Primero están los encuentros chispeantes, la curiosidad, las sorpresas. Poco después vienen los gestos grandilocuentes, los regalos, los restaurantes fastuosos. Marina es una joven que acaba de terminar sus estudios universitarios cuando conoce a Jaime, un hombre 20 años más grande que, después del primer flechazo, le propone una vida nueva. Ella, que está atravesando los días posteriores a la muerte de su padre, que transita en silencio su duelo, se deslumbra cuando se encuentra con un montón de posibilidades que hasta el momento desconocía. De un día para el otro, deja el departamento que compartía con su amiga Diana, deja de salir a recitales, deja cierta soltura que la caracteriza, para compartir sus días con un hombre que, a priori, le ofrece sofisticación, estabilidad y una vida supuestamente calma.

En su novela Comerás flores (Libros del Asteroide, 2025), la escritora española Lucía Solla Sobral acompaña con delicadeza esas escenas idílicas de Marina y su posterior desintegración para ofrecer un relato inquietante donde se cruzan la violencia psicológica, las preguntas sobre el deseo y el amor romántico.

Tal vez por su frescura, por su realismo nunca machacón, por el tono alejado de los estereotipos, Comerás flores se convirtió en un fenómeno que tanto en España como en varios países hispanoparlantes cosecha cada vez más lectores. Un libro que, además, le cambió radicalmente la vida a su autora, lleva vendidos más de 130 mil ejemplares y está en vías de ser traducido a 14 idiomas.

“Sobre todo lo que cambió es que a partir de Comerás flores puedo dedicarme al sueño que de alguna manera tengo desde pequeñita. Yo con 6, 7 años escribía cuentos, terribles, que nunca verán la luz. Pero no sabía cómo se llegaba a ser escritora porque no tenía referentes, sobre todo en la televisión, que era lo que más consumía a esa edad. Yo sabía todo sobre quién era Ronaldinho, o Ronaldo o Saviola, no sé. Pero no tenía idea de cómo era Gloria Fuertes, que por ejemplo, que era alguien que a mí me encantaba”, cuenta Solla Sobral ante elDiarioAR entre risas, de paso por Buenos Aires para presentar su novela durante la Feria Internacional del Libro.

“Entonces como que yo misma había desestimado ese sueño. Y ahora, pues, poder no solo publicar sino vivir de ello es como vivir conectada a mi propósito de siempre. Porque además me encanta no solo la escritura, que es donde más soy feliz, o sea, escribiendo, sentada, buscando palabras. También disfruto mucho acompañando al libro, en las entrevistas, las presentaciones, los cursos, los encuentros con lectores. Todo eso me encanta. Entonces estoy contenta todo el rato”, agrega. 

– Me imagino que hablando ante tanta gente sobre el libro, debés volver una y otra vez a sus orígenes. ¿Qué fue primero? ¿La protagonista? ¿Alguna escena? ¿Alguna imagen en particular? 

– Creo que de algún modo empecé por el tema. Siempre quise ser escritora, pero digamos que nunca me forcé a ello, nunca me senté frente a una página en blanco y dije “tengo que escribir”. Tenía la intuición de que en algún momento surgiría algo, si es que surgía. Y, si no, tampoco pasaba nada. Hasta que tuve unas vacaciones. Y recalco las vacaciones porque por fin tenía tiempo para leer, pensar, frenar. Era la primera vez en mi vida que me pedía más de cinco días de vacaciones en el trabajo y ahí mi cerebro empezó a oxigenarse. Entre otras cosas, leí En la casa de los sueños, de Carmen María Machado, donde había algo relacionado con el maltrato. Empecé a pensar mucho en ello y yo misma me cuestioné por qué me impactaba tanto, más allá de que allí fuese entre dos mujeres. Me impactaba ese maltrato y lo poco que hablamos sobre ello. Entonces me revisé primero a mí misma. Me di cuenta de que había pasado o callado comportamientos con ex parejas que no tendría por qué haber callado o normalizado. Y empecé a hablar de esto primero con mi mejor amiga y luego abrimos un poco el círculo a cada vez más amigas. Descubrimos que todas habíamos normalizado relaciones de maltrato o comportamientos tóxicos. Entonces ahí la cosa se convirtió en una obsesión y pensé qué mejor tema para escribir, porque sé que la escritura siempre es a largo plazo, que tiene que haber algo que me obsesione. Así que fue por ahí. Empecé escribiendo un relato porque no sabía cómo afrontar una novela. Y la primera imagen que me vino era la de Marina subiendo por primera vez a la casa de Jaime en esas escaleras de madera tan espectaculares. Al relato le llamé “La casa del terror” y se lo envié a mis amigos y amigas. En ese momento tenía como una newsletter privada con la que enviaba textos. Y de todas las que les envié, ese relato fue el que más me comentaron. Entonces dije “bueno ahí lo dejo aparcado”. Un año después empecé a trabajar en él. Así que primero empezó el tema y luego sí que me vino esa imagen. Porque a Marina la tenía muy clara desde el principio, tenía muy claro cómo quería que fuese ella. 

– ¿Sabías que iba a ser alguien de tu generación y parecido a vos? ¿Se impuso ese personaje de algún modo? 

– Sí, se impuso. Yo empecé a imaginar y visualizaba mucho a Marina porque me interesaba, sobre todo por las conversaciones que tuve con mis amigas, que ella fuese cualquiera de nosotras. Cuando en las noticias nos hablan de un asesinato siempre ponen el foco en la víctima, nunca en el agresor, y casi siempre nos venden como una imagen de un perfil muy determinado. Como si víctima no pudiese ser cualquiera. Muchas veces nos hablan de una mujer aislada, sin recursos económicos, por ejemplo. Y mis amigas y yo no cumplíamos con ese perfil. Entonces para el relato me interesaba dar vuelta eso: que Marina pudiésemos ser o nosotras mismas o cualquiera de nuestras amigas.

– Algo curioso en este sentido es que Marina, entre muchas otras cosas, es una persona lectora. Atraviesa todo lo que le toca atravesar habiendo leído sobre la violencia, teniendo, si se quiere, algunas referencias de libros y autoras que hablaron de esto.

– Sí, precisamente eso buscaba. Quería que fuese una chica cualquiera y una chica cualquiera tiene ciertos referentes feministas aunque no se enmarque como una feminista de forma activa. Pues Marina tiene estudios, tiene trabajo, tiene amigas, tiene una familia estructurada más allá en su caso de la pérdida del padre, y con todo eso cae igualmente en una relación como esta. Y es importante pensar que lo que le pasa no es culpa de ella. Porque muchas veces vemos estas historias a partir de la pregunta de “¿por qué te pasó esto a ti?”. En vez de invertirlo y preguntarle al violento “¿por qué tú haces esto?”. Yo misma, mientras iba escribiendo la novela me di cuenta de que estaba poniendo el foco en ella en vez de en él. Y cuando logré hacer ese cambio me desbloqueé mucho más en la escritura. Pero para poder escribirla sin prejuzgarla tuve que trabajar el texto con un psicólogo.

Leí 'En la casa de los sueños', de Carmen María Machado, donde había algo relacionado con el maltrato. Empecé a pensar mucho en ello y yo misma me cuestioné por qué me impactaba tanto, más allá de que allí fuese entre dos mujeres. Me impactaba ese maltrato y lo poco que hablamos sobre ello.

– ¿Cómo fue eso? ¿Mandaste a análisis a Marina?

– En realidad contraté al psicólogo para hacerle terapia a Marina (risas). Tenía como el borrador casi terminado pero sentía que me faltaba algo, que fallaba mucho el principio de la relación porque no lograba escribir bien los diálogos. En especial los del coqueteo del comienzo entre ellos. Con el tiempo me di cuenta de que no me salían porque me sentía muy identificada con esos primeros coqueteos de una joven con un hombre, de ese vínculo que luego sabes que no va a ir bien y aun así una sigue. Y era eso, yo misma pensaba ¿cómo pude caer ahí?, ¿cómo me pudo pasar esto a mí? en lugar de pensar en por qué un imbécil me hizo esto. La verdad es que quedaba bloqueada, hasta que contacté al psicólogo y le dije “mira, tengo el borrador de una novela, tendría que hacerle terapia a un personaje. ¿Cómo lo ves?”.

– ¿Y aceptó?

– Claro, a él le encantó la idea y le hicimos terapia a Marina. Luego pues, bueno ahora es mi psicólogo (risas). Pero sí, él me hizo ver que estaba señalándola a ella como culpable en lugar de enfocarme en la persona causa esa violencia. Y ahí fue mucho más fácil empezar a escribir ese principio y a revisar todo.

– Sobre ese encuentro inicial, ella dice que percibe a Jaime como algo nuevo en el mundo de la costumbre, en ese pueblo que es el de siempre. ¿Qué pensás que se le jugó a ella en esa novedad? 

– Sí, es el momento que ella está viviendo. Ella cree que necesita algo nuevo y algo que le despierte del aburrimiento, de la costumbre. Marina justo está volviendo de una relación aburrida y vuelve a su pueblo, que es un lugar que no le gusta. Acaba de perder a su padre y cree que todos los problemas que tiene están relacionados con ese dolor y que se resuelven con amor. Porque precisamente lo que perdió es una figura de amor. Al mismo tiempo, está viviendo una situación de precariedad, que es la más común a su edad y por desgracia hoy por hoy la de cualquiera. En el caso de ella, cuando acabas de estudiar hay como una falsa promesa de si haces todo bien, si estudias, si haces tu carrera y te metes a un máster, vas a tener trabajo y vas a ser independiente y vas a ser feliz. Luego descubres que no es para nada así. Entonces ella entra a esta relación que es como aspiracional casi: ella busca resolver las cosas a través de él, piensa “todo va a ser más fácil de su mano”, “si perdí a mi padre pues este hombre que tiene 20 años más va a saber también cómo cuidarme”. 

– La cuestión económica también está muy presente a lo largo de todo el relato. 

– Sí, el dinero como que nunca parece importante en muchos relatos. ¡Pero es muy importante! En este caso hay un tema de género por supuesto, está la diferencia de edad pero, sobre todo, la diferencia de clase. De hecho, si él en vez de compositor de atmósferas y de trabajar para ricos hubiera sido un albañil que apenas llega fin de mes, la familia de ella no lo hubiera aceptado tan rápido. Porque la familia omite esa diferencia de edad, su divorcio, el hecho de que tenga una hija de la edad de Marina. Y lo hace porque se trata de un hombre con la vida resuelta y con mucho capital económico. 

– Antes mencionaste a los “comportamientos tóxicos” de los vínculos tuyos o de tus amigas. Se usa mucho últimamente el término “tóxico” para las relaciones amorosas, entiendo que es algo generacional y ocurre en varios países. A la vez, es un término problemático, porque en la historia de la novela y las que conocemos, ¿qué sería o cómo se manifiesta la toxicidad? ¿cuesta hablar directamente de violencia?

– Sí, es cierto. Yo por eso por lo general prefiero hablar de malos tratos, directamente. De maltrato. Pero es verdad que muchas veces se usa la palabra tóxico como eufemismo, como si hubiera que aligerar la existencia del maltrato. Porque también pareciera que “malos tratos” solo puede ir de la mano de algo grave y lo grave parece que solo es lo físico. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que nuestras referencias del maltrato sean de esa manera. Cuando en realidad se trata en todos los casos de violencia machista. Pero estamos acostumbradas a darle ese lugar solamente a lo físico. En las películas, por ejemplo, cuando se trata el tema siempre es o palizas o asesinato. En las noticias nos muestran el contador de mujeres asesinadas, nunca hablan de todo lo que pasa antes. Hasta que no lo hablemos mucho y le demos la importancia que tiene, pues vamos a seguir teniendo este problema bloqueado. De hecho creo que parte de que se viralizase tanto Comerás flores tiene que ver con esto. De repente muchas lectoras, sobre todo muchas mujeres, se dieron cuenta de que lo que vivieron era violencia de género y de que no estaban solas. No solo les pasó a ellas. Y por lo tanto se descargaron un poco de la culpa. 

En las noticias nos muestran el contador de mujeres asesinadas, nunca hablan de todo lo que pasa antes. Hasta que no lo hablemos mucho y le demos la importancia que tiene, pues vamos a seguir teniendo este problema bloqueado.

– Contaste que, desde que salió el libro, te escribieron y te siguen escribiendo muchas Marinas. Debe ser muy intenso escuchar o leer esas historias para vos.

– Sí, es muy intenso. Y doloroso. Porque no era mi intención, cuando escribía yo no sabía ni que se iba a publicar este libro. Por supuesto que cuando firmé el contrato con Libros del Astroide ni siquiera sabía si lo iba a comprar alguien más que mi madre. Entonces los primeros mensajes de mujeres que se sintieron reconocidas por esta historia fueron muy impactantes. Al principio no sabía muy bien, me sentía muy responsable con las respuestas que quería darles. Ahora creo que lo llevo mejor porque cada día recibo muchísimos mensajes y por suerte casi todos tienen algo así como un final feliz. Hace como un mes una mujer me dijo que había salido de la comisaría para denunciar, que no fue capaz de hacerlo. De camino a la casa de su agresor se encontró el libro, decidió comprarlo y me escribió. Yo hablé con ella, intenté darle ánimo sin forzarla tampoco, porque hay que tener mucha paciencia en estos casos. Ahora me escribió para contarme que ya está en una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Así que eso lo estoy viviendo bien y cuando es así me alegra mucho. También aparecen muchas Dianas, como la amiga de la protagonista, que lo regalan a mujeres que atraviesan esto como para decirles “estoy aquí, sé lo que pasa”. Y luego también me alegran mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres son las lectoras, que no se sienten identificadas porque no vivieron eso, y aun así lo leen. Porque ahora también hay mucha cosa de la lectura de identificación, esto de que si tal historia no va conmigo no me interesa. Entonces que lo lean y que igualmente empaticen con Marina y que la aprecien pues me gusta mucho. 

