Durante junio, el presidente Javier Milei pronunció al menos una veintena de insultos explícitos en actos públicos, entrevistas televisivas y publicaciones en redes sociales. Las palabras elegidas no dejaron margen a la interpretación: “imbéciles”, “pelotudos”, “mierda”, “soretes”, “degenerados fiscales”, “parásitos mentales”, “basuras”, “mandriles”, “brutos keynesianos”. Ningún mandatario argentino desde la recuperación democrática había utilizado un lenguaje tan degradante y violento desde la cumbre del poder institucional.

Aunque los destinatarios fueron diversos –desde el economista Axel Kicillof hasta la periodista María O'Donnell o los cronistas que cubren la actualidad en El Destape o C5N–, el blanco principal de su furia fue el periodismo crítico. Una y otra vez, Milei acusó a la prensa de mentir, operar y tergiversar los logros de su gestión. Y no sólo los insultó: también les inició causas penales por calumnias e injurias.

Un repaso por los agravios

En una entrevista con el canal Neura el 29 de junio, Milei dejó una de las frases más brutales del mes:

• “El otro sorete que mandó a recortar el zócalo, el pedazo de mierda ese…”.

• “Es un conjunto de soretes que no pueden aceptar que las cosas están saliendo bien”.

Minutos antes, había hablado de un periodista como “imbécil” y “pedazo de mierda”. ¿El motivo? Haber criticado una de sus medidas económicas. En esa misma entrevista repitió que quienes lo critican son “ratas en términos de IQ” (es decir, personas despreciables y con muy baja inteligencia) y que los periodistas con los que apuesta sobre sus reacciones tienen “déficit de coeficiente intelectual”.

En su cuenta de X (ex Twitter), el tono fue igual o más violento:

• “NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS BASURAS (90%)”.

• “TOMEN NOTA PELOTUDOS”.

• “Mandriles de las falsas comparaciones”.

• “TREMENDA ATENDIDA A MANDRILA”, en referencia agresiva a María O'Donnell.

También compartió y celebró un mensaje del funcionario presidencial Santiago Oría, en el que este trataba de “estúpida”, “tarada”, “pelotuda” e “imbécil” a esta periodista por sus comentarios sobre el fallo judicial sobre YPF. La llamó además “Mandrila O'Monell”.

En su discurso del 25 de junio en un evento partidario en Puerto Madero, Milei describió a sus opositores como:

• “Unos orcos infumables, parásitos mentales que tienen la cabeza llena de porquerías”.

A Axel Kicillof lo llamó repetidamente “el inútil soviético”, “imbécil” y “pelotudo”, a quien responsabiliza de todos los males económicos del país. Tras el fallo de la jueza Preska en el juicio por la nacionalización de YPF, remató:

• “PD: YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO”.

La prensa como enemigo

A lo largo del mes, el Presidente insistió con la idea de que el periodismo es parte de un entramado mafioso que quiere destruir su gobierno. Los definió como “ensobrados”, “mentirosos”, “operadores”, “sindigarcas”, y repitió que la mayoría de los medios están “al servicio del partido del Estado”.

En el Congreso de La Libertad Avanza del 26 de junio, Milei justificó su estilo: “Con el accionar prolijo de [Manuel] Adorni (su vocero) puedo putear tranquilo”. Y agradeció que el portavoz le permita descargarse contra la prensa y la política sin filtro alguno.

Incluso su hermana Karina Milei se sumó a la narrativa. En declaraciones en Neura, avaló las agresiones verbales del Presidente y sostuvo que “hay que desenmascarar a los periodistas que operan”. La relación de Milei con el periodismo no sólo se tensiona en lo simbólico: también avanza en el terreno judicial.

Durante junio, Milei formalizó una denuncia penal contra Julia Mengolini por injurias. La acusó de insinuar que tiene una relación incestuosa con su hermana Karina, aunque la periodista aclaró públicamente que hablaba de un vínculo simbólico, no sexual. Días antes, Mengolini había anunciado que demandaría al Presidente y a dirigentes libertarios por una campaña de hostigamiento y violencia simbólica contra ella. Milei se adelantó y la denunció primero.

También inició acciones legales contra los periodistas Nicolás Lantos, Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, por considerarlos responsables de declaraciones injuriantes y calumniosas. Los juzgados federales ya tienen las causas. El delito: opinar sobre la vida privada del Presidente y cuestionar su investidura.

Se suman a una lista que ya incluía al analista Carlos Pagni, a Viviana Canosa y a Ari Lijalad, quienes fueron denunciados en mayo por comparaciones con el nazismo o por cuestionar el rumbo autoritario del Gobierno. En esos casos, al menos dos jueces federales archivaron las denuncias por considerar que se trataba de opiniones sobre asuntos públicos amparadas por la libertad de expresión.

¿Estrategia o descontrol?

Las agresiones verbales se repiten con tal sistematicidad que no parecen simples exabruptos. Funcionan como parte de una estrategia de polarización permanente. En cada aparición pública, Milei se esfuerza por dividir al país entre “los argentinos de bien” (que lo votaron) y “los parásitos”, “los degenerados fiscales”, “los zurdos”, “los periodistas basura”, que serían los responsables del supuesto fracaso histórico del país.

El problema, advierten especialistas en comunicación política y derechos humanos, no es sólo el tono presidencial. Lo que preocupa es que desde la cima del poder institucional se esté legitimando la violencia verbal y la persecución a la prensa como parte del ejercicio cotidiano del gobierno.

Lo inédito del fenómeno es que no se trata de un presidente que insulta cada tanto: se trata de un mandatario que ha institucionalizado el agravio como parte de su retórica de gestión. Lo que en otros países sería un escándalo –que un presidente trate de “sorete” a un periodista en cadena nacional o en sus redes oficiales– en la Argentina de Milei se convirtió en rutina.

Y todo esto, sólo en junio. El Presidente convirtió sus redes sociales, sus discursos oficiales y sus entrevistas periodísticas en un catálogo de agravios. Pocas veces un jefe de Estado llamó con tanta sistematicidad “mierda”, “sorete” o “imbécil” a quienes piensan distinto. En lugar de atender la crítica, Milei la insulta. Y en vez de responder con argumentos, responde con querellas judiciales.

La violencia política no siempre empieza con balas. A veces empieza con palabras. Y cuando quien las pronuncia es el Presidente de la Nación, no son gratuitas. Son un acto de poder.

JJD

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó que Lucas Gonzalez, el joven de 17 años acribilldado cuando salía de entrenar con sus amigos en el club Barracas Central, fue asesinado por “odio racial”, tal como había determinado la justicia en primera instancia. Por esa razón, los jueces confirmaron la condena a prisión perpetura de los tres agentes que integraban una brigada de la Policía de la Ciudad.

El tribunal, en cambio, decidió absolver y liberar a otros dos de los policías que habían sido condenados por el crimen.

El 11 de julio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 que condenó a los acusado habia considerado el causal de agravante de “odio racial” ya que los policías que persiguieron y dispararon a Lucas y sus amigos cuando salían de entrenar lo hicieron sin motivo. La única razón, según los jueces, fue por su aspecto físico. El caso dejó al descubierto la violencia institucional dentro de la fuerza.

Los condenados fueron Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nievas. Todos habían recibido una pena a prisión perpetua por el homicidio quíntuplemente agravado en perjuicio de Lucas y la tentativa de homicidio agravada contra tres de sus amigos.

Los tres habían sido defendidos por el abogado Martín Luis Sarubbi, conocido por defender a policías involucrados en casos de gatillo fácil. Sarubbi representó al policía acusado de disparar contra Santiago Moreno Charpentier, “Chano”, y también a Sabrina Basile, integrante de Revolución Federal y Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, ambas investigadas en la causa por el atentado contra la expresidenta.

La Cámara también confirmó la condena de Roberto Orlando Inca, Fabián Alberto Du Santos, Rodolfo Alejandro Ozán y Héctor Claudio Cuevas por encubrimiento y el intento de homicidio de los otros jóvenes que iban con Lucas.

Entre los agravantes que se consideraron en primera instancia figuran, además del odio racial, el uso de arma de fuego, alevosía, la intervención premeditada de varias personas y el abuso funcional como miembros de una brigada de la Policía de la Ciudad.

Según el fallo que ahora fue ratificado por la Cámara, “es claro que [los tres intervinientes] obraron en base a un designio común, que todos pretendían lograr el mismo objetivo, esto es matar a los jóvenes, que todos estuvieron de acuerdo en la manera de desarrollar ese ‘iter criminis’ y que lo hicieron ejecutando acciones típicas y necesarias para lograr el resultado, valiéndose de sus armas reglamentarias, alevosamente, con el concurso premeditado de dos o más personas, por odio racial y mediante abuso funcional -de lo cual además pretendieron valerse para lograr su impunidad”.

Sin embargo, la decisión de la Cámara da marcha atrás sobre la situación de dos de los condenados en primera instancia. Se trata de Juan Horacio Romero y Sebastián Jorge Baidón quienes habían recibido una pena de a 6 y 8 años de prisión respectivamente. Para la Cámara, la condena a Romero no describió de forma clara ni fundamentada las acciones específicas que se le atribuían.

Sobre la situación de Baidón, los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Bruzzone detallaron que existían dudas razonables sobre la validez del reconocimiento realizado por la víctima.

El asesinato de Lucas González ocurrió a fines de 2021 cuando el adolescente y tres amigos salieron del predio del club Barracas Central luego de entrenar.

En medio del trayecto “fueron interceptados por un auto modelo Nissan que no tenía ninguna identificación policial ni tampoco contaba con la patente trasera. De allí descendieron tres hombres que les apuntaron. Ante esto, y de acuerdo a lo relatado por los jóvenes en el juicio, intentaron esquivar la situación al considerar que se trataba de un robo”, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal.

En ese momento, los tres integrantes de la brigada dispararon contra el auto: uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que debido a las heridas falleció en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela al día siguiente, mientras que sus amigos quedaron detenidos.

Para Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas, la decisión de la Cámara es un “fallo histórico que marca un antes y después para los casos de violencia policial”. En su cuenta de X, el abogado señaló: “¿Por qué este fallo marca un precedente? Porque gracias a la lucha que llevamos adelante junto a la familia de Lucas, logramos que se condene el racismo estructural en las fuerzas de seguridad y poner de relieve que el Poder Judicial no debe ser cómplice de la impunidad policial”.

Según opinó Manuel Tufró del CELS, el “fallo de Casación confirma que la policía actuó de manera racista y será clave para discutir cómo los agentes intervienen en los barrios populares, como cuando las brigadas de las comisarías se mueven sin ninguna identificación”.

Posteos virales por un lado, recursos de habeas corpus por el otro. Emojis con pulgar arriba y mensajes de respaldo en redes; críticas y repudio en paralelo. Videos de agentes municipales en modo Policías en Acción –cámara en movimiento, música hardcore, sirenas de fondo–; denuncias penales por persecución, estigmatización y amenazas. Entre esos extremos, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, logró instalar en la agenda del verano el giro más visible de su segunda gestión en Mar del Plata: desde hace meses, promueve y difunde distintos operativos para desalojar y disuadir a cuidacoches, limpiavidrios y personas que duermen en espacios públicos.

Montenegro habla de “fisuras”, “forasteros” y “zombies”. Y lanza frases tajantes y en algunos casos despectivas para ilustrar cada acción de los efectivos de la Patrulla Municipal y de la Secretaría de Seguridad. Imprime así una tónica al asunto que sorprende a propios y extraños, y que replica –y refuerza en casos– el estilo de los “operativos de orden y limpieza” de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires para personas que realizan tareas informales o en situación de calle. Como detalle, o no tanto: a diferencia de lo que pasa en territorio porteño, el estilo sheriff adoptado por el intendente en la localidad balnearia en el cierre de 2024 e inicio de 2025 despierta simpatías hacia él entre las fuerzas del cielo. 

Ante las críticas, el jefe comunal mantiene el tono: “Me importa tres carajos lo que digan los que opinan desde atrás de un escritorio”. Sostiene que no hubo “ningún cambio” en el tipo de operativos, y que hace “lo que corresponde”.

“Esto no es un trabajo”, escribió en su cuenta de “X” el 2 de enero, en su primer posteo del año. En él se veía a personal del área de seguridad local que abordaba y expulsaba a un grupo de cuidacoches y limpiavidrios en la zona del puerto. “Me cagás la herramienta de laburo”, se defendía uno de ellos. “No, no, esto no es un trabajo”, replicaba el agente, y agregaba: “Ni esto, ni el trapito, ni el vidrio, ni nada. No se puede. Hoy nos vemos, y no nos vemos más”. 

Cinco días más tarde, Montenegro agregó un nuevo posteo, con una discusión entre un agente y un cuidacoches en la zona costera. “Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda”, expresó el intendente. La publicación fue celebrada por miles de interacciones, y fue repudiada por otro tanto, especialmente por deslizar un paralelismo entre alguien que cuida un vehículo estacionado –actividad molesta por cierto para muchísimos automovilistas: en lo que va de enero hubo más de cien denuncias al número de whatsapp habilitado para eso por el Municipio– y alguien que comete un delito. El balance a nivel municipal: el video tuvo más de cuatro millones de visualizaciones, todo ganancia. 

Con este tipo de publicaciones quedó claro en el arranque del año que el ex juez federal y referente del macrismo mantendría el estilo adoptado desde octubre, cuando estos despliegues comenzaron a ganar mayor espacio en la agenda de trabajo del Municipio y especialmente en sus plataformas de difusión. En paralelo, distintas presentaciones judiciales han buscado frenar este tipo de procedimientos. 

Montenegro: “No son víctimas”

Montenegro rechazó en diálogo con elDiarioAR las acusaciones por la brutalidad de los operativos y la estigmatización con este tipo de comunicación institucional: “Ese verso ya no se lo cree nadie. A los que realmente necesitan ayuda los tenemos censados y asistidos”.  

“Acá estamos hablando de otra cosa: yo no voy a permitir que intenten generar caos, ocupando plazas públicas o generando situaciones de violencia y extorsión en medio de la ciudad. Me importa tres carajos lo que digan. No voy a entrar en una discusión dogmática. Voy a actuar”, aseguró.  

Señaló en ese sentido que “los que están generando violencia y ocupando espacios públicos no son víctimas”, sino “parte de un mecanismo organizado” y “buscan generar caos”.  

“En Mar del Plata no vamos a permitir que nos conviertan en otra ciudad tomada por zombis, como pasa en otros lugares del mundo donde el descontrol y la inacción del Estado dejaron calles invadidas y zonas donde ya no se puede ni caminar. Te repito: me importa tres carajos lo que digan los que opinan desde atrás de un escritorio. Acá defendemos a los vecinos que se levantan todos los días para laburar, no a quienes quieren sembrar el desorden. Mientras yo sea intendente, no voy a ceder ni un centímetro”, explicó a ese medio.  

Sostuvo por otra parte que no hubo ningún cambio en el tipo de intervención, sino que actúan igual desde 2022, cuando se habilitó la línea para denuncias, y que estos procedimientos no tienen que ver “con especulaciones políticas”.

“La diferencia es que ahora los resultados se ven más claros porque sumamos más herramientas y reforzamos el control. Incorporamos tecnología, mejoramos la coordinación, y estamos actuando con toda la firmeza que la ley nos permite. Esto no tiene que ver con demandas nuevas o cambios de lectura, sino con mantener una política consistente: defender a los marplatenses que laburan, invierten y respetan las normas”, dijo, e insistió: “En Mar del Plata no hay espacio para la extorsión ni para el caos. No me importa si son trapitos, okupas o grupos organizados, acá las cosas se hacen como corresponde”. 

Montenegreo comparte con las filas libertarias la idea que las elecciones de este año se desarrollarán en un escenario polarizado. En esa mirada se explica su radicalización respecto del mandato anterior. Por eso, en las fuerzas del cielo miran con buenos ojos ese cambio de estilo en el jefe comunal, en modo sheriff, sobre todo en la comunicación a través de las redes. En una entrevista brindada con Radio Brisas de Mar del Plata, antes de llegar a la ciudad esta semana, Martín Menem había señalado que tiene “buen trato en lo personal” con Montenegro, y que lo conoce “de joven”.

Métricas y habeas corpus

El operativo con mayor repercusión ocurrió a fines de noviembre, cuando el propio Montenegro difundió las imágenes de un desalojo de un hombre y una mujer que dormían en la calle. “Se terminó”, tuiteó el jefe comunal, junto a un video del procedimiento, en el que agentes comunales despiertan y desplazan a la pareja y les quitan los colchones que usaban. 

El posteo fue repudiado por decenas de dirigentes opositores. “Todos matones contra los más pobres. Qué basura tenés que ser para hacerlo y para festejarlo”, expresó la ex diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. 

El intendente dobló la apuesta: “Llevátelos a tu casa”. Acusó además de trasladar a estas personas a la ciudad al dirigente de Patria Grande Juan Grabois. “Manga de mafias. Estos no son gente en situación de calle. A ellos los tenemos censados y asistidos. A estos los están trayendo a Mar del Plata para instalarlos, para hacernos piquetes y acampes. Son violentos con los vecinos”, señaló, y agregó: “Mi trabajo es defender a los marplatenses, al que se levanta a laburar todas las mañanas. Y lo voy a hacer con mis propias manos si es necesario”. 

A nivel local, también cruzaron al intendente. La concejal opositora Eva Ayala (Acción Marplatense) calificó como “vergonzosas” ese tipo de publicaciones, repudió “la crueldad”, “la jactancia” del mensaje y la “arrogancia brutal hacia los más débiles”. Señaló además que no se trata “solo de lenguaje o sensibilidad”, sino que consideró que el gobierno municipal incumple las responsabilidades fijadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades “en materia de asistencia, protección y cuidados de las personas en situación de calle”. En la misma línea, el edil de Unión por la Patria Diego García lo acusó de hacer “un show” en “X” “una vez por semana” con algún video “despreciable”.

En el Palacio Municipal desestiman los cuestionamientos y miran las métricas: el posteo tuvo casi 8 millones de visualizaciones. Las cuentas de Instagram y Tik Tok del municipio sumaron además miles de nuevos seguidores. 

