La violencia machista es imparable en Argentina, con dobles y triples feminicidios registrados este año, mientras se debilitan las políticas públicas para prevenirla y avanza el retroceso de los derechos, denuncian las organizaciones feministas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Este 25N, jornada proclamada por la ONU en memoria de las hermanas Mirabal -asesinadas en 1960 en República Dominicana-, se conmemora en Argentina tras un año marcado por masacres machistas que conmocionaron a gran parte de la sociedad.

El caso más grave fue el triple feminicio de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), quienes fueron torturadas y asesinadas en septiembre de 2025 en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, durante una transmisión en vivo para un grupo de hombres vinculados al narcotráfico.

Se sumó el doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio en la provincia de Córdoba, a manos del uruguayo Pablo Laurta, expareja de Giardina y miembro de la organización 'Varones Unidos', que dice defender los derechos humanos de la población masculina y promover la visibilización de sus problemáticas.

Más violencia extrema

A fines de octubre, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, atribuyó a la gestión del Gobierno de Javier Milei una supuesta disminución de los feminicidios.

Las cifras, sin embargo, contradicen a la ministra: entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2025 se registraron 228 feminicidios mientras en el mismo período en 2024 fueron 212 crímenes machistas, según la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).

Mumalá detectó un incremento de los asesinatos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado (del 6 al 8% respecto de 2024), lo que ha hecho más vulnerables a las jóvenes en contextos de desigualdad.

Y advierte de que aumentó la crueldad: los feminicidios que se perpetraron a golpes tienen el más alto porcentaje en los últimos años, 19%.

La organización registró además 901 intentos de feminicidio y 157 niños y niñas huérfanas por violencia vicaria.

“Es urgente que se declare la Emergencia en Violencias de Género, que se restituyan los programas de atención, sensibilización, capacitación y acompañamiento integral”, afirmó la vocera nacional de la organización, Victoria Aguirre.

Otra alerta es el aumento de feminicidios con armas de fuego (26%), al tiempo que desde el Gobierno se reduce la edad para portar armas en Argentina y se suspende el programa de entrega voluntaria.

En tanto, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de Argentina registró un alza del 9% en las denuncias por violencia de género y doméstica en el primer trimestre de 2025, respecto del período anterior.

La violencia psicológica se identificó en el 95% de las denuncias; la simbólica y física en el 44%; la ambiental en el 30%; la económica y patrimonial en el 26%; la social en el 8%; la sexual en el 7%, y la digital en el 4%.

Retroceso institucional y discursos de odio

El Gobierno de Milei eliminó en julio de 2025 el 'Programa Acercar Derechos', que daba acceso a la Justicia a mujeres y personas LGTB sobrevivientes de violencia.

“Nuestra política de seguridad considera que la violencia no tiene género”, afirmó entonces el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Desde la organización 'Ni una Menos' denunciaron un “vaciamiento sistemático del Estado” en áreas de género, con recortes, cierres de programas y despidos masivos.

Al inicio de su Gobierno, Milei ya eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cerró programas de asistencia a víctimas de violencia de género y desarticuló mecanismos de prevención.

El Ejecutivo busca, además, modificar leyes que protegen a las víctimas, incluida la retirada de la figura de feminicidio del Código Penal y la puesta en marcha de un proyecto “contra las falsas denuncias”, pese a que estos hechos son una excepción estadística y la ley ya los contempla como delito.

Y la asociación 'Ahora Que Sí Nos Ven' advierte, además, de un incremento de la violencia contra el colectivo LGTB, en concreto contra las mujeres trans, y lo vinculan con “los discursos misóginos y de odio impulsados por Milei, Bullrich y sus aliados”.

Por Laura Guarinoni, de la agencia EFE.

En los últimos 10 años, más de 74.000 mujeres realizaron denuncias por violencia doméstica ejercida por varones. Así lo informó la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, que atendió estos casos desde 2015 hasta la actualidad.

Eso da en promedio 20 denuncias por día. En concreto, fueron 74.103 las mujeres que acudieron a la OVD a realizar denuncias en las que relataron haber sido víctimas de violencia en su modalidad doméstica por parte de varones. Esto representa un promedio de más de 7.000 mujeres por año y de 20 mujeres por día.

Las cifras revelan que una proporción significativa (78%) tenía entre 22 y 49 años. La mayoría de estas mujeres (87%) denunció a sus parejas, ya fueran exparejas (54%) o actuales (33%). Además, muchas de ellas tenían hijos o hijas convivientes (76%), eran migrantes (38%) y cohabitaban con los denunciados (30%).

Entre los tipos de violencia evaluados por los equipos interdisciplinarios de la OVD, se destacan la psicológica, presente en el 98% de las denuncias; la simbólica, con un 77%; la física, que alcanzó el 61%; la económica patrimonial, registrada en un 37%; y la sexual, con un 11%.

Además, 17.092 mujeres presentaron lesiones producto de las situaciones de violencia denunciadas. Asimismo, 23.099 manifestaron haber recibido amenazas de muerte por parte de sus agresores mientras que 19.402 requirieron intervenciones policiales recientes por hechos de violencia previos.

En al menos 7.893 casos, los hechos incluyeron la presencia de armas blancas o de fuego, incrementando el nivel de riesgo.

Las evaluaciones llevadas a cabo por los equipos interdisciplinarios de la OVD determinaron que más de un tercio de estas mujeres se encontraba en situaciones de altísimo y alto riesgo (36%).

La Oficina de Violencia Doméstica es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que funciona las 24 horas, todos los días del año, en Lavalle 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina, integran equipos interdisciplinarios que reciben las denuncias por situaciones de violencia doméstica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del relato de las personas afectadas y/o terceras personas, labran un acta, evalúan el nivel de riesgo y confeccionan un informe médico si es necesario constatar lesiones. Una vez finalizada la entrevista y realizada la derivación correspondiente (judicial y no judicial), desde la OVD se realiza un seguimiento de la actividad judicial desplegada a partir de la recepción de la denuncia.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven publicó un informe sobre femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de 2024. Según el relevamiento, se registraron 227 femicidios en lo que va del año, un promedio de uno cada 35 horas. Este dato incluye 22 asesinatos de niñas y adolescentes menores de 17 años.

El mes de noviembre registró 17 femicidios, algunos de ellos con un fuerte impacto social, como los asesinatos de Aralí Vivas y Fabiana Sirino, niñas de 8 años que fueron abusadas y luego asesinadas en Córdoba y Misiones, respectivamente.

Asimismo, el informe menciona el asesinato de Rita Pilar Almirón, una mujer trans asesinada por su pareja en Entre Ríos, y la investigación de un posible transfemicidio en Bahía Blanca, que involucra a la activista Rosario Sansone.

Por su parte, el Observatorio Lucía Pérez contabilizó también 277 femicidios y travesticidios en todo el país y detalló que 161 niños y niñas quedaron huérfanos en lo que va del año debido a este tipo de crímenes.

Además, destacó también el dato de que más de 20 niñas y adolescentes fueron asesinadas en femicidios durante 2024, incluyendo el caso de Mía Morena Zapata, de 16 años, ocurrido en González Catán.

El informe del Observatorio Lucía Pérez -primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal- reveló que en lo que va del año, se llevaron a cabo 268 marchas contra la violencia patriarcal en todo el país. En el último mes de octubre se registraron 18 femicidios en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Jujuy, Salta y Tucumán; y 2 travesticidios, ambos en la provincia de Buenos Aires. 

El informe de la Corte Suprema

También con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió los datos de su último relevamiento anual, correspondiente a 2023, que afirma que un promedio de dos mujeres por día denunciaron ser víctimas de este tipo de agresiones en el hogar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Durante el año pasado, los equipos interdisciplinarios de la OVD registraron los casos de 606 mujeres mayores de 18 años que denunciaron haber sufrido violencia sexual en un contexto doméstico.

Según el informe, el 93% de estas mujeres reportaron agresiones sexuales con contacto físico. En el 84% de los casos, el agresor era una pareja o expareja, y el 57% de los episodios ocurrieron en viviendas compartidas.

El tiempo promedio de vínculo entre las víctimas y los denunciados fue de 10 años, con una duración media del maltrato de 8 años.

Entre las 606 mujeres evaluadas, se identificaron diversos factores de vulnerabilidad. El 46% eran migrantes internas o externas, el 5% tenía algún tipo de discapacidad, el 4% pertenecía a pueblos originarios, y el 1% era afrodescendiente. Además, el 22% no contaba con ingresos propios y el 54% carecía de cobertura de salud, lo que refleja las barreras estructurales que dificultan la denuncia y el acceso a la justicia.

Además, solo el 19% de las víctimas de femicidios había denunciado previamente a su agresor, y apenas el 9% contaba con medidas de protección vigentes.

