En el valle del río Neuquén, en los alrededores de las localidades petroleras, el aire se puede “ver”. Lejos de toda metáfora, durante la madrugada es posible divisar una nube gris en el horizonte. No es un efecto óptico, sino la acumulación de gases emitidos a la atmósfera por la industria hidrocarburífera. Así, la población aledaña convive con una serie de contaminantes que ponen en riesgo su salud, mientras los Gobiernos Nacional y Provincial promueven con ahínco una actividad que, por sus impactos, busca erradicarse en todo el mundo. 

Esto es parte de lo que se vive en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, el epicentro de la industria fósil en la Argentina donde ciudades como Añelo crecen año a año por la llegada de familias que buscan mejores oportunidades, aumentando así la población expuesta a la contaminación.

En los yacimientos no convencionales, como Vaca Muerta, la extracción de petróleo y gas mediante fractura hidráulica libera metano, un gas 80 veces más potente que el dióxido de carbono, aunque permanezca menos tiempo en la atmósfera. Cuando ese gas no puede captarse por falta de infraestructura, se puede recurrir a dos prácticas: el venteo (liberación directa) o la quema en antorchas (flaring). Ésta última práctica se considera “preferible”, ya que al combustionar el metano se transforma en dióxido de carbono, reduciendo su potencial de calentamiento inmediato. En la provincia Neuquén, el venteo directo está restringido por la Ley provincial N° 2175, salvo excepciones técnicas.

Gran parte de las emisiones, como el metano y los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), son incoloras e inodoras, lo que dificulta su detección sin tecnología específica. Patricia Rodríguez es analista de Imágenes Ópticas de Gas (OGI en inglés) en la ONG estadounidense Earthworks y viajó a la Cuenca Neuquina en 2023 para documentar las emisiones de gas. Las imágenes se capturan con una cámara que tiene un filtro espectral y sensores que, al bajar a temperaturas criogénicas (menos 200°C o 300 C°), permiten visibilizar ciertos gases, incluyendo metano y otros 19 gases más como benceno y tolueno. “En muchos lugares donde se apunta la cámara no se ve nada a simple vista y de repente se ve (en la cámara) que se está quemando”, explica la analista a Climate Tracker.

De esa manera, Rodríguez detalló los hallazgos durante aquel viaje: “Vimos contaminación en toda la cadena de valor del petróleo y el gas: desde el proceso de upstream (exploración y producción), de midstream (transporte y procesamiento), y también visitamos algunas refinerías, es decir, el downstream (refinación y comercialización), que es el proceso donde se hace algo con el petróleo y el gas”.

Además de ser difícil de percibir para cualquier ciudadano, en Neuquén son las mismas empresas las que declaran sus niveles de quema o fuga ante el Estado. Este modelo de autodeclaración empresarial también está vigente en Estados Unidos. Según un estudio, las emisiones de metano por venteo o quema son hasta cinco veces superiores a lo esperado en el país norteamericano, por lo que advierte que los reportes de emisiones a través de este tipo de mecanismos tienden a subestimarse. La dificultad de cuantificar las emisiones, según el análisis, se debe a la intermitencia de estas actividades y a la falta de un monitoreo y reporte adecuados. Según la investigación publicada en la revista GeoHealth, “el uso exclusivo de los volúmenes de gas declarados por los propios productores podría conducir a una subestimación de las emisiones procedentes de la quema y la ventilación”.

El procedimiento de la quema tampoco garantiza una combustión completa. “Con la cámara podemos ver que esa quema muchas veces no está completa. Si la quema fuera eficiente, no veríamos los humos de gases subiendo a la atmósfera que deberían estar siendo quemados. Y eso nos dice que, posiblemente, todavía haya metano junto con los otros gases que vemos en las imágenes”, sostiene Rodríguez. 

Luego del último viaje, en el que además de analizar imágenes en Vaca Muerta midieron en refinerías y otros puntos de Dock Sud y Bahía Blanca, Earthworks reportó sus hallazgos: “Los estudios de imágenes ópticas de gases mostraron niveles de emisiones de medios a altos en tres lugares de fracturación hidráulica, seis instalaciones de compresión o almacenamiento, ocho plantas de procesamiento, cuatro centrales termoeléctricas y tres refinerías, muchas de las cuales estaban muy cerca de viviendas”.

El impacto en la salud, un hecho

Los efectos en la salud de la contaminación del aire por uso de combustibles fósiles están documentados en numerosos estudios científicos. Una investigación de 2023 publicada en la revista científica BMJ estimó que “5,13 millones de muertes adicionales anuales a nivel mundial son atribuibles a la contaminación del aire ambiente derivada del uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, podrían evitarse eliminando gradualmente los combustibles fósiles. Esta cifra corresponde al 82% del número máximo de muertes por contaminación del aire que podrían evitarse controlando todas las emisiones antropogénicas”.

Una estimación similar reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando reconoce a la contaminación atmosférica como uno de los principales riesgos para la salud, responsable en 2019 de 6,7 millones de muertes prematuras, más de 380.000 ocurridas en América.

Por otro lado, un estudio de 2020 realizado en los yacimientos del sur de Texas asoció la exposición frecuente a eventos de quema nocturna con el aumento en un 50% de las probabilidades de partos prematuros, en comparación con poblaciones no expuestas.

Finalmente, otro estudio publicado en 2022 estableció el “vínculo causal” entre la quema de gas natural y la salud respiratoria en Dakota del Norte, también en Estados Unidos, entre 2007 y 2015. En él se demostró que un aumento del 1% en la quema de gas aumenta la tasa de hospitalización por problemas respiratorios en un 0,73% y que los efectos negativos en la salud se detectan hasta 60 millas (aproximadamente 96,5 km) de distancia de la fuente de quema. El estudio también revela que la quema de gases perjudica la salud de bebés lactantes y mayores de 65 años. 

En la Cuenca Neuquina, la Confederación Mapuche y el Observatorio Petrolero Sur vienen alertando sobre la prevalencia de afecciones respiratorias en niños y adultos. El escenario se complejiza en zonas donde el crecimiento demográfico se acelera por la actividad industrial y aumenta la cantidad de habitantes expuestos a la contaminación. Un ejemplo de esto es la localidad de Añelo que tuvo un aumento poblacional del 140% entre 2010 y 2022, pasando de 2.600 habitantes a 6.400, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Lefxaru Nawel es integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, que viene planteando la problemática en distintos espacios de debate colectivo. En diálogo con Climate Tracker sostuvo que la contaminación del aire y sus efectos en la salud son una realidad que viven muchas familias de la comunidad en la meseta neuquina. “Lo que se ve en la zona es una gran afectación de la calidad del aire a partir de la explotación petrolera. La contaminación de ahí no es solamente por la infraestructura hidrocarburífera sino también por la presencia de las plantas de arena y por el gran tránsito que hay y la falta de los caminos”, afirma.

Respecto a la contaminación, Nawel explica cuándo se puede percibir: “Los mecheros por lo general queman más de noche. Es una estrategia que ellos tienen para invisibilizar más ese tipo de contaminación, que a la vista siempre es difícil de percibir. Entre Fortín de Piedra, Loma de la Lata, Tratayén, además del olor, en la madrugada, cuando amanece, se ve una nube de contaminación. Pese a que hay viento de manera persistente, acá en la zona se puede ver y, más que nada, se puede sentir el olor como a combustible”. 

La Dra. Marisa Cogliati, directora del laboratorio de climatología y calidad del aire de la Universidad Nacional del Comahue, explica el fenómeno: “Estamos en un ambiente árido con viento intenso en algunas épocas del año, con lo cual lo que emiten se dispersa rápidamente y no tenemos tantos problemas. Pero en invierno durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, la atmósfera se aquieta y todo lo que se emite queda desde los 2.000 metros hacia abajo. Entonces, eso genera una zona con mucha contaminación y todo eso se va a quedar hasta que la atmósfera se ponga en movimiento. Para eso se necesita calor, o sea, que hasta que no salga el sol o corra viento no va a ocurrir y el viento de la noche es mucho más bajo”.

En ese sentido, Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur, aporta otra problemática derivada de la quema: las dioxinas, compuestos químicos que se liberan durante la combustión incompleta de hidrocarburos y que, al ser contaminantes orgánicos persistentes, no se degradan fácilmente. Sobre su comportamiento en el territorio, explica: “Toda la quema libera dioxinas que el viento transporta. Por ejemplo, nosotros tenemos una zona de mucho viento y de cambio de dirección del mismo. En el valle entra todo eso y queda ahí, por debajo de las nubes. Ese traslado de las dioxinas tiene el agravante de que se fijan en los cuerpos de agua”.

Para las comunidades que conviven con los pozos, los efectos de la contaminación en la salud se viven en carne propia. Las afecciones respiratorias, según Nawel, son una constante que se agudizó en los últimos años. “Hay problemas respiratorios de todo tipo, de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), sobre todo en la infancia. Y hay una situación donde el Estado no provee la información, donde no se realizan tampoco informes epidemiológicos ni estadísticos relacionados al impacto acumulativo de la contaminación”. 

Nawel destaca, como un posible indicador a observar, la merma en la asistencia de los estudiantes en las escuelas y el aumento de demanda en las salitas de salud durante los meses más fríos: “Basta con ver las salitas de la meseta, la enorme cantidad de afecciones respiratorias a partir del otoño. En la escuela misma te dicen: ‘Hay un gran porcentaje de ausentismo a partir del descenso de la temperatura por la estación del año por las afectaciones respiratorias’, pero el Estado, los gobiernos, impiden que haya un informe estadístico, epidemiológico”.

Una característica de esta contaminación es el impacto acumulativo que tiene la salud. “Es estar de manera permanente recibiendo contaminación, no es que vos si el día de mañana venís acá y pasás al lado de un basurero, te vas a desmayar porque hay olor feo, sino que el estar de manera constante sometido a la contaminación es un impacto que termina horadando la capacidad vital con hipertensión pulmonar, por ejemplo, o la afectación al sistema nervioso y al sistema inmunológico y además del respiratorio y todo lo que tiene que ver con con la depuración de las toxinas como es el sistema urinario, hepático”, sostuvo Nawel.

“La perversidad de los gobiernos dice que (las afecciones a la salud) son porque se calefaccionan quemando cualquier cosa que pueden, cosa que no deja de ser cierta y que muestra también la desigualdad social. Mientras por un lado está la riqueza y la opulencia que en ciertos sectores se detenta en Neuquén, por otro lado, la población no tiene gas, no tiene luz y no tiene agua. Pero no es solamente esa situación, sino que también es la contaminación del aire que es permanente: hoy contrasta con que esa misma gente a la noche en el horizonte ve todo el gas que se ventea para que no explote el gasoducto”, dijo el integrante de la comunidad Mapuche de Neuquén.

Climate Tracker se contactó con tres empresas hidrocarburíferas que operan en Vaca Muerta. Se les consultó por sus protocolos de medición de emisiones, estudios de calidad de aire y salud, y porcentajes de captura de gas. Desde Tecpetrol, del grupo Techint, respondieron no tener información al respecto. Shell alegó no poder responder por temas de corresponsalías. Por su parte, YPF se limitó a enviar el enlace a su reporte de sustentabilidad de 2024. 

Compromisos climáticos de Argentina y estimación de beneficios

Argentina adhirió al Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley nº. 27270. Y en diciembre de 2020, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se firmó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de la República Argentina en la que el país se comprometió a una meta aplicable a todos los sectores de la economía de no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente) en el año 2030, representando una reducción del 19% respecto al máximo histórico de 2007. 

Sin embargo, el camino para alcanzar el objetivo se estancó. A diferencia de lo que se pretendía en la COP30 de 2025, Argentina, bajo la gestión de Javier Milei, no actualizó su NDC, manteniendo una política climática que Climate Action Tracker calificó como “críticamente insuficiente”. En su último reporte, la ONG dimensiona los efectos de la falta de compromiso de Argentina con la reducción de emisiones: “En 2022, las emisiones en Argentina repuntaron por encima de los niveles de 2019 tras una fuerte caída en 2020 debido a la COVID-19. Esto sitúa las proyecciones de emisiones de Argentina para 2030, bajo las políticas actuales, aproximadamente un 15 % por encima de su ya poco ambicioso objetivo para ese año”.

Un informe del Ministerio de Salud de Argentina y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), obtenido por Fundación Ambiente y Recursos Naturales mediante un pedido de información pública de 2025, estimó los beneficios sanitarios de cumplir la NDC. Los resultados son contundentes: una ganancia de casi 36.000 años de vida por prevención de muertes prematuras. También se evitarían 2.350.000 días de actividad restringida (en todas las edades) y 600.000 días de trabajo perdidos (población en edad económicamente activa) anuales. Además, el número de asma en niños se reduciría en 280.000 casos anuales. El informe concluye: “Estas y otras ganancias en salud también resaltadas por la herramienta brindan un co-beneficio económico que implicaría un ahorro de US$ 1.860.000.000 anuales”.

Nawel coincide con que la contaminación tiene efectos en la sobrecarga al sistema de salud pública: “Si uno habla en términos presupuestarios, que son los que le gustan al Gobierno, la afectación también va a ser por ese lado y la salud pública es la que se resiente a partir de recibir cada vez más gente enferma por esta situación. Esto tiene un correlato directo, por ejemplo, con situaciones que se viven en el país hoy como el sistema de salud o el (hospital) Garrahan, que hay muchos niños y niñas de las comunidades mapuches que se han ido a atender ahí a partir de la contaminación que han padecido y las enfermedades que muchas veces son raras, como casos de malformación. El sistema de salud pública es el que recibe esa carga y es el que, justamente, estos gobiernos que son pro extractivismo están desmantelando”.

La comunidad mapuche organizada llevó adelante distintas medidas para visibilizar el daño a la salud por contaminación a lo largo de los años. “Hicimos numerosas gestiones para que eso se atienda, pero lo que hay es ese abandono de la obligación que tienen de cuidar la salud pública, como el caso del basurero petrolero que tiene ese impacto en la población. Pero, lamentablemente, los sucesivos gobiernos no lo toman como una prioridad, solamente lo mencionan como si fuera algo al pasar y no como la huella que está dejando Vaca Muerta y que va a dejar en las futuras generaciones”, afirma Nawel.

Un marco regulatorio fragmentado

La regulación de las emisiones en Argentina está fragmentada entre las normativas nacionales y las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales. La Ley Nacional Nro. 20284 de contaminación atmosférica es el marco vigente y data del año 1973. En ella se establecen las normas de calidad del aire y concentración de contaminantes y fija los deberes de las empresas, como asegurar que los parámetros de emisión no excedan los establecidos.

En 2023 se presentó la Resolución de la Secretaría de Energía nro. 970/23 que buscaba implementar el Programa Nacional de Medición y Reducción de las Emisiones Fugitivas Derivadas de las Actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Sin embargo, la resolución nunca se reglamentó.

Entre las propuestas de reducción de emisiones de metano figura el proyecto de Ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Gestión de Emisiones de Metano en el Sector de Hidrocarburos”, impulsado por el diputado Martín Maquieyra en 2024 con apoyo de otros bloques. A pesar de la urgencia sanitaria y ambiental, el proyecto, que busca proteger la salud humana, reduciendo emisiones en el sector hidrocarburífero, corre el riesgo de quedar en la nada. De perder estado parlamentario este año por falta de tratamiento, el Congreso renunciaría a establecer un marco regulatorio nacional que guíe a las provincias y proteja a las comunidades.

En Neuquén conviven leyes de 30 años de antigüedad con algunas más actuales. La Ley Nro. 2175 de 1996 prohíbe el venteo directo y fija una tasa ante la superación de las emisiones permitidas mientras que en 2024 se sancionó el “Régimen Provincial de acción climática” bajo la Ley Nro. 3454. Esta última dispone la creación de un Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero. Entre sus objetivos figura “establecer estrategias, políticas y medidas de mitigación del cambio climático, incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el incremento de sumideros de carbono, así como la mejora de su capacidad de absorción”. 

A partir de la última ley, y bajo la Resolución 258/2025 se creó el “Programa de Monitoreo en el Sector Hidrocarburífero”, de la Secretaría de Ambiente, que reglamenta estas acciones específicas para la industria del petróleo y gas. El último avance en ese sentido fue el pasado 10 de abril, cuando se publicó en el boletín oficial provincial el “Procedimiento de Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondiente al sector Upstream”.

Climate Tracker consultó a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén si existían mecanismos de auditoría externa a las empresas para validar las declaraciones juradas de las operadoras. Asimismo, se le consultó si había estadísticas sobre la afectación de la salud por contaminación del aire. Al momento del cierre de esta nota, no hubo respuesta por parte del organismo.

La postal de la contaminación invisible

La expansión de Vaca Muerta se proyecta sobre un territorio que ya evidencia efectos sobre la salud pública. Nawel pone el foco en la falta de estadísticas: “Como decimos, es la contaminación más difícil de percibir y la que menos se ha controlado, porque el gobierno provincial nunca ha invertido en controlar ese tipo de contaminación, pero la vez que hemos podido acceder a esa tecnología (las imágenes de Earthworks) ha sido concretamente muy impactante. Es una contaminación que, como decimos, no se ve, pero que está ahí de manera permanente”.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

Los jets privados registrados en España por millonarios, grandes corporaciones y fortunas volaron más de 16 millones de kilómetros entre 2024 y 2025. El equivalente a dar 414 vueltas al mundo. La huella ambiental de esos vuelos —17.034 en total— es la misma que la de un millón de pasajeros en trayectos comerciales.

En total, los aviones propiedad de grandes empresas como Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Prosegur o Telefónica, fortunas españolas como las familias Botín, Lao o Riberas; o celebridades como Sergio Ramos y el dentista de Juan Carlos I emitieron 81.253 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera.

Una investigación de elDiario.es revela por primera vez el impacto ambiental de 61 jets privados registrados en España y el uso intensivo de la aviación ejecutiva por parte de la jet set española: vuelos cortos de muy pocos kilómetros, un aumento de la actividad en los meses de verano, cientos de traslados a grandes eventos de ocio o repetición habitual de rutas en pocos días. 

Los cálculos provienen de datos públicos proporcionados por la plataforma Airplanes.Live, una comunidad de receptores independientes de señales ADS-B/Mode S/MLAT que no filtran los aviones privados que piden ocultar sus movimientos. Las cifras de horas de vuelo y emisión de CO₂ han sido estimadas a partir de más de 155 millones de posiciones recibidas por todos los modelos de jets —clasificados por la European Business Aviation Association (EBAA)— que estuvieron registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea entre 2021 y 2025. Ver metodología completa.

El siguiente mapa muestra todos y cada uno de los trayectos realizados por estos aviones privados entre 2024 y 2025. Las cifras son conservadoras ya que la cobertura de los datos es limitada en algunas zonas y algunos vuelos o partes de trayectos pueden no haber sido registrados por los receptores de Airplanes.Live.

De los 61 aviones privados analizados, los 20 que más kilómetros recorrieron son los responsables del 60% de las emisiones de las aeronaves analizadas. Este medio identificó a sus propietarios a partir de los registros oficiales: compañías del Ibex-35, mega corporaciones, sociedades patrimoniales y grandes fortunas están detrás de los aparatos más contaminantes.

Entre ellos encontramos el Bombardier Global Express propiedad del Banco Santander, presidido por Ana Patricia Botín, que recorrió más de 646.000 kilómetros en 304 vuelos en esos dos años. La mayoría, en trayectos transatlánticos.

No es la única entidad vinculada a la familia Botín con intereses en la aviación privada. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, consejero del banco y hermano de Ana Patricia Botín, también es propietario de un avión privado (modelo Cessna Citation XLS) a través de una sociedad —Grey Wind Investments SL— que forma parte de su ‘holding’ patrimonial, Agropecuaria El Castaño. Entre los aeropuertos más transitados por este avión está el aeródromo privado “El Castaño” en Ciudad Real, un trayecto de unos 20 minutos de vuelo desde Madrid.

Mercadona, de la familia Roig, tiene en propiedad al menos dos aviones privados (modelos Bombardier Global 5000 y 6000) que realizaron 1.457 viajes y emitieron lo mismo que 107.000 pasajeros haciendo esos mismos trayectos en rutas comerciales.