Pocos días antes de ese hecho, dos mujeres hermanas habían denunciado ante la Justicia que las habían expulsado de manera violenta, en plena madrugada, de un cajero automático del Banco Provincia en la zona oeste de la ciudad en el que pernoctaban. Denunciaron además que sufrían “persecución constante” por parte de personal municipal, y que los agentes golpeaban a personas en situación de calle, “les roban el calzado y les queman los colchones y frazadas”. 

A partir de esta denuncia, el titular de la Defensoría Pública 10 del Departamento Judicial Mar del Plata, Mauro Giacomaso, presentó un pedido de habeas corpus para frenar este tipo de actuaciones, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Rosa Frende. La magistrada pidió precisiones al Municipio acerca del operativo. El propio Montenegro contestó, y difundió públicamente la respuesta, con una advertencia previa: “Quiero que sepan que este intendente no tiene miedo”. Según precisó ante el requerimiento judicial, ese tipo de procedimientos son “aleatorios” y “se encuentran orientados a toda persona que realice un uso irregular o indebido del espacio público”.

La jueza rechazó días más tarde el recurso de habeas corpus de la defensoría, porque entendió que no se acreditó una “amenaza concreta”. Consideró que “más allá del estado de vulnerabilidad” de estas mujeres, “su permanencia” en un cajero para pasar la noche “no resulta amparada por la ley”, y que independientemente del “alto índice de pobreza e indigencia” existente y la falta de vivienda, “no por ello resulta válido el uso de cualquier lugar para guarecerse”. La magistrada pidió de todos modos que personal de la Secretaria de Desarrollo Social intervenga también en los procedimientos. 

El último viernes, Montenegro cuestionó a la jueza por “garantista”, tras un incidente protagonizado por las mismas mujeres. “Días atrás –escribió en ”X“–, por controlar a estos mismos ejemplares nos metieron un habeas corpus. Hoy se apuñalaron entre sí por culpa de una jueza garantista, que había ordenado la intervención de desarrollo social ´para ayudarlos´. Si ofrecés ayuda, te devuelven piedras. Tienen que ir a un refugio? No, tienen que ir detenidos. Y así fueron”.

“Legitimación de la violencia”

Para el abogado Julio Hikkilo, representante de la asociación civil La Casa del Trabajador de Mar del Plata, este tipo de accionar impulsado por Montenegro representa “una estigmatización total de personas vulnerables” y “la legitimación del uso de la violencia”. “Incluso si un trapito actúa con violencia, que claro que puede pasar, y merece la actuación de la justicia en tal caso, peor es la violencia institucional”, dijo Hikkilo en diálogo con elDiarioAR, y consideró que el intendente del PRO “endureció su discurso para sintonizar y simpatizar” con el Presidente Javier Milei.

El último miércoles, el abogado presentó en ese sentido una acción de habeas corpus preventivo y correctivo para exigir la “razonabilidad y legalidad” de las medidas adoptadas “contra las personas en situación de calle y trabajadores informales de la vía pública”.

En su presentación ante el Juzgado de Garantías 5, Hikkilo sostuvo que “las medias coercitivas aplicadas y ampliamente difundidas por diferentes medios” contra este grupo de personas se realizan “con absoluta discrecionalidad, en forma irrazonable, discriminatoria” y viola “sus legítimos y elementales derechos constitucionales”. En la acción iniciada, solicitó que como medida cautelar se ordene al municipio la suspensión de nuevos procedimientos “hasta tanto brinde un informe exhaustivo” sobre el criterio aplicado y “la fundamentación que avala este actuar abusivo”. 

“Con un oportunismo político sin precedentes, se acomete contra las personas más vulnerables de nuestra sociedad, pisoteando sin posibilidad de defensa sus derechos básicos, negándoles incluso las condiciones de ser humanos, al estigmatizarlos socialmente como ´fisuras´, ´delincuentes´”, señaló, y agregó: “No por ser trabajadores informales, pobres y humildes, se transforman en delincuentes ni deben ser tratados como tales”.

También Juan Grabois anunció que denunciaría penalmente al intendente marplatense. En su paso por la ciudad el último martes para presentar su último libro y participar en una movilización junto a movimientos sociales, acusó a Montenegro de emplear “métodos ilegales” en los operativos, y precisó que la denuncia era por presunta violación a la Ley Antidiscriminación, abuso de autoridad y por el robo de las pertenencias de las personas desalojadas de los espacios públicos.

“Los vendedores ambulantes y la gente que estaciona coches lo hacen porque no tienen otro laburo para hacer, y en vez de perseguirlos hay que regularizarlos”, dijo durante un acto a metros de la sede municipal, y pidió al intendente “que entienda que a una persona con una problemática de adicciones” –es el caso de mucha gente en situación de calle en Mar del Plata, según fuentes judiciales y comunales– deberían “tratarla como un ser humano”.

Grabois cuestionó que “se la agarran con la gente que no se puede defender” y criticó al ex juez federal por “ponerse en víctima”, luego de que el intendente denunciara el último lunes haber recibido amenazas de muerte a través de Instagram.

AVL/MG

En 2024, el derecho a la protesta social en la Argentina enfrentó una de las mayores embestidas represivas de la democracia. Con la entrada en vigencia del protocolo antipiquetes, en diciembre de 2023, se instauraron políticas de control que limitaron severamente las manifestaciones. El informe de Amnistía Internacional titulado "Un año de protestas" es un anuario que detalla un panorama alarmante de violencia institucional, criminalización de manifestantes y restricciones al ejercicio de derechos fundamentales.

Amnistía relevó 15 protestas reprimidas entre enero y septiembre de 2024. Estos eventos dejaron 1.155 personas heridas, de las cuales 33 sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, algunas perdiendo parcial o totalmente la visión. Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor.

Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor

El informe destaca casos paradigmáticos como el de Claudio Astorga, un manifestante que perdió parcialmente la visión de un ojo tras ser impactado por una bala de goma en la marcha frente al Ministerio de Capital Humano. Similar fue la experiencia de Diego Ricciardi, periodista herido en el mentón mientras transmitía en vivo. Estos ejemplos ponen de manifiesto la falta de protocolos claros para el uso de armas menos letales.

La resolución 943/2023, conocida como protocolo antipiquetes, califica cualquier corte de vía pública como un delito flagrante, habilitando el despliegue policial inmediato. Esto incluye el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para dispersar manifestaciones. Además, permite iniciar demandas judiciales contra los manifestantes para que asuman los costos operativos de los despliegues policiales.

La normativa no solo vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión y reunión, sino que también contraviene estándares internacionales. En enero de 2024, las Relatorías Especiales de la ONU exhortaron al gobierno de Javier Milei a revisar esta resolución, petición que fue ignorada.

El informe de Amnistía subraya el uso desproporcionado de la fuerza como práctica sistemática. Los gases lacrimógenos, muchas veces utilizados en espacios cerrados, causaron graves afectaciones respiratorias y dermatológicas, especialmente en adultos mayores, niños y embarazadas. Testimonios documentados relatan que los efectos de estos compuestos irritantes podían durar horas, causando dolor intenso y dificultad para respirar.

Por otro lado, las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores. Este patrón quedó registrado en varias manifestaciones, incluyendo la marcha de jubilados del 11 de septiembre, donde una niña de 10 años y su madre fueron rociadas con gas pimienta directamente en el rostro.

Las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores

La represión no solo apuntó a manifestantes. En al menos 15 protestas, periodistas y trabajadores de prensa fueron blanco de agresiones físicas y detenciones arbitrarias. Diego Ricciardi, Agustina Binotti y Pablo Alonso son solo algunos de los nombres que resuenan en el informe como víctimas del accionar policial. SiPreBA y FOPEA denunciaron esta situación como una amenaza directa a la libertad de prensa.

En la Plaza del Congreso, el 1 de febrero, 35 periodistas resultaron heridos en un operativo que utilizó gases y balas de goma indiscriminadamente. “Proteger la función periodística y su integridad física es una responsabilidad ineludible del Estado”, señalaron las organizaciones de prensa.

Más allá de los números, las historias detrás de las cifras revelan el costo humano de estas políticas. Manifestantes que salieron a pedir por derechos laborales, educación pública o mejoras jubilatorias enfrentaron golpes, gases y balas como respuesta. El caso de Claudio Astorga, quien aún lucha por recuperar su visión, es solo uno entre muchos que reflejan la brutalidad de estas prácticas.

Consulta sobre la publicación de este informe, la ministra Bullrich dijo a la radio El Observador: “Amnistía Internacional no entiende nada. [Vivíamos en] un país que desde hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza. Hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así, la verdad es que, bueno, están del lado de los delincuentes”.

Bullrich se mostró indignada por el informe de Amnistía y dijo que en la organiazción “están influenciados por una mirada absolutamente alejada de lo que le pasa a la sociedad”. “¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros y que le pregunten también a los mismos piqueteros que eran llevados y les sacaban una parte de la plata de su salario? ¿Por qué no les preguntan a ellos, en vez de hacer un informe total y absolutamente fuera de lugar, ridículo? Bueno, nosotros creemos que lo de Amnistía Internacional es pura ideología: la ideología de proteger siempre a los victimarios y a los 46 millones de argentinos, víctimas de los piquetes, de las extorsiones y demás, a esos no los protege nadie. Tranquilo, Amnistía, que nosotros los protegemos”.

La respuesta de Amnistía a Bullrich

Amnistía Internacional salió a responderle a Bullrich, con un posteo en X (Twitter): “Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Tiene sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia”, resaltó.

Amnistía Internacional es una organización global que defiende los derechos humanos, investigando abusos y promoviendo justicia, libertad y dignidad. Actúa mediante campañas, informes y presión a gobiernos, buscando garantizar los derechos reconocidos internacionalmente para todas las personas.

La respuesta a la ministra de Milei continuó: “Amnistía Internacional denuncia la represión a la protesta social en todo el mundo, desde España, hasta Rusia, Bangladesh y Filipinas. Nuestros reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información pública, entre otras herramientas fundamentales. Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web”.

Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web

Amnistía Internacional — en respuesta a las críticas de Patricia Bullrich

Y finalizó: “Entendemos también que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos. Recordamos el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso. Se difundió un video falso que buscaba trasladar la responsabilidad por el lanzamiento de gas lacrimógeno contra una niña a una manifestante. Luego, la evidencia (eso con lo que trabajamos) mostró que quien había atacado a la niña fue un policía que actuaba bajo el protocolo antipiquetes”.

JJD

Hernán Confino y Rodrigo González Tizón son dos historiadores nacidos en democracia, especializados en historia argentina reciente. En Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta, recientemente editado por Fondo de Cultura Económica, procuran desarmar las falacias argumentativas de las narrativas de la llamada “memoria completa”. Este libro explica con rigurosidad y de forma amena por qué la Argentina no sufrió una guerra civil en los setenta, qué se conoce respecto del número de desaparecidos y por qué los crímenes de la guerrilla no pueden ser considerados de lesa humanidad. En diálogo con elDiarioAR, los autores ponen en debate la manera en que se ha abordado hasta el momento la violencia de Montoneros y el ERP y sostienen que “los intentos de reconocimiento de las víctimas civiles de la guerrilla, que consideran legítimos, no pueden partir jamás de la equiparación de la violencia de las organizaciones armadas a la desplegada por el Estado”.

—¿Cuáles fueron los principales desafíos de salir a discutir desde las ciencias sociales con los discursos que relativizan, banalizan e incluso reivindican la represión clandestina?

Hernán Confino (HF): —Como explicó el historiador francés Pierre Vidal-Naquet, cuyos padres murieron en Auschwitz, hay una diferencia entre discutir con los negacionistas y acerca de ellos. Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos. Es muy difícil establecer parámetros comunes con personas a quienes no le genera ningún tipo de estupor que una mujer haya parido arriba de una mesa mientras la picaneaban. Lo que buscamos es ofrecer una explicación desde la historia que esté fundamentada y que pueda permitirle a quienes están interesados en la temática detectar dónde está la falacia de aquellos grupos que reivindican o banalizan la represión clandestina en los setenta. 

Rodrigo González Tizón (RGT): —En un momento en que los debates se corrieron tan a la derecha, decidimos salir a defender los consensos de la democracia, con rigor histórico y sin esquivar ningún tema. Observamos que las ultraderechas aprovechan los flancos débiles de las políticas de memoria y derechos humanos para elaborar sus estrategias. Por ejemplo, la decisión de establecer desde 1966 la periodización para definir quién es una víctima del terrorismo de Estado, puede generar que alguien diga: “Al final víctima del terrorismo de Estado fueron todos, entonces no fue nadie”. Además, buscamos dar respuestas a preguntas genuinas que la sociedad se hace, por ejemplo, alrededor del número de los 30.000. Que un pibe de 16 años nos pregunte cuántos desaparecidos hubo no lo vuelve un negacionista de la dictadura, es una pregunta legítima y, con este libro, ofrecemos herramientas para poder responder a esa inquietud sin caer en simplificaciones. 

Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos

—El libro expone algunos temas espinosos de la narrativa hegemónica construida hasta el momento, por ejemplo, el cuestionamiento a las prácticas concretas de la militancia armada o los reclamos por las víctimas civiles de la guerrilla. ¿Cómo se puede hablar de estas cuestiones sin caer en los discursos de las ultraderechas?

HC: —El presente nos terminó demostrando de una manera bastante dolorosa que los debates que no se dieron, se nos volvieron en contra. Nosotros procuramos construir un debate amplio que pueda dar lugar a consensos, quizás más pequeños, pero más sólidos. Consensos que puedan ser sentidos como propios por la mayor cantidad posible de personas. En las gestiones kirchneristas, en lo que fue una política de derechos humanos y memoria muy amplia, con muchos aciertos, también hubo errores no forzados. Por eso nos preguntamos: ¿Cuál tiene que ser el discurso del Estado sobre nuestro pasado y qué lugar deben tener en esa construcción las organizaciones de víctimas? Discutimos, por ejemplo, con la idea de que las acciones de quienes militaron en los setenta son imposibles de criticar porque fueron realizados por personas que empeñaron su vida en ello. 

—¿Cómo se explica que esas voces que justifican la represión clandestina hayan avanzado tanto en la agenda mediática y política en los últimos años? 

HC: —Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo. Por otro lado, no podemos pensar en el momento actual sin considerar los diques que rompió el gobierno de Mauricio Macri para diferenciarse del kirchnerismo, con un enfoque más pragmático que ideológico. 

RGT: —Nuestra hipótesis es que la discusión sobre el pasado se inscribe en una disputa mucho más amplia que empieza a ganar volumen a partir de la construcción de la grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo. En la actualidad, esta discusión es parte de la mentada “batalla cultural” de la que hablan estas extremas derechas que están pululando en distintas partes del mundo. Una batalla contra el progresismo, el comunismo, el colectivismo, el movimiento feminista, la militancia por la diversidad de género, etc. 

Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo

—¿Qué efectos pueden tener estos discursos sobre el pasado en el presente? 

HC: —La aceptación de la violencia estatal del pasado habilita nuevos avances sobre nuestros derechos en el presente. En 2024, vivimos cómo personas que fueron a una manifestación en contra de la ley Bases, fueron señaladas como terroristas que querían atentar contra la democracia y terminaron detenidas en un penal federal. Patricia Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, pretende requerir a las Fuerzas Armadas para la seguridad interna, como sucedió con Macri. Y hace apenas unas semanas, Milei firmó un decreto para modificar la Ley de Defensa Nacional que tiene que preocuparnos. Por otro lado, a nivel judicial, hay grupos que están buscando revertir la jurisprudencia argentina de que las organizaciones armadas no cometieron delitos de lesa humanidad. Para eso, apelan al Estatuto de Roma, que en 1998 planteó la posibilidad de que este tipo de delitos sean cometidos por actores no estatales. Sin embargo, este estatuto no está pensado para agrupaciones como Montoneros o el ERP, sino para organizaciones que tuvieron políticas sistemáticas de ataque generalizado contra población y controlaron porciones del territorio. Sabemos que la violencia guerrillera argentina no tuvo esas características, sino que fue más bien selectiva. Con esto no buscamos justificar los delitos cometidos ni negar que hayan asesinado a civiles, sino subrayar que, en la Argentina, las guerrillas no estructuraron una política armada sistemática que tuviera esa finalidad. Por ende, cometieron delitos comunes, susceptibles de prescripción. 

—El 19 de diciembre pasado, la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa por la bomba en el comedor de la entonces Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976 y citó al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, a declaración indagatoria. ¿Cómo se explica esta decisión desde la mirada de la historia?

HC: —Primero, tenemos que entender quiénes están detrás de esas querellas y cuál es su estrategia judicial. La agrupación de abogados Justicia y Concordia tiene como referentes a Laura Olea y Ricardo Saint Jean, familiares directos de represores, uno que estuvo en Río Negro en la Escuelita y el otro, Ibérico Saint Jean, fue interventor de la provincia Buenos Aires, autor de aquella frase “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. Esa gente es la que hace los “habeas corpus” para poder liberar a los perpetradores de terrorismo de Estado y son los mismos que patrocinan la reapertura de la causa del comedor de la policía, de Rucci, de Larrabure y de Viola. Son organizaciones que en sus redes sociales reivindican en pleno a Astiz. Incluso la justicia aceptó como querellante a Eduardo Kalinec, un represor condenado a perpetua cuya hija es miembro del colectivo Historias Desobedientes. Me parece que es bastante cristalino, ¿no? La estrategia es: “¿No podemos liberar a los represores? Entonces hay que condenar a los militantes”. Desde su lógica, cuando haya una buena cantidad de militantes presos, quizás podrán presionar por una amnistía.  

RGT: —Además, una de las falacias absolutas que expresan estos grupos es decir que no ha habido investigaciones judiciales en relación con los crímenes de la guerrilla. Para poner en contexto, es importante saber, en primer lugar, que para los hechos más emblemáticos por los cuales se reclama, hubo en su momento investigaciones judiciales y varios de ellos tuvieron condenados. En segundo lugar, hay que recordar que tras cada atentado de las organizaciones armadas, el Estado desplegó acciones represivas que fueron absolutamente ilegales. Inmediatamente después del atentado al comedor, sucedió la masacre de Fátima, en Pilar, donde se dinamitaron 30 personas como represalia. Lo que ha realizado el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTY) de Victoria Villarruel es construir un reclamo en espejo al de los organismos derechos humanos convencionales para, a través de un discurso técnico y a la vez emocional, volver a construir un escenario de guerra interna, desprovisto de todo contenido histórico, y buscar la equiparación de las acciones de las organizaciones armadas con las acciones represivas llevadas de forma clandestina por el Estado.

