Cuando quedan seis meses para que termine su gobierno, el presidente chileno Gabriel Boric ha comenzado a poner foco en su legado y también en el nuevo rol político que tendrá una vez que salga de La Moneda, en 11 de marzo del próximo año.

Tradicionalmente, cada vez que un presidente termina su periodo, hace una breve pausa para reponer fuerzas y decidir con algo de tiempo cuáles serán sus próximos pasos políticos. Así lo hicieron Michelle Bachelet (en 2010) y Sebastián Piñera (en 2014), una vez concluido su mandato, cada uno hizo una pausa y optó por salirse por un tiempo de la primera línea de la política, aunque luego, empujado por las encuestas, decidió postularse por segunda vez a la presidencia. Obviamente, cuando asume un nuevo gobierno el foco político y mediático se pone en el nuevo presidente, su equipo de autoridades, sus reformas clave y las posibilidades que tiene su agenda legislativa de avanzar. Pero, sin embargo, Boric no quiere perder tiempo y parece decidido a desafiar esa lógica, como lo ha venido haciendo a lo largo de su carrera política. Es Boric siendo Boric.

En las últimas semanas, el presidente chileno ha dejado claro que no piensa retirarse al silencio protocolar del cargo y que, muy por el contrario, quiere escribir activamente su legado y no perder ningún minuto para perfilar su futuro político. Su apuesta es convertirse en el máximo referente de la izquierda y sabe que para ello es clave dejar instalado un relato que sobreviva a su mandato y que le permita posicionarse como el líder de la oposición. Para lograr este objetivo le sirve tensionar a José Antonio Kast en el terreno ideológico, blindar su legado social en el Presupuesto 2026, incluso si eso implica eclipsar la visibilidad de su candidata, Jeannette Jara, o incomodar a parte de su coalición. El mensaje que deja con sus últimas acciones es que Boric no se retira y está en proceso de reconfiguración política. Ha empezado a tallar la figura del líder opositor que quiere ser cuando las luces de La Moneda finalmente se apaguen.

La cadena nacional en la que hace dos semanas presentó el Presupuesto 2026 fue, claramente, un acto de confrontación política. Al cuestionar la propuesta estrella del candidato republicano — que plantea un recorte de US$6.000 millones— y defender sin sutilezas los derechos sociales alcanzados bajo su gobierno, Boric abrió fuego contra la extrema derecha. El efecto fue inmediato y obligó a Kast a reaccionar con tono agresivo y a la oposición que no tardó de tildar acusar intervencionismo. Y para encender la polémica no tuvo ni siquiera que nombrar a Kast, no era necesario.

Para convertirse en el líder de la oposición Boric necesita mostrar que está activo, vigilante y dispuesto a pelear sobre los grandes temas. Necesita posicionarse desde ya como el principal acusador del programa de la ultraderecha y, en el caso que las encuestas tengan razón y gane el candidato republicano, ser el principal antagonista del nuevo gobierno. Sitial que sabe debe competir con Jara, a quien más temprano que tarde, tendrá que confrontar en una eventual próxima carrera a la presidencial. Pero para eso falta un rato.

En la discusión del presupuesto donde el Presidente está actuando como si estuviera ensayando a ser opositor. Ha presentado una propuesta que suprime la glosa de libre disponibilidad en el erario del próximo año, reduce la flexibilidad de reasignación al próximo Gobierno e intenta blindar sus prioridades. Boric no ha sido tímido en marcar a Kast como su contraparte. No lo nombra siempre, pero lo interpela cada vez que defiende derechos sociales, señala riesgos de recortes y cuestiona fórmulas de austeridad extrema. Esa polarización funcional le permite reforzar su identidad de guardián progresista frente al populismo ultraconservador. Pero tiene otra dimensión, ya que no sólo busca debilitar a Kast, sino configurar un bloque (o narrativa) en el que los ciudadanos encuentren en él al adversario natural del republicano.

También le sirve proyectarse como referente progresista internacional. En esta apuesta, el envión contracíclico más audaz de Boric ha sido su movimiento en la arena internacional al proponer a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU. Nadie esperaba que el Presidente electo en 2021 se jugara tan fuerte por una figura de su propio gobierno terminado. A lo anterior, se suma el discurso que ha tenido Boric respecto de la administración de Donald Trump. En su discurso ante la ONU, al criticar veladamente (pero con fuerza) el negacionismo climático y también ha cuestionado abiertamente el rol del mandatario estadounidense en el conflicto entre Isrrael y Gaza.

Con esta apuesta, el mandatario chileno busca construir proyección internacional progresista, reivindicando una figura con reconocimiento simbólico y coloca a Chile en un escenario diplomático global. Esta jugada, que le otorga músculo moral frente a la ultraderecha continental, también le permite marcar diferencia frente a la extrema derecha global. 

Por cierto que Boric sabe que su estrategia puede tener costos políticos internos. Pero parece dispuesto a asumirlo, porque lo que está en juego es la disputa del relato y el protagonismo simbólico del nuevo bloque opositor.

Con todo, la estrategia de Boric es audaz y ambiciosa. Puede transformarse en el eje narrativo de la oposición chilena y operar como un “jefe moral” que no necesita ser candidato para marcar la agenda. En esa arquitectura, puede tolerarse que la candidatura Jara asuma protagonismo electoral, mientras él encarna el rol simbólico, crítico y confrontativo con Kast y la ultraderecha.

En definitiva, Gabriel Boric parece decidido a convertir su salida del poder en un nuevo punto de partida. Si logra mantener la iniciativa discursiva, conservar su base moral y administrar las tensiones dentro del oficialismo, puede emerger como el articulador del progresismo chileno en la era post-Kast. Su apuesta no es inmediata ni exenta de riesgos. Depende de que el país perciba su reaparición no como nostalgia de un liderazgo joven que ya fue, sino como la maduración política de quien intenta preservar una identidad de izquierda moderna frente al avance del populismo de derecha.

La incógnita es si su estrategia resistirá la prueba del tiempo. El tránsito de presidente a opositor, de figura institucional a voz crítica, suele ser terreno minado en Chile. Aunque Boric, fiel a su estilo, parece más interesado en el desafío que en la comodidad. Su final en La Moneda no se perfila como un cierre, se plantea como el inicio de un experimento político mayor y que tiene que ver esencialmente con construir desde el pospoder la narrativa que dispute el alma del país.

La próxima Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York será una instancia clave para medir con más claridad si las opciones de una candidatura de Michelle Bachelet, para liderar la organización multilateral tiene alguna posibilidad.

La propia expresidenta chilena ha admitido que está explorando esa posibilidad, dando el primer paso en la carrera para liderar la ONU, en reemplazo de António Guterres. 

Bachelet, que ya dejó su huella como fundadora de ONU Mujeres y como Alta Comisionada para los Derechos Humanos, es una carta natural en un contexto donde pesan dos factores clave: el principio rotativo de Naciones Unidas, que favorece que el próximo secretario general provenga de América, y la voluntad expresada en la asamblea de avanzar hacia una conducción femenina. Si a esto se suma la sólida trayectoria de la exmandataria chilena en organismos internacionales y en la política nacional chilena, sus credenciales y posibilidades son bastante altas. Aunque, como suele ocurrir en la arena multilateral, los atributos no son suficientes y es importante saber leer bien los contextos políticos, entender las tensiones y jugar las cartas con inteligencia.

En este escenario, Gabriel Boric juega un rol central. El presidente chileno, que encarna una generación de liderazgos progresistas que hoy buscan proyectarse globalmente, puede en lo que resta de su gobierno darle respaldo de Estado que necesita la candidatura de Bachelet para tomar fuerza. 

La Cumbre de Defensa de la Democracia, convocada por Lula da Silva y Pedro Sánchez, será una vitrina donde Boric probablemente tratará de tejer alianzas desde el lenguaje de los valores democráticos, los derechos humanos y la justicia social.

Bachelet y Boric coincidirán en Nueva York. La primera llega el 20 de septiembre para participar en su calidad d vicepresidenta del Club de Madrid y, por el momento, está previsto que participe en dos evento paralelos: “Protegiendo, fortaleciendo y reformando los pilares de derechos humanos de la ONU” y el evento de la Organización Mundial de la Salud, “No hay salud sin salud mental: Un compromiso compartido”. Mientras que el mandatario chileno estará en Nueva York entre el 22 y 25 de septiembre. El martes 23 realizará su discurso en el pleno de la asamblea y, previo a instancia, dirigentes oficialistas ya lo han exhortado a apalancar la candidatura de Bachelet.