Además de Mercadona y del Banco Santander, otras grandes compañías españolas como Telefónica, grupo Damm, Inditex o Prosegur figuran entre algunos de los aviones con más kilómetros recorridos entre 2024 y 2025.

Aunque estos aviones son propiedad de estas corporaciones, no siempre los dueños o directivos viajan en la aeronave. Tal y como explican fuentes del sector a elDiario.es, el sistema funciona así: en la mayoría de los casos, el propietario firma un contrato para ceder el aparato a una compañía aérea especializada. Esta compañía se encarga de operar el avión y lo alquila a otras personas cuando el dueño no lo utiliza pero garantizándole un uso prioritario.

De los 20 con más kilómetros recorridos, 13 están cedidos a la aerolínea Gestair, centrada en la aviación ejecutiva, según los registros oficiales. Desde 2025, la compañía pertenece al fondo de capital riesgo Hyperion Fund, liderado por Pablo Casado, expresidente del PP, y el sobrino de Ana Botín, Ricardo Gómez-Acebo Botín.

“El sistema habitual es que una corporación multinacional compra un avión y lo cede a un operador aéreo. Cuando la empresa lo necesita lo utiliza y cuando no, lo alquila”, explica Miguel Ángel Sierra, abogado del despacho LegalLey, especializado en yates, aviones y sector inmobiliario. “Es un activo porque les permite comprar tiempo pero da pérdidas siempre. No es un capricho”, detalla.

Amancio Ortega, con un patrimonio estimado de 100.000 millones de euros según la revista Forbes, es la mayor fortuna de España, primer accionista y fundador de Inditex y habitual en el Top 10 de mayores fortunas mundiales. La compañía textil es propietaria de dos aviones privados que han volado 459 veces y han emitido el equivalente a 63.000 pasajeros de vuelos comerciales.

El Gulfstream G500 propiedad de la familia Riberas, octava mayor fortuna de España según el ranking de El Mundo y principales accionistas de la empresa de componentes de automoción Gestamp, ha recorrido más de 622.000 kilómetros en apenas 239 vuelos. Su avión privado figura a nombre de Caixabank y la sociedad patrimonial de la familia aparece como arrendatario financiero, una fórmula habitual usada en el sector para registrar aviones a través de un leasing para financiar la aeronave, según explican fuentes jurídicas a elDiario.es.

Mismo caso que el jet privado del exjugador de fútbol Sergio Ramos, que está registrado a nombre del Banco Santander como propietario aunque una sociedad del grupo patrimonial del futbolista (Davina Spain, S.L.) figura como arrendataria financiera. Con más de 600 vuelos en dos años, el avión privado del futbolista, que ha pasado por clubes como el Real Madrid, Sevilla o Paris Saint Germain, recorrió más de 500.000 kilómetros.

La familia Lao, históricamente vinculada al sector del juego (son los antiguos propietarios de Cirsa) y que figura también en la lista de mayores fortunas españolas con un patrimonio de 1.300 millones de euros, es propietaria de un Cessna Citation Latitude que emitió 2.338 toneladas de CO₂ en 700 vuelos en dos años. Fuentes de Nortia, cuya web está encabezada por la frase “comprometidos con un futuro sostenible”, declinaron hacer comentarios a elDiario.es.

Prosegur, controlada por la familia Revoredo a través del holding patrimonial Gubel S.L. y presidida por Helena Revoredo, es propietaria de un Dassault Falcon 2000 que recorrió más de 414.000 kilómetros en 251 vuelos. Entre ellos, varios trayectos entre España y Argentina, tierra natal de la familia. Desde la compañía de seguridad señalan que “la operativa de la aeronave está sujeta a un contrato de alquiler con Gestair que gestiona activamente la disponibilidad y comercialización de la aeronave cuando esta no está prestando servicio para la empresa”.

Entre las personalidades y fortunas menos conocidas que son propietarias de un jet privado también figura Luis Gil, fundador de Securitas Direct España. El avión, un Cessna Citation XLS, figura a nombre de Fast Aviation S.L., que tiene como administradora única a la esposa del empresario. 

El doctor Eduardo Anitua, conocido por ser dentista y amigo del rey emérito Juan Carlos, también es propietario de un jet privado a través de su compañía aérea NordJet Airlines. Según publicó El Mundo, el rey emérito utilizó este avión el 23 de septiembre de 2024 para viajar entre Cascais, Vitoria —donde está la clínica del doctor Anitua— y Vigo, para acudir a las regatas que se celebran en Sanxenxo. El avión, uno de los más activos, recorrió más de 400.000 kilómetros en 816 vuelos en apenas dos años.

Otro de los aviones analizados es propiedad de Baihas Baghdadi, empresario español de origen sirio y fundador de Baghdadi Capital, fondo que presume de ser el primer vehículo de inversión basado en la ley islámica y principal patrocinador de la Real Sociedad. Aunque no existen demasiados detalles en torno a su figura, trayectoria y procedencia, a través de su holding es propietario de un jet privado (modelo Gulfstream G200) que perteneció a Cristiano Ronaldo. La adquisición se firmó en agosto de 2024, según los registros oficiales, y en los dos últimos años volaron 404 veces y recorrieron 423.000 kilómetros.

Entre los aviones con más kilómetros figuran también el del Grupo Piñero, dueño de los hoteles Bahía Príncipe y Soltour, con decenas de trayectos entre Baleares y el Caribe; el de la farmacéutica Insud Pharma, que voló 308 veces en los dos últimos años; el de Aluminios Cortizo, uno de los mayores grupos industriales de Galicia; y los de empresas de alquiler de aviación ejecutiva como WeloJets o Clipper Jets.

Contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros

Los 17.034 vuelos realizados por medio centenar de aviones privados entre 2024 y 2025 emitieron 81.253 toneladas de CO₂, según una estimación de elDiario.es usando la herramienta SET de Eurocontrol, que utiliza muestras de consumo de combustible de cada modelo de avión. Esta estimación se hace incluyendo los periodos de despegue y aterrizaje, que suelen consumir mucho más combustible que la fase de crucero. 

Estas emisiones equivalen a lo que habrían generado más de un millón de pasajeros comerciales en esos dos años, según los cálculos realizados por este medio a partir de los datos de Agencia Europea de Seguridad Aérea —83 gramos de CO₂ por kilómetro y pasajero— teniendo en cuenta el trayecto medio de los jets privados analizados: 974 kilómetros. 

¿Cuál fue el avión que más CO₂ emitió? El Bombardier Global 5000 de Mercadona. El avión propiedad de la compañía presidida por Juan Roig realizó un total de 789 viajes, la mayoría dentro de la Península, y contaminó lo mismo que casi 60.000 pasajeros entre 2024 y 2025.

Fuentes de la compañía explican a elDiario.es que “Mercadona utiliza el avión como una herramienta de trabajo más para el desplazamiento de sus trabajadores (igual que también tiene coches o furgonetas)”. “Lo más importante para la compañía es que esas horas que ahorran sus trabajadores, frente a la planificación en vuelos comerciales, puedan dedicarse a la conciliación personal y con sus familias”, añaden.

Según la European Business Aviation Association (EBAA), la aviación privada solo supone el 1% de las emisiones de todo el sector de la aviación y un 0,04% de las emisiones totales en la Unión Europea. “Es evidente que las emisiones de los aviones privados son una minoría de la aviación global. Lo que pasa es que corresponden a una parte muchísimo menor de la población mundial”, explica Pablo Muñoz, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción. “Al final, cada uno de los 17.000 vuelos supone lo mismo que todo lo que emite una sola persona en España en todo un año”, comenta.

“A medida que la sociedad aborda el cambio climático, es obvio que hay que cuestionar los vuelos privados, ya que transportan a pocos pasajeros a un coste medioambiental muy elevado”, defiende Denise Auclair, responsable de la campaña «Travel Smart» de la organización Transport&Environment. Según un estudio académico, las emisiones mundiales de la aviación privada aumentaron un 46 % entre 2019 y 2023.

El avión privado como transporte de recreo

El análisis de los patrones de uso de los jets privados apuntan al ocio como uno de los motores de su actividad. El primer indicador es su pico estacional: julio y agosto son los meses con más trasiego de viajes, según los datos analizados por elDiario.es. En julio de 2025 se registraron 1.009 vuelos que emitieron 4.257 toneladas de CO₂. En enero del mismo año, la cifra baja a la mitad. 

No es una excepción. Los informes mensuales de EBAA muestran cómo la aviación privada en Europa también se concentra en los meses de junio y julio y una reciente investigación de Nature (2024) documentó el mismo pico de llegadas a Ibiza y Niza durante el verano.

A la estacionalidad se suman los grandes eventos. En junio de 2024, ocho de los aviones analizados volaron a Reino Unido en los días previos a la final de la Champions League de fútbol en la que el Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.

El aumento se deja ver también en los destinos vacacionales como Ibiza: el 83% de los vuelos privados a la isla en los últimos dos años se realizaron en verano (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre). Lo mismo ocurre con Menorca, que recibió 141 vuelos de 185 en los meses de calor. 

Los días y horas de salida apuntan en la misma dirección. Jueves y domingos están entre los días con mayor actividad de los jets privados registrados en España. Una actividad que concentra muchos despegues a primera hora de la mañana y a última de la tarde.

Carlos Matallanas, director de LunaJets en España, una empresa de ‘brokers’ de jets privados en Europa, destaca el viraje en el modelo de negocio. “Es muy difícil tener datos contrastados. Pero yo en Madrid hice números el año pasado y estimo que en torno al 60% de nuestras operaciones son vuelos de negocio y 40% personales. ¿Qué ocurre? Que eso ha cambiado. El personal está ganando cuota en el mercado”, explica.

En el siguiente gráfico se muestran las horas de salidas de los 17.034 vuelos realizados entre 2024 y 2025 por los jets privados registrados en España. El sábado es el día que menos se vuela de la semana y el domingo, la mayoría de vuelos se concentran por la tarde.

El uso intensivo de los jets privados

Algunas rutas muestran mejor el uso real de los jets privados. El jet del grupo Damm —controlado por la familia Carceller— realizó en mayo de 2024, en el plazo de solo una semana, un viaje desde España a Estados Unidos, regresó pasando por Niza, volvió a Madrid y voló inmediatamente a Londres donde se celebraba la final de la Champions League.

El mismo avión se usó para viajar en fechas navideñas desde Madrid a la isla de Barbados y volver al día siguiente a la capital española.

Uno de los dos aviones de Inditex, un GulfStream G650, dio una vuelta al mundo en apenas 12 días. Recorrió más de 47.000 km para ir a Singapur, volvió a España, cruzó el Atlántico hacia San Francisco y Los Ángeles y tres días después regresó a Galicia.

Pero estos vuelos de larga distancia son la excepción: la mayoría de los desplazamientos de jets privados analizados por este medio suelen ser para trayectos cortos en vuelos nacionales y dentro de Europa. 

Es el caso de Mercadona: en un solo mes de 2024, uno de los jets de la cadena de supermercados voló 51 veces. La mayoría, en trayectos dentro de la Península Ibérica. O la familia Lao: en otro mes de 2025, el jet propiedad de su holding, Nortia Capital Investment, realizó 47 vuelos y recorrió 33.000 kilómetros. Entre los destinos que visitó su Cessna Citation Latitude están los aeropuertos de Malta, Menorca, Ibiza, Barcelona, Madrid, Azores, Málaga o Cannes.

La opacidad de la actividad de los jets privados

En los últimos años, los propietarios han aumentado los esfuerzos para bloquear el seguimiento público de sus vuelos. En 2022, el informático Jack Sweeney saltó a los titulares cuando Elon Musk, CEO de Tesla y de X, le ofreció 5.000 dólares por borrar la cuenta que seguía en directo la ubicación de su avión privado. La cuenta, ahora suspendida, rastreaba también los aviones privados de Jay-Z o Taylor Swift.

Desde entonces, se ha multiplicado el uso de un programa federal en Estados Unidos llamado Limiting Aircraft Data Displayed (LADD) que permite solicitar a las principales plataformas que bloqueen la información que publican plataformas como FlightRadar24.

De hecho, el seguimiento de los aviones privados de Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Telefónica o Prosegur “no está disponible para rastreo público a pedido del propietario/operador” en la plataforma FlightAware. A diferencia de estas plataformas comerciales, que suelen filtrar los datos de los aviones privados que piden privacidad, Airplanes.Live no filtra ni bloquea las señales de ninguno de estos aviones.

A la escasa transparencia sobre la actividad de los jets, se une la polémica sobre sus niveles de contaminación y el debate sobre la fiscalidad. Desde el sector defienden sus iniciativas para reducir el impacto ambiental, como el uso de un combustible que reduce los gases de efecto invernadero, el Sustainable Aviation Fuel (SAF), la compra de derechos de emisión y la compensación de esas emisiones. A la espera del desarrollo de tecnologías más limpias, desde Transport&Environment defienden que las empresas y los particulares “deberían reducir sustancialmente el uso de aviones privados”.

Aun así, el debate ha llegado también a la política española. En mayo de 2025, Sumar presentó una proposición no de ley para crear un impuesto que grave las emisiones de CO₂ generadas por el uso de “transportes de lujo”. Ese mismo año, Pedro Sánchez declaró en la COP que estaban “avanzando junto a otros países para gravar los vuelos de clase premium y jets privados (...) Es lo justo que, quien más tiene, más contamina, pague por tanto lo que le corresponde”.

Cuando Newenche, un joven huemul (Hippocamelus bisulcus) cruzó los picos andinos desde Chile hacia Argentina, sin manada ni pareja, estaba trazando, sin saberlo, la hoja de ruta para la conservación del siglo XXI. Su aparición en el Parque Nacional Lanín a principios de 2025 fue calificada de histórica: en esta zona de la Patagonia argentina, la especie se consideraba prácticamente desaparecida, tras décadas sin registros visuales más allá de unas pocas huellas halladas en 2006.

Un año después, Newenche sigue allí. Originario de América, el huemul es el ciervo más amenazado del continente, con una población estimada de entre 1.500 y 2.000 ejemplares. El viaje de Newenche ha reavivado un debate científico y ético que divide a la región: ¿debemos limitarnos a proteger los pocos ejemplares que quedan o es hora de intervenir activamente en la naturaleza para recuperar lo perdido?

Rewilding y los riesgos de la intervención

En muchos sentidos, el huemul sobrevivió a los Andes, pero no al contacto con los humanos.

“Es un animal extremadamente confiado que no le tiene miedo al hombre”, cuenta Sebastián Di Martino, director de Conservación de la Fundación Rewilding Argentina (FRA). Esa característica, junto con la cacería indiscriminada, la competencia con el ganado vacuno, las enfermedades transmitidas por ese mismo ganado y los ataques de perros, diezmó las poblaciones de huemul a lo largo del siglo XX. La progresiva urbanización de los valles y su uso para actividades agropecuarias redujeron su hábitat y aislaron a los núcleos familiares. Los científicos calculan que hoy sobrevive apenas el 1% de los huemules.

Para algunos conservacionistas, esa historia justifica la intervención. Eduardo Arias, director de conservación de la reserva biológica de Huilo Huilo, en Chile, sostiene que esperar ya no es una opción: “En situaciones tan sensibles llegó la hora de no ser tan contemplativos y tomar la conservación activa como una herramienta en serio”. Huilo Huilo comenzó a criar huemules en cautiverio en 2005: partieron de una pareja y añadieron otra hembra al año siguiente. Una década más tarde, Chile autorizó las primeras sueltas en libertad. Hoy en día, según Arias, unos 50 huemules viven en libertad y forman siete grupos familiares.

Newenche, por ejemplo, es hijo de Tralca, uno de los machos liberados en 2016.

Este enfoque, conocido como “rewilding” o restauración activa propone la reintroducción deliberada de especies en lugares donde fueron exterminadas para sanar los ecosistemas. Sigue siendo objeto de una gran controversia. Los detractores sostienen que el traslado de animales no es simplemente una solución técnica, sino una intervención profunda en sistemas complejos que quizá ya hayan llegado a un punto de no retorno.

Los defensores del rewilding se dividen, a grandes rasgos, en dos bandos: por un lado, están aquellos que quieren “dejarlo todo tal y como está”; por otro, los que creen que el daño causado a los ecosistemas es tan grande que, como dice Di Martino, “es imposible imaginar que la naturaleza se recupere por sí sola, como por arte de magia”.

Entre los defensores siguen existiendo divisiones, sobre todo en lo que respecta a la relación entre el ser humano y la naturaleza. Algunos defensores parten de la idea de que los ecosistemas “salvajes” deben funcionar sin presencia humana. “Nuestra fundación quiere regenerar ecosistemas completos y funcionales, que cuenten con todo lo que tenían en su día y, a partir de ese momento, continúen su evolución hacia donde sea necesario”, explica Di Martino.

Otros señalan las complejidades —o incluso la imposibilidad— de separar a los seres humanos de la naturaleza. “La mayoría de las áreas protegidas están rodeadas de zonas productivas”, afirma Alejandro Valenzuela, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet). “Lo que se está creando es algo más lindo, pero bastante similar a un zoológico, ya que carece de continuidad biológica o geográfica. Las especies carecen de conectividad y todos los individuos se convierten en parientes de unos pocos progenitores”.

Hay quienes cuestionan el impacto del rewilding en las comunidades rurales. Sus defensores sugieren que el turismo de naturaleza podría constituir una nueva fuente de ingresos para los habitantes de las zonas en las que se reintroducen especies. Sin embargo, otros sostienen que puede provocar la despoblación rural y, en su lugar, abogan por soluciones integrales que tengan en cuenta los factores socioeconómicos.

Las objeciones no son solo filosóficas o sociales, sino también técnicas. “La manipulación de animales es muy difícil y se corren demasiados riesgos. Debe llevarse a cabo respetando las pautas mínimas que establece la UICN [Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza] y, al menos en Argentina, no conozco ningún proyecto que las cumpla”, opina Valenzuela.

Biólogo y especialista en fauna de la Administración de Parque Nacionales en Argentina, Hernán Pastore enumera esos criterios: evidencia sólida de que la especie existió en el lugar; comprensión de las causas de su desaparición; evaluación de si el ambiente actual sigue siendo adecuado; cercanía genética de los ejemplares a introducir; y garantías de que la población de origen no sufra daños irreversibles.

Di Martino afirma que Rewilding Argentina sigue las directrices de la UICN.

Valenzuela añade otros factores clave, como la participación de las comunidades locales, la conectividad biológica para evitar la endogamia y los tiempos necesarios para evaluar la viabilidad de cada proyecto. “Muchas veces se prioriza el impacto mediático o turístico por sobre los procesos ecológicos”, advierte.

Intervenir en ecosistemas alterados

Situado junto al lago Fontana, en los bosques andinos en el sureste de la provincia argentina de Chubut, se encuentra el centro de cría del Proyecto Shoonem. Se trata de la única instalación del país autorizada para trabajar con huemules. Inaugurado en octubre de 2018, este espacio de 100 hectáreas cuenta actualmente con cuatro hembras, dos machos y cinco juveniles que viven en semicautividad. Su director, el biólogo suizo Werner Flueck, sostiene que la incapacidad de la especie para recuperarse no se debe únicamente a la caza o a la pérdida de hábitat, sino a alteraciones ecológicas más sutiles. Por ejemplo, la deficiencia de oligoelementos en su dieta, como el selenio y el yodo.

Según Flueck, hasta hace unos 150 o 200 años los huemules descendían a las estepas patagónicas durante el invierno y regresaban a la cordillera en verano. Hoy, ese patrón migratorio está interrumpido, lo que los mantiene aislados en ambientes montañosos de menor calidad nutricional, lejos de los valles fértiles y tierras llanas. “La invasión humana de los valles y llanuras más productivos ha obligado a los huemules a vivir como refugiados durante todo el año en las remotas alturas de la cordillera de los Andes, donde las condiciones nutricionales son peores”, afirma.

Los estudios realizados por Shoonem sobre los huesos de huemul han puesto de manifiestocambios en el cráneo y los dientes, provocados por los bajos niveles de yodo y selenio en sus nuevas zonas de pastoreo de altura. Estos cambios han mermado su capacidad para buscar alimento y evadir a los depredadores. Esto, a su vez, ha contribuido a la baja edad media de los huemules adultos en la región, lo que ha provocado la disminución de las poblaciones. Con acceso a los brotes leñosos y herbáceos de la estepa durante el invierno, estos huemules podrían, en teoría, compensar tales deficiencias.