HC: —Para entender la magnitud de la reacción hay que pensar en cuáles fueron los procedimientos que se hicieron desde el kirchnerismo en materia de política de memoria y de derechos humanos. Iniciativas como la del CELTY de Villarruel aprovechan el hecho de que la política de memoria del kirchnerismo que no brindó un reconocimiento para las víctimas de las organizaciones armadas. Desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es reconocer a estas víctimas, pero sin perder de vista las diferentes violencias que las generaron. Porque no es lo mismo que te mande una organización armada, a que te mate el Estado. No hay herramientas desde historia ni desde el derecho que permitan homologar esas violencias.

—Con las últimas noticias de desarticulación del Centro Cultural Conti en el predio de la ex ESMA, ¿se viene una nueva etapa en el avance sobre las políticas públicas en torno a la memoria y los derechos humanos por parte del gobierno de Milei?

RGT: —Venimos de un año de desgobierno con una intención muy clara de desarticular la estructura en la Secretaría de Derechos Humanos. En mi caso personal, trabajé en el Archivo Nacional de la Memoria hasta que el año pasado, un día me avisaron que no aparecía más en el sistema y nunca recibí una explicación. Durante la gestión del actual secretario Alberto Baños, muchas áreas muy sensibles quedaron vacantes en sus conducciones. En el caso del Centro Cultural Haroldo Conti, fue perseguido en el momento de hacer el seminario que anualmente se realiza allí de políticas de memoria y estuvo sin autoridades todo el año, sin ningún tipo de interlocución de parte del secretario. Hoy el Conti está cerrado, con los trabajadores en esta figura perversa de la guardia pasiva y están echando a los que no se atuvieron el retiro “involuntario”. La situación es crítica y están en riesgo también otras áreas que el Ministerio de Justicia absorbió luego del cierre del Ministerio de Mujeres y del INADI.

—Como historiadores jóvenes, de una generación nacida en democracia, ¿sienten que pueden hacer preguntas diferentes sobre estas heridas de nuestro pasado?

HC: —Por un lado, contamos con la ventaja de haber ingresado a un campo de estudios que fue construido por colegas de generaciones previas que desbrozaron el camino. Por el otro, al no estar generacional o familiarmente implicados, buscamos un acercamiento lo más profesional posible. Eso genera libertad, también rispideces. 

RGT: —Durante mucho tiempo se planteó que abrir determinado debate era cederle terreno a la derecha. Eso se ha venido modificando en los últimos 15 años, y creemos que mientras uno lo haga desde una de una postura éticamente posicionada, hay que hacerlo. La clave está en la intención con la que se reabren esas cuestiones. Nosotros lo hacemos para comprender mejor el pasado, los referentes de la llamada “memoria completa” lo hacen para revivir el pensamiento contrainsurgente, para obtener la impunidad de quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos y para desprestigiar el proceso de memoria, verdad y justicia como un todo. En última instancia, lo que es más perverso, buscan trasladar la carga de la culpa a las víctimas.

MNA/JJD

La Justicia condenó al Sindicato de la Sanidad a pagar más de $7 millones y costas por hechos de abuso sexual en el ámbito laboral cometidos por su superior de rango jerárquico hacia una empleada durante nueve años. La sentencia condena a la agrupación gremial que lidera Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT junto con Carlos Acuña, jefe del sindicato de empleados de estaciones de servicio (el otro triunviro, el camionero Pablo Moyano, renunció la semana pasada a ese puesto en la central obrera) a pagar la indemnización por despido, más daño moral y psicológico por la violencia sufrida por la mujer y por no haber hecho nada para detenerla, es decir, por incumplimiento de sus deberes como empleador.

El fallo sienta un precedente importante ya que no es tan común que se obligue a un empleador a responder por un subordinado en casos enmarcados en violencia de género y además por el hecho de que se condene a un sindicato. organización que debe velar por los derechos de las y los trabajadores, por no proteger a una empleada.

El fallo sienta un precedente importante ya que no es tan común que se obligue a un empleador a responder por un subordinado en casos enmarcados en violencia de género y además por el hecho de que se condene a un sindicato. organización que debe velar por los derechos de las y los trabajadores, por no proteger a una empleada

La decisión corresponde al Juzgado Nacional de 1ª instancia del Trabajo Nº 73. El fallo fue dictado el lunes último, 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, en contra del Sindicato de la Sanidad filial Buenos Aires, que lidera Daer, con la firma del juez Diego Fernández Madrid.

“Cuando mis abogadas me lo comunicaron tuve una mezcla de emociones muy difíciles de explicar. Alegría, lágrimas, alivio y por sobre todo paz. Sentí paz en mi alma, después de tanto dolor, tanta violencia. El proceso fue durísimo”, contó a elDiarioAR la demandante a la que llamaremos S. Z.

La víctima ingresó a trabajar al sindicato en 2013 a instancias del secretario general de Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la República Argentina (ATSA), Héctor Ricardo Daer, y en 2022 se consideró despedida.

El fallo da por probado que su jefe inmediato, David Israel Cardozo, delegado de la entidad sindical en el Instituto Privado de Oncología “Alexander Fleming” y que luego ocuparía el cargo de Presidente, tenía un trato “peyorativo, despectivo e insultante”.

“Así se sentaba en su sillón, se apropiaba de su computadora ignorando su presencia, en una clara muestra de superioridad, le decía 'gorda', 'sucia', 'negra', etcétera. En más de una oportunidad tuvo que cerrar los cajones de su escritorio con llave porque sustraía documentación de trabajo tales como recibos y dinero del cobro de las capacitaciones y comprometía su tarea”. Además hubo dos situaciones de manoseos y violencia física, según el expediente.

Entre los hechos que configuraron hostigamiento, acoso y abuso sexual por parte de Cardoso, hubo:

Todos esos años, S. Z pidió ayuda a sus superiores Mónica Consoli (secretaria de Acción Cultural y Capación) y a Norberto Maschio (secretario de Prensa), pero lejos de ayudarla, respondieron en la misma línea de agresión y desprecio contra ella: “Cerrá todo con llave y métetela en el culo”.

En un momento, Maschio volvió a revictimizarla, le dijo que si Cardozo, su jefe inmediato, la tocó fue 1) porque él “lo permitió”, 2) “porque era mi amigo”, 3) porque “me rasqué el orto tres años”, 4) porque “era una simple empleada que hacía inscripciones y pertenecía a ATSA”, 5) porque “podían hacer lo que quisieran conmigo”, 6) “porque por el historial que tenés no podés quejarte, sabés que te trajo Daer”. Todo eso, acompañado de gestos descalificativos que daban a entender una presunta relación sentimental con aquel, que nunca existió.

A raíz de estas situaciones de violencia física y psicológica S.Z sufrió una serie de padecimientos psíquicos y físicos. Entre ellos insomnio, angustia, depresión, ataques de pánico, parálisis del brazo izquierdo; falta de apetito y su consecuente pérdida de peso y caída significativa del cabello.

El juez determinó en su fallo que “llamativamente, los superiores de la accionante (la secretaria Consoli y el secretario Maschio) estaban al tanto de los desagradables episodios vividos por aquella, y no hicieron nada al respecto”. “Como elemento adicional, resulta insoslayable que la actora fuera a denunciar esta cuestión ante secretario general (Daer) y tampoco tuviera respuesta satisfactoria. Dentro de este marco, cabe destacar que los actos de violencia que fue víctima la actora ocurrieron en el seno de una entidad sindical, lo que agrava aún más el cuadro de situación, porque precisamente su actividad es velar por la protección de los trabajadores”, dice el fallo.

El caso fue patrocinado por las abogadas Silvina Lico, Muriel Killian y Lorena Mambrud. En diálogo con elDiarioAR, Lico dijo que “lo importante de la sentencia radica en la perspectiva de género para fallar, especialmente en la apreciación de la prueba y la referencia a la ley 26.485, de Violencia hacia las Mujeres”.

Por otra parte, agregó, “responsabilizar a la parte empleadora por los abusos cometidos por su dependiente en el ámbito laboral refleja fielmente lo dispuesto por el Convenio 190 de OIT (Organización Internacional del Trabajo) encuadrándolo en un incumplimiento grave de su parte”.

“La persona que cometió estos abusos fue denunciado penalmente, pero es el sindicato el su rol de empleador el que debe garantizar que sus empleadas no sean víctimas de violencias de género o, en su caso, enterado de lo sucedido actuar en consecuencia. Es paradójico que en un sindicato la actitud adoptada sea intentar tapar todo y no hacer cargo a los responsables, como se intentó en este caso”, aseveró la abogada.

Finalmente, S. Z explicó que decidió accionar contra su empleador, y no solo contra el abusador, porque al ser mujer es “consciente de que el machismo es transversal a todos los espacios de la sociedad y son [los varones] quienes ocupan espacios de poder [y por lo tanto] los que tienen la responsabilidad de no mirar hacia otro lado”.

“Era la oportunidad de exponer e intentar poner fin con la cadena de violencia que vivimos las mujeres a diario”, sostuvo y agregó: “Como mamá no puedo permitirme el lujo de renunciar a cada trabajo en el que he estado expuesta a situaciones de violencia, y como mamá también es que siento la responsabilidad de dejarles un legado de valentía”.

SS/JJD

El pasado 1° de noviembre, en vísperas de la 33° Marcha del Orgullo en Buenos Aires, realizamos una conferencia de prensa para comunicar que 13 de nosotras, mujeres trans mayores de 50 años, en representación de todas las que hemos sido hostigadas por el Estado durante nuestras infancias y adolescencias, firmamos y presentamos una acción de amparo para denunciar la violencia institucional que recibimos, específicamente por parte de las fuerzas policiales y en conexión directa con el Estado. 

Con el acompañamiento del Archivo de la Memoria Trans y del Centro de Estudios Legales y Sociales, presentamos nuestros legajos policiales rescatados: las pruebas determinantes para evidenciar la persecución. No son antecedentes por causas penales ni mucho menos, si no el registro de una época en que los edictos policiales estaban confeccionados para detenernos injustamente. Es importantísimo haber expuesto esta documentación; no solo llevamos ya varios años contando y preservando nuestras historias y testimonios, sino que ahora sumamos aquellas fichas institucionales que denotan oficialmente nuestras experiencias como minoría violentada. Con leer, en estos antecedentes, los términos en que se nos encasillaba, tanto a nosotras como a los motivos por los que nos encerraban, está clarísimo: “uñas largas”, “pelo largo”, “vestimenta no adecuada al sexo”, “incitación al acto carnal”, “amorales”... Nos encerraban, simplemente, por ser. 

Durante la conferencia de prensa, las paredes del Cels quedaron cubiertas, repletas de papeles impresos, legajos que pertenecían únicamente a una de nosotras; ni siquiera eran todos. En una época en que incluso niñas y adolescentes eran encerradas en lo que llamaban “reformatorios”, nuestras detenciones fueron constantes, violentas y, por sobre todas las cosas, injustas. Por eso es que esta acción de amparo busca construir, por fin, una justicia. Memoria y verdad, como ya dije, siempre tuvimos: cuidamos nuestra historia con toda la fuerza y el amor que tenemos; pero hoy toca un reconocimiento por parte del Estado en cuanto a sus errores. Toca que las sobrevivientes de esta represión podamos vivir una vejez digna y contenida. 

El 8 de diciembre de 2004, después de presentar estas mismas pruebas ante la corte de inmigración de los Estados Unidos (país en el que estaba exiliada), logré obtener el asilo político, ante el reconocimiento de mi persecución. Hoy, presento mis testimonios en mi país de origen y junto a los de mis compañeras, reconociéndonos entre nosotras de manera colectiva. Espero que este pedido tenga respuesta, que se reconozca la violencia estructural e institucional que recibimos, y que lo amparado por la Ley 24.241 de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones pueda extenderse para brindarnos justicia y protección. Eso es solo el comienzo.

Quienes me acompañaron en la firma de la acción de amparo:

Lara María Bertolini (Diversidad y Justicia)

Marcela Ángela Saibek (independiente) 

Andrea Soledad Vargas (independiente)

Candela Nicolosi (independiente)

Nicole Valentina Chavez (Trans Argentinas Exiliadas —TAE—) 

Romina Campo (TAE)

Paula Ezkerra Rodríguez (TAE)

Wanda Eliana Galeano (Biblioteca Claudia Pia Baudracco)

Ivana Tintilay (Puta Orgullosa)

Alma Rosacintia Agüero (independiente)

Patricia Alexandra Rivas (Históricas Argentinas Sobrevivientes)

Dalia Silvana Álvarez Valverde (independiente)

En Argentina muere una persona en situación de calle cada dos días y medio, la mayoría en grandes centros urbanos, aunque es una situación que también se da en ciudades más pequeñas. Las causas tienen que ver con las condiciones climáticas, pero también con problemas estructurales como falta de atención médica y con hechos de violencia social. Además, los casos de violencia institucional institucional aumentaron un 500% en el último año.

Según el Registro Unificado de Violencias hacia personas en situación de calle (RUV), entre agosto de 2023 y agosto de 2024 fallecieron 135 personas sin techo en todo el país: 33 en la Ciudad de Buenos Aires, 19 en la Provincia de Buenos Aires, 19 en Salta y 11 en Santa Fe. El RUV es un indicador anual realizado por el equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y la Asamblea Popular por los Derechos de las PSC en base a publicaciones en los medios de comunicación de todo el país y a reportes de organizaciones sociales que trabajan en la calle. 

La mayoría de las muertes tiene que ver con causas estructurales propias de vivir a la intemperie, como la mala alimentación, y también hay casos de personas que murieron de frío o de calor durante los picos de temperatura extrema. Pero hay situaciones más crueles en donde fueron asesinadas con disparos o que fallecieron después de quedar heridas tras el incendio intencional de sus pertenencias. De las 135 muertes solo se pudieron identificar a 82 personas con sus nombres.

Si se compara con los registros anteriores, la cantidad de fallecidos se mantiene similar a la de 2023 cuando se registraron 146, pero es casi el doble de las 70 que murieron en el 2022. “Es consecuencia de las violencias estructurales y de la falta de acceso a sus derechos: a la salud, a la alimentación, a un espacio para higienizarse, al alojamiento. Las personas que se acercan a nuestras organizaciones nos manifiestan que quieren ingresar a un dispositivo de alojamiento y cuando llamamos al móvil nos dicen que no hay vacantes. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, no hay plazas disponibles para las personas en situación de calle”, explica Paola Vazquez, referente de Abrigar Derechos y miembro de la Asamblea Popular.

Otro de los datos preocupantes del informe tiene que ver con el aumento de la violencia institucional: se pasó de 17 casos en el 2023 a 104 en 2024, un aumento del 500%. 

“En muchos casos tiene que ver con desplazamientos forzados de los que participan funcionarios gubernamentales, a veces con fuerzas de seguridad, otras con personal de limpieza o la misma red de atención en calle. Vemos situaciones sumamente crudas donde no solo mueven a la persona sino que les sacan sus pertenencias, también los DNI, y muchas veces, lo poco que tienen lo pasan por la trituradora del basurero”, describe Milena Sapey, psicóloga e investigadora de la UBA.

La mayoría de los casos de violencia institucional registrados son en la Ciudad de Buenos Aires y las investigadoras lo vinculan con la existencia de una unidad gubernamental dedicada específicamente a “limpiar” la calle dentro del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. “No es que solo ocurre en la Ciudad, pero vemos que está sistematizado”, agrega Sapey. Como publicó elDiarioAR el mes pasado, las estadísticas del Ministerio de Seguridad porteño muestran un crecimiento de las causas iniciadas por contravenciones por portación de armas no convencionales en la vía pública (como cuchillos o navajas para cortar cartones): se pasó de 300 en el 2021 a 400 en el 2023 durante la gestión de Jorge Macri.

“Todos los días les damos frazadas y no les duran ni 24 horas porque, en zonas como Congreso, los operativos son diarios. Les requisan las pertenencias, y les sacan los cuchillos que usan para comer o para cartonear. Nos pasó con un compañero al que le habíamos dado unas latas de paté para que coma y, cuando pasamos por la plaza, vimos diez policías y dos patrulleros alrededor de él porque estaba comiendo un paté con un cuchillo para untar. Eso pasa todo el tiempo”, relata Vázquez.

De los 320 casos de violencia a los que se ven expuestas las personas en situación de calle de todo el país, casi un tercio (104) fueron realizados por fuerzas de seguridad o funcionarios públicos, el resto tiene que ver con violencia estructural (121) y violencia social (95). Las cifras indican que padecen alguna agresión cada 27 horas, un 37% más que el año pasado. Las organizaciones reportaron casos de disparos con balas de goma, quema de pertenencias y golpes para que se corran de la vereda, entre otros. 

“Lo que vemos es un giro discursivo en las notas periodísticas hacia un pensamiento más de derecha, posicionar a las personas en situación de calle como un ´otro´ peligroso. Cuando aparece la policía se presentan los casos como en defensa de los vecinos, hay una cuestión discursiva para marcar quiénes son vecinos y quiénes no”, explica Sapey. Entre las jurisdicciones con mayor casos de violencia en general están CABA, PBA, Santa Fe, Salta, Córdoba, Jujuy y Entre Ríos. “Los discursos también legitiman determinadas acciones y hacen que surjan casos de mayor crueldad, que se pierda la empatía con un ´otro´ que está sufriendo”, agrega la investigadora.