Para Bachelet, que se mueve con naturalidad en el terreno diplomático, contar con un Boric activo, influyente y con capacidad de persuasión regional y europea, es una ventaja estratégica. Porque si algo requiere una candidatura a la ONU, es transversalidad y la capacidad de generar confianza más allá de las etiquetas ideológicas.

Aunque sería ingenuo pensar que el terreno está despejado. En primer lugar, está el factor geopolítico, ya que la secretaría general requiere el visto bueno del Consejo de Seguridad, con sus cinco miembros permanentes y sus respectivos vetos. Un Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, difícilmente vería con buenos ojos a una socialista con trayectoria crítica frente a los autoritarismos. Mientras que China podría recordar las denuncias que Bachelet impulsó en materia de derechos humanos durante su gestión como Alta Comisionada.

A lo anterior, se suman las variables locales. El desenlace de la elección presidencial en Chile de fines de año es un dato que sobrevuela la candidatura. Un eventual triunfo del candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, con su narrativa abiertamente crítica de Naciones Unidas, si bien no derrumbaría automáticamente las opciones de Bachelet, podría quitarle sustento político interno y capacidad de movilizar recursos diplomáticos. De ahí la importancia del rol de Boric para “amarrar” la candidatura como una política de Estado, antes del cambio de mando.

¿Y quiénes son los principales contendores de Bachelet? La Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, se perfila como una de las rivales más fuertes, pues es una candidata carismática, con credenciales en materia climática y capacidad de conectar con la agenda del sur global. También aparece Rebeca Grynspan, hoy al frente de la UNCTAD (ONU Comercio y Desarrollo), con amplia experiencia en organismos multilaterales. La competencia es dura, pero la ventaja de Bachelet está en su doble condición de exjefa de Estado y exfuncionaria de la propia ONU, lo que le permite conocer esta organización desde adentro y desde afuera.

Más allá de los números y de las gestiones diplomáticas, lo que realmente se juega en esta elección es la narrativa. ¿Qué significa que Michelle Bachelet encabece Naciones Unidas en este tiempo histórico? Significa colocar a una mujer latinoamericana con experiencia en democracia, inclusión y derechos humanos en el epicentro de un sistema multilateral golpeado por las guerras, el ascenso de los nacionalismos y la ultraderecha y la crisis climática.

Su figura es incómoda para quienes promueven la concentración de poder autoritario y cómoda para quienes apuestan a una ONU reformada, más cercana a la gente y más comprometida con la igualdad de género. En un mundo fracturado, la candidatura de Bachelet más que una cuestión de méritos personales, es una candidatura simbólica para el mundo progresista y latinoamericano. 

Para la región, respaldar a Bachelet es la posibilidad de reposicionar a América Latina en el tablero internacional, después de décadas en las que el continente ha quedado relegado frente a las urgencias de Europa, Asia y Medio Oriente. Que un liderazgo latinoamericano conduzca Naciones Unidas sería un triunfo colectivo y un recordatorio de que el progresismo regional puede proyectar gobernanza global.

Por lo tanto, la estrategia de Boric y su cancillería debe ser capaz de construir un consenso regional, incluso con gobiernos que no comulgan del todo con la izquierda, y articular puentes hacia África y Asia. Solo así se logrará la masa crítica necesaria para enfrentar vetos y resistencias.

Hay, finalmente, una dimensión simbólica interna a considerar. Para Chile, que una expresidenta encabece la ONU es un triunfo diplomático y también un legado político. Sería el corolario de una trayectoria marcada por la apertura democrática, las políticas de género y los derechos humanos. Y, al mismo tiempo, un mensaje claro de que el país, incluso en medio de sus tensiones internas, sigue proyectando liderazgos hacia el mundo.

El desafío, claro, es que ese legado no quede atrapado en las disputas de corto plazo. Si la candidatura de Bachelet logra instalarse como una política de Estado, entonces no importará tanto quién gane en las elecciones presidenciales de fin de año de Chile, pues la bandera ya habrá sido plantada en Nueva York.

La pregunta, entonces, no es si Michelle Bachelet tiene las credenciales para liderar Naciones Unidas. Eso ya está resuelto. La verdadera interrogante es si la correlación política global y regional le permitirá transformar esa posibilidad en realidad.

Esta carrera recién empieza y la Asamblea General de septiembre son apenas los primeros metros de esta carrera. Pero si algo ha demostrado la historia reciente es que, en momentos de incertidumbre global, las figuras capaces de tender puentes y construir consensos adquieren un valor especial. Veamos que futuro le depara a Bachelet.

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En la noche de este miércoles se celebró el primer debate presidencial televisado con los ocho candidatos que competirán por llegar a La Moneda en noviembre. Chilevisión logró reunir en un mismo escenario a Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls. Fue, sin duda, un encuentro de contrastes, de estilos, trayectorias y propuestas. Pero más allá de las frases duras, los emplazamientos cruzados y las apelaciones al pasado reciente, el debate terminó beneficiando a los que menos pesan en las encuestas, que lograron aprovechar cada segundo para venderse más ante una ciudadanía confundida y agotada con el maratón electoral que ha vivido Chile en los últimos cinco años.

El formato de un debate con ocho candidatos siempre juega en contra de quienes lideran en las encuestas. El derechista Kast y la comunista Jara –candidata del oficialismo– son quienes concentran las preferencias en las encuestas, seguidos por la otra aspirante de derecha Evelyn Matthei. Los tres se vieron forzados a defenderse de ataques o a responder preguntas sin poder desarrollar mensajes nítidos ni instalar un relato propio. La fragmentación del tiempo y la necesidad de contestar interpelaciones los transformó en meros receptores y no les dio mucho espacio para profundizar en sus propuestas, que se quedaron en grandes titulares, muy parecidos por lo demás.

Al revés, los candidatos que hoy tienen bajas preferencias aprovecharon la instancia para mejorar su visibilidad. Marco Enríquez-Ominami con su estilo eléctrico y sarcástico, Franco Parisi con su discurso de outsider indignado, y hasta Artés con sus golpes contra el “individualismo” y la defensa de la “organización popular”. En política, visibilidad no siempre es igual a votos, pero en esta fase de la campaña si puede ser muy útil.

La primera tensión del debate fue la confrontación entre Jara y Kast. La candidata oficialista acusó al republicano de operar con ejércitos de trolls y difundir fake news; Kast respondió exigiendo disculpas por acusaciones anteriores que lo tildaron de mentiroso y que fueron posteriormente desmentidas por los hechos, poniendo a Jara a la defensiva. Fue un intercambio duro y repetitivo, con un tono de denuncia, que no les permitió aterrizar propuestas novedosas y concretas. En términos comunicacionales, el cruce generó más ruido que otra cosa.

Ominami, por su parte, aprovechó cada espacio para emplazar a Jara, recordándole su ausencia en debates previos y responsabilizándola por el deterioro en salud. Enríquez-Ominami no necesita ganar simpatía —su capital está en la visibilidad—, y el debate le ofreció un escenario perfecto para eso.

Más adelante vino el round Parisi-Matthei. El líder del Partido de la Gente acusó a la exalcaldesa de “traicionar” a Piñera pero también a Augusto Pinochet, mostrándole una foto del fallecido dictador. Parisi hizo uso de su habitual retórica acusatoria que busca incomodar más que argumentar. Matthei, con un estilo mucho más sobrio, respondió apelando a la reconciliación con Piñera y acusando a Parisi de tener un trato particularmente agresivo hacia las mujeres. Fue probablemente el intercambio más comentado.

Salvo el cruce con Parisi, donde respondió con firmeza, pero sin perder compostura, Matthei optó, como en debates gremiales anteriores, por no enfrascarse en polémicas. Su estrategia proyectó seriedad y experiencia, evitando caer en las provocaciones. Esa moderación, sin embargo, corre el riesgo de pasar desapercibida en un formato donde el tiempo es corto y el ruido alto. La candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos por Chile parece estar apostando a que, en un escenario de polarización y confrontación, su tono sobrio termine siendo su mayor activo. Aunque al costo de perder presencia en el debate, quedó relegada a un segundo plano frente a voces más estridentes.

Si algo quedó claro es que, más allá de los contrastes ideológicos, hay un consenso transversal sobre los temas que realmente preocupan a los chilenos. Todos coincidieron en la importancia del crecimiento económico, empleo, seguridad y migración. El debate no inventó nada nuevo en este sentido; lo que hizo fue poner en vitrina cómo cada candidato interpreta esas prioridades. 