Di Martino sostiene que limitar la conservación a las zonas altas es un error: “Habría que facilitarles la subida y bajada en distintas épocas del año o empezar a repoblar los lugares donde vivía antes. En los congresos binacionales [entre Chile y Argentina] ya se discute la creación de corredores biológicos”.

Lecciones aprendidas

Las reintroducciones exitosas de especies no son algo inédito en Sudamérica. Un ejemplo es el regreso del yaguareté (Panthera onca) en los Esteros del Iberá, en Corrientes. El primero fue liberado allí en 2021; hoy en día, 50 yaguaretés viven en libertad en la isla San Alonso.

Agustín Paviolo, investigador independiente del Instituto de Diversidad y Ecología Animal de la Universidad de Córdoba, integra el equipo que evalúa las consecuencias que esta reintroducción está generando en el ecosistema. “La respuesta en la cadena trófica ha sido rápida y nos está impresionando”, dijo.

El número de carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris), su presa preferida, descendió en un 80% y también cambió su comportamiento, ya que comenzaron a evitar lugares donde posiblemente puedan ser cazados. Asimismo, el efecto en cascada se nota en la vegetación: “Se han recuperado los pastizales y están casi desapareciendo áreas de césped donde pastoreaban las manadas de carpinchos”. Todavía sin datos confirmados, también el número de zorros estaría disminuyendo, lo que a su vez se reflejaría en un aumento en la tasa reproductiva de las aves que tienen sus nidos entre la vegetación.

Para los defensores de la intervención, estos resultados demuestran cómo la reintroducción de especies puede remodelar los ecosistemas alterados por la actividad humana. Para los detractores, revelan lo difícil que resulta predecir o controlar dichos procesos. Oostvaardersplassen, en los Países Bajos, es un claro ejemplo. En la década de 1980 se reintrodujeron allí ciervos, caballos y ganado. Sin embargo, tras un invierno especialmente duro en 2017, miles de ellos luchaban por sobrevivir y tuvieron que ser sacrificados.

Preparar el territorio

La UICN señala que eliminar las amenazas que provocaron la desaparición de una especie es un requisito indispensable para cualquier proceso de rewilding. En Huilo Huilo, antes de liberar huemules, se retiró el ganado bagual, se zonificó el territorio, se reforzó la vigilancia y se trabajó intensamente con comunidades locales y escuelas. “Eso generó un cambio muy fuerte de mentalidad en estos 20 años”, asegura Arias.

Algo semejante ocurre en el parque Nacional Lanín en Argentina. Desde 2023, a partir de la noticia de la liberación de huemules en Chile, las autoridades avanzan en el control del ganado, la gestión de perros, el ordenamiento del uso turístico y estrategias de educación ambiental. “Un bosque sano debe tener un estrato herbáceo, un estrato intermedio con matorrales, un estrato de árboles jóvenes y, por último, árboles maduros”, afirma María Rosa Contreras, coordinadora del proyecto de recuperación del hábitat. “Todo eso estaba siendo alterado por el ganado”.

Añade que las personas también deben volver a tomar conciencia de la importancia de este animal a través de la educación ambiental: “Buscamos que la población recupere la memoria social y recuerde que el huemul es nuestro ciervo nativo”, explica.

La llegada de Newenche, su permanencia en la zona y hasta su paseo ocasional por San Martín de los Andes es objeto de una estrecha vigilancia. La llegada o no de otros ejemplares determinará si la reintroducción de especies acelera la recuperación o sigue siendo un experimento. Por ahora, Newenche espera en soledad.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth.

El caparazón funciona como una estructura que crece poco a poco mientras protege órganos internos y soporta el movimiento del animal. En las tortugas, ese caparazón no es una pieza rígida que aparece de golpe, sino un tejido que se va formando capa a capa a lo largo de toda su vida.

Cada capa se genera a partir de materiales orgánicos que el cuerpo produce de forma continua y que se endurecen con el tiempo. Esa construcción progresiva permite que el caparazón aumente de tamaño sin romperse. A la vez, esa misma estructura sirve como defensa frente a depredadores y golpes. Sin embargo, su rigidez limita la velocidad y la agilidad del animal cuando necesita reaccionar.

Un estudio usa esa coraza para leer la vida en el mar

Ese crecimiento continuo del caparazón se convirtió en una herramienta científica que permite reconstruir la vida de las tortugas marinas, según recoge la Universidad de Miami en un estudio publicado en Marine Biology.

Investigadoras como Bethan Linscott y Amy Wallace demostraron que esas capas guardan información química sobre el entorno, lo que permite analizar cambios en el océano y en la alimentación. El trabajo identifica el caparazón como un registro biológico que conserva señales acumuladas durante años. Esa información sirve para estudiar cómo afectan los cambios ambientales a especies que pasan gran parte de su vida lejos de la costa.

El caparazón se forma a partir de queratina, el mismo material presente en el pelo y las uñas humanas, y se organiza en capas sucesivas que se añaden una encima de otra. Cada nueva capa se genera cuando el tejido crece y queda fijada con la información química del momento en que se formó. Ese proceso permite que cada parte del caparazón conserve un fragmento del pasado del animal.

El análisis de esas capas permitió calcular el ritmo de crecimiento del caparazón con bastante precisión. Los datos muestran que una capa de unos 50 micrones representa entre siete y nueve meses de desarrollo, aunque la velocidad cambia según el individuo.

Esa variación indica que no todas las tortugas crecen al mismo ritmo y que factores externos influyen en ese proceso. Al observar esa escala temporal, los investigadores pudieron ordenar los cambios a lo largo de la vida de cada ejemplar. Esa información permite situar eventos concretos dentro de una cronología biológica.

Las capas del caparazón también contienen señales químicas que revelan dónde se alimentó la tortuga y qué tipo de dieta tuvo en cada etapa. El análisis de isótopos estables permite reconstruir rutas y hábitos sin necesidad de seguir al animal durante años.

Además, esas señales dejan ver cómo va cambiando el mar con el paso del tiempo. Gracias a eso, el caparazón aporta información que no se puede conseguir mirando al animal en su día a día, sobre todo porque vive lejos de la costa.

El desarrollo se frenó cuando aparecieron episodios en el océano

Los investigadores detectaron periodos en los que el crecimiento del caparazón se ralentizaba al mismo tiempo en varios ejemplares. Esos momentos coincidieron con fenómenos como las mareas rojas y grandes acumulaciones de sargazo en las aguas de Florida.

Linscott explicó que “estos caparazones están registrando el estrés ambiental en el océano” y añadió que “podemos usar huellas químicas preservadas en los escudos para detectar cambios ecológicos”. Esos episodios afectan a la disponibilidad de alimento y a las condiciones del hábitat, lo que termina reflejándose en el desarrollo del animal. En muchos casos, las tortugas no recuperaron su ritmo de crecimiento tras esos eventos.

Para obtener estos datos, el equipo analizó caparazones de 24 tortugas varadas en la costa de Florida entre 2019 y 2022, incluyendo tortugas bobas y verdes. Los investigadores extrajeron pequeñas muestras circulares y las cortaron en secciones de unas 50 micras de grosor para estudiar cada capa por separado.

Después aplicaron datación por radiocarbono y compararon los resultados con el llamado pulso de bomba del siglo XX, generado por pruebas nucleares. También utilizaron modelos bayesianos para estimar la acumulación del tejido. Ese proceso permitió vincular cada capa con un periodo concreto y reconstruir la historia ambiental registrada en el caparazón.

Un grupo de chicos camina por la empinada rampa, aferrándose de las manos de sus madres para mantener el equilibrio, mientras dejan atrás el barrio de La Boca para adentrarse en la Isla Maciel. La rampa conduce a un pequeño muelle no lejos de la ribera elevada del Riachuelo que queda empequeñecida por los enormes puente y transbordador Nicolás Avellaneda a ambos lados. Los chicos y sus padres esperan una pequeña embarcación que rebotaba entre los muelles de ambos lados del río para cruzarlos. Al lado del muelle, una espuma blanca se mueve sobre las olas y, a unos metros, un cochecito abandonado flota junto a un pez muerto. El aire huele a industria y a vida marina.

En 2008 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo “Mendoza”, obligó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) ―que había sido creada a través de un decreto presidencial firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006― a realizar un programa con los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes y prevenir daños. Y aunque la zona nunca dejó de ser la del “río contaminado”, las obras de saneamiento dieron como resultado la recuperación de su paisaje natural: peces, juncos, tortugas acuáticas y una gran variedad de aves.

Sin embargo, la llegada de Javier Milei al poder y su política negacionista del cambio climático y el cuidado del medio ambiente, comenzaron a revertir esos avances. “El nuevo gobierno abandonó desde un punto de vista anarcocapitalista, porque el Presidente en su momento dijo que no iba a controlar, dice que no hay problemas ambientales, no hay cambio climático, fue destartalando, desarmando el organismo, desfinanciándolo”, advierte Bruno Pedro de Alto, exdirector general ambiental de ACUMAR.. “Hoy evidentemente están apareciendo los indicadores de que el abandono no es gratuito, vuelven a converger los factores”.

 A lo largo del borde del área metropolitana de Buenos Aires, la cuenca del río Matanza-Riachuelo ha sido durante mucho tiempo tanto un polo económico como una carga ambiental que convirtió al río en uno de los más contaminados de América Latina.

“Tuvo 200 años de castigo a la cuenca, porque ese lugar fue, y ahora no tanto, sigue siéndolo, es un núcleo económico productivo fundacional de la Argentina. Porque ahí nace la industria ganadera, nacen los frigoríficos, las curtiembres, donde se trabaja el cuero”, señala de Alto. “Todo eso rompió el equilibrio ambiental y el río terminó siendo una daga, una herida enorme ambiental que tuvo que ser tratada”.

Los esfuerzos para abordar ese legado comenzaron formalmente tras una decisión judicial histórica. Desde 2008, tra el fallo fallo “Mendoza”, la agencia creó un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que, según el sitio web de ACUMAR, guía todo el trabajo del organismo. El fallo asignó la responsabilidad legal de la limpieza a múltiples niveles de gobierno.

“Este plan ha ido siendo llevado a cabo en forma muy paulatina”, dice Maria Laura Rey, arquitecta en forma independiente y exdirectora de Desarrollo Territorial en ACUMAR. “Cada nueva gestión introdujo cambios, introdujo reformas, introdujo huecos en la ejecución, y eso ha ido ralentizando la ejecución del plan. No obstante, se han logrado avances muy importantes en las construcciones de obra, en la relocalización de la población asentada a los márgenes del río”.

El problema de la cuenca abarca agua, tierra y aire, por lo que el plan es complejo y abarcativo. Rey señala que la contaminación del río proviene en gran medida de sedimentos debido a descargas cloacales, residuos industriales sin tratar, basurales a cielo abierto en distintos distritos e inundaciones.

“Vos tenés no sólo el factor del río, sino que tenés el factor también de los residuos urbanos sólidos, tenés el factor de los afluentes que tiran las empresas con contaminantes, tenés los factores de contaminación de aire por vía de automotor o por vía de empresas, digamos” comentó Antolin Magallanes, exvicepresidente ejecutivo de ACUMAR, “Es una serie de situaciones que se conjugan en un lugar”.

Y los contaminantes presentes no solo representan riesgos ambientales, sino también riesgos para las personas que viven cerca del agua.

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“No nos olvidemos que estas poblaciones que se asientan al margen de los ríos sufren frecuentemente, recurrentemente, inundaciones. Inundaciones que llevan toda su carga contaminante, tanto biológica como química”, describe Rey. “Las soluciones a estos problemas que ya datan de años anteriores, pero no de 10 años, de 15 años, datan de muchísimos más años, su solución es a largo plazo, por un lado, y realmente muy costosas, y falta decisión política de hacerlos”.

A pesar de estos desafíos a largo plazo, en los últimos años se lograron algunas mejoras medibles. En 2023, el Riachuelo fue reabierto al turismo después de que las tareas de limpieza lo volvieran lo suficientemente seguro como para navegar nuevamente.

“No había olor, no había basura, te podías salpicar el agua, bueno, mala suerte, pero no te morías por eso, porque fue demostrado que habían mejorado sustancialmente las condiciones ambientales, hablando de la desembocadura, que justamente es una desembocadura junto a todos los problemas de toda la cuenca, que tiene un largo de 64 kilómetros”, explicó de Alto.

Pero este progreso podría estar revirtiéndose, ya que comenzaron a circular nuevamente comentarios sobre malos olores provenientes del río, algo que de Alto y Magallanes confirman.

“La Boca es un lugar turístico muy importante. Todos los sectores políticos, comerciales, inmobiliarios, gastronómicos tenían mucho interés en que el río esté en buenas condiciones, porque le da un valor agregado a la actividad comercial de esa zona turística”, señala de Alto. “Ahora estas alertas que se están detectando son un problema serio, porque si se había logrado un punto, posiblemente se va a retroceder.”

Los observadores señalan que mantener esos logros ha resultado difícil. Como ACUMAR es gestionada por cada administración, los funcionarios dentro del organismo también cambian con cada gobierno, lo que hace que la continuidad de un proyecto tan grande como la recuperación del Riachuelo sea casi imposible de coordinar de manera efectiva.

“Desde la creación del organismo, se ha ido avanzando a pasos muy cortos, precisamente por la falta de continuidad administrativa. Se han hecho planes realmente muy interesantes, que fueron paralizados durante todo un periodo y vueltos a retomar al siguiente periodo”, explica Rey. “Esto significa un retraso terrible en la solución al problema, y por otro lado, significa una inversión de dinero mucho más grande de la que hubiera sido la continuidad de los planes”.

Magallanes agrega que la falta de antecedentes para un proyecto ambiental de gran escala y largo plazo como este también dificultó el proceso. Aun con estos obstáculos, de Alto asegura que se había llegado a un punto en el que el río ya no tenía olor a comienzos de la década de 2020. Peron en los últimos dos años, según de Alto, el progreso se detuvo.

Pero no toda la esperanza se ha perdido por parte de los expertos. Magallanes agrega que ha observado una especie de “reapropiación” del Riachuelo a medida que más personas lo integran en sus vidas tras los esfuerzos de limpieza.

“Yo lo que noto ahora, como estoy trabajando con eso pero ando mucho por la zona, veo que hay cosas que cambiaron mucho y veo que la gente también se apropió de muchos lugares que antes no se acercaba”, describe Magallanes. “Desde los chicos que van a jugar al fútbol, a la gente que va a correr a la mañana, a los clubes que están remando en el Riachuelo, a la gente que va a navegar, a la gente que ahora hace su casa con orientación al río porque le gusta ver el río desde la ventana”.

Dijo que esto le generaba orgullo por el trabajo que ya se hizo en ACUMAR. Además sostuvo que cree que todas las cuencas de la zona deberían contar con autoridades similares capaces de garantizar la protección ambiental, al mismo tiempo que promuevan un desarrollo que no ponga presión sobre el ambiente.

El marco actual de la política ambiental de Argentina bajo la presidencia de Javier Milei puso el énfasis en la desregulación y en la reducción del gasto público, incluyendo medidas que afectan la supervisión ambiental. Al inicio de su gestión, Milei emitió una serie de decretos ejecutivos destinados a achicar el rol del estado. Si bien estas políticas fueron presentadas por el gobierno como parte de un esfuerzo más amplio para reducir el déficit fiscal y simplificar la burocracia, organizaciones ambientalistas y exfuncionarios han expresado preocupación de que la reducción del financiamiento y de la supervisión pueda afectar la aplicación de las normas. La administración también ha puesto en duda públicamente el cambio climático, marcando un giro respecto de los enfoques de gobiernos anteriores.

“Desde que asumió el gobierno de Milei todo ha cambiado porque hay una bastante desprotección del lugar. O sea, al reducir el personal, la gente que cuidaba y que se hacía cargo de todo”, agrega Magallanes. “Si se descuida eso vuelve a ocurrir. O sea, que los avances logrados hay que sostenerlos”.

Rey expesa una idea similar, señalando que, para un futuro más productivo del Riachuelo, la estrategia de mitigación debe ser evaluada y sostenida en el tiempo. “En términos absolutamente políticos, el ambiente se cuida con políticas, no se cuida solo,” dice de Alto.

RG/MG

Ocho a favor, siete en contra. El 15 de diciembre, la legislatura de Tierra del Fuego aprobó, en medio de un fuerte rechazo social, una nueva Ley de Acuicultura que habilita la producción industrial de salmón en mares, ríos y lagos.

El Canal de Beagle y sus costas conforman uno de los paisajes más remotos del planeta, y Ushuaia, es la puerta de entrada a la Antártida. Tierra del Fuego es conocida desde hace tiempo por sus ecosistemas, en gran parte intactos. Aquí, en un reino subantártico de bosques, viento, turberas y mares fríos y ricos en nutrientes, la vida silvestre prospera. Los lobos marinos y los delfines surcan los canales, las ballenas francas australes migran y las aves marinas —desde albatros hasta cormoranes y pingüinos— dependen de estas aguas para alimentarse y reproducirse.

Para muchos habitantes de la provincia, la nueva ley significa que esto ya no se puede dar por sentado.

Cambios en la coyuntura política

Apenas concluyó la reñida votación, el recinto quedó envuelto en silencio. “Hubo una sensación rara, como si [los legisladores] estuvieran entre la espada y la pared. Fue un segundo, pero nos miraron como diciendo ‘no nos quedó otra’”, cuenta a Dialogue Earth Nancy Fernández, profesora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTdF) y presidenta de la Asociación Mane’kenk (AM), una ONG dedicada a la educación y la conservación del medioambiente.

Fue una de las únicas tres representantes de la sociedad civil que pudieron entrar a la legislatura. A diferencia del 2021, cuando se aprobó la ley anterior (N°1.355), que había sido pionera a nivel mundial en prohibir la salmonicultura en aguas lacustres y marítimas. Aquella vez, la entonces legisladora Mónica Urquiza, del Movimiento Popular Fueguino, abrió las puertas del recinto para que todos entren a celebrar.

“Hoy, siendo vicegobernadora, impidió que la gente ingrese. Y legisladores que hasta el viernes anterior decían que no iban a acompañar el proyecto, votaron a favor. Evidentemente hubo promesas, acuerdos, un ‘si vos me das esto, te apoyo en esto’”, sugiere Fernández.

De esta forma, la Ley de Acuicultura N°1601 sustituye a la 1.355, que solamente permitía la producción de salmónidos a escala artesanal, con un tope de 50 toneladas por año. Con la nueva ley, la actividad ya no tiene tope y solo queda prohibida en el Canal de Beagle, lo cual en la práctica implica que, en el resto de la isla, la salmonicultura queda habilitada.

La iniciativa para modificar la ley fue impulsada por el gobernador Gustavo Melella (Forja), quien en 2021 había apoyado la prohibición de las salmoneras. “Tenemos una naturaleza propia, una producción propia del lugar, no queremos introducir otra especie. Si tuviéramos algún problema, como ha pasado en otros lugares, ha pasado en Chile, el desastre es irrecuperable”, había dicho Melella ese año en una entrevista radial.

Cuatro años después, fue Melella quien presentó al poder legislativo el proyecto de ley de reforma. En las redes sociales, argumentó que era necesario “actualizar y fortalecer el marco normativo para el desarrollo acuícola”, incorporando “los más altos estándares de control ambiental”.

Las definiciones de estos estándares y otros detalles clave se decidirán cuando el gobierno provincial implemente la ley, lo que está previsto para finales de esta semana, el 15 de marzo. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), informó a Dialogue Earth que la implementación aún está pendiente.

¿Creación de empleo o falsas esperanzas?

Argentina se enfrenta a una prolongada crisis económica, caracterizada por una elevada inflación, inestabilidad monetaria y aumento de la pobreza. Esta crisis es anterior a la actual presidencia de Javier Milei, que ocupa el cargo desde diciembre de 2023, pero ha continuado y, en cierto modo, se ha agravado bajo la agenda de austeridad y reformas de mercado de su administración. Por ello, los argumentos esgrimidos en contra de la prohibición de la acuicultura del salmón, que muchos de los mismos políticos de Tierra del Fuego apoyaron hace cuatro años, se basan en el crecimiento económico y la creación de empleo.