No existe un registro unificado de personas en situación de calle a nivel nacional, el último dato es el del Censo 2022, que contabilizó a 2.962 personas en 75 departamentos del país, una cifra que quedó desactualizada si se la contrasta, por ejemplo, con los datos oficiales de CABA. Según el Gobierno porteño, hay 3.560 personas que no tienen techo, lo que muestra un aumento del 14% entre abril de 2023 y 2024. Sin embargo, el segundo censo popular, realizado por diversas organizaciones sociales, relevó 8.028 personas para diciembre del año pasado. La cifra crece por la crisis económica: “Han desmantelado lo poco que había de política pública, que siempre fue deficiente. Además, es notorio que las organizaciones estamos poco fortalecidas por el Estado, en el contexto nacional, y en la Ciudad en particular. Es por esto que muchos comedores y organizaciones que antes abrían todos los días, hoy no tienen comida suficiente para hacerlo y eso se nota en los resultados de este informe”, concluye Vázquez.

CDB

Romina Ruiz nunca se imaginó que, un martes cualquiera, se encontraría marchando al Congreso y alzando una foto de su hijo, Ezequiel Vargas. En la foto, su hijo, de 17 años, sonríe con una campera negra Adidas. Lleva el pelo rapado y las cejas marcadas. Debajo de su estampa, se lee: “Asesinado por la oficial Daniela Tatiana Ibáñez el 12/09/2023”. Priscila Gacete, más atrás, con una remera de Lucas Gonzales —joven de 17 años asesinado por un policía de la ciudad en 2021—, levanta un cartel: “¿De qué lado de la gorra te encontrás?”.

La séptima Marcha de la Gorra convocó a organizaciones y familiares de víctimas de la violencia institucional que se manifestaron bajo la lluvia hacia el Congreso en contra de las políticas represivas. Acompañados por móviles de la Policía de la Ciudad, los organizadores leyeron un documento en donde se pidió un freno a los casos de “impunidad por parte de las fuerzas de seguridad”.

“Es mi primera marcha como familiar de una víctima”, cuenta Romina Ruiz, mamá Ezequiel Vargas. “Nadie te prepara para una muerte violenta de tu hijo”, agrega. El 12 de septiembre, en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, Ezequiel recibió cinco disparos por parte de la oficial de esa fuerza Tatiana Ibáñez, tras darse a la fuga en un supuesto intento de robo. Uno de los proyectiles fue directo al corazón y murió en el acto. “Hoy esa policía sigue en las calles y la justicia no investiga el caso. Nos da miedo que esto se vuelva más habitual con la llegada de Patricia Bullrich”, cuenta Ruiz. 

Nos da miedo que esto se vuelva más habitual con la llegada de Patricia Bullrich

Romina Ruiz — madre de Ezequiel Vargas, asesinado de cinco balazos por la policía Tatiana Ibáñez, en Esteban Echeverría

Priscila Gacete participa por tercera vez de la marcha. Integra la organización Corriente Combativa y Clasista (CCC) y viste una remera de Lucas Gonzales. “Ayer inauguramos en Florencio Varela un monumento a Lucas, asesinado por la policía porteña. Y hoy estamos acá para que eso no se repita más”, cuenta Gacete. Respecto de la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada, la militante no disimula su repudio. “Ellos están en contra de los reclamos pacíficos de los trabajadores. Se vienen tiempos difíciles, pero la calle será una trinchera para resistir y hacer valer nuestros reclamos”, explica. 

La asunción del nuevo gobierno preocupa a las diferentes organizaciones y entidades públicas que amparan a las víctimas del ‘gatillo fácil’. Para Mariano Przybylski, director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional de la secretaria de Derechos Humanos, que la ministra de Seguridad vuelva a ser Patricia Bullrich (ya lo fue durante toda la presidencia de Mauricio Macri, de 2015 a 2019) es “alarmante”.

“Creemos que se vienen retrocesos en materia de derechos humanos. Bullrich tuvo una política explícitamente represiva”, señala Przybylski. El área, cuenta, recibe alrededor de 80 casos por mes de denuncias por violencia policial y, en muchas de ellas, interviene como dispositivo legal en favor de los familiares. “Pudimos levantar el centro de denuncias que durante la gestión anterior de Macri se había vaciado prácticamente. También consolidamos el acompañamiento a víctimas y familiares. Nos preocupa que todo eso se pierda con el cambio de gestión”, confiesa el director del área. 

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), organización de derechos humanos, también participó de la jornada. Uno de sus integrantes, Facundo Cardam, explicó que ya se encuentran “en alerta” tras el nombramiento de Bullrich y la posible continuidad de Sergio Berni al frente del ministerio de Seguridad bonaerense, en el segundo gobierno de Axel Kicillof.

“Con Bullrich tuvimos el gobierno más represivo desde la vuelta de la democracia, contabilizando un muerto cada 19 horas”, detalla Cardam. “Y con Berni sufrimos a la Bonaerense como titular de una fuerza de seguridad corrupta e históricamente corporativa”, agrega. “Con ellos, el panorama represivo va a recrudecerse”.

El integrante de CORREPI, destaca, además, los ataques por parte de seguidores de La Libertad Avanza que se hicieron públicos en los últimos días. “Creemos que esos grupos y patotas van a incrementar sus agresiones después del 10 de diciembre, como le pasó a Juan Grabois”, puntualiza Facundo. “Nos preocupa la seguridad del que piensa distinto”. 

FLD/JJD

La promesa de “orden” y represión de los cortes de calle y rutas cobró protagonismo de entrada en la campaña presidencial. Asoman asimismo ideas contra los derechos de los inmigrantes y derechos feministas y lgtbiq+, y, en el partido de Javier Milei, un cierto negacionismo de los crímenes de la dictadura militar.

De cara a una posible victoria de la derecha, Belski advierte una ofensiva de desprestigio contra las organizaciones de derechos humanos con el fin de desacreditar futuras denuncias. Precisamente, Amnistía (AI), otras ONG internacionales y nacionales, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron acusadas de parcialidad desde la cúpula de Juntos por el Cambio y medios de comunicación afines, después de que denunciaran abusos en unas recientes protestas en la provincia de Jujuy, que terminaron con decenas de detenciones, heridos e imputaciones por graves delitos.

La directora de AI afirma que van a seguir denunciando la violencia institucional y la represión que tenga lugar antes o después de la cita con las urnas, y que su estrategia pasa precisamente por la “internacionalización” del reclamo.

¿La retórica agresiva de algunos candidatos representa una amenaza real para los derechos humanos en Argentina?

Patricia Bullrich, que es señalada como una líder con grandes posibilidades de ganar las elecciones, expresa con contundencia propuestas para terminar con los cortes de calles de quienes protestan por planes sociales, la limitación del derecho a huelga y el retroceso en la agenda migratoria. Rodríguez Larreta lo hace de manera más tibia, un día sí y otro no, algo también presente en sus listas para el Congreso con candidatos liberales y otros muy agresivos, que hablan de 'sacar del mundo' a determinados adversarios.

Bullrich promete 'ordenar' un gran problema en el que incluye a sindicalistas, piqueteros, migrantes y narcotráfico. Parece interesarle más el orden que terminar cuatro años de Gobierno. El problema es que esa agenda genera conflictividad social y el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución. Si la gente no tiene un canal de diálogo, entonces va a protestar.

Bullrich no parece tener ninguna propuesta dialogante sino represiva. Me pregunto si Argentina es un país que acepta esto, si acepta una respuesta represiva que puede tener consecuencias no deseables, como muertos. ¿Qué pasa si hay muertos? En sus declaraciones, no pareciera preocuparles mucho las consecuencias.

¿Qué actuaciones prevé Amnistía Internacional si gana alguno de los candidatos de derecha?

No somos una organización que se proponga confrontar a Gobiernos. Tenemos un estilo de relevamiento, denuncia, propuestas y diálogo con las autoridades. Desconozco si nos recibirán o no. Hay países con Gobiernos muy de derecha con los que tenemos diálogo. Claro que nuestra estrategia incluye la internacionalización de la denuncia.

En Argentina es inviable que pasen cosas como en Hong Kong o en India, donde algunas organizaciones fueron expulsadas. Hay dos cosas que vamos a hacer: muchos de los que protestan en piquetes son de familias migrantes y vamos a estar pendientes de su defensa en el marco regulatorio que tenemos en nuestro país.

Argentina tiene la ley migratoria más progresista del mundo, que muchos imitan y están mirando. Y lo mismo haremos en cuanto a los contextos de represión y la denuncia de violencia institucional.

¿En qué sentido la ley migratoria es una de las más progresistas?

Argentina es un país que recibe migrantes a quienes reconoce muchos derechos y servicios. Cuando llegan, después de un trámite básico, pueden sacar su residencia, ir a la escuela y al hospital. Somos un país de migrantes desde siempre, pero hay un creciente uso político que apunta contra la migración marrón.

Pese a que en general los migrantes se insertan muy bien en la sociedad, asoma un problema de racismo institucional. Hay una intención de castigo al migrante marrón de países limítrofes, que se identifica como potencial asesino, criminal, vinculado a la droga.

Cobró fuerza en las propuestas electorales la teoría de los “dos demonios” o negacionismo del terrorismo de Estado de la dictadura (1976-1983). ¿Ve riesgos de retroceso en ese sentido?

Bullrich tiene un discurso muy fuerte, pero no parece una amenaza directa al proceso de memoria, verdad y justicia. Milei viene con una agenda que cuestiona un abanico de derechos enorme y lleva en sus listas a candidatos al Congreso que sostienen posturas negacionistas, pero las posibilidades de que La Libertad Avanza [partido de Milei] gane la presidencia son aparentemente muy bajas.

¿La derecha podría dar marcha atrás en las políticas educativas, de memoria o apoyo presupuestario a los programas para recuperar identidad de niños robados?

No avizoramos una política proactiva de memoria, con dinero y actos públicos, por parte de estos eventuales gobiernos, pero tampoco me atrevo a decir que van a recortar la agenda. Si nos remitimos a lo que pasó con el Gobierno de [Mauricio] Macri, van a aparecer algunas voces negacionistas, pero la agenda [de memoria] no se va a parar.

Es cierto que con Alberto Fernández se reactivaron las políticas de [la actual vicepresidenta] Cristina Fernández de Kirchner y, por la necesidad de diferenciarse de esos Gobiernos, que han hecho mucho en la materia, así como en migraciones, aborto, diversidad, matrimonio igualitario, quizás haya menos visibilidad. Algo parecido puede ocurrir con los derechos de las mujeres y LGTBIQ+.

Se ve en las encuestas que la agenda [de derechos] no avanzará, pero va a generar mucha resistencia un retroceso sobre derechos adquiridos.

Después de las protestas en la provincia de Jujuy, ¿cómo responde al cuestionamiento de la cúpula de Juntos por el Cambio de que las organizaciones de derechos humanos están politizadas o se dejan influir por la izquierda o el peronismo?

Ya pasó cuando Mauricio Macri era presidente y Bullrich ministra de Seguridad (2015-2019). En países con el grado de polarización, como Argentina, España o Estados Unidos, la denuncia de la politización existe más allá de las pruebas. Somos realmente apartidarios, aunque en Argentina algunos se hayan ocupado de ponernos el mote de 'kirchneristas'.

De ninguna manera yo tendría posibilidades de hacer un uso partidista [de mi puesto] porque AI no lo toleraría y perdería mi trabajo. Todas las organizaciones internacionales hacemos nuestro trabajo con rigurosidad y con los mismos estándares para todo el mundo. En AI somos críticos con lo que pasa en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Israel, Palestina, o con el Gobierno de Donald Trump. El comunicado de la CIDH sobre Jujuy es uno de los tantos que ha sacado sobre muchos países, por ejemplo, Nicaragua y Venezuela.

Hay una estrategia detrás de esto: el desprestigio de organismos como la CIDH y organizaciones como Human Rights Watch y AI para que nuestra palabra no tenga valor en el momento en que denunciemos la represión. La represión ocurrida en Jujuy pareció una estrategia de campaña en la semana en que Rodríguez Larreta oficializó que Morales, el gobernador de esa provincia, sería su candidato a vicepresidente.

¿Hasta qué punto el endurecimiento de la postura de Juntos por el Cambio y el surgimiento de Milei responde a un reclamo social real para que se repriman protestas que obstaculizan traslados al trabajo y la vida cotidiana?

Hay que verlo en profundidad. Las encuestas no dicen que hay un 90% de personas que están a favor de la represión en las protestas. Hay una parte de la sociedad que probablemente no vote a estas derechas y está cansada de los piquetes, porque le dificulta el tránsito, su trabajo.

Ahora, las encuestas no miden la profundidad de la queja y las formas de administrar ese fastidio pueden variar. En el cómo terminar con los piquetes hay diferencias importantes.

Más allá de quien gobierne, ¿los abusos policiales son un problema en general en Argentina?

Se da en todas las provincias, porque el manejo de los [cuerpos] de Policía es local, no federal, y no hay diferencias entre los partidos políticos. Está claro que no hay ningún incentivo para los gobernadores para cambiar el comportamiento de las fuerzas de seguridad. Falta interés y una demanda social porque las víctimas son en general chicos de clase baja, vulnerables, de barrios muy humildes.

Lamentablemente prevalece una mirada racista y la sociedad mira poco este tema. Desde 2019, registramos 34 casos que podrían ser de policías asesinando a jóvenes marrones en diferentes provincias del país, gobernadas por kirchneristas, peronistas y Juntos por el Cambio.  

Los derechos de los migrantes, de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ+ tienen a mucha gente que los quiere defender y eso va a limitar cualquier retroceso

Mariela Belski

¿Le otorga validez a la crítica de que organizaciones feministas o de derechos humanos se tornaron acusatorias hacia el resto de la sociedad y se desentendieron de la complejidad de las demandas?

Sí, pero no es sólo un fenómeno argentino sino de los movimientos de derechos humanos en general. Hay un cambio en la forma en que trabajamos las organizaciones. Existía un mecanismo de señalamiento y responsabilización centrado en gobiernos exclusivamente. Las redes sociales empezaron a tener un papel importancia en la defensa de derechos en general. Hay nuevos actores, cambió la geopolítica y eso nos lleva a preguntarnos sobre nuestro lugar.

De todas formas, los derechos de los migrantes, de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ+ tienen a mucha gente que los defiende y eso va a limitar cualquier retroceso. Hay una constitución, mecanismos de diálogo en el Poder Legislativo. Se deben construir mayorías. Hay herramientas (...) y hay también una gran confusión.

A la ciudadanía le cuesta entender qué es un derecho humano. Está el discurso de que son un “curro” (robo), que las instituciones están asociadas al kirchnerismo, y eso ha permeado. A la gente le cuesta entender que el acceso al agua, a la salud, al trabajo, a la jubilación digna son también derechos humanos.

Más allá de las fundamentadas denuncias por la violación de derechos humanos en Venezuela, la relación con ese país suele ocupar un lugar en la política del resto de América Latina, con la denuncia de la “chavización” sostenida en general por la derecha. Amnistía recientemente envío una carta exigiéndole al presidente Alberto Fernández una condena “contundente” al Gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué exigen pronunciamientos públicos a terceros países sobre Venezuela y no lo hicieron en su momento sobre Colombia, donde las masacres de miles de personas a manos del Ejército y paramilitares fueron mucho más graves?

La Oficina Regional de Amnistía tiene a Venezuela como la prioridad en la región y ella maneja su agenda. Argentina es considerada por Amnistía el país más importante en términos de incidencia sobre Venezuela. Lo que diga o no diga un presidente argentino tiene peso. Para cada país, en Amnistía tenemos una estrategia.

El Banco de Inglaterra priva hasta el día de hoy al Gobierno de Maduro de acceder a las reservas soberanas, porque reconoce a Juan Guaidó como mandatario. Es una situación muy irregular, máxime cuando ese reconocimiento ya fue revertido por casi todos los países y Maduro participa de las cumbres internacionales. ¿Se pronunció Amnistía al respecto?

Excede el campo de acción de la oficina argentina, pero Amnistía alertó, en 2019, sobre el incremento de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, porque perjudicaban a la población más vulnerable. Está en los registros.

¿Que el bloqueo continúe y Venezuela no pueda acceder a sus reservas de oro no mereció otra acción?

No he visto una declaración al respecto. 

SL

La entrevista fue publicada originalmente en elDiario.es

La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento con prisión preventiva para el policía de la Ciudad Facundo Agustín Matías Torres, el último detenido por el encubrimiento del homicidio del joven futbolista de Barracas Central Lucas González.

Torres está sospechado de haber sido quien aportó el arma de juguete que fue “plantada” en el automóvil en el que viajaba Lucas González y sus tres acompañantes para fingir un enfrentamiento que jamás existió.

El tribunal, integrado por los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Hernán Martín López, dio “por acreditado que Torres, a los pocos minutos del tiroteo, se dirigió junto a uno de sus protagonistas hasta la seccional policial, donde ingresó rápidamente para tomar la réplica (del arma) y entregársela a su acompañante, a quien después trasladó hasta donde se hallaba la Volkswagen Suran en cuyo interior fue aquella colocada”.

“La prueba recabada conduce a afirmar con convicción que el imputado estaba en cabal conocimiento de lo realmente ocurrido con los damnificados y participó activamente del plan urdido posteriormente para justificar el accionar de los miembros de la brigada”, coincidieron los camaristas.

Según la resolución, “la actuación de Torres, a la par, contribuyó a sostener la existencia de un supuesto ataque hacia los efectivos preventores, hipótesis en torno a la cual se promovió la consulta judicial, que derivó en la prolongada privación ilegal de la libertad de los menores” sobrevivientes.

La situación de Torres quedó expuesta durante el juicio oral en el que tres policías de la Ciudad fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de Lucas González y otros recibieron penas menores por encubrimiento, privación ilegal de la libertad y torturas.

El oficial Héctor Claudio Cuevas, quien fue condenado a cuatro años de prisión en el juicio oral, se quebró y contó la secuencia en la cual Torres y uno de los condenados a perpetua, el policía Gabriel Isassi, fueron hasta una comisaría a buscar la réplica del arma para plantarla en la escena del crimen.

“Los detalles del ilegítimo accionar desplegado ese 17 de noviembre de 2021, se condicen el resultado de los informes de geolocalización remitidos por la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad sobre los movimientos de Torres a bordo de la motocicleta tuvo asignada ese día”, acreditó el tribunal.