Jara insistió en el empadronamiento de migrantes, incluso reivindicando medidas tomadas por Piñera. Kast volvió a su receta de endurecer las penas y convertir el ingreso ilegal en delito. Matthei habló de expulsiones masivas y tecnología para control de fronteras. El ultraderechista Kaiser empujó su tesis sobre intervención militar en Venezuela. Parisi y Ominami prefirieron explotar la crítica política, más que ofrecer medidas concretas. Artés fue coherente con su discurso de control popular de la seguridad, una propuesta más testimonial que viable. Y Mayne-Nicholls se mostró como un independiente pragmático, con un tono más conciliador. Es decir, un catálogo de posiciones, sin grandes sorpresas ni anuncios.

El gran ausente del debate fue un mensaje claro y ganador de parte de los que lideran las encuestas. Ni Jara ni Kast ni Matthei lograron instalar titulares propios. Por diseño del formato y por la dinámica de ocho candidatos, quedaron atrapados en un juego de defensa y réplica. Pero los que sí capitalizaron fueron los “segundos”: Ominami volvió a recordar que sigue vivo políticamente; Parisi generó el ruido mediático que tanto le sirve; Artés y Mayne-Nicholls tuvieron la oportunidad de presentarse ante un público más amplio. En comunicación política, esto es clave, ya que mientras algunos juegan a ganar la elección, otros simplemente buscan no desaparecer o tener una cuota de poder para negociar en el balotaje.

Si bien el debate no movió placas tectónicas del contexto político chileno, í mostró las vulnerabilidades de los punteros. Kast, agresivo pero poco propositivo. Jara, a la defensiva y atrapada en la narrativa de las redes y los bots. Matthei, prudente hasta el punto de diluirse. 

En definitiva, fue un debate de contrastes, de acusaciones y frases rimbombantes, pero sin grandes anuncios ni definiciones. Una puesta en escena donde la forma pesó más que el fondo, y en la que los candidatos que corren desde atrás supieron aprovechar mejor la vitrina.

En un Chile marcado por la incertidumbre, la pregunta que queda abierta es si la ciudadanía terminará premiando la moderación silenciosa, la confrontación dura o la visibilidad mediática. Porque en la política, como en los debates, no siempre gana el que lidera las encuestas, a veces gana el que logra que lo escuchen.

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La política es el arte de lo improbable y tiene la capacidad de derribar certezas con la misma rapidez con que las construye. En la carrera presidencial chilena Evelyn Matthei lideró por más de dos años las preferencias. Luego, tras las elecciones primarias oficialistas de junio pasado, Jeannette Jara, irrumpió con fuerza en la carrera presidencial y José Antonio Kast tomó la delantera, dejando a Matthei en el tercer lugar y dando por hecho que la segunda vuelta presidencial sería entre la candidata oficialista y el líder opositor republicano. Sin embargo, en el último tiempo el escenario parece estar cambiando.

En los últimos días la hipótesis inesperada de que el balotaje sea entre los dos candidatos de derecha mejor posicionados en las encuestas ha vuelto a instalarse con fuerza en la conversación pública.

Y es que el estancamiento de Jara en los sondeos, más que un traspié pasajero, pareciera ser que es algo más permanente, que da cuenta de que la candidata oficialista tocó techo. Este panorama se explica en una serie de factores propios y particulares del sistema político chileno de las últimas décadas. Una querida amiga del mundo político me comentó hace algunos días que en nuestro loco país siempre gana la oposición en las elecciones, porque el voto de castigo es muy fuerte. Y tiene mucha razón. Si se analiza el historial electoral reciente, desde la victoria de Piñera en 2017 a la de Boric en 2021, se observa una clara tendencia a castigar al gobierno de turno, un fenómeno que se profundizó, tras el retorno del voto obligatorio.

Jara, al representar la continuidad de una administración con alta desaprobación, se arriesga a enfrentar directamente el voto de castigo del electorado. La alta desaprobación del gobierno de Gabriel Boric, que en las últimas mediciones se ubica consistentemente por sobre el 60% —según encuestas Cadem de julio de 2025—, sería un lastre difícil de superar. Esta situación la sitúa en la trampa de un laberinto autoinfligido. El oficialismo, en su intento por defender su legado y, a la vez, proyectar a Jara como el rostro de la renovación, se ha quedado a medio camino. Ni logra ser el cambio que prometió, ni el continuismo que necesita para movilizar a sus bases. El resultado es un dilema de identidad que el votante chileno, probablemente, no está dispuesto a resolver.

Si a lo anterior se suma que Jara es la primera candidata comunista a la presidencia en cuatro décadas (en un país anticomunista) sus probabilidades disminuyen considerablemente y es una realidad que comienzan a internalizar en las filas oficialistas. No es casualidad que varios economistas de la exconcertación hayan rechazado sumarse a su comando, que otros hayan anunciado que votarán por Matthei, y que algunos candidatos al Congreso no quieran sacarse fotos con la candidata oficialista a la presidencia. Su polémico programa y su falta de equipo económico amplifica las dudas y podría explicar su estancamiento en las preferencias de los votantes.

En este escenario, toma fuerza la posibilidad de que sea Matthei y no Jara la que pase con Kast a segunda vuelta. No es una locura pensar que muchos votos progresistas apostarán por la carta de Chile Vamos, Democrátas y Amarillos para evitar que el candidato republicano pase a segunda vuelta. No sería la primera vez que el electorado de centro se moviliza para evitar que gane una figura de un sector extremo.

Matthei, por su parte, ha construido un relato de “alternativa viable”, un polo de estabilidad en medio del caos. Si bien la candidata sigue en tercer lugar, hoy no se puede descartar que comience a ganar posiciones en la medida que se campaña (y entiendo que es lo que están apostando) se posicione como la alternativa más competitiva para enfrentar a Kast. Después de todo las alianzas con los partidos de centro izquierda, Republicanos y Amarillos por Chile, son pasos en ese sentido.

Si la segunda vuelta fuera entre Kast y Matthei, el progresismo chileno, además de enfrentar un derrumbe histórico, deberá decidir a quién apoyar. Su dilema será anular o contribuir con su voto para evitar que la extrema derecha llegue al gobierno en Chile.

Esta “hipótesis germano-alemana” (por la coincidencia de los apellidos Kast y Matthei, un guiño al origen de ambos) sería una disputa por el alma de la derecha y una lección de humildad para el progresismo.

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En política, el concepto de “pato rengo” o “lame duck” describe a un gobernante cuya estabilidad y capacidad de acción se perciben debilitadas, generalmente hacia el final de su mandato, cuando los cambios internos, las renuncias o las decisiones controvertidas generan incertidumbre y desconfianza. Su origen, registrado en el siglo XVIII en Inglaterra y popularizado en Estados Unidos durante el siglo XIX, alude a un pato que no puede seguir el ritmo de la bandada, quedando expuesto y vulnerable. En el contexto político, simboliza a un líder que pierde poder y relevancia, y cuya capacidad de acción se ve limitada por la percepción de debilidad ante aliados, adversarios y la ciudadanía.

En Chile, este fenómeno se ha vuelto especialmente visible tras los recientes movimientos en el gabinete del presidente Gabriel Boric. La renuncia de su autoridad más relevante, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, marcó el inicio del fin del gobierno, cuando le quedan poco más de seis meses. A este cambio –que se produce cuatro meses después de la renuncia al Ministerio del Interior de la otra figura fuerte del equipo de gobierno, Carolina Toha, para competir en las primarias (que perdió frente a la carta comunista Jeannette Jara–, se suma la polémica salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; la cuestionada llegada de Nicolás Grau a la cartera de Hacienda, quien pese a su experiencia genera desconfianza en algunos sectores por el historial de polémicas durante su anterior gestión en el Ministerio de Economía; y el nombramiento de Álvaro García en esta última cartera, quien previamente rechazó sumarse al comando de la candidata presidencial oficialista, Jeanette Jara. Estos cambios, en conjunto, han alimentado la percepción de un Ejecutivo debilitado y expuesto a cuestionamientos internos y externos, y anticipan complejos meses para la actual administración, especialmente en materia legislativa (reforma tributaria y Presupuesto 2026).