DM

El fiscal federal Ramiro González prepara un pedido de indagatoria al expresidente Alberto Fernández por supuesta violencia doméstica, de acuerdo a fuentes directas de la causa consultadas por elDiarioAR. La causa, iniciada tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez, ingresa así en un nueva etapa clave, en la que el juez Julián Ercolini deberá decidir si están dadas las condiciones para indagar al exmandatario.

Fernández ya fue citado por Ercolini en los últimos días a otra declaración indagatoria por presuntos hechos de corrupción en la causa de los seguros.

Fernández está imputado por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja, de acuerdo al dictamen fiscal de imputación. Fernández niega las acusaciones de Yáñez.

El fiscal señaló en aquel escrito que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

Durante los últimos tres meses, el fiscal González ordenó una serie de medidas de pruebas que incluyeron un desfile de testigos y el secuestro de dispositivos y teléfonos de Fernández y Yáñez.

Declararon desde María Cantero, exsecretaria privada de Fernández hasta Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial. También Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola; Sofía Pacchi, amiga de la ex primera dama; y la periodista Alicia Barrios.

Además, fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

El fiscal requirió las filmaciones de las cámaras de seguridad de Olivos de 2021 a 2023 que hubieran registrado movimientos en el chalet residencial de Olivos y en la casa de huéspedes, a donde Yañez relató que tuvo que ir a vivir con su hijo.

González solicitó los antecedentes de la ex primera dama sobre el tratamiento psiquiátrico que se realizó en la clínica INECO y el de fertilidad para quedar embarazada, además de su historia clínica completa.

El inicio de la investigación

La denuncia de Fabiola Yañez sucedió luego de que en el marco de la causa Nación Seguros se detectaran conversaciones entre ella y la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero, que daban cuenta de que existían situaciones de violencia de género. Ante esto, la Justicia le otorgó intervención a la Oficina de Violencia Doméstica, pero informó que no realiza evaluación de riesgo solamente en base a constancias escritas o imágenes sobre las que no se puede indagar, por lo que para verificar el hecho se necesitaba la comparecencia de la ex primera dama.

Según las actuaciones del Ministerio Público Fiscal, en este contexto, el 28 de junio hubo una audiencia virtual entre Yañez y la Justicia donde ella expresó que “no deseaba dar impulso a la acción penal”, pero el 6 de enero cambió de idea y declaró. Dijo que la vez anterior había decidido no avanzar “debido a que no se encontraba en condiciones aptas para tomar una decisión en relación con ello ya que le fue solicitado que no lo hiciera”. Explicó que cambió de decisión por “las circunstancias actuales y la difusión pública de estos sucesos” y agregó que sufría “terrorismo psicológico”.

ED/MG

La violencia doméstica o en los hogares ha sido definida como la “epidemia silenciosa”. La escuela juega un rol clave para detectarla y abordar las problemáticas de niños y niñas que son víctimas de ella. Según el informe “Situaciones de violencia en los hogares: detección y prevención desde las escuelas”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, “la mitad de los alumnos del último año de primaria (53,3%) afirma que habla de temas de violencia y abuso con alguien de la escuela” a la vez que “el 15% de los estudiantes dice no hablar con nadie sobre estos temas”. El estudio también reveló que “las provincias con mayor porcentaje de alumnos que reportan hablar de violencia en la escuela son Misiones (60,1%), Formosa (58,9%), Chaco (57,7%) y Entre Ríos (57,3%)”.

“El informe plantea que la escuela juega un rol clave en la detección y prevención de la violencia en los hogares, con severas consecuencias en la salud mental y física de niños y adolescentes”, señalaron desde Argentinos por la Educación. “En las escuelas de gestión estatal, las provincias donde más directores declaran que tuvieron que intervenir en situaciones de violencia familiar son Tierra del Fuego (61%), CABA (55%), Jujuy (47%), Buenos Aires (46%) y Río Negro (43%)”, informaron.

A nivel nacional, el 32% de los directores de escuelas primarias de gestión estatal afirmó que en el último año tuvo que intervenir en casos de violencia familiar que afectan a sus estudiantes. Uno de cada cuatro (26%) directores de escuelas privadas informó que tuvo que intervenir en este tipo de situaciones.

“En las escuelas de gestión privada, las provincias donde más directores dicen haber intervenido en este tipo de situaciones son San Juan (39%), Formosa (35%), Chaco (34%), Misiones (32%) y Santiago del Estero (31%). De todos modos, el informe aclara que estas cifras no necesariamente indican mayor cantidad de casos de violencia, sino que pueden reflejar una mayor propensión de las escuelas a reportar y actuar ante las situaciones detectadas”, agregaron desde la organización.

A nivel nacional, el 44,2% de los alumnos dice que los docentes les hablaron sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato, mientras que un 28,2% declara que le gustaría tener más información sobre esto. A su vez, el 45,4% afirma que los docentes les hablaron sobre cuándo pedir ayuda a una persona de confianza.

Qué pasa con los episodios cuando no son urgentes

“Es alentador ver cómo la interacción entre docentes y alumnos genera un círculo virtuoso, donde el diálogo sobre temas sensibles con los educadores conduce a un mayor interés y demanda de información por parte de los estudiantes. Sin embargo, es preocupante que aún haya un porcentaje significativo de alumnos que no discuten estos temas con nadie. Además, se evidencia la necesidad de un mayor apoyo del Estado y de la sociedad civil para fortalecer el rol de las escuelas, no solo en la identificación y reporte de casos de violencia, sino también en la conexión de las familias con los servicios necesarios para prevenir y abordar esta problemática de manera integral”, señaló Mercedes Sidders, coautora del informe.

Además, explicó que las escuelas sólo suelen denunciar los casos de violencia más graves y urgentes. En cambio, los episodios de “mediana” gravedad no se reportan por temor a las consecuencias, especialmente en comunidades pequeñas donde realizar una denuncia puede tener un alto costo social o emocional para los docentes y directivos involucrados, o puede generar represalias por parte del adulto responsable del niño/a.

María Cecilia López, psicóloga especializada en el tratamiento del abuso sexual en la infancia, dijo al respecto: “La gran mayoría de niñas y niños víctimas de violencias temen pedir ayuda porque tienen terror a sufrir represalias peores de las ya vividas por parte de sus agresores: por lo general, sus propios padres, de quienes dependen económica, psicológica y emocionalmente para vivir. En este aspecto, resulta imprescindible la figura del docente a la hora de transmitir a las nuevas generaciones valores relacionados con la libertad de expresión y la desnaturalización de la violencia”.

“La naturalización de la violencia en los hogares y el miedo hacen que no sea sencilla la comunicación entre los estudiantes y su escuela. Es urgente que las instituciones educativas se vuelvan más competentes para prevenir y detectar conflictos y violencia, y a su vez puedan gestionar la ayuda pertinente”, planteó por su parte Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo.

Pablo Mainer, fundador de la ONG Hablemos de Bullying, aseguró: “Hemos notado una falta significativa en la implementación de protocolos de actuación, y cuando existen, a menudo carecen de capacitación y socialización adecuadas. Esto muchas veces conduce a que dichos protocolos queden relegados en el escritorio de algún directivo. Es crucial destacar que muchas escuelas están colaborando con otras instituciones como servicios sociales, centros de salud y ONGs para abordar integralmente la violencia en el hogar, y creemos que esta colaboración debe ser la norma para garantizar la protección y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes”.

La autoría del trabajo corresponde a Mercedes Sidders, de la Fundación Abrazar y Centro de Estudios para el Desarrollo Humano - UdeSA, y a Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén, del Observatorio de Argentinos por la Educación, que a través del documento confeccionado abordaron el rol de las escuelas en la prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, a partir de las respuestas de directores y estudiantes del último año de primaria a los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2021.

MM

En 2022, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió 10.231 denuncias de violencia doméstica, lo que representa un incremento del 17% respecto del 2021.

En el último año, la OVD atendió a 17.686 personas. De todas ellas, 13.835 fueron afectadas por hechos de violencia doméstica. En respuesta, la Justicia Civil ordenó 35.134 medidas preventivas urgentes, como por ejemplo la prohibición de contacto o de acercamiento al denunciante. Otorgó también 3.335 botones antipánico.

El promedio de denuncias diarias fue de 28, con jornadas donde se llegó a picos de 52. Las personas afectadas por los hechos de violencia doméstica fueron principalmente de sexo femenino, alcanzando el 76% del total. Dentro de este porcentaje, el grupo más afectado fue el de mujeres adultas de entre 18 y 59 años, ya que representaron un 52%. Las niñas, niños y adolescentes representaron el 34% del total de afectados, y las personas mayores el 7%. 