“Se logró captar, a través de las cámaras de seguridad, el desplazamiento de Torres al mando del motovehículo y de Gabriel Alejandro Isassi como su acompañante (tal como fuera referido por Cuevas)”, sostuvieron los camaristas.

La descripción agrega además que el subcomisario Roberto Inca, a cargo del operativo, “efectuó la demorada consulta judicial recién cuando Isassi se retiró con Torres del lugar donde se había materializado la detención de los damnificados; es decir, una vez que la réplica del arma de fuego había sido ya plantada en el vehículo”.

Torres está procesado por “encubrimiento agravado por su condición de funcionario público y ser el delito precedente especialmente grave, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público que obró con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por ley”.

Sus bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de 1,2 millones de pesos.

NB con información de NA.

La discusión fue por un pedazo de pan. Era el 19 de diciembre de 2019 y en la Comisaría 3ra de La Tablada, en La Matanza, las presas estaban hacinadas. Una “doña”, es decir, una de las detenidas de más edad, pidió que le pasaran el pan y otra, una “refugiada”, o sea, las que están aisladas del resto porque no facilitan la convivencia, se negaba. Sólo las separaba un pasaplatos, pero la refugiada no iba a moverse. Gritos, insultos, amenazas hasta que una llamó al encargado. Pero no fue el encargado quien llegó, sino Lionel Maximiliano Gómez, subcomisario a cargo ese día. Y con él, llegó “La Ginecóloga”.

Es que el ida y vuelta que había empezado por un pedazo de pan terminó en una acusación entre presas: una dijo que otra tenía “un teléfono en la concha”. Entonces entre las celdas que separaban a las refugiadas del pabellón general apareció Silvina Suárez, una mujer que solía vestir de civil pero que usaba una guardapolvos azul. Estaba empleada en el área de administración y se dedicaba pasar lista, a fumigar, a responderle a la presas que no tenía por qué saber cómo se llamaba. Le decían “La Pelirroja”. Esa tarde la llamaron “La Ginecóloga”. Bajo las órdenes del subcomisario Gómez, Silvina Suárez hizo “una requisa genital”: una práctica humillante, pero ante todo ilegal.

Un jurado popular integrado por vecinas y vecinos de La Matanza entendió que haber hurgado en las vaginas -y algunos casos, anos- de las detenidas en busca de un teléfono celular respondía a la figura de abuso sexual con acceso carnal, además agravado por haber sido cometido por funcionarios de la fuerza policial. El jurado escuchó el relato de 28 mujeres que ese día estaban detenidas en la Comisaría 3 de La Tablada, una dependencia que fue cerrada después de que la denunciaran por haberse cometido allí varios delitos. Los vecinos declararon culpables a diez policías, la mitad de ellas agentes mujeres, por haber maltratado, vejado, torturado y violado a varias detenidas.

El miércoles, la defensa de los acusados, la querella y la fiscalía pedirán las penas. Será el el juez Gerardo Gayol -del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza- quien dicte sentencia los días siguientes. “No es excepcional la tortura en los lugares de detención, pero lo particular en este caso es que llegamos a juicio”, dijo a elDiarioAR Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria, organización que patrocina a 17 de las 28 víctimas.

Una requisa vaginal para dar con un teléfono

Bajo la excusa de que había que encontrar el teléfono, el subcomisario Gómez dio la orden de meter en una celda a doce presas. Indicó, también, que se pusieran en fila. El jefe de calle abría la puerta del calabozo e iba sacando de a una. A la que sacaba, la metía en la última celda, la del final. En esa celda estaba Silvina Suárez, la mano derecha enfundada en un guante descartable. Con ese mismo guante le haría tacto a las detenidas. No estaban solas. El subcomisario Gómez daría las indicaciones de cómo llevar a cabo la “requisa” mientras otros agentes miraban la escena. No intervendrían salvo para insultar o hacer comentarios despectivos. “Cállese la boca, negra de mierda”, devolvió Gómez cuando una mujer le pidió que no mirara.

Completamente desnudas y esposadas por detrás, la orden era clara: abrir las piernas, flexionarlas, agacharse y toser. A ver si aparecía el celular. Pero como no aparecía, a otras presas las pusieron de cara a la pared para introducirles los dedos en el ano y la vagina. Las víctimas coinciden en la descripción que hicieron de Silvina Suárez: “La señora de remera, que era de tez blanca, pelo color chocolate y no muy alta, rellenita, común... la había visto porque entraba a tomar lista, pero nunca entró con uniforme, solo con remera”, describió una víctimas.

Suárez se defendió durante el juicio: “Con esta falsa denuncia, estas personas que se consideran víctimas nos arruinaron la vida a mi y a mis compañeros (...) Vuelvo a repetir, soy pulcra. Y por el olor que había ahí, la poca higiene que había ahí, por la falta de agua que hasta nosotros sufríamos, yo sería incapaz de tocarles un pelo”. Suárez se había reincorporado luego de una licencia psiquiátrica. En la requisitoria de elevación a juicio, a la que tuvo acceso elDiarioAR, toman nota del trastorno de bipolaridad que le habían diagnosticado. Su defensa argumenta que en su estado de vulnerabilidad no puso discernir si lo que hacía era ilegal o no.

El teléfono apareció, pero no durante la requisa. Lo entregó una de las presas que había sido “revisada”. Era un Samsung modelo “Pocket” color blanco. Blanco también era el guante que Suárez usó para hacer tacto anal y vaginal. Una de las presas preguntó si era el mismo guante esterilizado. “No importa, callate la boca y agachate”, le respondieron.

Las sentadillas de la “requisa masiva”

El 5 de enero de 2020, dieciséis días después de la revisación genital, entraron Los Paleros a la comisaría. Los Paleros son los integrantes del Grupo de Apoyo Departamental, conocido por las siglas GAD. Un fuerza especial dentro de la Bonaerense, entrenada para irrumpir en allanamientos. Esta vez ordenaron a diez presas a meterse en el baño, desnudarse y hacer sentadillas y flexiones. Si paraban: palazo en el cuerpo. Si seguían: palazo. Si se quejaban, hablaban o “lo hacían mal”: palazo. La “entrenadora” era una mujer integrante del GAD. La acompañaban dos varones que se turnaban para hacer comentarios sobre los cuerpos de las mujeres.

Una mujer trans entre las víctimas

Hay, entre las víctimas de los policías de la comisaría 3 de La Tablada, una mujer trans. A ella le ordenaron limpiar con sus propias manos y sin guante a las heces, la orina y el vómito de dos presos hombres. La orden fue dada por una agente mujer. No sólo la expusieron en un área distinta a su identidad y expresión de género, sino que la detenida fue víctima insultos y apodos peyorativos. Algo más: la aislaron del resto de la población encerrándola en una celda de dimensiones ínfimas, sola.

Qué decidieron los vecinos sobre los acusados

Los vecinos declararon culpable al subcomisario Lionel Maximiliano Gómez como coautor del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un funcionario de la fuerza policial reiterado”, igual que la agente Silvina Suárez. A Los subinspectores Javier Ramón González y Ángel Ariel Reales los consideraron “partícipes secundarios” de esos delitos. En tanto, por “severidades” fueron declarados culpables Gómez, González, Reales, Silvia Viviana Solari y Lara de las Nieves Taramazzo, mientras que por “vejaciones” Hernán Federico Garzón, Johanna Elizabeth Romero y Yanina Ester Vargas. El jurado también culpó a Javier Norberto Hinojosa por “encubrimiento por favorecimiento personal”.

VDM/MG

Cinco policías fueron detenidos este viernes como parte de la investigación por la “tortura seguida de muerte” de Jorge Gatica, un hombre de 36 años que había sido demorado el último lunes por “averiguación de antecedentes” y dos horas después fue encontrado asesinado en una celda de la comisaría de la ciudad rionegrina de Cipolletti tras sufrir una “hemorragia hepática interna provocada por múltiples fracturas costales”.

Son cuatro hombres y una mujer que integraban la guardia de la seccional 45 de esa ciudad de la provincia de Río Negro; y que fueron aprehendidos en las últimas horas por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) con sede en Neuquén por orden de la fiscalía.

Fuentes judiciales informaron que solicitarán durante esta jornada la correspondiente audiencia de formulación de cargos que se haría este sábado a través de la plataforma Zoom.

“Lo torturaron a Jorge, hasta matarlo”, dijo el abogado Rubén Antiguala, quien junto a su colega Diego Vázquez representan a la familia de la víctima, constituida en el expediente como querellante particular.

Los imputados designaron como defensores a Michel Rischman en el caso de uno de ellos, Federico Diorio otro de los sospechosos, mientras que los tres restantes serán asistidos por el defensor oficial en turno.

La muerte de Gatica

El hecho comenzó a ser investigado en la madrugada del martes cuando el Ministerio Público Fiscal fue notificado del fallecimiento del hombre en una dependencia policial, por lo que se convocó para auxiliar a la fiscalía en sus acciones a la PFA con sede en la ciudad de Neuquén.

Ese mismo día fue realizada una inspección ocular dentro de la seccional, de la cual también participó la unidad operativa para la investigación fiscal de Cipolletti, perteneciente al Ministerio Público.

Además ordenaron el traslado del cuerpo de Gatica a la ciudad judicial de General Roca para que el Cuerpo de Investigación Forense realice el miércoles la correspondiente autopsia, cuyos resultados preliminares fueron recibidos este jueves.

Los expertos determinaron que la causa del fallecimiento fue una “hemorragia hepática interna provocada por múltiples fracturas costales”.

Dado que había distintas versiones respecto de la manera en la que se podrían haber provocado esas lesiones y también sobre las personas que podrían haberlo atacado, los investigadores recibieron diversas declaraciones testimoniales y recopilaron los videos de cámaras de seguridad ubicadas en cercanías a la comisaría y en otros sitios donde Gatica habría circulado horas antes de su muerte.

Con esos datos y otros elementos de prueba, la fiscalía dispuso la detención de los cinco efectivos que estaban de guardia en la dependencia.

“El padre le tomó fotos al cuerpo y tenía hematomas en los brazos, piernas, abdomen, testículos, etcétera. Lo que hicieron fue una aberración, lo torturaron hasta matarlo”, contó Antiguala, quien expresó que la esposa de Gatica y otro hombre dijeron que antes de ser detenido “no tenía ninguna lesión”.

El abogado explicó que “Gatica había salido en libertad el domingo ya que tenía antecedentes penales, por lo que la Policía lo conocía.” “Estamos investigando si lo detienen por algún ilícito o en qué circunstancias pero no dieron aviso a la fiscalía y cuando lo llevaron el lunes cerca de las 22.30 al hospital aparentemente no tenía nada”, afirmó el abogado y agregó: “Dos horas después, a las 0.30, ya estaba muerto”.

Antiguala indicó que los efectivos dijeron que el hombre se golpeó intencionalmente contra la pared, aunque según su postura ello no pudo haber provocado la “cantidad de lesiones” que tenía el cuerpo.

El representante de la familia también añadió que los policías relataron que en un momento “comenzó a sentirse mal” le hicieron RCP y llamaron a una ambulancia, pero finalmente lo trasladaron en un patrullero al hospital, donde llegó muerto. “Creo que cuando lo llevaron ya estaba muerto. Hay que investigar los teléfonos de los policías involucrados”, sostuvo.

La Junta Promotora Alto Valle de Río Negro, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), repudió “enérgicamente lo sucedido en la comisaria N° 45 de la ciudad de Cipolletti, y que tuvo como consecuencia la muerte de Jorge Gatica, demorado por averiguación de antecedentes”.

“Es muy llamativo que un hombre detenido en dos horas resulte muerto, y según la familia y el abogado querellante salió en perfectas condiciones de su domicilio. Según la policía, que su tarea debe ser prevenir, no reprimir, este hombre fue detenido por averiguación de antecedentes. No sabemos cuáles son los antecedentes, pero cualquiera hayan sido, esta muerte no tiene explicación, por lo cual promovemos una investigación profunda para determinar las responsabilidades de la fuerza”, agregó el organismo en un comunicado.

MB con información de agencia de noticias Télam

En las dieciocho audiencias que lleva adelante el juicio por el asesinato de Blas Correas, día a día se suman pruebas que demuestran que la Policía de Córdoba y el Ministerio de Seguridad, no desconocían las prácticas ilegales de algunos de sus miembros, sino que las encubrieron y en algunos casos las alentaron. El juicio expone que la violencia institucional es una práctica habitual en Córdoba, como señaló Noelia Garone, directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Argentina, en una entrevista a la agencia de noticias Télam.

Garone es observadora por parte de Amnistía Internacional en el juicio que se lleva adelante en Córdoba desde hace dos meses en la Cámara 8ª del Crimen –el pasado viernes 11 se realizó la 18ª audiencia- y según sus palabras, su presencia apunta a que “se cumplan las debidas garantías del proceso, que haya esclarecimiento y se haga Justicia”. La observadora de Amnistía Internacional le dijo a Télam que lo que le ocurrió a Blas Correas “no es un caso aislado ni exclusivo de Córdoba. Son situaciones que vienen de larga data y ocurren en todo el país por el uso arbitrario de las fuerzas de seguridad”.

Blas Correas fue asesinado en los primeros minutos del 6 de agosto de 2020, cuando a bordo de un Fiat Argo, conducido por su amigo Juan Cruz Camerano, dos policías apostados en la avenida Vélez Sársfield dispararon contra el vehículo porque no se detuvo. Además de los dos adolescentes, iban Camila Toci, adelante; y Cristóbal Bocco y Mateo Natalli sentados atrás, cada uno al lado de Blas. “Estos pibes que están acá corrían a salvar a su amigo y eso no lo olvide nunca nadie. Siempre los voy a defender y en ellos encuentro la fuerza en seguir adelante”, señaló Soledad Laciar, la madre de Blas, la mañana del miércoles 7 de septiembre pasado, mientras entraba a la primera audiencia del juicio donde se trata de dilucidar penalmente las responsabilidades de 13 acusados por el crimen de su hijo de 17 años.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) que sigue este crimen desde que ocurrió, contabilizó otros nueve casos fatales de violencia a manos de la Policía de Córdoba entre abril de 2020 y julio de 2022; por lo que el 10 de agosto pasado, hace tres meses, le solicitó una audiencia “con carácter urgente” al gobernador Juan Schiaretti, pero el expediente “está cajoneado” desde el 12 de agosto pasado.

Hay 13 acusados en el juicio

En el juicio los principales acusados son los cabos primero Javier Alarcón (32) y Lucas Gómez (36), autores de los disparos que terminaron con la vida de Blas, imputados como coautores de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”. Las pericias confirmaron que la bala que mató al adolescente salió de la pistola de Gómez, un policía que no debería haber estado patrullando y mucho menos armado, por haber encubierto años antes, a un violador serial. 

El defensor del policía Lucas Gómez, Gastón Schonfeld, y Martín Cafure, defensor del policía Walter Soria –otro imputados-, se opusieron a que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación actúe como “Amicus Curiae” y que Amnistía Internacional participe como “observador” del proceso. 

Además de asesinar al chico, según el expediente, los policías intentaron fraguar un enfrentamiento y plantaron un viejo revólver. Alarcón culpó a su compañera de patrulla Wanda Esquivel (34) por ese hecho: “Cuando Esquivel recibe el llamado del cabo Leandro Quevedo, me preguntó si tenía un ‘tango’, si tenía un arma”. El policía agregó en su declaración: “Le dije que tenía un revólver viejo y se lo di a ella. Yo nunca la obligué a nada”. El fiscal federal Maximiliano Hairabedian abrió una investigación contra ambos y los imputó por “encubrimiento”, por poseer ese revólver Doberman calibre .22 sin identificar.

La acusación por el homicidio de Blas Correas, abarca además de los policías que dispararon, Gómez y Alarcón, a otros 11 uniformados de distintos escalafones, quienes participaron en un plan de encubrimiento para lograr la impunidad del homicidio.

Las compañeras de patrulla de Alarcón y Gómez; las policías Esquivel y Yamila Martínez (24), son juzgadas por “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente y como autoras del delito de omisión de deberes de funcionario público”; la misma imputación que les cabe al subcomisario Sergio Alejandro González (43), al comisario inspector Walter Soria (44), al subcomisario Enzo Quiroga (35) y al comisario inspector Jorge Galleguillo (45). 

El 19 de octubre pasado, durante la 13ª audiencia, declaró como testigo la jefa de la Policía de Córdoba, comisario general Liliana Zárate Belletti, y reconoció que la fuerza que comanda cometió “violencia institucional” en el crimen de Blas. Zárate Belletti llegó a Tribunales vestida de civil, declaró durante cuatro horas y luego de que los jueces expusieran unos videos donde se vio la balacera contra el Fiat Argo, y otros donde hay una decena de policías que no ayudaron a salvar la vida de Blas aún herido, sólo atinó a decir “siento vergüenza”. 

Tras su testimonio, 26 meses después del homicidio, los diez policías fueron pasados a situación pasiva, entre ellos el oficial Ezequiel Henot, quien esa madrugada cacheteó a Juan Camerano, el amigo que intentaba salvarle la vida a Blas. 

La jefa policial también declaró que, en su carrera, nunca se enteró de la existencia de armas para plantarles a los sospechosos.

Pese a los dichos de Zárate Belletti, esta práctica es habitual según consta en la Justicia: la noche del 31 de octubre 2007, los policías Héctor Edmundo León y Silvia Sánchez detuvieron a Raúl Mola (18), acusado de un robo en barrio Remedios de Escalada. El joven fue esposado con sus manos hacia atrás y tras iniciar el traslado hacia una comisaría, extrajo un revólver calibre .22, dentro del móvil y efectuó dos disparos: “¡Me quiere matar!”, gritó Sánchez. Su compañero León, frenó el auto, se bajó y abrió la puerta trasera; le quitó el revólver al preso y lo mató de dos balazos. 

Diez años después, en 2017, León fue juzgado y la fiscal Laura Battistelli pidió una pena leve: “La ley no acepta la emoción violenta para los casos de policías que actúan en servicio. León no tenía conciencia cuando mató. Además, no cometió ningún abuso con su propia arma reglamentaria, sino con el revólver del detenido. No existió abuso”, dijo la fiscal. Se sospecha que Mola tomó el arma de un bolso del patrullero, que llevaban para utilizar ilegalmente. León no pasó ni un día preso.