Desde México, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expresó duramente su crítica sobre la gestión de Marcel, acusando que priorizó “el recurso” por sobre la “necesidad social” y cuestionando la falta de transparencia del gobierno sobre su salida. Carmona advirtió que estos movimientos generan una sensación de que “algo se está desgranando” al interior del Ejecutivo, reforzando la percepción de un gobierno que enfrenta incertidumbre política y económica en un momento delicado. Estas palabras reflejan un descontento que, si bien surge desde el interior del oficialismo, tiene resonancia en la opinión pública y contribuye al clima de inestabilidad que caracteriza al llamado síndrome del pato rengo.

En este contexto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió este fin de semana a poner paños fríos. En entrevista con Radio Duna, explicó que hablar del “pato rengo” forma parte del folklore político chileno y que estas percepciones son “simplemente interpretaciones”. Vallejo subrayó que las designaciones ministeriales son una prerrogativa exclusiva del Presidente y que ni los partidos ni los ministros pueden decidir sobre estos cambios, enfatizando la naturaleza presidencialista del sistema chileno. Además, reiteró que lo relevante es que el gobierno continúe cumpliendo con su mandato hasta el último día, independientemente de las críticas o del ruido político que generen los cambios de gabinete.

Sin embargo, el ruido político no se limita a los movimientos ministeriales. La decisión de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) de no sumarse a una lista parlamentaria única con el resto del oficialismo desató una nueva controversia. La negativa de los regionalistas derivó en la salida de Valenzuela de Agricultura, lo que intensificó las críticas cruzadas. Jaime Mulet, líder de la FRVS, acusó hostilidad del Presidente Boric y responsabilizó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, del fracaso de la lista única, mientras que desde el Partido Socialista defendieron a Elizalde y acusaron a Mulet de actuar por intereses personales, privilegiando cupos por sobre la cohesión del bloque oficialista. Valenzuela, por su parte, aseguró que no existía ruptura con La Moneda y que su partido seguirá apoyando la candidatura de Jara, mientras el PPD instó a bajar el tono de la controversia y mantener la candidatura presidencial al margen de las tensiones internas.

El “pato rengo” también se refleja en la campaña presidencial oficialista. El exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, descartó apoyar a Jeannette Jara, criticando su capacidad para enfrentar el crimen organizado y recordando la oposición de algunos comunistas a leyes clave. Su postura, cercana al PPD, revela la dificultad de mantener la unidad dentro del bloque oficialista y la vulnerabilidad política que enfrentan tanto Jara como el gobierno de Boric ante cuestionamientos internos que podrían ser explotados por la oposición. El desmarque de Etcheberry se suma al realizado públicamente por otras figuras de la exConcertación, entre ellos, los economistas Oscar Landerretche, José De Gregorio, Alejandro Micco, entre otros.

A lo anterior se suma la violencia en La Araucanía. El ataque en Victoria hace algunos días, que dejó un guardia forestal muerto y otro gravemente herido, generó condenas de los candidatos presidenciales de oposición Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Mientras Matthei instó a que el Estado no permanezca de brazos cruzados, Kast calificó el hecho como terrorismo y pidió medidas enérgicas, y Kaiser emplazó a Jara por supuestos vínculos de su sector con la CAM. Estos hechos refuerzan la percepción de un gobierno expuesto y vulnerable, y también ponen de relieve cómo la seguridad se convierte en un tema central de la agenda política, donde cualquier percepción de debilidad puede ser capitalizada por la oposición.

Qué dicen las encuestas

Las encuestas reflejan, además, la dificultad del gobierno chileno para contrarrestar la percepción de debilidad. Según la última Plaza Pública Cadem, Kast lidera con un 28% de las preferencias, seguido por Jara con 27% y Matthei con 14%. En escenarios de segunda vuelta, Kast vencería a Jara y a Matthei con holgura, mientras que la aprobación del presidente Boric se mantiene en 30%. La encuesta Criteria confirma una tendencia similar, con Kast ampliando su ventaja sobre Jara y Matthei. Estos datos evidencian que la percepción de un gobierno “pato rengo” repercute directamente en la opinión pública y en la competitividad electoral del oficialismo, donde la confianza ciudadana se vuelve un recurso estratégico y escaso.

El concepto de “pato rengo” en política no se limita a una metáfora sobre debilidad, refleja una realidad tangible que afecta la capacidad de implementar políticas, generar consenso y mantener la cohesión interna. En el caso de Boric, el fenómeno combina factores internos —renuncias, reorganizaciones de gabinete, conflictos entre partidos oficialistas— y externos —oposición crítica, inseguridad, percepción ciudadana negativa—, generando un desafío estructural que requiere liderazgo, claridad de comunicación y coordinación estratégica.

Sin embargo, el “pato rengo” también puede ser transformado en una oportunidad. La necesidad de cohesión y unidad puede incentivar al gobierno a redefinir prioridades, fortalecer la comunicación con la ciudadanía y consolidar equipos ministeriales más cohesionados y eficientes. La clave estará en convertir la percepción de debilidad en un ejercicio de gestión y liderazgo efectivo, capaz de recuperar confianza y legitimidad.

En esta línea, el gobierno debe enfrentar la tensión entre mantener la unidad interna y responder a las demandas externas de seguridad, economía y políticas sociales. Cada movimiento político y cada declaración pública adquiere mayor relevancia en este escenario, donde la narrativa del “pato rengo” puede convertirse en un factor de riesgo o, si se maneja con estrategia, en un catalizador para demostrar capacidad de adaptación y resiliencia.

El desafío de Boric y su equipo no es menor, entonces. Mantener la gobernabilidad mientras se enfrentan conflictos internos, críticas de sectores oficialistas y oposición consolidada, en paralelo con la presión de un calendario electoral, exige una coordinación estratégica y de un gran liderazgo. La percepción de fragilidad puede ser tan determinante como los resultados concretos de gestión, especialmente en un contexto electoral donde los votantes evalúan tanto la capacidad de ejecución como la solidez institucional.

En conclusión, el fenómeno del “pato rengo” en el gobierno de Gabriel Boric evidencia que la percepción de debilidad puede tener impactos profundos en la política interna y en la campaña presidencial oficialista. Las renuncias, los cambios ministeriales y las tensiones entre partidos oficialistas crean un escenario complejo que requiere liderazgo, claridad y capacidad de gestión. Al mismo tiempo, esta situación ofrece la posibilidad de transformar la percepción negativa en un ejercicio de resiliencia política, donde la coordinación interna y la efectividad en la implementación de políticas puedan recuperar la confianza ciudadana y consolidar un legado más sólido de cara al futuro. En las próximas semanas veremos si el Gobierno es atrapado finalmente pro este síndrome o si logra darle una vuelta y convertirlo en una ventaja. Difícil, pero no imposible.

La derecha chilena atraviesa una de sus etapas más complejas y definitorias en el último tiempo. La fragmentación interna, la lucha por la hegemonía del sector y las tensiones entre sus distintos actores complican su estrategia electoral y abren una ventana inesperada para que la oposición mantenga, e incluso aumente, su poder en el Congreso.

La situación recuerda inevitablemente a lo ocurrido en 2021, cuando la dispersión de candidaturas y la falta de una estrategia unitaria pavimentaron el camino para un triunfo opositor. Hoy, una vez más, la derecha se enfrenta al riesgo de repetir los mismos errores: protagonismos excesivos, cálculos cortoplacistas y ausencia de un relato común que conecte con la ciudadanía. La historia parece regresar con fuerza, advirtiendo que, si no hay correcciones de rumbo, los resultados podrían ser similares o incluso más adversos. La oposición (entonces dominada por la ex-Concertación y el Frente Amplio/PC) logró alcanzar la mitad de la Cámara de Diputados, lo que le permitió bloquear proyectos clave en la última parte del gobierno de Sebastián Piñera e empujar su agenda legislativa refundacional una vez que llegaron al gobierno. Que afortunadamente logró ser filtrada por un Senado en el que la derecha mantuvo un leve contrapeso, aunque perdió la mayoría simple y quedó en una suerte de empate técnico con la centroizquierda

Uno de los hitos más relevantes de la semana pasada fue el resultado de la negociación de pactos. La inscripción de la lista “Cambio por Chile”, que une a Republicanos, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, sepultó cualquier posibilidad de una gran coalición. En paralelo, Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) optó por un pacto que incluyó a Demócratas y Amarillos por Chile, bajo el nombre “Chile Grande y Unido”. Esta división en dos grandes listas, en lugar de una sola, es la confirmación de la fragmentación de la derecha.