– Durante el proceso de escritura, ¿buscaste lecturas que te acompañaran, referencias literarias en este terreno? ¿Pensaste “si voy a escribir sobre este asunto, tengo que leer a tal autora o tal texto? 

– Por un lado, sí, leí sobre todo estudios de psicólogas y psicólogos. También estadísticas, sobre todo en España, en Europa. Hay un dato europeo que dice que casi el 40% de las mujeres sufrieron violencia dentro de sus relaciones, que es una barbaridad porque es casi la mitad si pensamos que se trata de una estadística de quien asume y acepta que vivió violencia dentro de su pareja. Así que probablemente habrá bastante más. Pero sí, mucho estudio psicológico, mucho ensayo también. Y luego intenté leer novelas y todas las referencias en cine que hubiese sobre el tema. Pasó, por ejemplo, que cuando yo estaba revisando el manuscrito salió la serie Querer en España. Es de un matrimonio en el que ella se quiere divorciar porque sufre también violencia de género. Así que fui viendo todo lo que pude. Y luego, claro, también estuve detrás de referentes no en el tema, pero sí literarios que para mí eran fundamentales. Volví a ellos para tener siempre esa voz medio lírica, medio naíf al principio que aparece en la novela. Volví sobre todo (Cristina) Peri Rossi, (Idea) Vilariño y Alejandra Pizarnik, que para mí son mis diosas absolutas desde adolescente. El teatro de (Federico) Lorca también. Y siempre iba intentando releer todo eso para tenerlo más fresco en la escritura.

– Contaste públicamente que parte de tu trabajo para Comerás flores lo hiciste en un taller literario. ¿Qué te parece que ofrecen estos espacios, en especial para quienes están dando sus primeros pasos?

– En mi caso era un poco para tomarme más en serio esto que tenía. No se trataba tanto de una cuestión teórica. Pero sí, por ejemplo, yo presenté esa primera escena que tenía y Marta Jiménez Serrano, que coordinaba el taller, vio claramente ahí una novela. Yo hasta entonces lo veía tan claro. Pero ella me decía “mira, pues si me explicas cómo se enamoran, si me explicas cómo acaba esto, si me explicas el punto más alto del vínculo”. Entonces, el hecho de que alguien creyese que había ahí una novela ya ayuda mucho. Y que cada dos semanas leyesen mis compañeros y ella la escena, que hubiese momentos de feedback, todo eso ayuda un montón antes de que envíes el manuscrito por primera vez. Porque escribir es un proceso muy solitario. Y yo empecé la novela y la acabé ahí, o sea que no me puedo quejar para nada. Desde luego, pues, también te pueden ayudar cosas no positivas. Recuerdo un compañero que me decía que le parecía poco violento lo que leía, que le parecía una historia donde faltaba violencia (risas). Pues eso a mí me ayudó para tener todavía más claro que quería que hubiese solo, entre comillas, violencia psicológica. Sobre todo para demostrar que no es solo esto y que esto ya es lo suficientemente grave como para que te preocupe. 

Hay un dato europeo que dice que casi el 40% de las mujeres sufrieron violencia dentro de sus relaciones, que es una barbaridad porque es casi la mitad si pensamos que se trata de una estadística de quien asume y acepta que vivió violencia dentro de su pareja.

– El libro agotó varias ediciones y sigue cosechando lectores y lectoras por todos lados. ¿Cómo se sigue después de un fenómeno así? ¿Sentís algún tipo de presión?

– Todavía no pude retomar la escritura. Por suerte tengo algo que ya había empezado antes de que pasase todo esto. Tengo muchas ganas de volver a hacerlo, de volver a sentarme a escribir. Creo que voy a sufrir un poco más en el momento en el que salga, tal vez por esto de las expectativas ajenas, el creer que se va a repetir esto que pasa con Comerás flores. Yo tengo claro que no. Esto, en esta medida y tan impactante, creo que no va a volver a suceder. Pero ya, ¡no me lo puede quitar nadie tampoco! (risas).

 – Imagino que, además, debe estar la expectativa de que sigas escribiendo sobre la violencia. 

– ¡Sí! De hecho hay lectores y lectoras que me piden que la segunda parte, que hable del personaje de Jimena ahora. Pero no, yo no quiero hablar más del tema. Estuvo bien con este libro, sí, pero ahora me apetece ir por otros lados. No me gusta esta idea de que te conviertan como en experta en el tema. A mí me hace muy feliz que hablemos tanto de maltrato psicológico, pero ahora quiero seguir con otra cosa. Tal vez sí quiero hablar de otros temas que también nos afectan a nosotras las mujeres, pero ya que no tienen que ver con el amor romántico.

AL

En los últimos veinte años, Argentina construyó un consenso democrático básico en torno a dos ideas: que la violencia por razones de género es un problema de toda la sociedad y no solo de quien lo sufre, y que el acceso a la justicia debe garantizarse para todas las personas. Ese proceso dio paso a avances normativos, institucionales y culturales que fortalecieron los dispositivos para abordar situaciones de violencia y abuso. La discusión actual debería partir de ese piso para consolidar y mejorar lo construido. 

El Proyecto de Ley S-0228/2025 que se busca avanzar en el Senado propone modificar los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal para agravar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento, exclusivamente cuando los casos involucran violencia de género, integridad sexual o niños, niñas y adolescentes. La preocupación declarada, evitar el abuso del sistema judicial, es atendible en abstracto. Sin embargo, hay abundante evidencia de que la reforma produciría efectos opuestos a los que el proyecto declara.

Un diagnóstico inexacto

En Argentina no existen datos oficiales que señalen un problema sistemático de denuncias falsas en casos de violencia de género. De acuerdo a estimaciones del Consejo de la Magistratura, menos del 3% de todas las denuncias penales serían falsas y corresponden en su mayoría a delitos económicos: estafas, defraudaciones, contrabando. A nivel mundial, según ONU Mujeres, las denuncias falsas en violencia de género representan menos del 1% de los casos. En España, uno de los pocos países con estadísticas oficiales sobre este fenómeno, el porcentaje histórico es de 0,0084%.

Estos datos demuestran que en todo caso, el problema no se vincula con un exceso de denuncias sino, precisamente, lo contrario. La Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea, identificó que el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero sólo 1 de cada 4 buscó ayuda o llegó a denunciar. Los datos del Registro de Femicidios de la Corte Suprema para 2024 son todavía aún más contundentes: de 228 víctimas directas de femicidio, hay información que indica que apenas el 18% denunció a su victimario, y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del femicidio. El problema no es que haya demasiadas mujeres que denuncian, el problema es que son muy pocas las que llegan a denunciar.

Uno de los puntos más problemáticos de este proyecto es que facilitará la equiparación de denuncia desestimada por falta de pruebas con “denuncia falsa”. No es lo mismo. A veces la prueba es insuficiente, el proceso se dilata, o las circunstancias del hecho, que casi siempre ocurren en espacios privados, sin testigos, en contextos de relaciones asimétricas, hacen extremadamente difícil la acreditación judicial. La falta de prueba no es sinónimo de que el hecho no haya existido. La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal reconoce que estos casos “suelen ocurrir en lugares íntimos y alejados de la vista de terceras personas”. Asumir que lo que no pudo probarse en la justicia penal fue producto de una denuncia falsa es una confusión que la amenaza de tres a seis años de prisión vuelve concreta: opera como un mecanismo de autocensura anticipada, incompatible con las obligaciones estatales de eliminar los obstáculos para el acceso a la justicia. Es cierto, también la “denuncia falsa” deberá probarse en la justicia penal y es posible que no haya condena pero el problema es anterior: desincentiva la denuncia, restringe la posibilidad de buscar ayuda, funciona como elemento de coerción.

Incorporar la frase “a sabiendas de la falsedad” en la nueva redacción del artículo 245 no resuelve el problema de fondo. El delito de falsa denuncia actualmente previsto en el Código Penal ya requiere dolo, es decir, intencionalidad; en ese sentido, la modificación no agrega nada nuevo. Lo que sí agrega, con efectos reales sobre personas reales, es lo que instala en el imaginario social: que denunciar puede volverse en contra de quien busca ayuda.

Denunciar violencia de género ya presenta numerosas barreras que fueron bien documentadas: económicas –la falta de patrocinio jurídico gratuito obliga a muchas mujeres a endeudarse o desistir–, de información, de sesgos institucionales que desacreditan o minimizan las denuncias, de revictimización, de procesos que se extienden por años sin lograr resolución, y de medidas de protección que muchas veces no alcanzan para garantizar la seguridad de las denunciantes ni de testigos. El proyecto de modificación del Código Penal no propone abordar ninguno de estos obstáculos. Por el contrario, agrega uno nuevo. Al extender el agravamiento de las penas al falso testimonio, el proyecto desincentiva también la participación de profesionales de la salud y de peritos cuyo testimonio muchas veces es el único sostén probatorio en estas causas, especialmente cuando hay niños y niñas involucrados.

Además, el proyecto entra en clara contradicción con una ley que el Congreso de la Nación votó hace poco más de dos años por unanimidad. Se trata de la Ley Lucio, que propone la obligación de capacitar y de denunciar cualquier situación que se conozca de abuso o violencia tanto para profesionales de la salud, docentes y demás personas que conozcan de situaciones de abuso o violencia. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar a las víctimas, a los profesionales y a la sociedad? ¿Van a estar ahí para brindar ayuda o esto se les va a volver como un boomerang porque la Justicia no da respuestas adecuadas y en un tiempo razonable? La respuesta que necesitamos es mejorar la Justicia, no amenazar penalmente.

Lo que no puede ser falsificado

En febrero de 2026 Argentina fue evaluada por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. En las observaciones finales de su informe, el Comité expresó especial preocupación por el efecto disuasorio de este proyecto de reforma sobre las mujeres que buscan protección y exhortó al Estado a retirar el proyecto. Es más: entre las cuatro observaciones que identificó como prioritarias incluyó el fortalecimiento de los dispositivos de acceso a la justicia y la restitución de programas como el Acompañar y la Línea 144, desfinanciados en los últimos dos años. Si el Congreso aprueba esta reforma, incumplirá con una observación del organismo cuya supervisión la Argentina aceptó al ratificar la Convención.

No es el único incumplimiento. La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres establece que el Estado debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Ese plan no existe. A más de dos años de iniciada esta gestión, no hay desde el Estado nacional una iniciativa que mejore la calidad de vida de quienes atraviesan situaciones de violencia, ni que responda a los problemas estructurales que los datos señalan una y otra vez. Por el contrario, hay retrocesos institucionales y desinversión en los programas destinados a brindar ayudas urgentes. Y a esto se suma el proyecto: una respuesta punitiva que no resuelve el conflicto, dirigida a quienes ya tienen problemas para acceder al sistema de justicia.

Este proyecto, que en su última versión contempla penas de entre tres y seis años para quienes denuncien “falsamente” violencia de género –penas más altas que el mínimo de seis meses previsto por el artículo 119 del Código Penal para el abuso sexual simple– indica cuáles son las prioridades que sustenta esta iniciativa.

La iniciativa presentada en el Senado define como “falsas” las denuncias que no logran probarse. Eso es estadísticamente excepcional. No se puede legislar sobre excepciones ignorando la problemática estructural: la violencia que ocurre todos los días en espacios privados y que la mayoría de las veces no llega a ninguna institución, la Justicia que demora, el Estado que en lugar de eliminar obstáculos propone sumar uno más y con condena penal.

Analizar esta problemática estructural con datos confiables y debates honestos resulta esencial para mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia de género. Denunciar no puede convertirse en un riesgo. Es urgente lograr que la resolución de los conflictos no se extienda indefinidamente en el tiempo en perjuicio de todas las partes involucradas y que ese proceso evite la revictimización de quienes se animaron a dar el paso más difícil: pedir ayuda.

NG/MG

Un día Fernanda decidió separarse, pero todo se volvió cada vez más difícil. Su ex marido no lo aceptaba y comenzó a castigarla de distintas formas. Dejó de pasarle dinero, negaba que tenía ingresos y le llevaba solamente cajas de comida. “Era horrible, yo esperando la caja”, cuenta.

Violencia verbal de por medio, abogados estatales: la situación se fue volviendo cada vez peor.

Era difícil comprobar que él tenía ingresos porque trabajaba en negro, pero lo poco que consiguió fue una cuota mínima de alimentos que no se actualiza: sigue siendo la misma desde hace dos años.

Después de meses de sufrimiento económico, el padre de Fernanda murió y le dejó un dinero en una cuenta para que ella pueda subsistir. Pero al intentar retirarlo descubrió que tenía la cuenta embargada. Había sido bloqueada porque su ex marido debía patentes de un auto que estaba a nombre de los dos y que él se había quedado.

Hay distintas formas de violencia en las parejas. Una de las más complejas es la económica. Es una forma de ejercer poder que convierte la relación en asimétrica: quien maneja el dinero termina manejando todo lo demás.

Muchas veces, como es el hombre el que paga, la mujer no puede opinar qué comer o en qué gastar. Y esto sucede en todas las clases económicas, desde las más bajas hasta las más altas. A veces las mujeres no encuentran salida porque no pueden mantenerse a ellas mismas y a sus hijos, y terminan quedándose en un ambiente hostil. Porque, convengamos, si hay violencia económica seguramente hay alguna de las otras: sexual, física o psicológica.

Un gran avance en este tema fue la Ley 26.485, sancionada en 2009 y promulgada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que reconoce la violencia económica como una forma de violencia de género.

Esta ley define como violencia cualquier relación desigual de poder que afecte la integridad y la dignidad de las mujeres, incluida la limitación o el control de sus ingresos. Además, se sustenta en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), creada por las Naciones Unidas.

