidos

Anabella Montaner — Abogada de H.I.J.O.S

El tema de las domiciliarias viene de larga data. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el reclamo ya había encontrado eco entre funcionarios como el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, quienes en público o privado sostenían que el beneficio también debía correr en casos de lesa humanidad. “A priori entendemos que tiene criterio que una persona mayor, ya que la cárcel está planteada como lugar de rehabilitación, esté detenida en su casa”, dijo Peña cuando le preguntaron sobre la excarcelación de Miguel Etchecolatz.

Elisa Carrió fue otra de las dirigentes de primera línea que, bajo el argumento “humanitario”, siempre defendió la misma postura. “Va contra el humanismo y la Constitución”, le dijo a Clarín en marzo pasado, cuando Campagnoli presentó su proyecto, en alusión a los cerca de 150 represores de edad avanzada que entonces quedaban en cárceles comunes. 

Carrió argumenta que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, con rango constitucional en Argentina, otorga el derecho del arresto domiciliario a los presos mayores. Los jueces lo saben, pero existen otros elementos que también consideran a la hora de definir. Por ejemplo, el principio jurídico de la adecuación de la pena. “En los casos de represores condenados, la cárcel común se fundamenta en la necesidad de que la sanción sea proporcional a los crímenes −dijo Anabella Montaner, abogada de H.I.J.O.S.−. Estamos hablando de delitos contra la humanidad que se siguen perpetuando hasta hoy, porque los responsables siguen sin decir dónde están las y los nietos apropiados y los cuerpos de los desaparecidos”.

A su vez, los querellantes en juicios de lesa humanidad advierten que el arresto domiciliario implica un menor control del Estado, lo que conlleva un mayor riesgo de incumplimiento de las penas, fuga de los presos y obstaculización de las investigaciones. Según Montaner, “esto es fundamental en los casos de prisión preventiva, porque hablamos de personas que formaron parte de un aparato organizado de poder con cobertura estatal y esas estructuras aún pueden ser funcionales a fugas, destrucción de pruebas o amenazas contra la integridad de los testigos, como ocurrió con Jorge Julio López”.

Más allá de las interpretaciones, la Justicia argentina ya fijó un criterio. “Con la excepción de algún colega, todo el resto sostiene el principio de la pena adecuada que debe ponderarse a la hora de decidir”, dice un juez de la Cámara de Casación, donde este año naufragó un recurso de dos abogados de represores para que el máximo órgano penal revisara su manera de proceder en el tema. La Corte Suprema también ratificó recientemente que no basta con que un detenido sea mayor de edad para que obtenga el beneficio, sino que también debe acreditarse que la permanencia en la cárcel común impide su correcta atención médica.

Con la vía judicial por ahora cerrada, la legislativa podría aparecer como alternativa para los grupos prorepresores. El tema de las domiciliarias no es la única coincidencia entre ellos y Carrió. En 2017, la ex diputada ya había declarado que algunos juicios de lesa humanidad fueron una “venganza” del kirchnerismo y se hicieron “sin pruebas”, por lo que haría falta corregirlos con “juicios de revisión”. Hoy esa posta la tomaron otros, pero Elisa Carrió lo dijo primera.

FFB/MG

Por tercer año consecutivo, unas 200 personas que defienden la llamada “memoria completa” sobre los años 70 se movilizaron este sábado para pedir que se cambie el nombre de la estación Rodolfo Walsh del subte porteño. Los manifestantes se reunieron en la esquina de la estación, en las avenidas San Juan y Entre Ríos, a pocos metros de donde Walsh fue baleado y secuestrado por un grupo de tareas en 1977. Con permiso de la Policía de la Ciudad, taparon el nombre de Walsh con impresiones del mismo color y tipografía que decían “Víctimas del terrorismo”. Les sacaron fotos para las redes sociales y luego las descolgaron.

Con la presencia en bajo perfil de referentes negacionistas como Cecilia Pando y Juan José Gómez Centurión, después marcharon algunas cuadras hasta el edificio donde funcionaba la Coordinación Federal de la Policía Federal, rebautizada durante la dictadura como Superintendencia de Seguridad Federal. El martes pasado fue el aniversario del atentado de Montoneros contra ese edificio, el 2 de julio de 1976, que dejó 24 muertos, casi todos policías, y más de cien heridos. Dentro de Coordinación Federal operaba uno de los principales centros clandestinos de detención de la Policía Federal. El edificio sigue funcionando actualmente como dependencia policial. 

Desde 2022, la fecha convoca en la estación Rodolfo Walsh a grupos que se oponen a los juicios a represores, y que afirman que Walsh habría sido el “ideólogo” del atentado. La marcha de ayer, convocada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación Familiares y Amigos De Víctimas del Terrorismo de Argentina (AfaVitA) y el Centro de Estudios Cruz del Sur, avanzó por un carril de la avenida Entre Ríos con carteles que denunciaban al escritor y periodista como “asesino”. También había pancartas contra el autor material del atentado, José María Salgado, un joven militante de Montoneros que revistaba infiltrado en la Policía. Salgado fue quien ingresó el explosivo que voló el comedor de Coordinación Federal. El martes pasado, día del aniversario, la Policía homenajeó por primera vez a los muertos y heridos en su edificio y colocó una placa recordatoria, con la presencia en el acto de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La teoría de que Walsh participó en el atentado a Coordinación Federal circula desde la posdictadura, pero nunca fue más que una acusación sin pruebas. No se conocen testimonios o documentos que lo involucren directamente en el ataque. Pese a la falta de evidencias, algunos actores repiten la cantinela desde hace décadas. El que la llevó más lejos fue el comisario retirado Hugo Biazzo, herido en el atentado, quien presentó en 2006 una denuncia penal contra varios ex montoneros, entre ellos Walsh, a los que acusó por el hecho. Asistido por Norberto Giletta, ex juez de la dictadura y abogado de represores, Biazzo sostuvo que el atentado calificaba como un “delito de lesa humanidad”.

La denuncia era tan poco seria que ni siquiera acertaba el nombre del autor material, José María Salgado, a quien llamaba Juan Carlos. Con respecto a Walsh, la única fuente citada por Biazzo es un libro de 1985, Confesiones de un montonero, del periodista tucumano Eugenio Méndez, basado en el testimonio de un miembro de Montoneros que el autor obtuvo de algún modo que no explica. El hecho de que Méndez no revelara la fuente, sumado a su cercanía con el general Antonio Bussi, causaron sospechas de que las “confesiones” del militante, posiblemente arrancadas bajo tortura, podrían haberle llegado a través de los servicios de inteligencia militares.

Méndez dedicó apenas un párrafo al atentado en Coordinación Federal. Lo menciona al pasar e introduce una nota al pie sin relación con el hilo del libro y tan descontextualizada que ni siquiera menciona a Salgado, la persona a la que alude: “Tuvo una reunión con su Responsable, el oficial Esteban (Rodolfo Walsh), que lo había infiltrado en la Policía Federal para dar información. Deciden colocar la bomba el 4/6/1976. Se posterga porque en la Policía lo dan de baja. Esteban le indica que no devuelva la chapa. Ingresa a la Superintendencia con paquetes tentativos. No lo controlan. Considera que el comedor es el lugar apropiado. La bomba se la entrega Esteban, y el Monra le indica cómo hacerla detonar, que va a tener 20 minutos para escapar. El 2/7/76 ingresa y la coloca, cubriéndola con su sobretodo. Se retira. Cambia de vehículo en Loria y Rivadavia, encontrándose con Esteban que le manifiesta: ‘El operativo salió perfecto’”.