Diego Marzioni, subsecretario provincial de Pesca y Agricultura, declaró el año pasado a la agencia regional de noticias ADNSUR que la salmonicultura podría generar “entre 4.000 y 4.500 puestos de trabajo”.

Algunos académicos y ambientalistas cuestionan estas cifras. Para Gustavo Lovrich, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CONICET en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), el cambio de posición del gobierno está relacionado con el impacto de la eliminación de los aranceles de importación sobre los productos electrónicos. Esta medida federal se introdujo en mayo de 2025 y ha afectado a una industria que se concentra en Tierra del Fuego. Según algunas estimaciones, esto podría significar la pérdida de casi un tercio de los empleos en el sector electrónico de la provincia, entre 2.000 y 2.500

“El discurso del gobierno es que ‘esto va a aumentar la mano de obra’ y es mentira. Nosotros les decíamos que dejen de darle ilusiones a la gente, porque es triste hacer eso en este contexto de crisis”, sostiene Fernández.

Dialogue Earth contactó a Diego Marzioni pero, al cierre de esta nota, no obtuvo respuestas.

Criar salmones, pero a qué costo

Los salmones son originarios del hemisferio norte y fueron introducidos en Chile hace más de un siglo para pesca recreativa. “El 70% de los peces nativos en Chile está con problemas de conservación porque los salmones son carnívoros y se alimentan de los peces nativos”, señala Flavia Liberona, bióloga chilena y directora ejecutiva de la Fundación Terram. La producción de salmones con fines comerciales comenzó a fines de los 70, de forma artesanal. Para el 2000, ya estaba en manos de grandes industrias.

En 2007, hubo una crisis sanitaria por el brote del virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón), que provocó una alta mortalidad y llevó a que el cultivo se expanda hacia otras regiones. “Hoy la industria salmonera cosecha más de un millón de toneladas al año. Hay 1.380 concesiones, de las cuales 408 están en áreas protegidas. Las autoridades han hecho vista gorda y no han fiscalizado como se debe a la industria”, afirma Liberona.

El Foro para la Conservación del Mar Patagónico, que nuclea a treinta organizaciones de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, elaboró un documento de posición donde detallan los impactos negativos relevados en numerosos papers. Se ha observado, por ejemplo, que los desechos orgánicos acumulados en el fondo marino disminuyen el oxígeno y generan cambios en la biodiversidad; los inorgánicos producen florecimientos algales nocivos (marea roja); y los restos excesivos de antibióticos colaboran en el aumento de la resistencia antimocrobiana en humanos. Llevar estos problemas a Tierra del Fuego podría dañar una región relativamente virgen, afirman quienes se oponen a la cría industrial.

También hay dudas sobre la viabilidad económica de desarrollar la cría de salmón en Tierra del Fuego. La industria es muy competitiva y está dominada por Noruega y Chile. Las granjas de salmón en el extremo sur de Argentina tendrían que abastecerse de peces y suministros especializados, llevar su salmón a mercados lejanos y atraer a trabajadores calificados a esta región remota.

Por su parte, Liberona indica que quienes tengan intención de instalar centros de cultivo en Tierra del Fuego tendrán que hacer estudios económicos para saber si es viable. “Es una industria súper compleja, no basta con tener centros de cultivo en el mar”, subraya.

El problema de la fiscalización

La nueva ley establece que el gobierno provincial debe llevar a cabo una Evaluación Ambiental Estratégica para determinar las zonas adecuadas para el cultivo del salmón, y que cada establecimiento propuesta deberá presentar un estudio de impacto ambiental. La Secretaría de Pesca y Acuicultura y la Secretaría de Medioambiente serán responsables de hacer cumplir la ley. El funcionamiento de este sistema se determinará cuando se aplique la normativa.

Algunos científicos y ecologistas dudan de la capacidad del gobierno para supervisar y controlar las granjas. “La provincia no tiene capacidad de fiscalizar, si hoy le pasan por las narices cuestiones como el vertido de residuos peligrosos en el ambiente y la extracción desmedida de turberas y bosques. Creo que la desconfianza más fuerte de la gente está en ese punto: no creen que tengan capacidad de control”, sostiene Fernández.

En el momento de la publicación, aún no se había llevado a cabo la Evaluación Ambiental Estratégica. Por lo tanto, aún no está claro dónde podrían ubicarse los proyectos y si hay empresas con intención de invertir.

La nueva ley estipula que esta evaluación se llevará a cabo de acuerdo con “criterios de sostenibilidad”. Sin embargo, no especifica cuáles serán esos criterios. FARN explica que este tipo de leyes no suelen especificar dichos criterios, ya que generalmente se establecen durante su implementación.

Andrea Michelson, coordinadora del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, afirma que la organización sigue esperando poder detener cualquier tipo de cría de salmón. “Desde nuestro punto de vista, la solución sería no habilitar la actividad. Las alternativas nuestras siempre son el cuidado del ambiente y potenciar actividades que ya existen, como el turismo de naturaleza y otras actividades campesinas sustentables que no implican una extracción en el ambiente”, apunta.

Por ahora, la cría de salmón en Tierra del Fuego sigue adelante, por un solo voto. El debate ya no se centra en si la cría de salmón va a llegar, sino en si “el fin del mundo” está preparado para lo que ello conlleva.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth

Los avisos estaban ahí. Pero la empresa negó riesgos relevantes, la Junta de Castilla-La Mancha, en España, concedió el sello ambiental y los jueces dieron por buenas las medidas del promotor para “evitar o paliar” daños. Así entraron en funcionamiento tres parques eólicos en una zona de expansión del águila imperial en Albacete. El resultado: se multiplicó la mortalidad media de la fauna asociada a estas infraestructuras en la provincia.

La historia de esos tres parques eólicos —llamados Derramador, Fuenteálamo y Frontones— ilustra el choque entre la necesidad de expandir las energías renovables —para mitigar el cambio climático— y la protección de hábitats. O, más bien, la carrera de las empresas por aprovechar esa necesidad y la vigilancia necesaria para que esa carrera no salte por encima de casi todo.

También ejemplifica cómo, demasiadas veces, la protección de la naturaleza llega tarde. Cuando ya hay un daño infligido y es irreparable. En este caso, más de 135 cadáveres de especies protegidas en apenas dos años: de 2022 a 2024, según la evaluación del Gobierno autonómico. Tres de ellos de águila imperial, en peligro de extinción. Unos datos que se conocieron porque la empresa quería ampliar su megaproyecto eléctrico.

Ambientalmente inviable

Esa solicitud derivó en que ahora, a la vista de los daños causados por los 40 aerogeneradores autorizados por Castilla-La Mancha, el Ministerio de Transición Ecológica español haya dicho que “no resulta ambientalmente viable” instalar seis nuevos aerogeneradores. Su Declaración de Impacto Ambiental señala que los responsables de Medio Ambiente de la Junta admiten que “puede observarse el efecto negativo que tienen este tipo de proyectos sobre las poblaciones de fauna amenazadas del entorno”. El nuevo proyecto fue revisado por el Gobierno porque se quería conectar con la red de transporte eléctrico estatal.

Ese documento, firmado en julio de 2025, añade que, en realidad, la zona implicada es de “apreciable valor ambiental, con una notable concentración de especies protegidas y amenazadas”, lo que “implicaría un riesgo constante de muerte por colisión”. Esta vez, la autoridad ambiental juzga que “las medidas de mitigación propuestas por el promotor no son suficientes, ya que no evitan la afección sobre zonas de alta sensibilidad”.

Casi todo lo que murió por esas palas de los parques son especies protegidas. Algunas en grave peligro, como el águila imperial. También murieron cernícalos, vencejos y decenas de murciélagos. La organización SEO/BirdLife, que en su momento solicitó medidas cautelares a la justicia para evitar esto, ha pedido que, a la luz de lo que se ha conocido, se revisen las autorizaciones ambientales de los parques en funcionamiento.

El caso de estos parques es una historia relevante porque ejemplifica un fenómeno general en España: “La rápida expansión de las energías renovables en la península ibérica representa un nuevo desafío en la conservación de especies en peligro”, como apunta un reciente estudio de la fundación CBD-Hábitat y el Instituto de Recursos Cinegéticos (Irec). “Solo el 21% de las áreas de dispersión del águila imperial y el 38% de sus zonas de cría están protegidas”.

Es el reverso más incómodo de la transición hacia energías limpias, que necesita contrapesos, como admitió el propio Ministerio de Transición Ecológica al proyectar un real decreto específico de protección de la avifauna.

Los resultados del trabajo de la fundación CBD-Hábitat y el Irec subrayan la “urgente necesidad —dicen los investigadores— de integrar datos ecológicos en el planeamiento de energías renovables”. Tenerlo en cuenta a la hora de instalar parques.

Porque los documentos oficiales de los aerogeneradores en Albacete —evaluaciones, informes, recursos y autos— permiten rastrear un camino que comienza con una solicitud privada y termina en una escabechina de aves y murciélagos de la que se había advertido con antelación, pero sin éxito.

El periplo oficial

La tramitación de los parques comenzó en 2017, cuando se registró la solicitud de estos proyectos colindantes que se instalarían en un corredor entre áreas protegidas de la Red Natura 2000. Los primeros análisis del servicio de Espacios Naturales del gobierno autonómico sí advirtieron de que, al haber en “los aledaños” águilas imperiales, “puede determinarse la inconveniencia de la instalación”, según recoge el escrito de solicitud de cambio de autorización de SEO/BirdLife.

El promotor, en su evaluación previa, decía, sin embargo, que “no se espera que la afección por riesgo de colisión de la avifauna con los aerogeneradores sea importante”. A los encargados de dar el visto bueno ambiental les pareció que, si la empresa instalaba unos “sistemas de detección, alerta y parada” en “como mínimo cinco aerogeneradores” para “disminuir el riesgo de colisión”, los proyectos podían seguir adelante, según indicaba la declaración de impacto ambiental favorable de octubre de 2019

Una vez que las obras de la infraestructura estaban en marcha, SEO/BirdLife acudió a los tribunales y solicitó como medida cautelar que se detuvieran los trabajos en los parques. Los cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha rechazaron esa medida.

En su decisión de 5 de abril de 2022, el TSJ decía que el proyecto “incorpora medidas de seguimiento y vigilancia dirigidas, sin duda, a evitar o, cuando menos, paliar esos posibles efectos perjudiciales sobre el hábitat y fauna de los espacios protegidos cercanos”. Y ponía de ejemplo, precisamente, los “sistemas y dispositivos automáticos en tiempo real con módulos de detección de aves, aviso y parada en cinco generadores”.

Los parques se pusieron finalmente a funcionar. Y las aves —incluidas águilas imperiales— empezaron a caer en sus palas. “Ha sido un impacto crítico”, explican ahora en SEO/BirdLife. “La autorización original se sustentó en la premisa de que las medidas serían suficientes”, insisten. Una premisa “ahora refutada”. La ONG remata que “los datos oficiales demuestran el fracaso absoluto de las medidas preventivas. La mortalidad supera cualquier umbral de permisibilidad”.

Cada día, España compra 1,2 millones de barriles de petróleo e importa más de 75 millones de metros cúbicos de gas, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). Son las cifras más simples sobre la dependencia que el país tiene de los combustibles fósiles cuyo uso causa la crisis climática.

El ataque de EE.UU. e Israel a Irán derivó en una fuerte subida en el precio del crudo y el gas. En poco tiempo llegará a los bolsillos de los consumidores. El cierre de la ruta comercial en el estrecho de Ormuz redujo la producción e incrementó el costo. Desengancharse de los combustibles fósiles, como pide la lucha contra el calentamiento global, rompe esa dependencia.

Lo expresó la presidenta del Banco Europeo de Inversión (y exvicepresidenta del Gobierno español), Nadia Calviño quien, en plena ola de ataques y represalias aéreos de estos días, dijo que “es más urgente aún que Europa reduzca su dependencia de los países productores de combustibles fósiles”. Calviño calificó esto como “la lección principal” que deja el conflicto bélico.

España soporta una fuerte dependencia energética. Necesita fuentes externas para satisfacer casi toda la demanda a la hora de encender la luz, que funcione una industria o se muevan los coches y camiones. En 2024, esa dependencia fue del 68,4%, según el Balance Energético del Ministerio de Transición Ecológica.

La dependencia de productos petrolíferos es demasiado alta. Es fundamental aumentar las renovables de forma que llegue a la gente, por ejemplo, en una aerotermia y coche eléctrico más baratos

Fernando Prieto — Director del Observatorio Español de Cambio Climático

Lo cierto es que bajó desde el 73%-75% calculado entre 2010 y 2015 y está marcando los mínimos históricos, pero “la dependencia de productos petrolíferos es demasiado alta”, opina el director del Observatorio del Cambio Climático, Fernando Prieto. “Es fundamental aumentar las renovables de forma que llegue a la gente, por ejemplo, en una aerotermia y coche eléctrico más baratos”.

Fue, precisamente el incremento de las energías renovables (eólica, solar e hidráulica) que producen el 25% de la energía que se consume en España, según Transición Ecológica lo que hizo que, con todo, la dependencia energética española se haya reducido significativamente. Y esa energía provoca muy pocas emisiones de CO₂ y amortigua la necesidad de importar combustibles fósiles.

Al mirar las estadísticas de CORES se ve fácilmente de quién depende más España para adquirir esos combustibles fósiles. Las cifras oficiales muestran que el primer vendedor de petróleo a España es, precisamente, EE.UU. (un 15%). Le siguen Brasil, México y Nigeria -todos por encima del 10%-. Esos países acumulan la mitad de las importaciones españolas.

Para el gas, el primer proveedor español es Argelia y el segundo es, de nuevo, EE.UU., que se benefició del recorte en el gas ruso. Aun así, Rusia siguió en 2025 siendo el tercer exportador para España.

Campaña antirrenovables y beneficios millonarios

Sin embargo, la ola reaccionaria de derecha y ultraderecha puso en su punto de mira estas energías limpias. El líder de esa ofensiva, el presidente Donald Trump, por ejemplo, llama despectivamente a la eólica “molinos de vientos” o “la mayor estafa”. Su país es el principal vendedor de petróleo a España y el tercero de gas, ambos combustibles fósiles, los competidores naturales de las energías renovables.

La consultora especializada en energía EnergyFlux calculó que a las empresas gasísticas estadounidenses se les abrió con los ataques una ventana de enormes ingresos económicos. “Más de 1.000 millones dólares a la semana”, anticiparon, como consecuencia del conflicto en Irán.

Su análisis explica que, al cerrarse la planta de gas de Ras Laffan en Qatar por los ataques (que representa una quinta parte del gas licuado mundial), se “crea un déficit de suministro que los productores de EE.UU. podrán aprovechar”. Según sus datos, el incremento de precio del gas registrado desde que comenzó la ofensiva de EE.UU. e Israel hizo que la rentabilidad nominal de un cargamento de gas desembarcado en Europa haya pasado de 25 a 50 millones de dólares.

“Esto significa que las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado (GNL) podrían generar hasta 4.000 millones de dólares en beneficios extraordinarios si la planta de Qatar permanece cerrada durante un mes”, concluyen.

Mientras, en España se está produciendo una campaña para salvar la energía nuclear, es decir, alargar la vida de los reactores cuyo cierre progresivo ya estaba proyectado. La nuclear no utiliza combustibles fósiles, aunque es 100% dependiente de importación de uranio. “Si se permiten las prórrogas de las centrales nucleares se va a cargar la evolución hacia las renovables”, advierte Fernando Prieto.

Los combustibles fósiles nos atan a los efectos del cambio climático y están ligados a violaciones de los derechos humanos así que no es solo una cuestión climática, sino de proteger el derecho de las generaciones futuras a un planeta que se pueda habitar y donde haya paz

Marina Gros — Coordinadora del área de Energía de Ecologistas en Acción

“Los combustibles fósiles nos atan a los efectos del cambio climático que estamos viendo, pero además, es que están ligados a violaciones de los derechos humanos”, ilustra la coordinadora del área de Energía de Ecologistas en Acción, Marina Gros. “Tanto en las comunidades cercanas a los puntos de extracción como a las de los de transporte e incluso aquí en España como en Muskiz. Al final, la energía puede ser utilizada como arma de guerra, pero también permite sostener la propia guerra”.

Gros subraya que, desde el ataque sobre Ucrania, “se ha intentado cambiar la dependencia del gas ruso por gas de EE.UU. y una vez llegados a este contexto de ataque ilegal en Irán, vemos que la dependencia del GNL norteamericano nos hace vulnerables. Nos ata a los mercados de precios internacionales y su volatilidad cuando se genera un incidente como este”.

En España el 65% de los productos petrolíferos se emplean para el sector del transporte, según el Balance Energético de Transición Ecológica. Sobre todo para los combustibles de los vehículos que circulan por carretera (que supone un 80% de la energía consumida por este sector). Y, justamente, esta actividad es la que emite más gases de efecto invernadero, la causa del cambio climático, en el país: un tercio del total nacional. “Considerando la relevancia de este sector en el total de las emisiones de gases, sería deseable observar un mayor desacoplamiento respecto al crecimiento económico”, explica el Inventario de Emisiones. Traducido: que los coches, camiones y furgonetas no inyecten tanto CO₂ desde sus tubos escape.

Sin embargo, la dependencia de los combustibles fósiles ya hizo que las asociaciones de transportistas por carretera CETM y Astic hayan pedido al Gobierno un paquete de ayudas por si los precios del gasoil se disparan. Ayudas significa dinero público para cubrir el gasto.

Al mismo tiempo, al cerrar el año 2025, la patronal europea de los motores que usan gasolina y gasoil, los constructores de automóviles, vieron cómo la Comisión Europea rebajaba su senda para desengancharse del petróleo y ya no va a prohibir esos vehículos a partir de 2030 como estaba previsto.

“Todo esto deriva de la dependencia energética”, resume Marina Gros. “Depender de los combustibles fósiles no es solo una cuestión del cambio climático, sino de proteger el derecho de las generaciones futuras a un planeta que se pueda habitar y donde haya paz”.

Las especies invasoras representan una amenaza creciente para los ecosistemas, la economía y la salud humana en Latinoamérica. En el sureste de México, el pez diablo, originario de la cuenca del Amazonas, invade cuerpos de agua dulce y altera el equilibrio natural. En Colombia, el caracol africano se ha vuelto incontrolable, desplazando especies nativas y dañando cultivos. Mientras tanto, en Argentina, el picudo rojo ha activado una alerta fitosanitaria que moviliza a autoridades y especialistas para proteger palmeras nativas y urbanas.

Frente a estos desafíos, la Semana de Concientización sobre Especies Invasoras (NISAW, por sus siglas en inglés) 2026 se llevará a cabo del 23 al 27 de febrero, con el objetivo de sensibilizar a la población internacional sobre la importancia de prevenir la propagación de especies exóticas en sus territorios.

En Mongabay Latam conversamos con expertos de México, Colombia y Argentina, quienes describen a estas tres especies invasoras como altamente eficientes, capaces de alterar ecosistemas y competir de manera agresiva con la fauna local. Detrás de sus historias está la responsabilidad humana en la alteración del equilibrio natural.

Pez diablo: el invasor que ha llegado a nuevos sitios en México

Hace dos años, el ictiólogo Jacobo Schmitter lanzaba una advertencia a Mongabay Latam: el pez diablo (Pterygoplichthys pardalis) podía llegar a la laguna de Bacalar. Este paraíso de Quintana Roo, en el sureste de México, famoso por sus aguas turquesa y sus cenotes, tenía un futuro vulnerable. “Esa era la preocupación y efectivamente ocurrió”, señala el especialista que ha estudiado este y otros peces invasores durante más de tres décadas.