“Los varones denunciados superan en número y proporción a las mujeres en casi todos los grupos de edad”, advierte el informe estadístico de la OVD. El grupo con más personas denunciadas es el de varones de entre 22 y 49 años, con un 58%.

Tipos de violencia

La violencia psicológica estuvo presente en casi la totalidad de las denuncias con el 97%, mientras también se detectó violencia simbólica (51%), física (49%), ambiental (32%), económica y patrimonial (28%), social (12%) y sexual (10%). La gran mayoría de los hechos denunciados tuvo una frecuencia diaria o semanal.

El 95% de las personas afectadas padeció más de un episodio de violencia, y solo el 5% denunció en su primera ocasión. 7 de cada 10 personas mujeres de entre 18 y 59 años, denunciaron a sus parejas o exparejas. 

Los equipos interdisciplinarios evaluaron el riesgo de las personas afectadas como alto y altísimo por un 33%, medio y moderado en un 56% y bajo de 11%. El Servicio Médico de la OVD constató lesiones en 2009 personas, de las cuales un 38% fueron en el rostro y 85% fueron atribuidas a personas de sexo femenino.

La mayoría de las denuncias recibidas fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil (99,6%), otras a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional (17%), al fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires (68%) y al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (39%). Se derivaron 727 casos al Programa Proteger porteño y 31 casos a la Justicia de Menores.

Otros datos de interés

Acerca de la Oficina de Violencia Doméstica

Desde su creación, la Oficina de Violencia Doméstica garantiza la atención durante las 24 horas, los 365 días del año. Las denuncias pueden ser presentadas por la propia persona afectada o por cualquier otra que tenga conocimiento del hecho de violencia. Las presentaciones se realiza en la sede de la oficina, ubicada en Lavalle 1250, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en este link. Para consultas: ovd@csjn.gov.ar.

LC

Cuando leemos o escuchamos lo que pasó con Lucio Dupuy, la primera reacción después del horror es preguntarnos: ¿cómo seres humanos pueden cometer hechos tan abominables con niños y niñas tan pequeños e indefensos? Existe un agravante: el Derecho aparecerá siempre impotente para paliar tanta inhumanidad. Porque, ¿cómo reparar tanta ofensa a la dignidad humana? ¿Cómo calificar estos hechos: “atroces”, “monstruosos”? Todos parecen insuficientes. Quizá vale recordar lo que escribiera Hanna Arendt en referencia al “mal radical”: “Somos incapaces de perdonar aquello que no podemos castigar e incapaces de castigar aquello que se ha vuelto imperdonable”.  

En este caso, como en tantos otros, las instituciones que debieron proteger y evitar lo que pasó, callaron, omitieron, erraron, abandonaron, en definitiva, fracasaron. 

La Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un Informe referido a los años 2020-2021, determinó que en CABA hubo 6805 casos de niñas, niños y adolescentes (NNyA) afectados por violencia doméstica, de los cuales 8 de cada 10 fueron agresiones cometidas por sus progenitores, 7 de cada 10 de las NNyA tenían menos de 11 años y casi la mitad de los casos denunciados, fueron catalogados como de “altísimo y alto riesgo”. El dato es incontrastable: el 80% de las NNyA afectados tenían vínculo filial con la persona denunciada y, en el 47% de los casos, cohabitaba con la víctima. 

Es imprescindible tomar conciencia de esta dramática situación y es necesario que el Estado intervenga. No post facto, cuando la tragedia ya ocurrió, sino con instrumentos que prevengan los abusos y las agresiones intrafamiliares con nuevas y más eficaces estrategias y poniendo en real funcionamiento mecanismos que ya están a nuestro alcance: como garantizar la vigencia de la Educación Sexual Integral (ESI).

La ESI ha demostrado ser una herramienta eficaz de contención y confianza que sirve a la prevención y a la protección de los y las menores. Un Estudio del Ministerio Público Tutelar de la CABA reveló que entre el 70 y el 80% de NNyA de entre 12 y 14 años que pasaron por la Sala de entrevistas del organismo, pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de ESI. Más aún: ayudó a NNyA a comprender y diferenciar las conductas abusivas de las que no lo son teniendo en cuenta que el 80% de esos abusos son cometidos por familiares o conocidos. 

A partir de la sanción de la Ley 26150 de ESI, como dice Damián Azrak, se decidió hacer de la ESI una política de Estado, se sacó del ámbito privado y se convirtió en un asunto público. Esto es clave, porque las miradas oscurantistas siempre han querido dejar el tema de la sexualidad en los ámbitos cerrados, jerarquizados, regidos por el silencio o por los dogmas religiosos: la sexualidad fue desde lejos, asociada al “pecado” y destinataria preferida de la censura. 

Padres y madres no pueden “hacer lo que quieren con sus hijos”. Los hijos no son cosas, no son propiedad privada. Son seres humanos, son sujetos de derecho. Al decir de Carlos Nino: “Está claro que los padres no son, literalmente, dueños de sus hijos, hay límites a la discrecionalidad respecto a las decisiones que pueden tomar en perjuicio de ellos”.

Desde esta perspectiva, entonces, hay que impugnar fuertemente la consigna “con mis hijos no te metas” porque esa pretensión puede colisionar con un derecho que es prevalente: el “interés superior del niño”. Como dijera Amy Guttman: “Si bien es cierto que se reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación de acuerdo a sus propias convicciones religiosas o morales, no significa que tengan derecho de aislar a sus hijos e hijas del contacto con otras maneras de vivir o de pensar que se contradigan con la propia”.

La ESI es un derecho de los educandos y un deber del Estado. Las NNyA tienen el derecho a recibir una educación neutral dentro de los valores de autonomía personal y no discriminación, y a esa educación tiene la obligación de impartirla el Estado. Es un obligación legal y Convencional de acuerdo a nuestros compromisos ratificados con la incorporación de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos (C. N., art. 75, inc. 22). El Estado argentino no tiene una zona de “libre determinación” para cumplir o no cumplir el deber de respetar los DDHH: es su obligación.

Una familia podría aducir el derecho a educar a sus hijos desde su temprana edad diciendo, por ejemplo, que nacen de un repollo o que la homosexualidad es una enfermedad, pero no tiene ningún derecho a privar a las NNyA a recibir, como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “una educación basada en pruebas, científicamente rigurosa y adecuada en función de la edad”, porque “el derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación”(Caso “Guzmán Albarracín y otras vs Ecuador”, CIDH, 24/6/2020).

Con la ESI no son los derechos de los padres los que están en juego sino los derechos de las NNyA. Tratarlos como sujetos pasivos sin voz ni derechos es “confiscar la titularidad de sus vidas”. Padres y madres no pueden “hacer lo que quieran”. Nadie tiene el derecho de abusar de niñas, niños y adolescentes. Nadie. 

La aplicación obligatoria de la Convención de los Derechos del Niño, la estricta observancia de la Ley 26061 de Protección Integral de NNyA y la vigencia en todo el territorio nacional de la Educación Sexual Integral deben constituir -junto a otras estrategias- políticas públicas efectivas tendientes a prevenir situaciones tan ominosas de abusos y violencias como las que vivió Lucio. También a desmantelar estructuras regidas por la burocracia, la desinformación, los prejuicios y, en definitiva, la complicidad por omisión. 

Oscar Blando es Abogado, Doctor en Derecho, Profesor Titular en la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Una madre llevó a su hija de dos años fallecida al Hospital Zonal General de Agudos Héroes de Malvinas, en la localidad bonaerense de Merlo y explicó que la menor se había caído de la cama, pero, debido a los hematomas que presentaba la niña se inició una investigación y la autopsia reveló que fue asesinada. 

De esa manera, la Justicia ordenó que la mujer y su pareja y padrastro de la niña, fueran detenidos, tras lo cual ambos se negaron a declarar en las indagatorias.

La niña, quien fue identificada como Milena, tenía un fuerte golpe en la cabeza y una laceración en el hígado con hemorragia interna, además de golpes en el abdomen y la autopsia detectó una fisura en la tibia de la pierna derecha que sería de hace un mes atrás.

La madre de la víctima había asegurado que el martes pasado a las 22, en su casa de la calle José Ingenieros al 1200, ella estaba preparando la cena para su familia y, luego de un descuido, su hija se cayó de la cama. Por tal motivo, la beba se habría levantado al día siguiente con un cuadro de vómitos y convulsiones.

Los médicos que asistieron a la niña notaron que su cuerpo tenía marcas que no eran compatibles con el relato, sino que con un maltrato hacia la misma, por lo que decidieron notificárselo a las autoridades. En principio, el caso estaba caratulado como “Averiguación de causales de muerte”, mientras que luego se dispuso que sea “Homicidio agravado por el vínculo”.