Consultada sobre el tema, la abogada Verónica Flor, especializada en derecho de familia, contó: “Muchas veces la víctima no se reconoce como víctima porque no hay golpes. Están acostumbradas a esas prácticas económicas porque reproducen lo que vieron en sus familias. Entonces se convierte en la violencia más naturalizada. Y no solo ocurre en una clase social, ocurre en todas: como el caso mediático de la modelo a la que el ex marido le puso todo a nombre de él, algo muy difícil de demostrar porque ella le dio su confianza y ella no tenía donde vivir”.

“Tuve un caso de una abogada de clase alta. Él manejaba todo y ella no se podía ir porque quería mantener su nivel de vida. ‘Bueno, tal vez tenga suerte y se muera pronto’, decía. Mientras tanto prefirió vivir en una cárcel de oro. Y desde afuera no se juzga: dicen ‘qué suerte que no trabaja y vive así’, añadió.

“Y también tuve casos de clases bajas en los que ella era golpeada, pero como él era el que pagaba la comida —‘paraba la olla’, así me decía— se quedaba por sus hijos. Me decía que prefería aguantar los golpes para que sus hijos pudieran comer”.

“También hay casos en los que, una vez separados, el hombre dice: ‘yo te pago la cuota alimentaria, pero tenemos relaciones sexuales’. Es lo que se conoce como el débito conyugal”.

El débito conyugal define el deber mutuo de los esposos de mantener relaciones sexuales. Aunque históricamente se consideró una obligación conyugal, no es exigible y el consentimiento es esencial. La falta de consentimiento constituye violencia sexual o violación conyugal.

“Mi consejo es que si una persona quiere separarse realmente y no puede por un tema económico, ahí no hay libertad. Pero la balanza costo-beneficio tiene que cerrar y hay que empezar a reconocerse víctima, si lo es, y pedir ayuda a quien sea, empezando por el círculo más cercano”.

En el libro La mujer y la violencia invisible, de Eva Giberti y Ana María Fernández, la psicóloga Clara Coria escribió: “El dinero es considerado sinónimo de virilidad y masculinidad. Las mujeres administran el dinero chico y los hombres el dinero grande. La sexuación del dinero genera condiciones insalubres para el psiquismo. Por su lugar privilegiado en el intercambio social y su fuerza como instrumento de poder, resulta ser un portador extremadamente sensible de los mandatos sociales y de las distintas ideologías de poder”.

Fernanda me llamó al otro día de haberla entrevistado y me dijo: “Quiero llorar. Me acaba de mandar un mensaje la abogada. La justicia rechazó mi pedido de compensación económica. Le dieron la razón a él y encima tengo que pagar los costos de su abogada. Me dijo que ya no se puede hacer nada. Ya no tengo más fuerzas. Es imposible contra este sistema. Imposible”.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) publicó en el 2025 un relevamiento basado en 25.119 testimonios entre 2020 y 2024 en la Ciudad de Buenos Aires. El 58% de las denunciantes padecieron violencia física, el 39% violencia económica y patrimonial y el 11% fueron sometidas a violencia sexual.

LS/CRM

Trabajadores y trabajadoras del subte B liberaron este jueves por la mañana los molinetes de la estación Federico Lacroze, en la ciudad de Buenos Aires, como parte de una protesta gremial contra una situación de acoso y violencia laboral sufrida por una empleada de limpieza. La acción directa tuvo lugar entre las 7 y las 8, y fue levantada tras una hora, aunque los delegados no descartan nuevas medidas en los próximos días.

El hecho que originó la protesta involucra a Araceli Pintos, trabajadora de limpieza recientemente desvinculada de la empresa. Según informaron fuentes sindicales a la agencia Noticias Argentinas, la mujer denunció haber sido acosada por un agente policial mientras prestaba tareas en el subte. Sin embargo, la respuesta empresarial no fue de acompañamiento, sino de represalia: “Defendieron al acosador y trasladaron a la compañera a otra línea”, afirmaron en un comunicado.

Más aún, el conflicto escaló cuando, tras el traslado forzado, la trabajadora fue desvinculada del puesto, lo que —según la versión gremial— fue una forma de castigo encubierto y revictimización. La concesionaria del servicio, Emova, se defendió asegurando que Pintos “fue despedida por reiterados incumplimientos durante su período de prueba” y que se cumplieron todas las instancias previas antes de tomar esa decisión.

“Pretendían que Araceli soportara y callara el abuso del personal policial y la violencia de los supervisores, si quería quedar efectiva”, denunciaron los trabajadores en el mismo texto. Además, calificaron el accionar de la empresa como “discriminatorio, ilegal y contrario a las leyes de igualdad y género vigentes”.

La denuncia no se limita al caso individual. Según señalaron los metrodelegados, la situación de Pintos es parte de un patrón más amplio: “Se enmarca en un avance de las prácticas persecutorias y violatorias del convenio colectivo”, expresaron. En ese sentido, mencionaron también las condiciones generales de trabajo en la red, como la presencia de asbesto cancerígeno, la contaminación ambiental y la ausencia de inversión y mantenimiento, que afectan tanto la salud de los empleados como la calidad del servicio.

La liberación de molinetes funcionó como medida simbólica y de visibilización, pero el malestar persiste y las acciones podrían continuar. El reclamo combina la defensa de los derechos individuales de una compañera acosada con una denuncia estructural sobre el trato empresarial hacia el personal de limpieza, uno de los sectores más vulnerables del sistema.

JJD

El empresario Leandro García Gómez, expareja de la cantante Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez e integrante del grupo Bandana, fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, según confirmaron fuentes judiciales. La causa está a cargo del juez Santiago Bignone, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, quien tiene previsto indagarlo en las próximas horas.

El caso se inició tras un operativo en la calle Ravignani al 2100, en el barrio porteño de Palermo, donde García Gómez fue detenido y la artista fue rescatada. La cantante fue trasladada por el SAME al Hospital Fernández, donde permaneció en observación y recibió el alta durante la madrugada del viernes.

Según informaron fuentes judiciales, la madre de Fernández había denunciado la desaparición de su hija al temer por su seguridad, debido a la relación conflictiva que mantenía con García Gómez, a quien había acusado por violencia de género en 2022.

Tras varios intentos para dar con ella, la cantante fue hallada en el departamento del empresario. De acuerdo con la reconstrucción inicial, Lowrdez no podía abandonar el lugar porque se encontraba en una situación de sometimiento y amenaza. “Si lo pierdo todo, te mato”, le habría dicho el hombre, según trascendió.

Fuentes médicas confirmaron que, durante la revisión, se detectaron rastros de drogas en su cuerpo y posibles lesiones compatibles con golpes. Sin embargo, la artista firmó el alta voluntaria y decidió trasladarse a la casa de una amiga, en lugar de ir con su madre, con quien mantiene un conflicto a raíz de la denuncia policial.

El fiscal Patricio Lugones, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, formalizó la imputación por privación ilegítima de la libertad, delito que complica la situación procesal de García Gómez.

Una pieza clave en el caso fue Lissa Vera, compañera de Fernández en Bandana, quien decidió denunciar al empresario al considerar que la vida de Lowrdez corría peligro. En diálogo con Puro Show, Lissa explicó que “había demasiados indicios de que esto se podía agravar como para quedarme quieta” y relató que había hablado con la madre de la cantante antes de hacer la denuncia.

La artista dijo que teme por su seguridad y por la de sus compañeras de grupo. “Debe tener algunos contactos, sino una persona no anda con dos condenas en suspenso por la calle y se ríe de la policía. Valeria y Virginia también tienen miedo”, aseguró. Según su testimonio, García Gómez ya había sido detenido el 1 de octubre por agredir a Lowrdez. “Pedí una perimetral porque sé que el tipo es vengativo y me odia. Espero que Lowrdez se mantenga viva, ella va a tratar de defenderlo, pero ya saben la verdad”, concluyó.

La preocupación por el estado de salud y la situación emocional de la cantante crece entre sus allegados. Ioja, una amiga cercana, contó que en los últimos días perdió contacto con Fernández y que llegó a recibir mensajes amenazantes desde el teléfono de ella. “El maltratador la está manipulando. Lo que quiere es tener el control sobre ella. Es un psicópata, un violento rancio. Ella intentó separarse, pero él la hostigaba y hasta le hackeó las redes”, denunció en diálogo con Lape Club Social.

La amiga recordó que la última agresión física denunciada ocurrió a principios de octubre, cuando García Gómez le propinó golpes y patadas. “Ella se fue de la casa y se fue a vivir a lo de una amiga. Estábamos contentas de que se haya separado”, relató, y sostuvo que Lourdes necesita acompañamiento terapéutico para salir de la situación de violencia.

Durante las pericias al departamento de Palermo donde fue hallada la cantante, la Policía de la Ciudad encontró botellas de alcohol y pastillas sin blíster de distintos tamaños y colores. Todo el material fue secuestrado y enviado al laboratorio químico de la Policía Científica para su análisis.

Tras recibir el alta médica, Lowrdez Fernández se encuentra en la casa de una amiga. Su entorno cercano insiste en la necesidad de garantizar su seguridad y que reciba contención profesional para superar la situación que atraviesa.

Con información de la agencia NA

En lo que va de octubre ya hubo once femicidios en la Argentina y las diversas organizaciones advierten sobre el estado de emergencia que se está viviendo en el país frente al incremento de crímenes ligados a la violencia de género. En el último tiempo trascendieron los asesinatos de las tres chicas en Florencio Varela, las dos mujeres en Córdoba y una joven en Chaco.

La Organización MuMaLá informó que desde el 1° de enero de 2025 ya hubo 195 femicidios, es decir un asesinato cada 35 horas. Sumado a esa alarmante cifra, destacaron que en lo que va de octubre “hubo 11 víctimas fatales del machismo en su modalidad más extrema, uno cada 28 horas”.

El último informe del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, publicado a fines de septiembre, detalla que hubo 182 femicidios y se registraron 758 intentos de asesinato.

El 14% de las víctimas denunciaron a su agresor, el 73% fue cometido por una ex pareja o familiar y el 70% de las mujeres, lesbianas, travestis y trans fueron asesinadas en su vivienda.

Otro dato alarmante que destacaron es que, producto de la violencia, 120 niños y adolescentes se quedaron sin su madre.

Los casos más resonantes de los últimos meses son los crímenes de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela; también el de Luna Giardina y su mamá Mariel Zamudio en Córdoba; el de Gabriela Arací Barrios en Chaco; y también el de Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca.

Este año se cumplieron 10 años del primer Ni Una Menos y desde MuMaLá dieron a conocer datos de lo que ocurrió en esta década en la Argentina: “Desde el 1° de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025, registramos 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios. Esto significa que una mujer o persona trans fue asesinada cada 33 horas”.

Con información de la agencia NA

El hallazgo de los cuerpos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda de Florencio Varela puso en primer plano la crueldad de un femicidio que excede el esquema “íntimo” –la pareja o expareja como agresor– para insertarse en otro circuito, más complejo y menos explorado: el de la criminalidad organizada.

Las tres jóvenes, de 20 y 15 años, estaban desaparecidas desde el viernes 19 por la noche. Fueron vistas por última vez al subir a una camioneta blanca con patente adulterada con la promesa de asistir a una fiesta. Cinco días después, la policía encontró sus cuerpos enterrados en una casa.

La brutalidad del hecho se agiganta por dos circunstancias: la transmisión en vivo de los asesinatos a través de redes sociales -que según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue presenciada por al menos 45 personas- y el mensaje explícito del líder de la banda: “Esto le pasa al que me roba droga”. La violencia, en este caso, no fue solo hacia las víctimas, sino hacia toda la comunidad: un mensaje ejemplificador que utilizó el cuerpo de las mujeres como vehículo de disciplinamiento.

El crimen como mensaje

Para la jurista Daniela Heim, directora de la especialización en Género y Teorías Jurídicas Feministas en la Universidad Nacional de Río Negro, el triple femicidio de Florencio Varela concentra elementos clave de esta modalidad criminal: la desaparición previa, la crueldad del asesinato, la espectacularización de la muerte y la cosificación del cuerpo femenino. “Se utiliza el cuerpo de las mujeres como herramienta para enviar un mensaje. Es la deshumanización total”, señaló al Diario de Río Negro.

Heim subraya que se trata de un femicidio no íntimo, categoría poco trabajada en la agenda pública: “Es un femicidio en contexto de narcotráfico, un delito predatorio, una herramienta de negociación y de disuasión”. En este esquema, los cuerpos femeninos se convierten en botín o moneda de cambio en disputas territoriales y venganzas narco.

La investigadora alerta sobre el regreso de patrones de violencia que parecían haber quedado en el pasado: el cuerpo de las mujeres como “campo de batalla” o “instrumento de guerra”. En este caso, se suman además la edad de las víctimas -todas muy jóvenes, una de ellas menor de edad- y su situación de vulnerabilidad social.

Lo que dice la pericia

En paralelo, el análisis forense permite ordenar lo que, en la conmoción inicial, suele quedar atrapado en el terreno de la conjetura. Los informes preliminares confirmaron que las tres chicas fueron asesinadas el mismo viernes en que desaparecieron. La escena, marcada por intentos de ocultamiento y entorpecimiento -desmembramiento, uso de lavandina, enterramiento-, evidenció una planificación logística que abre la hipótesis de participación múltiple.

Los especialistas destacan que la figura de femicidio se aplica desde el inicio de la investigación por protocolo: no es una etiqueta ideológica, sino una forma de preservar evidencias y considerar el contexto de género en muertes violentas de mujeres. El ensañamiento, la alevosía y el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal (cuando un hombre mata a una mujer mediando violencia de género) son agravantes que deberán probarse con pericias definitivas, que incluyen estudios toxicológicos, histopatológicos y de ADN.

La violencia, advierten peritos consultados, tiene características instrumentales: hubo planificación, mensaje a terceros y un patrón de crueldad que excede el ataque individual. La espectacularización del crimen en redes sociales no solo refuerza esa hipótesis, sino que revela una dinámica inédita: la conversión del femicidio en espectáculo digital, transmitido en tiempo real para garantizar su carácter ejemplificador.