En un paréntesis, Méndez agrega la supuesta fuente: “Ver causa ‘Desaparición y muerte del ex agente José María Salgado’, montonero, capturado por los G.T. y llevado a la ESMA y luego entregado a la Policía Federal, donde murió el 4/12/76. Juzgado Federal Nº 3”. Más allá de la dudosa nomenclatura para una causa judicial, Salgado no murió el 4 de diciembre de 1976 sino el 2 de junio de 1977, cuando la policía lo fusiló junto a otros dos militantes e hizo pasar el asesinato por un enfrentamiento, después de haberlo torturado y mutilado. Difícilmente un juzgado federal cometería un error de fechas tan básico. Tampoco se entiende por qué una investigación sobre la muerte de Salgado ahondaría en el ataque a Coordinación Federal, y menos aun en el estilo del párrafo de Méndez, donde se nombra a militantes por sus alias. No sólo resulta inverosímil la cita a la causa –elDiarioAR contactó al Juzgado Federal Nº 3 para pedirla, pero no figura en su archivo– sino que tampoco se dice a quién pertenece el supuesto testimonio citado por el periodista. Una vez más, no aparece nadie con nombre y apellido que involucre a Walsh.

Pero el párrafo de Méndez se sigue citando hasta hoy. El comisario Biazzo fue el primero en hacerlo. En 2006, su denuncia penal fue rechazada por la jueza federal María Servini de Cubría. La decisión de Servini fue luego avalada por la Cámara Federal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema, bajo la doctrina de que los ataques de las organizaciones armadas de los años setenta no configuran crímenes contra la humanidad y por lo tanto son prescriptibles. El ataque a Coordinación Federal no fue “un crimen de guerra, como categoría integrante del derecho penal internacional”, señaló la Cámara Federal, y agregó que no se debe “confundir la pretensión de acceder al poder político, que caracteriza a toda agrupación política –violenta o no–, con el ejercicio del poder político, de dominio sobre una población civil determinada”.

Incluso un juez de Casación que no consideró prescripto el hecho advirtió que no existían “elementos de juicio que permitan fundar mínimamente una sospecha” contra los acusados. Y eso es así porque, en el momento de los hechos, las autoridades militares no iniciaron ninguna investigación oficial sobre el atentado. Ante la denuncia de Biazzo, la Justicia pidió desarchivar el expediente original, pero las tres fuerzas armadas, la Policía Federal y todos los juzgados federales de la Capital Federal respondieron que en la época no hubo ninguna actuación por el ataque. Las fuerzas represivas lo vengaron por mano propia. 

A fines de 2021, el caso volvió a activarse cuando varias asociaciones contrarias a los juicios de lesa humanidad a militares le presentaron un recurso a Servini para que reabriera la causa impulsada por Biazzo. Los demandantes fueron asistidos por Ricardo Saint Gean, hijo del gobernador bonaerense de la dictadura Ibérico Saint Gean, y María Laura Olea, ambos abogados de represores. Servini rechazó el pedido pero, en junio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, anuló la respuesta de la jueza y le exigió que la argumentara mejor. En septiembre de 2023, Servini falló por tercera vez que no hay investigación jurídicamente viable. En el largo trámite de la causa, tres jueces de Cámara, dos jueces de Casación y cinco jueces de la Corte Suprema votaron en línea con Servini. Bruglia, Bertuzzi y Llorens fueron los únicos en otra sintonía.

Pero el fallo de los tres camaristas de la Sala I no fue un grito solitario. Un par de meses antes, la editorial Sudamericana publicó el libro Masacre en el comedor, del periodista Ceferino Reato. Su autor lo presentó en la Legislatura porteña junto a Villarruel. Desde su publicación, el libro de Reato se convirtió en una especie de biblia para los grupos que militan la causa de Coordinación Federal. En la marcha de este sábado, varios ejemplares circulaban entre sus asistentes. Aunque Reato no asistió a la manifestación –tampoco Villarruel–, los oradores del acto frente al edificio policial citaron su libro en los discursos. “Si quedaba alguna duda, el libro de Reato demostró todo y causó un verdadero impacto”, dijo a este medio Emilio Hardoy, miembro de Justicia y Concordia, quien se encargó del megáfono mientras avanzaban por Entre Ríos.

Masacre en el comedor plantea como hipótesis que Rodolfo Walsh fue el “ideólogo” del atentado a Coordinación Federal. Aunque la acusación existe desde hace cuatro décadas, Reato la jerarquiza y la convierte en el gancho de su trabajo. Sin embargo, el libro no aporta ningún testimonio o documento que involucre a Walsh en el ataque. No hay ninguna novedad periodística al respecto. De hecho, lo único que cita Reato como supuesta evidencia concreta de la participación de Walsh es el viejo libro de Eugenio Méndez. Por lo demás, Masacre en el comedor es una gran conjetura, basada en dos elementos conocidos desde hace años: que Walsh fue una pieza clave del Servicio de Inteligencia e Informaciones de Montoneros; y que tenía un vínculo cercano con José María Salgado, tanto a nivel militante como personal.

El libro de Reato omite que, para julio de 1976, la relación de Walsh con la Conducción Nacional de Montoneros estaba deteriorada. Sus críticas se centraban en la deriva militarista de la organización: Walsh pensaba que hacía falta más política y menos “fierros”. El atentado a Coordinación Federal era el tipo de acción cuya efectividad cuestionaba. En agosto de 1976, Walsh escribió su primer documento crítico a la Conducción, en el que, entre otras cosas, advertía que “la ejecución indiscriminada de policías veda toda forma de acción política interna” e iba en contra del interés de la organización en infiltrar agentes en las fuerzas de seguridad. Reato cita la opinión de Walsh, escrita un mes después del atentado a Coordinación Federal, pero la atribuye a un repentino sentimiento de “autocrítica”.

Reato escribe que, después del atentado, Walsh le habría dicho a su mujer Lilia Ferreyra: “Lilia, ocupate de él [Salgado]. Es muy joven y va a necesitar ayuda. Mató a mucha gente y eso le puede hacer mal; se puede creer Dios”. El autor cita como fuente al periodista Sergio Bufano, quien a su vez asegura que el tema “le fue comentado” por Ferreyra. Aun si la frase fuera cierta, estaría lejos de apuntar a Walsh como “ideólogo” del ataque; más bien lo muestra preocupado por sus consecuencias.

elDiarioAR consultó a Segundo Carafi, miembro de Cruz del Sur y uno de los organizadores de la manifestación, sobre la falta de evidencias acerca de la supuesta participación de Walsh.

–Es muy difícil probar si estuvo involucrado, porque eran un ejército, tenían su inteligencia. Tampoco es una cosa que vos decís: “Lo vi dando clases para poner una bomba”.

–¿Pero no hace falta evidencia concreta para marchar con una pancarta que dice “Walsh ideólogo de la masacre”?

–Eso tiene todo el sentido porque era el número dos de inteligencia de Montoneros. Incluso hasta por deducción sería muy raro que no haya participado.

–Es una conjetura.

–Hay algunas pruebas. Después te las voy a buscar.

En marzo de este año, la legisladora porteña Rebeca Fleitas, de La Libertad Avanza, ingresó un proyecto de ley para retirar el nombre de Walsh de la estación de subte y que vuelva a ser Entre Ríos. Las agrupaciones promilitares van por más: quieren que se llame “Víctimas del terrorismo”.

FFB/DTC

Habían pasado unos minutos desde el incendio del móvil de Cadena 3 cuando un auto gris estacionó junto al coche quemado, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen que bordea la plaza del Congreso. Era la tarde del miércoles 12 de junio y el momento más álgido de la represión durante el debate por la Ley Bases había terminado, aunque aún había fuerte presencia de policías. El auto gris, un Chevrolet Classic con caja de carga en el techo, tenía la patente dada vuelta: NBQ 056. Dos jóvenes a cara descubierta bajaron del vehículo, se metieron dentro del móvil calcinado de Cadena 3 y con un cuchillo le arrancaron los cables de cobre del tablero de control.