Tras ser recaratulada, la causa está bajo la órbita de la fiscal Adriana Elizabeth Suárez Corripio, de la UFI Nº 8.

La madre quedó detenida por homicidio agravado por el vínculo, mientras que su pareja, como no es el padre biológico, por homicidio simple.

Otro caso similar al de Lucio Dupuy que espera sentencia para el 2 de febrero.

NB con información de agencia NA.

Según los registros de organizaciones de la sociedad civil, los femicidios aumentaron en 2022. Un relevamiento realizado por eldiarioAR con diversos observatorios muestra que la cantidad de víctimas es superior a la de 2021. Los indicadores de la Casa del Encuentro muestran que hasta noviembre de este año fueron asesinadas 275 mujeres y personas travestis y trans, mientras que en 2021 la cifra fue de 261. Por otra parte, el Observatorio Mumalá registró 232 femicidios hasta el 27 de diciembre, superior a las 221 del año anterior. Si bien los registros oficiales, que son los realizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para el año 2021 mostraron un descenso leve con respecto al 2020, las cifras sobre el 2022 se dan a conocer a año vencido. 

Según los datos del “Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano” que realiza la ONG La Casa del Encuentro, entre el 1º de enero al 30 de noviembre de 2022 se registraron 268 femicidios y 7 trans/travesticidios. Una cifra que supera en 14 casos a la registrada para el mismo período de 2021 cuando se contabilizaron 251 femicidios y 10 trans/travesticidios. La directora de la organización, Ada Rico, se mostró preocupada con la tendencia histórica. “Más allá del número, estamos hablando de  mujeres y compañeras trans asesinadas, lo que vemos con preocupación es que no se logra descender el índice de violencia sexista en nuestro país. Por un lado, tenemos el Poder Judicial que no protege a la mujer que tiene una medida cautelar. Eso es una deuda pendiente. Por otro lado, ¿De qué manera se implementan los programas anunciados?. Hay que seguir profundizando porque las estadísticas no descienden”, le dijo a elDiarioAR. 

Por otra parte, el observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), que elabora las estadísticas en base a medios gráficos y digitales, indica que desde el 1º de enero hasta el 27 de diciembre de 2022 se registraron 232 femicidios, once más que los 221 contabilizados en 2021. El aumento también se ve en los trans travesticidios, que pasaron de 6 a 9. “Falta abordaje del Estado para trabajar en la prevención. Salir de los círculos de violencia lleva un montón de tiempo, no es solo una cuestión económica, tiene que ver con lo que está afianzado en la historia, el machismo y los roles estereotipados o conductas que se refuerzan. Todavía seguimos contabilizando un femicidio cada 27 o 28 horas y un intento cada 22 horas”, le dijo a este medio Victoria Aguirre, vocera nacional de la organización. 

Desde Mumalá también registraron los intentos de femicidios que se publicaron en los medios de comunicación y ahí el crecimiento es mayor: se pasó de 332 en 2021 a 424 en 2022. “En los intentos se ve la punta del iceberg. Estas personas cotidianamente recibían violencia y en algún momento esa tensión escaló, son casos que crecieron abruptamente. No se está trabajando sobre los varones y masculinidades violentas. Tienen que estar presos, monitoreados, o hacer formaciones para que no vuelvan a hacer lo mismo”, agregó la abogada.

Desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación coincidieron en que “las cifras siguen siendo alarmantes”. La cartera dirigida por Ayelén Mazzina utiliza las estadísticas del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina producidos por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recolecta información sobre las causas judiciales de las 24 jurisdicciones del país. El registro se realiza a año vencido por lo que aún no se pueden conocer los indicadores del 2022. Según los datos de años anteriores, entre 2020 y 2021 hubo una disminución: se pasó de 251 a 231 femicidios. La tendencia muestra cifras similares desde 2017 (249 casos), 2018 (258) y 2019 (255). “Las cifras siguen siendo alarmantes, el último informe marca un leve descenso en los femicidios, pero todas entendemos que no hay nada para festejar y mucho menos para relajarnos en relación al trabajo que tenemos”, le dijo a elDiarioAR la directora de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual del ministerio, Natalia Chinetti.

“Los abordamos como fenómenos complejos que requieren múltiples abordajes que deben involucrar a diferentes agencias estatales en todos sus niveles. Esa es la manera de poder llegar a la instancia de erradicación. Trabajar sobre las violencias extremas implica el compromiso de todos los poderes del Estado y que se replique en cada una de las provincias y municipios. Es un fenómeno estructural porque lo que muestra es que las agresiones basadas en los géneros van a terminar incidiendo de una manera directa sobre los casos de muerte violenta. Si los pensás solo como un fenómeno criminal lo que vamos a hacer es dejar afuera estas aristas”, agregó Chinetti.

En el año 2012, el agravante por violencia de género se incluyó en el Código Penal. La Ley 26.791 diferenció a los femicidios de los homicidios comunes al poner como agravante la violencia de género. Sin embargo, a diez años las estadísticas muestran que este crimen sistemático no baja porque se enmarca en un contexto social y cultural en el que el femicidio es la expresión más extrema. “Es prácticamente igual desde que empezamos a hacer los informes en 2008. Saco del análisis el 2020 por la pandemia, pero todo lo demás es lo mismo. Pueden variar en 5 o 6 femicidios más o menos, pero no le hace al análisis. ¿Por qué no se logra descender? Hay que trabajar muchísimo más en la prevención porque si no trabajamos cuando ya sucedió. Hay que trabajar a nivel federal porque hay lugares, como las zonas rurales o donde viven las compañeras originarias, en dónde nos preguntamos: ¿De qué forma están protegidas? ¿les llega la información?”, analizó Rico.

Aguirre también reforzó esa idea: “Todavía hay un camino que ni siquiera se empezó a recorrer que tiene que ver con trabajar con la prevención, darnos cuenta en qué lugar nos encontramos de esta matriz violenta. Tenemos todo un sistema que está reforzado en esta desigualdad. La Ley Micaela ( de capacitación a funcionarios públicos) es un primer gran paso pero todavía está muy lejos, tiene poco tiempo de implementación”. Además, apuntó contra el Poder Judicial. “Lo que ocurre en ese ámbito es tremendo. Todo lo que continúa es de una violencia institucional enorme. Todavía falta mucho trabajo y siguen reforzándose los estereotipos”, describió.

En el cierre de 2022 el balance sigue siendo doloroso para las mujeres y disidencias y se basa en un sistema desigual que naturaliza los distintos tipos de violencias.

CDB

Las violencias machistas son procesos que duran meses. “El hombre no avisa de que va a controlar a su pareja o va a pegarle”, explica José Antonio García Serrano, psicólogo y coordinador de programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Es “un ciclo complejo que va a aumentando su intensidad” y que “va generando baja autoestima e inseguridad, entre otras consecuencias”. Elizabeth, nombre ficticio, pasó por ahí. Después de huir de su país, tuvo que huir de su agresor y ahora vive en otra provincia distinta a la que había llegado, en un piso tutelado, uno de los recursos de la Junta para mujeres víctimas. Ella es una superviviente y este ha sido su recorrido hasta salvarse.

Aunque se pretenda, reconoce el coordinador, no siempre una institución pública es la puerta de entrada a sentirse protegida, pero el objetivo es “evitar que las mujeres deambulen por los recursos de la administración a los que tiene derecho”. ¿Dónde acudir? La policía, el juzgado, los teléfonos de emergencia... Manidas palabras como transversalidad son las deseadas y no siempre las que se cumplen cuando la sociedad se pregunta, ya demasiado tarde a veces, qué ha podido fallar en nuestro sistema cuando asesinan a una mujer que había denunciado, en la expresión última de la violencia de género ejercida por los hombres. El coordinador confirma las sospechas: “Es esencial el intercambio de información”.

Pero a esas mujeres 'usuarias' de ese sistema, y al sistema mismo, hay que ponerle cara. Elisabeth es un caso de éxito. “Si yo hubiera sabido que la justicia, la policía y el sistema trabajaba así en conjunto, apenas hubiera durado ni dos meses con mi pareja”, sentencia. El testimonio de haber pasado por los entresijos y mecanismos que tienen habiltadas las administraciones públicas para proteger a las víctimas de violencias machistas puede animar a conocerlo de manera previa y, paralelamente, a perder el miedo a participar de él. Ya bastante “sobrada de miedo” estaba Elisabeth. Ella dio el paso. No podía soportarlo más. “El silencio que guardamos nos hace enterrarnos cada vez más. Vi que las cosas iban empeorando y que todo aquello iba a más”, explica.