Originario de la cuenca del Amazonas, el pez diablo tiene varias especies, pero fue Pterygoplichthys pardalis la que se instaló en el Río Hondo, en la frontera entre México y Belice, hace menos de diez años. Primero se detectó en el lado beliceño del río y poco a poco avanzó hacia su cauce principal. También ha aparecido en Tabasco y Veracruz, causando daños severos en ecosistemas, fauna regional y pesquerías locales. Según Schmitter, “no es que haya brincado de un sitio al siguiente, más bien son invasiones independientes”. La responsabilidad es del ser humano por haberlo traído a la región, haberlo dejado escapar o incluso haberlo soltado intencionalmente, asevera el investigador de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

El pez diablo representa una amenaza para los ecosistemas cuando se libera al medio natural desde acuarios, donde pudieron haberlo tenido como mascota. “Por donde se le busque, es pésima idea liberar animales de cautiverio al medio ambiente. No debe hacerse eso, jamás”, advierte Schmitter.

En 2024, el especialista se sorprendía de que Bacalar todavía resistiera, pues el paso desde el Río Hondo es directo a través del llamado “Canal de los Piratas”, que conecta con el sistema lagunar. “Como el pez diablo ya está bastante extendido en el río —en algunas partes muy abundante—, la pregunta era por qué no había llegado a Bacalar”, recuerda Schmitter.

Aunque el pez diablo es de agua dulce, puede tolerar cierta salinidad. Es una especie detritívora que se alimenta de sedimento, pero su impacto va mucho más allá de la dieta: al consumir y remover el fondo, especialmente cuando forma cardúmenes numerosos, altera drásticamente la calidad del agua, modificando su transparencia y la concentración de sólidos disueltos y suspendidos, lo que transforma el hábitat para otras especies. Además, su comportamiento excavador genera madrigueras y túneles en los márgenes de ríos, presas y lagunas, y cuando alcanza altas densidades puede provocar erosión, derrumbes de orillas e incluso el colapso de muelles artesanales.

En Bacalar, estos peces se concentran en lugares muy particulares: cenotes sumergidos dentro de la laguna, espacios a los que han llegado desde hace aproximadamente un año y medio.

Allí se han capturado varios ejemplares —una docena, máximo 20—, lo que indica que aunque aún son pocos, la especie ya forma parte del sistema de Bacalar. Esa es la principal novedad y motivo de alarma del fenómeno de invasión, advierte Schmitter. En el resto de los sitios que ya han invadido, como la localidad beliceña Blue Creek —una comunidad menonita— o en la localidad mexicana de La Unión, “si tiran las redes, la mayor parte de lo que capturan es pez diablo, como también ocurre en Pantanos de Centla, en Tabasco, u otros sitios invadidos desde hace más tiempo”, agrega.

El pez diablo ya ha comenzado a expandirse hacia otras lagunas cercanas a Bacalar. Por ejemplo, un estudiante de Schmitter, Elián Garza, lo detectó en la Laguna de Noh-Bec, en el municipio de Felipe Carrillo, Quintana Roo. Allí, al igual que en Bacalar, se han capturado muy pocos ejemplares —no más de tres o cuatro—, pero su presencia ya está confirmada. Como advierte el especialista: “Si ya se registró, en un par de años lo vamos a tener mucho más abundante; Noh-Bec sí tiene una calidad de agua como le gusta al pez diablo: un poquito más cenagosa, con menor transparencia y otro tipo de sedimento, más idónea para que la invada con éxito y prolifere”.

La vigilancia para evitar su llegada no ha funcionado mucho, sostiene el ictiólogo, pero sí funcionó muy bien para detectarlo. “Desde los primeros muy poquitos ejemplares, nos enteramos de que había llegado el pez. Y no es tanto porque nosotros hemos estado yendo a darle seguimiento a ver si salen más, sino porque la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Quintana Roo —la autoridad ambiental— ha estado muy activa y atenta. Van y si logran agarrar uno, nos lo traen a ECOSUR para verificar qué es”, agrega.

Como no es un pez cuya carne se comercialice, en algunas regiones se ha buscado aprovecharlo de otras formas. Se ha intentado, por ejemplo, convertirlo en harina para alimentar aves de corral y curtir su piel gruesa para elaborar artesanías, como si fuera cuero.

“La prevención es lo idóneo porque la erradicación es un poco menos que imposible, es muchísimo esfuerzo”, sostiene Schmitter. “Si se trata de sitios difíciles como los cenotes sumergidos en la laguna de Bacalar, es muy difícil hacer un recorrido exhaustivo, porque es profundo y hay mucho dónde pueden esconderse. Lo idóneo es la prevención, pero entonces uno se pregunta por qué no está restringido el comercio de estos organismos tan potencialmente dañinos ambientalmente”.

En los sitios ya invadidos, recomienda a la población a integrarse a sistemas de alerta temprana y notificar a autoridades ambientales o centros académicos cualquier avistamiento de especies exóticas. “Así como uno daría parte de un incendio, hay que dar parte de la presencia de estos animales en el medio natural”, concluye.

Caracol africano: el voraz invasor de Colombia

El caracol gigante africano (Lissachatina fulica), un molusco originario del oriente de África, se ha dispersado por toda la zona tropical del mundo con una eficacia preocupante. Esta especie tiene múltiples ventajas que le permiten colonizar rápidamente nuevos entornos: pone numerosos huevos, soporta climas adversos enterrándose durante meses si es necesario y come prácticamente cualquier cosa que encuentre a su paso. Además, los depredadores locales lo desconocen y no se atreven a enfrentarlo por su gran tamaño —puede alcanzar hasta 28 centímetros de longitud—, por lo que resulta un gran competidor para los moluscos más pequeños.

Según Alan Giraldo López, director del Grupo de Investigación en Ecología Animal y profesor del Departamento de Biología de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, quien ha dirigido múltiples investigaciones sobre la especie, advierte que la presencia del caracol africano en Colombia empezó a reportarse alrededor de 2010. Dos años antes fue declarada como especie invasora por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“Colombia tiene 32 departamentos y cuando nosotros empezamos nuestro estudio a nivel nacional en 2014 teníamos presencia reportada de caracol africano en 12 de esos departamentos. Para 2019 y 2020, ya estaba reportada en la totalidad de los departamentos del país”, afirma el especialista.

Para Giraldo, el caracol africano ya no es una especie invasora, sino residente permanente con poblaciones reproductivas locales. “Ya no podemos ver cómo erradicar a un invasor, sino cómo controlarlo”, dice.

Con su concha alargada, de color café oscuro a rojizo y con bandas que la recorren, este molusco gasterópodo puede alcanzar hasta 28 centímetros, aunque lo habitual es entre 10 y 12. Su aspecto llamativo ha llevado a que algunas personas lo mantengan como mascota, una práctica que contribuye a su rápida expansión.

“Sus vías de movilización fueron a través del transporte de mercancía, materiales o insumos en ferrocarril ”, describe Giraldo. “Nos fuimos a investigar uno de los parques donde llegan las locomotoras [de Buenaventura a Cali] y nos dimos cuenta de que en muchos de los contenedores y de las plataformas que utilizaba el tren para transportar contenedores tenían caracoles africanos en la parte de abajo. Es muy probable que la forma de dispersión más común, de mediana escala, sea a través del transporte de materiales vegetales”.

Aunque el caracol gigante africano no altera directamente las condiciones del suelo, sí representa una amenaza para cultivos y entornos urbanos debido a su voracidad. Prefiere brotes tiernos y frutos comunes del trópico como tomate, papaya y plátano, lo que puede afectar la producción agrícola desde etapas tempranas. También prospera en plazas de mercado, jardines con restos de poda, acumulaciones de materia orgánica e incluso madera en descomposición. Puede raspar paredes para consumir pintura o cal, donde obtiene minerales para fortalecer su concha.

Como resume el especialista, “es una maravilla desde el punto de vista operativo como especie porque puede obtener recursos de todas partes”.

Además de los impactos económicos, el caracol africano puede representar un riesgo para la salud humana porque puede portar el parásito Angiostrongylus cantonensis, asociado a casos de meningitis. Cuando este organismo infecta a una persona, puede alojarse en el cerebro, así como en los ojos, pulmones o el abdomen.

“Creo que el caracol vino para quedarse. No lo vamos a sacar del país por mucho esfuerzo que hagamos. Así se inviertan millones de dólares, no se podrá hacer. Tenemos que establecer acciones de control y reconocimiento de la potencialidad de la especie como vector de enfermedades zoonóticas”, sostiene Giraldo.

Uno de los caminos propuestos por los especialistas es atacar directamente las posturas de huevos para romper el ciclo poblacional. “Si uno logra erradicar las posturas, muy probablemente el influjo de nuevos individuos a la población se reduce drásticamente”, subraya Giraldo. Paralelamente, han desarrollado trampas pasivas que permiten a las comunidades recolectar los caracoles de manera más segura y disponerlos como residuos biológicos peligrosos con apoyo de las autoridades ambientales.

“Creo que en este momento la mayor debilidad que tenemos es la falta de articulación institucional: no nos sentamos en un mismo escenario para compartir información y generar respuestas unificadas”, concluye Giraldo.

Picudo rojo: el insecto que llegó a una isla en Argentina

En Argentina, la amenaza del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) sobre las palmeras ya no es un problema lejano: esta especie invasora, originaria de Asia, ha avanzado imparablemente por Europa, África e incluso las Islas Canarias en el marco del comercio internacional de palmeras, especialmente datileras. Actualmente, productores, municipios y especialistas del país están en alerta, luego de que la especie fuera detectada en la Isla Martín García, en la provincia de Buenos Aires, lo que llevó a declarar una emergencia fitosanitaria en ese lugar.

“Es una isla que está entre medio de Uruguay y Argentina, en el Río de la Plata, y tiene jurisdicción binacional porque tiene parte de ambos países. Creemos que pudo haber llegado por una dispersión natural porque está muy cerquita —a unos 5 o 6 kilómetros— de la costa de Uruguay, donde hay picudo rojo”, describe Diego Alejandro Pérez, ingeniero agrónomo y coordinador general de Emergencias y Contingencia de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El picudo rojo es un pequeño pero temible enemigo de las palmeras, pues afecta a más de 30 géneros, tanto de especies nativas como ornamentales. Con su color rojizo o anaranjado y manchas negras, mide apenas tres a cinco centímetros de longitud. Su cuerpo duro y su característico “pico” en el aparato bucal son característicos del grupo de los curculiónidos, también conocidos como cascarudos.

Los adultos vuelan de palmera en palmera, depositando sus huevos en la base de las hojas. De estos nacen larvas voraces que, con el tiempo, crecen hasta alcanzar el tamaño del propio adulto y devoran los tejidos tiernos de la planta desde dentro. Cada hembra puede generar hasta 400 huevos y hasta tres generaciones al año. Su voracidad termina matando la planta.

La emergencia fitosanitaria declarada a inicios de febrero de 2026 exige acción inmediata. Cualquier persona que detecte la plaga —ya sea en larva, pupa o adulto— o daños sospechosos en palmeras debe notificarlo de inmediato al Senasa, ya sea desde su oficina más cercana o mediante los canales oficiales. La obligación recae no solo sobre productores y comercializadores de palmeras, sino también sobre autoridades sanitarias y organismos de investigación, con el fin de activar rápidamente los controles necesarios para evitar la dispersión y establecimiento de la plaga en Argentina.

“Lo que nos preocupa es que Argentina tiene grandes extensiones de áreas protegidas y parques nacionales integrados por palmeras”, describe Pérez. “Por ejemplo, en Entre Ríos está el Parque Nacional El Palmar, donde la especie protagonista es la palmera Yatay (Butia yatay), con más de 500 palmeras por hectárea”.

Sin embargo, el picudo rojo muestra una fuerte preferencia por la palmera canaria, una especie exótica que se encuentra habitualmente en plazas, iglesias, espacios urbanos y viviendas rurales argentinas, donde se ha plantado por tradición.

“Esa es la palmera favorita del picudo rojo y todavía no conocemos cuál podría ser el efecto sobre las palmeras nativas”, sostiene Pérez.

En la Isla Martín García, área protegida de Argentina, los guardaparques alertaron al Senasa sobre palmeras que mostraban síntomas de afectación por el picudo rojo. Las hojas de la copa empezaban a secarse y adoptaban un aspecto parecido a un hongo o paraguas, señal evidente de la presencia de la plaga.

A partir de la alerta fitosanitaria, se intensificaron las tareas de vigilancia en la isla, especialmente por ser una zona turística. Se controla cuidadosamente la entrada y salida de pasajeros, ya que, al ser una reserva natural, preocupa que alguien pueda transportar palmeras o insectos que faciliten la propagación del picudo rojo, explica Pérez.

El especialista señala que al detectar un ejemplar afectado, el plan de contingencia establece el corte de la palmera, la aplicación de insecticidas o tratamientos específicos sobre los restos de hojas y tallos, y la disposición final de los residuos en lugares seguros, ya sea mediante entierro o trituración, para evitar la dispersión de la plaga.

“La clave está en que los ciudadanos, los visitantes, todo aquel que visite un área donde está ampliamente distribuido el picudo rojo, como en Uruguay, no traigan palmeras ni sus restos”, concluye Pérez. “Los turistas que van a la isla deben tener exactamente la misma precaución cuando regresen al continente. Por último, es importantísimo que cualquier sospecha que tengan sobre las palmeras que están en sus casas o en el arbolado público, rápidamente den aviso al Senasa para ver su estado”.

AA / NB

El cambio climático resumido en una imagen: un esquiador de fondo se lanza a la competición de 10 km de unos Juegos Olímpicos de invierno en los Alpes sin la parte de arriba de su traje. Va en musculosa porque hace calor.

El protagonista, el estadounidense John Steel Hagenbuch, bromeó luego sobre su look al postear una imagen suya esquiando en una playa, pero no fue el único competidor en aparecer en camiseta sobre la pista de nieve artificial el 13 de febrero. Más allá de ver a un atleta invernal con los brazos al aire, la superficie inusualmente blanda al estar derritiéndose por el calor generó caídas y lesiones.

“¿Por qué nadie habla de cómo la crisis climática está amenazando los Juegos de invierno?”, se pregunta la responsable de energía y clima de WWF-Italia, Mariagrazia Midulla. Las temperaturas en ascenso impiden que las precipitaciones sean en forma de nieve, reducen los días de heladas y derriten aprisa la superficie helada o nívea. La ONG se queja de que “los organizadores de Milano-Cortina han construido grandes sistemas de generación de nieve artificial que captan una gran cantidad de agua de unas reservas que ya soportan mucha presión”.

En este sentido, si bien no se ha llegado al nivel de los JJOO de Pekín de 2022 donde casi toda la nieve fue artificial y consumió unos 2,79 millones de metros cúbicos de agua, la cita italiana calcula que serán necesarios 948.000 m³ de líquido para generar nieve, según la organización World of Statistics. “Se está manteniendo al mínimo necesario para tener una competición segura”, asegura el Comité Olímpico Internacional, a pesar de las imágenes de esquiadores de máximo nivel por el suelo debido a las condiciones de la pista.

La cuestión que lanza Midulla resuena en tiempos de negacionismo climático ascendente. Los JJOO de invierno dependen del frío en las montañas. Precisamente uno de los escenarios donde más crudamente está golpeando el calentamiento global causado por las emisiones de gases de las actividades humanas. Un chivato con el mayor altavoz del mundo: la edición de Pekín 2022 acumuló 2.000 millones de audiencia –un 5% más que cuatro años antes en Pyeong Chang, según el COI–. La cadena estadounidense NBC ha informado de que las competiciones de Cortina d'Ampezzo han batido récords de telespectadores.

Así que lo que el mundo está viendo en sus pantallas –si quiere– es que, aunque haya jornadas en las que cae nieve, hay otras en la que lo que cae es lluvia (que deshace la nieve) y en muchas de las instalaciones necesitan manto artificial. La última vuelta de tuerca ha sido contemplar esquiadores en manga corta.

Tendencia corroborada

Los datos no hacen más que evidenciar cómo se recalienta el planeta y más todavía las cumbres de las cordilleras. Cortina d'Ampezzo –cuyas pistas más altas están a más de 2.800 metros de altitud– ya fue sede olímpica en 1956. En los setenta años que han transcurrido desde esa edición, la temperatura media en febrero allí ha subido 3,6ºC, según un estudio de Climate Central. “El rápido calentamiento ha acercado las temperaturas promedio de ese mes al punto de deshielo”, afirma. Se ha pasado de contar 214 días con heladas en el periodo 1956-1965 a una media de 173 entre 2016 y 2025. Una caída del 19%.

El calentamiento acelerado se ha constatado “en los Himalayas, los Alpes y los Andes lo que podría llevar a cambios rápidos en la línea de nieve, la transición lluvia-nieve y la retirada de los glaciares”, describió el Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático (IPCC) ya en 2021.

Lo que han constatado in situ los científicos es que el espesor del manto de nieve en los Alpes durante la temporada de esquí de noviembre a mayo ha caído un 8,4% por década desde 1971 a 2019. Y la cubierta blanca dura un 5,6% menos. En la zona de Cortina d'Ampezzo la reducción de la capa en febrero es de unos 15 centímetros.

Con una visión amplia, todas las localidades donde se han celebrado JJOO invernales a partir de 1950 muestran un incremento de temperatura de 2,7ºC. Un estudio conjunto de las universidades de Waterloo (Canadá) e Innsbruck (Austria) calculó que de la 97 potenciales sedes olímpicas de invierno, solo 52 mantendrían condiciones de temperatura y nieve mínimas para celebrarlos en 2050 en una proyección intermedia de calentamiento global. Y, como el análisis de Climate Central recuerda: “Sin temperaturas lo suficientemente frías y suficiente nieve en el suelo, los atletas olímpicos pueden experimentar condiciones como lluvia, nieve húmeda o poca cobertura de nieve”. No es un escenario del futuro, según se ha visto en Cortina d'Ampezzo.

La situación es tan clara que un grupo de atletas olímpicos ha escrito a la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, para que renuncie a patrocinadores relacionados con los combustibles fósiles. La gran petrolera y gasística italiana Eni es patrocinadora principal de estos Juegos.

En la carta le dicen a la presidenta que se asegure de que esas compañías “sean inelegibles como sponsor olímpico, como ya ocurre con la prohibición sobre el tabaco”. Y rematan: “La mayor amenaza al sueño olímpico son los combustibles fósiles”.

¿Lejos de España?

Lógicamente, los deportistas de invierno son uno de los principales sectores afectados e interesados por este proceso. Un grupo de atletas que no es muy significativo en España donde la relevancia de los JJOO de invierno es mucho menor que la de la versión estival.

Sin embargo, el mismo proceso que preocupa a los olímpicos hace que, en España, las zonas turísticas más vulnerables al cambio climático sean, por un lado, el litoral y, por otro, las montañas, como explica el Ministerio de Transición Ecológica en su Análisis de impactos sobre el sector turístico.

Ese impacto viene por el “acortamiento de la temporada de turismo de nieve por la menor cobertura especialmente a bajas altitudes”. Las consecuencias en las cumbres son más evidentes y también “más patente su dificultad de adaptación”.

El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático del CSIC ha informado de que los inviernos más cálidos “están reduciendo los días con nieve acumulada suficiente, se retrasa el inicio de las temporadas y esto conlleva implicaciones económicas negativas para las estaciones y las zonas rurales dependientes de la nieve”.

La patronal del sector suele atribuir a su actividad un volumen económico de 2.000 millones de euros anuales y 100.000 empleos directos e indirectos.

Este lunes, como si se tratara de socavar la acumulación de datos, al salir a la pista uno de los pocos deportistas españoles en Cortina d'Ampezzo a disputar el eslalon especial de esquí alpino, las imágenes de televisión han mostrado que, en esta ocasión, sí caían copos. Un alivio, cada vez más raro, de nieve.

Franco Vedia, también conocido como “Levi Callata”, vive en la comunidad de Tusaquillas, en Jujuy. Es una de las 38 comunidades ubicadas en la cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Donde vive, la ganadería y la agricultura locales cubren la mayor parte de las necesidades de la comunidad, pero, según él, no es una vida fácil.

“De vivir en el territorio es una vida sufrida, pero al mismo tiempo también tiene una vida cultural muy linda”, explicó Vedia.

Uno de los elementos claves de su cultura es el reconocimiento y el respeto mutuo hacia otras personas y el mundo natural. “Nuestras abuelas nos enseñaron que cada vez que cruzamos por un ojito de agua, o algún río, o algún campo, o algún cerro, hay que ir saludando como si estuviera saludando a otra persona”, describió.