Un fenómeno con estadísticas propias

Aunque todavía en etapa de investigación, el caso de Florencio Varela se inscribe en una problemática que ya cuenta con estadísticas en el país. Entre 2020 y 2025, se registraron 196 femicidios vinculados al narcotráfico, 128 de ellos en Rosario, según el observatorio Mumalá. En Santa Fe, el 65% de los femicidios ocurridos en los últimos años se dieron en contextos de criminalidad organizada.

Las cifras generales también son alarmantes: en Argentina, cada 35 horas una mujer es víctima de femicidio. En 2024 hubo 247 asesinatos de mujeres, que dejaron a más de 200 niños sin madre. Hasta agosto de 2025, la Casa del Encuentro registró 164 víctimas y 143 hijos e hijas huérfanos.

En contextos de narcotráfico, la violencia adquiere un carácter diferencial: secuestros, incomunicación con familiares, suministro de estupefacientes y desapariciones prolongadas antes del hallazgo de los cuerpos. En estos escenarios, las mujeres aparecen como blanco privilegiado de venganzas y como parte de la exhibición del poder de las bandas.

Rosario, un laboratorio crítico

El Observatorio de Mumalá identifica a Rosario y su área metropolitana como epicentro de este fenómeno. Allí convergen factores económicos y sociales: un modelo agroexportador con puertos privatizados y escaso control estatal, connivencia de sectores políticos, judiciales y policiales, y un entramado de desigualdades que expone a los barrios más pobres a la violencia narco.

La combinación de relaciones de poder asimétricas, misoginia institucional, ausencia del Estado y circulación de armas agrava la vulnerabilidad de mujeres, niñas, adolescentes y personas trans. Muchas veces, los vínculos familiares o afectivos con varones ligados a organizaciones criminales determinan que ellas se conviertan en blanco directo de represalias.

La magnitud de los casos en Santa Fe convierte a esa provincia en un laboratorio para comprender el cruce entre violencia de género y crimen organizado. “El análisis no solo permite visibilizar la especificidad de estos femicidios, sino también aportar insumos para políticas públicas urgentes”, advierten desde el Observatorio.

Retrocesos estatales y desprotección

El panorama se agrava por la falta de políticas públicas. Desde 2017, la Argentina había sostenido un Plan Nacional de Acción contra las violencias de género. Pero este año, por primera vez, no se implementó. Tampoco se renovó el Programa Acompañar, lo que redujo en un 98,7% la asistencia a mujeres en situación de violencia. La Línea 144, principal canal de contención, perdió más del 40% de su personal y carece de presupuesto específico en 2025.

A la ausencia de recursos se suma la pérdida de sistemas de medición: ya no se releva información nacional sobre violencia de género, lo que impide diseñar políticas basadas en datos. “No se puede abordar un fenómeno tan complejo sin información, recursos materiales y humanos formados”, advirtió ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

El cuerpo como botín

En este marco, el triple femicidio de Florencio Varela no es un hecho aislado, sino la muestra visible de un fenómeno devastador: el cuerpo de las mujeres reducido a botín en disputas criminales. La violencia machista se entrelaza con las lógicas del narcotráfico, donde el mensaje disciplinador se impone por encima de toda humanidad.

Heim lo sintetiza con crudeza: “La desaparición de una mujer es la antesala de un femicidio. El cuerpo despojado y cosificado es el vehículo del mensaje”. Ante ello, insiste en que la prevención de la violencia contra las mujeres no puede pensarse sin atender al contexto económico y social: la pobreza, la falta de oportunidades y la precarización obligan a muchas a estrategias de supervivencia -como la prostitución- que las colocan en mayor riesgo.

La pregunta que queda abierta es cómo enfrentarlo. Sin políticas públicas, sin Estado presente, sin recursos ni información, los femicidios en contexto de narcotráfico seguirán multiplicándose en silencio, mientras las organizaciones feministas advierten que el país se convierte en terreno fértil para una violencia cada vez más cruenta, ejemplificadora y devastadora.

CRM

Familiares y vecinos de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes encontradas asesinadas en Florencio Varela, convocaron este miércoles a una movilización en distintos puntos del país para reclamar justicia.

Pasadas las 15 comenzaron a concentrarse los primeros manifestantes en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza, con remeras, carteles y banderas con consignas de memoria por las víctimas.

Desde las 18 la manifestación tuvo réplicas en las principales capitales del país y desde las 19 está previsto que se sumen organizaciones como Ni Una Menos en Flores para pedir que frene la violencia contra las mujeres.

Morena, Brenda y Lara desaparecieron el viernes en La Matanza. Después de más de cuatro días de búsqueda fueron encontradas hoy, descuartizadas, en una vivienda de Florencio Varela. Por el hecho se encuentran detenidas cuatro personas. El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que detrás del triple crimen hay una organización criminal narco.

El resultado preliminar de las autopsias a los cuerpos reveló que los crímenes fueron cometidos en cadena. Además, que una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo, otra de ellas presentó un “corte transversal” en el abdomen (postmortem) y la tercera padeció golpes, puñaladas y su cuerpo intentó ser calcinado.

Federico Bojanovich, candidato de La Libertad Avanza (LLA) a diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires, enfrenta un proceso judicial por violencia de género que ya fue elevado a juicio.

La causa está a cargo del Juzgado Correccional N°2 de La Plata, tras la investigación desarrollada por la Fiscalía N°13 especializada en casos de violencia de género, conducida por la fiscal Mariana Ruffino.

El dirigente político que figura en el noveno lugar de la lista que encabeza Maximiliano Bondarenko por la Tercera Sección provincial y que en 2023 había sido candidato a intendente de Ensenada, fue denunciado por su expareja, quien lo acusó de haberla golpeado y de haber destruido su teléfono celular en el marco de un episodio ocurrido a la salida de un boliche de La Plata.

Según consta en el expediente, la víctima relató que Bojanovich la empujó, la agredió físicamente y le provocó lesiones, además de hostigarla con mensajes posteriores. La acusación fiscal lo imputa por los delitos de lesiones en contexto de violencia de género y daño.

Durante la etapa de instrucción, Bojanovich evitó notificarse de distintas medidas judiciales. Finalmente, en las elecciones generales de 2023 fue demorado por personal de Prefectura Naval Argentina cuando fue a votar, lo que permitió a la Justicia notificarlo formalmente sobre la causa en su contra.

En agosto de 2024, el juez de Garantías Martín Miguel Rizzo, del Juzgado N°8, convalidó el pedido de la fiscal Ruffino y resolvió que el dirigente sea sometido a juicio oral.

El testimonio de la víctima

En la denuncia presentada, la joven -con quien Bojanovich mantuvo una relación sentimental durante tres años- narró que el episodio ocurrió en junio de 2022 cuando coincidió con el acusado en un local nocturno de calle 44 entre 10 y 11.

Según su declaración, tras una discusión, Bojanovich la empujó y le arrebató el celular, el cual destruyó arrojándolo repetidas veces contra el piso.

El testimonio detalla además que, durante el trayecto hacia su domicilio en un automóvil Volkswagen UP, el acusado continuó con agresiones físicas, insultos y golpes, llegando a impactar su cabeza contra la puerta del vehículo y a propinarle un puñetazo en el rostro.

La víctima fue atendida en el Hospital San Roque y aportó constancia médica y capturas de mensajes como prueba. También solicitó medidas de restricción perimetral y de cese de hostigamiento.

Próximos pasos judiciales

El juicio oral contra Bojanovich se desarrollará en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, que deberá evaluar las pruebas reunidas y el testimonio de testigos, entre ellos personal de seguridad del boliche donde se inició el hecho.

Con información de NA.

IG

“No estamos hablando de discriminación. Es apartheid de género. Una lógica del régimen talibán que les permite mantener el poder. Han borrado a las mujeres de la vida pública y ponerle un nombre abre la puerta al nivel adecuado de rendición de cuentas”. La activista británico-afgana Sahar Halaimzai no duda en pronunciar las palabras que, para ella, definen con precisión lo que ocurre en Afganistán desde el regreso de los talibanes al poder hace justo cuatro años en agosto de 2021.

“Llamarlo apartheid de género es estratégico, como también lo es que se incluya en el tratado de crímenes de lesa humanidad que algunos países y organizaciones están intentando impulsar”, insiste la activista en una entrevista con elDiario.es.

Este viernes se cumple el cuarto aniversario de la toma de Kabul por parte de los talibanes. Desde su regreso al poder, la jerarquía integrista afgana ha borrado a las mujeres y a las niñas de la vida pública y les ha negado los derechos más básicos. Lo ha hecho de forma sistemática y metódica con un centenar de decretos que les han negado el derecho de asistir a la escuela secundaria, ir a la universidad, trabajar en la mayoría de sectores o desplazarse solas, entre otros. Estas prohibiciones tienen un impacto devastador en las tasas de alfabetización, la pobreza, la salud maternoinfantil y el bienestar mental de las mujeres.

Halaimzai, que dirige la Iniciativa para Afganistán del Fondo Malala —la organización formada por la activista premio nobel de la paz Malala Yousafzai— sabe que las palabras importan, pero que en este caso también pueden ser una herramienta jurídica. Su objetivo es que el término se codifique como un crimen en el nuevo Tratado sobre Crímenes de Lesa Humanidad que Naciones Unidas ha comenzado a preparar. El reconocimiento no sería solo simbólico: obligaría a los Estados a actuar y abriría la puerta a que los líderes talibanes pudieran ser perseguidos internacionalmente.

A diferencia de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad pueden cometerse tanto en tiempos de guerra como de paz, y de aprobarse el tratado podrían incluir la desaparición forzada, la violación y la esclavitud sexual, las ejecuciones extrajudiciales masivas y el apartheid.

El Fondo Malala ha tejido alianzas con personas expertas en la lucha contra el apartheid de Sudáfrica —la Fundación Nelson Mandela les ha dado su apoyo desde el inicio— con el objetivo de dar pasos firmes hacia el fin de un sistema que niega los derechos más básicos a la mitad de la población del país.

La activista subraya que el uso del término “apartheid de género” no es retórico. “Es el único que capta la naturaleza totalitaria del régimen talibán”, afirma. La expresión se inspira en el apartheid racial de Sudáfrica. El paralelismo no es casual: como entonces, el sistema se basa en leyes y prácticas que buscan excluir de la vida pública a un grupo entero de personas por su condición, en el caso de Afganistán, el género.

“Sin ese reconocimiento legal, se sigue tratando como una manifestación cultural y no como un delito deliberado”, advierte. El objetivo es cerrar esa brecha para que la comunidad internacional esté obligada a actuar, desde la política exterior hasta la ayuda humanitaria y la protección a personas refugiadas.

Halaimzai insiste en que no basta con denunciar. Es necesario actuar. “El reconocimiento legal del apartheid de género permitiría una acción internacional coordinada, desde la política exterior hasta la distribución de la ayuda humanitaria. Codificarlo como crimen de lesa humanidad daría herramientas para proteger a las víctimas y perseguir a los responsables”. Ese reconocimiento, afirma, permitiría cerrar una brecha que ha permitido que la violencia de género sistemática se trate como una cuestión cultural y no como una violación del derecho internacional.

Nombrar el crimen para acabar con la impunidad

Desde 2021, Afganistán es el único país del mundo que prohíbe expresamente la educación secundaria y universitaria a las niñas. Las mujeres tienen vetado trabajar, moverse libremente, acudir solas a un médico o aparecer en público sin un acompañante masculino. “Esto no es una práctica cultural o religiosa. Es una estrategia codificada de control”, recalca Halaimzai.

El marco para esa codificación es el futuro Tratado sobre Crímenes de Lesa Humanidad. La resolución 79/122 de la Asamblea General fue aprobada por consenso en diciembre de 2024 y se prevén conferencias diplomáticas en 2028 y 2029 para cerrar el texto, tras un periodo de trabajo que incluirá la definición de crímenes, jurisdicción y obligaciones de los Estados.

Amnistía Internacional ha subrayado que este tratado ofrecería “la oportunidad de remediar algunos de los compromisos que se alcanzaron en Roma hace más de 25 años. También contribuiría a incorporar los avances del derecho internacional producidos desde entonces, algo especialmente importante en lo que respecta a la igualdad de género y a la protección contra los delitos de género”. La nueva convención mejoraría los estándares internacionales en materia de justicia de género, reconociendo crímenes que han recibido poca atención, como el apartheid de género o el matrimonio forzado.

En junio de 2024, durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrado en Ginebra, el secretario general de la ONU, António Guterres, se sumó al creciente número de voces que reclaman reconocer formalmente que la situación de las mujeres y niñas en Afganistán constituye un apartheid de género. Guterres instó a la comunidad internacional a adoptar “medidas efectivas” para poner fin a esta discriminación sistemática, comparables a las que contribuyeron a desmantelar el apartheid en Sudáfrica.

Halaimzai destaca que “España ha jugado un papel crítico en impulsar el tratado”. “Está actuando con una claridad moral propia”, afirma. Su expectativa es que el Gobierno español mantenga el liderazgo político y diplomático hasta la adopción final. Para la activista, la posición española es también una oportunidad para enviar un mensaje claro: ningún Estado debe reconocer al régimen talibán como legítimo. “Volvieron al poder no porque el pueblo afgano lo quisiera. Hubo una negociación con Estados Unidos y el pueblo afgano no fue invitado a la mesa”, recuerda.

En enero de este año, El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a los jueces del tribunal la aprobación de dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán.

Una red de resistencia

El trabajo de Halaimzai no se limita al plano diplomático. El Fondo Malala ha redirigido sus programas para seguir apoyando la educación de las mujeres y las niñas en un contexto de prohibiciones. Los programas de educación alternativa del Fondo Malala tienen la capacidad de llegar a dos millones de niñas en el país mediante clases clandestinas en casas particulares, clases por radio, televisión o plataformas digitales y aplicaciones.