“Aterrada y perdida”

En una de aquellas discusiones “por cualquier cosa”, los vecinos alertaron de lo que pasaba en el domicilio de ella y su ahora expareja. Él se fue detenido y ella se dijo definitivamente: “Yo mañana me voy de esta casa”. Relata a elDiario.es Andalucía que estaba “aterrada y perdida”. “Él, que quería verme presa y que me quitaran a mi hijo”, recuerda. Uno de los agentes que me atendió me habló de la posibilidad de acudir a un centro de emergencia. No tenía a nadie en España, “no creía en nada ni en nadie”, recuerda ella.

“La Policía Nacional llama al IAM para gestionar el acogimiento si es necesario”, explica el coordinador. También sucede con los números de emergencia -112, 061- o los específicos 900200999 ó 016. “Sí hay respuesta, sí hay opciones, sí hay soluciones”, enfatiza Elisabeth. “Se le ofrecen a las mujeres los recursos más ajustados, entre por la puerta que entre”, afirma el coordinador.

Su historia es parecida a la de otras muchas mujeres. “No todas las víctimas necesitan las mismas cosas ni están en la misma fase, y los recursos se adaptan a las circunstancias”, dice García. A veces son procesos traumáticos, de especial vulnerabilidad. El momento de la denuncia formal es importante, comenta el coordinador del IAM, y “hay que prepararse para ello, con la intención de que luego no haya una marcha atrás”. El organismo dispone de multitud de programas, tanto genéricos como específicos, de atención psicológica y para cada tipo de víctima. Elisabeth, por ejemplo, al margen de necesitar un lugar donde quedarse con urgencia, había sufrido principalmente “violencia psicológica”. “Me prometió el sol, la luna y las estrellas”, señala.

Juguetes y comida en la basura, falsas acusaciones de engaño. Llegó un punto en que “no podía recoger a mi niño del colegio”. “La situación te va llevando a pensar cosas muy feas. Volvía a mi lucidez al pensar en mi hijo. No podía dejarle solo, porque su padre ya murió”. Un vistazo atrás para degustar la felicidad actual. Ahora vive en un piso tutelado, con su hijo. “Ahora todo perfecto. Llevo una vida normal y corriente”. Aunque tuvo que cambiar de provincia, nada dejaba atrás y empezó su nueva vida, trabajando en un restaurante. Psicólogos, trabajadores sociales, juristas van recorriendo el itinerario de la víctima según el momento. “Pese a los nervios del principio y que todo es un misterio, son personas que te hacen sentir muy bien y tratan de ayudarte en todo momento. Me decían siempre que tenía que transitar los pasos. Su trabajo es un sobresalto constante. Tiene mucho mérito el trabajo que hacen”.

Elisabeth empezó a recorrer un nuevo camino. “Yo no vine a España para vivir lo que estaba viviendo, pero no quería volver”, asegura. La mayoría de las mujetes que acuden al IAM son de nacionalidad española pero, en su caso, la reunificación familiar con su pareja fue el principio del fin de su estancia en nuestro país. Primero estuvo en un centro de emergencia, para “atajar el momento de crisis”, indica el coordinador para ese tipo de situaciones, “fundamental en las primeras 48 horas después de que tengamos conocimiento de un caso de violencia”. Una semana después, en tren a otra provincia, donde fue bien recibida y donde lleva año y medio ya.

La violencia avanza “poco a poco”

Desde el IAM trabajan los aspectos emocionales, con intervenciones y acompañamientos, que en los juzgados desarrolla el SAVA. “Hay que saber cómo abordar y enfrentar cada situación, y nuestros protocolos están muy bien definidos”, apunta el coordinador. En el instituto, que cuenta con ocho delegaciones provinciales en Andalucía y 180 centros de información para mujeres, amén de su estructura telemática, evalúan las situaciones y atienden a las mujeres según las necesidades. El piso tutelado en el que vive Elisabeth, por ejemplo, es “el último paso” antes de salir del sistema de protección. “A veces, en otra provincia diferente, porque el agresor puede ir a buscarla, ellas se encuentran nuevas personas aliadas y amigas”, dice el coordinador. En el caso de Elisabeth, que tenía una orden de alejamiento por dos años y conocía a la familia de su expareja, empezaron las “frustraciones” a las semanas de convivencia. “Esa red familiar suele romperse por efecto del agresor”, apunta García.

“Cuando llegan a alguno de nuestros recursos no se consideran víctimas. Después de la labor psicológica que hacemos con ellas, al final son ellas mismas las que se identifican como víctimas”, comenta el coordinador. “La violencia avanza poco a poco y se va aceptando, aumentando en intensidad, y la víctima se va acostumbrando. Es la escalera de la violencia, que va subiendo escalones”, añade. “Hay una normalización brutal de la violencia. Es un tema que ha polarizado a la gente, y los hemos despersonalizado. Cuando le pones rostro, como hacemos en el IAM, la gente empatiza porque se desvirtualiza”, señala García, que alerta del aumento de agresiones machistas entre los más jóvenes.

Elisabeth disfruta de una vida normal. No son la luna y las estrellas que le prometieron, porque la realidad era mucho menos poética. Alejada ya de todo aquello, en un lugar diferente al que la acogió, mira al futuro pero de otra manera. “Tenía mil planes, pero yo no vine aquí a eso. Una mujer no se puede quedar callada ante esas cosas”. Ella vive ahora su normalidad como si fueran lunas y estrellas.

Los mecanismos pueden variar: padres que prefieren trabajo no registrado para evitar pagar la cuota alimentaria, otros que viajan de una provincia a otra para cambiar el auto. Son formas de escabullirse ante la responsabilidad parental. Según un informe de UNICEF, en Argentina hay 1,7 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares monomarentales, solo 1 de cada 4 mujeres separadas recibe la cuota alimentaria. En ese marco, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley que crea el Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (ReUDAM), que unifica los datos de todo el país. “Está pensado para que sea más difícil violar la ley con los chicos”, explicaron las diputadas y diputados autores de la ley.

El proyecto, que fue votado la semana pasada en la Cámara Baja, establece que aquellas personas que integren el registro no podrán realizar operaciones bancarias como créditos, apertura de cuenta corriente, obtención de tarjeta de crédito. Tampoco se les otorgará o renovará la licencia de conducir, no podrá ser proveedor del Estado, no se le otorgarán habilitaciones para la apertura de comercio y/o industrias, ni  podrán asistir a bingos o espectáculos deportivos, entre otros. “Es penalizar a quien pudiendo pagar, elige un dolo, dañar”, explicó a elDiarioAr la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo. 

Quienes estén en el registro no podrán realizar operaciones bancarias cómo pedir préstamos, sacar tarjetas de crédito o abrir una cuenta corriente. Tampoco podrán renovar el registro de conducir ni asistir a bingos o espectáculos deportivos.

“Casi el 90% de los deudores alimentarios son varones. Es un delito edulcorado, si alguien lo viola no pasa nada porque los niños no tienen capacidad de imponer una obligación. Madres y niños quedan boyando sin que tenga una percepción de justicia, la infancia no puede esperar. Que el Estado no sea inocuo, que no sea neutral, que no tenga una mirada adultocéntrica porque esto afecta a los niños”, agregó la legisladora que es una de las siete personas que presentaron un proyecto similar. 

El texto unificado es en base a los proyectos de Carrizo y los de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, Julio Cobos y Roxana Reyes de la UCR, Paula Oliveto de la Coalición Cívica, Jimena López del Frente de Todos y el exdiputado Marcelo Koening. Fue aprobado por unanimidad con la única excepción de José Luis Espert.

Lo que busca es unificar toda la información de las distintas jurisdicciones del país con datos actualizados sobre morosidad. Si bien todas las jurisdicciones del país tienen su registro, solo 4 de las 24 tienen los datos  accesibles de forma pública: Jujuy, Buenos Aires, Salta y Mendoza. “El tema de los registros nacionales no es ir en contra de la jurisdicción provincial. Es nacionalizar información que va a garantizar derechos porque puede ocurrir que alguien de Córdoba tiene una deuda alimentaria y se va a La Pampa a patentar un auto”, explicó la diputada. El registro estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

Nos encontramos con deudores que llevan cinco o seis años sin pagar y no tienen ningún tipo de consecuencia.

Jimena López — Diputada del Frente de Todos

La legisladora del FDT Jimena López explicó lo complejo que resulta hacer efectivo el pago en algunos casos. “Necesitamos que tenga consecuencias directas. Nos encontramos con deudores que llevan cinco o seis años sin pagar y no tienen ningún tipo de consecuencia. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, de los 1000 inscriptos que había, solamente 16 tuvieron consecuencias porque eran los que tenían vinculaciones comerciales con el Estado. Al resto no les pasaba nada”, le dijo a elDiarioAR. En territorio bonaerense, más de la mitad de las mujeres que están separadas no reciben cuota alimentaria o sólo la percibe eventualmente (el 65%). Son datos del primer informe realizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual que publicó este diario. 