Toda la secuencia fue filmada por el periodista Orlando Morales, quien trabajaba con el auto incendiado. En el video se ve que los jóvenes actúan con calma pese a que hay un remolque policial estacionado a un par de metros. Sobre el final de la grabación, un agente de la Policía Federal los aborda, mientras otro le pide a Morales que deje de filmar. Según el periodista, ambos fueron detenidos en el momento. “Cayó la policía y se los llevaron adelante mío −dijo Morales a elDiarioAR−. Tuve que hacer la denuncia de que me estaban robando los cables del auto”.

En la comisaría los identificaron como L. E. B. y D. G. G., de 23 y 24 años, ambos de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Según pudo averiguar este medio, uno de ellos tendría parentesco con el titular del Chevrolet, otro joven de 22 años que vive en un barrio popular de Rafael Castillo, también en La Matanza. La averiguación de antecedentes de ambos detenidos dio negativa. Pasaron la noche del miércoles bajo arresto, y en la madrugada del jueves fueron entrevistados por personal del área de violencia institucional de la Defensoría General de la Nación que visitó a varios de los detenidos durante la jornada en el Congreso.

Debido a que fueron arrestados por fuerzas federales, el caso entró inicialmente al fuero federal. Pero la policía calificó el delito como “tentativa de robo”, por lo que pasaron al fuero ordinario y quedaron a disposición del Juzgado Nacional Nº 30. El sumario llegó al juzgado recién este miércoles, lo que significa que ambos fueron liberados de la comisaría algunas horas después de su detención. Si hubieran permanecido bajo arresto, el trámite no podría haberse dilatado tanto ya que el código procesal impide retener a un preso que aún no fue indagado. En este caso, además, los detenidos no tenían antecedentes y responden por un delito menor.

El juzgado aún no tomó declaración indagatoria a los imputados. La tentativa de robo prevé una pena de entre quince días y cuatro años de prisión pero, al no tener antecedentes penales, los acusados tienen altas chances de resolver su situación con una probation. Fuentes con acceso al sumario policial explicaron a elDiarioAR que, además, los cables que sustrajeron estaban quemados, por lo que robaron objetivos de escaso valor. 

El trámite contrasta con la gravedad de lo que vivieron casi todos los demás detenidos durante la represión en el Congreso, cuyos casos quedaron en el fuero federal. Personas arrestadas por “tirar piedras”, “saltar una valla”, “filmar el operativo”, “patear a un policía” o tener “actitud beligerante” fueron acusadas por el fiscal Carlos Stornelli de “lesiones, daños simples como agravados, incendio o estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”, con el “posible agravante” que duplica las penas por delitos “con la finalidad de aterrorizar a la población”.

El ataque al móvil de Cadena 3 fue uno de los episodios más agitados por el Gobierno para justificar el accionar policial. Sin embargo, todavía no se detuvo a nadie por el incendio del coche, pese a que quedó registrado en las cámaras de seguridad. En una resolución firmada ayer, la jueza federal María Servini de Cubría dijo que “entre los sucesos acontecidos algunos de ellos todavía no se encuentran en conocimiento del Juzgado a mi cargo, entre ellos la quema de un rodado en las inmediaciones de la plaza, circunstancia que fuera reproducida por medios periodísticos, y que se encontraría judicializado en la justicia ordinaria”.

Aunque no aparecen ligados a la quema del auto, ya que llegaron al lugar un rato después, está probado que L. E. B. y D. G. G. vandalizaron el móvil calcinado de Cadena 3. ¿Por qué tenían la patente invertida? ¿Cómo llegaron con su vehículo hasta la zona más caliente de la plaza? ¿Cómo es posible que estacionaran junto a un remolque policial para robar? ¿Por qué la policía no los detuvo hasta que Morales empezó a filmar? “Tuvieron suerte de no terminar en una cárcel federal con una causa por presunto terrorismo”, dijo a este medio una fuente con acceso al legajo policial. Lo cierto es que los dos jóvenes fueron acusados por un delito menor y liberados poco después de su arresto. Una semana después de los hechos, todavía no los indagaron.

La legisladora porteña Claudia Neira, de Unión por la Ciudad, se pregunta además por qué los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires no llegaron a apagar el incendio del automóvil y por qué la Policía Federal permitió que el fuego consumiera casi la totalidad del vehículo antes de intervenir. “Tenemos la información de que, en las modulaciones de radio, los bomberos de la Ciudad recibieron la orden de no intervenir porque las fuerzas federales estaban actuando en el lugar”, dijo Neira a este medio. La legisladora ya solicitó al Ministerio de Seguridad porteño que entregue la totalidad de las modulaciones correspondientes al operativo de seguridad, que informe si fue requerido el Cuerpo de Bomberos con motivo del incendio del móvil de Cadena 3 y que remita el croquis de la zona donde se produjo la quema del coche.

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Más allá del contexto adverso desde la asunción de Javier Milei, los juicios de lesa humanidad siguen avanzando y enfrentan problemas que exceden a la coyuntura política. Uno de los principales es el paso del tiempo. La edad de muchos responsables de los delitos de la dictadura marca un horizonte en el que, dentro de algunos años, quedarán pocas personas vivas para investigar penalmente. Algunos ya están muriendo durante procesos en curso y otros ni empezaron a ser juzgados. La pregunta a mediano plazo es si el Estado logrará garantizar el derecho a la verdad de las víctimas cuando los responsables empiecen a extinguirse.

Es cierto que la búsqueda judicial tuvo distintos momentos históricos: empezó por los jerarcas del aparato represivo y luego las investigaciones también avanzaron hacia los autores inmediatos, los grupos de tareas, que en general se integraban de oficiales y suboficiales jóvenes. Hoy se desarrollan juicios contra ex militares y policías que en la dictadura tenían veintitantos años. Pero el tiempo corre: dentro de una década, un acusado que en 1976 tenía, por ejemplo, 22 años, llegará a los 80. Y la misma matemática se aplica a las víctimas.

Esta realidad gana importancia en la conversación del movimiento de derechos humanos, donde algunos la llaman “impunidad biológica”. Otros prefieren no usar ese término, bajo la idea de que la biología hace su parte, pero los tiempos de la Justicia tampoco ayudan. Algunas demoras son inevitables, mientras que otras resultan de prácticas judiciales que favorecen laberintos recursivos y tránsitos erráticos entre distintas instancias en las causas de lesa humanidad, que por otra parte no suelen ser prioritarias para jueces sobrepasados de expedientes.

Dentro de algunos años, la celeridad judicial tampoco servirá de mucho. Cuando queden pocos victimarios vivos, la reparación a las víctimas deberá correr por nuevos carriles. Según los estándares internacionales, el derecho a la verdad incluye identificar a los responsables de los crímenes, incluso cuando hayan muerto. Como síntoma de lo que puede venir, hoy algunos fiscales y querellas piden a los tribunales que incluyan en sus fallos “declaraciones de verdad” sobre casos atribuidos a acusados que murieron en el transcurso del trámite o incluso antes. Se busca que los jueces se pronuncien sobre los hechos aunque no haya efectos jurídicos.

Esta semana, sin ir más lejos, hubo audiencias destacadas en dos juicios que incluyeron pedidos de declaraciones de verdad. El viernes, en Buenos Aires, continuó el alegato fiscal en el juicio a 15 ex policías de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) por seis procedimientos ilegales con asesinatos y desapariciones. En uno de esos operativos, en la madrugada del 4 de enero de 1977, fueron acribillados los militantes Carlos Jeifetz y Nora Salvarezza. La fiscalía logró individualizar a cinco responsables, pero sólo dos llegaron vivos al juicio y ambos murieron en el transcurso del debate. El fiscal Pablo Ouviña sostuvo en su alegato que “la obligación de que el tribunal se pronuncie sobre estos hechos surge del respeto al derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares”, la mayoría de los cuales también murieron, y pidió a los jueces que acreditaran los delitos y declararan que “ocurrieron en el marco del terrorismo de Estado”.