Además de formación, ofrecen apoyo emocional en un país donde, por primera vez, las cifras de suicidio de las mujeres superan a las de los hombres. “Es un contexto increíblemente complejo y nuestros socios son muy audaces y creativos para sortear las trabas”, señala Halaimzai quien, a pesar del amplio alcance de sus programas, subraya que “no dejan de ser un recurso para mitigar un problema que es profundo y sistémico”.

Las cifras confirman el colapso social. El 80% de la población vive en la pobreza. El desempleo femenino ha empujado a muchas familias a la mendicidad. Las clínicas han cerrado. La venta de anticonceptivos ha sido prohibida. La mortalidad materna está en uno de los niveles más altos del mundo. Según el último índice de ONU Mujeres, el 78% de las mujeres afganas entre 18 y 29 años no trabaja, no estudia ni recibe formación.

Halaimzai se esfuerza también por cambiar algunos relatos falsos. “Afganistán es un país conservador, pero la mayoría de los hombres están a favor de la educación de las mujeres y las niñas”, plantea. La activista cita una encuesta sobre la opinión pública afgana realizada por The Asia Foundation en 2017 que mostró que la mayoría de la población, sin distinción de género ni de grupo demográfico, considera que las mujeres deberían tener las mismas oportunidades que los hombres en educación y empleo. En concreto, el 72,4% estuvo de acuerdo en que las mujeres deberían poder trabajar fuera del hogar y el 82,3% opinó que deberían tener las mismas oportunidades educativas. Ese estudio se basó en una muestra representativa de más de 10.000 personas de todas las provincias de Afganistán y en distintos grupos étnicos.

La activista señala que el sistema diseñado por los talibanes es perverso y obliga a colaborar a los hombres para que opriman a las mujeres. “La noción de que los padres y hermanos oprimen a sus hijas y hermanas no es correcta. Es más complejo. Los talibanes también castigan a los hombres si las mujeres de su familia se atreven a desafiar las normas. Te pueden quitar el coche y eso puede significar no tener pan en casa”, explica.

“La situación de las mujeres y las niñas en Afganistán es otra prueba de fuego para la comunidad internacional sobre cuáles son los límites de lo aceptable”, señala la activista. Naciones Unidas no reconoce a los talibanes como el gobierno legítimo de Afganistán. Hasta la fecha, solo Rusia ha otorgado ese reconocimiento formal, motivada por una combinación de intereses geopolíticos, estratégicos y de seguridad regional.

Moscú aceptó las credenciales del embajador talibán y colocó su bandera en la embajada afgana en julio de 2025. Otros países, como China, Irán, Pakistán, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán, han aceptado a diplomáticos designados por los talibanes —en calidad de embajadores o cónsules— y, en algunos casos, han restablecido misiones diplomáticas o entregado el control de las embajadas.

El reto, dice, es convertir las palabras en acción sostenida: “La comunidad internacional tiene que actuar con honestidad. Han creado las condiciones para el regreso de los talibanes. Ahora deben actuar con legalidad, con diplomacia, para apoyar a las mujeres y a las niñas y ayudar a la población afgana dentro y fuera del país”.

Sahar Halaimzai comparte su experiencia personal para mostrar una situación que se repite generación tras generación en su país. La activista nació en Kabul y llegó al Reino Unido con 13 años, con su hermano y sin estudios formales. “Llegamos solos como menores no acompañados y no hablábamos inglés”, explica, y avisa: “Es una situación que se repite una y otra vez, y tuvimos la suerte de llegar a una sociedad que en ese momento nos acogió. Ahora hay otra ola de familias de Afganistán que se ven obligadas a marchar y lamentablemente se enfrentan a un clima mucho más hostil”.

Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por haber abusado sexualmente de la modelo y conductora y haberle provocado daños en su salud mental.

La justicia decidió su inmediata detención y luego de alojarlo en la DDI de Campana, fue trasladado a la trasladado a la comisaría 5ª de Escobar. Allí esperara que el Servicio Penitenciario Bonaerense decida su lugar de detención definitivo.

“La Justicia finalmente escuchó: hoy empiezo a vivir”, dijo Prandi al salir del Tribunal, y agregó: “Es un día de celebración, de renacimiento para mí, con mucha felicidad”.

La mujer no llegó a tiempo para escuchar la sentencia y se enteró por los medios mientras esperaba para entrar junto a sus abogados y su pareja, Emanuel Ortega. Una vez adentro de la sala y la confirmación de la sentencia, rompió en llanto.

Sobre los años de condena dijo que son “casi el infierno que yo viví, que fueron 20. Lo importante es que la justicia decidió y se lo llevaron preso”. “Que viva el infierno que yo viví”, enfatizó.

La causa emprendida por Prandi y el fallo que ratifica y condena sus dichos puso de manifiesto un tema del que poco se habla, los abusos sexuales dentro del matrimonio. A lo largo del juicio, la conductora expuso la violencia a la que ella y sus hijos fueron sometidos por su exmarido.

Para el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, Contardi es culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados. Así lo decidieron los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar.

A poco de conocerse la sentencia, Contardi decidió echar a su abogado, y contratar a un nuevo defensor, Fernando Sicilia, quien en declaraciones a la prensa explicó: “La familia me contactó luego de esta sentencia y a partir de este momento presenté la designación y la aceptación del cargo para ponerme a conocer un poco, fuera de lo que son los medios, de la causa en sí misma”. El abogado adelantó que pedirá la libertad de Contardi porque se trata de una “prisión preventiva”. “Él tranquilamente podría estar en su casa, con su esposa e hija menor, con tobillera. Como está en prisión preventiva, siempre se puede modificar”, dijo en declaraciones a TN.

Prandi había denunciado a Contardi por violación, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. Al prestar su testimonio durante el juicio, afirmó: “No fui violada una vez, sino infinidad de veces”.

A lo largo del juicio, la presentadora detalló la forma en la que fue sometida sexualmente, aislada de su entorno, humillada y despojada de sus recursos económicos por el padre de sus dos hijos.

La violencia sexual, afirmó, comenzó en 2015, tras el nacimiento de su segundo hijo.

Entre los profesionales que respaldaron su relato se encuentran el psiquiatra Rafael Herrera Milano, la psicóloga Flavia Crupi y la perito psicóloga Bárbara Tomasicci, quienes coincidieron en que la denunciante sufrió violencia física, sexual, psicológica y patrimonial por parte de Contardi.

“No se trata de dinero, o de todo lo que él me sacó, que fue todo. Trabajo desde que tengo 15 años. Todo lo que se compró lo hizo con mi plata. No quiero un palacio, no quiero nada. Solo justicia, es lo único que pido. Me robó casi 20 años de vida”, había declarado Prandi durante el proceso.

El fallo tuvo la adhesión inmediata de varias figuras públicas, desde la conductora Verónica Lozano hasta la radical Karina Banfi y la extitular del INADI, Victoria Donda. En medio de los apoyos, apareció el posteo del biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez: “Ni uno solo fue ‘testigo’ presencial del ‘secuestro’, ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa. Conclusión: no me cierra nada”, escribió en una larga publicación en X e Instagram. Márquez, conocido por sus posiciones homofóbicas, tuvo que dar marcha atrás a causa de los repudios que le llegaban y terminando borrando el texto.

Con información de Noticias Argentinas y EFE

El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, pidió este viernes 50 años de prisión para el exmarido de la conductora, Claudio Contardi, en la causa caratulada como abuso sexual y violencia de género, en el tribunal de Campana, mientras que el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 20 años y cuando finalizó la audiencia, la actriz, que se retiró en un patrullero, confirmó que permanecerá custodiada hasta el miércoles cuando se conozca el veredicto.

Por su parte, la defensa del acusado solicitó nuevamente la nulidad del juicio y, en caso de condena, exigió que se contemple el mínimo de la misma.

La jornada tuvo lugar en los Tribunales de Campana, donde se desarrollaron los alegatos de cierre de todas las partes y se confirmó que el veredicto se dará a conocer el miércoles 13 de agosto a las 11 de la mañana.

Durante el debate, que se inició el miércoles pasado, declararon tanto Prandi como Contardi ante los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, además de testigos, peritos y psicólogos que respaldaron el relato de la víctima. “Contardi es un criminal. Tiene gente muy oscura a su alrededor. Una condena sería paz, alivio y justicia”, expresó la conductora al ingresar al tribunal.

El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 20 años de prisión, mientras que la querella, a cargo del abogado Javier Baños, pidió 50 años al considerar que se trata de un delito continuado de extrema gravedad. Baños también solicitó la prisión preventiva para Contardi y remarcó que la defensa “parecía no haber estado en el debate”.

En tanto, la defensa del acusado volvió a pedir la nulidad del juicio, solicitó un veredicto absolutorio y, en caso de condena, pidió que se contemple el mínimo de pena. También reiteraron el pedido de que la causa sea juzgada por un jurado popular, lo cual fue rechazado por el tribunal.

Tras el cierre de la audiencia, se resolvió que Contardi no podrá salir del país ni viajar dentro del territorio nacional hasta que se dicte sentencia. Frente a la posibilidad de que el acusado permanezca en libertad hasta el miércoles, los abogados de Prandi pidieron que se le otorgue un botón antipánico, ya que la conductora no se siente segura.

Al finalizar la audiencia, la mujer se descompensó y debió ser atendida por personal médico.

“Los hechos tienen que tener consecuencias. Si no, lo que permitimos se repite”, había dicho Prandi en la puerta del tribunal. Ahora, con las pruebas ya expuestas y los alegatos concluidos, la expectativa está puesta en la sentencia del miércoles.

Una vez que se recuperó, la denunciante manifestó que permanecerá custodiada hasta la semana que viene cuando se conozca el veredicto.

La conductora resaltó que se solicitó la prisión preventiva para Contardi a fin de resguardar su integración física y la de sus hijos, pero los jueces rechazaron el pedido debido a que adelantarían la decisión de la sentencia.

“Lloré desde las tripas, saqué todo mi dolor, este hombre es capaz de hacer cualquier cosa”, lamentó. Luego se retiró en un patrullero que la trasladó hasta su domicilio.

Con información de la agencia NA

Una década después de la primera manifestación masiva bajo la consigna “Ni Una Menos” se repite una situación inesperada: los feminismos están teniendo que explicar los conceptos más básicos y elementales como si fueran nuevos.

Así fue en 2015. Había ya una larga tradición activista en torno a los derechos de las mujeres. Ni Una Menos apareció como una novedad y se organizó primero en torno a lo más extremo: el femicidio. Fue una reacción visceral, pero resultó estratégica para sacar la problemática de la esfera de lo íntimo, lo “pasional”, lo doméstico. Que las coincidencias en las muertes no eran casualidad sino violencia machista fue un piso mínimo de acuerdo que movilizó multitudes y generó un consenso desde el cual reclamar al Estado por su responsabilidad.

Marcela Ojeda, una de las periodistas convocantes a la primera marcha, reflexiona: “Una década después, acá estamos, acá estoy, abrazada de manera irrenunciable a aquellos reclamos a los que le pusimos voz; ahora con el agravante de esta pretensión desde el poder político de turno de querer instalar que las asimetrías no son tales, que los crímenes por razones de género no existen, que el fin de este flagelo estructural se resuelve con políticas de seguridad”. Y concluye: “Pretenden borrar la historia, la más reciente pero también la que ha colocado a nuestro país a la vanguardia con políticas que se han replicado en otros estados, y eso, mal que les pese, es un logro colectivo”.

Uno de los reclamos iniciales fue por un registro de femicidios que se creó en 2016, existe todavía y depende de la Corte Suprema de Justicia. En estos días publicará la cifra, pero los observatorios feministas permiten adelantar que serán más de 2.700 femicidios en esta década. Una cifra lacerante.

Hace diez años Ni Una Menos reclamaba que no contaban a las muertas. Hoy parece que las muertas no cuentan.

Marcha y contramarcha

“En estos 10 años celebramos conquistas históricas como la ley de paridad de género, el derecho al aborto, la Ley Micaela, el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género, la ley de los Mil Días, y el reconocimiento de nuevas formas de violencia, como la digital y la violencia política. Pero desde que asumió el gobierno de Javier Milei, enfrentamos un escenario alarmante ante el cierre de programas fundamentales y el desmantelamiento de la política pública”, asegura Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, su directora Natalia Gherardi asegura: “No hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. El sistema de medición dejó de relevar la información nacional y se dejaron de publicar las estadísticas. Con el desmantelamiento de programas y espacios de atención, es posible que haya menos mujeres buscando ayuda”.

El desmantelamiento de los espacios de asistencia es una política de Estado. Hasta la línea 144 de atención a víctimas de violencia ha sufrido un recorte de personal. La decisión política de ampliar su injerencia a todos los tipos de violencia pierde de vista la especificidad del fenómeno para el que las operadoras habían sido formadas.

Es probable que el poder Ejecutivo prepare algún anuncio irritante para el aniversario. Lo han hecho en otras fechas significativas. El antagonismo con los reclamos feministas es parte de la identidad del oficialismo. En mayo el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona salió a celebrar el cierre de 13 programas de Género a los que acusó de “ideologizados”. No era una novedad: la mayoría de ellos estaban desfinanciados desde las primeras semanas de asunción del gobierno de La Libertad Avanza. Incluso el Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, lanzado durante el gobierno de Mauricio Macri y que había dado resultados efectivos: una reducción significativa del embarazo no deseado en las mujeres más jóvenes. A la luz del discurso natalista imperante quizás sea necesario aclarar que esa caída en particular era una buena noticia.

“Negar la violencia machista no la hace desaparecer, la profundiza. Recortar no ahorra recursos: cuesta vidas. Frente al retroceso, respondemos como siempre: colectivamente. Porque los derechos de las mujeres y diversidades no son ni pueden ser una variable de ajuste”, insiste Galkin.