“La idea no tiene que ver con un sistema punitivista sino con un sistema de restricciones. Vos no podés tener la misma liviandad para andar en tu vida cotidiana cuando le debés dinero a tus hijos”, explicó López. Según la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social, realizada en 2015, cuando los padres no residen en la misma vivienda que sus hijas e hijos, solamente el 32% de los hogares monomarentales reciben la obligación alimentaria. Es decir, el 68% de los progenitores no convivientes elude su responsabilidad.

Esta situación afecta a los derechos de niños, niñas y adolescentes y también es una forma de violencia de género. “Es violencia económica porque vos podes ganar poco o no ganar nada, pero un porcentaje tiene que ir a tus hijos y si ganas mucho también. Hay gente que se insolventa, esconde bienes. Es también violencia simbólica y falta de responsabilidad con los chicos que no decidieron que ese fuera el padre. Es un tema complejo porque la justicia no le da mucha importancia, las mujeres nos pasamos un promedio de tres o cuatro años litigando y abandonamos los procesos judiciales porque cuesta plata. Y, entonces, tenemos una nueva sobrecarga con la totalidad de la manutención. No tiene que ver con el amor, tiene que ver con una sobrecarga”, describió López.

El texto especifica que ingresará al registro “toda persona obligada al pago de cuota alimentaria provisoria o definitiva que se encuentre en mora por falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas, intimada judicialmente y que no hubiese demostrado fehacientemente su cumplimiento”. La iniciativa fue votada por todos los integrantes de la Cámara (255) excepto por José Luis Espert, de Avanza Libertad, que votó en contra. Ahora el Senado tiene el trabajo de convertirla en ley.

CDB/MG

Un hombre golpeó brutalmente a su hija tenista, una adolescente de 14 años, durante un entrenamiento en Serbia y, luego de que se conocieran las imágenes, la Fiscalía de aquel país emitió una orden de búsqueda y captura contra el agresor.

Según se puede ver en las imágenes difundidas por Igor Juric, activista contra el maltrato infantil, y viralizadas en las redes sociales, el padre de la deportista le propinó golpes de puño, patadas y la agarró del pelo hasta tirarla al suelo.

El hecho ocurrió en el club Estrella Roja de Belgrado y la persona que filmó lo ocurrido aseguró que el hombre es, además del padre, el entrenador de la joven tenista.

Según confirmó Juric, luego de identificarlos realizó la denuncia, por lo que la Fiscalía de Serbia emitió una orden de búsqueda y captura para detener al atacante de su propia hija.

“Puedo decir que estoy un poco conmocionado, esta es una de las muchas cosas terribles que hemos visto. Es importante ver cómo reaccionarán las instituciones, porque se trata de un ciudadano extranjero”, expresó quien dio a conocer lo sucedido.

Y agregó: “Tenemos las identidades tanto de la víctima como del abusador, ¡Presentaremos una denuncia penal! Esto sucedió en Belgrado en las canchas de tenis de Crvena Zvezda”.

“Los entrenadores que trabajaron con ella dicen que es una niña excepcional, y el motivo de este comportamiento violento supuestamente fue que uno de los entrenadores, que estaba en ese momento con la joven, dijo que no se esforzaba lo suficiente y que ella no quería moverse para hacer lo que se le pedía”, detalló Juric.

“Supuestamente, esta fue la razón de esta violencia cruda y brutal que sucedió. Estos son ciudadanos chinos, pero no puedo decirles cuántos más viven en Serbia. Sé que visitaron otros clubes de tenis. Lo que sí sé es que el padre maltratador no habla serbio”, explicó el activista.

Con información de NA

El puertorriqueño Ricky Martin deberá presentarse el próximo 21 de julio ante los tribunales de San Juan, la capital de ese país, al término de la vigencia de la orden de restricción emitida el pasado 1 de este mes por la Justicia, luego de que un sobrino acusara al cantante de haber cometido violencia doméstica contra él durante una relación de siete meses.

Según informaron fuentes judiciales al periódico puertorriqueño El Vocero, la jueza Raiza Cajigas Campbell había habilitado la solicitud del denunciante, que en su testimonio aseguró que ya no se encuentran juntos desde hace dos meses pero que el artista “no aceptó” la separación.

“Lo llama con frecuencia. Además, el peticionario lo ha visto merodeando su residencia en al menos tres ocasiones. El peticionario teme por su seguridad”, citó el mencionado medio con base en la orden judicial emitida a principios de julio.

En tanto, aunque la denuncia se tramitó bajo el amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica, que impide la difusión de la identidad de la presunta víctima, fue Eric Martin, uno de los hermanos del cantante, quien a través de un video publicado en su cuenta de la red social Facebook dio a conocer que se trata de un sobrino del autor de éxitos como “María” y “Vuelve”.

“Estoy a favor de la justicia, siempre. Y si alguien ha cometido algo aquí, y es lo que tiene que aprender todo el mundo, debe ser penalizado, pero más importante, debe ser rehabilitado. No porque sea mi hermano... la sociedad está extremadamente dañada”, señaló el hermano de Martin en dicho mensaje.

Y agregó: “Yo no pongo mi mano en la mesa caliente por nadie. Yo lo que estoy hablando es sobre mis vivencias, mis vivencias de familia. A mi hermano mayor no lo creo capaz”, agregó.

Luego de conocerse la acusación, la defensa del artista de 50 años calificó en diálogo con la revista People de “falsas y fabricadas” las denuncias y aseguraron que, cuando se conozca la verdad, su imagen quedará “reivindicada”.

Enrique Martín Morales, nombre real del músico y compositor, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos.

El presente de la estrella latina está signado por lo judicial, ya que días antes de recibir esta denuncia trascendió que también enfrenta una demanda en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles de más de tres millones de dólares por comisiones impagas de parte de Rebecca Drucker, una exempleada suya, que además afirmó haberlo protegido de una denuncia de 2020 que “podría poner fin a su carrera”.

DA

Una denuncia por violencia doméstica contra el cantante Ricky Martin fue informada hoy por la Policía de Puerto Rico pero no trascendieron los detalles de la acusación ni información sobre lo sucedido.

La orden fue dictada por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tras una solicitud que no fue revelada siguiendo los procedimientos de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

La Policía recibió copia de la Orden de Protección, a través del nuevo Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección, y coordinó el trámite por parte de los agentes adscritos al cuartel de Dorado.

De momento, el artista puertorriqueño, de 50 años, no se pronunció acerca de esta presentación ni hizo alusión alguna en sus siempre activas redes sociales.

Enrique Martín Morales, nombre del real del músico y compositor, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos.

El presente de la estrella latina está signado por lo judicial ya que por estos días se conoció que enfrenta una demanda en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles de más de 3 millones de dólares por parte de su exrepresentante Rebecca Druker.

NB con información de agencia Télam.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia recibió un total de 10.919 denuncias entre marzo de 2020 y septiembre de este año, de las cuales el 78% de las víctimas fueron niñas, adolescentes y mujeres adultas.

En el informe difundido en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se indica que marzo de 2021 fue el mes en el que se registró el mayor número de denuncias, con un total de 835, mientras que en noviembre y diciembre de 2020 y en enero de este año se recibieron cifras superiores a las 760.

También se establece que el 58% de las personas afectadas son mujeres adultas; el 29% niñas, niños y adolescentes; el 6% adultos mayores (5% mujeres y 1% hombres) y el 7% restante varones adultos.

“Una vez ingresadas las denuncias y realizado el informe de riesgo, la OVD deriva los casos a la justicia penal y/o civil, según corresponda, o a otros organismos que dependen de los poderes ejecutivos nacional y local”, especificó la Oficina de Violencia Doméstica del máximo tribunal, que destacó que siempre mantuvo la atención presencial durante la pandemia las 24 horas.

En ese marco, en el 78% de los casos en los que intervino la Justicia Civil, se dictaron prohibiciones de acercamiento de los agresores y en el 68% se prohibió el contacto telefónico o por vías digitales, mientras que en el 27% de las denuncias se suministró un botón antipánico a las personas afectadas.

Además, en el 19% de los casos se ordenó la prohibición de acercamiento a niñas, niños y adolescentes para las personas denunciadas y en el 17% la exclusión del hogar, de acuerdo al reporte de la OVD.

Desde su creación hace 13 años, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema lleva atendidos un total de 124.930 casos, “con un proceso en el que intervienen profesionales de distintas disciplinas y que demanda cerca de dos horas de entrevistas con cada afectado/a”.