Pero no todos los que llegan a esta tierra tienen las mismas tradiciones. Los humedales altoandinos, que incluyen los salares, lagos y lagunas de Argentina, Bolivia y Chile, no solo son valorados porque las comunidades que los bordean dependen de su presencia y sirven como un combatiente crucial del cambio climático, sino también porque contienen más de la mitad del litio del mundo, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

El litio, u “oro blanco”, según FARN, se está convirtiendo rápidamente en uno de los recursos más cruciales en la transición global hacia las energías limpias. Se utiliza principalmente en la producción de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía, y se considera indispensable para los esfuerzos de descarbonización. Los humedales altoandinos son un lugar para encontrar este material gracias a sus condiciones ambientales únicas. 

“El litio es un elemento relativamente común en la naturaleza, se puede encontrar tanto en salmueras como en rocas, incluso en aguas subterráneas, océanos, ríos y lagos”, explicó Cecilia Dominguez, líder de ambiente y sustentabilidad de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. “En el noroeste argentino y chileno se han definido yacimientos de litio con concentraciones económicamente rentables que hoy son minas en operación (dos en Chile y seis en Argentina)”.

Los humedales altoandinos de Argentina se ubican principalmente en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. El aumento de los proyectos mineros en la región ha afectado la calidad y cantidad del agua dulce disponible para las comunidades locales. Debido al impacto de la minería en su calidad de vida, las comunidades indígenas que viven allí han resistido durante años con protestas y acciones legales, según FARN.

María Laura Castillo Díaz, coordinadora del Programa Altoandinos de FARN, explicó que desde que comenzó su programa hace 15 años, FARN trabaja con las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, compartidas entre las provincias de Salta y Jujuy, para exigir el consentimiento libre e informado previo a la extracción de litio en la región.

Castillo Díaz agregó que, durante su trabajo interdisciplinario con expertos en diversos campos, su equipo ha notado que actualmente no existe mucho conocimiento de base sobre el estado actual de los humedales altoandinos. “Entonces, al no saber cómo hoy es y cómo funcionan, difícilmente uno pueda saber cuál es el impacto de una actividad sobre ellos”, señaló Castillo Díaz.

Aun así, los líderes ambientales buscan maneras de proteger estos ecosistemas en peligro. Argentina formó parte de la Convención de Ramsar, un tratado dedicado exclusivamente a la protección internacional de humedales, en 1992, y tiene 24 sitios Ramsar protegidos. Sin embargo, aún enfrenta dificultades para protegerlos, según Castillo Díaz, quien agregó que el hecho de que un sitio esté designado bajo el tratado no significa que no se puedan realizar actividades en él.

“Lamentablemente, hay sitios Ramsar en los que, por ejemplo, se desarrolla minería también y que también están siendo afectados”, destacó Castillo Díaz. “Y entonces, esa protección lamentablemente no es eficaz porque los ecosistemas terminan sufriendo también la degradación que es consecuencia de esas actividades”.

Sin embargo, las empresas mineras tienen que pasar por un largo proceso antes de poder comenzar a extraer los recursos naturales.

“El descubrimiento de un yacimiento de litio no implica que éste será una mina en operación, deben pasar varias pruebas técnicas, económicas, ambientales y sociales para convertirse en una mina”, dijo Dominguez. “Estos periodos son largos y el trabajo es progresivo”.

La zona donde vive Vedia se ve profundamente afectada por la minería de litio y tierras raras. Vedia considera que estas prácticas son insostenibles y que, si las empresas agotan el agua, su comunidad se vería obligada a reubicarse.

“La Puna es un lugar, es una zona semi-árida, entonces el agua no es abundante, sino que es un recurso muy, muy, muy preciado, porque no es que está en todos lados, sino que es subterránea y se los puede ver en los humedales”, explicó Vedia.

Vedia continuó: “Estamos hablando de un uso muy irresponsable, muy desmedida, sin garantías de protección, de reparación, entonces no hay un diálogo, no hay algo confiable, no hay algo de buena fe. Nosotros en ese sentido lo vemos, se ve como un extrativismo más que nada”.

Vedia afirmó que considera el conflicto como un fracaso institucional, ya que, desde su punto de vista, el Estado argentino y las empresas de litio intentaron iniciar la minería sin una consulta significativa, lo que llevó a las comunidades a organizar protestas para proteger su territorio y crear el protocolo Kachi Yupi para formalizar un proceso de consulta. Sin embargo, el gobierno provincial lo ignoró, imposibilitando un diálogo genuino, afirmó.

“No puede haber un diálogo eficiente si una de las partes no está dispuesta a escuchar”, dijo Vedia.

Sin embargo, Domínguez explicó que las empresas tienen sistemas integrados para tener en cuenta las voces locales a la hora de tomar decisiones.

“En las provincias con comunidades indígenas en la zona de los proyectos, se establecen mesas de trabajo donde participan las autoridades provinciales, las autoridades comunitarias y la empresa involucrada”, Dominguez señaló. “En estas mesas la empresa presenta resultados y se acuerdan los planes de monitoreo y las acciones de relacionamiento. Se relevan inquietudes y se da respuesta, realmente funcionan como un espacio de intercambio y acuerdos”.

En la región, a menudo denominada el “Triángulo del Litio”, los gobiernos deben consultar con las comunidades indígenas antes de la exploración de recursos naturales, según el Convenio 169 de la ILO. Los líderes internacionales también enfatizan que las empresas deben obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas antes de tomar medidas.

Clemente Flores es de El Moreno, comunidad indígena El Angosto, dentro de la Cuenca Salinas Grandes de Jujuy, Argentina, donde ha visto los impactos de los mineros con sus propios ojos: “Los daños no son ahora ya visibles. Son dentro de uno o dos años. Entonces, a los 10 metros, 30 metros del lugar, no pasa nada. No se secan las plantas, no pasa nada porque las plantas tienen mucha vida todavía. Pero con el corre del tiempo, eso se deteriora”.

Pero a medida que pasa el tiempo, todavía hay formas de mejorar. Según un comunicado de prensa de FARN, el 27 de junio de 2025, 10 comunidades indígenas de la Red Torna Lickana, ubicada en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, lograron que su territorio fuera inscrito como “Territorio de Vida” conservado en el Registro TICCA.

Fue el primer territorio argentino para ser “incorporado a esta plataforma global de territorios que se caracterizan por estar gestionados de forma autónoma por comunidades, que actúan como custodios mediante sus propias formas de gobernanza”, señaló FARN.

“Este logro visibiliza el papel central de las comunidades en la protección de los humedales andinos, amenazados por la demanda de minerales del Norte Global. Refleja su profunda conexión con el territorio y el valor esencial de sus conocimientos para la conservación de la naturaleza, en consonancia con lo establecido en múltiples marcos internacionales de biodiversidad”, declaró Castillo Díaz en el comunicado de prensa en inglés con motivo del Día Mundial de los Humedales.

Sin embargo, según FARN, todavía queda revitalización por hacer: Hemos perdido el 87 por ciento de los humedales del mundo en los últimos 300 años. Desde 1970, se ha perdido el 22% de su superficie a nivel mundial, de acuerdo al sitio Ramsar.

“Entendemos que hoy por hoy el mundo se ha digitalizado tanto que ya es imposible imaginar un mundo donde no haya computadoras, no haya celulares, no haya vehículos, entonces no haya internet por ejemplo”, señaló Vedia. “Pero también yo creo que es mucho más imposible todavía poder imaginar un mundo, vivir en un mundo donde no haya agua”.

Izando la bandera de Puerto Rico, Bad Bunny se acerca a cuatro postes de luz que chispean mientras tres personas, vestidas de blanco y ataviadas con una pava (sombrero de ala ancha de los campesinos boricuas), danzan suspendidas en el aire.

“¡Maldita sea, otro apagón!”, dice el artista mientras escala el cuarto poste. Aunque “El Apagón” suena a un himno de fiesta y orgullo boricua (con ese ritmo de bomba y house tan pegajoso), la realidad es que es una canción de protesta muy directa. Bad Bunny no la escribió solo para bailar; la usó como un altavoz para denunciar la crisis energética de su isla.

Pero, el domingo anterior, en mitad del Super Bowl , el “Conejo Malo” no estaba hablando solo de Puerto Rico. Su música desnudó la precariedad eléctrica de toda una región, lo cual sirvió de advertencia: urge abandonar los combustibles fósiles y exigir una transición energética justa.

Apagones por todas partes

La situación eléctrica en América Latina y el Caribe es, para ser honestos, un verdadero crisol de contrastes. Mientras algunos países lideran en energías limpias, otros están viviendo momentos realmente críticos. 

Cuba, por ejemplo, está enfrentando un déficit energético masivo. Se estima que los apagones afectan a más del 61% del territorio. La combinación de plantas termoeléctricas obsoletas, falta de mantenimiento y dificultades extremas para importar combustible ha llevado al sistema al borde del colapso.

Ecuador, después de vivir dos años, 2024 y 2025, marcados por cortes de hasta 14 horas, parece estar tomando un respiro. El gobierno ha asegurado que para este primer trimestre de 2026 no habrá apagones, gracias a una mejor gestión de embalses como Mazar y la entrada de nueva generación, aunque el sistema sigue siendo muy sensible a las sequías.

Argentina ha tenido que implementar planes de contingencia para evitar el colapso durante los veranos, cuando ocurren los picos de calor. De hecho, el 1 de enero de 2026, el país estrenó el nuevo año con miles de usuarios sin servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido a una ola de calor agobiante. 

Durante 2025, el gobierno argentino tuvo que lanzar programas de “gestión de demanda”, pagando a grandes industrias para que disminuyeran su consumo y así evitar apagones masivos en zonas residenciales.

¿Las causas? Infraestructura de distribución obsoleta y un parque de generación que trabaja al límite de su capacidad, incapaz de cubrir picos de demanda superiores a los 30.000 MW sin importaciones masivas de energía.

En los últimos años, México ha enfrentado crisis eléctricas de considerable magnitud. El episodio más grave se registró en mayo de 2024, cuando una ola de calor extremo elevó el consumo energético y desencadenó el colapso del sistema eléctrico nacional. Las proyecciones apuntan a un incremento de estos eventos durante la temporada estival, impulsado por temperaturas récord y una demanda energética sin precedentes. 

Pese a contar con una capacidad instalada superior a los 90.000 MW, los cortes más recientes ocurrieron con una demanda de apenas 40.000 MW, evidenciando un problema estructural: la infraestructura de generación en México no ha crecido al ritmo del consumo, y décadas de rezago en mantenimiento han limitado la operación de numerosas plantas a su capacidad óptima. 

En Honduras, aunque el gobierno ha intentado descartar racionamientos para 2026, la realidad operativa ha sido distinta. En marzo de 2025, Honduras sufrió un apagón nacional total que incluso afectó la interconexión con el resto de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Nicaragua). Los cortes por fallas en las líneas de transmisión y el déficit de generación han sido constantes en provincias como Olancho y Atlántida.

La alta dependencia hondureña de la generación térmica está entre las causas, así como las pérdidas de energía por robo o mal estado de la red (que superan el 30%) y retrasos en nuevos proyectos de generación.

¿Por qué está pasando esto? Confluyen cuatro factores. El primero: aunque el 67% de la electricidad fue generada por fuentes limpias en 2025 –principalmente hidroeléctrica, eólica y solar–, la región sigue dependiendo de los combustibles fósiles (gas, carbón y petróleo) para producir el 33% de la electricidad. 

El segundo es la dependencia del agua como recurso energético. La mayor parte de la región depende de la hidroelectricidad y, con el cambio climático, las sequías son más largas y extremas, dejando los embalses vacíos.

En julio de 2025, por ejemplo, debido a sequías extremas, la renovabilidad a nivel regional bajó del 71% al 65% en apenas un mes. Para llenar ese vacío, los países activaron sus plantas de fuel-oil y carbón, que son más caras y contaminantes, disparando el costo de las facturas eléctricas.

El tercer factor es la infraestructura. Muchos sistemas de transmisión y plantas térmicas tienen décadas de antigüedad. Sin inversión constante, fallan justo cuando la demanda sube.

El cuarto es justamente el aumento de la demanda. La digitalización, el uso de aire acondicionado por las olas de calor y el crecimiento industrial están empujando la demanda a niveles que las redes actuales no siempre pueden soportar.

“Aquí se perrea hasta que amanezca / Y la calle está prendía, aunque no haya luz eléctrica / ¡Maldita sea, otro apagón! / Pero no importa, vamo' pal' callejón”.

Benito Martínez Ocasio cantó con doble sentido. Uno literal para exponer la falta de electricidad. El otro, simbólico: el intento de “apagar” o invisibilizar la cultura y los derechos de los puertorriqueños en su propia tierra. 

“Yo no me quiero ir de aquí / Que se vayan ellos / Que se vayan ellos / Lo que me pertenece a mí se lo quedan ellos”.

La gentrificación que vive la isla también se denota en cómo los beneficios fiscales están atrayendo a inversionistas extranjeros que compran edificios y playas, desplazando a los puertorriqueños de sus propios barrios. También encareciendo las tarifas eléctricas y, en general, el costo de la vida.

“Esta es mi playa, este es mi sol”.

El verso es un grito de resistencia, y también plantea una oportunidad.

Donde el sol calienta, también ilumina

América Latina y el Caribe es una potencia en energía solar y eólica. Datos de Zero Carbon Analytics (ZCA) revelan que, a noviembre de 2025, el 19% de la electricidad de la región provino de fuentes solares y eólicas, superando el promedio mundial del 17,6%. Si sumamos la hidroelectricidad, la matriz es una de las más limpias del planeta.

Ya 16 países de la región se han unido bajo la iniciativa Renovables en América Latina y el Caribe (RELAC) con el objetivo de que al menos el 80% de su electricidad provenga de fuentes renovables para 2030.

Además, y según el informe de ZCA, la transición hacia la energía solar se está utilizando específicamente para estabilizar la red eléctrica. Esto garantiza que hospitales y escuelas no sufran cortes constantes, por ejemplo.

La transición energética también trae consigo mejoras en la salud pública. El 11% de la población latinoamericana aún depende de combustibles contaminantes para cocinar. La expansión de la electricidad renovable permite el acceso a estufas eléctricas, lo que reduce directamente las muertes por contaminación del aire en los hogares. Y sí, las mayores beneficiadas son las mujeres.

Ciertamente, las renovables son una buena inversión. Al aprovechar recursos naturales abundantes (sol y viento), que tienen costos operativos más bajos que los combustibles fósiles importados, se puede avanzar hacia tarifas más justas, permitiendo que la electricidad sea un servicio accesible para todos, no un lujo.

La transición no solo da luz, sino también sustento. El informe de ZCA menciona que la expansión de las renovables es un motor de creación de empleos verdes en la región, lo que fortalece el derecho al trabajo y a una vida digna.

El gran reto sigue siendo la interconexión regional para que los países puedan venderse energía entre sí, y más fácilmente, cuando uno tiene excedentes y el otro está a oscuras.

De hecho, el informe advierte que se necesita una inversión anual equivalente al 0,8% del PIB regional (unos 577.000 millones de dólares hasta 2030) para cerrar la brecha de acceso y descarbonizar totalmente la red.

Que nadie se quede a oscuras

Si bien no aparece explícitamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la energía (y específicamente a la electricidad) es un derecho habilitador. En otras palabras, sin electricidad es prácticamente imposible ejercer otros derechos fundamentales que sí son reconocidos.

“No es solo que se ‘va la luz’ en los hogares, cada corte implica hospitales, escuelas, sistemas de agua y otros servicios esenciales paralizados, con impactos desproporcionados en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”, dice Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Para América Latina y el Caribe, la electricidad no es solo comodidad, es la herramienta principal para romper el ciclo de la pobreza. En zonas rurales de los Andes, la Amazonía o el Caribe, la electricidad permite que pequeñas comunidades procesen sus productos agrícolas y dejen de depender únicamente de la luz del día, aumentando su productividad.

Históricamente, en la región, la falta de servicios básicos afecta desproporcionadamente a las mujeres, quienes suelen dedicar más tiempo a tareas domésticas manuales (como buscar leña o lavar a mano) cuando no hay energía disponible.

Asimismo, esta es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. La electricidad es vital para los sistemas de alerta temprana ante huracanes o inundaciones, y para sobrevivir a las olas de calor extremo que aquejan al Cono Sur y al Caribe.

No obstante, el problema en América Latina no es solo de generación, sino quién puede pagar la electricidad. La región tiene algunos de los costos de electricidad más altos en relación con el salario mínimo.

Se habla de pobreza energética cuando una familia debe gastar más del 10% de sus ingresos solo en pagar la luz, o cuando tiene que elegir entre comer o mantener las bombillas encendidas.

Un dato que permite dimensionar la situación: 18 millones de latinoamericanos siguen a oscuras y otros 78 millones cocinan con leña, evidenciando que la transición energética aún no llega a quienes más la necesitan.

Para Krsticevic, garantizar un acceso seguro, continuo y asequible a la energía es un derecho habilitante, indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos como la salud, la educación, el acceso al agua y la información. Por esa razón, la transición energética justa no puede entenderse únicamente como un cambio tecnológico, implica transformaciones profundas a nivel social y político.

Esas transformaciones estructurales son a las que se refería la Opinión Consultiva (OC-32) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al reconocer el derecho a un clima sano. De allí que Krsticevic resalte la importancia de reforzar el financiamiento para energías limpias y la resiliencia de los sistemas eléctricos.

En América Latina, garantizar la electricidad es un tema de soberanía y dignidad. Si un Estado no puede garantizar la luz, está “apagando” las oportunidades para su gente.

“Vamo' a prender la planta, vamo' a armar un vacilón / Porque aquí no se para, aquí no se detiene / Puerto Rico tiene lo que nadie tiene / ¡Puerto Rico está bien cabrón!”.

Con el permiso de Benito: América Latina tiene lo que nadie tiene. ¡América Latina está bien cabrona!

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.  

El gobierno nacional, con el proyecto de ley para modificar la Ley de Glaciares, intenta avanzar en la entrega de un bien común —el agua dulce— a los gobiernos provinciales pro-extractivismo y a las empresas internacionales dedicadas a la actividad minera e hidrocarburífica. Del agua de los glaciares de Argentina dependen 1800 localidades y más de siete millones de personas. Hay que ser claros: no se trata de “adecuación de la ley”, es un retroceso absoluto en los cuanto a la protección del ambiente y los derechos humanos.

La ley que protege el agua

El Estado Argentino consideró, ponderó y decidió en 2010 que los glaciares y el ambiente periglacial, que constituyen el 70 por ciento de reserva de agua dulce en el mundo, era un recurso estratégico fundamental para la vida en el planeta y le otorgó un marco protectorio legal especial. Fue así como surgió la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (26.639), en el marco de las competencias que en materia ambiental ostentan Nación y Provincias (Artículo 41 de la Constitución Nacional).

De esta forma, se sancionó una norma que concedió una tutela ambiental uniforme para todo el territorio nacional (un piso), reservándose las provincias la potestad para establecer el máximo de protección (techo), aumentar el umbral de protección a los presupuestos mínimos, pero nunca retrotraer esos estándares. Esta decisión fue “política pública” y trascendió los distintos gobiernos, con distintas orientaciones (liberales, progresistas, conservadores).

La ley 26.639 tiene por objeto la “preservación de los glaciares y el ambiente periglacial”, como reservas estratégicaspara el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Estas son las funciones hídricas protegidas por la ley. “Los glaciares son bienes de carácter público”, aclara la ley.

Define al “glaciar” como toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Y precisa al “ambiente periglacial”, en la alta montaña, como al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico y en la media y baja montaña, como el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.

Los legisladores encomendaron al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia)la realización del Inventario Nacional de Glaciares a los efectos de determinar su ubicación, superficie y clasificación morfológica tanto de los glaciares como el ambiente periglacial para su adecuada protección, control y monitoreo.

La ley 26.639 determina la prohibición de actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones hídricas señaladas, o las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, y en particular, “prohíbe, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, donde estén emplazados los glaciares y en zonas de ambiente periglacial”. Ambos espacios están protegidos actualmente.