El Estado es responsable

Para la fiscal Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Ni Una Menos marcó una transformación institucional profunda. De hecho, la creación de esta Unidad se concretó en junio de 2015 con referencia a la movilización en la resolución que marcó su nacimiento: “Había ya un diagnóstico del problema en la Justicia. En este tiempo se creó un protocolo de femicidios, uno de violencia sexual y una guía de violencia doméstica para unificar el criterio y la perspectiva de género en la intervención”. Son herramientas pensadas para trabajar en los aspectos deficitarios de la atención judicial en los casos de violencia de género. Los discursos negacionistas son bien recibidos en los espacios que se resistieron a incorporar estas perspectivas.

En tiempos de aclarar obviedades, los poderes del Estado son tres y son independientes. Desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, su responsable María Emilia Sesín remarca: “Tenemos la ventaja de pertenecer al ámbito judicial. Desde ahí hacemos un trabajo muy artesanal de articulación con los organismos que van quedando, hacemos censos de recursos para saber qué está vigente”. Durante 2024 17.120 personas recurrieron a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. El 73% fueron mujeres. “Lo que vemos en la OVD no es un afán persecutorio sino la voluntad de las mujeres de poder continuar una vida normal, libre de violencia”, puntualiza Sesín.

Frente al negacionismo actual, Labozzetta advierte: “Es un mensaje peligroso viniendo desde un poder del Estado, en términos de retroceso. No es un mensaje inocuo porque es un poder del Estado desoyendo compromisos ante la comunidad internacional”.

Desde 2015 la consigna “Ni Una Menos” se ha replicado en cada rincón del país y en gran parte del mundo. La Asamblea desde la que se organiza hoy decidió que este año la convocatoria en CABA se mueva un día para plegarse el miércoles 4 al reclamo de los jubilados y jubiladas frente al Congreso, mientras que las manifestaciones serán este martes en el resto del país. Los tiempos son otros. El reclamo es el mismo.

MA/DTC

Un viento frío levanta tierra en las calles de Rufino. Acá nació Amadeo Carrizo, acá nació Federico Sturzzenegger, acá se comenzó a gestar la fortuna de Bulgheroni y acá rugió hace diez años el Ni una menos. El tiempo –contradictorio como esta ciudad– atenúa, pero las cicatrices siguen visibles porque son heridas mal sanadas. Todos lo saben. El femicida Manuel Mansilla que mató a Chiara Paez quedará libre en poco tiempo y hay una bronca silenciosa que se expande. Está vez no explota como en 2015, pero sigue ahí, raíz podrida de un cimiento que tarda en caer.

“El femicidio de Chiara fue una bomba que destruyó nuestra familia, a sus amigos y a todo el pueblo”, cuenta Fabio Paez, el padre de Chiara, la adolescente de 14 años que fue asesinada embarazada el 10 de mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado un día después enterrado en un pozo en el patio de la casa de los abuelos del asesino.

El femicidio fue la gota que colmó el vaso. Millones de mujeres marcharon en ochenta localidades de Argentina para decir “ni una menos”. Las movilizaciones trajeron cambios rápidos como las modificaciones en los protocolos de búsqueda, la creación de comisarías especializadas en tomar denuncias por violencia de género y un rotundo cambio en el debate social. Sin embargo, a diez años del asesinato, nadie en Rufino está conforme: la condena a Manuel Mansilla a 21 años y seis meses de prisión fue rebajada a 15 años por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario. La reducción fue confirmada por la Corte de Santa Fe al considerar que Mansilla era menor cuando cometió el crimen y la pena máxima posible es de 15 años. La sentencia fue apelada por la familia y duerme en los tribunales de la Corte Suprema de Justicia desde hace dos años.

El femicidio de Chiara Paez

La noche del sábado 9 de mayo, Chiara Paez se encontró con algunas amigas con las que jugaba al hockey en el Club Los Pampas. Sus padres no la dejaban salir de noche, pero como iban a quedarse en la casa de una de las chicas se lo permitieron. A la medianoche, Chiara se encontró con su novio en la calle. Como no volvía, las amigas decidieron llamar a su madre –Verónica Camargo- para advertirle la situación.

“Una de las primeras cosas que hice fue hablar con Mansilla. Después de haber matado a Chiara, me dijo que su padre era policía y que podía ayudar en agilizar la búsqueda. Nunca pensé que iba a ocurrir lo que pasó. El padre me dijo que tenía que hacer la denuncia para que sea un búsqueda oficial y cuando fui a la comisaría me encontré al asesino, que estaba frío como siempre”, recuerda Verónica.

La policía comenzó un rastrillaje por Rufino y los campos cercanos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Al grupo de 300 rescatistas y vecinos se sumó el propio asesino que después de enterrar el cuerpo y cubrir el pozo con chapas montó una escena para intentar despistar a la policía: habló con las amigas de Chiara y activó su teléfono para que los rastrillajes se alejaran de su casa.

En la casa durante la madrugada del crimen estaban sus dos abuelos, su madre y su padrastro. El homicidio fue perpetrado en la cocina. Una causa investiga la participación de los adultos en la vivienda quienes declararon no haber escuchado los golpes, los gritos de la víctima, ni tampoco visto como Mansilla hizo un pozo para enterrarla.

“Cuando fuimos a la casa de Mansilla el mediodía del domingo nos encontramos con que un familiar había hecho un asado a escasos metros del lugar donde todavía permanecía enterrado el cuerpo”, rememora a este medio el entonces fiscal Mauricio Clavero, el primero en ordenar la búsqueda de Chiara.

En la tarde del domingo llegó a Rufino una brigada de Rosario –ubicada a 250 kilómetros– con tres perros de búsqueda que se acercaban cada vez más a la casa de Mansilla. En ese momento, el joven se quebró y fue entregado a la policía. De acuerdo a la reconstrucción y al relato del femicida, el abuelo lo confrontó y en ese momento confesó. El cuerpo de Chiara fue identificado por los bomberos, Defensa Civil y el fiscal Clavero.

“Nunca me voy a olvidar cuando entre la tierra apareció su bracito con un saco color salmón. Cuando levanté la vista miré que el personal de bomberos y los policías lloraban. Para una comunidad chica como Rufino este es un golpe tremendo y personal”, cuenta Clavero.

El cuerpo estaba enterrado en un pozo de 80 centímetros de profundidad con la tierra apisonada tapada con chapas y hierros. El cadáver en posición fetal tenía múltiples golpes en la cabeza que lo ocasionaron la muerte. Los familiares del femicida en un principio fueron detenidos, sin embargo luego los liberados. La causa por el posible encubrimiento y participación en el crimen continúa sin resolución.

Por la presión social, los familiares de Mansilla que estaban en la casa la noche del crimen se tuvieron que mudar a Venado Tuerto, a cien kilómetros de Rufino. “Acá todos los veían como culpables, imagínate que nadie quería atenderlos en los negocios”, cuenta una vecina.

Fabio Paez –el padre de Chiara– también se fue de la ciudad y ahora vive en Alvear, Mendoza, donde brinda charlas en colegios acerca de violencia de género. “Después de 45 años en Rufino, tuve que irme. Nunca fui violento, pero si me cruzaba a esa gente en la calle no sé qué hubiera hecho. Es imposible que no hayan sabido lo que pasó si estaban en la misma casa”, explica.

Manuel Mansilla cumple condena y si se confirma el fallo que redujo su pena estaría próximo a salir en libertad. Hasta el momento no cuenta con la aprobación psicológica para salidas transitorias. Luego de la repercusión nacional por el asesinato a Rufino llegaron materiales como el luminol para investigar crímenes, se montó una oficina para atender casos de violencia de género y hasta se construyó una cámara gesell, sin embargo los femicidas siguieron matando.

En febrero de 2018, Oscar Cejas de 29 años mató de tres puñaladas a Katherine Quinteros de 18 años frente a sus hijas mellizas. Esta vez, había indicios previos que podrían evitar el crimen: Cejas había sido denunciado por golpes, lo habían internado en un psiquiátrico y hasta había dicho que si lo soltaban iría a matar a su ex pareja.

“Yo creo que hasta que no haya una reeducación como sociedad esto no va a terminar nunca. Las mujeres tenemos que encabezar la lucha, pero tenemos que hacerlo integrando a los hombres. Cuestionando, pero escuchando también. Los feminismos entraron en grietas que dejaron de lado el fin con el que inició el 'Ni una menos'. Tenemos que volver a unirnos contra la violencia”, explica Verónica Camargo, la madre de Chiara Paez.

Verónica nunca imagino estar encabezando una mesa de debate feminista en Rufino. Habla con claridad y resolución. Su voz mezcla fuerza y templanza, ternura y combate. Al igual que Fabio, viaja donde le pidan para hablar de violencia de género. El dolor la transformó en una luchadora, algo de lo que que Chiara estaría orgullosa.

GV/DTC

Por momentos se parece a una práctica de esgrima, una suerte de espadeo dialéctico. Que si bajaron los femicidios, si subieron las denuncias, si se recortaron fondos, si se malgastaron los recursos. Que si somos nosotros, si son ustedes, si fueron ellos que hicieron bien o mal tal o cual cosa.

¿A quién le importan todos estos números, después de todo? La discusión no se plantea por interés académico ni puntilloso apego a la evidencia, sino más bien todo lo contrario. Los datos parecen usarse para endilgarle la responsabilidad o la omisión a uno y otro lado de la grieta. Y, a esta altura, ya es difícil saber de qué grieta estamos hablando, si de uno y otro lado del cerco ideológico pocos parecen reivindicar como un tema central entre sus prioridades la protección de las mujeres o las políticas que promueven la igualdad.

Es curioso, porque el problema sigue allí.

Este próximo 3 de junio se cumplen 10 años de la primera vez que se empezó a usar la expresión #NiUnaMenos como sinónimo de advertencia y llamado a la acción. Advertencia por la preocupación frente a la violencia en relaciones de pareja, en la calle y en los empleos que tenía y tiene a las mujeres entre sus principales destinatarias. Llamado a la acción, por la responsabilidad que le toca a los poderes públicos frente a un grave problema social. Este movimiento no surgió de un partido político ni fue el resultado de una política de Estado. Fue la suma de voces colectivas amplificadas por periodistas y comunicadoras, de algo que apenas rozaba la superficie de la conciencia social y que generó políticas e iniciativas interesantes, pero aún incipientes.

A quienes nos importa conocer los datos nos mueve el deseo de querer entender, como único mecanismo útil para poder hacer algo respecto de un problema que sigue allí y que no desaparece aún cuando desde algunos sectores insistan en pelearse con la evidencia. 

¿Bajaron los femicidios?

El gobierno nacional afirma que los homicidios de mujeres bajaron un 14,3% y eso demostraría (en su mirada) que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad solo malgastaba recursos públicos. Bueno, vamos por partes.

Afirmar que la violencia de género bajó porque bajaron los homicidios es tergiversar el debate. Primero, porque el dato de homicidios no es un indicador riguroso para hablar de violencia de género en términos amplios y el homicidio de una mujer no es sinónimo de femicidio (que solo es tal cuando se da en un contexto de violencia de género). La institución que registra los femicidios de manera rigurosa desde hace una década es la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en base a datos relevados por los poderes judiciales de las provincias. 

Segundo, porque los femicidios se mantienen prácticamente estables desde 2014, con algunas variaciones menores año a año. La relativa estabilidad de esta cifra (que se repite en los países de la región) muestra que se trata de un problema estructural que necesita mucho más trabajo de prevención y acompañamiento, antes de que la violencia adquiera formas más graves que pueden llevar al desenlace fatal. 

Tercero, porque lo cierto es que no hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. Los femicidios son la expresión más extrema de la violencia. Afortunadamente, la mayoría de las mujeres que viven en relaciones violentas no es asesinada pero eso no quiere decir que la violencia haya disminuido. Con el desmantelamiento de muchos programas y espacios de atención, es posible también que haya menos mujeres buscando ayuda aunque, por el momento, la información de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema no parece indicar una disminución en los pedidos de asistencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, el sistema de medición dejó de relevar la información de todo el país y se dejaron de publicar las estadísticas que podrían echar alguna luz sobre la cantidad de denuncias.

No podremos saber si hay más o menos denuncias de violencia si no podemos confiar en la rigurosidad de la información. Las estadísticas son importantes para poder hacer mejores políticas públicas, no para tratar de afirmar una idea sesgada.

El problema de la falta de datos confiables y completos tampoco es un problema nuevo, ni exclusivo de la Argentina. El Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará (2025) lo explica así: “En términos generales, la falta de datos impide el desarrollo de políticas basadas en evidencia. Las políticas públicas que buscan mejorar el acceso a la justicia deben basarse en datos confiables y desagregados que permitan identificar patrones de violencia, comprender las barreras que enfrentan las mujeres en los sistemas judiciales y evaluar la efectividad de las medidas implementadas. La mayoría de los Estados analizados no recopila ni publica esta información de manera adecuada, lo que limita la capacidad para diseñar y evaluar políticas efectivas y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención de Belém do Pará” (párrafo 507 del Informe).

Si tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires la información relevada a lo largo de los últimos años indica que el 50% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior parece claro que tergiversar el debate es negar una realidad que muchas niñas, adolescentes y mujeres vivimos todos los días. 

Esconder los femicidios entre los homicidios de mujeres, ignorar las situaciones previas que pueden llevar hasta la violencia extrema, negarse a prevenir a través de una estrategia de atención temprana, es una forma de justificar la ausencia del Estado.

Si ni los femicidios ni la violencia se redujeron en estos años, ¿el Estado malgastó sus recursos? 

Supongamos por un momento que hay un interés genuino en hacer un uso más racional y cuidadoso de los recursos públicos. Podría ser una pregunta válida indagar sobre la distribución del presupuesto en gestiones anteriores. Los datos, sin embargo, no justifican el nivel de ensañamiento con el que se analiza la gestión del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Seguramente, otra sería la calidad de las instituciones públicas si se dedicara el mismo esfuerzo a revisar el uso de los recursos públicos en todas las reparticiones. De acuerdo con un análisis del presupuesto de todos los ministerios realizado por Chequeado, en comparación con las otras carteras ministeriales, el de las Mujeres es uno de los que menos recursos tuvo en 2023. De 19 ministerios, se ubicaba en el puesto 17 con un 0,2% del total de gastos previstos para ese año. Los ministerios con más presupuesto fueron Trabajo (38,3% del total), Economía (7%) y Educación (6%).