Este quiebre se refleja en movimientos y declaraciones que solo acentúan la falta de cohesión. El cambio de nombre del pacto de Republicanos desde la idea original de “Derecha Unida” generó malestar en varios sectores, dejando en evidencia las fricciones. La decisión de líderes como Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, de privilegiar dos listas para maximizar la representación, contrasta con el deseo de unidad que gran parte de la militancia y el electorado de centroderecha anhelan. Esta estrategia, aunque argumentada en la maximización de votos, en la práctica debilita la narrativa de un bloque cohesionado y listo para gobernar. El electorado, que valora la estabilidad y la capacidad de llegar a acuerdos, observa con preocupación estas divisiones públicas.

En la vereda de Chile Vamos, el reciente reajuste en el equipo de campaña de Evelyn Matthei, que sumó a Juan Antonio Coloma y al empresario Juan Sutil, busca ser un golpe de timón para contrarrestar la dispersión. Sin embargo, esta movida evidencia la urgencia de una articulación que parece no existir de forma natural. Las críticas sobre una supuesta injerencia del empresariado y las polémicas que ha protagonizado la propia Matthei, como sus declaraciones sobre el golpe de 1973, han dejado heridas difíciles de cicatrizar. El descuelgue del senador Alejandro Kusanovic, que anunció su voto por José Antonio Kast, y en los últimos días, del diputado del mismo partido, Miguel Mellado, son otro claro síntoma de que la lealtad partidaria se desvanece frente a las tensiones personales y políticas. Al congelar su militancia en RN estos senadores enviaron una señal inequívoca: las lealtades internas son frágiles y la tentación de alinearse con el bloque más fuerte, al menos en las encuestas, es alta.

Lo más preocupante de esta fractura no es solo la batalla por la hegemonía del sector, sino la consecuencia directa en las elecciones parlamentarias. La derecha, que podría haber consolidado su poder legislativo con una lista única, ahora enfrenta el riesgo de perder escaños. La estrategia del “pacto por omisión”, que consiste en no presentar candidatos en ciertas circunscripciones para evitar la dispersión del voto, es una salida pragmática, pero frágil, y que finalmente no se consiguió completamente. La incapacidad de concretar estos acuerdos en regiones clave, como Atacama, muestra que los egos y las disputas locales pueden sabotear el plan general. Este riesgo se ve agravado por la volatilidad del voto y la dificultad de predecir los resultados en un sistema electoral que, si bien favorece los pactos, castiga severamente la falta de coordinación.

La advertencia del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sobre que “la culpa de perder el Congreso será la falta de unidad”, es un diagnóstico certero y complejo. En un sistema electoral que premia la cohesión, la dispersión es un castigo seguro. Pero los riesgos no terminan ahí.

Existe un escenario aún más complicado: que la derecha gane la presidencia, pero quede sin el control de las mayorías en el Congreso. En un sistema político fragmentado como el chileno, esto podría derivar en un parlamentarismo de facto, donde la gobernabilidad se ve amenazada por el bloqueo legislativo constante. La historia ya nos mostró este guion durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, donde la falta de respaldo parlamentario paralizó reformas y debilitó al Ejecutivo, afectando la estabilidad institucional y la confianza ciudadana. Un presidente sin mayoría en el Parlamento se convierte en un rehén de los acuerdos puntuales, lo que dificulta enormemente la implementación de cualquier agenda de gobierno a largo plazo.

Esta situación no solo perjudica la capacidad de un eventual gobierno de derecha para llevar adelante su agenda, también fomenta un ciclo de inestabilidad y descontento. Los proyectos de ley se diluyen, los vetos se vuelven moneda corriente y la administración pública se ve envuelta en disputas interminables. Esto, a su vez, podría aumentar la desafección social y política, empujando a los ciudadanos a perder la confianza en las instituciones democráticas. Es un círculo vicioso que amenaza la estabilidad del país. La ciudadanía, que ya se muestra escéptica con la clase política, podría interpretar estas peleas internas como una incapacidad para gestionar el país, lo que a su vez podría generar un aumento en el voto nulo o en blanco, y un mayor apoyo a candidatos y movimientos antisistema.

Por eso, la izquierda y el centro político podrían capitalizar esta fractura, ampliando sus espacios de influencia en el Parlamento, a pesar de no contar con el Ejecutivo. Esto pone en riesgo la capacidad de un gobierno de derecha para llevar adelante su agenda y mantener una gobernabilidad sostenible. El oficialismo, aunque se encuentre en un momento de baja popularidad, podría aprovechar la división de sus adversarios para sumar escaños y convertirse en un contrapeso clave en el Poder Legislativo, bloqueando al próximo gobierno y subiendo en extremo el costo a la negociación de cada una de sus iniciativas.

En definitiva, la derecha chilena tiene ante sí un dilema: apostar por la unidad o resignarse a un escenario más complejo en el Congreso. La disyuntiva, de no resolverse, podría dejar a la derecha fuera del control del Congreso y en una posición secundaria en la política nacional. Por lo tanto, la moraleja de esta historia es que en política no basta con sumar votos individuales y es imprescindible sumar fuerzas con acuerdos sólidos. Lamentablemente, esta egoísta decisión podría dejar a la derecha fuera del control del Congreso y en una posición secundaria en la política nacional.

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Este lunes 18 se cerró el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales chilenas que competirán en la primera vuelta de noviembre próximo. La lista definitiva para llegar al Palacio de La Moneda la integran: Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés. Cada uno con su propia historia, sus batallas, y la esperanza de que esta vez, su libreto sea el que elija la mayoría.

Jeannette Jara, la carta del oficialismo. La exministra del Trabajo tendrá su primera experiencia en una elección presidencial tras ganar la primaria oficialista en junio. Militante del Partido Comunista desde los 15 años, Jara es administradora pública y abogada. Su carrera política incluye roles en el SII y la Subsecretaría de Previsión Social. En 2021, intentó sin éxito llegar a la alcaldía de Conchalí. Tras ganar la primaria, su programa ha sido cuestionado por diversos sectores, lo que la ha llevado a anunciar cambios, como en la propuesta de nacionalización del cobre y el litio. Jara se mantiene en los primeros lugares de los sondeos, pero su principal desafío es conciliar su identidad comunista con las exigencias de un electorado que busca moderación.

José Antonio Kast, la tercera es la vencida. El fundador del Partido Republicano busca, por tercera vez, llegar a La Moneda, tras sus intentos como independiente en 2017 y como abanderado republicano en 2021, cuando cayó en segunda vuelta ante Gabriel Boric. Hoy, su opción se mantiene firme en los primeros lugares de las encuestas. Kast, abogado de la Universidad Católica, inició su carrera política en 2002 como diputado, cargo que mantuvo por 16 años. Tras dejar la UDI en 2016 por diferencias y aspiraciones presidenciales, fundó el Partido Republicano en 2019. En esta campaña, ha optado por un perfil más bajo, evitando comentar temas valóricos y polémicas, un cambio de estrategia para atraer a un electorado más amplio. Pese a ello, sus recientes dichos sobre el Congreso, a su juicio “no tan relevante”, le valieron críticas, aunque se apuró en aclarar que siempre respetaría la Constitución y las leyes.

Evelyn Matthei, la carta del centro. La representante de Chile Vamos y Amarillos competirá por segunda vez en primera vuelta, tras ser derrotada por Michelle Bachelet en 2013. Matthei, licenciada en Economía, ha tenido una larga trayectoria política: militante de RN y UDI, fue diputada, senadora y ministra del Trabajo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Tras su fallida candidatura, se convirtió en alcaldesa de Providencia, puesto que ocupó hasta 2024, cuando confirmó su nueva postulación. Aunque partió en la “pole position” en las encuestas, hoy se ubica en tercer lugar, pero los sondeos aún la dan como ganadora en un balotaje. A pesar de su llamado a la unidad en la derecha, ni Kaiser ni Kast accedieron a una primaria, dejando en evidencia la fragmentación del sector.

Franco Parisi, el candidato fantasma. El fundador y líder del Partido de la Gente (PDG) se postulará por tercera vez a La Moneda. Ingeniero comercial y doctor en EE.UU., Parisi logró sorprender en 2013 y 2021, obteniendo el tercer lugar en la última elección. Entonces, Parisi hizo toda la campaña electoral desde Alabama ya que no podía ingresar a Chile donde existía una orden de arraigo en su contra por deber más de U$S200.000 en la cuota alimentaria de sus hijos. El polémico candidato basa su estrategia de campaña a distancia, utilizando las redes sociales como principal plataforma. Así logró ubicarse en el cuarto lugar en algunos sondeos, capitalizando el descontento de un electorado que se siente ajeno a la política tradicional.