En Córdoba, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 condenó el jueves a cinco ex policías del Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Córdoba por secuestros, torturas, abusos sexuales y desapariciones contra un total de 14 víctimas. Cinco de ellas, secuestradas en junio de 1979, estuvieron cautivas en el D-2 y fueron asesinadas y desaparecidas en circunstancias que se desconocen. Por sus crímenes habían sido acusados miembros jerárquicos del Tercer Cuerpo del Ejército que murieron antes del debate. Por primera vez, la fiscalía decidió incluir igualmente esos casos en la elevación a juicio, incluso sin la posibilidad de condenar a nadie.

“Por el momento no se promueve acción penal contra persona alguna, pues los principales responsables que han sido identificados se encuentran fallecidos −alegó el Ministerio Público Fiscal en esos casos−. No obstante, teniendo en cuenta que la hipótesis es que estos hechos fueron cometidos como parte del ataque generalizado y sistemático que llevó a cabo el Estado contra la población civil, corresponde profundizar la investigación a efectos de establecer tanto su existencia como quiénes participaron en su comisión”. Al igual que en el caso de la SSF, los fiscales cordobeses pidieron una declaración de verdad que fue concedida por el TOF.

“Esto ya nos está pasando: por el fallecimiento de los acusados, sobre todo jerarcas, nos estamos quedando con muchas investigaciones en las que no hay personas a las que atribuir los delitos”, dice a elDiarioAR el auxiliar fiscal del juicio en Córdoba, Facundo  Trotta. Las declaraciones de verdad son útiles porque no sólo permiten conocer lo que ocurrió a las víctimas y familiares, sino también avanzar con los casos pese a la muerte de los acusados“.

En Argentina existe el antecedente histórico de los Juicios por la Verdad, procesos sin efectos penales que se llevaron a cabo en algunas ciudades durante la vigencia de las leyes de impunidad, como resultado de la creatividad de los organismos de derechos humanos. Pero los Juicios por la Verdad no llegaron a ser federales ni sistemáticos, como debería ser cualquier respuesta del Estado en el futuro próximo, cuando el paso del tiempo clausure la vía penal. “Pasarán los años y mientras haya una víctima sin respuesta, por nuestros compromisos internacionales en derechos humanos, seguiremos obligados a investigar qué fue lo que realmente ocurrió −agrega Trotta−. Es lo mismo que pasa con la búsqueda de desaparecidos: hay muchos casos abiertos y sin respuesta, pero el deber del Estado de encontrarlos no cesa”.

FFB/DTC

El terrorismo de Estado en Argentina fue ejecutado casi exclusivamente por hombres. De las 1.200 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, sólo 43 son mujeres. En el repertorio delictivo de la dictadura hubo apenas un rubro con protagonismo femenino: la apropiación de hijos e hijas de desaparecidos. Aunque cumplieron un papel clave en el robo de menores, las apropiadoras recibieron menos atención que otros actores de la represión y a menudo fueron consideradas por la Justicia como menos culpables que sus pares hombres.

Según datos de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE) del Ministerio Público Fiscal, hasta hoy se identificaron 90 casos de hijos de desaparecidos inscriptos en el registro civil por personas que no eran sus verdaderos padres. El número difiere de los 133 nietos contabilizados hasta hoy por Abuelas de Plaza de Mayo, ya que esa cifra mayor refiere a casos con hipótesis de apropiación que fueron resueltos, pero en los que no necesariamente se confirmó una adopción legal o ilegal de los chicos (por ejemplo, los 133 incluyen también casos de desaparecidas cuyos embarazos no llegaron a término, según se descubrió al encontrar los restos). De los 90 inscriptos por personas ajenas a las familias biológicas, 24 fueron anotados como adopciones −casos en los que los adoptantes podrían haber actuado de buena fe, sin conocer el origen de los chicos− y 66 como hijos propios, es decir, con sus identidades falseadas para encubrir las apropiaciones.

La sustracción de menores fue uno de los pocos delitos de lesa humanidad juzgados sin interrupciones desde el regreso a la democracia. Durante las últimas cuatro décadas, 57 mujeres fueron procesadas en casos de apropiación, de las cuales 31 resultaron condenadas, dos absueltas y tres siguen en trámite. En los 21 casos restantes no se avanzó con el proceso penal por distintos motivos: fallecimientos, sobreseimientos, faltas de mérito, suspensiones por incapacidad, indagatorias aún pendientes. De las 31 apropiadoras que recibieron condena, sólo tres integraron las fuerzas armadas o de seguridad durante la dictadura. Muchas otras eran esposas de militares o policías que participaban en la represión ilegal.

Aunque la cantidad de apropiadoras condenadas supera por poco la de apropiadores (28), el promedio de las penas ha sido menor para las mujeres: cinco años de cárcel −muchas veces sin cumplimiento efectivo− frente a ocho para los varones. En la mayoría de los juicios en los que se investigó a las dos partes de una pareja, los hombres recibieron castigos mayores. En algunos casos se explica porque los jueces consideraron a las apropiadoras como partícipes necesarias, y no como autoras, del delito de falsificación de documentos, ya que solían ser sus maridos quienes acudían al registro civil para inscribir a los chicos con datos apócrifos. En cambio, los cargos por sustracción, ocultación, retención y supresión del estado civil de menores generalmente pesaron de un modo más parejo para hombres y mujeres.

Más allá de las diferencias en la mensuración técnica de las penas, una mirada histórica sobre las causas por apropiación −que también podría extenderse a las coberturas mediáticas y los discursos políticos sobre esas causas− muestra que el sesgo de género marcó la visión jurídica y social sobre las apropiadoras en múltiples sentidos. En algunos casos, estas mujeres usaron los estereotipos sobre el “deber ser” de madres y esposas como un mecanismo de defensa.

“Varias apropiadoras buscaron presentarse en los juicios como ‘buenas mujeres’ y ‘buenas madres’ como estrategia para atenuar sus condenas −dice la historiadora Ana Sucari, becaria doctoral del CONICET y autora del trabajo ‘Apropiadoras y Poder Judicial: revisitando los discursos de la maternidad con perspectiva de género’−. Apelaron al discurso tradicional de la maternidad resaltando el amor, las tareas de cuidado y la consagración a sus presuntos hijos como forma de mitigar su sanción penal. En algunos casos, las declaraciones sobre su condición de género y su rol materno no estuvieron únicamente destinadas al Poder Judicial, sino que también buscaron perpetuar el vínculo con los hijos apropiados y sus familias biológicas”.

Por ejemplo, en los primeros meses de 1994, la apropiación de los mellizos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa ganó una inusitada repercusión mediática. Aunque la Justicia se lo había prohibido, la apropiadora Beatriz Castillo apareció en el programa de Bernardo Neustadt y defendió que los chicos siguieran viviendo con ella: “Ellos saben que yo los adoro, yo también sé que ellos me adoran. Acá hay muchos problemas en el medio para que los chicos puedan vivir con nosotros. Yo soy la que más sufro. Estuvieron conmigo desde los dos o tres días de vida”. La respuesta de Neustadt estuvo a tono: “Usted es la madre”. En su declaración judicial, Castillo insistió en que “para dedicarse a los niños dejó todo, incluso su carrera; estaba cursando Ciencias Económicas y faltaban solamente seis materias”.

En las indagatorias de algunas apropiadoras también apareció la idea de que el marido “se había ocupado de todo” y ellas simplemente habían asumido que se trataba de una adopción legal. El argumento se repitió incluso en los casos de mujeres profesionales y con alta formación educativa, que podían tener al menos alguna sospecha sobre el origen de los chicos. El discurso se completaba con la noción de que se habían limitado a cumplir lo que se “esperaba” de ellas como esposas y madres, un elemento que algunos tribunales admitieron como atenuante.