A la sociedad, tanto mujeres como varones, el tema le sigue pareciendo relevante. En un estudio reciente que llevamos adelante junto con el CEDES, preguntamos sobre los temas de preocupación para varones y mujeres. La sociedad argentina cree en las mujeres y en los problemas que las atraviesan, y creen que el Estado tiene un rol que cumplir. El estudio Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos muestra que el 62% considera que la asistencia a mujeres en situación de violencia tiene un impacto positivo y en un 79% de las respuestas expresa que prefiere un Estado que brinde protección ante violencias. Claro que se valora el progreso en relación con la igualdad entre varones y mujeres lograda en la última década, pero seis de cada diez personas todavía considera que las desigualdades entre varones y mujeres son grandes o muy grandes, y son la amplia mayoría (85%) quienes consideran que aún queda mucho por hacer para asegurar la igualdad de derechos.

Si el problema subsiste, si a la sociedad le sigue pareciendo un tema preocupante donde el Estado tiene un rol que cumplir, debiéramos poder llegar a un acuerdo sobre cuál será la mejor estrategia para abordarlo. Definir cuál es el plan (y de paso, cumplir con la Ley 26.485 que establece la obligación del Estado nacional de generar un plan nacional de acción para el abordaje integral de las violencias por razones de género).

En lugar sostener una conversación pública con buena fe, en lugar de ofrecer argumentos basados en evidencia y de coordinar un trabajo articulado con las provincias que también tienen responsabilidades en la implementación de estas políticas públicas, se plantea la amenaza hacia las mujeres que se atrevan a denunciar.

Si hay tanta impunidad, ¿será que las denuncias son falsas? 

No lograr la prueba de un delito no es lo mismo que haber denunciado falsamente. En Argentina, no hay estadísticas oficiales sobre denuncias falsas en violencia de género. Lo que sí hay es evidencia de que la mayoría de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, no denuncia.

Los datos muestran que sólo 1 de cada 4 mujeres que sufren violencia buscó asistencia, asesoramiento o llegó a denunciar. De 250 víctimas directas de femicidio relevados por la Oficina de la Mujer de la Corte, menos del 25% había denunciado al perpetrador de la violencia. Las estimaciones sobre el tema parecen indicar que en Argentina menos del 3% de todas las denuncias penales (no solo las de género) terminan catalogadas como falsas o infundadas.  

El mayor problema, incuestionable, es que cada 35 horas una mujer todavía es víctima de femicidio y, muchas veces, después de haber pedido ayuda y con una medida de protección vigente. En España, un país con una población total similar a la Argentina, la cifra total de femicidios es 5 veces menor.

¿Por qué se habla tanto de las denuncias falsas y se trabaja activamente para endurecer las penas especialmente cuando se alega violencia de género? Porque es una forma de desacreditar a las víctimas y sembrar sospechas donde hay miedo.  Denunciar nunca es gratis: implica exponerse, romper vínculos y enfrentarse al sistema. Antes del Ni Una Menos, en muchas ocasiones, las mujeres que denunciaban violencia no eran escuchadas por la policía, ni la Justicia, y a veces incluso, ni por su propia familia.

En 10 años hemos visto que más mujeres reconocen la violencia y se animan a buscar ayuda. En 2018, el 22% de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires que vivieron violencia doméstica dijo haber buscado ayuda, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30%. Esta información surge de la encuesta de Percepción e incidencia de la violencia, implementada por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad en 2023. Queda mucho por hacer, pero claramente hubo un avance de las políticas de información, prevención y atención que impulsaron a más personas a buscar ayuda. Si ahora comenzaran a bajar las denuncias, no parece razonable festejar sin saber si lo que bajó es la violencia o solo aumentó la frustración frente a un mensaje de autoridades públicas que dice: “ni te atrevas, las consecuencias de tu denuncia serán terribles… para vos”. 

No importa cuáles sean sus prioridades, preferencias o promesas de campaña, el Estado Nacional no puede desentenderse de prevenir las violencias de género.  Las mujeres de todas las edades asesinadas por violencia de género siempre serán muchas si el Estado no hizo todo a su alcance para prevenir ese desenlace fatal. Y muchas más son las que no tienen por qué vivir una vida creyendo que su bienestar no vale, no interesa, no es prioritario. El Estado nacional, al igual que los provinciales y municipales, tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos de toda la población, sin importar su lugar de residencia. Todos son corresponsables.

Hablar de violencia de género no es ideología y pedir que no nos maten no es, ni debiera ser, sólo una demanda del feminismo. Es una realidad que se impone. 

DTC

Una asamblea de 50 mujeres discute en ronda en La Lagunita, uno de los barrios más pobres de Rosario. Hablan del desborde de los merenderos y comedores, la falta de changas, las que salen a cirujear, las que viven en la calle, la seguridad y el transporte que no llega al barrio. Incluso sale el tema sobre una nueva culpa con la que tienen que cargar: son las supuestas responsables de la baja de la natalidad. Lo que más se repite es que todas ven más situaciones de violencia de género pero sienten que ya no se habla de femicidios. 

—Ya no circulan números. Antes las mujeres sabían cuántos femicidios había por año —dice Maria José Poncino, referente territorial del Movimiento Evita de Rosario. La mayoría de las mujeres son promotoras de género. Lo eran antes de que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad las reconociera como tal, con un carnet y un cuadernillo. Y lo siguen siendo ahora con un Gobierno que les dice que lo que hacen es ideología y no una política pública.

El 16 de mayo pasado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció el cierre de 13 programas que habían sido promovidos por el entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades durante el gobierno de Alberto Fernández. Dijo que eran “programas ideológicos kirchneristas, financiados por todos los argentinos”. Incluso se burló porque había uno que se llamaba MenstruAR. “Eliminar estos despilfarros absurdos le ahorrarán más de $6.000 millones de pesos por año a los argentinos de bien”, dijo en redes. 

Unos meses antes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había salido con un mensaje similar. Publicó un listado de 127 áreas dadas de baja y casi el 25% eran políticas de  género y diversidad. “Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables”, dijo la misma sintonía de Cúneo Libarona de equiparar los derechos con la idea de curro. 

En los dos casos lo que seguía era una lista de nombres de programas sin ninguna explicación de para qué era cada uno y a quiénes estaba dirigido.

Ni los estudiaron

Lucia Cirmi Obón es economista y fue subsecretaria de Políticas de Igualdad del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Varios de los programas eliminados estaban a su cargo. Piensa que el anuncio fue una forma de hacer campaña en medio de la veda por las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque los  programas de género ya estaban desfinanciados y desarmados: lo que hicieron fue eliminar la estructura. 

—Lo que anuncian como un ahorro de $6.000 millones es cuestionable porque gran parte de esos programas no tenía presupuesto propio y tampoco se estaban ejecutando, así que no hay ahorro. Pero además hay que cuestionar el número: $6.000 millones para el Estado es poco, es un quinto del impuesto a la transferencia de inmuebles que derogaron porque, según su argumento, recaudaba muy poco.

Cirmi Obón también forma parte de Futuros Mejores, un espacio de discusión que nació después de la marcha antifascista con otras referentes transfeministas. Uno de los datos que revelaron dice que las políticas de género y diversidad alcanzaban a 1 millón de mujeres y diversidades y costaban 32 millones de dólares por mes. 

“¿Es mucho o poco eso? Es poco para la riqueza de la Argentina. Con la criptoestafa del Presidente, nueve personas ganaron en una noche 87 millones de dólares, o sea tres veces el presupuesto mensual destinado a políticas de género para toda la Argentina”, dice el documento de lanzamiento.

La ex funcionaria agrega otro dato: por cada 100 pesos que gastaba el Estado solo 20 centavos iban al Ministerio de Mujeres. Para ella, desde el Gobierno eliminaron los programas sin estudiarlos ni saber para qué era cada uno ni cuánto presupuesto tenían cada uno. Algunos ni siquiera tenían partidas asignadas. 

El programa que más alcance tenía era el Acompañar, que daba ayuda económica por seis meses a mujeres víctimas de violencia de género que no se podían ir de la casa porque dependían de su agresor. Llegaba a 500.000 mujeres. 

—El Menstruar para el Estado no significaba nada en términos presupuestarios porque solo distribuía copitas y daba educación sexual. Y para las mujeres era un ahorro muy grande. También entregábamos kit de lactancia para mujeres en situación de vulnerabilidad que querían sostener el trabajo y la lactancia –explica Cirmi Obón

La concejala salteña, Malvina Gareca, presentó esta semana un estudio sobre el costo de la Canasta Básica Menstrual (CBM) y reveló que aumentó 6.383% desde 2018. En 2025 representa un gasto de más de $140.000 anuales por persona. El programa Menstruar buscaba reducir esos costos repartiendo copitas menstruales pero además tenía un impacto ambiental por la reducción de residuos descartables. 

Cirmi agrega que lo mismo pasó con el programa que ayudaba a las personas trans, las más excluidas de los trabajos y de las escuela. Eran montos que para el Estado no eran significativos y a ellas les solucionaba parte de la vida.  Había otros programas que ni siquiera tenían costo. El  Igualar, que estaba a su cargo, consistía en acompañar y guiar a las empresas en qué tipo de políticas tenían que hacer para ser espacios de trabajo más inclusivos. 

—No leyeron de qué trataba cada programa. Pueden tener nombres similares pero son políticas distintas. 

Generar era para que los municipios y comunas crearan sus propias áreas de género, que es a donde tocan el timbre las mujeres que sufren violencia porque el Estado nacional no llega a todos lados. Producir apuntaba a mujeres que habían sufrido situaciones de violencia y las ayudaba a emprender para tener autonomía económica. El Sembrar era con mujeres en la ruralidad, que se trabajaba sin presupuesto porque nunca se consiguió que les asignaran presupuesto. 

La Canasta Básica Menstrual (CBM) aumentó 6.383% desde 2018. En 2025 representa un gasto de más de $140.000 anuales por persona.

Para Cirmi, el Estado nunca estuvo tan ineficiente como durante esta gestión: las pocas trabajadoras del ex Ministerio que quedan están sin tareas, a otras las reubicaron y la mayoría fueron despedidas. Todo este achique de políticas abona a la feminización de la pobreza y a que muchas mujeres se quede en la casa con sus agresores. Y también derrama en las provincias y municipios. 

No hay plan 

—Lo que falta es la propuesta —dice Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoaméricano de Justicia y Género (ELA). —El Poder Ejecutivo tiene la potestad de redefinir las políticas públicas, fijar sus prioridades y definir la arquitectura del Estado como le parezca. Lo que no puede es incumplir con sus obligaciones. Y eso es lo que está pasando. 

Gherardi explica que es una obligación del Estado nacional tener un plan contra la violencia de género. Está en las leyes y en los tratados internacionales: “Podrá tener más o menos presupuesto, hacerlo con un Ministerio o con una Secretaría, todo se puede discutir, lo que no puede es no hacer nada. El Gobierno desarma todo lo que había sin proponer ni implementar una estrategia para abordar un tema que sigue existiendo. Y las provincias están absorbiendo lo que el Estado no hace de manera muy despareja”.

El Ejecutivo tiene la potestad de redefinir las políticas públicas, fijar sus prioridades y definir la arquitectura del Estado como le parezca. Lo que no puede es incumplir con sus obligaciones.

Natalia Gherardi — Directora ejecutiva del Equipo Latinoaméricano de Justicia y Género (ELA)

Y agrega que la eliminación de las políticas de género se hizo de manera intempestiva y sin voluntad de mitigar el daño que se genera. Para ella, las consecuencias de estas políticas las pagan las mujeres con sus vidas, su salud física y mental, y la de sus familias. Y da el ejemplo del Programa Acompañar, que desde el gobierno anunciaron que lo iban a continuar pero en el presupuesto le asignaron cero pesos.  

Desde ELA sostienen que siempre tuvieron una mirada crítica y constructiva de los programas del Ministerio. Varias veces le dijeron al gobierno anterior que se podían mejorar y había lugar para esa discusión. Ahora no hay nada, ni en la propuesta ni en los hechos. 

—Si creían que había una malversación de fondos o una forma irresponsable de usar el dinero público, lo tenían que probar con una auditoría y presentar un uso más racional de los recursos. Pero eso no se hizo. Se están eliminando las políticas solo por la animosidad contra ellas.

Para Gherardi un punto a tener en cuenta es el rol del Poder Judicial. Hace un año desde ELA presentaron una acción para que la Justicia proteja los derechos de las mujeres y diversidades e inste Gobierno nacional a dar certezas acerca de cómo los van a garantizar. Todavía no tuvieron una respuesta. 

Ya era poco, ahora es nada 

María José Poncino piensa que las políticas públicas del ex Ministerio de Mujeres se construyeron gracias a la lucha del movimiento transfeminista. Fueron de abajo hacia arriba. También cree que la ejecución no tuvo la suficiente sostenibilidad económica. Porque como dijo Cirmi Obón, el Ministerio tenía poco presupuesto. 

El Registro de Promotoras de Género fue uno de los que vivió de cerca. Era una demanda de los propios movimientos sociales. Acompañaron la política pública y dieron los debates para pensarla desde el territorio. Pero la implementación costó. 

—Ese programa tenía un rol central porque hacía a la prevención de la violencia, desde acercar información a los territorios, posibilitar la escucha hasta detectar una situación extrema. Y no tenía presupuesto. Cuando asumió Milei quedó el título y ninguna ejecución. 

Con el Acompañar costaba la articulación. En Rosario lo bajaba el municipio y fue difícil ejecutarlo de manera rápida cuando eran situaciones de violencia donde estaba en riesgo la vida. 