Johannes Kaiser, la ultraderecha. El diputado por el distrito 10 se lanzó a su primera aventura presidencial como representante del Partido Nacional Libertario (PNL), una tienda que fundó en 2024 tras su quiebre con el Partido Republicano. Kaiser, quien reivindica la figura del dictador Augusto Pinochet, se convirtió en una sorpresa a principios de año, superando a Kast en algunos sondeos, un liderazgo que, sin embargo, no logró sostener. Con estudios sin terminar en Derecho y otras disciplinas en Alemania, su vida política comenzó en 2019, en las filas republicanas. Pero sus discrepancias a medida que su discurso se volvía más radical hacia la extrema derecha, lo llevaron a un camino en solitario. Kaiser fue de los primeros en inscribir su candidatura, echando por tierra la idea de deponer su aventura en favor de Kast. En las últimas semanas, ha elevado el tono para diferenciarse del líder republicano, asegurando que, de llegar a segunda vuelta, no modificará su programa, en clara alusión al balotaje de 2021.

Marco Enríquez-Ominami, la quinta es la vencida. ME-O tendrá su quinta aventura presidencial tras superar el requisito de las firmas para ir como independiente. Hijo del líder del MIR, Miguel Enríquez, ha tenido una larga trayectoria que lo llevó a fundar el Partido Progresista (PRO) tras su salida del PS. En su primera postulación, en 2009, logró un sorpresivo 20,14% de los votos. Sin embargo, en sus siguientes intentos no logró consolidar ese apoyo, quedando siempre fuera de la segunda vuelta. El candidato, que se ubica entre el 1% y 3% en los sondeos, renunció recientemente al Grupo de Puebla para dedicarse por completo a su campaña.

Harold Mayne-Nicholls, el outsider del fútbol. El expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) se lanza a su primera carrera presidencial tras reunir las firmas necesarias para ir como independiente. Periodista de formación, Mayne-Nicholls se hizo un nombre en el mundo deportivo, trabajando con la FIFA y la ANFP. En febrero de este año se conoció su interés de postular, y aunque tuvo acercamientos con el Partido Radical, finalmente optó por el camino independiente. En los sondeos, su opción se mantiene entre el 1% y el 2%, un respaldo modesto pero que le permite entrar en la discusión pública.

Eduardo Artés, la voz del proletariado. El líder del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) se presentará por tercera vez como candidato presidencial. Este profesor y crítico del gobierno de Salvador Allende, ha fundado diversos movimientos de izquierda a lo largo de su carrera. En 2017 y 2021, fue candidato por la Unión Patriótica, logrando un modesto, pero simbólico, apoyo. Artés, que aparece con un 0,1% en algunos sondeos, logró reunir los patrocinios necesarios para ir como independiente, manteniendo viva la voz de un comunismo minoritario y anacrónico en la política chilena.

Con este abanico de candidaturas, Chile se prepara para una campaña marcada por contrastes ideológicos, estrategias disímiles y liderazgos que buscan consolidarse en medio del desencanto ciudadano. La verdadera batalla comienza ahora: conquistar a un electorado volátil, exigente y cada vez más difícil de seducir en tiempos de incertidumbre.

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Los incidentes ocurridos en Avellaneda durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, en el marco de la Copa Sudamericana, fueron brutales y estremecedores: un hincha chileno en riesgo vital, otros con lesiones graves, y decenas de compatriotas detenidos en condiciones precarias.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y la Policía Bonaerense no lograron contener a los grupos más radicalizados, lo que abrió paso a escenas de linchamiento que recorrieron las redes sociales y los noticieros internacionales.

El impacto público que generó este episodió de violencia desbordó rápidamente lo deportivo. La batalla campal en las tribunas, que dejó un saldo de 19 heridos y más de 100 detenidos, terminó transformándose en un episodio político y diplomático que traspasó las fronteras y que hoy tensiona la relación entre Buenos Aires y Santiago.

Lo que pudo haber quedado como un lamentable evento de violencia futbolera derivó rápidamente en un problema entre gobiernos. Argentina y Chile, con sus propias tensiones internas, trasladaron el bochorno a un terreno más complejo: el de la política exterior. Las polémicas barras bravas fueron las protagonistas de un conflicto inesperado en la Casa Rosada y en la en La Moneda, que se suma a otras polémicas que enfrenta el gobierno de Gabriel Boric, como el cambio de gabinete tras la solicitud de renuncia de su ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (en represalia por la decisión de su partido, el FRVS de ir fuera del pacto oficialista para las elecciones parlamentarias de noviembre), y la renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel (por temas personales).

En la Argentina de Javier Milei, donde todo se convierte en disputa política, el caos en Avellaneda fue leído como una oportunidad para reposicionar a ciertos actores y golpear a otros. La primera reacción del gobierno argentino no fue diplomática, sino política. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y figura clave del oficialismo libertario, no dudó en responsabilizar al gobernador bonaerense Axel Kicillof por lo ocurrido. Con la dureza que la caracteriza, lo llamó “inútil” y lo acusó de haber “dejado que la violencia se adueñe de la cancha”.

En año electoral, con comicios provinciales en septiembre y nacionales en octubre, Bullrich –candidata por LLA en la Ciudad– aprovechó la ocasión para desgastar al peronismo. Kicillof, uno de los rostros más visibles del kirchnerismo residual y principal contrapeso al proyecto de Milei en la Provincia de Buenos Aires, se convirtió en blanco perfecto. La narrativa oficialista apuntó a que el desorden en Avellaneda no es un problema de barras, sino de “incapacidad” del gobernador para garantizar el orden.

Pero Bullrich fue más allá y no se limitó a acusar a la oposición interna. También apuntó contra los hinchas chilenos y, en un movimiento audaz, exigió sanciones internacionales. El comunicado de su ministerio incluyó tres puntos claves: 1) Un operativo conjunto de inteligencia entre Gendarmería argentina y autoridades chilenas para identificar barristas. 2) La prohibición de ingreso a estadios y la expulsión de los hinchas violentos. 3) Una petición a la Conmebol de sancionar “ejemplarmente” a Universidad de Chile.

Detrás de esas demandas se lee que hay un cálculo político. Bullrich quiere posicionarse como la voz del orden, la figura que se atreve a “poner límites” tanto a la oposición interna como a los extranjeros. En el relato libertario, la violencia en Avellaneda no es solo un fracaso de seguridad local, es también una amenaza externa que debe ser contenida con firmeza.

Del otro lado de la cordillera, Gabriel Boric reaccionó con un tono muy distinto. El presidente chileno condenó “la evidente irresponsabilidad en la organización” y calificó el episodio como “un linchamiento inaceptable”. Al mismo tiempo, subrayó que la prioridad de su gobierno es garantizar la atención médica de los heridos y el respeto a los derechos de los detenidos.

Boric ordenó a su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajar a Buenos Aires para acompañar a los afectados y supervisar la situación con el objetivo mostrar presencia del Estado chileno en defensa de sus ciudadanos y enviar una señal política hacia Argentina de que el tema no pasará inadvertido. Sin embargo, Boric fue cuidadoso en su retórica y no responsabilizó directamente al Gobierno de Milei ni a las autoridades bonaerenses, evitando así escalar la tensión bilateral. Su énfasis estuvo en la protección consular y en la condena general a la violencia. Un contraste evidente con el tono confrontacional de Bullrich.

Sin perjuicio de lo anterior, lo ocurrido en Avellaneda se transformó en un delicado problema diplomático. Argentina exige cooperación y sanciones; Chile demanda garantías y respeto a sus ciudadanos. En el medio, la Conmebol se convierte en árbitro involuntario de una disputa que excede lo deportivo.

Este episodio es particularmente complejo en un contexto donde la relación entre Boric y Milei ya ha tenido roces ideológicos —el primero un presidente de izquierda progresista, el segundo un libertario de derecha radical—, la violencia en un estadio de fútbol puede ser un peligroso combustible para las relaciones tensionadas entre ambos países. Especialmente cuando es muy probable que ambos gobiernos sigan utilizando el tema para reforzar sus narrativas internas, dejando en segundo plano la cooperación bilateral que tanto necesitan.