Ex ministro en la mira

El comisario mayor Gonzalo Cumplido, jefe de Seguridad de la Capital al momento del asesinato de Blas, declaró ante los jueces Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno apuntó a las responsabilidades administrativas, políticas y penales del entonces ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera: “Me encontré con Soria y Galleguillo en la Oficina de Prensa. Les pregunté si a todos los intervinientes los habían podido convocar a la sede judicial, me dijeron que sí. Mientras estábamos frente al televisor, vimos una declaración del doctor Mosquera donde él hace una escueta declaración. Inmediatamente a que termina, me llama a mi teléfono personal y me dice ‘Gonzalo prepará un buen operativo, prepará las vallas, que vamos a tener quilombo porque mataron a un pibe de clase media’.  Yo le dije que iba a volver a pasar, que va a volver a pasar y puede volver a pasar. Y pasó con el chico de Paso Viejo”, declaró Cumplido el miércoles 26 de octubre, en la 16ª audiencia.

El ex comisario, que fue sobreseído en junio de 2021 del crimen de Blas por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino, apuntó fuerte contra el ex ministro de Seguridad: “No me cabe ninguna duda que mis superiores sabían del tema del arma” y “Muchas veces se usan los teléfonos particulares porque siempre está la duda en la Policía sobre que los teléfonos oficiales están pinchados”. 

Durante esta misma audiencia estaba previsto que lo hiciera el ex ministro Mosquera, pero debido a la extensión del testimonio del ex policía la cita pasó para el 24 de noviembre, en pleno Mundial de Fútbol de Qatar. Mosquera fue ministro hasta el pasado 20 de septiembre.

Para respaldar sus dichos contra el ex ministro de Seguridad, Cumplido dijo que en su teléfono celular constaban las pruebas y el martes 1 de noviembre, cinco días después de declarar, el ex jefe entregó su teléfono móvil a las autoridades de la Cámara 8ª del Crimen; le tomaron declaración y lo derivaron a la Policía Judicial, donde durante cinco horas peritaron el aparato, para luego devolvérselo. Los mensajes que se analizan como prueba abarcan un lapso de 15 meses, desde el 3 de noviembre de 2019 hasta el 12 de febrero de 2021.

La APDH acusa

Además del asesinato de Blas Correas, la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos contabilizó otros nueve casos de violencia institucional, por lo que le solicitó una entrevista al gobernador Juan Schiaretti “para evaluar la necesidad de que el Gobierno realice cambios en materia de Seguridad y Derechos Humanos; dado el creciente número de acciones de brutalidad policial que se registran desde que Usted inició su tercer mandato en diciembre de 2019 y que se han incrementado desde mediados de 2020 hasta la fecha, con la trágica muerte del ciudadano Johnatan Romo a principios del mes de julio mientras se encontraba detenido en una comisaría de la ciudad de La Falda”.

El organismo señaló que “desde que Mosquera asumió como ministro, el 10 de diciembre de 2019, en coincidencia con la asunción de su tercer mandato como gobernador de Córdoba, hubo diez casos de violencia institucional con víctimas fatales”.

1. Franco Sosa (27). 26 de abril 2020 en la zona de Interfábricas, luego de robar en una metalúrgica. Los policías declararon que Sosa cubrió su retirada con un arma, pero no se encontró ninguna. Murió de un disparo en el cuello. Los policías están libres.

2. Gastón Mirabal y Ariel V. iban en moto por Villa La Tela. 3 de junio de 2020. Dos agentes de la Policía de Córdoba los persiguieron y les dispararon. Gastón murió y Ariel sobrevivió a seis heridas de balas. Oficialmente se dijo que hubo un intercambio de disparos. Los policías están libres.

3. José Antonio Avila, un vendedor ambulante aparece muerto con un balazo en el abdomen. 4 de julio de 2020. Los policías que lo asesinaron Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez, no informaron a sus superiores y siguieron patrullando. El crimen lo denunció la viuda, Johana, y se abrió una investigación. Navarro y Juárez fueron detenidos. Los condenaron a penas menores. 

4. Blas Correas (17). Además de asesinarlo, los policías plantaron un arma, como ocurrió en el caso de Isaías Luna. Ese día a las 7, Gerardo Battistón, secretario de Lesa Humanidad de la APDH Córdoba se reunió con Ramiro, el marido de Soledad Laciar y la tía de Blas en Tribunales II y los asesoró sobre los pasos a seguir.

5. Luis Morenigo (36). 31 de agosto de 2020, Alta Gracia. Un operativo para detenerlo en su casa falla y el sospechoso huye. Detienen a su pareja y al hombre lo intentan detener a balazos. Uno de esos disparos le dio en el cuello y Morenigo murió en el acto. El policía está libre, acusado de homicidio por exceso en el ejercicio del cargo.

6. Joaquín Paredes (15), Paso Viejo, 25 de octubre de 2020. Este adolescente festejaba el cumpleaños de un amigo cerca de la plaza del pueblo. Llegó la Policía y abrió fuego. Por su asesinato serán juzgados seis policías que dispararon más de 100 veces contra los chicos.  

7. Isaías Luna (21). 18 de diciembre de 2020. Fue abatido por la espalda en una casa que había asaltado desarmado en Julio Borda al 1.200 de barrio Urca de esta Capital. Los policías plantaron en la mano derecha de la víctima un revólver calibre .38. Y luego avisaron a los servicios de emergencia sobre lo sucedido. La víctima era zurda.

8. Víctor Gustavo Calderón (21). 15 de febrero de 2022. Murió de 13 balazos que le disparó el policía Franco Paglino, que circulaba en moto de civil y con su pistola reglamentaria. El caso se presentó como legítima defensa ante un asalto. Cuatro años atrás, Paglino, también de civil y con su pistola reglamentaria mató a uno de los delincuentes que asaltó una financiera ilegal que funcionaba en Rondeau 94, fue el 15 de febrero de 2018.

9. Ezequiel Castro. 14 de junio de 2022. Falleció ese día en el Hospital Misericordia de esta Capital; había sido detenido la noche del miércoles 8 de junio. Cinco días estuvo su familia sin saber oficialmente nada de él, pese a que su madre consultó en el Establecimiento Penitenciario N° 9 Unidad de Contención del Aprehendido (UCA). El lunes 13 la familia Castro fue informada de que Ezequiel había sido internado por un cuadro grave de deshidratación que le provocó la muerte al día siguiente.

10. Johnatan Romo (36). 10 de julio de 2022, La Falda. Paciente en recuperación por su adicción a las drogas, Romo murió torturado por policías que lo detuvieron en la localidad serrana de La Falda. Seis agentes que estaban a cargo de custodiar a la víctima, declararon que se descompensó, intentaron reanimarla y al fracasar las maniobras para salvarle la vida, llamaron a un servicio de emergencias. Cuando los médicos llegaron, Romo estaba muerto. La autopsia realizada bajo el Protocolo de Minessota, para determinar si la muerte fue producto de un ilícito, confirmó que los policías mintieron: Romo fue ahorcado por un tercero, cuando estaba boca abajo y mientras era sometido a una golpiza. A fines de 2021, ya había sido detenido y torturado, producto de las lesiones sufrió la perforación de un riñón. La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, no investigó esos apremios y el abogado de los Romo, Luis Galli presentó en la Legislatura un pedido de juicio político contra la funcionaria.

Más casos

Con la salida de Mosquera, el ministro de Justicia y DDHH, Julián López fue ascendido a superministro de Gobierno y Seguridad, y la Secretaría de Seguridad quedó a cargo de Claudio Stampalija. Los casos de violencia institucional continuaron y la APDH los sigue de cerca:

-Sebastián Mackey (38), oriundo de Merlo, San Luis, fue detenido el 20 de octubre en Río Cuarto y según su padre, Eduardo Mackey, fue sometido a apremios ilegales en la Unidad Departamental de la Policía: “Lo ponían boca abajo, uno de los policías se le paraba arriba de la espalda y otro le doblaba el cuello, por lo que no podía respirar”, denunció el hombre al diario Puntal de Río Cuarto. 

Mackey detalló que su hijo padece esquizofrenia, está internado en una clínica local y recién hace unos días pudieron verlo: “Impresionaba, estaba golpeado por todos lados, tenía un derrame en un ojo, el cuello no lo podía ver y en la zona de las manos y los brazos estaba lastimado”.

-El domingo 30 de octubre murió un preso en la alcaidía de la Policía de Villa María. Eduardo César Beltramo (31), acababa de ser detenido por amenazas; y según la versión oficial, mientras era revisado por la médica policial se desvaneció y murió. En el Hospital Regional Pasteur constataron su deceso. El fiscal René Bosio abrió una investigación.

GM

Vuelvo a los Estados Unidos de Norteamérica a lo que llamo una mini gira en torno a una invitación a la Universidad de Madison, Wisconsin, a dar un charla y un workshop. Antes de eso entonces, aprovechan para invitarme a ver el montaje de mi obra Fauna en Nueva York en la pequeña y señorial sala en Torn Page, la misma sala en la que estuve ensayando obra nueva en julio. Y después de eso, una académica de la Universidad de Notre Dame en Indiana organizó una lectura de Fauna en la Universidad de Northwestern en Chicago y una charla conmigo en lo que amablemente llamaron An evening with RP. Tres veces la palabra Universidad en un párrafo que tiene que ver conmigo me hace algo raro en el cerebro, cuando todo lo que hice siempre estuvo tan alejado de las instituciones.

La llegada a los Estados Unidos de Norteamérica esta vez está plagada de pequeños disgustos, acaso esperables pero que vivo como inesperados. Si bien el vuelo es directo y nocturno, dos lujos, y esta vez sale a horario, lo que también puede considerarse un lujo, y no se bate como rocola en ningún momento, otro lujo más, el muchacho de migraciones me pregunta qué hago volviendo un mes después de haberme ido. Me agarra el toc de la fidelidad a la verdad en el lugar inapropiado y le digo que dos, que vine hace dos meses. Y que entonces, además de visitar amigos, primera razón que esgrimí, también es cierto que vengo otra vez porque soy autora teatral y están haciendo una obra mía, digo con tranquilidad y arrogancia impostada. Me pregunta si ahí en Nueva York, afirmo, calla. Me pregunta cuánto dinero llevo encima, atrevido pero respondo. Me pregunta cuánto tiempo me quedo, le respondo. Me pregunta si ya tengo pasaje de regreso, afirmo. Me pregunta dónde me alojo, le menciono el hotel, duda que haya uno de esos hoteles en ese barrio, se lo muestro en la pantalla de mi celular, pero él prefiere mirar la pantalla de su computadora. Por último me pregunta si traigo algo de comida y le digo que sí, que una manzana. Sella mi pasaporte pero no me lo devuelve y me pide que lo acompañe. No me explica qué está pasando. Lo sigo, firme y alienada. ‘Alien’ es como llaman en estos Estados a la persona que no es ni nativa ni residente. Un modo de ver. El hombre joven me conduce hasta la zona de retiro de equipaje, con mi pasaporte en alto me señala una zona a la que va a ir a entregarlo, zona a la que tendré que ir a declarar mi equipaje cuando lo haya recuperado. Mi crimen es la manzana, no se puede ingresar con alimentos orgánicos, le digo que no lo sabía, me dice que está ok. Espero mi valija indocumentada y otros argentinos del avión quieren saber qué pasó. Vieron la escena del agente con el pasaporte y yo caminando detrás y se alertaron. Voy al sector de bromatología, hacen un operativo como si trajera explosivos, me desarman de la manzana y de la medialuna rellena que no comí en el avión. Está cerrada dentro de una bolsita, les digo que me la acaban de dar en el avión, la aerolínea es de ellos, no es de alien, entonces acaso ese jamón sea legal pero no, dice el hombre que el jamón también es crimen, nada animal ni vegetal, veo como arroja la fruta y la comida a la basura, me devuelve mi pasaporte, y adiós. La desmesura entre la contravención y toda la gente involucrada en querer sacar una manzana de mi mochila, es un escándalo.

Ya fuera, sólo tengo que encontrar dónde tomar la combi que ya me pre pagaron y cuya empresa mandó un mail por día recordando mi viaje por venir. Sin embargo, hasta ahí llega su eficiencia. Una vez afuera hay que discar un número en un teléfono vintage en un mostrador para ese propósito, disco varias veces, en más de una ocasión me dicen que no es la empresa con la que quiero hablar y cuando lo consigo, me piden un número de reserva que no encuentro o que no les sirve y me dicen que no tienen registrada mi reserva. Pero si me mandaron ocho mails. Por suerte, otras dos argentinas están en una situación similar -misma reserva, misma burocracia con el teléfono de Maxwell Smart- y una de ellas consigue hablar con alguien que le dice que la combi va en camino. La combi llega una hora y media después. El viaje no dura más de media hora así que es ridículo todo el tiempo que perdimos esperando, perfectamente podríamos haber tomado un tren normal y haber llegado antes o igual y sin el disgusto del problema de comunicación. Cuando bajo de la combi el conductor simpático baja mi valija, le agradezco, me despido, le deseo un buen día y él ya no pronuncia palabra. Me quedo pensando si se habrá quedado esperando una propina que no supe que debía darle. No me gusta carecer de estos códigos de buen ciudadano, quiero ser una buena alien para esta ciudad. Creyendo ya poder entregarme a los brazos del alivio del hotel, me espera el último contratiempo y acaso el peor. A punto de finalizar el check in porque mis noches ya están pagas por la gente que me invitó, me pide que ingrese mi tarjeta de crédito en el aparatito a modo de seguro. Le digo que no tengo tarjeta de crédito lo que siempre merece una mirada frontal y desconfiada de la persona a cargo de Y entonces cómo llegaste hasta acá. Cómo pudiste salir de tu país y hacer algo sin tarjeta de crédito. Y sin embargo, así le ando. Le digo que puedo darle efectivo, dice que efectivo no manejan, me quedo de pie, pienso en las personas que podrían prestarme a distancia, dice el empleado que a distancia no, que por teléfono no, aunque la reserva se haya hecho de modo remoto por supuesto, pero que ahora no. Que tiene que venir alguien a insertar ese plástico en esa ranura, en persona. Pero si la habitación está paga. Lo siento, no, sin la tarjeta en persona no. Respiro hondo, me resulta muy difícil y casi imposible enojarme con desconocidos. El empleado ingresa la contraseña de la red del hotel en mi teléfono para que me pueda comunicar. Le escribo primero a la actriz argentina que vive en NY pero sé que se despierta tarde y veo que no se conectó desde la noche anterior. Le escribo a la directora de la obra que está en NY. Ella sí ve mi mensaje enseguida y me llama, quiere hablar con el empleado, el empleado no quiere hablar con ella y dice que no, que por teléfono no, con su sonrisa inmarcesible me repite que alguien tiene que venir en persona a hacer valer el plástico, que sino no. La directora del otro lado de la línea se indigna, dice que puede venir ella pero que está en Brooklyn a cuarenta minutos de subte, que habló con la otra traductora, que también quiere resolverlo por teléfono desde Washington, que revisó los términos y condiciones de la reserva, que en ningún lado figura como condición lo de la tarjeta, que sólo dice en la letra chica que hay que presentarse con un documento válido, y nada más. Pero el empleado está recibiendo a medio hotel que está haciendo el check out y otro medio que ingresa, todos siempre con su tarjeta a mano, es un trámite que dura segundos, mientras tanto yo en el sillón. April, la directora, llama a Tony, el dueño del teatro que vive ahí cerca, a ver si puede hacernos el favor de venir a legitimarme, él le dice que va camino a un rodaje pero que va a contactar a Lee Anne, la poeta, su mujer. Tony y Lee Anne fueron algo así como mis personas favoritas del último viaje, lxs dueños de la casa llena de fantasmas, ambos voladísimos y conectados al mismo tiempo. Finalmente es Lee Anne la musa quien me viene a rescatar. Camina las diez cuadras que la separan del hotel con el dolor de espalda que le dejó un viaje a Canadá del que acaba de volver. Aparece Lee Anne con sus rulos rubios y su sonrisa, sonríe, ingresa el bendito plástico mientras le murmura al empleado que ciertamente podríamos haber resuelto esto por teléfono, él, incólume, y entonces, cuando el milagro del plástico se produce, el hombre me recita los horarios de desayuno y me da la bienvenida al hotel como si no me hubiese dejado invisible en su sillón por alrededor de una hora, parece que ahora sí soy welcome. En los días siguientes, cada vez que lo veo parado detrás del mostrador, me da algo en las tripas y ganas de huir, del hombre que hace su trabajo tan pero tan bien. En contraste con eso, deseo que siempre haya una amiga poeta que venga a salvarnos, del plástico, de la negación, del rigor de la ley. 

Escribí esta columna hace unos días a modo de crónica de viaje y con la intención de exponer ciertas microviolencias, en este caso en EEUU, pero unas situaciones de macroviolencia en nuestro país en los últimos días lo coparon todo y me dieron ganas de decir algunas cosas más.

Por un lado estuve leyendo Desierto Sonoro, donde la mexicana Valeria Luiselli se refiere incesantemente a los niños perdidos, que en su libro son niños y niñas que cruzan la frontera de México a los Estados Unidos en trenes o a pie, algunos mueren, otros llegan, algunos son deportados, otros no, algunos se pierden para siempre.

En el desalojo de la comunidad mapuche de esta semana muchos niños y niñas huyeron de esos hombres de negro encapuchados que entraron a punta de armas largas y gases que hacen llorar y no dejan respirar. Los niños y niñas huyen al bosque aterrados mientras los hombres de cascos se llevan a sus madres y abuelas, algunxs siguen perdidxs aún.

Anoche la policía de la provincia de Buenos Aires tira gases lacrimógenos en una cancha de fútbol y mientras la gente baja de las plateas para ir a refugiarse al campo de juego, a salvo del gas, otros tantxs niñas y niños se pierden en la turba, cuando se trata de correr.

Son situaciones distintas las tres, pero en todas oprime una institución. Instituciones representadas por personas que perpetran la violencia con sus manos en nombre de la ley.