—Eso no significa que con la excusa de reducir el déficit haya que sacar todo lo que habíamos conseguido. Hay una clara definición de erradicar por completo las políticas de género y es una hipocresía decir que $6.000 millones de pesos modifica el déficit. 

Para ella, el gobierno busca construir un imaginario donde todas las políticas de género son calificadas como ideológicas y partidarias. Los anuncios como los de Cúneo Libarona o Sturzenegger, con la lista de los programas puesta sin explicación, forman parte de esa narrativa. 

—Todos estos programas eran fundamentales para el desarrollo de una vida digna. El feminismo tiene el rol de romper ese prejuicio porque por algo es elegido como el enemigo junto con los movimientos sociales. La derecha tiene un proyecto político claro y saben que ahí hay mayor resistencia. 

En los barrios las promotoras de género están atendiendo las urgencias. Saben que el Estado no está y les cuesta el triple. En la asamblea también hablaron de eso, de las prioridades. Si el hambre o la violencia. Si conseguir más comida para las familias que llenan los comedores o atender a la vecina que hay que sacar de la casa porque el marido le pega. Sí tuvieron una certeza. En el feminismo todavía encuentran un lugar desde donde romper con el sálvense quien pueda. Y el próximo 3 de junio estarán juntas, como hace 10 años, en la calle. 

AB/MG/DTC

La Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez. Con dicha resolución el exmandatario quedó al borde de ser enfrentar un juicio oral en su contra.

La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah y disidencia de Roberto Boico, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Fernández quedó con procesamiento confirmado por “lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas”.

También se confirmó un embargo de $10.000.000 sobre los bienes del ex mandatario y se desestimaron los planteos de nulidad promovidos por su defensa.

“Es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras”, afirmó el juez Martín Irurzun en la resolución, de 82 carillas.

Los hechos “sucedieron en un ámbito muy especial (la Quinta Presidencial de Olivos), fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández”, advirtió Irurzun.

“Se ha establecido que, forzada por la naturaleza de su relación, la víctima tuvo que practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes de la residencia. También, que tenía un alto grado de aislamiento -fue auxiliada por familiares directas que declararon en la causa-. Valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental”, concluyó al confirmar el procesamiento.

Yañez “era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario”, agrega la sentencia.

En un contexto así, “por imperio del sentido común más básico, es razonable presumir que, en ese momento, no guió a sus acciones otra finalidad que pedir algún modo de auxilio sobre una situación que, efectivamente, había pasado, estaba pasando y, evidentemente, seguiría pasando”, advirtió el juez.

La Cámara confirmó lo que había resuelto el juez federal Julián Ercolini con intervención de la fiscalía de Ramiro González. En disidencia, el camarista Boico votó en minoría por dictar la falta de mérito y pedir una profundización de la pesquisa.

MC

El Día Internacional de la Mujer encuentra a los feminismos dando peleas que hace tiempo se creían terminadas. Si la discusión alguna vez fue de políticas y reclamo de recursos para combatir la desigualdad de género, en 2025 de pronto hay que volver a demostrar la existencia de la problemática. 

Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en los primeros dos meses del año hubo 52 femicidios. En 19 casos había denuncias previas que no alcanzaron para prevenir el asesinato. Sin embargo, la postura del Gobierno sigue siendo la planteada por Javier Milei en el Foro de Davos: que el femicidio no existe como tal. No importa la evidencia, ni siquiera la que produce el propio Estado. El último informe de la Corte Suprema indica que el 88% de las víctimas de 2023 (último dato oficial disponible) conocían a su agresor, en el 64% de los casos se trató de una pareja o ex. La decisión política de ignorar la naturaleza particular de la problemática deja desamparadas a las víctimas. 

Implica, además, un retroceso que no es sólo declamatorio: bajo la falacia de que “la violencia no tiene género” se eliminó la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y se reconfiguró la línea 144, antes dedicada a violencia de género y ahora abierta a otras víctimas de violencia sin tener en cuenta la especificidad de la problemática y la especialización de las operadoras. De todas formas, el recorte presupuestario hizo estragos en la cantidad de personal y cayeron las campañas de difusión. 

ELA (Equipo Latinoamericano de Género) impulsó un recurso de amparo que en diciembre ordenó al Estado frenar la reducción de recursos humanos e infraestructura a las áreas encargadas de prevención de la violencia de género. Se les instó a que expliquen de qué manera están cumpliendo con su rol de protección contra la violencia de género, previsto en la ley 26.854. No hubo respuesta y han apelado la medida desde el Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Cuneo Libarona. “Hay un claro desincentivo a recurrir a los espacios de ayuda”, denuncia Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA.

“Las organizaciones feministas populares seguimos ahí donde no está el Estado. Pero haciendo malabares porque la crisis económica golpea y tenemos menos recursos para ofrecer. Estamos en modo de supervivencia”, asegura Raquel Vivanco, directora del Observatorio “Ahora que sí nos ven”, que fundó en 2015. El Programa Acompañar, que ofrecía ayuda económica para que víctimas pudieran salir de relaciones violentas ha sido virtualmente cancelado: las beneficiarias han disminuído en un 98%.

Organizaciones en jaque

Shalom Bait es una organización de la comunidad judía y abierta a la sociedad en general. Atienden de manera integral a mujeres víctimas de violencia, madres protectoras y sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. “Estamos en una situación de emergencia financiera y a la vez con demanda creciente”, explica Tamara Santoro Neiman, coordinadora del área de prevención. Ofrecen acompañamiento psicológico y patrocinio jurídico. Sólo en 2024 asistieron a 447 mujeres. En enero sorprendieron con un pedido de ayuda económica en las redes sociales: “Trabajamos desde 2003 y nunca nos había pasado”, explica Santoro Neiman. No es la única ONG que acusa el impacto de la crisis económica. Fundación Huésped también denuncia la situación más acuciante en 35 años de trabajo, que incluye prevención de enfermedades de transmisión sexual y salud sexual y reproductiva. Para muchos programas de asistencia, las dificultades económicas vernáculas encuentran un agravante en la avanzada conservadora a nivel internacional. Muchos fondos del exterior (públicos y privados) han sufrido recortes en consonancia con el nuevo tiempo político, en especial desde la nueva asunción de Donald Trump. 

Las empresas no son ajenas a esta ola: aquellas nunca habían visto la diversidad como estratégica o transversal a sus intereses están cancelando las iniciativas con la misma velocidad con las que crearon las áreas“, asegura Agustina Kupsch, antropóloga y fundadora de Panóptico Social. 

Sin derecho a decidir

En materia de derechos sexuales y reproductivos, el ataque es en todos los frentes: recortes en acceso al aborto, pero también a los anticonceptivos y la educación sexual integral. Algunos programas continúan figurando, pero con reducciones de recursos que los vuelven letra muerta.

El Plan ENIA, que había logrado reducir 49% la tasa de fecundidad adolescente en apenas cuatro años ha sufrido un recorte de más del 65%. “Se desmanteló la política pública en materia de salud sexual y reproductiva y se ha interrumpido la compra y distribución de insumos esenciales recomendados por OMS para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad, lo que pone en riesgo el pleno y efectivo acceso al aborto para niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en Argentina. A esto se suma el faltante de métodos anticonceptivos, los ataques a la educación sexual integral y las suspensiones en la entrega de insumos del Plan Mil Días. En definitiva, hay una desresponsabilización del Estado que abandona a las mujeres niñas y adolescentes en su derecho a elegir libremente su proyecto de vida”, denuncia Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Internacional Argentina. El plan Mil Días es el que se había aprobado en paralelo al aborto legal en 2020 para garantizar el derecho a decidir también de quienes deciden parir y maternar. Para ellas, tampoco hay. 

Muchas provincias han salido a cubrir aquellos insumos que antes garantizaba el Estado Nacional. Tampoco es uniforme la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral, sancionada en 2006 y cuestionada ahora desde el gobierno central. Como respuesta, un dato: el Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires indica que entre el 70% y 80% de los denunciantes de 12 y 14 años lograron identificar situaciones de abuso gracias a la ESI. Pero la Ciudad es uno de los distritos que puso los contenidos bajo revisión. 

No hay plata

En los barrios populares el desborde se ve también en las carencias económicas. “Las situaciones de violencia han aumentado porque las políticas de ajuste repercuten dentro del hogar. Dentro de los barrios siempre se recurrió a las promotoras, pero ahora ellas también están buscando una changa con la que sostenerse. Falta lo que se había empezado a trabajar con la ley de Integración socio urbana y la de emergencia social”, dice Dina Sánchez, secretaria federal adjunta de UTEP. Dice que hoy la principal preocupación de las mamás es el narco: “Están desesperadas porque se aprovecha esa miseria para buscar a los pibes y hacerlos soldados”. 

“Para nosotras es muy importante poner en evidencia lo que está significando el modelo económico de Milei: el nivel de crisis social que hace imposible la autonomía económica para salir de la violencia. Una de las demandas principales que impulsamos es que vencen las moratorias previsionales y 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar”, marca Luci Cavallero, del Colectivo Ni Una Menos, que convocó el sábado a la marcha bajo la consigna “Contra el hambre, el saqueo y la crueldad. Milei sos una estafa”.

DTC

La Cámara Federal porteña convocó para el 6 de marzo próximo a una audiencia previa a resolver si confirma el procesamiento al expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez.

Tanto la defensa del expresidente como la querella de la exprimera dama expondrán fundamentos ante los jueces de la sala dos del Tribunal de Apelaciones Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, informaron fuentes judiciales.

El juez federal Julián Ercolini procesó a Alberto Fernández por lesiones graves y leves y coacción en un contexto de violencia de género del que fue víctima Yañez.

“Hay varios elementos que dan cuenta de la existencia del carácter habitual y continuo que habría adquirido la violencia que, en distintas formas, habría ejercido el imputado Fernández sobre la nombrada Yañez”, considero el procesamiento.

A la audiencia podrán concurrir las partes para exponer en persona o presentar escritos y luego la Cámara quedará en condiciones de resolver.

MM con información de la agencia NA.

El expresidente Alberto Fernández fue procesado por la Justicia en una causa por violencia de género iniciada por su ex pareja, Fabiola Yañez. La decisión fue tomada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini, que además ordenó un embargo sobre sus bienes y restricciones de acercamiento. 

El juez dictaminó el procesamiento de Fernández como autor penalmente responsable de lesiones leves y graves agravadas, y amenazas coactivas, todos en concurso real. Además, le impuso un embargo de $10.000.000 y mantuvo la prohibición de contacto con Yañez, quien actualmente reside en Madrid. Además, el juez dispuso que no podrá mantener contacto con ella por ningún medio. Aunque se levantó la prohibición de salida del país, Fernández deberá informar cualquier cambio de residencia y notificar viajes de más de 72 horas.

La denuncia, presentada por Yañez el 6 de agosto de 2024, señala que Fernández ejerció violencia física y psicológica contra ella desde 2016 hasta 2024, con episodios que incluyeron golpes, zamarreos y amenazas, incluso durante su mandato presidencial y tras su embarazo en 2021.

La investigación incluyó testimonios, registros médicos, chats de WhatsApp y fotografías de lesiones, pruebas aportadas por el fiscal Ramiro González. El juez concluyó que las pruebas presentadas son suficientes para acreditar los hechos denunciados y destacó las secuelas psicológicas que Yañez habría sufrido como consecuencia de la violencia ejercida.

Según el fallo, la relación entre Fernández y Yañez estuvo marcada por un vínculo de poder asimétrico, en el que el exmandatario habría ejercido violencia psicológica de manera habitual, manifestada en hostigamientos, indiferencia, insultos y controles excesivos sobre su expareja. La investigación judicial también determinó que esta violencia escaló hasta alcanzar el plano físico, con episodios documentados de agresiones directas, como golpes y zamarreos.

En particular, Ercolini hizo hincapié en dos episodios centrales que sustentaron la acusación. Uno de ellos ocurrió en la madrugada del 22 de junio de ese mismo año, cuando el exmandatario, en medio de una discusión en la suite presidencial de la Quinta de Olivos, le habría propinado un golpe de puño en el ojo derecho. El segundo tuvo lugar durante agosto del 2021, cuando Fernández habría sujetado fuertemente del brazo a Yañez, provocándole un hematoma.

Por su parte, la defensa de Fernández negó las acusaciones y cuestionó la imparcialidad del tribunal, argumentando que Yañez tenía problemas psiquiátricos previos y que las pruebas eran insuficientes. Sin embargo, el juez rechazó estos planteos y dio curso al procesamiento.  

La causa se inició en agosto de 2024, cuando Fabiola Yañez presentó una denuncia formal contra Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. La denuncia fue realizada mediante una videoconferencia desde Madrid con el juez Julián Ercolini. El juez Ercolini citó a Fernández a declarar el 11 de diciembre del mismo año en los tribunales de Comodoro Py. Pero el 10 de diciembre la defensa de Fernández solicitó que la causa fuera trasladada al fuero Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando la incompetencia del juez.

Días después la Justicia concedió una prórroga en la causa, postergando la declaración indagatoria de Fernández hasta el 4 de febrero de 2025. Finalmente, en esa fecha, el exmandatario se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para su declaración indagatoria. Durante la audiencia, Fernández desmintió las acusaciones y se negó a contestar preguntas tanto del juez como del fiscal. Alegó que las pruebas en su contra eran insuficientes y que la causa tenía un trasfondo político.  

El juez rechazó las acusaciones de falta de imparcialidad que Fernández dirigió en su contra, señalando que la recusación del ex mandatario se basaba en argumentaciones personales y no en elementos objetivos que indicaran un interés indebido en el proceso. Ercolini subrayó que la investigación y el procesamiento de Fernández se sustentaban en pruebas contundentes, como testimonios, pericias médicas y registros forenses, los cuales confirmaban la existencia de un patrón de violencia psicológica y física en el marco de la relación con Yañez. 

MPL/MG

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