Derecho humano al agua

Como resultado de la labor encomendada al Ianiglia, los/as argentinos/as sabemos que los glaciares de Argentina están ubicados a lo largo de 4.000 kilómetros, en la Cordillera de los Andes, presentes en doce provincias, alimentan a 39 cuencas hídricas y sus respectivas sub-cuencas. Se relevaron 560.000 kilómetros cuadros (km2), se inventariaron 16.968 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 8.484 km2. Todos estos espacios y superficies gozan de plena protección legal, los que en función del principio de progresividad y no regresión, que rige en materia ambiental, deben ser preservados y por lo tanto, no pueden ser disminuidos, alterados, degradados, por actividades antrópicas.

Hay que destacar que del agua proveniente de los glaciares (descongelamiento) para consumo humano y para recarga de las 39 cuencas hidrográficas dependen unas 1800 localidades, con más de siete millones de personas. De esto estamos hablando cuando nos referimos a la Ley de Glaciares.

En el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) califico al derecho de acceso al agua potable como “un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

En la misma dirección se pronunció —a su tiempo— la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) al señalar que, “el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces”.

La CSJN ha elaborado, a través de diversos fallos, una doctrina judicial en materia de uso y gestión del agua, destacando la importancia de su preservación no sólo para asegurar el consumo humano y la satisfacción de las necesidades fundamentales para la vida, sino además para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema (basado en relaciones de interdependencia de cada uno de sus componentes) y la preservación de las cuencas hídricas como unidad. Es importante destacar la “interdependencia entre el agua (en sus diferentes estados, como glaciares y ambiente periglaciar) y otros elementos del ambiente natural, especialmente los suelos, el subsuelo y los bosques nativos, incluyendo las conexiones ecosistémicas relevantes”.

Un proyecto para las mineras y petroleras

El proyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei, a instancias de las provincias pro-mineras, sin ningún tipo de participación ciudadana previa, pone en riesgo la protección de los cuerpos de agua. Le concede a los gobiernos provinciales potestades discrecionales y políticas para decidir (ante proyectos mineros e hidrocarburíficos), cuáles glaciares y ambientes preiglaciales cumplen o no con funciones hídricas importantes. Todo esto, sin base científica alguna. Y, mucho menos, participación ciudadana.

Se trata de propuesta absolutamente regresiva en materia ambiental y, por lo tanto, contraria de la Ley General del Ambiente, la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, entre otros.

Dejar sin protección legal o excluir a los ambientes periglaciares (o suelos congelados) o darles un tratamiento legislativo autónomo y distinto a la protección de los glaciares, es de una supina ignorancia respecto de cómo funcionan los ecosistemas glaciares, entendidos como sistema y como unidad, formados a lo largo de miles de años de evolución.

“El estudio de los suelos congelados (ambiente periglacial) es de una importancia estratégica fundamental, su comportamiento tiene consecuencias directas sobre la estabilidad de los ecosistemas, los recursos hídricos y la vida del hombre. Este hielo funciona como un 'cemento' que cohesiona el terreno, y su desaparición provoca problemáticas complejas”, explica la doctora Carla Tapia Baldis.

Cualquier intervención antrópica sobre este espacio tendrá su repercusión sobre todo el ecosistema glaciar, pero principalmente afectará el funcionamiento y recarga de las cuencas hídricas, de conformidad al funcionamiento “sistémico” y el criterio de “unidad” desarrollado por la Corte Suprema en los fallos analizados.

Todo lo que se haga sobre el ecosistema glaciar va a repercutir sobre la cuenca hídrica. Se encuentra involucrado el derecho humano fundamental de acceso al agua potable, indispensable para la vida y como condición previa para la realización de otros derechos humanos (a la salud, a la vida, a la integridad de la persona humana, al ambiente sano).

De manera absolutamente arbitraria, unilateral, inconsulta y sin ningún tipo de fundamento técnico-científico que avale su decisión, el presidente Milei pone al servicio de los gobiernos provinciales, aliados a las corporaciones mineras e hidrocarburíficas, la potestad para decidir qué glaciares y ambiente periglacial merece o no protección legal; y a partir de allí ser objeto de concesión minera o hidrocarburífica.

Un proyecto inconstitucional e ilegal

La propuesta legislativa de Milei no puede ser analizada por fuera del actual contexto geopolítico global, signado por el avance de los gobiernos de extrema derecha, negacionistas del cambio climático y de la responsabilidad del sistema capitalista (capitaloceno) como impulsor directo e indirecto de la destrucción ecológica, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, del calentamiento global y reforzador de las dinámicas extractivistas, que profundizan las desigualdades sociales y las asimetrías de poder.

Estas dinámicas extractivistas se facilitan y concretizan mediante la celebración de acuerdos bilaterales, entre los Países Centrales (Desarrollados) y los Países Periféricos (en vía de desarrollo) para facilitar la inversión y el comercio. Y para asegurarles el acceso a los minerales estratégicos y críticos a Estos Unidos, la Unión Europea y China (litio, cobre, manganeso, cobalto, grafito, niquel, tierras raras).

Argentina implementa políticas públicas de promoción de inversiones extranjeras, a largo plazo (30 años) con beneficios y exenciones tributarias, cambiarias, aduaneras y fiscales. Un ejemplo es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Al mismo tiempo, el Gobierno flexibiliza normativas ambientales, desfinancia programas y políticas públicas de protección de bienes comunes (combate contra el fuego, protección y conservación de bosques nativos); desmantela y cierra espacios de formación e investigación (INTA, INTI, Conicet); y ataca la promoción de otros modos de producción en armonía con la naturaleza en un contexto de creciente emergencia climática (agricultura familiar, campesina e indígena).

El proyecto de ley del Presidente violenta los tratados y convenciones internacionales suscriptos por el país que lo obligan, entre otras, a tomar medidas eficaces para la conservación de la biodiversidad, para asegurar un nivel de vida adecuado a las personas; su integridad física, psíquica y moral, su honra y su dignidad, la protección del niño, la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas y sociales, garantizar el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y el mejoramiento en todos sus aspectos del medio ambiente.

La iniciativa de Milei no supera el test de constitucionalidad porque violenta la cláusula ambiental, que impone a todas las autoridades (Nacionales, Provinciales, Municipales) a proveer a la protección del derecho de todos los habitantes a vivir en un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica (Art. 41). Tampoco supera el test de legalidad, al contrariar la Ley de presupuestos mínimos de protección del ambiente (25.675). Vulnera también la Ley 25.688 (de Presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas) y la Ley 27520 (de Presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático).

En resumen, el proyecto de modificación de glaciares del presidente Milei no debe prosperar. El Congreso de la Nación debe rechazar “in limine” la propuesta legislativa, no dar tratamiento ni, eventualmente, aprobación, por resultar contrario a los tratados, convenciones, Constitución Nacional y leyes analizadas.

Los tiempos políticos que corren indican que es la hora de los pueblos, de las comunidades, de las Organizaciones y movimientos socio-ambientales de base horizontal, que una vez más deberán resistir estos embates políticos en defensa del bien común (glaciar y ambiente periglacial).

Modelos opuestos

El actual modelo de desarrollo capitalista, imperial y colonial ha mostrado sus límites y su enorme capacidad destructiva de las condiciones de habitabilidad del planeta y de la trama social. Es fundamental re-pensar en una salida alternativa desde el sur global que tenga en cuenta su cultura, su historia, su identidad, el modo de ser latinoamericano. Las soluciones a los problemas globales deben surgir desde los contextos locales, capaces para crear futuros sustentables y no imponerse desde el exterior.

Otros mundos (ya) son posibles: autoorganización, complejidad, y culturas postcapitalistas que ya están emergiendo a través de prácticas locales y movimientos sociales que desafían el orden global dominante. Ese es nuestro gran desafío y la invitación a formar parte de esta corriente transformadora debe ser amplia y muy generosa. Estamos todos/as invitados/as a se parte de la construcción de un futuro deseado y posible.

*Abogado especializado en Derecho Ambiental.

**Extracto del artículo titulado “Hablemos de los Glaciares: No se puede defender aquello que no se conoce”.

***Edición: Darío Aranda.

Una medusa fantasma gigante fue hallada por científicos argentinos en las profundidades del Mar Argentino durante la expedición marina “Vida en los extremos”, encabezada por el CONICET y la UBA.

Se trata del ejemplar de Stygiomedusa gigantea que fue encontrado a más de 250 metros de profundidad y es una especie rara y poco observada que puede alcanzar dimensiones extraordinarias.

La medusa sorprendió a los investigadores por sus enormes dimensiones, las cuales fueron comparadas con las de un ómnibus escolar, mientras que la misma fue hallada a unos 253 metros de profundidad en el talud continental.

La citada medusa se trata de una especie que, a diferencia de otras, carece de tentáculos urticantes y se alimenta mediante cuatro largos brazos bucales que pueden extenderse hasta 10 metros, utilizados para capturar plancton y pequeños peces, mientras que la campana puede medir cerca de un metro de diámetro, lo que junto a sus brazos genera un impacto visual inusual.

En tanto, se indicó que la expedición se llevó a cabo a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too) entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y que durante la misma se recorrieron zonas desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, con el objetivo de explorar áreas poco conocidas del océano argentino.

Tomy, un histórico chimpancé que había sido rescatado de un circo y que vivía en el ex Zoológico de la ciudad de La Plata, murió a los 49 años tras permanecer durante décadas en el lugar.

El deceso del animal fue detectado por sus cuidadores en la tarde del miércoles por la tarde, mientras que se informó que no atravesaba enfermedades ni presentaba síntomas previos ya que los controles diarios no habían arrojado alertas sobre su estado general de salud.

El chimpancé estaba bajo seguimiento permanente de equipos profesionales y técnicos y durante la mañana había tenido un comportamiento habitual al recibir sus raciones alimentarias correspondientes, mientras que interactuó con sus cuidadores como lo hacía diariamente.

En tanto, desde el lugar donde se encontraba alojado se indicó que el hallazgo ocurrió después de las 13, cuando el personal se acercó para suministrarle alimento y, al no responder a los llamados, los cuidadores dieron aviso al Servicio Veterinario que constató el fallecimiento del chimpancé.

Tomy pertenecía a la especie Pan troglodytes, había nacido en 1977 y llegó al entonces Zoológico de La Plata el 8 de enero de 1980 luego de estar en un circo, vivió en el lugar durante 46 años y, durante los últimos años, habitó un espacio adaptado a sus necesidades, acompañado por un equipo que organizó su rutina diaria.

Además, desde 2023, los cuidadores impulsaron un proyecto judicial para que sea declarado “sujeto de derecho”, mientras sostenían una convivencia cotidiana basada en la cercanía y el contacto permanente.

Los animales que viven en colonias dependen del grupo para encontrar comida y defenderse del frío. Su supervivencia se basa en permanecer juntos, compartir calor y protegerse de los depredadores. En esas condiciones, cualquier desplazamiento solitario resulta peligroso, porque alejarse del mar significa quedarse sin alimento y sin refugio.

Por eso, cuando un pingüino se aparta de su familia, el riesgo de morir se multiplica. Aun así, a veces ocurre: un ejemplar se desorienta, cambia de rumbo y se aleja hacia zonas donde no hay comida ni agua. Esa rareza ha despertado la curiosidad de quienes observan su conducta, ya que muestra hasta qué punto el instinto puede fallar y poner en peligro su vida.

Un pingüino extraviado que el público convirtió en símbolo del cansancio

Un fragmento de la película Encounters at the End of the World, dirigida por Werner Herzog en 2007, ha resurgido en redes sociales y ha devuelto este fenómeno a la conversación pública. En la secuencia, un pingüino de Adelia abandona su colonia en la Antártida y emprende una marcha solitaria hacia las montañas. El video, extraído del documental, se ha viralizado en plataformas como TikTok, Instagram o X, donde miles de usuarios lo han apodado el pingüino nihilista.

La difusión comenzó en TikTok a mediados de enero de 2026 y se extendió rápidamente a otras redes, donde las versiones del clip acumulan millones de reproducciones. En esos espacios digitales, el animal se ha convertido en un símbolo de agotamiento y desconexión, una figura usada con ironía para hablar de rendición o distancia emocional. Se repiten frases como “cuando ya has tenido suficiente” o “sabe algo que nosotros no”, acompañadas del video que muestra al ave perdiéndose entre el hielo.

En el documental, la escena se rodó mientras el animal caminaba en dirección contraria a su grupo. El clip procede del tramo en que Herzog muestra cómo un pingüino se separa de su colonia y avanza hacia el interior helado, a unos 70 kilómetros del mar. Aunque el documental tiene casi dos décadas, su redescubrimiento ha impulsado un nuevo interés por el comportamiento del ave.

La explicación científica desmonta el sentido filosófico del fenómeno

Muchos ven en el pingüino nihilista una representación del cansancio o de la decisión de apartarse sin motivo aparente. La palabra nihilista se aplica aquí a quien considera que nada tiene sentido y deja de seguir las reglas del grupo. Memes, parodias y montajes se repiten cada día en redes, donde el ave aparece como una metáfora irónica de rendición ante el mundo moderno.

Desde un punto de vista científico, la marcha solitaria de un pingüino no tiene contenido filosófico. Según NDTV, los investigadores explican que algunos ejemplares pueden desorientarse por una enfermedad, una lesión o un problema neurológico, lo que les hace caminar hacia tierra firme en lugar de volver al agua. En la película, el investigador David Ainley explica que el animal camina hacia el interior del continente y que, incluso si se le devolviera al grupo, repetiría el mismo recorrido hasta morir.

Esa marcha, que Herzog describió como un “camino hacia la muerte”, suele acabar lejos de los bancos de alimento y sin posibilidad de retorno. Aunque no se confirmó su final, los expertos coinciden en que el ave probablemente murió por hambre, agotamiento o frío extremo. Casos así son poco frecuentes, pero cuando ocurren remueven algo en la gente, y las redes terminan haciendo que una escena mínima se vuelva casi universal.

El documental

El mundo lleva 50 años intentando proteger a los humedales —ecosistemas de agua dulce, marinos y costeros—, los cuales cubren apenas 6 % del planeta, pero son cruciales para los seres humanos: son suministro de alimentos, reguladores del agua y un medio de subsistencia para más de 1000 millones de personas.

En Latinoamérica, parte del cuidado de muchos lagos, ríos, acuíferos subterráneos, pantanos, marismas, turberas, pastizales, estuarios, marismas, manglares y más zonas costeras no sería posible sin las prácticas y conocimientos tradiciones de comunidades indígenas y campesinas, como el manejo del agua y sus ciclos, normas comunitarias, calendarios agrícolas y pesqueros, así como sistemas de gobernanza que dan prioridad al equilibrio ecológico, antes que a la explotación de los recursos.

Sin este conocimiento, resultaría complicado conservar los ecosistemas donde habita el 40 % de todas las especies de plantas y animales.

Los humedales también son grandes aliados climáticos por su papel clave para evitar emisiones de gases de efecto invernadero, que en muchos casos almacenan más carbono que los bosques tropicales, pero también son relegados por los tomadores de decisiones a nivel mundial.

Pese a los beneficios que generan, son también uno de los ecosistemas con mayor deterioro. A nivel mundial, se ha perdido el 35 % de los humedales naturales, que desaparecen tres veces más rápido que los bosques, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

En este Día Mundial de los Humedales, Mongabay Latam destaca tres casos en los que los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas están restaurando y protegiendo a estos refugios de vida, frente a los impactos de la agroindustria, la construcción, la pesca excesiva, la sobreexplotación de recursos y la crisis climática.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada realizan estrategias de restauración con comunidades vecinas y autoridades, así como de uso compartido de recursos. Foto: cortesía AIDA[/caption]

Sierra Nevada, donde los humedales sagrados son restaurados por pueblos de Colombia

Para los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta —el sistema costero montañoso más alto del mundo—, los humedales que hay en esta región del Caribe colombiano representan espacios sagrados que conectan ecosistemas, pero también culturas y conocimientos.

Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), sostiene que los humedales de la región representan una conexión “espiritual, natural y biológica” para los pueblos kankuamo, kogi, wiwa y arhuac.

“Cumplen una función importante en la conservación de diferentes especies, son espacios donde hacemos nuestro trabajo de armonización y al mismo tiempo aportan materiales sagrados para el ejercicio de la cultura, del gobierno y del territorio”, explica a Mongabay Latam.

El líder indígena señala que el pueblo Kankuamo apuesta no solo por la recuperación de territorios a raíz de la colonización, sino también en generar planes ambientales en coordinación con otras autoridades, así como estrategias de restauración con comunidades vecinas y de uso compartido de recursos.

Una de esas estrategias es el monitoreo que hacen las comunidades en los humedales en coordinación con instituciones ambientales para intercambiar conocimientos técnicos y científicos que respete la visión indígena que existe por estos espacios.

“Por ejemplo, los mayores identifican qué tipo de variedades de plantas están en riesgo o están en proceso de recuperación desde la parte espiritual”, relata Arias sobre los impactos de diferentes actividades humanas, como la minería y el turismo masivo.

De acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la Sierra Nevada de Santa Marta existen cerca de 251 concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura que ponen en riesgo los ecosistemas de la región.

“Frente a eso, estamos en un ejercicio de recuperar los humedales, los manglares, las lagunas, los ríos y otros espacios donde se conserve o se restablezcan esos corredores biológicos y ancestrales”, comenta el dirigente, quien agrega que la protección de estos ecosistemas genera una “estrategia de pedagogía” con otros actores y comunidades.

Arias también sostiene que estas prácticas ya se ven reflejadas en la Ciénaga Grande, el humedal costero más grande de Colombia, así como en ecosistemas del Parque Tayrona y en manglares del departamento de La Guajira.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada también participaron en el proceso de la opinión consultiva emitida en 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual reconoció por primera vez el derecho a un clima sano, como una medida para enfrentar la crisis climática.

La estrategia también ha sido legal. En 2018, los pueblos de la Sierra Nevada lograron que el Estado de Colombia emitiera el decreto 1500, que reconoció y delimitó formalmente la cartografía oficial de la Línea Negra o “Sezhiya”, la cual conecta 348 sitios sagrados para estas poblaciones.

A través de la red Amigos de la Sierra, organizaciones como AIDA, las clínicas jurídicas de la Universidad del Rosario y de Antioquia promovieron estrategias judiciales para que se emitiera este decreto, el cual es clave para saber cómo deben construirse estrategias de conservación y restauración de ecosistemas con enfoque biocultural, a partir de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y respetando sus espacios sagrados.

El reto, añade Arias, será fortalecer estos procesos ante realidades cada vez más complejas, como las dinámicas provocadas por el cambio climático.

“Toca ser más efectivo no solo en la participación sino en la implementación de esas salvaguardas y garantías. Hoy, los pueblos somos gobiernos y desde la naturaleza es fundamental cuidar estos espacios para obtener el equilibrio”, sostiene.

Una victoria para comunidades que protegen humedales, culturas y derechos en Argentina

Las comunidades del pueblo atacama, ubicado al norte de Argentina, consideran más importante el cuidado de la tierra y el “buen vivir” que cualquier modelo económico de desarrollo.

Parte del territorio que habitan incluye a los humedales altoandinos, formados por salares, lagos, lagunas y bofedales, ecosistemas de gran valor biológico, cultural y económico que les han permitido vivir desde hace más de 10 000 años en esta región andina, ubicada a más de 3500 metros sobre el nivel del mar.

Esta profunda conexión territorial ha sido la clave para que 10 comunidades atacameñas fueran reconocidas como áreas TICCA (territorios y áreas conservados por los Pueblos y Comunidades Indígenas), también llamados territorios de vida. Son iniciativa de una plataforma internacional donde las propias comunidades generan datos, estudios, mapas y análisis para la preservación de estos espacios frente a la explotación de recursos.

Se trata de los primeros territorios de Argentina con este reconocimiento y que conforman la Red Torna Lickana con las comunidades Incahuasi, Raíces Andinas, Corralito, Matancillas, Casa Colorada, Esquina de Guardia, Tipan, Cobres, Rangel y Cerro Negro, asentadas en la cuenca del salar Salinas Grandes, en las provincias de Salta y Jujuy.

Cada una de ellas emplea el conocimiento tradicional para conservar su territorio y al mismo tiempo las actividades que les dan sustento, como el cuidado y aprovechamiento de animales, agricultura, la extracción de sal y la medicina tradicional.