Más allá de la coyuntura, los incidentes de Avellaneda son un recordatorio brutal de un problema estructural que enfrenta nuestra región y que tiene que ver con el poder de las barras bravas en el fútbol sudamericano. En Argentina, las barras han sido históricamente actores políticos con vínculos con partidos, sindicatos y hasta fuerzas de seguridad. Controlan negocios ilegales, manejan entradas, estacionamientos y hasta influencia en elecciones de clubes. En Chile, aunque con menor escala, también existen grupos organizados con capacidad de violencia y conexiones con dirigentes deportivos.

Los distintos gobiernos, en general, han sido incapaces de desmontar estas estructuras. A veces por falta de recursos, a veces por complicidad, y muchas otras por cálculo político. Las barras, en definitiva, son más que un problema policial, son un problema político. Y lo ocurrido en Avellaneda lo confirma con crudeza. Basta un partido internacional para que el descontrol derive en un conflicto entre dos Estados.

El caso de Independiente y Universidad de Chile no es único. La historia del fútbol sudamericano está llena de episodios donde la violencia de las hinchadas se transforma en asunto diplomático. Hay que recordar los choques entre hinchas argentinos y brasileños en Copa Libertadores, o los reclamos entre Uruguay y Argentina tras incidentes en clásicos rioplatenses.

Aunque lo ocurrido esta vez tiene una particularidad: coincide con un momento de alta polarización política en Argentina y con un gobierno chileno que enfrenta tensiones internas por seguridad y orden público. En ambos lados de la cordillera, la tentación de utilizar el fútbol como caja de resonancia política es fuerte.

Lo cierto es que el partido en Avellaneda terminó en empate, pero el otro, el que hoy juegan Milei y Boric en el campo diplomático, parece que, apenas comienza. Y, como todo clásico sudamericano, promete ser áspero, con acusaciones cruzadas, desplantes y gestos para la tribuna.

El riesgo es que, en lugar de enfrentar juntos el problema real —la violencia organizada en el fútbol—, ambos gobiernos caigan en la lógica de responsabilizarse mutuamente. Si eso ocurre, las barras bravas habrán vuelto a ganar: convertirán su violencia en agenda política y su caos en excusa diplomática.

La política, en el fondo, debería aprender lo mismo que el fútbol enseña a los niños en sus primeras canchas de tierra: sin reglas claras, sin árbitro firme y sin voluntad de juego limpio, lo único que se impone es la ley del más fuerte. Y esa ley, en Avellaneda, ya mostró su cara más cruda.

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En el corazón de la política, la credibilidad es un activo muy frágil. Se construye con esfuerzo y paciencia y puede desmoronarse en un instante. Esta semana, la comunista Jeannette Jara, candidata presidencial del actual oficialismo en Chile, se encontró con esta dura realidad. La carta más creíble a La Moneda, la que había sido capaz de conectar con la ciudadanía por su discurso empático, con un discurso simple que apela a la sinceridad y que insiste majaderamente que no caerá en falsas promesas, tuvo su primer traspié luego que quedará expuesta por negar una propuesta de reforma que ella había prometido y que hoy no le conviene levantar.

En un país que ha visto demasiadas promesas rotas y cambios de rumbo repentinos, esta contradicción pública es un tremendo error, que agrieta la confianza de un grupo de votantes huérfanos de la centroizquierda que está buscando argumentos para votar por una comunista.

¿Qué fue lo que pasó? El traspié de la candidata ocurrió este miércoles en el conversatorio “El futuro de la minería en Chile”. En la oportunidad el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuestionó a Jara por su propuesta de nacionalización del cobre, la que respondió en forma tajante que ese tema que jamás se tocó y que es lamentable que la obliguen a desmentir cosas que se tiran al aire. El problema es que el programa con el que Jara compitió en la primaria y que fue entregado al Servicio Electoral de Chile, sí habla de nacionalizar el cobre. Específicamente la décima medida de su programa prometía “promover una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre”, lo que fue amplificado por los medios de comunicación.

Al día siguiente, en un nuevo debate presidencial al que Jara se ausentó, Kast arremetió contra la abanderada oficialista acusándola de faltar a la verdad. La réplica la hizo la exministra en conversación con Radio Festival de Valparaíso. “Tiendo a no aceptar de personas que han usado la mentira como parte de la campaña de desinformación contra la candidata Matthei; gente asociada a Kast, incluso la mentira como herramienta contra el Presidente de la República ese tipo de comentarios. Pero sí tengo la hidalguía en reconocer que en programa hubo un error y ese error se va a corregir”, aseveró.

Forzada a reconocer su equivocación, Jara intentó explicarlo como un “detalle técnico” que había pasado desapercibido. Pero la rectificación no pudo borrar la imagen que ya se había grabado: la de una candidata atrapada entre sus palabras y sus acciones, entre una promesa de franqueza y la compleja realidad de la política.

Una explicación tardía

Esta polémica, sin duda, ha sido devastadora para la candidata. Si bien hay que ver como este tema golpeará su posición en las encuestas, lo cierto es que este traspié daña su credibilidad y pone cuesta arriba la búsqueda de apoyos hacia el centro.

Y es que gran parte del atractivo de Jara se basa en la idea de que es diferente. Mientras otros candidatos cambian su discurso para adaptarse a cada público, ella se presenta como una figura honesta, dispuesta a defender sus convicciones. Este “pacto” con los votantes, el de no mentir es el alma de su campaña. Por eso, este traspié se siente como algo más que un error administrativo, se percibe como una fractura en el corazón de su identidad política.

La comparación con sus rivales, en particular con Kast, es inevitable. Él aprovechó el momento para sembrar una duda poderosa sobre su coherencia. En política, la duda es como un virus que se propaga con rapidez y sin control.

Curiosamente, el debate sobre la nacionalización del cobre es casi secundario. Hemos escuchado esa propuesta tantas veces que ya no sorprende. El verdadero conflicto está en la reacción de la candidata. ¿Admitió un cambio de opinión de forma honesta o intentó camuflarlo como si nada hubiera pasado? Su explicación llegó tarde y bajo presión, lo que dañó su credibilidad y generó la sensación de improvisación. Y en una campaña, la improvisación es a menudo interpretada como una falta de preparación para gobernar.

El daño de este episodio no se limita al electorado general. Dentro de su propio partido, el Partido Comunista, la moderación de su discurso ya venía causando incomodidad. La llegada del economista Luis Eduardo Escobar, conocido por su pragmatismo y su escepticismo sobre banderas históricas del PC, ya había abierto heridas. Escobar ha descartado públicamente promesas que fueron clave en la primaria, como el sueldo mínimo de 750 mil pesos chilenos (1 millón de pesos argentinos) o el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)

Para una base de militantes acostumbrada a defender sus ideales hasta el final, ver cómo estas reformas se diluyen tan rápido es una decepción y un recordatorio de que las primarias y la elección general son dos batallas diferentes. Les recuerda, aunque en la práctica no les agrade, que la moderación es casi una obligación para atraer a votantes más allá del círculo de confianza.

La presencia de Escobar también plantea otra pregunta: ¿quién define el rumbo de la campaña? Que sea él quien anuncie los cambios programáticos, y no la propia Jara, da la impresión de que la candidata no está completamente al mando de su agenda económica. Un verdadero líder no solo toma decisiones; también las comunica y las defiende. Ceder ese papel a un asesor, por más competente que sea, abre una vulnerabilidad que sus rivales y críticos internos no dudarán en explotar.

La candidatura también enfrenta problemas para sumar apoyos de figuras técnicas de alto perfil. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha descartado unirse a un eventual gobierno de Jara con una frase que resonó con fuerza: “Ya tengo bastante con lo vivido en estos años. Debe haber capacidad de recambio”. Esta declaración es un mensaje claro: no ve en su proyecto un lugar para seguir invirtiendo su capital político. El expresidente del Banco Central, Roberto Zahler, ofreció una colaboración más amable, pero también mantuvo su distancia, comprometiéndose a dar ideas, pero no a unirse formalmente al comando. Estos rechazos alimentan la percepción de que la candidatura de Jara aún no logra atraer a los expertos necesarios para proyectar una imagen de solidez y confianza. Anteriormente, un grupo amplio de economistas ha rechazado la invitación a sumarse a su campaña y eventual gobierno. Entre ellos, los PPD, Nicolás Eyzaguirre (el exministro de Hacienda), Álvaro García (exministro de Economía), y Pablo García (exvicepresidente del Banco Central). Otros, como los DC, José De Gregorio (expresidente del BC) y Alejandro Micco (exsubsecretario de Hacienda) derechamente han anunciado que votarán por Evelyn Matthei, El primero en desmarcarse fue el economista PS, Oscar Landerretche.