Personas violentas de las que hay que escapar y correr y donde perderse para sobrevivir parece ser la única opción. 

En estos tres casos los niñxs se pierden literalmente, pierden la orientación. 

Simbólicamente dispersar a los niños, confundirlos, atemorizarlos, siembra el terror.

La violencia institucional pretende ser aleccionadora, aleccionar la parte por el todo: mirá lo que puede pasarte si vulnerás la ley.

RP

Una estudiante saudí de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, que regresó a Arabia Saudita durante sus vacaciones fue condenada en ese país a 34 años de prisión por tener una cuenta de Twitter y seguir y retuitear a cuentas de disidentes y activistas.

Salma al-Shehab, de 34 años, madre de dos niños pequeños, fue condenada inicialmente a cumplir tres años de prisión por el “delito” de utilizar un sitio web de Internet para “provocar disturbios públicos y desestabilizar la seguridad civil y nacional”. Pero un tribunal de apelación dictó el lunes la nueva sentencia después de que un fiscal pidiera al tribunal que considerara otros presuntos delitos: 34 años de prisión seguidos de una prohibición de viajar durante otros 34 años.

Según una traducción de las actas judiciales, vistas por The Guardian, los nuevos cargos incluyen la acusación de que Shehab estaba “ayudando a quienes tratan de causar disturbios públicos y desestabilizar la seguridad civil y nacional siguiendo sus cuentas de Twitter” y retuiteando sus tuits. Se cree que Shehab aún puede solicitar un nuevo recurso en el caso.

La represión del príncipe heredero

La sentencia del tribunal especial de terrorismo saudí se dictó semanas después de la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Arabia Saudí, sobre la cual activistas de derechos humanos ya habían advertido que podría envalentonar al reino para intensificar su represión contra los disidentes y otros activistas prodemocráticos.

El caso también es el último ejemplo de cómo el príncipe heredero Mohammed bin Salmán ha apuntado a los usuarios de Twitter en su campaña de represión, mientras que al mismo tiempo controla una importante participación indirecta en la empresa de medios sociales de Estados Unidos a través del fondo soberano saudí, el Fondo de Inversión Pública.

Asistente dental y estudiante de doctorado

Según la información disponible, Shehab no era una activista saudí destacada o especialmente ruidosa, ni dentro de Arabia Saudí ni en el Reino Unido. Se describía a sí misma en Instagram -donde tenía 159 seguidores- como higienista dental -la profesional que asiste al odontólogo-; educadora médica; estudiante de doctorado en la Universidad de Leeds y profesora en la Universidad Princesa Nourah bint Abdulrahman; y como esposa y madre de sus hijos, Noah y Adam.

Su perfil de Twitter mostraba que tenía 2.597 seguidores. Entre los tuits sobre el agotamiento del COVID y las fotos de sus hijos pequeños, a veces Shehab retuiteaba tuits de disidentes saudíes que vivían en el exilio, que pedían la liberación de los presos políticos del reino. Parecía apoyar el caso de Loujain al-Hathloul, una destacada activista feminista saudí quien fue encarcelada y supuestamente torturada por apoyar los derechos de conducción de las mujeres y que ahora vive bajo la prohibición de viajar.

Una persona que conoce a Shehab dice que no podía soportar las injusticias. La describe como una persona bien educada y ávida lectora que llegó al Reino Unido en 2018 o 2019 para hacer su doctorado en Leeds. Regresó su casa en Arabia Saudí en diciembre de 2020 de vacaciones y tenía la intención de llevar a sus dos hijos y a su marido de vuelta a Reino Unido. Entonces fue llamada para ser interrogada por las autoridades saudíes y finalmente fue detenida y juzgada por sus tuits.

Otra persona que siguió su caso dice que Shehab ha estado en ocasiones en régimen de aislamiento y que durante su juicio ha intentado hablar en privado con el juez para contarle cómo ha sido tratada sin que lo oiga su padre. Pero, según esta fuente, no ha podido dar el mensaje al juez. El veredicto de apelación ha sido firmado por tres jueces, pero las firmas son ilegibles.

Sin comentarios de la red social

Twitter no ha querido hacer comentarios sobre el caso y no ha respondido a preguntas concretas sobre la influencia -si es que la hay- que ejerce Arabia Saudí sobre la empresa. La red social tampoco respondió a las preguntas de The Guardian sobre por qué se ha permitido a un alto asesor del príncipe Mohamed, Bader al-Asaker mantener una cuenta verificada de Twitter con más de dos millones de seguidores, a pesar de las acusaciones del Gobierno estadounidense de que orquestó el acceso ilegal en la empresa que llevó a usuarios anónimos de Twitter a ser identificados y encarcelados por el Gobierno saudí. Un antiguo empleado de Twitter fue condenado por un tribunal estadounidense en relación con el caso.

Uno de los mayores inversores de Twitter es el multimillonario saudí Al-waleed bin Talal, propietario de más del 5% de Twitter a través de su fondo Kingdom Holdings. Aunque el príncipe Al-waleed sigue siendo el presidente de la compañía, su control sobre el grupo fue cuestionado por los medios de comunicación estadounidenses, incluido el Wall Street Journal, después de que saliera a la luz que el miembro de la realeza saudí -es primo del príncipe heredero- había estado cautivo en el Ritz Carlton de Riad durante 83 días. El incidente formaba parte de una purga más amplia dirigida por el príncipe Mohamed contra otros miembros de la familia real y empresarios, y que incluye acusaciones de tortura, coacción y expropiación de miles de millones en activos a las arcas saudíes.

En una entrevista de 2018 con la agencia de noticias Bloomberg después de su liberación, el príncipe Al-waleed dijo que había llegado a un “entendimiento” confidencial con el Gobierno saudí aparentemente en relación con su liberación.

Más recientemente, Kingdom Holding anunció en mayo que había vendido alrededor del 17% de su empresa al FPI, donde el príncipe Mohammed ejerce de presidente, por 1.500 millones de dólares. Esto, a su vez, convierte al Gobierno saudí en un importante inversor indirecto en Twitter. Según la red social, los inversores no desempeñan ningún papel en la gestión diaria de la empresa.

Una condena “draconiana”

La Organización Europea Saudí de Derechos Humanos condenó la sentencia de Shehab, que, según dijo, es la más larga que se ha dictado contra una activista. Señaló que muchas activistas han sido sometidas a juicios injustos que han desembocado en sentencias arbitrarias y han sido objeto de “graves torturas”, incluido el acoso sexual.

Khalid Aljabri, un saudí que vive en el exilio y cuya hermana y hermano están detenidos en Arabia Saudí, dijo que el caso de Shehab demostraba la opinión de Arabia Saudí de que la disidencia equivale al terrorismo.

“La condena draconiana de Salma en un tribunal de terrorismo por unos tuits pacíficos es la última manifestación de la despiadada máquina de represión de MBS”, dijo, refiriéndose al príncipe heredero. “Al igual que el asesinato de [el periodista Jamal] Khashoggi, su condena pretende enviar ondas de choque dentro y fuera del reino: atrévete a criticar a MBS y acabarás desmembrado o en las mazmorras saudíes”.

Aunque el caso no ha recibido mucha atención, el Washington Post publicó el martes un duro editorial sobre el trato que Arabia Saudí ha dado a la estudiante de Leeds y dice que su caso demuestra que los “compromisos” que Biden recibió sobre las reformas son “una farsa”.

“Como mínimo, Biden debe hablar ahora con firmeza y exigir que Shehab sea liberada y se le permita volver con sus hijos, de cuatro y seis años, en el Reino Unido, y reanudar sus estudios allí”, dice.

Información adicional de Robyn Vinter en Leeds

Traducción de Celia Broncano

Maryam es la primera de su clase. Estudia sexto en una escuela de la capital, Kabul. Según los criterios del régimen talibán que controla el país desde hace un año, su educación debería terminar dentro de unos meses.

Sin embargo, esta niña de 10 años, cuyo nombre se ha cambiado en este reportaje para protegerla, ha ideado una estrategia para seguir en la escuela un año más, y sus ojos brillan de alegría cuando explica su plan: “Voy a asegurarme de no responder bien muchas preguntas. Decidí equivocarme para poder hacer sexto grado otra vez”.

Así es Afganistán casi un año después de que los talibanes se hicieran con el control del país en un veloz despliegue. De hecho, fueron tan rápidos en la toma de Kabul que sorprendieron incluso a sus líderes.

Los jóvenes más brillantes del país utilizan su inteligencia para autosabotearse, porque en el retorcido sistema que el Gobierno talibán ha creado, eso les brinda más posibilidades que el éxito.

En su campaña por Afganistán, y en las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos, los talibanes ofrecieron una promesa implícita. Indicaron que a cambio de una versión ligeramente adaptada a su extremismo puritano, traerían la paz y la estabilidad a un país asolado por décadas de guerra.

En encuentros internacionales, los representantes del régimen afirmaron que las mujeres tenían el derecho islámico a la educación y al trabajo, y que, en un contexto de calma exento de enfrentamientos constantes, la economía afgana tendría más espacio para crecer. Aunque cientos de miles de afganos huyeron, muchos otros vieron con esperanza el fin de los enfrentamientos. Casi un año después, esa percepción inicial se ha ido diluyendo. Al hablar del cambio sísmico del pasado agosto, los talibanes se refieren al antes y al después de “la victoria”. Los afganos de habla persa de la capital hablan de la vida antes y después de “la caída”, o “el colapso”, “suqut” en el dialecto dari de Afganistán. 

Fuera del foco internacional

Los talibanes son un Estado paria aislado, no reconocido por ningún país, ni siquiera por sus aliados. Su apoyo a grupos violentos quedó dramáticamente expuesto la semana pasada, cuando Estados Unidos mató al líder de Al Qaeda en el corazón de Sherpur, un barrio de élite en Kabul. 

Sin embargo, durante meses los talibanes han estado fuera del foco de la atención de la comunidad internacional. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido un regalo para los talibanes, ya que ha desviado la atención del mundo y el régimen ha podido intensificar sus políticas extremistas en Afganistán sin recibir críticas. 

En Afganistán, las mujeres tienen menos libertades que en cualquier otra parte del mundo, ya que se les priva de educación secundaria y no tienen acceso a ningún otro trabajo que no sea en los sectores de la sanidad o la educación. Están obligadas a ir acompañadas de un tutor masculino en todos los desplazamientos, excepto en los cortos, y a cubrirse la cara en público. Las restricciones se aplican de forma intermitente. Para las mujeres más pobres y vulnerables, incluidas las que carecen de tutor, el miedo a estos castigos arbitrarios puede ser abrumador.

“Ya he visto tres veces cómo los talibanes golpeaban a mujeres en el mercado. Algunas llevaban pantalones que según los talibanes eran demasiado ajustados, deberías haber visto lo rotas que estaban después de la paliza”, explica Farkhunda (cuyo nombre, como el de todas las mujeres de este artículo también fue cambiado), de 16 años, que tuvo que dejar la escuela en septiembre y libra una batalla contra la depresión.

“En otra ocasión, unas chicas recibieron una paliza solo por sonreír y hablar demasiado alto. Es algo natural charlar sobre los vestidos que te vas a comprar y otras cosas”, lamenta. No lleva la abaya negra (burka afgano) y larga reglamentada por los talibanes y su familia no puede permitirse comprar una. “Desde entonces incluso he dejado de ir a la madraza, la escuela religiosa, es mejor estar en casa que toparse con estos animales”, dice.

Colapso económico

La economía se desplomó al menos un 30%, después de que las sanciones internacionales impuestas a los talibanes cortaran el comercio y la ayuda internacional que había sostenido al último régimen se agotara. El grupo de militantes carecía de preparación para pasar de la lucha a gobernar.

“No teníamos un vínculo político con el último gobierno, pero los talibanes se están vengando de que estemos aquí haciendo negocios”, explica un importante empresario que despidió a casi 500 empleados después de que el régimen talibán le confiscara material y suspendiera licencias para operar en varios sectores. Está frustrado, pero también desconcertado por el enfoque a corto plazo de las autoridades. Tuvo que parar su actividad, aunque el nuevo régimen sabe por experiencia lo lucrativos que pueden ser sus negocios. “Les había pagado más de tres millones de dólares en concepto de 'impuestos' forzados, antes de que tomaran el control”, explica. “Ya se hundieron muchos negocios, y si las cosas siguen así, la situación irá a más”, relata. 

Para los que antes eran ricos, el colapso económico supone el fin de los lujos. La clase media de antaño, sin embargo, se vio sumida prácticamente de la noche a la mañana en la pobreza y el hambre. Al menos la mitad de la población depende ahora de la ayuda alimentaria, si es que puede conseguirla.

Sardar y su esposa tenían puestos de trabajo en las fuerzas de seguridad, y ganaron lo suficiente para comprar un terreno y construir una casa. Ambos fueron despedidos cuando los talibanes llegaron al poder. Hoy en día, ella permanece sentada en casa mientras él se dedica a hacer trabajos manuales al borde de la carretera y tiene suerte de conseguir un día de trabajo en una semana, por 200 afganis (unos dos euros). “Nunca hice un trabajo así en mi vida y es duro para mí porque no estoy acostumbrado, pero tengo una familia que mantener”, dice mientras sus cuatro hijos juegan a su lado. “Juro que no tengo ni 1.000 afganis en casa, mi madre tiene diabetes y carecemos de dinero para comprar la medicación que necesita”, asegura.

Pérdida de apoyo

En ocasiones, los nuevos dirigentes del país se mostraron asombrosamente insensibles ante este sufrimiento, y dicen a los afganos que deben confiar en Dios para alimentarse, no en su gobierno. Pero también son conscientes de que la crisis está erosionando la confianza que pudieran tener. “Están perdiendo el apoyo interno y son muy conscientes de ello”, indica un analista afgano con conexiones con talibanes que ocupan puestos de responsabilidad en el Gobierno y que pide no ser identificado para hablar de asuntos internos.

La transición de la insurgencia rural descentralizada a la administración de Kabul iba a ser siempre difícil para los talibanes. “Gobernar tiene que ser la peor de las pesadillas para ellos. Se sorprendieron con el giro de los acontecimientos”, dice una fuente afgana con estrechos vínculos con los talibanes y que afirma que los líderes no estaban preparados para hacer frente a los desafíos de una capital que se había transformado desde su salida en 2001.

“Son fuerzas rurales tradicionales, llegaron a las ciudades, pero en lugar de integrarse, quieren que sean las ciudades las que se integren a su mentalidad, quieren que nos parezcamos a ellos, que tengamos sus creencias y aficiones”, cuenta.

Buscar una salida

Una generación entera de afganos educados huyo o está buscando una salida. No es de extrañar la desesperación por marcharse, dado que los talibanes llevan años persiguiendo a los profesionales de los medios de comunicación, la sociedad civil y el gobierno para asesinarlos. Aunque las matanzas que algunos temían que los talibanes llevaran a cabo en Kabul no llegaron a producirse, decenas de personas fueron asesinadas por sus vínculos con el anterior gobierno y con las anteriores fuerzas del orden.

Un antiguo miembro del servicio de inteligencia cuenta a The Observer que se rindió el día en que los talibanes llegaron a su ciudad, pero que a pesar de ello desde entonces fue detenido tres veces cuando intentaba trabajar. Ahora apenas sale de su casa.

Según explica un directivo de un banco que durante meses participó en conversaciones sobre la crisis que vive Afganistán a The Observer, la fuga de cerebros dificultó aún más la gestión del país. El banco central, que lucha contra la congelación de las reservas y las sanciones, solo ha mantenido al personal de nivel medio y bajo. 

Uno de los logros de los talibanes fue la lucha contra los elevados niveles de corrupción de los distintos gobiernos de los últimos 20 años. Sin embargo, incluso su lucha contra la corrupción se está estancando.

“La corrupción no es tan grave (como bajo la gestión del ex presidente Ashraf Ghani), cuando entrabas en una oficina para hacer una gestión y todos, de la A a la Z, te pedían algo. Ahora solo hay un par de personas concretas, pero volvió a florecer”, dice el empresario. 

Regreso de la violencia

Entre los manzanos de la aldea de Ismail Khel, a una hora en coche al suroeste de Kabul, una bandera pintada con una rosa, un tulipán y un dron lanzando bombas ondea sobre un pequeño grupo de tumbas. A la derecha, están las ruinas abandonadas de una casa, donde hace 14 años, al menos ocho mujeres y niños murieron en un ataque aéreo. Fueron enterrados junto a su hogar. A la izquierda, Haji Yahyah, de 66 años, sigue viviendo con su mujer y una sobrina en lo que queda de su hogar, que fue alcanzado por un segundo misil que mató a su nuera y a su sobrino. Nunca recibieron una indemnización de Estados Unidos con la que volver a construir su casa, y se quedaron porque no tenían otro sitio al que ir.

Los aldeanos explican que esos fueron los únicos ataques aéreos contra esta comunidad agrícola, pero durante más de una década la zona estuvo asolada por la muerte y la violencia, ya que las tropas extranjeras y gubernamentales aterrizaban en helicópteros e irrumpían en las casas.

“El pueblo tiene cuatro cementerios. Hace veinte años solo tenía uno”, explica Ainullah, de 53 años. “Hace poco vino al pueblo una organización benéfica en busca de niños que habían perdido a su padre o a su madre, para ofrecerles alimentos. Apenas pudieron encontrar una casa en el pueblo sin al menos uno”, cuenta.

Aprovecharse del dolor

Todos los hombres que se paran a hablar con periodistas (las mujeres rara vez hablan con extraños en una zona rural conservadora) tienen una historia desgarradora de pérdida de hermanos, primos, tíos, u otras personas civiles asesinadas durante estos ataques, a veces delante de sus hijos, siempre al alcance de sus oídos.

Estas incursiones nocturnas y las muertes de civiles sirvieron como potentes armas de reclutamiento, y fueron una de las razones por las que Occidente y sus aliados perdieron la guerra. 

“Mucha, mucha gente se unió a los talibanes por el dolor que les causaron estas acciones. Si matan a tu padre o a tu hijo delante de ti, ¿no querrías vengarte? Y la manera de hacerlo era unirse a los talibanes”, explica Mohammad Habib, de 26 años.