En el 96% de los casos se registró violencia psicológica, en el 61% violencia física y en el 47% violencia simbólica, según se especificó.

Las mujeres se animaron a acusar por primera vez ante la Justicia a sus parejas o exparejas luego de haber sufrido en promedio “entre cinco y seis años” de maltrato y un 45% “lo hizo antes de los dos años de iniciado el vínculo”.

El documento de la OVD recordó que profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina integran equipos interdisciplinarios que reciben las denuncias por situaciones de violencia doméstica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

“A partir del relato de las personas afectadas y/o terceras” se labran actas y se evalúa el nivel de riesgo, con la confección de un informe médico si es necesario constatar lesiones“, se recordó.

Y se agregó que “una vez finalizada la entrevista y realizada la derivación correspondiente (judicial y no judicial), desde la OVD se realiza un seguimiento de la actividad judicial desplegada a partir de la recepción de la denuncia”.

Analía Monferrer, responsable de la OVD, recordó que tienen competencia en la Ciudad de Buenos Aires; que en Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa, Santa Cruz y Salta hay oficinas con iguales fines, y que en la provincia de Buenos Aires funcionan “Comisarías de la mujer”.

Informes: Gabriela Cáceres, Tania Jáuregui, Francisca Mayorga,Jessica Tamyres Dos Santos 

Karla Pucci tenía 48 años y vivía en Paranoá, Distrito Federal de Brasil. Muy lejos de allí, en Holguín, Cuba, pasaba sus días Virgen Leyva Espinoza, de sólo 23. En esa isla del Caribe también había nacido Yunieski Carey, 39 años, aunque hacía varios años que era una diva en Miami. Había dejado su país al igual que Victoria Salazar, que tenía 36, era de Sonsonate, El Salvador, y había emigrado a México buscando lo que buscan todas: una vida mejor. Eso procuraba también Kimberly Ugalde Palma en Viña del Mar, la playa más famosa de Chile, al extremo sur del continente americano. Todas ellas vivieron en países distantes y jamás se conocieron, pero las iguala una fatalidad común: fueron asesinadas por hombres en los meses que lleva este año.

El confinamiento obligatorio que decretaron casi todos los países para detener el contagio del coronavirus, tuvo un efecto benéfico inesperado: la disminución del delito callejero. La tendencia general marcó una reducción de robos, homicidios y agresiones en los espacios públicos. Sin embargo, en casi todos los países las cifras de feminicidios y la violencia machista aumentaron o, cuanto menos, se mantuvieron estables. Aún no hay cifras globales para Latinoamérica en 2020, pero los números de algunos países marcan la tendencia: la suma de feminicidios de México y Brasil -reportados por instituciones estatales- alcanzan más de 1500 muertes de mujeres a manos de hombres. Otro dato sirve de muestra. En El Salvador, durante el primer mes de aislamiento forzoso, la violencia machista fue más letal que la pandemia: el país registró más feminicidios que muertes por covid-19.

Esa seguidilla de muertes no es un dato extraño para América Latina: ya en 2017, con al menos 1998 feminicidios, era la región con mayores índices de violencia de género del planeta. A fines de aquel año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lo denunció: “cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujeres”. Esa cifra escalofriante siguió aumentando los años siguientes: 3529 feminicidios en 2018 y 4555 en 2019, según datos de la propia CEPAL. 

En 2020, con la emergencia sanitaria mundial, también llegaron las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la posibilidad de que durante la cuarentena se agravara la violencia de género. Es un tipo de violencia que suelen cometer parejas actuales o anteriores, generalmente en ámbitos privados, y comprende acoso verbal, físico o sexual. 

Muchas de las mujeres que ya convivían con sus agresores quedaron encerradas en sus casas junto a ellos. Además, se cerraron las fronteras. Con las puertas trancadas en la casa y en el país, muchas mujeres latinoamericanas se quedaron sin escapatoria. Desde el paraje más austral en Chile hasta la ciudad de Miami, destino final de tantos latinos y latinas, las mujeres siguen siendo violentadas, víctimas de otra pandemia. 

La violencia de norte a sur

La cubanoamericana Yunieski Carey Herrera, 39 años, llevaba una intensa carrera artística en Miami, fuera de su país. El último noviembre, Yuni Carey, como se hacía llamar, fue asesinada en su apartamento de la ciudad del sol por su pareja Ygor Arrudasouza, un hombre brasileño que tenía un historial de violencia y había sido acusado por tres cargos de agresión. El de Yuni fue el transfemicidio número 37 reportado en el año 2020 en Estados Unidos. Arianna Lint, directora ejecutiva de un grupo con sede en Florida que trabaja con miembros de la comunidad trans, dijo que conocía bien a Carey y a su agresor. “Recibí llamadas de ella (Carey) en varias ocasiones pidiendo consejo cuando tenía una pelea con su esposo. Ellos, como pareja, estaban enfrentando problemas”, contó unas horas después del crimen.

Cuando la mataron, Yuni Carey planificaba regresar a Azúcar, un club nocturno gay cercano a La Pequeña Habana tras ocho meses de ausencia por la pandemia de coronavirus. Iba a ser el regreso al stage para lucir sus bien ganadas coronas de Miss Trans Cuba y Miss Trans Global 2019. En su primera comparecencia ante la corte, Ygor confesó que estaba bajo la influencia de metanfetaminas cuando mató a Carey y fue trasladado a una cárcel de Miami. En lo que los medios locales calificaron como “una emotiva confesión”, el asesino en segundo grado dijo que se merecía “el castigo que le llega”. 

Las últimas horas de Yuni transcurrieron lejos de su patria, al igual que las de Victoria Salazar. El cierre de las fronteras por el coronavirus expuso claramente el drama de las mujeres que mueren lejos de casa. Victoria vivía desde hacía cinco años con sus dos hijos en México, fue detenida ilegalmente en el interior de un comercio por la policía municipal de Tulum, y terminó con una fractura en la parte superior de la columna vertebral que le provocó la muerte. El arresto había sido por una supuesta alteración del orden público, pero en los videos de las cámaras de seguridad se la ve paseando por los pasillos de la tienda con una botella vacía y en ningún momento agrede a nadie. El 4 de abril pasado, tras una semana de manifestaciones que generaron la repercusión internacional del caso, se logró la repatriación de sus restos a El Salvador. 

The New York Times publicó en 2019 un reportaje sobre mujeres que intentan escapar de la violencia de género en Centroamérica con la esperanza de refugiarse en Estados Unidos. “La violencia contra las mujeres está impulsando un éxodo de migrantes de Centroamérica”, dice el artículo firmado por Azam Ahmed, aunque aclara que ese escape no siempre es garantía de asilo: la administración Trump, por ejemplo, se negó a dárselos. Allí donde se entrecruzan la migración y la violencia de género, se revelan las frágiles costuras de los sistemas legales y la desprotección de quienes viven o esperan vivir en un país en el que no nacieron. 

Durante tres meses que resultaron eternos, Roxana tuvo que convivir las 24 horas del día con su agresor en una pequeña casa de Alegría, Usulután, El Salvador. Gerardo Otoniel Álvarez, el padre de sus dos hijos ya no era su pareja, pero vivían juntos desde 2018 y no había podido irse del lugar. En los días de peor violencia física, Roxana se iba a la casa de su madre. Pero con las restricciones de movilidad dispuestas en el país centroamericano, uno de los peores en esta materia en el continente, ese refugio dejó de ser una opción. 

Según el expediente judicial, la cuarentena fue para Roxana un calvario: Álvarez tomaba alcohol y la golpeaba a menudo. En octubre de 2020, cuando la circulación ya estaba permitida, la mujer volvió con sus dos hijos a casa de su madre. Para que su expareja no se acercase, radicó una denuncia de violencia intrafamiliar al juzgado de Paz de Alegría. 

Igual, no se sentía más segura. Casi no salía de la casa de su madre por miedo a que Álvarez la vigilara. El 1 de diciembre se animó a salir para visitar a un sobrino enfermo. Eran las seis de la tarde Álvarez la interceptó, la tiró al pavimento y la golpeó en la cabeza con una piedra hasta dejarla inconsciente. Roxana fue trasladada de emergencia al hospital. 

El ataque quedó registrado en una serie de videos que son la prueba fundamental para probar los cargos de femicidio en grado de tentativa y desobediencia que ahora enfrenta Álvarez. 