Para Jara, el camino por delante es complejo. Debe reconstruir su credibilidad sin que parezca una simple maniobra para ganar votos. Necesita reafirmar su liderazgo sobre su propio programa, demostrando que ella es quien marca el rumbo y no sus asesores. Y, quizás lo más difícil, debe encontrar la forma de volver a ser vista como una figura genuina y confiable.

El incidente del cobre les dio a sus oponentes el ejemplo perfecto para desmontar su principal fortaleza: su superioridad moral. Desde ahora, cada vez que hable de decir la verdad, habrá quienes le recordarán que, en una ocasión, sus palabras y sus hechos no coincidieron. Y, probablemente, surgirán nuevas inconsistencias.

En una campaña, el primer error grave puede no ser el último, pero a menudo es el más caro. No por el error en sí mismo, sino porque inicia una narrativa negativa que es muy difícil de detener. Jara aún tiene tiempo para corregir el rumbo, pero en el mundo de la política, ese tiempo siempre es más escaso de lo que parece.

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La política es veleidosa y siempre sorprende. En la contienda presidencial chilena, al inesperado desplome que en los últimos dos meses ha registrado la candidata favorita por mucho tiempo, Evelyn Matthei, y al explosivo aumento de la carta comunista Jeannette Jara, tras las primarias, se sumó en los últimos días la irrupción de Franco Parisi.

En la última encuesta de Cadem, el inesperado salto de Parisi (a un 10% de las menciones espontáneas) relegó a Matthei a un cuarto lugar (con apenas el 8%). Este fenómeno, que instaló al candidato del Partido de la Gente como una carta competitiva con 12% de las preferencias en primera vuelta, lo ha transformado en un factor de desequilibrio capaz de cambiar el rumbo de las elecciones.

La capacidad que ha demostrado Parisi para arrebatarle votos a la derecha y a la izquierda lo convierte en un actor impredecible, en una bofetada para los partidos tradicionales y en una advertencia de que la vieja política ya no tiene el monopolio del poder político en Chile.

Para entender la razón de este fenómeno, es importante entender quién es Franco Parisi. Es doctor en administración en la Universidad de Georgia, Estados Unidos, y economista e ingeniero comercial de la Universidad de Chile, donde posteriormente fue profesor y decano interino. También fue director de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Aunque su popularidad no la forjó precisamente en las aulas ni en su paso por el sector público, su fama la construyó en los medios de comunicación.

A principios de la década de 2010, Parisi se convirtió en una figura conocida por sus apariciones en radio y televisión, donde explicaba conceptos económicos de manera coloquial, traduciendo el complejo lenguaje de las finanzas a términos que la gente común podía entender. Se construyó una imagen de “economista de la gente”, un experto que no hablaba desde la torre de marfil, sino que denunciaba los abusos y señalaba las ineficiencias del sistema. Participó, junto a su hermano, en un programa de economía en Radio El Conquistador; luego, en algunos episodios en el programa de humor de Kike Morandé del canal de televisión Mega y, posteriormente, tuvo su propio programa en televisión, Los Parisi: el poder de la gente, en La Red.

Su incursión en la política electoral fue una consecuencia directa de esta popularidad amasada en los medios. En 2013, se presentó como candidato presidencial independiente y, para sorpresa de muchos, obtuvo un 10,11% de los votos. Fue un resultado notable para un candidato sin el respaldo de un partido tradicional. Posteriormente, en 2021, realizó la candidatura presidencial más extravagante que se haya visto en el ámbito local. Fue una campaña telemática desde Estados Unidos, forzada por una orden de arraigo en su contra por una deuda de pensión de alimentos superior a los 207 millones de pesos chilenos (equivalentes a US$213.831) A pesar de la distancia y las críticas, logró un tercer lugar en la primera vuelta y, de forma notable, obtuvo la primera mayoría en la Región de Antofagasta, demostrando su capacidad de seducir al electorado descontento.

Hoy, la situación ha cambiado. A tres meses de la primera vuelta del 16 de noviembre, Parisi ya no está en el exilio autoimpuesto. Tras acordar el pago en cuotas de su deuda, puede entrar y salir de Chile libremente, lo que le ha permitido realizar una campaña en terreno. Este cambio de estrategia ya se ha materializado con la presentación de Pablo Maltés como nuevo vocero de su campaña. Maltés, periodista y expareja de la diputada Pamela Jiles, quien ha manifestado su apoyo al candidato, ha sido claro en su misión: armar propuestas y “salirse de esta pelea permanente que hay entre los candidatos de la derecha y la candidata del oficialismo”. Parisi, por su parte, se ha enfocado en un discurso de orden y eficiencia, prometiendo “terminar con estos sueldos exageradamente altos que se pagan los amigos de Boric, Marcel y Jara”. Su promesa es reactivar la economía y la construcción, y también mejorar la Pensión Garantizada Universal (PGU).

La irrupción de Parisi en las encuestas ha generado debate en el ambiente político. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, al referirse al crecimiento del candidato del PDG, pareció darle una especie de bienvenida a la “parte alta de la tabla de posiciones”, reconociendo que está en la pelea junto a Jara, Kast y Matthei. Algunos analistas, siendo profundamente especulativos, ven en las palabras de la ministra un intento sutil de validar a Parisi para así aumentar la dispersión de votos al interior de la derecha. Y es que el candidato del Partido de la Gente avanza, en gran medida, por el carril de la derecha, capitalizando un discurso ofensivo, anti-establishment, con ecos de figuras como Donald Trump y Javier Milei. Sus prioridades programáticas, como achicar el Estado a través de la fusión de ministerios, rebajar sueldos en cargos públicos y combatir el ‘narcoterrorismo’ con “operaciones comando”, resuenan fuertemente en ese sector.

La llegada de Jiles y Maltés a sus filas introduce un nuevo elemento de sorpresa. Si bien ambas figuras tienen un pasado vinculado a la izquierda, su actual ambigüedad política calza a la perfección con la colectividad de Parisi, que se define como “ni de izquierda ni de derecha”. Probablemente, su incorporación no generará que militantes de izquierda se descuelguen de la candidatura de Jara, pero sí podría atraer a simpatizantes menos convencidos, que están descontentos con la gestión del gobierno actual y que ven en la candidatura de Parisi un espacio de protesta. Este sería un pésimo escenario para la exministra del Trabajo de Boric, cuya candidatura, pese a que aglutina a toda la izquierda, incluida la DC, no sobrepasa el techo de 35%.

En un escenario de segunda vuelta entre Kast y Parisi, la competencia es algo impredecible. Aunque Kast lidera en intención de voto y posee una base sólida entre los electores de derecha, Parisi podría capitalizar el desencanto transversal con la clase política y posicionarse como una alternativa “outsider” más moderada frente a la imagen dura de Kast. Su retórica tecnocrática y liberal en lo económico podría atraer tanto a sectores del centro como a votantes jóvenes desilusionados, dejando a Kast en una situación incómoda, obligado a moderar su discurso sin perder a su base más conservadora. En un eventual balotaje entre Jara y Parisi, en tanto, el oficialismo también tendría razones para preocuparse. Aunque la candidata oficialista tiene el respaldo del Partido Comunista y otros partidos de la coalición de gobierno, Parisi podría absorber votantes de la centroizquierda decepcionados con la administración de Boric y a independientes que rechazan la polarización ideológica. Su ambigüedad ideológica sería una ventaja táctica que le permite criticar tanto a Kast como al PC sin comprometerse con ningún bloque. En este contexto, Jara no solo tendría que unificar a su sector, sino también convencer a un electorado desconfiado que la asocia al comunismo y a la continuidad del gobierno de Boric.

En ambos escenarios, Parisi aparece como el gran disruptor del escenario político chileno, que puede reconfigurar el clivaje tradicional entre izquierda y derecha, obligando a ambos extremos a enfrentar una candidatura que se alimenta del rechazo ciudadano a los polos.

El próximo 16 de noviembre, sabremos si Franco Parisi sacude finalmente el sistema político chileno y si esta figura outsider pasa a segunda vuelta, se sabrá la fuerza parlamentaria que podría acompañarlo y si terminará disputando el balotaje con alguno de los candidatos que participan en esta contienda, hasta ahora liderada por las opciones más polarizadas. En el escenario político actual, cualquier cosa podría pasar.

JJD