Aunque esto fue así sobre todo en los años ochenta y noventa, algunos criterios se reproducen hasta hoy. La última condenada en un juicio por robo de menores fue Iris Yolanda Luffi, apropiadora de Miriam Poblete Moyano, quien recibió una pena de cinco años de cárcel, la mitad que su esposo. En la sentencia de 2021, los jueces consideraron que había accedido a quedarse con la niña “por petición de su marido, respecto de quien se encontraba en un plano desigual” y tuvieron en cuenta “el amor demostrado en la crianza de Miriam, revelado por la propia víctima”.

Otro argumento frecuente en las declaraciones de apropiadoras ha sido la imposibilidad de tener hijos biológicos propios. “Algunas presentaron su incapacidad de gestar como una muestra de vulnerabilidad ante los jueces −dice Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo y autora de la tesis ‘Apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado en Argentina. Respuesta judicial entre los años 1975-2015’−. Los problemas para concebir fueron considerados como atenuantes en los casos de varias apropiadoras, pero no así de los apropiadores. La valoración diferenciada se vio incluso en juicios a las dos partes de un mismo matrimonio”.

En el caso de Adriana González, apropiadora de Mariana Zaffaroni Islas, el tribunal la castigó en 1993 con tres años de cárcel, mientras que a su marido le dio siete. En la condena a González se evaluó “como atenuante su imposibilidad de ser madre, con todo lo que ello conlleva en los aspectos físicos y psicológicos de una mujer”. Para su marido, el represor de la SIDE Miguel Ángel Furci, no hubo consideraciones de la misma naturaleza.

También existen casos de hijos e hijas de desaparecidos que, por distintas razones, defendieron a sus apropiadoras ante los tribunales o incluso prolongaron relaciones de afecto con ellas. Es que los niveles de responsabilidad de estas mujeres fueron heterogéneos. Algunas actuaron en connivencia explícita con sus maridos, otras sospecharon sobre el origen de los chicos pero no indagaron y otras −las menos− estaban directamente implicadas en el sistema represivo. En algunos casos, las apropiadoras no sólo se veían condicionadas por los mandatos sociales sobre la maternidad sino además por la violencia de género que sus parejas ejercían sobre ellas. Según el fiscal Pablo Parenti, titular de la UFICANTE, “es cierto que hay un prejuicio sobre un rol supuestamente más pasivo de la mujer, aunque en ciertos casos esa idea está apoyada en la evidencia: situaciones en las que el apropiador tenía el vínculo con el aparato represivo y se ocupaba de todo el proceso, y a la vez era autoritario y violento al interior de su propia casa”.

En 2012, Susana Colombo, apropiadora de Francisco Madariaga Quintela, recibió un tercio de la condena que su exmarido. Durante el juicio se probó que el excarapintada Víctor Gallo la golpeaba y la amenazaba. El tribunal evaluó esa situación de violencia como el marco en el que se había producido la apropiación, lo que jugó en favor de la imputada: “Acerca del estado en el cual llegó el bebé a la casa, Colombo dijo que Francisco tenía una mantita, ropita, tenía la piel ‘arrugadita’ de un recién nacido y tenía su cordón umbilical, lo cual no le cerraba, aunque desconocía la fecha de nacimiento. Cuando le consultó a su marido qué hacer porque la situación le parecía irregular, éste le respondió con violencia, a los gritos. Expuso que había sido Gallo quien lo había anotado en el registro civil y había elegido el nombre de la criatura, recalcando que jamás ella había tenido en su poder la partida de nacimiento de Francisco”.

Desde hace unos quince años, estas consideraciones sobre la violencia intrafamiliar empezaron a reflejarse en las sentencias, incluso con casos de sobreseimiento a apropiadoras que sufrieron el sometimiento infligido por sus parejas. Aun así, como subraya Sucari, “ellas también han sido portadoras de violencia, y aunque las opresiones se ejercieron de manera cruzada y fragmentada, las apropiadoras tuvieron un rol activo en la apropiación de niñas y niños”.

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Aunque ocho de cada diez detenidos por investigaciones sobre delitos de lesa humanidad gozan de prisión domiciliaria, el reclamo de que los represores mayores de 70 años cumplan sus arrestos en sus casas vuelve a aparecer como la punta de lanza de los defensores de militares acusados por crímenes durante la última dictadura. La llegada al poder de La Libertad Avanza le da nuevo espesor a un pedido histórico de grupos que reivindican la “lucha contra la subversión” y a la vez esgrimen argumentos humanitarios en favor de los exmiembros de las fuerzas armadas y de seguridad, cuya liberación se plantean como verdadero objetivo de fondo.

En una carta de lectores enviada al diario La Nación, la activista prodictadura Cecilia Pando y varias familiares de represores condenados −entre ellas, las hermanas de Alfredo Astiz− presionaron públicamente al nuevo gobierno para que opere en favor de su reclamo: “¿Por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por las vidas de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes?”.

En enero Pando afirmó en una entrevista con Radio Con Vos que durante la campaña electoral hubo contactos por ese tema con la vicepresidenta Victoria Villarruel, otra defensora de la “guerra contra el terrorismo” que está distanciada con Pando desde hace años. “Hubo personas [que firmaron la carta a La Nación] que hablaron con Victoria −dijo Pando−. Ella se dedica a solucionar el tema de las víctimas del terrorismo y después se le habrá planteado el tema jurídico de los militares”. Consultada sobre las “promesas” incumplidas del gobierno, Pando aseguró que fueron hechas por el “entorno” de Villarruel, aunque se negó a dar nombres.

Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualizadas a diciembre de 2023, actualmente sólo el 18% de las personas investigadas por delitos de lesa humanidad atraviesa el proceso judicial bajo arresto. De ese total, el 77% está en prisión domiciliaria, el 14% permanece en dependencias penitenciarias federales o provinciales y el 9% se aloja en la unidad penal de Campo de Mayo. La proporción de detenidos en sus hogares viene creciendo sin interrupciones desde hace casi una década.

Aun así, el asunto perdura como uno de los principales caballos de batalla de los grupos prorepresores, y acaso como el que ven más realizable. La prisión domiciliaria para adultos mayores es un beneficio previsto en la ley argentina que contempla las dificultades médicas que la cárcel común puede acarrearles. Aunque se trata de una prerrogativa exclusiva de los jueces, Pando y compañía se mueven con la idea de que la vía para motorizar su exigencia es la política.

Ya durante el gobierno de Mauricio Macri, el reclamo había encontrado eco entre funcionarios como el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, quienes en público o en privado sostenían que la domiciliaria para adultos mayores debía correr también en casos de lesa humanidad. “A priori entendemos que tiene criterio que una persona mayor, ya que la cárcel está planteada como lugar de rehabilitación, esté detenida en su casa”, dijo Peña en 2016, cuando le preguntaron sobre la excarcelación del represor Miguel Etchecolatz.

Con La Libertad Avanza en el gobierno, el tema reaparece no sólo en la agenda política sino también judicial. La primera reunión del nuevo ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con un órgano de la Justicia ocurrió el pasado 19 de diciembre, cuando visitó sin agenda a los jueces de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país. Un día antes de recibir al ministro, la sala IV de la Cámara, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, le dio trámite a un recurso de la defensa de Diego Chemes, represor del centro clandestino de detención El Vesubio, para que la Casación celebrara un plenario para unificar su doctrina en torno a la concesión de domiciliarias para mayores de 70 años.