A miles de kilómetros de distancia de Usulután, en una zona del Pacífico colombiano, Vilma padeció el mismo tipo de violencia que Roxana. Sucedió en la localidad de Quibdó el 2 de agosto de 2020. Una enfermera de 37 años y madre de dos niños, fue atacada por su antigua pareja, un empleado de la gobernación del Chocó que tenía una orden de alejamiento desde 2019. La crónica periodística, publicada simultáneamente en una decena de medios de aquel país que forman la alianza La liga contra el Silencio, cuenta que el agresor “la tiró de una moto, la arrastró, intentó asfixiarla y la dejó malherida en una carretera cerca de Laminitas, en Quibdó. Unos jóvenes que pasaban por ahí la llevaron al hospital más cercano mientras el agresor huía (…) Vilma sufrió fracturas y perdió movilidad en su ojo derecho. Tras una cirugía y una rehabilitación que le costó 27 días de inmovilidad, pidió acompañamiento judicial. Pero los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación le han dicho que sin testigos del hecho su caso no tendrá futuro”. 

En 2020, en Colombia, las denuncias por hechos de violencia intrafamiliar habían disminuido. Lo que se presentaba como una paradoja tiene una explicación. “Esto obedeció a los obstáculos en el acceso a servicios de denuncia durante la pandemia, como la falta de recursos tecnológicos para la atención virtual en Comisarías de Familia, falta de cupos en las casas de refugio, también insuficiente número de estas casas especializadas para acoger a las mujeres víctimas, colapso en las líneas telefónicas de atención y falta de acceso a las valoraciones médico legales”, detalla un documento de la organización Sisma Mujer, que cita un reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Precisamente Vilma, la enfermera chocoana, es una de ellas. Lleva más de un año yendo a la Fiscalía, a Medicina Legal, a la policía, a comisarías de familia y a varios hospitales en busca de justicia y de protección ante la amenaza constante de su expareja. 

Un desdén similar tuvo que soportar Yanelis Valdés de parte de las autoridades cubanas. En julio de 2020, con la isla en plena cuarentena, Yanelis fue a la policía a denunciar que el padre de sus dos hijos la estaba amenazando. El aislamiento la había obligado a una convivencia forzosa con su agresor, con el agravante de que en La Habana no existen refugios temporales para mujeres en riesgo. Ante su denuncia el hombre fue detenido, pero lo liberaron unas horas después con una multa de 20 pesos cubanos (83 centavos de dólar). 

Recién en octubre de 2020, el gobierno cubano habilitó la línea telefónica 103 para brindar orientación y apoyo psicológico en casos de violencia de género. Pero desde inicios de la pandemia, la plataforma digital Yo Sí Te Creo en Cuba había creado una línea de emergencia que ofrecía consejería psicológica, asesoramiento legal y acompañamiento. Según sus estadísticas, 74 mujeres recurrieron a la línea de apoyo entre marzo de 2020 y el 22 de abril de 2021. 

Uno de los casos que documentó Yo Sí Te Creo fue el de Yanelis, que el 26 febrero de 2021, ocho meses más tarde de su primera denuncia, volvió a la comisaría. Seguía siendo blanco de maltratos y amenazas continuadas. Su vida y la de sus criaturas corrían peligro, dijo. Tras esa última denuncia se los llevó a la casa de su madre. 

En marzo fue a la Fiscalía Municipal de Arroyo Naranjo, en La Habana, para saber qué pasaba con ambas denuncias y por qué su expareja continuaba libre. Allí le comunicaron que debía esperar sesenta días para obtener respuesta. Al día de hoy no la tiene.

Aunque las cifras oficiales son muy exiguas, las plataformas feministas y de apoyo a las mujeres reportaron 28 feminicidios durante el primer año de pandemia en Cuba. El 13 de enero de 2021, YoSíTeCreo posteó el asesinato de Virgen Leyva Espinoza a manos de su pareja en su hogar del reparto periurbano de El Coco, en Holguín. Sólo en el primer cuatrimestre de 2021, hubo 19 mujeres asesinadas en la isla. 

En el quinto país con mayor tasa de feminicidios del mundo (4,8 asesinatos por cada 100 mil mujeres) la brasileña Karla Pucci, 48 años, es sólo un número más. La Policía Civil del Distrito Federal (PCDF) de Brasil encontró su cuerpo el domingo 23 de mayo en Paranoá, con signos de haber sido apedreada. El caso se investiga como feminicidio, y el principal sospechoso es el compañero de la víctima, Valdemar Medeiros Sobreira, de 46 años.

Dos meses antes y mucho más al sur, en una casa de la ciudad costera de Viña del Mar, a 135 kilómetros de Santiago de Chile, fue asesinada Kimberly Ugalde Palma. Tenía 19 años y su pareja, Alex Brante, el presunto asesino, 12 más. El crimen ocurrió después de una discusión, la madrugada del 20 de febrero, cuando Brante tomó un arma de fuego y le disparó al tórax y los brazos. Desde un terreno lateral, un vecino escuchó los gritos y reportó el sonido de los disparos a Carabineros. El Servicio de Atención Médica de Urgencia encontró más tarde el cuerpo de Kimberly en una de las habitaciones. 

En la audiencia de control y formalización, el juzgado de garantía decretó la prisión preventiva de Alex Brante y un plazo de investigación de 120 días. Algunos vecinos y testigos aseguraron que la mujer vivía con el imputado y que no era la primera vez que discutían. 

En su querella contra Alex Brante por el delito de femicidio íntimo, la madre de la joven, Carla Palma, dijo que Kimberly “siempre estuvo expuesta a una serie de hechos que se enmarcan dentro del contexto de violencia intrafamiliar”.

La tipificación de femicidio íntimo comenzó a regir en Chile el 4 de marzo de 2020 con la Ley 21.212, que modificó el Código Penal, y refiere al “hombre que matare a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente (…) será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado”.

Los nombres en la cruz

La mayoría de estos crímenes o hechos de violencia ocurren al interior de las casas, a manos de hombres con quienes conviven y que actúan con la impunidad que brinda el escenario privado: una circunstancia que recrudeció el encierro obligatorio de la pandemia. 

Desde marzo hasta junio de 2020, según los datos recogidos en la investigación colaborativa Violentadas en cuarentena, se registraron 1.409 feminicidios en 18 países de la región, 240.809 denuncias por algún tipo de violencia contra mujeres y 1.206.107 llamadas a alguna de las líneas telefónicas habilitadas para reportar episodios de ese tipo, según una investigación trasnacional llamada “Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, solo 13 países latinoamericanos poseen leyes de protección integral frente a la violencia contra las mujeres y 18 países tipifican el feminicidio”, se lee en el informe.

Una de las tareas más lúgubres en esa investigación, coordinada por Distintas Latitudes, fue la de construir un memorial de 360 nombres de mujeres que perdieron la vida a manos de feminicidas solamente en el primer mes de cuarentena en América Latina. Cada víctima tiene un nombre, una historia, y sus muertes se inscriben inevitablemente en la trama social de la desigualdad de género. 

Este artículo es parte de El último techo, un especial transnacional del Laboratorio de Periodismo Situado de Cronos Lab.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes acotar a horarios mínimos la atención al publico para el servicio de justicia y suspender los plazos procesales y administrativos entre el miércoles y el viernes, como aporte a las medidas restrictivas dispuestas por el Poder Ejecutivo para mitigar la suba de casos de coronavirus.

No obstante la Corte aclaró que “la suspensión no afectará el curso de los plazos respecto de aquellos actos que, previa notificación a los interesados, así lo dispusiera el magistrado, funcionario o autoridad competente”.

En una acordada se indicó que las medidas se tomaron “a fin de asegurar la protección de la salud a la par de garantizar de forma más eficiente la debida prestación del servicio de justicia”, dijo el máximo tribunal en una resolución a la que tuvo acceso Télam.

Por otra parte, se aclaró que, como contrapartida, se reforzará la atención en el área de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema.

En su acordada, la Corte dijo que “exhorta a las distintas autoridades que ejercen la superintendencia, al personal y a todo aquel que deba concurrir a cualquier dependencia de este Poder Judicial a extremar y fortalecer las medidas sanitarias y de prevención de COVID-19”.

La medida precisó que “la suspensión no afectará el curso de los plazos respecto de aquellos actos que, previa notificación a los interesados, así lo dispusiera el magistrado, funcionario o autoridad competente”.

La Corte llamó también a los tribunales inferiores a “limitar al mínimo posible, durante el mismo período, la atención presencial al público; salvo para las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y/o las partes y conforme a lo que al efecto disponga la respectiva autoridad que ejerza la superintendencia”.

El tribunal que preside Carlos Rosenkrantz estableció además que “aquellas autoridades deberán asegurar la mínima asistencia posible de personal a los lugares de trabajo, dando prioridad a la prestación de servicios por medios virtuales o remotos”.

Las disposiciones contaron con las firmas digitales de los jueces Rosenkrantz, Elena Highton (vicepresidenta de la Corte) y los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.

Esta nota corrige información previa incorrecta que hablaba de feria judicial

CRM con información de la agencia Télam