Vanina Corral, abogada y responsable del área de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señala que estas reglas comunitarias sobre el uso del agua, el pastoreo y la agricultura sostenibles han sido vitales para la preservación de los territorios.

“Los sistemas de gobernanza propios de las comunidades son clave porque están basados en sus conocimientos tradicionales que no son solo saberes del pasado, son sistemas vivos de gestión del territorio que nos han demostrado durante siglos cómo convivir con estos ecosistemas sin destruirlos”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Este sistema, señala, en donde hay reglas compartidas sobre dónde cultivar, pastorear o cuándo extraer agua, evita la sobreexplotación de los humedales y permite que se regeneren de forma natural.

Sin embargo, los humedales altoandinos también están cada vez más amenazados por actividades humanas, principalmente la minería de litio y otros minerales estratégicos a gran escala, en las provincia de Catamarca, Salta y Jujuy.

“La minería de litio no solo vulnera al ecosistema por la cantidad de agua que utiliza en ecosistemas donde hay muy poca”, comenta Corral. “También tiene impactos en la cultura y en la vida de las comunidades que hoy luchan por mantener sus formas de vida ancestrales”.

De acuerdo con información proporcionada por las propias comunidades a la plataforma TICCA, esta amenaza comenzó en 2010 con la llegada de empresas interesadas en la explotación de litio sin generar ninguna discusión o consulta sobre los impactos culturales, políticos, ambientales, sociales, y económicos en las comunidades.

Entre los impactos que detectan los propios habitantes está el incremento de tránsito, lo que pone en riesgo a los animales de los cuales subsisten; perturbación de los humedales por la instalación de pozos de bombeo; y el mal manejo de residuos sólidos.

Pese a las presiones de la industria, las poblaciones atacameñas han trabajado en estrategias legales a diferentes niveles para proteger el territorio. Comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc llevaron su reclamo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También mantienen procesos a nivel provincial y nacional, como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con este expediente buscan frenar la extracción de litio en sus territorios para priorizar el acceso al agua.

Para Corral, el histórico reconocimiento de territorios como TICCA en Argentina es clave para visibilizar el rol de las comunidades indígenas en la conservación de la naturaleza, desde prácticas culturales, espirituales y sociales, lo que permite construir alianzas e intercambiar experiencias con otras poblaciones en la región.

Sin embargo, afirma que este reconocimiento es más “simbólico y político”, pues considera que hay retos importantes para que los saberes tradiciones de las comunidades indígenas ocupen un lugar central en políticas públicas y puedan reflejarse mejor en la práctica.

“Todavía las decisiones, las políticas de protección de estos ecosistemas tienen que integrar las voces de estos territorios y receptar estos reconocimientos. Proteger los humedales también es proteger culturas, derechos y futuros posibles”, afirma.

Rituales tradicionales y defensa del Lago Titicaca en Perú

Desde el lado peruano que rodea al Lago Titicaca —el más alto del mundo— mujeres lideresas de distintas provincias se han organizado para proteger a este humedal de importancia mundial y que desde abril de 2025 fue reconocido como sujeto de derechos.

El trabajo de la Red de Mujeres Lideresas Unidas en Defensa del Agua y el Lago Titicaca ha combinado rituales ancestrales, monitoreo comunitario y estrategias legales para intentar rescatar al humedal que enfrenta graves problemas de contaminación por metales pesados y aguas residuales.

Para la agrupación de mujeres de la región de Puno, el Lago Titicaca no es solo una fuente de agua, sino un ser vivo con el que se comunican.

“El lago nos avisa, nos comunica”, dice Soraya Poma, quien está al frente de la red de mujeres, al explicar cómo el lago les guía en los procesos de agricultura.

“En [lengua] aymara decimos que sale una cosa verde en las piedras. Cuando sale en la primera semana de septiembre, la primera siembra va a estar bien. Cuando el lago se negrea y está oscuro decimos que va a caer la lluvia”, explica la dirigente y agricultora a Mongabay Latam.

Incluso, en épocas de sequía, cuenta, la comunidad de Suancata, de la provincia de Chucuito Juli, acude al lago para un ritual: sacar a la rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus), que, en la cosmovisión de los pueblos de la región, es un invocador de lluvias y de fertilidad. Las ceremonias, detalla Poma, también incluyen ofrendas como la hoja de coca, reconociendo al lago como parte central del orden natural y espiritual del territorio.

Este vínculo cultural ha sido clave para sostener una defensa activa frente a la contaminación del Lago Titicaca. Las mujeres han impulsado denuncias, campañas de concientización durante festividades masivas como la Virgen de la Candelaria y acciones comunitarias de recolección de basura en las riberas. Además, han promovido un monitoreo comunitario binacional con comunidades del lado de Bolivia.

“En un inicio hasta llegamos a discusiones con las hermanas de Bolivia. Hicimos un pacto y tenemos un documento oficial para trabajar en diferentes actividades. Hacemos monitoreo solicitando especialistas, biólogos, para saber en qué grado ya está la contaminación”, explica la dirigente.

Tras años de trabajo, negociaciones y resistencia frente a la discriminación institucional, el Consejo Regional de Puno aprobó una que reconoce al Lago Titicaca como sujeto de derechos, un logro insuficiente pero que implicó coordinar los conocimientos tradicionales de las comunidades con estrategias legales.

“Para esta ordenanza hemos dado alma, vida, corazón. Pero también dentro de este proceso hemos sufrido discriminaciones”, recuerda Poma, pues implicó un desgaste que aún persiste ante autoridades que cuestionan o desdeñan su relación con el lago.

Aunque este decreto fue un paso histórico, las lideresas advierten que la lucha continúa. El reto ahora es la reglamentación y la implementación que debe traducirse en acciones reales de restauración, tratamiento de aguas y control de actividades extractivas.

“El lago está pidiendo auxilio”, dice Poma, quien señala como un reto en sí mismo la coordinación de las 60 mujeres que integran la red y viven en comunidades apartadas entre sí. Sin embargo, también ve esperanza en su saber y su organización por el humedal.

“Con la organización se puede proteger un río, un lago, dejar un territorio limpio para nuestras futuras generaciones”, afirma.

Esta nota se publicó originalmente en Mongabay Latam el 2 de febrero de 2026.

ED

La Patagonia argentina enfrenta una de las peores tragedias ambientales de la última década. El Gobierno de Javier Milei declaró finalmente la emergencia ígnea este jueves, tras reiterados pedidos de los gobernadores de la región, donde el fuego avanza desde finales de diciembre y afecta varios parques nacionales, como Los Alerces. La provincia de Chubut, la más afectada, fue declarada «zona de desastre». En medio del fuego, avanzan quienes hacen un trabajo silencioso arriesgando sus vidas. Son los brigadistas que se insertan entre el bosque quemado y el humo agobiante para rescatar animales silvestres, pero también domésticos.

Susana Rizzuto tiene un doctorado en Biología y es docente en la cátedra de Zoología General en la Facultad de Ciencias Naturales y de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La experta relató a Mongabay Latam que el fuego en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut, se originó por un rayo eléctrico dentro de un área intangible de bosque nativo. Ese fuego se fue conteniendo bajo los protocolos del área protegida, pero el 1° de enero ese incendio se descontroló en medio de anomalías térmicas de calor y sequías.

“En paralelo, más al norte, en Puerto Patriada -misma provincia-, en la localidad de El Hoyo, un fuego intencional tomó por sorpresa a muchos turistas y tuvo un comportamiento extremo avanzando en bosques exóticos y bosques nativos de las localidades del Hoyo, Epuyén y está yendo hacia otra localidad llamada El Maite”, afirmó Rizzuto a Mongabay Latam.

La experta añadió que como estos incendios todavía están activos, aún no se han realizado evaluaciones técnicas. En estas zonas hay especies emblemáticas como el huemul o ciervo andino (Hippocamelus bisulcus), el pudú o ciervo enano (Pudu puda), el puma (Puma concolor) y el monito de monte (Dromiciops gliroides). “También hay presencia de jabalíes y ciervos colorados, por lo que no se sabe si estas especies pudieron o no migrar para escapar del fuego. Muchos de ellos quizá no hayan podido escapar”, afirmó.

Rizzuto destacó que la fauna silvestre afectada por los incendios tiende a escapar de las zonas con fuego e incluso los animales pueden llegar heridos a áreas pobladas. “Se han visto vacas con las pezuñas quemadas, caballos con gran parte del cuerpo afectado y fauna silvestre desorientada que comienza a aparecer en rutas o zonas pobladas”, dijo.

Por ahora, los esfuerzos se enfocan en contener el fuego, frenarlo y proteger casas de la población y el rescate de fauna silvestre. “Hay ayuda de diferentes veterinarios y protectores de animales silvestres, como fundaciones de equinoterapia, como la que integro. Se están recolectando insumos veterinarios, alimentos para mascotas y grandes animales. Sobre todo porque estos animales dependen de las pasturas que están en estos bosques y que hoy se han quemado”, dijo Rizzuto.

De acuerdo con el último comunicado oficial del Parque Nacional Los Alerces, el incendio en la reserva se encuentra activo entre lago Verde y lago Rivadavia. “La complejidad de control en el área inicial, con riscos altos, sin disponibilidad de agua y con una acumulación sobre el suelo de casi un metro de cañas secas, facilitó una propagación veloz en cuanto se combinaron las condiciones meteorológicas de altas temperaturas, baja humedad, inestabilidad atmosférica y vientos intensos”, informaron desde el parque nacional.

Según medios argentinos, unas 70 personas fueron afectadas mientras combatían el incendio. Las temperaturas pueden llegar a los 29 ºC y la humedad relativa mínima es del 25 %. Mientras, los vientos tienen una velocidad de entre 10 y 20 kilómetros por hora en direcciones variables, predominando del sector oeste, con ráfagas que van aumentando hasta 35 kilómetros por hora.

La ardua labor de los rescatistas y brigadistas

Natalia Dobransky, coordinadora de la Brigada Forestal Mallín Ahogado, explicó a Mongabay Latam que la labor que realizan tiene que ver con aplicar agua, evacuar personas, asegurar las vías de escape para las evacuaciones, defender los bienes de las personas, los galpones, los animales y todo lo que tenga que ver con infraestructuras para que los medios oficiales, que son los que están encargados de contener el incendio, puedan dar respuesta.

Su brigada cuenta con un camión autobomba y una camioneta de ataque rápido. Con esos motorizados llevan sus cuadrillas y realizan tareas de liquidación, tratan de enfriar, defender las viviendas, aplicar agua, hacer cortafuegos, eliminar la carga de vegetación que hay entre las zonas donde se desarrolla el incendio y las infraestructuras para evitar el avance del incendio a estos lugares y defender.

“Por más que tengas mucha agua o tengas los recursos necesarios o el conocimiento, hay una condición que es crítica: la exposición a las altas temperaturas. Cuando estás en un lugar donde todo alrededor se está prendiendo fuego, por más agua y recursos que tengas, muchas veces no se puede hacer nada. El incendio camina mucho más rápido que los recursos humanos y tiene una intensidad calórica que impide estar cerca de las llamas”, detalló Dobransky, quien está en la primera línea de la brigada.

La especialista recalcó que los animales domésticos, el ganado vacuno y los caballos son los más afectados por los incendios, pero también hay afectación a la fauna nativa y a la pérdida de suelo. “Eso es muy grave en los incendios, ya que cuesta mucho más que se recupere, pero también hay tendencias a generar muchas complicaciones ambientales como derrumbes, la erosión hídrica, que puede contaminar las aguas”, dijo.

Dobransky añadió que existen más especies afectadas, como el pato de los torrentes (Merganetta armata) y el cóndor andino (Vultur gryphus). “A largo plazo se verá cómo se verá afectada la fragmentación del hábitat de estas especies provocada por los incendios. Acá hay que tener en cuenta la recuperación de esos ecosistemas para que las especies puedan sobrevivir”, detalló. La experta dijo que la fauna silvestre ahora no podrá esconderse de sus depredadores y tampoco tendrán alimentos debido al fuego.

“Es un círculo necesario de entender, cómo funciona el sistema ambiental del bosque andino para hacer un buen manejo previo, durante y después de un incendio”, remarcó Dobransky.

Desde el grupo de rescate Almas, se informó a Mongabay Latam que desde una perspectiva científica y de conservación, el fuego actúa de manera selectiva según la movilidad de las especies de fauna silvestre. En esa línea, existen consecuencias graves para aquellas de desplazamiento limitado, como el monito de monte, que es un actor central en la regeneración del bosque por su rol en la dispersión de semillas. Esta especie sufre tasas de mortalidad cercanas al 100 % en incendios de copas de árboles. Su pérdida compromete la recuperación natural de los ecosistemas.

Otras especies afectadas: los ciervos patagónicos y otras aves

Almas detalló que el huemul, cuya población ya se encuentra fragmentada, se ve obligado a desplazarse hacia zonas desprovistas de cobertura vegetal durante los incendios, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a depredadores y a la escasez de alimento. También son vulnerables algunas aves, como el carpintero gigante (Campephilus magellanicus) y el cóndor andino, que pierden nidos históricos. Los incendios estivales coinciden con etapas críticas de cría, lo que provoca pérdidas generacionales directas de pichones.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sostiene que la mayor parte de las especies silvestres durante incendios padecen de podopatías traumáticas, quemaduras en pezuñas por transitar por suelos calientes y cenizas incandescentes. Además de lesiones oculares por la exposición prolongada al humo y a partículas en suspensión que provocan queratoconjuntivitis severas que, sin tratamiento, pueden derivar en pérdida de visión.

Pero además sufren por estrés y deshidratación, que se provoca por el shock metabólico tras la huida del fuego que reduce las defensas, facilitando la aparición de enfermedades oportunistas.

La veterinaria Daniela Navarro, quien forma parte del equipo que asiste a los animales afectados, informó a Mongabay Latam que ahora en los incendios la mayor parte de especies afectadas son las domésticas, pero no minimizó que haya fauna nativa víctima del fuego. “Nosotros vemos más a los animales domésticos, de granja. Sobre la fauna silvestre, la verdad no vimos por ahora los cadáveres, y soy sincera, es difícil ingresar a la zona de fuego, porque te quemas los pies”, dijo.

Navarro indicó que el equipo veterinario cuenta con experiencia en este tipo de emergencias. “Somos un grupo que, desgraciadamente, ya tenemos cinco incendios encima, así que estamos bastante bien organizados”, afirmó. Actualmente, la atención se centra principalmente en caballos quemados y ovejas, aunque anticipó que podrían registrarse más casos a medida que regresen animales que lograron sobrevivir. “Hay muchísima mortandad”, lamentó.

Esta nota se publicó originalmente en Mongabay Latam el 30 de enero de 2026.

ED

El CONICET y la Fundación Rewilding Argentina realizan un nuevo streaming que genera pura ternura debido a que los protagonistas en esta oportunidad son los pingüinos de Magallanes. Dicha transmisión se lleva a cabo en la provincia de Chubut y tiene como objetivo seguir toda su temporada de reproductiva.

A través de la cuenta de YouTube de Fundación Rewilding Argentina, expertos del CONICET concretan una nueva investigación en busca de conocer los secretos de la reserva de pingüinos.

La transmisión se realiza en la Isla Tova, la cual alberga una de las colonias de pingüinos de Magallanes más numerosas de Patagonia Azul, una de las áreas más biodiversas de la costa del Mar Argentino.

Las autoridades destacan que con la cámara en vivo “se puede observar el corazón de una colonia de pingüinos y seguir toda su temporada de reproductiva”, la cual va desde la construcción del nido y la puesta de huevos, hasta la eclosión y el cuidado de sus pichones.

A su vez, suman que este streaming permitirá avanzar con la investigación local sobre conservación, “permitiendo a los científicos estudiar el comportamiento y el éxito reproductivo de los pingüinos de forma remota y no invasiva, contribuyendo así a la protección de esta extraordinaria especie y su frágil hábitat”.

La Patagonia argentina afronta desde el inicio del verano austral una de las peores temporadas de incendios en décadas, en un contexto de crecientes cambios en las condiciones climáticas y de reducción de recursos estatales para prevenir y contener el avance de las llamas, que ya destruyeron más de 45.000 hectáreas de zonas protegidas, viviendas e infraestructura.

En el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, 20.000 hectáreas de terreno montañoso cubierto de bosque y vegetación fueron alcanzadas por incendios atribuidos a la caída de un rayo en diciembre pasado y que bomberos y brigadistas no logran contener en su avance hacia zonas residenciales aledañas.

Unos 200 kilómetros más al sur, un incendio en un sector boscoso conocido como Puerto Patriada superó en los últimos días la cifra de 23.000 hectáreas quemadas y afectó numerosos hogares en las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo.

En la zona de El Turbio, también en Chubut, otras 3.000 hectáreas se quemaron desde comienzos de 2026.

A estos focos se suman varios más pequeños distribuidos en otros puntos de la Patagonia y cuyo impacto todavía no ha podido ser calculado.

Diferentes brigadas locales, provinciales y nacionales se desplazaron a los distintos focos para frenar el fuego con cientos de bomberos especializados, voluntarios y asistentes, a la par del despliegue de transportes terrestres, carros bomba, helicópteros y hasta aviones hidrantes de gran tamaño.

A través de la articulación de la Agencia Federal de Emergencias, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, recursos y efectivos fluyeron desde todo el país, e incluso bomberos de Chile concurrieron a brindar apoyo.

¿Por qué ocurren los incendios?

Si bien el verano es la temporada más propicia para la propagación de incendios en el bosque andino patagónico, por las características habituales del clima, especialistas consultados por EFE explicaron que el aumento del promedio de la temperatura y la menor acumulación de nieve y precipitaciones durante el resto del año multiplican la probabilidad de que el fuego se inicie, ya sea por eventos naturales o por la acción -u omisión- humana.

En el caso de Puerto Patriada, la Justicia investiga un posible origen intencional tras haber encontrado combustible en la zona.

Si bien el Gobierno argentino apuntó contra “grupos terroristas autodenominados mapuches”, fuentes judiciales aclararon rápidamente que no manejan esa hipótesis como parte de la investigación.

En la provincia de Santa Cruz se quemaron desde finales de diciembre de 2025 unas 700 hectáreas por causa de una fogata mal apagada, y en Río Negro, otras 3.000 hectáreas fueron afectadas por una quema de pastizales que inició de manera controlada por parte de productores agropecuarios pero se extendió mucho más allá de lo esperado.

“El 95 % de los incendios son producto de los seres humanos, pero eso no implica que sean intencionales”, explicó a EFE Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización Greenpeace, en referencia a que los fuegos pueden deberse a negligencias puntuales pero también a errores en la administración de zonas con potencial de incendios.

Organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalan que, en paralelo a las condiciones climáticas actuales, las decisiones presupuestarias y estratégicas del Gobierno del presidente Javier Milei han provocado retrasos en la lucha temprana contra el fuego.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, advirtió en diálogo con EFE que el Ejecutivo gastó en el último año solo el 75 % del presupuesto destinado al manejo del fuego y que los fondos nacionales aprobados por el Congreso para prevenir y combatir incendios forestales fueron recortados en un 71 % en 2026.

“Los legisladores que representan a las provincias afectadas por los incendios aprobaron esas reducciones por un acuerdo global con el Gobierno”, subrayó Nápoli.

Los gobernadores de estas provincias, encabezados por Ignacio Torres, de Chubut, solicitaron este martes al Congreso la declaración de una Emergencia Ígnea nacional debido a los incendios, algo que los ejecutivos provinciales ya hicieron en octubre pasado ante lo que describieron como “la sequía más severa desde 1965”.

Tanto FARN como Greenpeace coinciden en que la mejor medida para controlar los incendios es la prevención, porque cuando el fuego está desatado es muy difícil contenerlo sin lluvias.

“Está perfecto que intervengan aviones hidrantes, pero es como que tu casa esté prendida fuego e intentes apagarla con un vaso de agua”, mencionó Giardini a EFE, y graficó la extensión de los incendios en Chubut al señalar que el territorio incendiado equivale al doble de la superficie de la ciudad de Buenos Aires, capital del país y donde viven más de tres millones de personas.

Por Sebastián Rodríguez Mora, para la Agencia EFE.