El planteo se elevó al presidente de la Cámara, el propio Borinsky, quien lo metió por fuera del orden del día en una reunión con los presidentes de las cuatro salas que estaba prevista para la mañana del 19, es decir, un rato antes del encuentro con Cúneo Libarona. La maniobra tomó desprevenido e irritó al presidente de la sala II, Guillermo Yacobucci, quien se opuso a fijar el plenario y forzó a que quedara en suspenso. Curiosamente, Yacobucci suele ser propenso a conceder domiciliarias a represores, mientras que Borinsky suele votar en contra.

Aunque Cúneo ni mencionó el tema en la reunión con los magistrados, en la propia Casación hay quienes se preguntan si no hubo una intención frustrada de “ofrendarle” un gesto al ministro. “La carta de protesta a La Nación la mandaron justo después de Año Nuevo −observa un funcionario judicial−. ¿Y si la ‘promesa incumplida’ era que los presos pasaran las fiestas en casa?”.

Con la composición actual de jueces, hoy ninguna sala de la Casación tendría mayoría a favor de la domiciliaria automática para represores. Dos días antes de la polémica por el plenario, la Corte Suprema también había dado una fuerte señal en contra al anular las domiciliarias concedidas a dos ex policías santafesinos condenados por crímenes de lesa humanidad. La Corte ratificó su criterio de que no basta con que un detenido sea mayor de 70 años, sino que también debe acreditarse que la permanencia en la cárcel común puede impedir su adecuada atención médica.

Se trata de un tema sensible y dentro del propio movimiento de derechos humanos hay voces que admiten el argumento humanitario como criterio general. Sin embargo, la mayoría de los organismos defiende que el beneficio no es automático, sino que se trata de una potestad de cada juez y que las circunstancias de cada preso deben revisarse de modo particular.

Las querellas de H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos advierten que el arresto domiciliario implica un menor control del Estado, lo que conlleva un mayor riesgo de incumplimiento de las penas, fuga de los presos y obstaculización de las investigaciones. “Esto es fundamental en los casos de prisión preventiva, porque hablamos de personas que formaron parte de un aparato organizado de poder con cobertura estatal −dice Anabella Montaner, abogada de H.I.J.O.S.−. Esas estructuras aún pueden ser funcionales a fugas, destrucción de pruebas o amenazas contra la integridad de los testigos, como ocurrió con Jorge Julio López”.

Según Montaner, en los casos de represores condenados, “la cárcel común se fundamenta además en la necesidad de que la sanción sea proporcional a los crímenes: estamos hablando de delitos contra la humanidad que se siguen perpetuando hasta hoy, porque los responsables siguen sin decir dónde están las y los nietos apropiados y los cuerpos de los desaparecidos”.

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Pasaron seis décadas desde que Rodolfo Barra, el futuro procurador del Tesoro que eligió Javier Milei, fue fotografiado haciendo el saludo nazi en un encuentro de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, una línea del grupo de extrema derecha y antisemita Tacuara. En los años sesenta, Barra era un militante adolescente que identificaba a los judíos como enemigos de la patria. En los noventa, la revelación periodística de aquella foto y de sus ideas juveniles fue suficiente para que Carlos Menem lo echara de su gobierno. Pero hoy no es impedimento para que Barra integre la gestión en ciernes de La Libertad Avanza. Hay dos posibilidades: que cerca de Milei nadie haya googleado sus antecedentes o que lo hayan hecho y su pasado filonazi no les haya parecido un problema.

La designación de Barra es el último de varios episodios que, más que por sus implicancias aisladas, pesan por acumulación y repetición. La difusión de un video de Pablo Ansaloni, diputado electo de LLA, grabado en 2021, en el que cuestiona a dirigentes que “son como los judíos, que no tienen patria, no saben a dónde están o a quién representan”. La analogía que Martín Krause, referente de Milei en el área de educación, usó en plena campaña para criticar la cultura política argentina: “Imagínense si en la Gestapo hubieran sido argentinos, ¿no hubiera sido mejor? En vez de matar seis millones de judíos, habrían sido menos. Hubiera habido coimas, ineficiencias, se hubieran quedado dormidos. Pero eran alemanes”. La defensa en redes que Lilia Lemoine, diputada electa por LLA, hizo del neonazi marplatense Carlos Pampillón, a quien calificó de “patriota” y víctima de una “mordaza ideológica”.

El ecosistema de LLA contiene a estas expresiones como ninguna otra fuerza política. Su llegada al poder corrió al extremo los límites de lo decible, y no sólo a nivel de dirigentes sino también en las redes sociales y en las calles, donde mensajes antisemitas y pintadas con simbología nazi consiguen más atención de lo que sería deseable. Como ocurrió el mes pasado en Bahía Blanca, donde vandalizaron locales del Partido Justicialista y el Partido Comunista con esvásticas y carteles de “Milei 2023”. O la semana pasada en el local del sindicato de ATE en el Hospital Durand, donde apareció una esvástica con el mensaje “Se viene el Falcon verde, van a correr zurdos de mierda”. O la esvástica con la palabra “kagón” que pintaron en septiembre en la casa del militante de derechos humanos Eric Talamo, en Villa Ballester.

Y la lista sigue: según el Registro de Ataques de Derechas Argentinas Radicalizadas, un proyecto de la revista Crisis con apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), durante los últimos tres años hubo más de 220 acciones calificadas por la plataforma como “ataques de odio” de grupos radicalizados de extrema derecha. Responsabilizar exclusivamente a LLA sería un reduccionismo, pero su tolerancia pasiva hacia esos sectores está a la vista incluso para sus actuales aliados. En el cierre de la campaña para la primera vuelta presidencial, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ahora futura ministra de Seguridad de Milei, llegó a denunciar que en el acto de LLA “estaban los skinheads que usan esvásticas”.

¿Javier Milei es filonazi? No parece. Más bien da la impresión de que se trata de un tema sensible para el presidente electo. Cada vez que puede, se esfuerza por diferenciar a la ideología libertaria de las expresiones violentas de la extrema derecha. En 2022, demandó judicialmente a cinco periodistas por haber opinado que algunas de sus declaraciones recordaban al discurso nazi. En 2021, durante los festejos en el Luna Park por el resultado de LLA en las elecciones legislativas, las cámaras de TV mostraron a un simpatizante mileista envuelto en una bandera confederada, símbolo del supremacismo blanco estadounidense y estandarte habitual de las bandas neonazis en todo el mundo. “Si yo lo hubiera visto a ese chico, lo habría sacado a patadas en el culo −dijo después Milei−. Si hay alguien filonazi acercándose a nuestro espacio, le diría que tiene un problema ideológico grave. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. No tiene nada que hacer un nazi en esta estructura. Está fuera por definición”.

Más allá de lo que teorice Milei, LLA no se reduce a la filosofía libertaria. “La Libertad Avanza es un fusionismo de derechas y, como tal, junta expresiones derechistas que pueden estar en polos opuestos −explica Martín Vicente, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET especializado en nuevas derechas−. Va desde el neoliberalismo con tendencia anarcocapitalista del propio Milei, que no tiene nada que ver con la tradición fascista, hasta una derecha nacionalista reaccionaria como la que rodea a Victoria Villarruel, donde aparecen desde posiciones revisionistas sobre los setenta hasta posturas xenófobas, antisemitas e incluso de revisión de la Segunda Guerra Mundial, algo históricamente marginal pero constante en las derechas radicales argentinas. El fusionismo implica que esas dos derechas tan disímiles se unen frente a un adversario común, que hoy sería lo que estos sectores llaman el ‘autoritarismo bienpensante’, y en esa fusión emerge algo que perfila como una nueva derecha”.