“Cuando por la noche los vecinos oían que se acercaban los helicópteros hacía sus abluciones, para al menos morir limpios, se vestían para que sus cadáveres estuvieran decentes”, dice.

En partes del país como ésta, donde el ruido de las armas cesó por fin después de una década, o incluso dos, las aldeas están volviendo a la vida. Se están abriendo escuelas en algunos distritos del sur de Helmand y Kandahar donde la inseguridad -incluidas las amenazas de los talibanes- hacía imposible la educación.

Pero también hay lugares que estuvieron tranquilos durante las dos últimas décadas y que ahora están asolados por la violencia y los ataques, como la matanza de civiles, las incursiones nocturnas, los saqueos y la confiscación de infraestructuras civiles como clínicas y escuelas.

Desde la provincia de Panjshir, en el norte, en el distrito de Baghlan y en Balkhab, en el centro de Sar-e Pol, se están difundiendo vídeos e informes de atrocidades como las que en su día alimentaron las simpatías hacia los talibanes. Ahora son ellos los que asesinaron civiles, tomaron escuelas para convertirlas en bases militares, profanaron mezquitas y asaltaron hogares.

De momento, nada hace pensar que la violencia se extienda por todo el país o vuelva a estallar una guerra civil como la que comenzó con la invasión soviética en 1979. Sin embargo, muchos pensaron lo mismo hace 21 años. 

“Los talibanes representan a los talibanes”

Estados Unidos estaba convencido de que una aplastante victoria militar en 2001 permitía imponer su voluntad política en un país diverso, en el que los extremistas con pocos medios tenían un apoyo real.

“La noción de que el movimiento talibán podría ser barrido por el poderío militar estadounidense resultó ser un caso más de espejismo”, escribieron Jolyon Leslie y Chris Johnson en un libro publicado en 2004 sobre el polémico nuevo orden internacional, Afganistán: El espejismo de la paz. El ensayo, sorprendentemente premonitorio, fue tachado de sombrío y fuera de la realidad en el momento de su publicación. Ahora los talibanes pueden estar repitiendo el mismo error, confundiendo su propia victoria militar aplastante con un mandato político para controlar un país diverso.

“Los talibanes representan a los talibanes, no a Afganistán. La mitad de la población no fue representada en el gobierno en absoluto en los últimos nueve meses”, subraya el analista afgano. Al igual que en 2001, comunidades étnicas, religiosas y culturales enteras fueron excluidas de un gobierno dominado casi en su totalidad por los extremistas talibanes pastunes.

Estos grupos libraron muchas luchas a lo largo de los años y, si los talibanes no consiguen mitigar la crisis política y económica de Afganistán, pueden ser persuadidos con demasiada facilidad para volver a tomar las armas.

“Solo el 2% de los afganos tiene más de 60 años, y el 45% tiene menos de 14”, explica un veterano de varias de las muchas guerras civiles de Afganistán. “Dale a un niño 100 dólares y un Kalashnikov y tendrás un luchador. Vivimos con bombas de relojería humanas. Han crecido con armas y no necesitan dos semanas de entrenamiento: una hora es suficiente”, cuenta.

Este artículo ha sido escrito con información adicional de Lutfullah Qasimyar.

Traducción de Emma Reverter

Un estudio del Observatorio Julieta Lanteri sobre las percepciones y experiencias de la violencia machista en el marco de la participación política de mujeres, lesbianas, trans y travestis en Argentina desveló este miércoles que este tipo de violencia es un fenómeno “persistente y transversal a todos los espacios” de la política nacional.

Según este informe, que actualiza los datos de una encuesta anterior realizada a 517 mujeres en 2018 y que ahora es ampliada a 970 personas de distintos espacios políticos de todo el país, esa violencia machista constituye una barrera para “la plena participación de las mujeres, lesbianas, trans y travestis en igualdad de condiciones”.

De acuerdo con el observatorio, cerca del 30 % de las personas encuestadas “estuvieron expuestas a algún contacto físico no deseado por un colega en el ámbito de la política”; casi un 20 % afirmó haber sufrido abusos sexuales para conseguir un recurso, ascenso u otro puesto similar; y 1 de cada 4 sintió miedo alguna vez. De estas, el 6 % afirmó haber sufrido abusos.

Aparte del maltrato físico, según la muestra, un 40 % “recibió comentarios, bromas y críticas sobre su personalidad”. Un conjunto de “micromachismos” que para las encuestadas “reproducen estereotipos de género y restan autoridad para la política”.

“La idea de que nosotras no servimos para la política es una construcción social y cultural que busca perpetuar las desigualdades de poder al interior de la sociedad”, destacó el análisis.

En esta línea, la investigación mostró diversos casos de chantaje, maltrato verbal y amenazas contra personas de estos colectivos para evitar que cumplieran con algún proyecto político.

Estos casos de violencia machista estuvieron también muy presentes en las redes sociales. Según el estudio, más de la mitad de las participantes fueron “insultadas o ridiculizadas” por sus publicaciones u opiniones en alguna de estas plataformas. Incluso, casi la mitad admitieron haber sido acosadas, amenazadas o víctimas de propaganda contra su persona.

“La violencia machista en la política es un fenómeno persistente y transversal a todos los espacios”, remarcó el informe, en el que se agrega que “es fundamental continuar avanzando en la sensibilización y formación del activismo” para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

El Observatorio Julieta Lanteri es una iniciativa de Fundación para la promoción de la Economía social y Cooperativa (Fundeco) y la Fundación Friedrich Ebert (FES), que llevó adelante esta encuesta para identificar y evaluar las percepciones y experiencias de las mujeres, lesbianas, trans y travestis que hacen política en Argentina.

Julieta Lanteri (1873-1932), inmigrante italiana, fue la primera mujer que votó en la Argentina, el 26 de noviembre de 1911. Sexta médica graduada en el país, fundó la asociación Universitarias Argentinas y el Partido Feminista Nacional, además de ser, en 1910, secretaria general del Congreso Femenino Internacional. De acuerdo al sitio de Fundeco, “conquistar la ciudadanía política y la equidad con los varones fue el motor de su vida. Luchó por los derechos civiles y políticos de las mujeres; por la educación laica, mixta e igualitaria; por la igualdad salarial con los varones y por el derecho al divorcio. A pesar de ser víctima de todo tipo de discriminaciones por ser mujer, Julieta Lanteri consiguió trascender del ámbito doméstico al político a base de valor, arrojo y tesón”.

Julieta Lanteri, en 12 hitos

Con información de EFE, ministerio de Cultura de la Nación y Fundeco.

IG

No fue sencillo. Nuestro camino para dejar atrás el terrible año del estallido de la pandemia rumbo a la nueva normalidad se vio signado por complejos desafíos, para la Argentina y el mundo, sumidos en una profunda crisis económica y social. Así y todo, entre tanto dolor, se pudieron consolidar importantes conquistas en estos años, la sanción de la ley para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el documento no binario, la ley de etiquetado frontal y el cupo laboral trans. Otras batallas aún nos cuestan, aunque las seguimos dando: la igualdad de género y respeto a las diversidades, la inclusión de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos sobre sus territorios, el fin de la violencia institucional y la correcta ponderación de la justicia climática como eje imprescindible para pensar un futuro sustentable que apuntale el desarrollo armónico de nuestra sociedad. 

En retrospectiva, no es novedad a esta altura que la pandemia de COVID-19 actuó como un acelerador de las desigualdades existentes, una deuda que arrastra Latinoamérica desde hace ya décadas. La violencia contra las mujeres y las niñas, y la falta de medidas efectivas para abordarla representaron entonces y durante el último año un motivo de grave preocupación. Sin ir más lejos, la implementación del derecho a un aborto seguro, legal y gratuito dentro de las primeras 14 semanas, abrió un nuevo capítulo en la disputa contra quienes se oponen. Apenas mudó el escenario del Congreso a los tribunales, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

En diciembre de 2021 se habían iniciado unas 37 acciones judiciales contra la ley. De ese total, 32 persiguieron la declaración de inconstitucionalidad de la ley con efectos colectivos. Las restantes apuntaron hacia la responsabilidad penal y civil del presidente de la Nación y legisladores nacionales y provinciales y hasta ha avanzado una causa penal contra una médica residente de Tartagal, Miranda Ruiz, por brindar atención a una paciente adulta por petición suya y acorde a lo estipulado en la propia ley. Como consecuencia, la profesional de la salud fue privada de la libertad y todavía se encuentra sometida a medidas de coerción sustitutivas a la prisión en la provincia de Salta. 

Desde Amnistía Internacional nos involucramos en este caso, así como en diversos litigios para garantizar la continuidad de esta conquista legal que encarna un imperativo de justicia social, reproductiva, y de derechos humanos. Estamos bien: el Poder Judicial ha rechazado sistemáticamente las acciones contra la norma en etapas muy tempranas de los procesos judiciales por considerarlas inadmisibles, reconociendo su legitimidad democrática y la jerarquía de los derechos de las mujeres y personas gestantes que contempla.

Así y todo, persisten otras trabas, producto de la ausencia de políticas públicas para garantizar la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, capacitar a profesionales de la salud, asegurar el acceso al misoprostol, promover la comercialización de la mifepristona, fortalecer el acceso a atención post evento obstétrico, robustecer el ejercicio de la educación sexual integral y afianzar el acceso a la información para el empoderamiento legal de las mujeres y personas gestantes, entre otras cuestiones. Ni el Estado nacional ni provincial impulsaron campañas de difusión sobre cómo y dónde ejercer el derecho al aborto. Apenas algunas provincias llevaron a cabo acciones aisladas en Entre Ríos, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires. 

No es suficiente. Sin información completa, su implementación se pone en riesgo porque no se puede ejercer de forma plena un derecho que se desconoce. Este dato surge de los pedidos de acceso a la información pública que realizamos desde Amnistía Internacional y de entrevistas a profesionales de la salud, activistas, abogadas y organizaciones de la sociedad civil a lo largo de los pasados doce meses. También recopilamos los testimonios de mujeres y personas con capacidad de gestar que enfrentaron graves barreras en el acceso al aborto legal en distintas jurisdicciones del país. Seguiremos monitoreando para relevar las dificultades en el territorio y advirtiendo sobre estas falencias.

Del mismo modo, es inexplicable que a 16 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) persista una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real. Solo el 4% de los estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos, prioritarios y obligatorios de la ESI. Y siete de cada diez docentes sostienen que necesitan más capacitación en materia de violencia de género, abuso sexual infantil y diversidad sexual, identidad y expresión de género. Es impensable proyectar una sociedad más equitativa si carecemos de esta herramienta central para que niños, niñas y jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, sexualidad y salud, aprender a construir relaciones equitativas, comprender la importancia del respeto de la diversidad y prevenir situaciones de abuso sexual, entre otras cuestiones.

La pandemia también exacerbó las desigualdades de género existentes en lo que respecta a la vida política, económica y social de las mujeres

La pandemia también exacerbó las desigualdades de género existentes en lo que respecta a la vida política, económica y social de las mujeres. El entramado persistente en diversas esferas de la vida cotidiana reproduce y perpetúa mandatos y estereotipos de género que excluyen a las mujeres y personas LGBTI+ del acceso igualitario a derechos y oportunidades. Si hablamos de femicidios, en 2021 el número ascendió a 289 víctimas mortales confirmadas, que incluyeron 24 femicidios vinculados, nueve personas Trans y 15 suicidios, según datos del Observatorio de Femicidios de la oficina del Defensor del Pueblo de la Nación.  Es el equivalente a un homicidio intencional ocurrido cada 30 horas en Argentina durante el último año.

El 65% de los femicidios fue cometido en la vivienda de las víctimas, el domicilio compartido o en un entorno familiar. Un dato todavía más alarmante: el 15,2% de las víctimas había denunciado previamente a su atacante, lo que pone en evidencia la falta de respuestas efectivas y eficientes por parte del Estado. A esta altura, la violencia de género en nuestro país constituye una crisis endémica que ningún gobierno ha podido resolver. Y tanto las políticas públicas para abordar la violencia de género como la ausencia de una perspectiva entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a la hora de responder o aplicarlas adecuadamente, no parecen estar funcionando. 

Sin dudas, la histórica exclusión de las mujeres de los espacios de decisión en los tres poderes del Estado tampoco ayuda a consolidar una perspectiva de género que atienda a esta acuciante emergencia social.  En el ámbito legislativo, pese a los avances de leyes de paridad a nivel nacional y, particularmente, en algunas jurisdicciones, su aplicación efectiva ha sido objeto de disputa judicial. En el Ejecutivo, en la actualidad, hay solo dos mujeres en cargos ministeriales, lo que equivale al 10% de la administración. Y el Mapa de Género en la Justicia Argentina exhibe que apenas el 31% de las mujeres ocupan cargos de juezas y camaristas en los tribunales federales, mostrando una base mayoritaria de mujeres y una cúpula en la que predominan los varones. En la mismísima Corte Suprema, integrada solo por varones desde la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco, se perpetúa esta situación de absoluta gravedad institucional. 

No son las únicas situaciones urgentes que atender, por supuesto. En Argentina, siguen proliferando los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en diferentes jurisdicciones del país y la impunidad en las investigaciones de desapariciones forzadas. Eso se combina con múltiples situaciones de tratos degradantes, amenazas y hasta asesinatos cometidos por parte de miembros de diferentes fuerzas de seguridad que hemos relevado desde Amnistía Internacional en todo el país. Casos como los de Lucas González, de 17 años, baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio de Barracas, el 18 de noviembre último, hoy en la órbita judicial. O Mauro Coronel, un joven de 22 años y padre de cuatro hijos que murió tras haber sido detenido violentamente por la policía de Santiago del Estero el 30 de abril de 2020. Al término de 2021, no había aún ninguna imputación ni línea de investigación abierta para determinar la responsabilidad de las autoridades involucradas. 

En Argentina, siguen proliferando los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en diferentes jurisdicciones del país y la impunidad en las investigaciones de desapariciones forzadas

La lista es extensa, demasiado: Blas Correa, Facundo Astudillo Castro, Santiago Maldonado. También lo es la ausencia de respuestas. Todos los casos registrados a lo largo de 2021 y los años anteriores ilustran un mismo patrón de prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad de todo el país. Pese a ello, un proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por parte de funcionarios policiales en los Servicios de Seguridad y Penitenciarios sigue pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación. Otra deuda de las instituciones con nuestra sociedad. Y seguimos sumando.

La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

Ante un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, Amnistía Internacional Argentina envió una carta pública al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para acercarle una serie de preocupaciones en materia de derechos humanos de carácter urgente cuya tratamiento o sanción siguen pendientes en el Parlamento. Entre ellos están la iniciativa contra la violencia institucional; una norma que proteja a los humedales; la prórroga de la Emergencia Territorial a través del Poder Legislativa; la designación de una mujer miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de una persona a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entre otros. Según la organización todas “constituyen verdaderas deudas pendientes que deberían ocupar un lugar prioritario en el debate parlamentario de este año.”

Principales ejes de la carta 

En primer lugar -establece el comunicado- la pandemia de Covid-19 ha visibilizado numerosos casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad en todo el país frente a lo cual Amnistía Internacional ha relevado más de 30 casos en todo el país que incluyeron situaciones de malos tratos, tratos degradantes, amenazas, uso excesivo de la fuerza e, incluso, el asesinato por parte de miembros de diferentes fuerzas de seguridad. Sin embargo, muchos otros casos que se siguieron registrando a lo largo de 2021 ilustran prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad de todo el país.

La organización considera que, dada la repetición de estos hechos, es necesaria una profunda reforma a partir de medidas integrales y definitivas, coordinadas entre todas las jurisdicciones del país y con el involucramiento de todos los niveles del Estado. En este sentido, el debate de una ley contra la violencia institucional en la agenda parlamentaria de este año es un paso en esa dirección.

Por otro lado, los incendios que arrasaron la provincia de Corrientes este verano, alcanzando la zona de los Esteros del Iberá, dejó en evidencia no solo el agravamiento de la crisis climática sino también sus efectos que, año tras año, se sienten con mayor magnitud en la Argentina y el mundo. En este sentido, una Ley de protección de los Humedales consensuado con la sociedad civil sería un importante avance para dar respuesta a la grave crisis climática y de incendios que amenaza con agravarse.

A su vez, el año pasado el Congreso de la Nación omitió dar tratamiento a la prórroga de la ley de Emergencia territorial (Ley 26.160) que vencía en noviembre de ese año. Si bien la norma, indispensable para para la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, fue finalmente aprobada mediante Decreto 805/2021 del Poder Ejecutivo, el Congreso tiene aún la oportunidad de respaldarla.

Por otro lado, desde 2018 Amnistía Internacional se ha propuesto visibilizar la violencia de género online, como otra de las manifestaciones de la violencia contra la mujer y personas LGBTI+. La falta de acción de los Estados y las empresas para garantizar el respeto por los derechos humanos y hacer frente a la violencia y el abuso online empuja a quienes la padecen hacia una cultura de silencio. En este sentido, deben adecuarse las leyes para combatir la violencia de género en su dimensión online y que, de esta forma, se garantice la supervisión del diseño, el desarrollo y la implementación de los sistemas algorítmicos con perspectiva de género para que las empresas sean legalmente responsables.

Finalmente, subsisten dos deudas institucionales que la organización estima de alta y urgente prioridad y en las que el Congreso juega un rol central. Por un lado, desde hace 12 años el Congreso de la Nación no designa a una persona a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismo que sigue vacante y que es central en la defensa de los derechos humanos y el control de los actos de gobierno. 

Asimismo, resulta preocupante no solo la demora para completar la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, el pasado 1 de noviembre, sino también que el máximo tribunal del país carezca de perspectiva de género a la hora de emitir sus fallos e impartir justicia. Desde el 15 de diciembre pasado se encuentra vencido el plazo para el envío del pliego al Senado para ocupar el cargo vacante. A nadie parece preocuparle.

Por todo ello, Amnistía Internacional explica que envió esta carta al presidente Fernández, también remitida a la Presidencia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con la expectativa de que sean incluidas para su abordaje y aprobación en las sesiones ordinarias que inician el 1 de marzo.

PP