Lo del futuro procurador Barra, ex juez de la Corte Suprema y ex ministro de Justicia de Menem, no fue apenas aquella foto del saludo nazi revelada por la revista Noticias en 1996. En ese momento Página/12 también publicó que Barra había sido acusado por la vandalización de una sinagoga. En su libro Tacuara. Historia de la primera guerrilla urbana argentina, el periodista Daniel Gutman cuenta que, en 1964, Tacuara asesinó a un militante judío, Raúl Alterman. La policía logró ubicar al dueño del arma homicida, el tacuarista Carlos Benites Moreno, quien a la hora del crimen había estado tomando un café en un bar porteño junto a otro simpatizante del grupo y amigo suyo: Rodolfo Barra, de 16 años. Barra fue llamado a declarar y confirmó la coartada de su amigo, lo que permitió que lo liberaran y desvincularan del asesinato.

Travesuras de adolescente, argumentaría Barra muchos años después. “Si fui nazi, me arrepiento”, dijo en los noventa, cuando tuvo que renunciar a su cargo en el gobierno de Menem. Era otra época. Hoy Milei dogmatiza la idea de no “entregar” a los suyos por críticas ajenas, ni siquiera en torno a temas que hasta hace poco eran tabú. Cuando Martín Krause dijo lo que dijo sobre la Gestapo, el líder de LLA salió a repudiar “la cancelación de un hombre intachable” por una “frase desafortunada por la que se disculpó”. Otros se van sin que los echen. Tras el acuerdo entre Milei y Mauricio Macri después de la primera vuelta, el antisemita Pablo Ansaloni, de pasado peronista, amenazó con abandonar el bloque de diputados de LLA y apoyar a Sergio Massa.

Lilia Leimone, en cambio, sigue firme como futura representante parlamentaria del mileismo. Al igual que Krause, tuvo que disculparse después de haber reivindicado al neonazi Pampillón. “Grave error mío −tuiteó−. No es ningún patriota. Ya vi quién es. Pido disculpas. Estoy expuesta a tanta gente y a tanta información, soy tan accesible que me entran las balas”. Lemoine había difundido un video de Pampillón en el que llamaba a una insubordinación de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de Alberto Fernández. En 2022, Pampillón, que ha llegado a mostrarse en redes sociales con una remera de las SS hitlerianas, fue procesado por liderar una patota violenta y antisemita en Mar del Plata. Esa ciudad sufre desde hace años el accionar de bandas de jóvenes neonazis, a cuyos integrantes se los suele llamar precisamente “pampillones”.

Durante la campaña, Mar del Plata fue escenario de otra movida de sectores filonazis a favor de LLA. José Bonacci, un ex concejal de Rosario que hizo su carrera junto a César Biondini y Aldo Rico, y quien en 2018 apareció en su cuenta de Facebook posando con un ejemplar ilustrado de Mi lucha de Adolf Hitler, contó que se encargó de imprimir 600 mil boletas para propiciar que los votantes del intendente del partido de General Pueyrredón, el ex ministro porteño macrista Guillermo Montenegro, cortaran en favor de Milei y en perjuicio de Bullrich. Bonacci ya había sido parte del armado de LLA para las PASO en Santa Fe, donde prestó el sello de su partido, Unite, para que los libertarios pudieran competir en la categoría diputados. Su hija, Rocío Bonacci, se acomodó tercera en la lista y desde el domingo representará a los santafesinos en el Congreso.

“Ciertos mensajes o la visibilidad de ciertos personajes se explican por razones disímiles −agrega Vicente−: por falta de densidad política, como en el caso de Lemoine, por voluntad de provocar o ‘picantear’, como dicen los propios militantes de LLA, o por una agenda ‘anti corrección política’ que busca movilizar con temas urticantes. Aunque a veces impliquen tener que retractarse, producen un efecto agenda que, en el mediano plazo, los favorece en términos de visibilidad”.

Frente a las expresiones de antisemitismo en la órbita de LLA, la comunidad judía argentina reaccionó dividida. Tras la designación de Barra, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió un escueto comunicado en el que destacó que, en los noventa, el futuro procurador del Tesoro ya había hecho “un pedido de disculpas”. Otras agrupaciones, como el Foro Argentino Contra el Antisemitismo y Meretz Argentina, repudiaron su nombramiento y reclamaron que Milei lo reconsidere. La embajada de Israel, por su parte, no suele comentar sobre temas que no se vinculen directamente con la relación bilateral entre los dos países. En cambio, el gobierno israelí sí agradeció esta semana el proyecto de Milei para trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Lo hizo a través de su primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien calificó a Javier Milei como un “verdadero amigo del pueblo judío”.

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Cuando tenía 23 años y el pelo muy largo, Reed Brody hizo el típico viaje de mochilero estadounidense por América Latina. Acababa de recibirse como abogado en la Universidad de Columbia y quería salir al mundo. Viajó durante cinco meses de norte a sur del continente. En Bolivia conoció a una viajera argentina que lo acompañó el resto de la travesía. Cruzaron juntos la frontera con Jujuy. Brody cargaba en su mochila un ejemplar de Las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, un libro que no era suyo sino de su compañera de ruta. “Tenelo vos que sos gringo, a vos no te van a joder”, le había pedido ella. Eran los años setenta y en Argentina gobernaba la dictadura militar. En el paso fronterizo, un gendarme revisó a Brody, le incautó el libro y le dio un sermón sobre las intenciones de la “subversión” latinoamericana, aunque a él lo tomó apenas por un extranjero ingenuo y los dejó seguir el viaje. Hoy, más de cuatro décadas después, Brody recuerda esa anécdota menor como una experiencia intensa: hasta entonces nunca se había chocado tan de cerca con un estado autoritario. Lo cual resulta significativo si se considera que Reed Brody debe su fama mundial a su lucha contra los estados autoritarios

“El Cazadictadores”, lo bautizaron en un documental sobre su trayectoria, y así se lo conoce en varios de los países africanos, americanos, asiáticos y europeos en los que trabajó. Después de aquel viaje iniciático por América Latina volvió a Brooklyn, donde se había criado como hijo de un inmigrante húngaro judío, ex combatiente de las tropas comunistas del mariscal Tito. De regreso a Estados Unidos, el joven Brody obtuvo un puesto importante en la Fiscalía de Nueva York, en el área de defensa a los consumidores, pero duró poco en el rubro. En 1984 viajó a Nicaragua, en plena revolución sandinista, y convivió con las víctimas de la “Contra”, que le narraron las torturas y asesinatos cometidos con financiamiento de su país. Volvió a Nueva York, renunció a su trabajo, viajó otra vez a Nicaragua y recogió decenas de testimonios en un largo informe que difundió en Estados Unidos. El caso llegó a la tapa del New York Times y provocó que el Congreso le cortara los fondos a la “Contra”. El nombre de Brody llegó a boca del presidente, Ronald Reagan, quien lo descalificó como “simpatizante sandinista”. Él acababa de cumplir treinta años.

A partir de entonces despegó su carrera internacional. Se mudó a Suiza para sumarse a la Comisión Internacional de Juristas, con la que viajó por el mundo defendiendo la independencia de jueces y fiscales. Pronto comenzó a trabajar junto a víctimas de violaciones a los derechos humanos en distintos escenarios. Tras el genocidio en Ruanda, encabezó una misión de las Naciones Unidas para investigar las matanzas contra los hutus refugiados en el Congo. Fue jefe de los observadores de la ONU sobre el conflicto armado en El Salvador. Coordinó un equipo jurídico internacional para llevar a juicio los delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Jean-Claude Duvalier en Haití. En 1998, Brody trabajaba para Human Rights Watch (HRW) cuando lo mandaron a Londres para seguir un caso que prometía cambiarlo todo. El Parlamento británico había tomado una decisión bisagra para el universo en que él se movía: el ex dictador chileno Augusto Pinochet sería extraditado a España en cumplimiento de un pedido del juez Baltasar Garzón, según el principio de la jurisdicción universal: por primera vez, una potencia admitía que los delitos cometidos por criminales de estado podían juzgarse en cualquier país, sin importar dónde se hubieran ejecutado.

Bajo el nuevo paradigma, Brody dedicó el resto de su vida a perseguir a dictadores y cómplices alrededor del planeta. La lista de países en los que actuó y actúa crece cada año: Uganda, Etiopía, Irak, Tíbet, Guatemala, Timor del Este, Chad, Arabia Saudita, Gambia. Ha denunciado al gobierno de su propio país, con varios informes de HRW −donde fue consejero jurídico y vocero en inglés, francés, español y portugués− sobre las torturas a los prisioneros de Guantánamo. 

Como cualquier defensor de los derechos humanos, Brody siempre consideró a Argentina como un faro para el juzgamiento de crímenes de estado. Como cualquier defensor de los derechos humanos, está preocupado por la chance de que Javier Milei y Victoria Villarruel, una fórmula de candidatos que minimizan los delitos de la dictadura, se conviertan en el próximo gobierno de un país que históricamente sirvió como referencia de memoria histórica y justicia para las víctimas.

—¿Qué lugar ocupa Argentina para el mundo de los derechos humanos a nivel internacional?

—Argentina ha sido un referente mundial, un pueblo que se enfrentó a su pasado de abusos estatales y que marcó el camino para otros países. De algún modo abrió una “revolución” en lo que después se conoció como justicia transicional. Primero con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y el Nunca Más, una consigna que hoy es un refrán universal. Después con el Juicio a las Juntas: no existían precedentes de un tribunal civil juzgando crímenes del Estado. El caso argentino produjo un cambio radical en la concepción sobre las responsabilidades por delitos atroces, muchos países después siguieron las huellas argentinas. Y en la actualidad, aun con avances y retrocesos, Argentina tiene más de mil condenados por lesa humanidad y políticas de memoria ejemplares a nivel internacional.

—¿Qué características distinguen al proceso argentino de justicia y memoria?

—Una combinación de perseverancia y creatividad para adaptarse a los distintas etapas históricas y resistir los altibajos, como las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Incluso cuando hubo momentos difíciles, siempre se volvió a avanzar. Las víctimas nunca aflojan, eso es una constante en cualquier país, y en el caso argentino se trata además de una población educada y politizada, que conoce sus derechos y es sofisticada para reclamar que se cumplan. Al mismo tiempo, el movimiento de derechos humanos argentino desarrolló estrategias muy eficaces, como sumar apoyos internacionales. El exilio argentino no sólo concientizó al mundo sobre su propia situación sino que también ayudó a impulsar la justicia transicional de otros países.

El mundo necesita islas como Argentina, países a los que puedan confiarse cuestiones de derechos humanos que no se resuelven en los estados de origen.

—¿Cómo afectaría un triunfo electoral de Javier Milei a la posición de Argentina en el mundo de los derechos humanos?

—Además del fútbol y la carne, el proceso de justicia y memoria es una de las cosas por las que se conoce a Argentina en el mundo. Es un soft power argentino que se perdería si gana un candidato negacionista y anti derechos humanos. Yo conocí a Julio César Strassera, coincidimos varios años en Ginebra, y pude mensurar la admiración que los demás embajadores de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sentían hacia él y la experiencia argentina. Me preocupa que, si ahora todo eso se tira por la borda, la reputación y el liderazgo internacional de Argentina en derechos humanos se verán dañados. No sería deseable que se hablara de Argentina en los mismos términos que se habla de los gobiernos de países como Turquía o Hungría. 

—Más allá del prestigio, ¿en qué consiste ese soft power en derechos humanos?

—Estamos en un momento difícil en el mundo, con un auge de populismos con políticas represivas y anti derechos humanos. El centro de gravedad internacional necesita países estables, pro derechos y pro democracia, que cada vez son menos. A eso se suma una polarización creciente entre dos bloques, lo que da todavía más importancia a países que, como Argentina o Brasil, pueden situarse como honest brokers, como una especie de conciencia mundial. Son los que finalmente pueden jugar como los grandes defensores de los derechos humanos en la escena internacional.

—¿Cómo se traduce ese rol en la práctica?

—Un fenómeno interesante es la cantidad de peticiones jurídicas que Argentina recibe sobre casos de derechos humanos relativos a otros países, bajo el paradigma de la jurisdicción internacional. En tribunales argentinos se presentaron casos de Colombia, Nicaragua, Venezuela, España, Arabia Saudita, Myanmar. El mundo necesita islas como Argentina, países a los que puedan confiarse cuestiones de derechos humanos que no se resuelven en los estados de origen. Hace algunos años, el paradigma de la jurisdicción internacional ofrecía justicia en los países del norte para crímenes cometidos en el sur. Hoy eso cambió, pero en el sur tampoco hay demasiados candidatos confiables. Un país como Perú, por ejemplo, no puede serlo. Y si en Argentina ganan propuestas como las de Javier Milei, Argentina tampoco podrá serlo.

—¿Un gobierno de Milei sería un riesgo para el propio proceso de justicia argentino?

—Eso desde luego, si hablamos de un candidato que cree que la dictadura cometió “excesos”. Y también aparece el discurso de que en los setenta hubo una “guerra” en Argentina. Se pervierte la naturaleza de lo que verdaderamente ocurrió, y eso es peligroso para los derechos humanos.

—¿Qué podrían hacer los organismos internacionales ante un eventual retroceso del proceso de justicia en Argentina?

—La comunidad internacional siempre puede hacer sugerencias o recomendaciones, y ese es el camino que seguramente tomarían los relatores de las Naciones Unidas con Argentina. Pero claro que no es posible imponer desde afuera una política de justicia a un estado.

Asistimos a un fenómeno de desafección popular que me parece esperable frente a los discursos elitistas de las clases dirigentes.

—¿El discurso de la “guerra” se replica en otros países donde el Estado cometió crímenes?

—La figura de la “guerra” o el “terrorismo” siempre se agita. Yo condeno cualquier acto contra la población civil, sea de fuerzas de izquierda o derecha, pero lo que ocurrió en Argentina no fue jurídicamente una guerra. La existencia de grupos armados que luchaban contra el orden establecido, y que cometían delitos de derecho común, no cambia la definición sobre lo que hizo el Estado argentino: un plan de represión ilegal.

—¿Qué opina del debate acerca de si es conveniente o no penalizar el negacionismo?

—Está el caso de Alemania, donde la prohibición de negar el Holocausto resultó eficaz. Yo aprecio esa política alemana, aunque hoy vemos que tomó derivas un poco extremas y desnaturalizadas. Por ejemplo, hoy es casi imposible manifestarse contra las decisiones de Israel en el conflicto de Medio Oriente. Los padres de alumnos de escuelas públicas alemanas recibieron cartas de aviso informando que no se aceptaban inscripciones del tipo “Free Palestine”, como si ello implicara negar la existencia de un estado judío. Es un tema complejo, no me atrevo a dar una respuesta por sí o por no.

—¿Cómo se explica el debilitamiento del consenso social que parecía haber sobre la dictadura argentina?

—Por mi experiencia en otros países, eso se relaciona con el recambio generacional. Demasiadas personas que no sólo no vivieron los hechos sino que ya los perciben como parte de un pasado lejano. Para mantener el consenso, se necesita un trabajo permanente de educación desde el Estado. Pero estamos en un momento en el que, tanto en Argentina como en otros países, hay una desconfianza hacia lo establecido y hacia los partidos tradicionales, un fenómeno de desafección popular que por cierto me parece esperable frente a los discursos elitistas de las clases dirigentes. La incapacidad de los líderes para hablar el mismo lenguaje que la gente hace difícil llegarle a la sociedad con un mensaje de derechos humanos y memoria histórica. Es un momento donde la reacción ideologizada de discursos “anti anti anti” resulta más eficaz.

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